El pago de las horas extra de la Policía Local es un problema recurrente para el Ayuntamiento de Sevilla, un fantasma que ha multiplicado sus apariciones –con conflictos incluidos– desde que José Luis Sanz (PP) es alcalde. El último capítulo se vivió hace un año, al negociar un plan de Navidad que costó horrores sacar adelante (el regidor llegó a activar el plan de emergencias), pero ahora ha reaparecido al tener que sacar adelante nada menos que cuatro millones de euros en concepto de horas extra que se hicieron entonces. Al final, aunque sea por los pelos, lo ha conseguido.

El gobierno local del PP ha llegado al pleno de este jueves tentándose la ropa, ya que no las tenía todas consigo, con Podemos-IU y PSOE indignados por las recurrentes modificaciones presupuestarias y con Vox, su socio presupuestario, enfadado por haber concedido licencia a la mezquita del Polígono Sur. Y por el tono de las intervenciones previas parecía que al alcalde se le venía un buen problema encima, pero los discursos han sido más duros que el sentido del voto porque al final sólo se ha opuesto Podemos-IU.

PSOE y Vox, pese a sus muchos reproches, han optado por la abstención, lo que ha permitido al PP salvar los muebles y sacar adelante el punto que le permitirá abonar estos cuatro millones pendientes. De paso, allana el terreno para la negociación que ahora se tiene que abordar de cara al dispositivo de la próxima Navidad con los sindicatos policiales, que mantienen su alerta sobre el exceso de eventos y que no hay agentes suficientes para cubrirlos.

“Norma transgredida”

En realidad, el gobierno municipal lo que ha conseguido en el pleno no es una autorización de crédito en sí, sino “convalidar la omisión de la función interventora” sobre el acuerdo de diciembre de 2025 que sacó adelante los fondos necesarios gracias a la abstención de Vox. ¿Y qué significa esto? Pues que todos los informes oficiales (de la Intervención, de la Secretaría...) eran contrarios a este acuerdo, incidiendo en que se destinan partidas desproporcionadas que ni se consignan en el presupuesto.

De hecho, el punto señala que se toma conocimiento “de los vicios de nulidad” puestos de manifiesto en estos informes jurídicos y continuar con el proceso de pago a los agentes “sin pronunciamiento del órgano consultivo”. De hecho, consciente de que el procedimiento no es el más correcto, el propio gobierno local se compromete a “adoptar medidas de refuerzo de los procedimientos administrativos que promuevan el cumplimiento futuro de la norma transgredida”.

“Los policías no tienen la culpa”

“Es de los expedientes más duros” contra un gobierno municipal, ha resaltado la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, mientras que desde Podemos-IU, su portavoz Ismael Sánchez (IU) ha incidido en que estamos ante una auténtica “vergüenza administrativa, política y de gestión, y lo peor es que sabían que iba a pasar”. “El informe de Intervención ha sido quizás el más demoledor de todo este mandato”, alertando de que carecía de validez, que hay omisiones deliberadas, que no había dinero..., “y aún así tiraron para adelante”.

“Lo advertimos, les pedimos que regularizaran la situación, y no sólo no han corregido los errores sino que lo han hecho incluso peor”, con el resultado de que diez meses después los agentes siguen sin cobrar sus horas extra. “Los policías no tienen la culpa de su irresponsabilidad”, ha repetido Sánchez, de ahí el 'no' de su grupo.

Desde el PSOE, Gaya ha denunciado que el PP ha llegado al pleno “sin los votos garantizados”, sometiendo a la oposición a un “chantaje institucional en toda regla: o bien les salvamos la cara o usan la demagogia de que es nuestra culpa”. “El problema es del gobierno, que gestiona mal y genera incertidumbre”, hasta el punto de que “han adquirido compromisos que no han cumplido” y han empeorado la situación.

“Problema económico no va a haber”

“Todos los años hay Navidad”, han coincidido con ironía Podemos-IU y PSOE, “esto no es un desacuerdo por el número de horas ni una emergencia”, ha apuntado Gaya, que ha recordado el compromiso del PP de cambiar el sistema para evitar estos sofocones año a año. “Y encima traen el expediente por urgencia a la comisión de Hacienda y lo modifican media hora antes, esto es lo que les importa hacer las cosas bien”.

Precisamente, el que no se haya cambiado el sistema y el calendario de la Policía Local ha sido el argumento de Vox para abstenerse, sentido del voto que de todos modos habría sido suficiente para el PP y no le habría hecho falta que el PSOE hiciera lo mismo. “Han perdido una oportunidad para darle la vuelta como un calcetín a la gestión de la Policía Local”, ha lamentado su portavoz, Gonzalo García de Polavieja, a lo que el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores (PP), ha respondido que empieza ya la negociación para el próximo plan de Navidad “y problema económico no va a haber”.

Un Policía Local de 51 años que estaba de servicio ha sido trasladado este martes al Hospital General Universitario de Albacete tras ser atropellado por un turismo en la calle Príncipe de Quintanar del Rey (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 14.02 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital, que se ha encargado del traslado al hospital, además de un médico de urgencias y Policía Local. Por el momento se desconoce si ha sido de manera accidental o intencionada.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los exconsellers de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon y al resto de la antigua cúpula catalana de salud acusada de discriminar a policías y guardias civiles de la vacunación contra el COVID-19 en 2021.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal concluye que “falta la prueba de una voluntad de discriminar” a los cuerpos estatales en la vacunación durante la pandemia.

El juicio dirimía si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 era un delito de prevaricación.

Así lo sostenían los sindicatos policiales que ejercían la acusación popular, quienes pedían hasta 15 años de inhabilitación a los acusados. El juicio desinfló tanto las tesis acusatorias que la Fiscalía terminó retirando los cargos.

El tribunal rechaza las tesis de las acusaciones. En cambio, respalda la actuación de la conselleria de Salud que suspendió la vacunación de policías y guardias y otros funcionarios al “reputarse justificada por razones sanitarias”: se trató de la decisión de vacunar por grupos de edad que se hizo con la vacuna de AztraZeneca tras detectarse algunos efectos secundarios en este modelo.

Los jueces de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona concluyen que se produjo “una notoria diferencia en el porcentaje de vacunaciones” entre el colectivo de mossos d'esquadra y los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, que se resolvió tras obligar la sección de lo contencioso del TSJC a la Generalitat a vacunar a los cuerpos estatales.

Sin embargo, el tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel del Amo, advierte de que en este retraso en la vacunación “incidió de forma relevante tanto la exigencia de un sistema de vacunación ad hoc” por parte de Policía Nacional y Guardia Civil “con las dificultades de gestión que ello exigía”.

En suma, la decisión de la cúpula de Salud “no puede reputarse arbitraria e injusta”, zanja el tribunal.

La acusación a la excúpula de la conselleria de Salud se desinfló a medida que se iban celebrando las sesiones del juicio. Ningún testigo señaló que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendieran, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos cerraron filas y mantuvieron que sus decisiones se basaron en criterios sanitarios.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacaron que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

El hombre que murió en Hondarribia el pasado día 28 de septiembre abatido por disparos de un agente de la Policía local de la localidad guipuzcoana se abalanzó sobre una ertzaina con un cuchillo sin alcanzarla por “escasos centímetros”. El varón de 46 años cayó al suelo tras lanzar el ataque y, tras incorporarse, volvió a enfrentarse a los agentes y golpeó a uno de ellos que portaba un escudo, “rompiendo este por la mitad”. Es la versión que recoge el informe remitido por el Ayuntamiento de Hondarribia a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía.

Apunta que el pasado 28 de septiembre, a las 19:13 horas, los agentes de la Policía local recibieron varias llamadas de la central de coordinación en las que se les comunicaba que un hombre se encontraba en la calle de San Pedro de la localidad guipuzcoana esgrimiendo un cuchillo. A su llegada, localizaron al hombre con el cuchillo en la mano y en “actitud amenazante”, en presencia de numerosas personas. Al lugar acudieron también agentes uniformados de la Ertzaintza. Los agentes de ambos cuerpos intentaron tranquilizar al hombre, a quien ya conocían, sin conseguirlo.

Tal y como señala el informe, que recoge Europa Press, mientras apartaban a las personas de la zona, algunas de las cuales se refugiaban en los bares por temor a ser agredidas, los agentes fueron acompañando al hombre hacia el final de la calle de San Pedro, utilizando un escudo como protección. Al llegar al final de dicha calle, el hombre comenzó a correr y se detuvo unos metros más adelante, en la calle Itsas Argi. En ese momento, se giró hacia los agentes, “levantó el cuchillo de forma amenazante y se abalanzó” sobre una agente de la Ertzaintza. El hombre cayó al suelo tras lanzar el ataque, sin llegar a alcanzar a la agente con el cuchillo por “escasos centímetros”.

Tras incorporarse, volvió a enfrentarse a los agentes y golpeó a uno de ellos que portaba un escudo, “rompiendo este por la mitad”. La agente que había sufrido el ataque comenzó entonces a golpear al hombre desde atrás con su defensa. En ese momento, el hombre se giró de nuevo y corrió tras ella con el cuchillo en la mano, con “intención de apuñalarla”. Ante esta situación, un agente de la Policía local que presenció la agresión efectuó varios disparos contra el hombre, justo antes de que alcanzara a la agente, “con el fin de evitar el apuñalamiento”. El hombre cayó al suelo y los agentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente fue asistido por los servicios de emergencia, aunque finalmente falleció.

La Comisión, que se reunió tras lo sucedido, ha procedido de oficio al estudio e informe sobre los hechos, ha pedido al Consistorio hondarribiarra que informe sobre la eventual incoación de actuaciones judiciales de investigación que pudiera producirse acerca de los hechos y que remita una copia del informe o informes de investigación interna abiertos para el esclarecimiento de lo sucedido, así como una copia del atestado policial elaborados.

Además, ha solicitado que envíe un informe detallado de forma cronológica sobre las circunstancias de la actuación policial en el que se describan con precisión la conducta desarrollada por la persona fallecida, la actuación de los agentes intervinientes y la justificación operativa del uso del arma de fuego.

También que informe del lugar exacto en el que se produjo el incidente, así como si en dicho lugar se encontraban instaladas cámaras de videovigilancia que pudieran haber recogido la actuación policial y de si los agentes intervinientes en la actuación policial portaban cámaras de cuerpo y, en caso afirmativo, si las utilizaron, así como una copia de las grabaciones que se hubieran realizado y una transcripción de las comunicaciones establecidas por radio entre los agentes actuantes y su Centro de Mando y Control.

La rivalidad deportiva entre los equipos de fútbol de Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón se trasladó a los aficionados la víspera de un derbi disputado en octubre de 2021 en la capital asturiana cuando nueve personas participaron en unos incidentes que este viernes, cinco años después, ha acabado en condenas de cárcel de entre tres meses y un año y medio.

No obstante, en esta audiencia preliminar se acordó la suspensión de las penas privativas de libertad durante dos años para la mayoría de los acusados y de tres años para dos de los investigados que están federados condicionada al cumplimiento de los requisitos fijados. Entre ellos, figura la prohibición de entrada a los terrenos de juego, excepto para los federados que podrán acceder únicamente para entrenar y disputar partidos.

Todos reconocieron los hechos

Los nueve acusados han comparecido hoy en sede judicial en una audiencia preliminar por su presunta autoría en los delitos de desórdenes públicos, daños y atentado. A su salida de la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 3, todos conocían ya la sentencia condenatoria al haber reconocido los hechos imputados por la Fiscalía.

Los acusados han reconocido que el 9 de octubre de 2021, sobre las 19:15 horas, se encontraban en la calle Alejandro Casona de Oviedo/Uviéu, donde había congregado un gran número de niños y adultos para recibir al equipo local previo al partido de futbol que al día siguiente iba a disputar con el Real Sporting de Gijón, y que estaba calificado de alto riesgo.

“Querían atentar contra la paz pública”

Los nueve estaban junto a más personas, que no llegaron a ser identificadas. Según la Fiscalía, su objetivo era “atentar contra la paz pública”, por lo que se enfrentaron y arremetieron contra los agentes de la Policía Nacional, rompiendo la línea de seguridad establecida y lanzando bengalas encendidas, sillas, botellas de cristal y todo tipo de objetos que encontraban en la vía pública, tanto a ellos como a sus vehículos oficiales.

Uno de ellos lanzó una bengala encendida hacia la cabeza de uno de los agentes que pudo esquivar, y después una botella de cristal abierta llena de líquido, que le impactó en la mano izquierda, y dirigiéndose al mismo con una actitud desafiante, le dijo: “hijo de puta, te voy a matar”.

Como consecuencia de estos hechos, el agente sufrió traumatismo en la mano izquierda y fractura de base del quinto metacarpio, quedándole secuelas.

Insultos a una agente

Un segundo acusado insultó a una agente con expresiones como “te voy a meter la polla, mira cómo voy de empalmado, te crees muy valiente”, al tiempo que le sacaba la lengua haciendo gestos obscenos. A continuación, se retiró hacia el fondo y lanzó una bengala o botella. También arrojó una bengala encendida hacía otro agente, que le impactó en el pecho izquierdo, cerca del cuello, lo que provocó la quemadura en la indumentaria reglamentaria.

Un tercer acusado levantó el brazo para arremeter contra un agente, pero finalmente desistió y le propinó una patada en la espinilla.

Las condenas

Todos los acusados han aceptado tres meses de prisión por desórdenes públicos y otros tres por daños, además de una multa de tres meses a razón de ocho euros diarios por este último delito. El primer acusado ha mostrado conformidad con la imposición de una pena de un año y seis meses de prisión por atentado en concurso con lesiones, además de una multa de tres meses a ocho euros diarios por las lesiones. El segundo ha asumido un año y seis meses por atentado, y el tercero, otros tres meses por este delito.

Los nueve acusados tendrán que indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ministerio del Interior con 4.007 euros por los daños materiales, más los intereses legales. Además, el primer acusado abonará 3.474 euros al agente lesionado a la que se sumará la cantidad que se determine por las secuelas, y el segundo pagará 18,50 euros al Ministerio del Interior. 

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha llamado a hacer una “reflexión” después de que este lunes un agente de la Policía local matase de un disparo a un hombre que previamente había amenazado con agredir a una ertzaina con un arma blanca. El fallecido, ha señalado, estaba en “situación de vulnerabilidad grave”. “Tengo la sensación de que como sociedad no hemos sido capaces de responder a las necesidades de esta persona”, ha aseverado. Este martes, además, miembros del equipo de Gobierno municipal, aunque no el primer edil, han participado en una manifestación en la que se han tildado los hechos de “asesinato policial”.

En una entrevista concedida a Radio Irún, de la Cadena Ser, el primer edil (de Abotsanitz, una formación local) ha trasladado “pesar” y “tristeza” y también “condolencias” y “solidaridad” por el fallecimiento del hombre, de 46 años y originario de Senegal. Tenía “problemas de salud mental”, ha apuntado, para lamentar que el Ayuntamiento ha sido capaz de alcanzar una solución.

“Los hechos ocurridos demuestran que se debería haber actuado con anterioridad, se debería haber trabajado la coordinación entre los diferentes organismos públicos para poder darle atención”, ha añadido. “Las instituciones no hemos sido capaces de dar una solución a este problema. Esa falta de protección social ha llevado a unos hechos absolutamente lamentables para todas y todos”, ha apostillado.

Los hechos, según indicó el Departamento de Seguridad, ocurrieron en la tarde del lunes. El hombre, según se explicó, había amenazado con un arma blanca a varias personas que se encontraban en un local hostelero de la localidad guipuzcoana. Desplazadas varias dotaciones policiales hasta el lugar, los agentes trataron de que el hombre depusiese su actitud, pero este llegó a intentar herir a una agente de la Ertzaintza. Fue en ese momento cuando un miembro de la Policía local de Hondarribia abrió fuego contra él. La Ertzaintza mantiene abierta una investigación.

Por la tarde, se ha celebrado una manifestación de repulsa organizada por la comunidad senegalesa de la comarca, conocida como Mankosengal. En la convocatoria, el colectivo hablaba de “asesinato policial” y pedía echarse a la calle “para exigir justicia y denunciar el racismo y la violencia”. En la protesta, que se ha acercado al lugar de los hechos, ha habido presencia de miembros del equipo de Gobierno municipal. Por la mañana, la Diputación de Gipuzkoa había alertado del “peligro de que los extremos puedan instrumentalizar” la situación y, en ese sentido, ha pedido que no se lancen “proclamas” como la que tilda la muerte de “asesinato policial”.

Antes de la protesta, el primer edil ha recibido también al cónsul general de Senegal, Mamadou Moustapha Loum, con el que ha mantenido una reunión. También han asistido al encuentro familiares del fallecido. Según ha trasladado el Consistorio, el alcalde ha trasladado su “pesar” y su “dolor” y ha hecho hincapié en el compromiso del Ayuntamiento de “colaborar y prestar su ayuda en las vías abiertas para esclarecer lo ocurrido”, informa Europa Press.

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Hondarribia han suscrito una declaración con la que se trasladan “condolencias” y “solidaridad” a los familiares del hombre muerto. “Este fallecimiento exige una profunda reflexión por parte de todos y todas. Cuando una persona que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad pierde la vida en circunstancias como estas, debemos reflexionar, como sociedad y como institución, sobre si hemos proporcionado a esa persona la ayuda y la atención que necesitaba, y sobre si los recursos, mecanismos de coordinación y sistemas de atención de los que disponemos para hacer frente a situaciones complejas han sido suficientes”, sostiene la declaración. Se ve “imprescindible”, además, que se aclaren los hechos.

L'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ha decidit distingir Alberto Juan Llaneras, un dels policies locals que van vexar una excompanya i posteriorment regidora de Podem, Sonia Vivas, i que van ser condemnats per coaccions amb unes penes confirmades pel Tribunal Suprem. També distingirà Antonio Garcías, un altre agent de la Policia Local condemnat per torturar un detingut en dependències policials. Tots dos rebran la Creu al Mèrit Policial amb distintiu verd, una condecoració que reconeix actuacions meritòries i contribucions al prestigi de la institució.

Les distincions honorífiques van ser aprovades aquest mes pel ple municipal, tal com ha informat Diario de Mallorca i ha confirmat elDiario.es a partir de la documentació incorporada a la seu electrònica municipal. Malgrat les reiterades consultes d'aquest diari, l'Ajuntament no ha facilitat informació sobre l'acord ni sobre els mèrits concrets que justifiquen la concessió de les distincions a tots dos funcionaris.

De manera genèrica, la proposta es fonamenta en l'article 131 del Reglament de condecoracions, que preveu la concessió d'aquest reconeixement a aquells que dirigeixin o executin amb èxit serveis d'especial dificultat o rellevància, demostrin una dedicació i un compliment exemplar de les seves funcions, desenvolupin una tasca prolongada en favor de la dignificació i el prestigi de les policies locals i de la defensa dels drets i les llibertats públiques, o duguin a terme projectes i treballs professionals o científics rellevants que contribueixin al prestigi de la institució.

La distinció als dos policies arriba anys després que la Justícia acredités greus actuacions policials i condemnés tots dos agents en procediments diferents. En el cas de Llaneras, el Tribunal Suprem va confirmar el gener de 2021 la pena que li havia estat imposada en primera instància: un any i tres mesos de presó per un delicte de coaccions. Juntament amb ell, va ser condemnat un altre company, Rafael Puigrós Rosselló, a qui es van imposar tres anys i cinc mesos de presó per coaccions, denúncia falsa i fals testimoni.

La sentència del Suprem va posar fi a una batalla judicial iniciada el 2016 que va treure a la llum alguns dels episodis més durs i espinosos dels que van transcendir en el marc del que es va conèixer com a cas Cursach. L'exagent de policia va decidir portar als tribunals el maltractament continuat que denunciava patir per la seva orientació sexual. La seva denúncia va passar a formar part de les múltiples línies d'investigació en què es va dividir l'anterior macrocausa, que, en essència, va centrar la instrucció en una presumpta trama policial d'extorsions i tractes de favor destinada a salvaguardar els negocis del magnat de l'oci nocturn Bartolomé Cursach. Tant l'empresari com nombrosos policies locals van ser finalment absolts, després d'una instrucció durament qüestionada pel jutge i el fiscal que els van investigar.

Llaneras, no obstant això, va ser un dels agents que sí que van acabar condemnats en una de les línies d'investigació. La sentència del Suprem va considerar provat que tant ell com el seu company van convertir l'actitud homòfoba en una forma habitual de relacionar-se amb Vivas, aleshores agent de la Policia Local, a qui humiliaven i menyspreaven amb insults, burles sobre la seva orientació sexual, gestos obscens i mofes en la seva presència. Ho van fer, segons la resolució, “moguts pel seu odi i menyspreu a la seva condició homosexual”.

La sentència també relata les conseqüències psicològiques que l'assetjament va provocar en Vivas, així com les escenes d'assetjament i escarment que va patir després de denunciar els fets. Segons l'alt tribunal, els agents van intentar, fins i tot, que l'exagent perdés la seva plaça a la Policia Local. Tot i que els tribunals van considerar acreditat el caràcter homòfob de les vexacions, no van poder condemnar els agents pel delicte contra la integritat moral perquè els fets havien prescrit. Sí que van ser condemnats per coaccions.

D'altra banda, la Sala Penal va estimar parcialment els recursos de cassació interposats pels dos policies, fet que va comportar l'anul·lació de la pena accessòria d'inhabilitació per exercir com a policies durant el temps de la condemna. A parer dels magistrats, no existia una relació directa entre l'exercici del càrrec i el delicte comès. Sobre aquesta qüestió, el Suprem va considerar que les coaccions dels acusats, tot i que estaven directament vinculades a uns fets anteriors que havien tingut lloc en l'exercici de les seves funcions com a agents de policia —i malgrat que aquestes funcions fins i tot n'haguessin facilitat la comissió—, no estaven relacionades “amb una estricta actuació professional”.

El policia que va agredir un detingut

Per la seva banda, Garcías, l'altre policia que serà condecorat, rebrà la distinció una dècada després que el Suprem confirmés la seva condemna per una agressió a un detingut als calabossos de la caserna de Sant Ferran, seu de la Policia Local de Palma. Els fets van tenir lloc el maig de 2011 i van quedar enregistrats per les càmeres de seguretat de les dependències policials, tal com va informar Diario de Mallorca.

La decisió de l'Ajuntament es produeix en un context d'homenatges i distincions institucionals a policies i funcionaris que van ser investigats en el marc del cas Cursach. El passat 17 de setembre, el Consistori va celebrar a la caserna de Sant Ferran un acte d'homenatge i desgreuge als agents i treballadors municipals que van ser investigats i, en alguns casos, processats i finalment exonerats en la causa. La cerimònia, presidida per l'alcalde, Jaime Martínez, va incloure el lliurament de medalles i diplomes en reconeixement a la seva “dignitat professional”.

Aquests homenatges arriben després d'anys de reivindicacions dels agents i funcionaris perquè el Consistori assumís institucionalment el perjudici que, segons sostenen, van patir durant les investigacions.

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha decidido condecorar a Alberto Juan, uno de los policías locales que vejaron a una excompañera y posteriormente concejal de Podemos, Sonia Vivas, y que fueron condenados -con penas confirmadas por el Tribunal Supremo- por coacciones. También distinguirá a Antonio Garcías, otro agente de la Policía Local condenado por torturar a un detenido en dependencias policiales. Ambos recibirán la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde, una condecoración que reconoce actuaciones meritorias y contribuciones al prestigio de la institución.

Las distinciones honoríficas fueron aprobadas este mes por el pleno municipal, tal como ha informado Diario de Mallorca y ha confirmado elDiario.es a través de la documentación incorporada en la sede electrónica municipal. Pese a las reiteradas consultas de elDiario.es, el Ayuntamiento no ha facilitado información al respecto ni los méritos concretos que justifican la concesión de los reconocimientos a ambos funcionarios.

De forma genérica, la propuesta se fundamenta en el artículo 131 del Reglamento de condecoraciones: la concesión de este reconocimiento se contempla para quienes dirijan o ejecuten con éxito servicios de especial dificultad o relevancia, demuestren una dedicación y un cumplimiento ejemplar de sus funciones, desarrollen una labor prolongada en favor de la dignificación y el prestigio de las policías locales y la defensa de los derechos y libertades públicas, o realicen proyectos y trabajos profesionales o científicos relevantes que contribuyan al prestigio de la institución.

La distinción a los dos policías llega años después de que la Justicia acreditara graves actuaciones policiales y condenara a ambos agentes en distintos procedimientos. En el caso de Llaneras, el Tribunal Supremo confirmó en enero de 2021 la pena que le fue impuesta en primera instancia: un año y tres meses por un delito de coacciones. Junto a él fue condenado otro compañero, quien fue castigado con tres años y cinco meses de cárcel por coacciones, denuncia falsa y falso testimonio. 

La sentencia del Supremo fue el desenlace de una batalla judicial que se inició en 2016 y sacó a relucir los episodios más arduos y espinosos de cuantos trascendieron en el marco del que se conoció como caso Cursach. La exagente de policía decidió llevar a los tribunales el continuo maltrato al que denunciaba estar sometida por su orientación sexual. Su denuncia pasó a formar parte de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó la anterior macrocausa, que, en esencia, centró su instrucción en una presunta trama policial de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los negocios del magnate de la noche Bartolomé Cursach. Tanto el empresario como numerosos policías locales fueron finalmente absueltos tras una instrucción duramente cuestionada por parte del juez y del fiscal que los investigaron.

Llaneras, sin embargo, fue uno de los agentes que sí acabó condenado en una de aquellas líneas de investigación. La sentencia del Supremo consideró probado que tanto su compañero como él convirtieron su actitud homófoba en una forma habitual de relacionarse con la entonces agente, a la que humillaban y menospreciaban con insultos, burlas sobre su orientación sexual, gestos obscenos y las mofas en su presencia. Lo hicieron, según la sentencia del Supremo, “movidos por su odio y desprecio a su condición homosexual”. La resolución del Supremo relata la afectación psicológica que provocó en Vivas el hostigamiento sufrido y las escenas de acoso y escarmiento que vivió una vez denunciados los hechos. Según el Alto Tribunal, los agentes intentaron, incluso, que la ex agente perdiera su plaza en la Policía Local.

Aunque los tribunales dieron por acreditado el carácter homófobo de las vejaciones, no pudieron condenar a los agentes por delito contra la integridad moral porque los hechos habían prescrito. Sí fueron condenados por coacciones.

Por otro lado, la Sala de lo Penal estimó de forma parcial los recursos de casación interpuestos por los dos policías en lo que suponía la anulación de la pena accesoria de inhabilitación que se les impuso para el empleo de policía durante el tiempo de la condena. A juicio de los magistrados, no existía una relación directa entre el ejercicio de su cargo y el delito cometido. Al respecto, el Supremo consideró que las coacciones de los acusados, aunque estaban vinculadas directamente con unos acontecimientos anteriores que habían tenido lugar en el ejercicio de sus funciones como agentes de policía -y aun cuando facilitaron la comisión de los hechos por los que han sido condenados-, no se relacionaban “con una estricta actuación profesional”.

El policía que agredió a un detenido

Por su parte, Garcías, el otro policía que será condecorado, será reconocido una década después de que el Supremo confirmara su condena por una agresión a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran, sede de la Policía Local de Palma. Los hechos ocurrieron en mayo de 2011 y quedaron grabados por las cámaras de seguridad de las dependencias policiales, tal como informó en su momento Diario de Mallorca.

La decisión del Ayuntamiento se produce en un contexto de reconocimientos institucionales a policías y funcionarios que fueron investigados en el marco del caso Cursach. El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento celebró en el cuartel de Sant Ferran un acto de homenaje y desagravio a los agentes y trabajadores municipales que fueron investigados y, en algunos casos, procesados y finalmente exonerados en la causa. La ceremonia, presidida por el alcalde, Jaime Martínez, incluyó la entrega de medallas y diplomas en reconocimiento a su “dignidad profesional”. Los homenajes llegan después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios para que el Consistorio asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante las investigaciones.

Un hombre de 46 años ha fallecido este lunes por la tarde en Hondarribia (Gipuzkoa) como consecuencia de un disparo de una agente de la Policía local tras haber intentado agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza. La Ertzaintza lleva a cabo una investigación atendiendo al protocolo.

Los hechos han tenido lugar la tarde del lunes, cuando según ha informado el Departamento de Seguridad un hombre ha amenazado con un arma blanca a personas que se encontraban en un local de hostelería de Hondarribia. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales tanto de la Policía local como de la Ertzaintza, informa Europa Press. Los agentes intervinientes han intentado que el hombre depusiera su actitud sin éxito. En un momento dado ha intentado herir con el arma blanca en varias ocasiones a una de las agentes.

En ese momento, un agente de la Policía local ha hecho uso de su arma reglamentaria para repeler dicha agresión contra la agente. En cuanto se ha producido el hecho los agentes han procedido a auxiliar al agresor hasta la llegada de los recursos sanitarios, estos, a su llegada, han continuado con las maniobras de reanimación, pero, finalmente, han confirmado su fallecimiento. La víctima es un hombre de 46 años que contaba con doce detenciones previas y diez investigaciones anteriores. La Ertzaintza, atendiendo al protocolo de competencias y transparencia, se hace cargo de la investigación.

Criba en las oposiciones a Policía Local en Canarias. Siete de cada diez aspirantes han quedado eliminados en el examen psicotécnico y de personalidad, la segunda fase del proceso selectivo tras las pruebas físicas. Esta convocatoria unificada se convocó en octubre del año pasado y oferta 180 plazas para treinta ayuntamientos de las Islas, entre los que destaca el de Las Palmas de Gran Canaria, con 57 puestos a cubrir. 

La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha publicado este lunes los resultados. De los 1.135 aspirantes evaluados, 783 han sido declarados no aptos. Sólo continúan 352 candidatos, poco más del 30% del total. 

La eliminación de más de dos tercios de los opositores en el psicotécnico deja una ratio de menos de dos candidatos por plaza ofertada (352 aptos por 180 vacantes) cuando aún deben celebrarse fases eliminatorias de alta exigencia, como la prueba de conocimientos teóricos y supuestos prácticos, el examen de idiomas y los reconocimientos médicos. 

Los excluidos se organizan

Los aspirantes han empezado a organizarse. En apenas 24 horas ya son más de 200 los opositores que se han unido a un grupo para presentar reclamaciones.  

Además de advertir del riesgo de que no se puedan cubrir en su totalidad las plazas convocadas, este colectivo pone el foco de la denuncia en la falta de motivación y de puntuación desglosada en la resolución. Aún no saben por qué han suspendido. 

El tribunal calificador ha difundido un listado anonimizado de aspirantes -identificados con un código numérico- con el resultado de “apto o no apto”. Será este jueves a partir de las 9.00 horas cuando se celebre la sesión pública de apertura de los sobres de identificación para desvelar los nombres asociados a cada código (aunque cada uno de los aspirantes ya sabe su número y, por tanto, si ha aprobado o suspendido). 

Lo relevante, señalan los opositores, es que esa resolución no aporta ni las puntuaciones ni la motivación, pese a que las bases exigen que el resultado individualizado de la prueba psicotécnica esté fundado y exprese por qué la aplicación de los criterios lleva a admitir o negar la aptitud. También obligan a reflejar las puntuaciones en actas -no basta que figure simplemente con la calificación de apto o no apto- y a publicarlas en una resolución. 

La prueba, de carácter eliminatorio, se celebró el 19 de agosto en varias sedes (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma). Las bases preveían una duración máxima de cuatro horas. El examen mide las habilidades cognitivas de los aspirantes (sus capacidades intelectuales y de razonamiento); variables de personalidad (estabilidad emocional, extraversión, conciencia, integridad, orientación a la seguridad…) y detecta riesgos clínicos de personalidad (narcisista, compulsiva, histriónica, antisocial…) La evaluación recae en un equipo de psicólogos designados como asesores técnicos por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.

Así era la prueba

El test que calibraba las habilidades cognitivas de los aspirantes contenía 75 preguntas y había que obtener al menos un 5 de manera obligatoria. Era eliminatorio. El segundo test medía a la vez las variables de personalidad y los rasgos clínicos y sumaba 129 preguntas.

Las bases contemplan además la posibilidad de realizar una entrevista personal con los candidatos declarados aptos en esos test previos “cuando se valore que es preciso contrastar y aclarar cuantas cuestiones hayan surgido” en relación con su personalidad. Esas entrevistas quedan grabadas en vídeo. 

Con los resultados publicados, los aspirantes no aptos desconocen si su exclusión tiene que ver con la capacidad cognitiva, con el perfil de personalidad, con algún riesgo clínico o con la denominada escala de validez (que verifica si el cuestionario es fiable). 

El colectivo dice haber recabado testimonios de candidatos que contestaron 50 preguntas en el test de habilidades cognitivas (la primera parte) y figuran como “no aptos”, mientras que otros que respondieron entre 20 y 30 aparecen como “aptos”. 

A juicio de estos aspirantes, “la confidencialidad que invocan las bases no puede impedir que cada persona conozca su propia puntuación”.

Este colectivo sostiene que, al desconocer a qué responde su exclusión, los afectados no pueden ejercer con garantías sus derechos. Tras la apertura de sobres de este jueves, los opositores dispondrán de un plazo para poder presentar alegaciones. 

El colectivo exige que se publiquen las puntuaciones desglosadas de cada aspirante (habilidad mental general, dimensiones de personalidad y escalas de validez); informes psicotécnicos “motivados e individualizados” para todos los no aptos, con acceso a sus hojas de respuesta, y que ningún plazo de alegaciones o recurso corra en perjuicio de los aspirantes mientras dispongan del desglose solicitado. 

La colisión entre dos vehículos, una furgoneta y una ambulancia, que terminó volcada en plena calzada, este jueves en el barrio de El Charco, movilizó a la Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura). Cuando los agentes llegaron al lugar pudieron comprobar que uno de los conductores implicados tenía prohibido conducir, y que el vehículo sanitario privado, afortunadamente, no llevaba pacientes en el momento del siniestro.

El suceso ocurrió en torno a las 13.40 horas, cuando el cuerpo municipal recibió , a través de la Sala del CECOES 1-1-2, un aviso de un accidente de circulación ocurrido en la calle Comandante Díaz Trayter, en su cruce con la calle Reyes Católicos.

Según informa la Policía Local en sus redes sociales, a pesar de lo aparatoso del siniestro, los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que uno de los conductores se encontraba privado del derecho a conducir por sentencia judicial firme, por lo que la Policía Local instruyó las correspondientes diligencias para su remisión al Juzgado de Instrucción.

En el dispositivo también intervinieron agentes de la Policía Nacional, efectivos del Servicio Municipal Contraincendios de Puerto del Rosario y servicios sanitarios del SUC.

Este es el segundo accidente con vuelco en el que interviene la Policía Local de Puerto del Rosario en menos de 24 horas, tras el registrado durante la noche del miércoles en la carretera FV-20.

Quejas y reclamaciones por el examen de oposiciones de la Policía Local de diversos municipios de La Rioja que se celebró el pasado sábado 5 de septiembre. El sindicato CSIF ha denunciado en un comunicado “la nefasta organización y las deplorables condiciones en las que se celebró”. De hecho, el Gobierno de La Rioja ha confirmado que hasta el momento se han recibido 20 reclamaciones, aunque el plazo continúa abierto hasta mañana.

Según ha relatado CSIF, los opositores tuvieron que soportar “unas condiciones ambientales infrahumanas” con temperaturas superiores a los 28°C en el interior de las aulas, manteniendo ventanas y puertas cerradas según el arbitrio y la suerte del tribunal asignado. “No se facilitaron ventiladores ni medio alguno para mitigar el calor sofocante”, han añadido. Además, mientras en las pruebas físicas sí se contemplan las condiciones climatológicas, “la Administración las ha ignorado por completo en la prueba teórica, generando un pico de estrés inadmisible que mermó el rendimiento de los aspirantes”, denuncia CSIF.

En cuanto al desarrollo de la prueba, CSIF ha denunciado “irregularidades jurídicas y vulneración de las bases de la convocatoria de la oposición”. Tal y como explica el sindicato, en la prueba había preguntas de reserva ilegales que parecieron de forma sorpresiva sin estar recogidas ni en las bases de la convocatoria ni en la hoja de criterios de corrección.

También dicen haber comprobado que había preguntas anulables y fuera de temario. “Un mínimo de 10 preguntas (más del 10 % del examen) son nulas de pleno derecho por falta de formulación adecuada, por preguntar sobre leyes modificadas con posterioridad a la fecha de finalización de instancias o por no estar incluidas en el temario”, advierte CSIF, que señala que esta situación provoca una “enorme inseguridad jurídica que aboca el proceso a nuevos recursos judiciales si no se rectifica”

Desde el Gobierno de La Rioja apuntan que todas las impugnaciones serán revisadas y analizadas de forma individual, aunque indican que “corresponde exclusivamente al tribunal calificador (del que no forman parte miembros de la Consejería, según recalcan) valorar las reclamaciones y determinar si procede o no anular alguna de las preguntas impugnadas”. Desde el Gobierno de La Rioja dicen que respetarán el procedimiento establecido y las decisiones que adopte el tribunal una vez finalizado el análisis de todas las reclamaciones.

Por otro lado, CSIF recuerda que este no es un hecho aislado y señala otras situaciones opacidad en los procesos selectivos de la Policía Local en La Rioja. En la convocatoria de 2024 ya se denunciaron irregularidades en la prueba psicotécnica, donde sólo aprobaron 69 de 173 aspirantes —ratios anómalas que sólo se dan en esta Comunidad—. Entre los suspensos figuraban agentes en activo que opositaron para cambiar de municipio y resultaron “no aptos”, evidenciando la incongruencia de unas pruebas que determinan que un policía es válido un día y al siguiente no.

La coordinación entre cuerpos de seguridad de cara a las próximas fiestas de San Mateo, que se celebrarán del 19 al 25 de septiembre, así como el despliegue de medios técnicos y humanos que se tiene previsto realizar, ha sido el hilo conductor de la Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño y presidida por el alcalde, Conrado Escobar, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

“Trabajamos por unas fiestas seguras para que todas y todos podamos disfrutar en la calle”, ha expresado Escobar, quien ha asegurado que “las fiestas de San Mateo, en cada una de sus actividades y eventos, contarán una vez más con una importante presencia policial gracias a la colaboración entre ambas administraciones y de los propios cuerpos de Policía Local y Nacional, que garantizarán los mayores niveles de seguridad para un evento de esta índole”, ha destacado Conrado Escobar.

“Logroño continúa siendo una de las ciudades más seguras del país, por ello, el principal objetivo de este dispositivo es la prevención y, en su caso, la reacción ante cualquier situación que pueda alterar la seguridad de la ciudadanía. Un dispositivo que no siempre es visible, pero que siempre es eficaz y con una rápida capacidad de respuesta gracias a la coordinación entre los efectivos de los cuerpos de Policía Nacional y Local en todas las acciones realizadas, entre las que también figuran, más allá de la seguridad, los controles de alcoholemia y consumo de estupefacientes”, ha matizado el alcalde.

El dispositivo habilitado por la Policía Local contará con 214 agentes distribuidos en tres turnos (mañana, tarde y noche). El servicio será ofrecido por agentes realizando patrullas a pie y a bordo de unos 40 vehículos patrulla y 9 motocicletas.

También se incluirán agentes de paisano en eventos multitudinarios como el lanzamiento del cohete. Esto tiene como objetivo prevenir delitos, robos menores (como teléfonos móviles o carteras, principalmente) y situaciones de agresiones sexuales. Adicionalmente, se implementarán cámaras móviles de seguimiento ciudadano en áreas críticas.

Accesos a la Plaza del Ayuntamiento el día del cohete anunciador

“Con motivo del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo 2026, el sábado 19 a las 12:00 horas, la Policía Local y la Policía Nacional, con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil, llevarán a cabo un control de acceso a la Plaza del Ayuntamiento con el objetivo de que este acto, además de lúdico, sea seguro y pueda desarrollarse con la convivencia correcta entre quienes desean la fiesta, quienes quieren disfrutar de un ambiente familiar y aquellas personas vulnerables, como personas mayores o niños que también disfrutan de este acto festivo”, ha señalado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

De esta manera, no se podrán introducir objetos peligrosos, bebidas o alimentos que puedan producir suciedad o daños en caso de ser lanzados, envases o productos detergentes. No obstante, se permitirá el acceso de botas de vino.

Dada la previsible afluencia masiva al acto, para evitar situaciones peligrosas por los riesgos que conlleva la enorme densidad de gente que se concentra en las zonas de entrada y salida a la Plaza del Ayuntamiento, se habilitarán unas zonas de entrada y salida al recinto.

En aquellos puntos con mayor afluencia de personas se señalizarán mediante cartelería las zonas de entrada que son, principalmente, a través de las calles Obispo Bustamante, Tricio, Avenida de Colón y Avenida de la Paz; mientras que, para evitar riesgos de avalanchas, la parte de Avenida de la Paz con Juan XXIII, junto a la ESDIR, será únicamente de salida y no se podrá acceder al interior de la Plaza desde ese punto. Este año, como novedad, se van a instalar bolardos de hormigón en la zona perimetral.

Con el objetivo de facilitar los servicios de emergencia en los accesos y salidas del recinto, los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y Cruz Roja ubicarán sus puntos principales en la esquina de la calle Doce Ligero de Artillería y avda. de la Paz (bajo el reloj de la Plaza del Ayuntamiento).

Es necesario tener en cuenta que no es posible tratar de acceder a la plaza 5 o 10 minutos antes del disparo del cohete, y que la llegada a la Plaza del Ayuntamiento debe hacerse con tiempo y de forma ordenada para evitar riesgos.

Operativo de Policía Nacional

Por su parte, y antes de avanzar el operativo previsto por Policía Nacional para fiestas de San Mateo, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz Nalda, ha puesto en valor los grandes profesionales que desarrollan su labor en nuestra comunidad autónoma.

Así, desde el jueves 17 de septiembre se dará inicio un dispositivo de prevención de seguridad ciudadana, reforzando las zonas de ocio nocturno, la lucha contra el consumo de sustancias estupefacientes en estas zonas de ocio, así como la tenencia de armas prohibidas y objetos peligrosos. “Logroño es ya una ciudad segura, pero trabajamos de la mano Ayuntamiento y Delegación, Policía Local y Policía Nacional, para que las fiestas de San Mateo también sean unos días de celebración, pero con seguridad. Son jornadas de mucha gente en la calle, por diferentes puntos de la ciudad, y con el dispositivo que hoy presentamos queremos asegurarnos de que los logroñeses y quienes nos visitan se sientan seguros durante las fiestas”, ha indicado la delegada de Gobierno en La Rioja

Se prevé que la realización del servicio se preste por la totalidad del personal operativo adscrito a esta Jefatura Superior, es decir, 365 policías pertenecientes a las 5 Brigadas Provinciales. Se llevará a cabo un dispositivo especial en materia de seguridad ciudadana, reforzando especialmente actos públicos de congregación de personas, con respuesta de la unidad de UPR (Unidad de Prevención y Reacción), en apoyo al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR). Se hará hincapié en la prevención del consumo de estupefacientes en lugares y zonas de ocio, así como en aquellas zonas en las que se producen grandes concentraciones de personas.

Las 5 Brigadas pertenecientes a la Jefatura Superior se verán reforzadas con la presencia de casi 50 agentes de UIP (Unidades de Intervención Policial) para garantizar la seguridad a lo largo de todas las fiestas mateas, reforzando el dispositivo de seguridad el día del Cohete, sábado 19 de septiembre. Según ha indicado Arraiz Nalda, “el lanzamiento del cohete es el inicio oficial de las fiestas y es uno de los momentos en los que más gente se reúne, por lo que se realizará una vigilancia especial”.

Igualmente, policías pertenecientes a la Brigada Móvil en el transporte reforzarán la seguridad en la estación de tren y autobuses y el control de documentación de viajeros; asimismo, se dispondrá de la Unidad de Caballería utilizada para grandes aglomeraciones de personas, como son aquellas que se producen en las inmediaciones de la Plaza de Toros durante las corridas taurinas; por último, se contará con la Unidad de Guías caninos para la lucha contra la tenencia y el tráfico de estupefacientes.

La Unidad de Medios Aéreos, con dron y antidron, se encargará del control de la seguridad aérea y evitará la posible intrusión de aeronaves no tripuladas, disponiendo del helicóptero que se encargará de dar seguridad aérea el día del Cohete en el Ayuntamiento de Logroño y sus inmediaciones.

Se llevarán a cabo inspecciones y requisas de seguridad en lugares de interés y de afluencia de público por parte del TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos- Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico). De igual modo, se reforzará el servicio de vigilancia por parte de la Brigada Provincial de Información con dispositivos integrados por agentes de paisano, dando respuesta al Nivel 4 de alerta Antiterrorista, tanto en estaciones de autobús, como de tren.

Para el servicio de Seguridad Ciudadana, se contará con la colaboración de Policías Europeas en el marco de colaboración con la División de Cooperación Internacional, en concreto, con 2 agentes procedentes de Francia e Italia. Estos agentes se integrarán plenamente en el dispositivo de seguridad mediante patrullas conjuntas.

La Brigada Provincial de Policía Judicial reforzará el servicio para la prevención de daños en mobiliario urbano, así como en la prevención y respuesta a las posibles sustracciones de teléfonos móviles, carteras y bolsos.

Por otra parte, desde la Brigada Provincial de Extranjería, en el marco de colaboración con el Organismo EMPACT, y en prevención y lucha contra la Trata de Seres Humanos, Explotación Sexual, Criminalidad Forzada y Mendicidad, se llevarán a cabo inspecciones y controles en lugares de interés.

Puntos Violeta

El Ayuntamiento de Logroño contará con Puntos Violeta en diferentes puntos de la ciudad durante las fiestas de San Mateo para continuar con la labor de información, sensibilización y prevención de actitudes y agresiones sexistas contra las mujeres:

Estos espacios serán atendidos por profesionales con titulación superior y formación en igualdad de género y prevención contra la violencia machista. Ofrecerán herramientas para identificar estereotipos y prejuicios asociados al género, además de ayudar a identificar situaciones de desigualdad a través de materiales divulgativos y la escucha activa.

Asimismo, en los Puntos Violeta se darán a conocer los recursos de orientación, atención y denuncia que se ofrecen desde el Ayuntamiento y el resto de los organismos públicos.

La Consejería de Seguridad ha publicado este jueves, 3 de septiembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el temario común de la primera oposición única de la comunidad para acceder a las plazas de Policía Local de Cantabria (Grupo C, subgrupo C1).

Se trata de 40 temas sobre Derecho Constitucional y organización del Estado, Derecho Administrativo, normativa policial y seguridad ciudadana, Derecho Penal y Procesal, tráfico y seguridad vial, legislación sobre protección civil, igualdad y espectáculos públicos, entre otros.

De este modo, el Ejecutivo avanza en los trámites para conseguir la oposición única y facilita la labor de los aspirantes al publicar con antelación la relación de temas del proceso selectivo común para el acceso a los cuerpos de Policía Local de Cantabria, un temario que formará parte de las bases definitivas, ha destacado el Gobierno.

La consejera del ramo, Isabel Urrutia, ha declarado que el Ejecutivo publicará este mismo año las bases y la convocatoria de la primera oposición única que se desarrollará conforme al decreto autonómico aprobado en 2025 para continuar con el desarrollo del proceso selectivo que estará finalizado en el primer semestre de 2027.

Urrutia ha destacado el cumplimiento del compromiso del Gobierno de Cantabria de ejecutar la oposición única “y la publicación del temario es una clara muestra de ello, además de servir para garantizar que los opositores puedan conocer los temas sobre los que serán valorados”.

La consejero ha recordado que la convocatoria única de oposiciones a los cuerpos de policía local regulada por el decreto autonómico se compone de la fase de oposición, el curso básico de formación y el período de prácticas. La oposición y el curso básico se gestionarán por la comunidad autónoma y las prácticas se realizarán en cada ayuntamiento.

Para la ejecución del proceso selectivo unificado para el ingreso a los cuerpos de Policía Local, el Gobierno firmó un procedimiento institucional de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional con el objetivo de ofrecer la mejor formación y preparación técnica a los nuevos agentes de policía local. A este respecto, la consejera ha valorado el apoyo técnico recibido de la Policía Nacional para la elaboración del temario, las bases y las pruebas, en virtud del citado procedimiento.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat la concessió d'una medalla simbòlica “a la dignitat professional” dels policies locals i funcionaris municipals que van ser investigats i, en alguns casos, processats i després absolts en diverses peces del conegut com a cas Cursach, cas Cursach, impulsat fa més de deu anys per a indagar les suposades pràctiques corruptes desplegades en el si de la Policia Local amb l'objectiu de protegir els interessos del magnat Bartolomé Cursach.

El reconeixement es materialitzarà aquest mes en un acte públic de “desagravi” en què Cort pretén expressar el seu reconeixement als afectats -uns 80 en total- i contribuir a “retornar-los el seu honor”. Així ho ha anunciat en roda de premsa el tinent de batle de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzá, que s'ha referit als homenatjats com a “víctimes” que “van patir les conseqüències” de les investigacions de la causa Sancus -nom amb què es va denominar l'operació policial que va donar inici al cas Cursach-. Bauzá ha defensat, a més, que l'acte, que tindrà lloc al quarter de Sant Ferran, hauria d'haver-se celebrat abans com una forma de restablir el seu honor.

La iniciativa arriba després d'anys de reclamacions dels agents i funcionaris afectats perquè l'Ajuntament assumís institucionalment el perjudici que, sostenen, van patir durant la investigació. El juliol de 2023, el ple de Cort ja va aprovar la celebració d'un acte públic de desagravi i reconeixement, a més de reclamar la restitució dels drets dels empleats municipals afectats.

La demora en la seva execució va arribar fins i tot als tribunals: el 2025, un jutjat del Contenciós Administratiu va condemnar l'Ajuntament a indemnitzar amb 300 euros un dels funcionaris afectats per haver vulnerat el seu dret de petició en no respondre a una sol·licitud relacionada amb el reconeixement institucional.

Gairebé un milió d'euros en compensacions

Per altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat la concessió d'uns 140.000 euros a un dels afectats, una quantitat que, segons ha assenyalat Bauzá, se suma al gairebé milió d'euros abonats en indemnitzacions i pagaments als policies i funcionaris.

Després de l'absolució dels processats, l'Ajuntament havia d'afrontar tant els salaris deixats de percebre per funcionaris suspesos d'ocupació i sou com les seves despeses de defensa.

El reconeixement municipal es produeix després del tomb judicial sense precedents que ha experimentat el cas Cursach. Les investigacions, iniciades a partir d'un suposat arranjament d'oposicions de la Policia Local i posteriorment ampliades a nombroses línies d'investigació sobre una presumpta trama de corrupció vinculada a l'empresari de l'oci nocturn Bartolomé Cursach, van arribar a afectar prop de 70 policies locals, a més d'empresaris i funcionaris.

Una de les peces més rellevants va ser la relativa al suposat arranjament del concurs de l'ORA de Palma. L'octubre de 2016 van ser detinguts diversos empresaris i els nou funcionaris que integraven la mesa de contractació, a més de familiars del llavors regidor del PP Álvaro Gijón. Les investigacions contra ells van acabar arxivades per falta d'indicis delictius.

El macrojudici contra Cursach i altres acusats va acabar finalment amb la absolució de l'empresari i de la resta de processats. El gir es va accentuar quan el Tribunal Superior de Justícia de Balears va condemnar el novembre de 2023 l'exjutge Manuel Penalva i l'exfiscal Miguel Ángel Subirán a nou anys de presóper delictes d'obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions durant la instrucció en relació amb la peça relativa a l'exregidor Gijón. El tribunal va considerar provat que tots dos havien desplegat pràctiques il·legals per apuntalar les seves investigacions i pressionar diversos investigats.

La sentència també va condemnar tres policies del Grup de Blanqueig que van treballar amb ells, mentre que un altre agent va ser absolt. Les penes contra Penalva i Subirán, no obstant això, no són fermes, ja que van ser recorregudes en cassació davant el Tribunal Suprem.

El propi contingut del denominat xat Sancus, en el qual participaven Penalva, Subirán i diversos policies nacionals, va ser una de les peces centrals de la causa posterior contra els investigadors. En les converses van aparèixer missatges que, segons l'acusació, evidenciaven una actitud de pressió cap a alguns dels investigats i testimonis.

Amb l'homenatge, Cort pretén tancar institucionalment una de les etapes més conflictives de la història recent de la Policia Local de Palma i reconèixer els funcionaris que van ser investigats i, en diferents casos, detinguts, empresonats o apartats temporalment dels seus llocs i que finalment van quedar fora de les acusacions.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la concesión de una medalla simbólica “a la dignidad profesional” de los policías locales y funcionarios municipales que fueron investigados, acusados y finalmente exonerados en varias de las piezas del conocido como caso Cursach, impulsado hace más de diez años para indagar las supuestas prácticas corruptas desplegadas en el seno de la Policía Local con el objetivo de proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach.

El reconocimiento se materializará este mes en un acto público de “desagravio” en el que Cort pretende expresar su reconocimiento a los afectados -unos 80 en total- y contribuir a “devolverles su honor”. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, quien se ha referido a los homenajeados como “víctimas” que “sufrieron las consecuencias” de las pesquisas de la causa Sancus (como se denominó la operación policial que dio inicio al caso Cursach), al tiempo que ha defendido que el acto, que tendrá lugar en el cuartel de San Fernando, debería haberse celebrado antes como una forma de restablecer su honor.

La iniciativa llega después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios afectados para que el Ayuntamiento asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante la investigación. En julio de 2023, el pleno de Cort ya aprobó la celebración de un acto público de desagravio y reconocimiento, además de reclamar la restitución de los derechos de los empleados municipales afectados.

La demora en su ejecución llegó incluso a los tribunales: en 2025, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 300 euros a uno de los funcionarios afectados por vulnerar su derecho de petición al no responder a su solicitud para concretar el homenaje.

Casi un millón de euros en compensaciones

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la concesión de unos 140.000 euros para uno de los afectados, una cantidad que, según ha señalado Bauzá, se suma al casi millón de euros abonados en indemnizaciones y pagos a los policías y funcionarios. Tras la absolución de los investigados, el Ayuntamiento debía afrontar tanto los salarios dejados de percibir por funcionarios suspendidos de empleo y sueldo como sus gastos de defensa.

El reconocimiento municipal se produce tras el vuelco judicial sin precedentes que sufrió el caso Cursach. Las investigaciones, iniciadas a partir de un supuesto amaño de oposiciones de la Policía Local y posteriormente ampliadas a numerosas líneas de investigación sobre una presunta trama de corrupción vinculada al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, llegaron a afectar a cerca de 70 policías locales, además de empresarios y funcionarios.

Una de las piezas más relevantes fue la relativa al supuesto amaño del concurso de la ORA de Palma. En octubre de 2016 fueron detenidos varios empresarios y los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación, además de familiares del entonces concejal del PP Álvaro Gijón. Las investigaciones contra ellos acabaron archivadas por falta de indicios delictivos.

El macrojuicio contra Cursach y otros acusados terminó finalmente con la absolución del empresario y del resto de procesado. El giro se acentuó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó en noviembre de 2023 al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones durante la instrucción en relación con la pieza relativa al exconcejal Gijón. El tribunal consideró probado que ambos habían desplegado prácticas ilegales para apuntalar sus investigaciones y presionar a varios investigados.

La sentencia también condenó a tres policías del Grupo de Blanqueo que trabajaron con ellos, mientras que otro agente fue absuelto. Las penas contra Penalva y Subirán, no obstante, no son firmes, ya que fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.

El propio contenido del denominado chat Sancus, en el que participaban Penalva, Subirán y varios policías nacionales, fue una de las piezas centrales de la causa posterior contra los investigadores. En las conversaciones aparecieron mensajes que, según la acusación, evidenciaban una actitud de presión hacia algunos de los investigados y testigos. Con el homenaje, Cort pretende cerrar institucionalmente una de las etapas más conflictivas de la historia reciente de la Policía Local de Palma y reconocer a los funcionarios que fueron investigados y, en distintos casos, detenidos, encarcelados o apartados temporalmente de sus puestos y que finalmente quedaron fuera de las acusaciones.

UGT Servicios Públicos La Rioja ha denunciado el “deterioro” que está sufriendo el servicio de Policía Local de Lardero desde la entrada en vigor de la última Valoración de Puestos de Trabajo, que supuso la eliminación del complemento de disponibilidad y ha provocado dificultades para garantizar la cobertura de los servicios. Según ha visibilizado UGT, cuatro días de la pasada semana hubo turnos cubiertos por un único agente y señala que esta situación está prevista también durante esta semana.

“La situación supone un problema tanto para la seguridad de los propios agentes como para la ciudadanía. La realización de servicios en solitario limita la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y deja al agente en una situación de especial vulnerabilidad cuando debe intervenir”, ha denunciado.

Desde la entrada en vigor de la última VPT, el Ayuntamiento ha recurrido a Decretos de Alcaldía para imponer servicios de carácter obligatorio, sustituyendo el sistema anterior basado en el acuerdo y la voluntariedad. Para UGT, “este modelo no está dando una respuesta eficaz a las necesidades del servicio y la existencia continuada de turnos sin efectivos suficientes demuestra que el problema sigue sin resolverse”.

La situación ya se puso de manifiesto en reiteradas ocasiones durante mes, cuando varios servicios quedaron sin cubrir y uno de los turnos coincidió con el día del eclipse, con nivel 1 del PLATERCAR, dejando a un único agente al frente del servicio. A esto se suma la falta de medios materiales adecuados. Durante la primera semana de agosto, coincidiendo con una ola de calor y con las horas de temperaturas más elevadas, los agentes tuvieron que realizar patrullas con un vehículo sin aire acondicionado debido a que el resto de la flota se encontraba averiada.

UGT considera que la combinación de falta de personal, turnos cubiertos por un único agente y deficiencias en los medios materiales está generando un profundo malestar entre la plantilla y compromete las condiciones en las que los policías deben desarrollar su trabajo. Ante esta situación, la Sección Sindical de UGT en la Policía Local de Lardero está trabajando en una propuesta que trasladará al Ayuntamiento para buscar una solución a los problemas generados desde la entrada en vigor de la última Valoración de Puestos de Trabajo.

La propuesta de UGT tiene como objetivo recuperar la normalidad en el servicio y establecer un sistema que permita cubrir todos los turnos con un mínimo de dos agentes, evitando que los policías tengan que realizar servicios en solitario y reduciendo también la inseguridad que esta situación genera entre la población de Lardero.

El sindicato considera que esta solución debe permitir abordar las consecuencias de la supresión del complemento de disponibilidad y superar el actual modelo de imposición de servicios mediante decretos, buscando un acuerdo que garantice la cobertura del servicio y unas condiciones de trabajo adecuadas para la plantilla.

UGT reclama además al Ayuntamiento de Lardero la dotación inmediata de medios materiales adecuados y en condiciones de seguridad, especialmente en lo relativo a los vehículos policiales UGT apuesta por abrir una “negociación real y efectiva” con el Ayuntamiento que permita poner fin a la situación actual y recuperar la cobertura de los servicios con al menos dos agentes por turno.

Para UGT, “la seguridad de Lardero no puede sostenerse sobre servicios realizados por un único agente ni sobre la falta de medios”. “Existe margen para alcanzar una solución y que esta debe pasar por garantizar una Policía Local con recursos suficientes para proteger tanto a sus trabajadores como a la ciudadanía”, han concluido.

La Policia Local d'Eivissa ha denunciat aquest dijous un taxi procedent de Palma que es trobava operant a la ciutat sense l'autorització pertinent.

El conductor del vehicle ha estat denunciat per una infracció molt greu, conforme a l'article 96.e del Reglament del Servei Municipal del Taxi, i s'enfronta a una sanció d'entre 1.001 i 6.000 euros, segons ha informat l'Ajuntament.

A més, els fets podrien ser susceptibles de l'aplicació de l'article 89.2 de la Llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de Balears, que considera infracció molt greu mancar de permís municipal o no tenir-lo en vigor, com també captar clients sense comptar amb llicència.

Des del Consistori han subratllat que l'actuació d'aquest dijous posa de manifest el front comú que manté amb el Consell d'Eivissa en la lluita contra l'intrusisme, especialment durant la temporada turística, quan s'incrementa la demanda de serveis de transport.

Resclosa d'un taxi procedent de Barcelona

Aquesta actuació se suma a altres intervencions realitzades durant la temporada alta. El juliol de 2025, la Policia Local d'Eivissa també va denunciar un taxi procedent de Barcelona que estava operant il·legalment a la ciutat, dins del dispositiu reforçat desplegat durant la temporada turística.

En aquest cas, el propietari del vehicle també va ser denunciat per una infracció molt greu, amb una sanció prevista d'entre 1.001 i 6.000 euros.

La Policía Local de Eivissa ha denunciado este jueves a un taxi procedente de Palma que se encontraba operando en la ciudad sin la autorización pertinente.

El conductor del vehículo ha sido denunciado por una infracción muy grave, conforme al artículo 96.e del Reglamento del Servicio Municipal del Taxi, y se enfrenta a una sanción de entre 1.001 y 6.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, los hechos podrían ser susceptibles de la aplicación del artículo 89.2 de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Balears, que considera infracción muy grave carecer de permiso municipal o no tenerlo en vigor, así como captar clientes sin contar con licencia.

Desde el Consistorio han subrayado que la actuación de este jueves pone de manifiesto el frente común que mantiene con el Consell d'Eivissa en la lucha contra el intrusismo, especialmente durante la temporada turística, cuando se incrementa la demanda de servicios de transporte.

Antecedente de un taxi procedente de Barcelona

Esta actuación se suma a otras intervenciones realizadas durante la temporada alta. En julio de 2025, la Policía Local de Eivissa también denunció a un taxi procedente de Barcelona que estaba operando ilegalmente en la ciudad, dentro del dispositivo reforzado desplegado durante la temporada turística.

En ese caso, el propietario del vehículo también fue denunciado por una infracción muy grave, con una sanción prevista de entre 1.001 y 6.000 euros.

El PSOE de Santoña ha denunciado la situación “absolutamente calamitosa” que sufre la Policía Local del municipio por falta de efectivos y llevará al Pleno una moción para que el Ayuntamiento traslade al Gobierno de Cantabria (PP) su “malestar” por haber “incumplido” los plazos previstos para la tramitación de la convocatoria única de vacantes de estos cuerpos.

Con su iniciativa, los socialistas quieren que la Corporación inste al Ejecutivo regional a solucionar ambas cuestiones “a la mayor brevedad posible” ya que, según han advertido, el retraso en la convocatoria única de plazas deja a muchos ayuntamientos en una situación “crítica”.

Según han apuntado en un comunicado, esta situación afecta especialmente a Santoña al tener apenas seis agentes de calle y “sin que se haga nada para paliar las jubilaciones y cambios de destino que se vienen produciendo”.

A ello se suman, además, las bajas y vacaciones que “merman aún más la ya raquítica plantilla actual”.

En este punto, el PSOE ha criticado asimismo la “alarmante y preocupante inacción” del equipo de Gobierno municipal de PP y Santoñeses que, a su juicio, “pone en gravísimo riesgo la seguridad mínima que requieren los vecinos”.

“Ha apostado su suerte y la suerte de la seguridad en el municipio de Santoña a lo que suceda con la futura convocatoria única anunciada por el Gobierno de Cantabria”, ha lamentado la portavoz socialista en el municipio, Carmen González.

La formación considera que los responsables municipales deberían actuar. “El acogerte a un futuro proceso de convocatoria del Gobierno de Cantabria y el tramitar las propias convocatorias de cobertura de plazas vacantes por cada ayuntamiento no son incompatibles”, ha apuntado.

Esto es algo sobre lo que los socialistas ya se pronunciaron con otra moción impulsada en junio de 2025 sobre diferentes problemáticas de la Policía Local, que fue rechazada con los votos en contra de PP y Santoñeses.

Entre otras cuestiones, ésta pedía aprobar y publicar las bases del procedimiento selectivo para cubrir las plazas vacantes llegando a un consenso con funcionarios y representantes sindicales.

Así, el PSOE de Santoña ha lamentado que se hayan “cumplido sus advertencias y que el cuerpo atraviesa en la actualidad una difícil situación sin una solución que se vislumbre a medio plazo”.

Finalmente, los socialistas han reprochado a PP y Santoñeses que entraron al equipo de Gobierno habiendo prometido la recuperación del turno de noche entre semana y, lejos de eso, lo que ha ocurrido es que se ha perdido este turno también los fines de semana y hay “gran parte” de los de tarde en los que Santoña ya no cuenta con agentes de policía de servicio.