El magistrado que investiga la operación Tijuana, que permitió la detención de los siete integrantes de una banda a la que se acusa de haber introducido grandes cantidades de cocaína y hachís en Canarias, ha ordenado este jueves prisión provisional para seis de ellos, entre los que figura un policía local de la capital grancanaria.

Según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital grancanaria atribuye a los investigados delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de arma.

El detenido que ha quedado en libertad provisional deberá presentarse ante el juzgado dos veces al mes.

El magistrado ha levantado el secreto de sumario decretado en la investigación.

La organización desarticulada estaba “perfectamente estructurada” y tenía al frente, supuestamente, a Juke, un individuo al que los agentes investigaban desde hace años “por su capacidad para introducir y distribuir importantes cantidades” de droga, según la nota policial.

Durante un año de investigación, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) documentó la actividad del grupo y su capacidad logística para el transporte y distribución de droga entre distintas islas del archipiélago, así como los vínculos que 'Juke' tenía con 'El Buque' y con personas pertenecientes al Cártel de Los Balcanes.

En prisión desde hace casi año, la Policía recuerda que El Buque, alias por el que se conoce a José Ramón A.C., está considerado como “uno de los mayores narcotraficantes de Canarias”.

La operación Tijuana se puso en marcha tras detectarse una de las operaciones de distribución de drogas de la organización, en la que los sospechosos “transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada”.

Con esa información, se practicaron seis entradas y registros en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Como resultado de los registros, se requisaron más de 300 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

Los temarios de pruebas de acceso para ser policía local en Castilla-La Mancha incorporarán cuestiones sobre la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es una de las novedades que incorpora un decreto de la Consejería de Administraciones Públicas mediante la que se modifica el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales en esta comunidad autónoma.

Según el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el nuevo decreto establece como obligatorio incluir este tema en los programas de acceso a todas las categorías de los cuerpos de la Policía Local, que convocan los ayuntamientos.

En realidad, la modificación se realiza para adaptar el reglamento a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Este contenido se integrará dentro de la “parte especial” del temario, junto a otras materias como igualdad de género, derecho penal, y tráfico y seguridad vial. Además, la obligatoriedad de estudiar esta materia afectará a los procesos selectivos de todos los rangos: policía, oficial, inspector, subinspector, intendente y superintendente.

El objetivo de esta medida, según indica el decreto, es mejorar la regulación actual y asegurar que los futuros agentes cuenten con la formación necesaria en materia de derechos y no discriminación.

Se elimina la prueba de idiomas

La nueva regulación incorpora además otras novedades, como la eliminación definitiva de la prueba de idiomas en los procesos selectivos. En una modificación anterior de 2022, esta prueba ya había pasado a ser voluntaria para los ayuntamientos que convocaran plazas de policía local y no eliminatoria para las personas aspirantes.

Ahora, se ha constatado que las convocatorias efectuadas desde dicha modificación han dejado de incluir la prueba, lo que ha llevado a su supresión formal en el reglamento actual. El objetivo es “simplificar los procedimientos de selección”, eliminando trámites que “no se consideran imprescindibles” para valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes.

También se elimina la entrevista personal como parte de la prueba psicotécnica en los procesos de acceso, de manera que este examen sea “lo más objetivo posible”.

Cómo será la prueba psicotécnica

De esta forma, la prueba psicotécnica se compondrá exclusivamente de dos test: uno de inteligencia general y aptitudes, y otro de personalidad y capacidades. No obstante, este examen sigue manteniendo su carácter obligatorio y eliminatorio.

Finalmente, la reforma del Reglamento incorpora cambios específicos en lo relativo a la uniformidad, principalmente centrados en la identificación y el uso de emblemas. Por ejemplo, incorpora la homogeneización de la placa que exhiben los agentes para que sea similar a la de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única diferencia será el emblema del municipio, que también debe figurar obligatoriamente en el brazo izquierdo del uniforme.

Los cambios en el Reglamento entrarán en vigor a los veinte días desde su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un plazo para que los ayuntamientos y se adapten a las nuevas normativas antes de que sean de aplicación obligatoria.

Un nou operatiu desplegat aquest divendres per la Policia Nacional i la Policia Local de Palma al poblat de Son Banya s'ha saldat amb un detingut per tràfic de drogues, la intervenció de substàncies estupefaents i l'enderrocament de set casetes que servien com a punts de venda.

Fonts de la Policia Nacional han explicat que s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil i estris destinats a la venda de droga, com ara bosses i llibretes amb anotacions.

El mes de juny passat, la Policia Nacional i l'Ajuntament de Palma ja varen assestar un altre cop a l'estructura de distribució d'estupefaents del poblat, amb la desarticulació de nou punts de venda i l'enderrocament de set construccions utilitzades per comercialitzar droga. Es tractava d'una infraestructura dissenyada per facilitar les transaccions i mantenir la venda de droga allunyada dels habitatges dels traficants.

L'operació, dirigida per la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional, es va saldar amb set detinguts —cinc per presumptes delictes de tràfic de drogues i dues persones que tenien ordres de cerca i captura pendents— i amb la intervenció de més de mig quilo de cocaïna, prop de mig quilo de marihuana i haixix, diverses quantitats d'heroïna i més de 3.000 euros en efectiu.

Un nuevo operativo desplegado este viernes por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma en el poblado de Son Banya se ha saldado con un detenido por tráfico de drogas, la intervención de sustancias estupefacientes y la demolición de siete casetas que servían como punto de venta.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que se han intervenido diversas cantidades de cocaína, marihuana, hachís, pastillas contra la disfunción eréctil, útiles para la venta de la droga como bolsas y libretas con anotaciones.

El pasado mes de junio, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Palma asestaron otro golpe a la estructura de distribución de estupefacientes del poblado, con la desarticulación de nueve puntos de venta y el derribo de siete construcciones utilizadas para comercializar droga. Se trataba de una infraestructura diseñada para facilitar las transacciones y mantener la venta de droga alejada de las viviendas de los traficantes.

La operación, dirigida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, se saldó con siete detenidos -cinco por presuntos delitos de tráfico de drogas y dos personas que tenían órdenes de búsqueda y captura pendientes- y con la incautación de más de medio kilo de cocaína, cerca de medio kilo de marihuana y hachís, diversas cantidades de heroína y más de 3.000 euros en efectivo.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) lleva el turismo estival como bandera desde que hace una década se convirtiera en regidora, tras ser concejala de turismo los trece años anteriores. Pero Igual y la Policía Local del municipio, con una plantilla de 262 agentes, llevan públicamente enfrentados desde septiembre de 2025 por acuerdos incumplidos. Como medida de presión, los agentes han hecho cero horas extra en el primer semestre de 2026, hecho que no tiene visos de cambiar en verano, cuando la presión turística es mayor en Santander.

Entre julio y agosto de 2025, un total de 199.432 personas visitaron Santander. Esos dos meses concentraron el 26% de las visitas del año en una ciudad cuyo Ayuntamiento (PP) busca aún sin éxito desestacionalizar el turismo. Si a esa cifra se le suman los más de 176.000 residentes en la capital de Cantabria, es medible entender por qué Gema Igual pidió, a mediados de junio, en la junta de seguridad entre instituciones, ayuda al delegado de gobierno, Pedro Casares (PSOE), para salvar con Policía Nacional la falta de policías locales en fechas señaladas del verano, como la Semana Grande, que se celebra del 17 al 26 de julio.

En comparecencia ante los medios, Casares le volvió a decir días después que ya se refuerza “todos los veranos” el número de agentes y que los policías nacionales no van a hacer el trabajo de la policía local (tráfico y multas). Tras esto, responsabilizó a la alcaldesa: tendría que “solucionar un conflicto con la Policía Local, que ha generado el Ayuntamiento de Santander por hacer promesas que a día de hoy no ha cumplido”. A lo que Igual contestó, como en un sainete de declaraciones cruzadas, que requería más Policía Nacional porque el Estado, dijo, “sí puede pagar” horas de más al cuerpo, mientras la Policía Local, “por voluntad propia, deja de ganar 1,2 millones de euros porque no quieren hacer horas extras”, en su mayoría de noche y fines de semana.

Tras este cruce de declaraciones el primer miércoles de julio, los sindicatos con representación en la junta de personal (APLB-USO, CC.OO, CSIF, SIEP y UGT) se reunirán para evaluar qué hacer, algo que probablemente se traducirá en plantear de nuevo una reunión a Gema Igual para negociar, avanzan fuentes policiales.

Ya en septiembre del pasado año, cuando las tensiones empezaron a ser notorias, uno de los sindicatos policiales propuso alcanzar un acuerdo para que el verano “no dependiese de la voluntariedad de los agentes”. La propuesta sindical registrada en el Ayuntamiento, según ha podido constatar elDiario.es, planteaba aprobar una productividad “que compense el esfuerzo” que realizan los agentes en época estival, porque “se cuadruplica” el trabajo por el aumento de visitantes, calculándola por horas (12,09 euros la hora) en Semana Grande (y si alguien renunciaba a sus vacaciones por trabajar esos diez días, podría cobrar 24,18 la hora, entre otras medidas). “Era una propuesta para negociar, con intención de que el Ayuntamiento rebajase esas cantidades”, argumentan fuentes policiales.

En noviembre fue la última vez que los sindicatos policiales y Gema Igual se reunieron, fecha que coincidió con el inicio del fin de sus horas extra. Según fuentes policiales, en enero de 2026, el ayuntamiento llevó la propuesta sindical de septiembre a una mesa de trabajo para que la valorarán los sindicatos, pero el mismo ayuntamiento que había hecho suya la iniciativa, la retiró.

En los diez meses que median hasta ahora, Gema Igual y los sindicatos policiales se han reunido esa única para negociar acuerdos salariales pendientes de ejecutar desde 2024: un complemento y el pago a tiempo de las horas extra. El resto de reuniones “tres o cuatro” se han mantenido con el concejal de Proteccion ciudadana y con el director de Recursos humanos. En los últimos tres meses, la presión policial ha venido acompañada con concentraciones y peticiones de dimisión de la regidora, que también es diputada del PP. Su anterior respuesta había sido advertir de que no puede subir salarios a la policía “porque a lo mejor tengo que subir impuestos”.

El 15 de mayo, sostienen fuentes policiales, un mes antes de la junta de seguridad en la que Igual pidió más policía a Casares, plantearon una reunión con la alcaldesa que no fue respondida.

En este conflicto cronificado, las cesiones se complejizan. Actualmente, advierten fuentes policiales, el Ayuntamiento adeuda a la plantilla policial -185 euros brutos por día- las horas trabajadas en Nochebuena y Nochevieja. Los 262 agentes de la Policía Local suponen una amplia mayoría entre los funcionarios del Ayuntamiento, pero el panorama ante la temporada estival pone de frente la seguridad del verano y este conflicto enquistado.

Un joven de 19 años ha atropellado supuestamente en La Solana a una menor de cuatro años y ha abandonado el lugar de los hechos sin detenerse, acciones por las que la Policía Local del municipio ciudadrealeño le está investigando por un presunto delito de abandono del lugar del accidente y lesiones por imprudencia.

La Policía Local informa de que los hechos ocurrieron a la 1.35 horas del domingo en la calle Luis Braille, a la altura del número 73, cuando el conductor de un vehículo atropelló a la niña mientras cruzaba la calzada.

Como consecuencia del impacto, la menor sufrió varias laceraciones y fue trasladada por sus familiares al Hospital de Manzanares. El conductor abandonó el lugar del accidente y no fue hasta 35 minutos después cuando se puso en contacto con la Policía Local. Los agentes han abierto diligencias que serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Manzanares.

Localizan un faisán dorado

También el sábado, a las 19.30 horas, la Policía Local recogió un faisán dorado localizado en la calle Luis Braille tras el aviso de un vecino.

Al tratarse de un ave exótica de origen asiático, que no está considerada especie protegida ni autóctona, no pudo ser trasladada al centro de recuperación de aves. La Policía informa de que la persona que haya extraviado el animal puede ponerse en contacto con los agentes para recuperarlo.

Los sindicatos de la Policía Local de Cantabria APLB-USO, CC.OO, CSIF y SIEP han rechazado el borrador de las futuras normas marco del Cuerpo en la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han explicado que esta decisión no responde a una “postura de bloqueo” sino al “convencimiento” de que el texto presentado por el Gobierno de Cantabria supone “una oportunidad perdida para avanzar en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de nuestra comunidad autónoma”.

Tras más de año y medio de trabajo, reuniones y negociación, durante el que se elaboró un borrador consensuado con el anterior Gobierno, los sindicatos esperaban que el texto definitivo incorporase las mejoras que eran objeto de debate desde el inicio del proceso, pero “nos encontramos con un documento que elimina o diluye cuestiones esenciales para el futuro de la Policía Local en Cantabria”.

Riesgos laborales y complemento de destino

“Especial preocupación” les produce la negativa a reconocer expresamente la toxicidad y la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos inherentes a la función policial desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales y protección de la salud.

En este sentido, han concretado que las intervenciones en accidentes de tráfico, incendios, emergencias, situaciones con presencia de sustancias peligrosas, contacto con fluidos biológicos o actuaciones con personas en situaciones de especial vulnerabilidad exponen a los agentes a riesgos “que merecen ser reconocidos y contemplados dentro de una norma moderna y adaptada a la realidad del servicio”.

Asimismo, consideran “incomprensible” que una norma cuya finalidad principal debería ser coordinar y homogeneizar criterios en toda Cantabria “renuncie a abordar cuestiones tan importantes como la homogeneización del complemento de destino de las policías locales de la comunidad autónoma”.

Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la aparición de informes y objeciones “de última hora” que alteran acuerdos previamente trabajados durante meses. “Tenemos la sensación de que determinadas presiones procedentes de algunos ayuntamientos han condicionado de manera decisiva el resultado final del texto”, han comentado. A su juicio, resulta “especialmente preocupante que los intereses particulares de determinadas administraciones locales parezcan imponerse sobre el interés general de la coordinación policial en Cantabria”.

Por todo ello, han rechazado el borrador “pues ni tan siquiera el Gobierno de Cantabria ha querido realizar la votación tal y como recoge el régimen de funcionamiento de dicha Comisión”.

“Seguiremos defendiendo una norma marco moderna, valiente y útil, que reconozca la realidad de la profesión, proteja la salud de los agentes, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y responda verdaderamente a la finalidad para la que fue concebida: coordinar y mejorar las policías locales de Cantabria”, han concluido.

Hay dos aparcamientos a escasos 300 metros, tres minutos andando, hasta las dependencias municipales de Arguineguín. Uno en la calle Tamarán, donde aparcan la mayoría de concejales y vecinos del municipio, y otro cruzando a pie la plaza Perez Galdós. Pero el aparcamiento de la Policía Local está justo al lado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán. Y aunque la Alcaldía tiene una plaza reservada en el propio estacionamiento de la Policía Local, la alcaldesa, Onalia Bueno, estaciona “desde hace años” su vehículo particular en las plazas reservadas a los coches patrulla en la Comisaría de Arguineguín.  

No sólo ella, también lo hacen algunos de sus concejales, como: Víctor Gutierrez; Tania del Pino Alonso, teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Gobierno de Presidencia, y Juan Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del Área de Gobierno de Urbanismo y Promoción Turística. 

No es raro encontrar el coche particular de la alcaldesa y de algunos de estos concejales aparcados en las plazas reservadas a los coches patrullas, incluso en las plazas destinadas a los vehículos policiales de atestados, donde los propios policías municipales tienen expresamente prohibido aparcar. Según se recoge en diferentes documentos a los que ha accedido este periódico, estos hechos vienen ocurriendo desde hace casi diez años. 

Queja a la Jefatura de Policía

Este periódico ha tenido acceso a un informe registrado en el propio Ayuntamiento de Mogán, el pasado mes de mayo, en el que un agente municipal se queja de esta situación al jefe del Cuerpo de la Policía Local. Lo normal sería que el jefe de Policía Local de respuesta a la queja presentada, pero fuentes conocedoras del caso dudan de que vaya a ocurrir. 

El informe asegura que llevan “años padeciendo” este problema, y detalla que los policías locales tienen que estacionar mal sus coches patrulla “en doble o triple fila” impidiendoles la salida rápida. Además, explica que “muchas veces” tienen que quitar unos coches para poder salir con otros.  

Consecuencias fatales 

El escrito menciona que estos hechos han llegado a crear situaciones de “auténtica preocupación e importancia”. Se refiere sutilmente a que pudo tener consecuencias fatales. El escrito relata que “un vehículo de protección civil que se encontraba estacionado en nuestros estacionamientos no pudo salir de forma inmediata para trasladar a un médico del centro de salud de Arguineguín hasta el lugar en que se encontraba un accidentado en parada cardiorrespiratoria en Puerto Rico”. El traslado tuvo que hacerlo una patrulla de la Guardia Civil, debido al bloqueo de vehículos. Y en ese punto termina diciendo: “ese día se encontraba el vehículo de la alcaldesa ocupando uno de nuestros estacionamientos”. Y aunque el escrito no lo dice, aquel hombre murió. 

El informe ni siquiera insinúa que el fallecimiento fuera consecuencia del coche mal aparcado, como es lógico, tan sólo menciona que el coche “no pudo salir de forma inmediata”. La hemeroteca recoge que aquel día de noviembre de 2025 un hombre falleció en un accidente laboral en los apartamentos Orinoco, en Puerto Rico, tras resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón y que “pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tan sólo confirmaron el deceso”. Era un hombre polaco que llevaba sólo seis días en España.

Concejales multados en 2017

Hace casi diez años hubo un policía que se atrevió a multar a dos concejales por aparcar donde no debían. Pero según consta en un atestado de 2017 de la Guardia Civil, el coche particular de aquel agente fue vandalizado a las pocas horas. 

En el atestado el agente afirma que no sospecha de nadie, pero “sin creer que las casualidades existan, ese día ocurrieron hechos” que considera importantes y los quiere hacer constar. Lo que se narra a continuación es que aquel día en la Jefatura de Arguineguín comprobó que en el estacionamiento de la alcaldía había un vehículo particular de color rojo. Informó al subinspector jefe y al oficial de servicio que lo iba a denunciar, “sabiendo que hay orden del jefe de la policía para que se denuncie cualquier vehículo que no sea el de la alcaldesa”, pero al comprobar que se trataba del vehículo de un concejal del equipo de gobierno decidió no hacerlo, suponiendo que no tardará mucho en retirar el coche. El vehículo del concejal estuvo aparcado ahí desde las 13.30 hasta las 20.30, y entonces decidió multar. 

El atestado recoge que “ya se le había informado y advertido hasta en dos ocasiones” a una concejala del equipo de gobierno, para “que no accediera ni estacionara en el lugar, precisamente para evitar denunciarla”. También se recoge que “el concejal de Policía tiene la misma costumbre y hace caso omiso de nuestras recomendaciones”, refiriéndose a Mencey Navarro. 

El atestado continúa relatando que a las 21:00 de la noche “se había personado la concejala Tania de CIUCA y grupo de gobierno” exigiendo que le dijeran qué policía le había denunciado, y que “no pensaba pagar la multa, todo esto bastante alterada y cabreada”. 

Dos horas después, el policía local que multó el vehículo mal estacionado de la concejala, encontró su coche particular vandalizado, con tres ruedas pinchadas y dos rajas de un metro en las lonas del techo de su vehículo pick-up. A este periódico no le consta que ningún otro policía local haya osado multar durante la última década a ningún cargo de gobierno municipal por aparcar indebidamente su coche en las plazas destinadas a los coches patrullas. 

Continúa ocurriendo

El informe recoge que “desde hace años se ha intentado corregir esta anomalía” y se ha hablado con varios concejales: “En cierta ocasión se informa al concejal Mencey delante del jefe Tomás Hernández, (jefe de la Policía Local en el momento de los hechos) que deje de estacionar en la zona” a lo que según el informe respondió “que se pensaría lo que haría”. Además, el documento menciona que la “concejala Tania ha llegado a dejar su vehículo particular ”durante más de 4 días seguidos“ dificultando la maniobra de salida de los coches patrullas. 

El informe relata que los hechos han sido denunciados verbalmente a un subinspector, “el cual reconoció el problema, pero también dejó claro que no hacía nada” y que tenía que ser otro oficial, que se encontraba en ese momento de testigo, el que tuvo que llamar al concejal para que retirara su coche. En el informe se explica que la concejala “ha continuado con la misma práctica” y que recientemente ha vuelto a dejar su coche en la plaza de Atestados, “concretamente del día 15 al 16 de abril”, y se adjunta una foto, a la que también ha tenido acceso este periódico. A continuación se puede leer: “Ese mismo día la alcaldesa también deja su vehículo en la zona de Atestados”. 

En el escrito se resalta que la alcaldesa utiliza el estacionamiento de la alcaldía “a modo de reservado” para que aparquen otros concejales o “cualquier otro particular allegado, estacionando ella en cualquier otro estacionamiento de nuestros vehículos patrulla sin ningún tipo de reparo y sin tener en cuenta las consecuencias”. 

“No todos son iguales”

En el informe de queja enviado a la Jefatura de la Policía Local se destaca que “esta situación no se ha padecido con ningún otro grupo de gobierno anterior, ni con ningún otro particular”. También reconoce que “no es una práctica generalizada” por parte de todos los concejales, “afortunadamente sólo lo hacen la alcaldesa, y los concejales Mencey, Tania y Víctor”, y añade que “es una clara evidencia de que no todos son iguales”. 

Una de las más recientes quejas por parte de los policías locales se refiere al pasado día 13 de abril, cuando “se les ha informado a todos que no estacionen o que lo hagan el menor tiempo posible”, pero al día siguiente había 4 vehículos particulares estacionados, “algo que evidentemente parece que no entienden”. 

El escrito finaliza dejando constancia de que existe una orden de la jefatura de la Policía Local de 2017 en la que “en NINGÚN CASO hace referencia a que los concejales ni la alcaldesa puedan estacionar en los estacionamientos de los vehículos patrulla”. 

“Obligado Cumplimiento” 

En dicha Orden de Régimen Interno de la Policía Local de Mogán, a la también ha tenido acceso este periódico, fechada en 2017 y que lleva por título: “Estacionamiento de Vehículos Policiales”, se establece el modo de estacionar los vehículos de la Policía Local de Mogán, y especifica que es de “obligado cumplimiento”. 

El primer punto señala que el espacio señalizado como ALCALDÍA estará siempre libre y “reservado para la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Sres. Concejales, en su caso”. 

El segundo punto dice que “todos los vehículos policiales deben ser estacionados de conformidad con la señalización existente”, y da instrucciones para que en caso de emergencia “se efectúe la salida del vehículo con el menor número de maniobras” posible, lo que conlleva colocarlos en posición de salida del aparcamiento. Y añade un croquis con todo detalle. 

Casi diez años después, el coche de la alcaldesa y el de algunos de sus concejales siguen estacionados habitualmente en el lugar de los coches patrullas. Fuentes conocedoras de este asunto señalan que el concejal Mencey Navarro ha llegado a utilizar el aparcamiento de la Policía Local durante meses para no ser multado por no tener en regla la ITV, ya que fue sancionado por esta circunstancia cuando su coche particular se encontraba aparcado fuera del estacionamiento de la Policía Local de Arguineguín. 

Denunciado por la oposición

El grupo municipal de Nueva Canarias de Mogán dirigió un escrito a la alcaldesa y al jefe de la policía local el pasado 4 de mayo sobre el “uso indebido de estacionamientos policiales y afección a la seguridad operativa”. El documento se refiere “a problemática reiterada” de la ocupación de los estacionamientos “destinados a vehículos policiales por parte de cargos políticos” y señala que “compromete gravemente la capacidad de respuesta ante incidencias y emergencias, generando un evidente riesgo para la seguridad ciudadana”.  

El documento menciona expresamente “a la Sra. Alcaldesa, quien, según parece, ha venido utilizando de forma habitual los estacionamientos destinados a vehículos policiales”, incluso manteniendo su vehículo estacionado durante periodos prolongados, “llegando a producirse situaciones en las que no se ha podido disponer de un vehículo de manera inmediata para atender servicios urgentes”. 

Por el momento el Ayuntamiento de Mogán no ha respondido a las preguntas de este periódico.

El cuerpo sin vida de un hombre de 62 años ha sido localizado este sábado flotando en el mar entre la playa de Las Gaviotas y Playa Chica, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo informan a los medios fuentes de la Policía Local de la capital tinerfeña, que indican que en el lugar de los hechos continúan desplegados efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, así como del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Según relata la Policía Local, al parecer, el fallecido formaba parte de un grupo de nadadores que realizaba una pequeña travesía entre Las Teresitas y Playa Chica. Asimismo, el hombre se habría quedado en la zona para descansar yendo hacia la orilla.

Finalmente, fue encontrado por unos vecinos de Playa Chica, que lo sacaron del agua y alertaron a los recursos de emergencias.

La Policía Local de Logroño pone en marcha a partir de mañana una nueva campaña de tráfico centrada en la documentación en regla de los vehículos de movilidad personal (VMP). En enero entró en vigor la normativa de la DGT que obliga a estos vehículos a circular con seguro.

La campaña, que se prolongará durante tres semanas, se va a centrar en la documentación exigible a estos vehículos, y se suma a las que se realizan de forma recurrente controlando el uso correcto de los patinetes eléctricos en el respeto a la seguridad vial y lo estipulado en la Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal.

La Policía Local ha ido reforzando de manera progresiva su actuación en materia de VMP, incrementando tanto las órdenes de servicio específicas como la intensidad de los controles. Así, la campaña que se inicia mañana va a supervisar el control de la documentación exigible a los VMP, una vez entró en vigor en enero la normativa de la DGT. A raíz de la Directiva (UE) 2021/2118, España aprobó el 25 de julio la Ley 5/2025 de Seguros de Automóviles, que amplía la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil a todos los vehículos de movilidad personal (VMP), incluyendo patinetes eléctricos, monociclos, hoverboards y otros vehículos personales ligeros. El fin de esta normativa es asegurar la protección frente a daños ocasionados a terceros durante el uso de estos vehículos.

En este orden de cosas, los Vehículos de Movilidad Personal deben circular con seguro obligatorio, la falta del mismo puede acarrear diferentes sanciones, que irán desde los 200 a los 800 euros.

Además, la normativa exige que los VMP tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos, la sanción por no haber inscrito el vehículo supondrá 100 euros.

Finalmente, los vehículos deberán llevar una etiqueta identificativa denominada placa matrícula, necesaria para circular en la vía pública. La sanción por no disponer de la misma implicará una multa de 80 euros.

En aquellos casos en los que exista reincidencia de infracciones (más de dos ocasiones) respecto a cualquiera de los documentos mencionados anteriormente, se procederá a la inmovilización y retirada del vehículo a los depósitos municipales.

Más control y actuaciones

El uso de los VMP constituye ya una realidad consolidada en la movilidad urbana, con impacto directo en la seguridad vial. La combinación de vigilancia, prevención, educación y sanción ha permitido mejorar la detección de infracciones y actuar sobre aquellos comportamientos que afectan negativamente a la seguridad vial. Por ello, Policía Local va a continuar desarrollando campañas orientadas a la reducción de la siniestralidad y la seguridad de los usuarios de VMP.

El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes, por unanimidad, la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria de 2022, que permite que los agentes en prácticas puedan portar armas de fuego, entre otros aspectos.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que esta modificación permitirá culminar el proceso de modernización de estos cuerpos y avanzar en la implantación del proceso selectivo unificado, la actualización de las normas marco y el refuerzo de la formación y la seguridad de los agentes.

Según ha detallado, la modificación permitirá “mejorar y unificar” la selección de agentes, favorecer la estabilidad de las plantillas municipales, garantizar una “mayor seguridad” durante el periodo de prácticas y profesionalizar la formación.

En cuanto al desarrollo normativo previsto para culminar la modernización de los cuerpos de Policía Local, la consejera ha anunciado que, una vez entre en vigor la ley, se iniciará el trámite de audiencia e información pública de las nuevas normas marco que regularán la organización, funcionamiento y prestación del servicio de los policías locales de Cantabria.

Paralelamente, el Ejecutivo continuará trabajando para convocar durante el último trimestre de este año el primer proceso selectivo unificado para los ayuntamientos cántabros que necesiten incorporar agentes.

En este punto, Urrutia ha informado que el Gobierno ha dado este lunes “un paso más” con la firma de un protocolo de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional para crear un espacio técnico de trabajo destinado a elaborar las bases de los futuros procesos selectivos unificados.

Y es que el proceso selectivo unificado a nivel autonómico permitirá que sea el Gobierno de Cantabria, a partir de octubre, quien realice la selección de los nuevos policías locales para los municipios adheridos, garantizando la igualdad en el acceso, la permanencia de los agentes en los ayuntamientos, la calidad del servicio y la cobertura efectiva de vacantes.

Según ha resaltado Urrutia, este sistema supondrá, además, un importante ahorro económico para los ayuntamientos, que dejarán de asumir los costes de los procesos selectivos de nuevo ingreso.

Asimismo, ha informado que el Ejecutivo pondrá en marcha un ambicioso programa formativo en colaboración con la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que reforzará la formación especializada que ya se desarrolla en Cantabria.

Urrutia ha señalado que “lo que más ha preocupado y ocupado” al Gobierno regional en la presente legislatura es la formación “correcta, especializada, práctica y continuada” de los más de 550 agentes de policía local que hay distribuidos en los 32 municipios cántabros.

Seis novedades

La consejera ha detallado que el texto introduce seis modificaciones en la Ley de Coordinación de Policías Locales aprobada en 2022. Entre ellas, destaca que los policías locales en prácticas podrán portar armas de fuego durante su periodo formativo, con la condición de que hayan superado la instrucción de tiro correspondiente. Al respecto ha apuntado que “ya hay comunidades autónomas que lo hacen así” y cuenta con “el consenso” de los ayuntamientos y los sindicatos.

Además, la reforma impulsada por el Ejecutivo autonómico, que cuenta con una enmienda transaccional del PP, PRC y PSOE, introduce también cambios en la regulación del curso básico obligatorio dentro del proceso selectivo unificado, separando las fases de oposición, formación y prácticas para simplificar y agilizar el acceso a los cuerpos de Policía Local.

Asimismo, permitirá que el curso básico pueda ser realizado por un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, en el porcentaje que determinen las bases de cada convocatoria.

Con esta medida se pretende evitar que queden plazas vacantes cuando algún aspirante no supere el curso o renuncie durante el proceso. Quienes aprueben esta formación quedarán además exentos de volver a realizarla en futuros procesos selectivos.

La ley elimina, igualmente, la limitación temporal de cinco años para el reconocimiento de cursos y prácticas en los procesos de selección y promoción interna, favoreciendo así el desarrollo de la carrera profesional de los agentes.

Por otro lado, el nuevo texto se adapta a la estructura administrativa actual, eliminando las referencias a la antigua Escuela de Policía Local tras su integración en el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP).

“Importante” modificación

El diputado 'popular' Cándido Cobo ha apuntado que este proyecto de ley responde a una petición de mejoras que han puesto de manifiesto tanto los ayuntamientos como los sindicatos, a través del cual, “una vez más”, el Gobierno regional “responde” a las demandas de los colectivos sociales y administrativos.

Mientras que la diputada regionalista Rosa Díaz ha señalado que se trata de una “pequeña” pero “importante” modificación que da respuesta a las demandas de los ayuntamientos, pero también de los representantes sindicales. A su juicio, es necesario garantizar que los municipios dispongan de efectivos “suficientes” para prestar el servicio “adecuado” ya que “muchos” ayuntamientos, especialmente los más pequeños, afrontan “dificultades” para cubrir las vacantes con rapidez.

Además, la modificación también favorece la “modernización” de estos procesos de selección y de formación, lo que permite “garantizar que los futuros agentes cuenten con una preparación acorde a la realidad actual” y “aprovechar mejor la experiencia y la formación ya adquiridas”.

También el PSOE ha valorado positivamente los aspectos de mejora introducidos en la coordinación, los procesos selectivos y el reconocimiento de la formación y de las prácticas de la Policía Local.

La diputada Nórak Cruz cree que los ayuntamientos “necesitan instrumentos más ágiles para garantizar un servicio esencial como es la Policía Local”, si bien ha señalado que esta reforma debe aplicarse con una “condición irrenunciable”: “Que no se abra la puerta a la precarización ni a las fórmulas que puedan desnaturalizar el carácter funcionario de la Policía Local”.

De esta forma, ha apoyado esta modificación que “refuerza” el servicio público, la eficacia administrativa y el reconocimiento de la formación, pero garantizando que permanezcan “intactos” los principios de igualdad, mérito, capacidad, estabilidad y seguridad del cuerpo.

Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha lamentado que se hayan desestimado las enmiendas presentadas desde su grupo, unas “mejoras de mínimos” que fueron planteadas desde la “absoluta sensatez”, ha afirmado. Si bien ha apoyado la modificación de la norma porque, ha dicho, “lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos y por las mejores condiciones posibles para nuestros profesionales de la Policía Local”.

Un total de 119 personas, la mayoría migrantes, han sido identificadas en un gran dispositivo policial preventivo realizado por la Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Nacional y Policía local, en las fábricas abandonadas de URSSA y EGA, situadas en la calle del Campo de los Palacios de Vitoria, donde se calcula que malviven más de un centenar de personas.

La intervención policial ha finalizado sobre las 11:40 horas, tras iniciarse pasadas las 6:00 de la mañana, y fuentes de la investigación han informado a Europa Press que el operativo se ha desarrollado por “salubridad”, debido a las deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad que tiene el lugar, así como por “seguridad”, ya que, presuntamente, algunos de los 'okupas' que habitan las fábricas han cometido delitos y protagonizado incidentes.

En este sentido, la Ertzaintza ha informado de que ha localizado multitud de objetos de los que se investiga su procedencia, y ha precisado que ha necesitado tres furgonetas policiales para cargar con el material presuntamente robado. El operativo ha comenzado a primera hora de este miércoles y en él han participado agentes de la Ertzaintza, Policía local y Policía Nacional, que han procedido a la identificación de las personas que se encontraban en el interior de estos pabellones en desuso ubicados en el barrio vitoriano de Adurza.

El dispositivo se ha saldado con la identificación de un total de 119 personas, de entre 17 y 57 años, 116 de origen magrebí, una de procedencia europea y dos de nacionalidad española. Una de ellas es menor de edad por lo que ha sido puesta a disposición de su progenitor. Numerosos vehículos policiales han tomado los alrededores de la calle del Campo de los Palacios, que ha quedado acordonada durante buena parte de la mañana. Los policías, algunos de paisano, han peinado ambos recintos, grandes y con multitud de rincones escondidos, para encontrar a todas las personas allí instaladas y proceder a su identificación.

Los agentes han procedido a sacarlas al exterior donde uno por uno han sido identificados. Tras ello, la mayoría ha optado por abandonar el lugar, mientras una treintena, la mayor parte personas jóvenes, han esperado en el exterior del cordón policial a que finalizara el dispositivo para poder volver a entrar en las fábricas 'okupadas'. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar las identidades de las personas implicadas, y nueve de ellas, de entre 19 y 42 años, han sido trasladadas para comprobar su situación legal.

Por su lado, la Ertzaintza ha realizado un acta de ocupación a un hombre, de 32 años, por posesión de una cartera con documentación a nombre de otra persona. A un segundo individuo, de 23 años, se le ha abierto expediente por tenencia de sustancias estupefacientes de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Foco de insalubridad

Los terrenos de la fábrica URSSA, situados junto a Olárizu, en la zona aledaña al Anillo Verde, detrás de un supermercado y junto al campo de fútbol de Adurza, llevan años abandonados y han sido 'okupados' por personas de diversa índole y procedencia en diversos periodos de tiempo. Si bien, al principio, albergó a personas sin hogar, principalmente nacionales, que buscaban resguardo para no dormir a la intemperie, e incluso a familias con hijos que no disponían de un techo, con el paso de los años este perfil ha cambiado hacia personas de origen extranjero llegadas a Álava en busca de un futuro mejor.

El recinto es muy amplio y hay zonas diferenciadas en su interior. Para acceder a la base de la nave, el espacio más amplio, hay que sortear múltiples bolsas de basura que se acumulan también en los pasillos exteriores y en el hueco del antiguo ascensor de la factoría, junto a prendas de ropa tiradas, así como chatarra y enseres rotos.

A su entrada a la izquierda, hay pequeños habitáculos donde duerme y habita una pequeña parte de las personas que malviven en la fábrica. Estos espacios están más limpios y acumulan colchones, mesas; algunas de ellas plegables; con latas y alimentos; principalmente conservas; algún hornillo y 'camping gas' para cocinar, así como cajas de cartón a modo de armario para apilar su ropa y productos de higiene, como cepillos de dientes. También hay carritos de bebé y compra para cargar con los productos que llevan a la nave.

Una situación que se repite en el piso superior de la fábrica, donde hay espacios repletos de suciedad y basura, siendo focos de absoluta insalubridad para las personas que viven allí, con otros espacios más cuidados y separados por tablones de madera donde habitan algunas de estas personas en infraviviendas. No tienen acceso a agua potable y como baño utilizan los diversos recovecos existentes en la fábrica, donde hacen sus necesidades.

“No tenemos a dónde ir”

Testimonios de las personas que malviven en URSSA y EGA han lamentado que “no es un buen sitio para vivir”, aunque reconocen resignados que seguirán allí, ya que no tienen a donde ir. Un joven ha explicado que lleva en Vitoria dos años y que, a través de un amigo, fue a vivir a los pabellones abandonados, ya que “conocía a varias personas” que habitaban ya en esta zona “fuera de las miradas de la gente” y donde la policía les dejaba “más tranquilos”.

Otro joven, de poco más de 20 años y procedente de Argelia, ha señalado que vino al País Vasco a “ayudar a su familia” y para buscar “un futuro mejor” que en su país, pero aquí no tiene “ayuda de nadie” para poder vivir, por lo que se tiene que “buscar la vida” como puede. “Aquí hay gente mala y gente buena, no somos todos malos, ni iguales”, ha manifestado otro joven que cuestiona que “digan que todos los que vivimos aquí somos delincuentes”. En su caso y tras pasar por un centro de menores y “estudiar cursos” de formación para poder acceder a un mercado laboral que no le abre la puerta, comparte un habitáculo con otro amigo con el que se apoya.

Este chico ha denunciado que “es imposible” tener capacidad para alquilar en Vitoria y las “mafias que existen en la ciudad” y que le llegaron a exigir “1.000 euros por un padrón en una habitación con muchas más personas”. Tampoco ha logrado plaza en un albergue, por lo que ha preguntado “a dónde quieren que nos vayamos”. Otra persona ha relatado que les “han echado a todos a gritos a la calle, pronto por la mañana, para hacer el registro” y les han pedido los papeles para la Policía Nacional. “Nosotros nos buscamos la vida en España sin robar, somos gente tranquila que no tiene trabajo. Por una persona que vive aquí y roba, dicen que todos robamos. Eso no es verdad”, ha defendido.

La polícía local de Santander investigada por la gestión del aviso de la pasarela de El Bocal no ha recibido ninguna formación específica en gestión de derrumbes, tan solo asistió hace nueve años a dos sesiones de formación de dos horas sobre el Plan de Emergencias Municipal de Santander (Pemusan) que impartió un técnico municipal en 2017.

La agente que recibió la llamada del 112 alertando del mal estado de la pasarela de la senda costera que se desplomó unas horas después provocando la muerte de seis jóvenes, anotó el aviso en un papel, pero no hizo nada más.

El Ayuntamiento de Santander ha reconocido a la jueza instructora del suceso de El Bocal que el cuerpo de policía local no organiza formación en derrumbes, ni de ningún tipo, a sus agentes, y descarga la responsabilidad de hacerlo en el propio Ayuntamiento o el Gobierno de Cantabria que, en su opinión, son los encargados de gestionar los cursos formativos.

Así ha respondido el inspector jefe de la Policía Local a la jueza, que había preguntado al Ayuntamiento si los agentes han recibido alguna formación en gestión de emergencias y específicamente en situaciones de derrumbe, dentro de la investigación del desplome el pasado 3 de marzo de la pasarela de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida, en la costa norte de la ciudad.

La respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido negativa. En ella, el inspector jefe de la Policía explica que la única acción formativa -“sin tener la consideración de curso”- que pudiera tener “alguna relación” con derrumbes equivaldría a las sesiones de formación, con una duración aproximada de unas dos horas, que imparte un técnico municipal sobre el Plan de Emergencias Municipal de Santander (Pemusan), que da un técnico municipal. “Según consta en los archivos de la Policía Local” la policía investigada asistió a una sesión de formación en el Plan de Emergencias, de dos horas, hace 9 años, el 27 de junio de 2017.

La instructora del caso solicitaba a la jefatura de la Policía Local que indicase si se ha impartido curso alguno de formación, perfeccionamiento o especialización a los miembros de la Sala 092 o Centro Coordinador de Servicios, como la policía investigada en el suceso de El Bocal, durante los últimos diez años, en materia de gestión de emergencias y, específicamente, sobre actuación policial en situaciones de derrumbes.

“En la materia concreta por la que se pregunta, no se ha impartido desde esta Policía Local curso alguno”, han respondido desde el Ayuntamiento, enfatizando que es el Gobierno de Cantabria o el Ayuntamiento quien los organiza, como si la Policía Local fuese una institución ajena al propio consistorio.

Tras la publicación de elDiario.es de la entrega de documentos sin fecha, manuales informáticos y textos elaborados con posterioridad al suceso de El Bocal, en calidad de protocolos operativos como prueba judicial, Izquierda Unida (IU) de Santander ha cuestionado este jueves “el funcionamiento” de los mandos policiales del Ayuntamiento de Santander por los “supuestos protocolos de actuación”, documentos cuya existencia ha defendido el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP).

Para IU, la documentación entregada “confirma una grave falta de organización, de control y de responsabilidad política” en la gestión del desplome el pasado 3 de marzo, en la franja norte de la ciudad, por el que fallecieron seis personas y una resultó herida, “así como en el funcionamiento de los mandos policiales municipales”. Por ello, el concejal de la formación, Keruin Martínez, ha señalado que “como veníamos advirtiendo, todo apunta a que, si existía algún protocolo, no era operativo ni estaba implantado en el servicio” frenta a un aviso.

El colapso de la pasarela de El Bocal, vino precedido el 2 de marzo por una llamada de aviso al 112: un vecino alertó sobre el mal estado de la pasarela y el 112 comunicó la información de la llamada a una agente del Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local, que pasó a ser investigada en la actual fase de instrucción, así como la gestora del 112.

Después, la alcaldesa de Santander defendió la existencia de un “software” de gestión de llamadas y de un protocolo operativo en la Policía Local; los sindicatos policiales lo desmintieron desde un inicio y SIEP y APLB solicitaron en abril copias de los protocolos operativos, protocolos de actuación, circulares o instrucciones internas, porque defienden que son inexistentes. 

En este sentido, en la nota de prensa de IU, el partido advierte de que los sindicatos policiales han tenido que solicitar los citados protocolos “porque no eran conocidos ni accesibles para los agentes, lo que demuestra que no estaban implantados de forma efectiva”.

“Lo que estamos viendo es muy grave. No hablamos de un fallo puntual, sino de un problema estructural. Y ahora se confirma lo que llevan tiempo denunciando los sindicatos policiales: que no había un protocolo claro que garantizara una respuesta ante un aviso de estas características”, ha afirmado. “Si cuando alguien alerta de un riesgo inminente el sistema no responde, no estamos ante un error puntual, estamos ante un fallo institucional. Y eso es lo que ha quedado al descubierto en El Bocal”, ha enfatizado.

Asimismo, IU ha subrayado que el informe pericial describe un deterioro progresivo de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la ausencia de inspecciones durante años: “Confirma que no estamos ante un fallo repentino, sino ante una situación conocida que exigía actuar. Esa pasarela no debía estar en uso en esas condiciones, ni mucho menos seguir siendo promocionada como recurso turístico”, ha señalado Martínez.

En esta línea, el edil ha recordado la moción presentada por Izquierda Unida en 2019, aprobada por unanimidad, en la que se instaba a actuar sobre el estado de la senda litoral e incluso a intervenir de forma subsidiaria si no lo hacía Costas. “Había información, había advertencias y había margen de actuación. Lo que no hubo fue voluntad política, y demasiadas ganas de trasladar la responsabilidad a otras administraciones”, ha afirmado.

“El Ayuntamiento seguirá promocionando la senda”

IU ha advertido de que el Ayuntamiento “continuara promocionando” la senda costera y sus pasarelas como atractivo turístico en espacios como FITUR o en la propia web municipal, “pese al deterioro conocido”: “No se puede incentivar el uso de una infraestructura y, al mismo tiempo, desentenderse de su estado y de los riesgos que presenta”, ha criticado Martínez sobre las comparecencias de la alcaldesa en las que defendía que la promoción turística de la senda no tenía nada que ver con el mantenimiento de la pasarela, que -dijo- correspondería a la Demarcación de Costas.

Para Martínez, la información publicada en elDiario.es evidencia “una huida hacia adelante” del equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Gema Igual: “En lugar de asumir responsabilidades y aclarar por qué no existía un protocolo operativo, están dedicando todos sus esfuerzos —y recursos públicos— a encargar informes para tratar de eludirlas”, ha denunciado.

“Mientras no pueden acreditar que existiera un sistema preparado para responder a un aviso de este tipo, tampoco explican quién debía garantizar que esa alerta generara una actuación inmediata”, ha zanjado. 

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias ha respaldado este miércoles el borrador de la futura Ley de Policías, que regulará en un único cuerpo normativo el conjunto del sistema policial del archipiélago, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

De esta forma, supera la actual fragmentación derivada de la coexistencia de la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales, y de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria, cada una de las cuales atiende parcialmente a una sola dimensión del modelo policial canario.

El Gobierno señala que el texto consensuado también plantea un régimen estatutario común (acceso, escalas, formación, derechos, deberes, segunda actividad y régimen disciplinario), aplicable tanto a la Policía Autonómica Canaria como a los cuerpos de Policía Local Canaria, eliminando las asimetrías que hoy existen entre ambos colectivos en estas materias.

Por otro lado, se unifican las escalas y empleos de ambos cuerpos (Superior, Técnica, Ejecutiva, Básica y Facultativa), corrigiendo la dispersión actual derivada de las leyes vigentes, y se establece una identidad corporativa común que incluye el cambio de denominación a Policía Autonómica Canaria y Policía Local Canaria para consolidar la imagen institucional del sistema policial canario.

Respecto a la Policía Autonómica Canaria, el borrador supera la concepción más restringida de la Ley 2/2008 y actualiza su posición competencial como un cuerpo con plenitud funcional dentro del marco constitucional y estatutario.

La Comisión de Coordinación de Policías Locales ha aprobado también la propuesta para homogeneizar los símbolos y uniformidad de las Policías Locales de Canarias. La propuesta refuerza, por primera vez de forma sistemática, el concepto integrado de Policía Canaria (entendida como sistema configurado por la Policía Autonómica Canaria y los Cuerpos de Policía Local de Canarias), dotándola de una imagen visual común, reconocible y coherente.

Así, entre otras medidas, se unifica la tipografía, color y proporciones, sustituyendo la dispersión actual de leyendas, escudos y rotulaciones existentes en los distintos municipios del archipiélago para una presencia policial visualmente coherente en todo el territorio canario que contribuya a la inmediata identificación del agente de la autoridad.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, valora que se haya llegado a este consenso: “Agradezco a la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía que hayan primado el objetivo de contar con una nueva Ley de Policías de Canarias, aunque hayan tenido que hacer renuncias para alcanzar el acuerdo”.

Y añade que “la elaboración de un anteproyecto de esta envergadura, que afecta simultáneamente a la Administración autonómica, a las administraciones locales, al personal policial y a sus representantes, no admite soluciones unilaterales. En este proceso, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad, la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía han aportado, debatido, matizado y mejorado el texto desde sus respectivas perspectivas legítimas, pero con el objetivo común de dotarnos de un marco normativo policial moderno, coherente y operativo después de casi 30 años”.

El director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, destaca que el texto consensuado “refuerza la ordenación general y la coordinación supramunicipal con la creación del Consejo de Policía Canaria y una nueva regulación de la Comisión de Ordenación y Coordinación de los Cuerpos de Policía Local Canaria”.

“El primero se plantea como un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, integrado por representantes de las Policías de Canarias (Policía Autonómica, Policías Locales y sindicatos), y el segundo, como un órgano de participación consultivo y deliberante, constituido por miembros de distribución paritaria entre el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios”, explica David del Pino.

Según informa el Ejecutivo autonómico, el borrador será remitido ahora a los Servicios Jurídicos del Gobierno para empezar a tramitarse como proyecto de ley.

Usansolo, que a finales de 2023 se separó de Galdakao para constituirse como el municipio más joven de Euskadi, contará con un cuerpo de Policía integrado por cuatro agentes. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a la solicitud formulada por el Ayuntamiento, alegando que el Departamento de Seguridad ha emitido informes técnicos favorables. Se prevé que Usansolo supere pronto los 5.000 habitantes, escalón de población que exige ya por ley contar con un cuerpo propio.

“La iniciativa responde a la necesidad de dotar al municipio de recursos propios para hacer frente a diversas problemáticas detectadas en el ámbito de la seguridad y la convivencia. Entre ellas destacan el incremento del tráfico y los problemas de estacionamiento derivados, en parte, de la actividad del Hospital Universitario de Usansolo y de las obras del metro, así como la falta de medios para garantizar el cumplimiento de ordenanzas municipales, el control de actividades sujetas a licencia o la inspección de espectáculos, y actividades de comprobación y certificación relacionadas con viviendas”, explica el Gobierno vasco.

Hasta ahora, de las incidencias se ha encargado la Ertzaintza, que, según los datos ofrecidos por el Gobierno vasco, atendió 2.767 durante el año 2025. “La autorización aprobada no tiene impacto económico directo para la Administración autonómica y permitirá avanzar en la mejora de la seguridad, la gestión del tráfico y la convivencia ciudadana en el municipio, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades específicas de Usansolo”, abunda el Ejecutivo. Serán, según explicita, “una persona con categoría de agente primera y tres agentes de la escala básica”.

La Sección Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) en el Ayuntamiento de Telde ha denunciado la paralización del proceso de incorporación de forma definitiva de los 33 agentes en prácticas de la Policía Local que ya han superado todo el proceso selectivo, bloqueo que la Corporación local apoya en un sentencia que obliga a revisar parte de una de las pruebas del procedimiento, y que el sindicato considera que sin que exista resolución judicial que lo impida.

El Ayuntamiento de Telde informó este lunes que se encuentra a la espera del pronunciamiento definitivo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria para poder culminar el proceso selectivo de las 33 plazas de Policía Local en prácticas.

Según explica el Consistorio en un comunicado, la resolución judicial no anula la oposición en su conjunto, sino que estima parcialmente el recurso presentado por un aspirante al considerar que en la corrección del supuesto práctico se aplicó de forma “incorrecta” un criterio jurídico.

En concreto, el tribunal calificador habría valorado una respuesta basada en la aplicación de un precepto del Código Penal que no resultaba procedente para el caso planteado en el ejercicio, lo que afectó a la puntuación otorgada.

Por este motivo, el juzgado ordenó la nulidad parcial de esa valoración concreta y la retroacción del procedimiento, es decir, la revisión y nueva calificación del ejercicio afectado para todos los aspirantes, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso selectivo.

En estos momentos, el Ayuntamiento señala que el procedimiento se encuentra en fase de verificación judicial, con la intervención de las partes personadas en el proceso, que se encuentran trasladando sus consideraciones al órgano jurisdiccional, y añade que, “este trámite es determinante, ya que hasta que no exista un pronunciamiento judicial que valide la correcta ejecución de la sentencia, no es posible avanzar hacia la propuesta definitiva de nombramiento como funcionarios de carrera de los 33 agentes en prácticas”.

En este sentido, el sindicato sostiene que la Administración municipal se apoya en un supuesto “esperar al juez que carece de respaldo jurídico”, ya que, asegura, la sentencia dictada en octubre de 2025 “no ordena suspender los nombramientos ni paralizar el procedimiento”.

Según recuerda CCOO, el fallo judicial “se limita a declarar la nulidad de una parte concreta del proceso, la valoración de una pregunta de un supuesto práctico, y ordena retrotraer las actuaciones para su nueva corrección”, y agrega que, “en ningún caso, la sentencia establece la suspensión de los nombramientos ni impide culminar el procedimiento respecto a los aspirantes que han superado todas las fases”, subraya.

Destaca que el propio fallo deja claro que “sus efectos no pueden perjudicar a terceros de buena fe que ya han superado el proceso selectivo”, principio que CCOO considera “central” en este conflicto.

“Contradicciones” del Ayuntamiento

Para FSC-CCOO, resulta “contradictorio” que el Ayuntamiento “utilice esa misma sentencia como argumento para bloquear el nombramiento de quienes precisamente están protegidos por ella”.

El sindicato insiste en que el proceso selectivo está materialmente finalizado, donde “los agentes han superado la oposición, el curso selectivo y el periodo de prácticas, quedando únicamente pendiente el acto formal de su nombramiento”.

En este sentido, reitera en que solo una resolución judicial expresa, una medida cautelar o una norma concreta podrían justificar la paralización, “circunstancias que no concurren”, destaca.

Todo ello, según CCOO, se traduce en “una evidente inseguridad jurídica para los policías afectados, que acumulan más de 2.000 horas de servicio efectivo desempeñando funciones reales sin ver reconocida su condición de funcionarios de carrera”.

Ante este escenario, el sindicato ha presentado un recurso de reposición exigiendo el nombramiento “inmediato”, sin descartar acudir a la vía judicial si persiste el bloqueo.

FSC-CCOO confía en que el Ayuntamiento desbloquee la situación antes del periodo estival y culmine un proceso que considera ya agotado en su fase sustancial.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) ostenta la jefatura de la Policía Local —como del resto de funcionarios públicos municipales— pero el conflicto que mantiene con el colectivo de 262 agentes de este cuerpo policial no ha hecho más que crecer desde septiembre de 2025, cuando los sindicatos comenzaron a hacer pública la falta de cumplimiento del equipo de gobierno del Partido Popular en compromisos salariales adquiridos previamente. Siete meses después, los policías se han manifestado esta misma semana frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual ejerce como diputada, y ella les respondió en su siguiente comparecencia pública: “Me encantaría pagar mejor a la Policía, pero tendría que subir impuestos”. Tras esto, advierten ahora que habrá, por lo menos, cuatro protestas más en su contra.

La próxima concentración, anuncian fuentes sindicales, será el jueves 30 de abril en el pleno y en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Después tienen previsto regresar al antiguo Hospital de San Rafael, sede del Legislativo, para protestar en el Día de los Funcionarios (22 de mayo), e incluso para la inauguración prevista de Faro Santander, el nuevo museo del Banco Santander, que será en septiembre.

La Policía Local de Santander representa, ahora mismo, un tercio de la plantilla en activo del Consistorio. Esta permite a los agentes cierta posición de poder como masa laboral que explicaría por qué la alcaldesa sistemáticamente responde a las declaraciones sindicales, protestas o medidas de presión impopulares, como el aumento de multas, que ella misma hizo público tras semanas de especulaciones.

El viernes pasado, la alcaldesa dijo, tras consultar, que la Intervención General del Estado considera que el incremento salarial de la Policía Local “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando “el Ayuntamiento lleva trece años sin subir impuestos”, según su criterio. Tres días después, los integrantes de la Policía rpotestaron en el Parlamento y exigieron directamente la dimisión de Gema Igual. Ella reaccionó el martes ante los medios diciendo que prefería “volver a negociar”, antes que pagar un complemento pendiente.

El Ayuntamiento debería de tener una plantilla de 1.303 empleados públicos, pero los sindicatos calculan que hay 462 plazas sin cubrir actualmente. Esta situación convierte a la Policía Local en un colectivo con gran capacidad de presionar, hasta ahora con éxito relativo: este miércoles han empezado a cobrar atrasos correspondientes a 2025, según ha podido confirmar elDiario.es.

Dos meses para un acuerdo, dos años sin pagarse

El pago de un complemento que reivindican los agentes viene de hace dos años, en abril de 2024, que Ayuntamiento de Santander y sindicatos firmaron el cobro del complemento destino —que es un pago según nivel de responsabilidad— tras una negociación de dos meses. Ese trámite, aunque llevara años de demanda sindical, fue rápido. Pero no se hizo ni se ha hecho efectivo. Y tras año y medio de espera, a partir de septiembre de 2025, la tensión pública entre los agentes de la Policía Local y la alcaldesa se volvió evidente.

Junto con el complemento de destino, los agentes reclamaban el cobro del plus de Nochebuena y Nochevieja —aún sin abonar— y el pago de los atrasos que acaba de resolverse este miércoles. Entonces, los agentes arrancaron con las medidas de presión como la no ejecución de horas extraordinarias —que se mantiene por el retraso sistemático en su pago, defienden fuentes sindicales— , una protesta inédita en el brindis de Navidad y con un 'exceso de celo' en las multas, que la alcaldesa aseguró que se habrían multiplicado por ocho. En 2026, la Junta de Personal exigió la dimisión de dos altos cargos de Recursos Humanos, que el Ayuntamiento rechazó.

En marzo, el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela, provocó un efecto cascada: una agente de la Policía Local recibió un aviso del mal estado de la estructura el día antes, pero no transmitió la información y pasó a ser investigada por la jueza instructora; la alcaldesa cargó toda responsabilidad institucional en ella bajo la lógica de que “había fallado la cadena de respuesta” y esto exhibió el sistema informático básico con el que trabaja el Centro Coordinador de la Policía Local en Santander.

Después de la tragedia, mientras avanzaba el proceso judicial, los sindicatos de Policía Local abogaron por mantener un perfil bajo, hasta que en abril —dos años después del acuerdo del complemento de destino— han retomado las protestas, con la demanda de una policía unificada en Cantabria, con protocolos de actuación y coordinación conjuntos. Fuentes sindicales advierten ahora de que en Santander trabajan con chalecos antibalas “caducados” y que hay agentes que directamente carecen de ellos. Aseguran que, pese a haber cobrado los atrasos de 2025, “es de los últimos ayuntamientos en hacerlo efectivo”.

En la protesta del lunes frente al Parlamento, en la que no coincidieron con la diputada y alcaldesa Gema Igual, que demoró su llegada a la Cámara, los agentes recordaron, mientras pedían su dimisión, que tras obtener la mayoría absoluta en 2023, se aumentó el sueldo: “Llega a acuerdos en 2024 y en 2026 dice que no son legales, aunque los hayan firmado los concejales y el director de Recursos Humanos”, cuestionan fuentes sindicales respecto a un acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es “Después sale diciendo que ha quitado un 52% de deuda, pero a base de dejar la ciudad abandonada y a sus trabajadores también”, advierten para sintetizar un enfrentamiento inconcluso y del que se esperan nuevos episodios próximamente.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), mantiene un pulso desde el verano pasado con la Policía Local de Santander, que vivió su máximo nivel de presión en diciembre cuando hizo público un aumento exponencial de las multas y que, luego, alcanzó cierta tregua tras la tragedia de El Bocal, por ambas partes.

Ahora, Ayuntamiento y sindicatos han vuelto a hablar y la Policía Local ha pedido negociar mejoras salariales y de equipos de trabajo, escenificada este lunes en una protesta en la que han pedido su dimisión frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual es diputada. Un día después de la concentración, Igual ha advertido este martes: “Me encantaría pagar más dinero a la policía local, pero a lo mejor tengo que subir impuestos para ello”.

La alcaldesa ha dicho esto en alusión a la policía local “y a todos los funcionarios”. Ha señalado que “respeta las reivindicaciones de la policía”, pero ha enfatizado que una subida salarial requiere “un camino correcto”. “Me encantaría hacer caso a todos los colectivos y que todos ganasen todo lo que quisieran, pero a veces igual no es lo oportuno o no lo soporta un expediente”, ha dicho antes de abogar por seguir negociando con los representantes de la policía.

En las últimas dos semanas, la Junta de Personal del Ayuntamiento ha tenido dos reuniones con el director general de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia, de quien pidieron su dimisión este año, para reclamar acuerdos que considera incumplidos para la policía local, cuya plantilla asciende a 260 agentes. Por eso, han iniciado una serie de protestas en actos públicos.

Igual ha respondido tras la primera protesta, frente al Parlamento regional: “Están en todo su derecho”, ha indicado la alcaldesa, quien ha recalcado que tiene “en mucha estima al colectivo de la policía local y a los policías locales”, pero más “a todos los santanderinos y a hacer bien las cosas”.

La alcaldesa explicó el pasado viernes que la Intervención municipal considera que el incremento salarial “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando el Ayuntamiento lleva “trece años sin subir impuestos”.

En una sentencia, no exenta de polémica, la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a uno de los dos miembros de la Policía Local de Oviedo que fueron juzgados, el pasado mes de diciembre, acusados de un delito de lesiones tras protagonizar un incidente, el 24 de junio de 2022, con dos estudiantes de Medicina.

Los dos jóvenes se encontraban, en una zona apartada, en el interior de su coche y se dieron a la fuga cuando los acusados se acercaron a su vehículo para pedir la documentación. Ninguno de los dos policías iba uniformado y se habían desplazado a la zona en un coche camuflado.

Casi cuatro meses han transcurrido desde que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declaró visto para sentencia el juicio hasta que se ha hecho pública la resolución judicial.

Un voto particular

Las diferencias de valoración de la prueba entre las tres magistradas que integran el tribunal se han visto reflejadas con la emisión de un voto particular de una de ellas que se inclinó hacia la absolución de ambos policías.

El voto particular responde a la percepción de la magistrada de que la actuación del policía ahora condenado no fue dolosa y que su intervención se produjo ante la creencia de que su compañero -que resultó absuelto- corría un riesgo inminente de atropello tras haberle pasado por encima de un pie el coche de las víctimas al emprender la huida.

Sin uniforme y en coche camuflado

La sentencia da veracidad a la versión de las víctimas que sostenían que no habían identificado a los acusados como policías al ir vestidos sin uniforme y en un coche camuflado, sin distintivos oficiales.

La resolución judicial declara probado que, el 24 de junio de 2022, los dos policías llegaron a las nueve de la noche hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de La Florida, en la capital asturiana, y vieron el coche de la pareja que estaba estacionado.

Creyeron que no eran policías

Tras bajarse del coche, los policías se dirigieron a pie hasta el lugar donde se encontraban los estudiantes y el acusado ahora condenado le pidió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse.

Sin embargo, el conductor al desconfiar de que se tratara de agentes de la autoridad y al sentir miedo por su integridad y la de la chica que le acompañaba, “arrancó el coche y realizó una maniobra de huida”.

Tres disparos

Cuando el vehículo conducido por el joven ya había recorrido un número no determinado de metros en su recorrido para abandonar el lugar, uno de los policías, “con la única intención de evitar que el vehículo continuara la marcha, sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos que alcanzaron el lateral izquierdo del vehículo: dos de ellos en la puerta trasera izquierda y otro en la delantera”, según se recoge en la sentencia.

Pese a los disparos, el joven continuó la marcha mientras su acompañante llamaba al 112 para relatar lo ocurrido y pedir auxilio.

La detención

Los agentes persiguieron a la pareja con su vehículo hasta darles alcance en la calle Luis José de Ávila Fernández, donde el policía que resultó absuelto detuvo al joven “empleando para ello la fuerza mínima imprescindible y causándole lesiones consistentes en marca por agarr” en un brazo y erosión en la piel en una rodilla“, continúa la resolución judicial.

Las lesiones

Tanto el joven como su acompañante sufrieron lesiones psíquicas por las que recibieron tratamiento farmacológico y psicológico.

Durante el juicio, los jóvenes reiteraron que en varias ocasiones pidieron perdón a los policías por haber huido, una vez que se enteraron que sí pertenecían a la Policía Local.

Ambos alegaron que la confusión se había debido a no ir identificados como policías cuando les requirieron la documentación, de noche y cuando estaban “en un lugar tranquilo al que habían ido en otras ocasiones”.

La proporcionalidad

La sentencia es condenatoria para uno de los dos policías por las lesiones psíquicas sufridas por la pareja y que, según el tribunal, tuvieron su origen “en la dolosa forma de proceder” del policía al disparar contra su coche.

El agente que detuvo al conductor ha sido absuelto tras constatarse que la levedad de las lesiones físicas reflejan que su forma de actuar fue correcta y que “no empleó una fuerza superior a la mínima imprescindible”.