La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) ostenta la jefatura de la Policía Local —como del resto de funcionarios públicos municipales— pero el conflicto que mantiene con el colectivo de 262 agentes de este cuerpo policial no ha hecho más que crecer desde septiembre de 2025, cuando los sindicatos comenzaron a hacer pública la falta de cumplimiento del equipo de gobierno del Partido Popular en compromisos salariales adquiridos previamente. Siete meses después, los policías se han manifestado esta misma semana frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual ejerce como diputada, y ella les respondió en su siguiente comparecencia pública: “Me encantaría pagar mejor a la Policía, pero tendría que subir impuestos”. Tras esto, advierten ahora que habrá, por lo menos, cuatro protestas más en su contra.

La próxima concentración, anuncian fuentes sindicales, será el jueves 30 de abril en el pleno y en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Después tienen previsto regresar al antiguo Hospital de San Rafael, sede del Legislativo, para protestar en el Día de los Funcionarios (22 de mayo), e incluso para la inauguración prevista de Faro Santander, el nuevo museo del Banco Santander, que será en septiembre.

La Policía Local de Santander representa, ahora mismo, un tercio de la plantilla en activo del Consistorio. Esta permite a los agentes cierta posición de poder como masa laboral que explicaría por qué la alcaldesa sistemáticamente responde a las declaraciones sindicales, protestas o medidas de presión impopulares, como el aumento de multas, que ella misma hizo público tras semanas de especulaciones.

El viernes pasado, la alcaldesa dijo, tras consultar, que la Intervención General del Estado considera que el incremento salarial de la Policía Local “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando “el Ayuntamiento lleva trece años sin subir impuestos”, según su criterio. Tres días después, los integrantes de la Policía rpotestaron en el Parlamento y exigieron directamente la dimisión de Gema Igual. Ella reaccionó el martes ante los medios diciendo que prefería “volver a negociar”, antes que pagar un complemento pendiente.

El Ayuntamiento debería de tener una plantilla de 1.303 empleados públicos, pero los sindicatos calculan que hay 462 plazas sin cubrir actualmente. Esta situación convierte a la Policía Local en un colectivo con gran capacidad de presionar, hasta ahora con éxito relativo: este miércoles han empezado a cobrar atrasos correspondientes a 2025, según ha podido confirmar elDiario.es.

Dos meses para un acuerdo, dos años sin pagarse

El pago de un complemento que reivindican los agentes viene de hace dos años, en abril de 2024, que Ayuntamiento de Santander y sindicatos firmaron el cobro del complemento destino —que es un pago según nivel de responsabilidad— tras una negociación de dos meses. Ese trámite, aunque llevara años de demanda sindical, fue rápido. Pero no se hizo ni se ha hecho efectivo. Y tras año y medio de espera, a partir de septiembre de 2025, la tensión pública entre los agentes de la Policía Local y la alcaldesa se volvió evidente.

Junto con el complemento de destino, los agentes reclamaban el cobro del plus de Nochebuena y Nochevieja —aún sin abonar— y el pago de los atrasos que acaba de resolverse este miércoles. Entonces, los agentes arrancaron con las medidas de presión como la no ejecución de horas extraordinarias —que se mantiene por el retraso sistemático en su pago, defienden fuentes sindicales— , una protesta inédita en el brindis de Navidad y con un 'exceso de celo' en las multas, que la alcaldesa aseguró que se habrían multiplicado por ocho. En 2026, la Junta de Personal exigió la dimisión de dos altos cargos de Recursos Humanos, que el Ayuntamiento rechazó.

En marzo, el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela, provocó un efecto cascada: una agente de la Policía Local recibió un aviso del mal estado de la estructura el día antes, pero no transmitió la información y pasó a ser investigada por la jueza instructora; la alcaldesa cargó toda responsabilidad institucional en ella bajo la lógica de que “había fallado la cadena de respuesta” y esto exhibió el sistema informático básico con el que trabaja el Centro Coordinador de la Policía Local en Santander.

Después de la tragedia, mientras avanzaba el proceso judicial, los sindicatos de Policía Local abogaron por mantener un perfil bajo, hasta que en abril —dos años después del acuerdo del complemento de destino— han retomado las protestas, con la demanda de una policía unificada en Cantabria, con protocolos de actuación y coordinación conjuntos. Fuentes sindicales advierten ahora de que en Santander trabajan con chalecos antibalas “caducados” y que hay agentes que directamente carecen de ellos. Aseguran que, pese a haber cobrado los atrasos de 2025, “es de los últimos ayuntamientos en hacerlo efectivo”.

En la protesta del lunes frente al Parlamento, en la que no coincidieron con la diputada y alcaldesa Gema Igual, que demoró su llegada a la Cámara, los agentes recordaron, mientras pedían su dimisión, que tras obtener la mayoría absoluta en 2023, se aumentó el sueldo: “Llega a acuerdos en 2024 y en 2026 dice que no son legales, aunque los hayan firmado los concejales y el director de Recursos Humanos”, cuestionan fuentes sindicales respecto a un acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es “Después sale diciendo que ha quitado un 52% de deuda, pero a base de dejar la ciudad abandonada y a sus trabajadores también”, advierten para sintetizar un enfrentamiento inconcluso y del que se esperan nuevos episodios próximamente.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), mantiene un pulso desde el verano pasado con la Policía Local de Santander, que vivió su máximo nivel de presión en diciembre cuando hizo público un aumento exponencial de las multas y que, luego, alcanzó cierta tregua tras la tragedia de El Bocal, por ambas partes.

Ahora, Ayuntamiento y sindicatos han vuelto a hablar y la Policía Local ha pedido negociar mejoras salariales y de equipos de trabajo, escenificada este lunes en una protesta en la que han pedido su dimisión frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual es diputada. Un día después de la concentración, Igual ha advertido este martes: “Me encantaría pagar más dinero a la policía local, pero a lo mejor tengo que subir impuestos para ello”.

La alcaldesa ha dicho esto en alusión a la policía local “y a todos los funcionarios”. Ha señalado que “respeta las reivindicaciones de la policía”, pero ha enfatizado que una subida salarial requiere “un camino correcto”. “Me encantaría hacer caso a todos los colectivos y que todos ganasen todo lo que quisieran, pero a veces igual no es lo oportuno o no lo soporta un expediente”, ha dicho antes de abogar por seguir negociando con los representantes de la policía.

En las últimas dos semanas, la Junta de Personal del Ayuntamiento ha tenido dos reuniones con el director general de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia, de quien pidieron su dimisión este año, para reclamar acuerdos que considera incumplidos para la policía local, cuya plantilla asciende a 260 agentes. Por eso, han iniciado una serie de protestas en actos públicos.

Igual ha respondido tras la primera protesta, frente al Parlamento regional: “Están en todo su derecho”, ha indicado la alcaldesa, quien ha recalcado que tiene “en mucha estima al colectivo de la policía local y a los policías locales”, pero más “a todos los santanderinos y a hacer bien las cosas”.

La alcaldesa explicó el pasado viernes que la Intervención municipal considera que el incremento salarial “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando el Ayuntamiento lleva “trece años sin subir impuestos”.

En una sentencia, no exenta de polémica, la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a uno de los dos miembros de la Policía Local de Oviedo que fueron juzgados, el pasado mes de diciembre, acusados de un delito de lesiones tras protagonizar un incidente, el 24 de junio de 2022, con dos estudiantes de Medicina.

Los dos jóvenes se encontraban, en una zona apartada, en el interior de su coche y se dieron a la fuga cuando los acusados se acercaron a su vehículo para pedir la documentación. Ninguno de los dos policías iba uniformado y se habían desplazado a la zona en un coche camuflado.

Casi cuatro meses han transcurrido desde que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declaró visto para sentencia el juicio hasta que se ha hecho pública la resolución judicial.

Un voto particular

Las diferencias de valoración de la prueba entre las tres magistradas que integran el tribunal se han visto reflejadas con la emisión de un voto particular de una de ellas que se inclinó hacia la absolución de ambos policías.

El voto particular responde a la percepción de la magistrada de que la actuación del policía ahora condenado no fue dolosa y que su intervención se produjo ante la creencia de que su compañero -que resultó absuelto- corría un riesgo inminente de atropello tras haberle pasado por encima de un pie el coche de las víctimas al emprender la huida.

Sin uniforme y en coche camuflado

La sentencia da veracidad a la versión de las víctimas que sostenían que no habían identificado a los acusados como policías al ir vestidos sin uniforme y en un coche camuflado, sin distintivos oficiales.

La resolución judicial declara probado que, el 24 de junio de 2022, los dos policías llegaron a las nueve de la noche hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de La Florida, en la capital asturiana, y vieron el coche de la pareja que estaba estacionado.

Creyeron que no eran policías

Tras bajarse del coche, los policías se dirigieron a pie hasta el lugar donde se encontraban los estudiantes y el acusado ahora condenado le pidió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse.

Sin embargo, el conductor al desconfiar de que se tratara de agentes de la autoridad y al sentir miedo por su integridad y la de la chica que le acompañaba, “arrancó el coche y realizó una maniobra de huida”.

Tres disparos

Cuando el vehículo conducido por el joven ya había recorrido un número no determinado de metros en su recorrido para abandonar el lugar, uno de los policías, “con la única intención de evitar que el vehículo continuara la marcha, sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos que alcanzaron el lateral izquierdo del vehículo: dos de ellos en la puerta trasera izquierda y otro en la delantera”, según se recoge en la sentencia.

Pese a los disparos, el joven continuó la marcha mientras su acompañante llamaba al 112 para relatar lo ocurrido y pedir auxilio.

La detención

Los agentes persiguieron a la pareja con su vehículo hasta darles alcance en la calle Luis José de Ávila Fernández, donde el policía que resultó absuelto detuvo al joven “empleando para ello la fuerza mínima imprescindible y causándole lesiones consistentes en marca por agarr” en un brazo y erosión en la piel en una rodilla“, continúa la resolución judicial.

Las lesiones

Tanto el joven como su acompañante sufrieron lesiones psíquicas por las que recibieron tratamiento farmacológico y psicológico.

Durante el juicio, los jóvenes reiteraron que en varias ocasiones pidieron perdón a los policías por haber huido, una vez que se enteraron que sí pertenecían a la Policía Local.

Ambos alegaron que la confusión se había debido a no ir identificados como policías cuando les requirieron la documentación, de noche y cuando estaban “en un lugar tranquilo al que habían ido en otras ocasiones”.

La proporcionalidad

La sentencia es condenatoria para uno de los dos policías por las lesiones psíquicas sufridas por la pareja y que, según el tribunal, tuvieron su origen “en la dolosa forma de proceder” del policía al disparar contra su coche.

El agente que detuvo al conductor ha sido absuelto tras constatarse que la levedad de las lesiones físicas reflejan que su forma de actuar fue correcta y que “no empleó una fuerza superior a la mínima imprescindible”.

Un representante del Sindicato de Empleados Públicos y Privados de Cantabria (SIEP), Óscar Gómez, ha reclamado este jueves en el Parlamento de Cantabria mejores medios técnicos y programas de gestión adecuados para la Policía Local de todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma. El sindicalista ha expresado esta reivindicación en la comparecencia ante la comisión parlamentaria para informar sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales.

Además de reivindicar la carrera profesional de los agentes locales, el sindicalista ha añadido que hay otro tema que les gustaría que se hubiese incluido en esta normativa, que son los medios técnicos y un programa de gestión. “Lo lógico y normal es que si la Policía Local de Santander para a una persona con antecedentes” -ha puesto como ejemplo- “si al día siguiente va a otro ayuntamiento colindante que los policías solo con el DNI ya sepan que ha estado localizado el día antes en Santander”. “Hoy en día hay programas buenísimos”, ha añadido.

“El Gobierno de Cantabria debería apostar porque todos los policías locales de Cantabria tengan ese programa informático y que unifique datos”, ha reclamado en su exposición ante la comisión parlamentaria. Gómez se ha referido al caso del software que “supuestamente” compró el Ayuntamiento de Santander. “Únicamente se hizo un contrato menor que permite probar un programa durante un año y ni siquiera se llegó a probar porque no se conectó, hubo muchos problemas con el servicio de Informática del Ayuntamiento de Santander”, ha lamentado. En este sentido, ha explicado también que él trabaja precisamente en el centro coordinador de servicios “que es donde más se va a utilizar ese programa y no se llegó nunca a poner”. “Seguimos con un Excel y un Oracle, que es una base de datos sin más”, remató.

En respuesta a los turnos de intervención de los representantes de los grupos políticos ha reiterado la petición de un programa de gestión unificada de todos los ayuntamientos y ha destacado que “la razón que nos han dado para no entrar a eso es principalmente económica”. Cada municipio que tiene Policía Local en Cantabria tiene una manera de gestionarla, tiene un programa de gestión diferente: “Nosotros lo solicitamos porque creemos que es esencial, pero el principal problema es económico”, ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que para utilizar estos programas de gestión se necesitan unas emisoras, unas PDA, que permitan gestionarlo desde la propia patrulla. “En Santander cambiaron el sistema y compraron uno que le están quitando ya de todos los sitios porque es muy antiguo”. “Ahora más o menos funciona, pero es muy antiguo”, ha concluido.

Las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO denuncian públicamente la desprotección del municipio de Haro tras quedar nuevamente el turno de tarde de la Policía Local cubierto por un único agente durante todo el fin de semana, “comprometiendo gravemente la seguridad ciudadana y la integridad física del policía”, según destacan.

Los sindicatos han criticado que en la mesa de negociación abierta, “el equipo de Gobierno acude con propuestas carentes de cualquier rigor o viabilidad, planteamientos tan deficientes que resultan inasumibles y que evidencian una falta de voluntad real para solucionar el déficit estructural de la plantilla”.

Además, afean a la Corporación haber afirmado “que la existencia de partidas presupuestarias específicas para el cumplimiento de los acuerdos no vincula necesariamente su ejecución, llegando a argumentar de forma inverosímil que ”el dinero no es para eso“”. “Este ejercicio de mala fe institucional supone un vaciamiento de contenido de la negociación colectiva y un desprecio a los compromisos adquiridos”, critican.

Ante esta situación, los sindicatos consideran que “el Ayuntamiento impone una gestión basada en decretos notificados a última hora que además vulneran el descanso mínimo de doce horas establecido por ley, al tiempo que autorizan sus días de permiso con una demora injustificada, concediéndolos apenas momentos antes de su inicio”.

“Todo ello dinamita la conciliación de los agentes, quienes se han visto obligados a cancelar viajes y eventos familiares ya programados, advierten tachando esta actuación de ”vulneración consciente de la legalidad y el uso de órdenes directas existiendo personal disponible de descanso para cubrir esos servicios“ y exigen el cese inmediato de estas prácticas y la presentación de una propuesta de acuerdo ”digna, vinculante y ajustada a la realidad del servicio“.

El Gobierno de La Rioja ha dado este martes, día 10, un paso decisivo para reforzar la seguridad ciudadana y apoyar a los ayuntamientos riojanos con la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de la convocatoria de 39 nuevas plazas de Policía Local, correspondientes a distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

Esta convocatoria, impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Justicia e Interior, permitirá mejorar las plantillas municipales, cubrir vacantes existentes y reforzar la capacidad operativa de los cuerpos de Policía Local, dando respuesta a las necesidades trasladadas por los propios ayuntamientos.

Las plazas se distribuyen entre los municipios de Logroño (25), Calahorra (6), Arnedo (4), Haro (2), Nájera (1) y Santo Domingo de la Calzada (1), atendiendo a criterios objetivos de población, plantilla y situación de cada localidad.

Del total de plazas convocadas, 7 se cubrirán mediante el procedimiento de movilidad, lo que facilita una respuesta más ágil a las vacantes existentes, mientras que 32 plazas se ofertan por el sistema de oposición libre, favoreciendo el acceso de nuevos aspirantes y contribuyendo al relevo generacional en los cuerpos policiales locales.

Desde el Gobierno de La Rioja se subraya que esta convocatoria no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación continuada y coordinada con las entidades locales, orientada a garantizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos y la calidad de los servicios públicos en todo el territorio riojano.

Asimismo, esta oferta de empleo público refuerza la colaboración institucional entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos, respetando el marco competencial y facilitando a las corporaciones locales los recursos necesarios para atender las demandas de seguridad de la ciudadanía.

Las solicitudes se podrán presentar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. Toda la información para los interesados estará disponible en el apartado de empleo público de la web del Gobierno de La Rioja. 

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 59 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (30), por consumo de alcohol en la calle (9), por vociferar y causar molestias en la vía pública (10), por pintadas vandálicas (3), por ruidos en domicilio (2) y por otros actos que producen suciedad o daños (2).

En cuanto a la hostelería se interpusieron 3 denuncias, una por ejercer la actividad fuera de horario, otra por tener el espacio de terraza sin marcas delimitadoras y una tercera por permitir a los clientes sacar bebidas fuera del establecimiento.

Además de estas 59 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 12 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 11 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y una por desobediencia a agentes de la autoridad.

Y a ello hay que añadir 37 denuncias más en materia de seguridad vial (25 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).

La inseguridad se cronifica en Haro: la Policía Local vuelve a prestar servicio con un solo agente durante el fin de semana

Lo que comenzó como una crisis puntual en la Policía Local de Haro se ha consolidado ya como un “problema estructural”. Así lo han denunciado de forma conjunta los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, tras un nuevo fin de semana en el que la ciudad ha quedado protegida por un solo agente de servicio en el turno de mañana, repitiendo la situación de desprotección vivida hace apenas siete días.

Los representantes de los trabajadores señalan directamente a la Alcaldesa y a la Concejala delegada como responsables de esta “precariedad operativa”. Según explican, el equipo de Gobierno ha impuesto un calendario de servicios ignorando las advertencias previas sobre su presunta ilegalidad.

La denuncia sindical es especialmente grave en materia laboral: aseguran que se ha obligado a agentes a realizar turnos sin respetar el descanso mínimo de 12 horas que establece la ley. “Se está ignorando la normativa vigente y la jurisprudencia, poniendo en riesgo la integridad del propio agente y la seguridad ciudadana”, sostienen desde la plataforma sindical.

Respecto al intento del Ayuntamiento de cubrir las vacantes mediante horas extraordinarias, los sindicatos son tajantes: califican la medida de “paripé”. Argumentan que la oferta se lanzó a última hora, sin margen para la conciliación familiar y con el único objetivo de “trasladar la responsabilidad de la falta de efectivos a la plantilla”.

Para CCOO, CSIF y UGT, esta maniobra intenta ocultar una “gestión negligente” que atropella los derechos de los trabajadores en lugar de afrontar la falta de planificación real.

A pesar de la gravedad de los hechos, los sindicatos critican que la concejala del área lleve más de un mes sin convocar una reunión formal para buscar una solución consensuada. La falta de diálogo ha estancado un conflicto que, según los agentes, debería estar por encima de cualquier disputa política.

La representación sindical confía en que la próxima semana marque un punto de inflexión. “Esperamos que, tras su regreso de FITUR, la corporación traiga finalmente soluciones reales y una convocatoria en firme que cumpla con la ley”, sentencian. Los sindicatos urgen al Gobierno municipal a priorizar la seguridad de los vecinos de Haro antes de que la situación derive en consecuencias irreversibles.

La nit cau sobre Son Banya: carrers de terra, portals mig oberts, cotxes que entren i surten sense fer massa soroll i mirades que es creuen amb la rapidesa de qui no vol deixar rastre. En aquest poblat xabolista situat als afores de Palma, on la compravenda de droga forma part del paisatge quotidià i la presència policial és tan habitual com la desconfiança, un vehicle crida l'atenció dels agents de la Policia Nacional a la sortida del considerat major 'supermercat' de la droga a Mallorca. En inspeccionar-lo, troben diversos grams de cocaïna i, al maleter, uniformes de la Policia Local de Capdepera. Al turisme viatja un policia que, pel que sembla, acaba d'abastir-se de substàncies estupefaents, una circumstància que, malgrat estar fora de servei, li passarà factura.

Els fets van tenir lloc el passat mes de novembre. Després de tenir coneixement del succeït, l'Ajuntament d'aquest municipi va decidir suspendre d'ocupació i sou durant 102 dies l'agent a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. En el seu article 69 q., aquesta norma considera una falta greu -com la que s'ha aplicat en aquest cas- “emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos”. El precepte afegeix que “s'entén que hi ha habitualitat quan s'acrediten tres o més episodis d'embriaguesa o consum d'aquestes substàncies en un període d'un any”.

La resolució dictada pel Consistori, avançada per Última Hora i a la qual ha tingut accés elDiario.es, s'acull, així mateix, a l'article 69 y., que apunta a la “infracció de deures o obligacions legals inherents al càrrec o a la funció policial, quan es produeixin de forma greu i manifesta”. El document municipal inclou com a sanció accessòria la imposició d'un canvi de destinació de l'agent -integrant de la unitat nocturna- a una unitat sense accés a armes de foc si no s'acredita que ha deixat el consum. Una clàusula que no és habitual en tots els cossos, però sol aplicar-se en el cas d'agents amb accés operatiu a armes, com succeeix en aquest cas.

L'Ajuntament de Capdepera ha suspès d'ocupació i sou l'agent durant 102 dies a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, que considera una falta greu 'emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos'

Un debat incòmode per a les institucions

El cas reobre un debat incòmode per a les institucions: fins a quin punt l'exigència d'exemplaritat recau sobre els membres dels cossos policials fins i tot quan estan fora de torn i com es gestiona la confusa frontera entre la vida privada i la credibilitat pública dels qui porten una arma i representen l'Estat. Una circumstància, a més a més, que esdevé un desafiament en regions com Balears, que combinen un flux constant de turisme internacional amb rutes afavorides per la logística marítima, i on el transport, la distribució i el consum de drogues s'entrellacen amb la vida quotidiana de zones com Son Banya, un dels principals focus de venda d'estupefaents i escenari d'operacions policials com la que, a l'agost de l'any passat, va desarticular una de les xarxes de narcotràfic més grans que han operat a Mallorca.

De fet, el cas del policia local de Capdepera no és aïllat. A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que, al gener de 2019, van ser interceptats per la Policia Municipal de Madrid a la sortida d'una barraca “sospitosa” de la Cañada Real per “ésser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig”. Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta “molt greu” d'“abús i atribucions que causi greu dany als ciutadans o a l'Administració”. La sanció va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. Els funcionaris van recórrer davant el TS en considerar que s'havia vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, la seva presumpció d'innocència i el seu dret a un procés amb totes les garanties. Els magistrats van avalar la mesura disciplinària.

A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que van ser interceptats a la sortida d'una barraca "sospitosa" de la Cañada Real (Madrid) per "ser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig". Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta "molt greu"

Al desembre de 2022, un guàrdia civil va ser identificat al barri de La Tafalera d'Elda (Alacant): portant una xeringa, es va identificar com a agent de l'Institut Armat i “toxicomaníac” i va manifestar als policies que es trobava sota la síndrome d'abstinència i que anava a comprar droga. El funcionari va ser sancionat per falta greu per haver protagonitzat “conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil”, mesura que va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. La sentència assenyalava que “els membres de la Guàrdia Civil han de mostrar un comportament irreproxable en tot moment, no només en acte de servei, també en relació amb tercers”.

Per contra, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va anul·lar el 2017 una ordre de suspensió d'ocupació imposada a un agent de la Policia Nacional que va donar positiu en drogues en una prova capil·lar: l'anàlisi va determinar que havia consumit substàncies psicotròpiques després d'assistir a un macrofestival a Arganda. La sentència, consultada per elDiario.es, no posa en dubte els fets -que considerava “incontestables”-, ni les proves -es van dur a terme i fins i tot l'agent va prestar el seu consentiment exprés per a les mateixes-. La sanció va quedar sense efecte, tanmateix, per un motiu que els magistrats consideraven clau: l'Administració no havia acreditat l'element que exigeix el tipus disciplinari aplicat, és a dir, que el consum fos habitual -definit habitualitat com a tres o més episodis en un any- o que hagués afectat la imatge del cos, tal com exigeix la llei que regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia.

En el cas dels policies nacionals, la normativa que regula el seu règim disciplinari exigeix que l'Administració acrediti que el consum és habitual -tres o més episodis en un any- o que afecti la imatge del cos

El límit entre el públic i el privat

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que sí han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no sanciona únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos. Fonts sindicals consultades per aquest periódic asseveren que aquesta confluència de factors no només situa el consum de drogues com a preocupació de salut i seguretat, sinó que intensifica la sensibilitat pública sobre la conducta dels agents encarregats de fer complir la llei.

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no castiga únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos

Les Policies Locals, a més de regir-se per les lleis generals, se sotmeten a reglaments disciplinaris propis de cada comunitat autònoma o municipi. En el cas de Balears, la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals regula de forma exhaustiva les faltes i sancions que poden imposar els ajuntaments als seus agents, des de les lleus fins a les molt greus. Els cossos policials a Espanya compten, a més, amb estatuts de conducta que, a més de sancionar actes delictius, regulen conductes que poden afectar la imatge institucional. Encara que consumir drogues fora de servei no és necessàriament un delicte -en molts casos pot constituir únicament una infracció administrativa- sí que pot ser considerat una falta disciplinària, especialment quan es tracta de personal la feina del qual és fer complir la llei.

Els informes oficials sobre consum de substàncies estupefaents, com l'enquesta ESTUDES del Pla Nacional sobre Drogues, mostren a més que l'ús de substàncies és una realitat estesa en la societat, cosa que no equival automàticament a una activitat delictiva organitzada. No obstant això, en el cas dels cossos policials, el focus no es limita a l'eventual responsabilitat penal, sinó que es desplaça al terreny administratiu i disciplinari: a més de la Llei de coordinació de policies locals en el cas de Balears, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) empara que les administracions imposin mesures disciplinàries als seus funcionaris per accions incompatibles amb els deures del càrrec, fins i tot si es produeixen fora de servei, precisament per l'impacte que poden tenir en la confiança pública i en la credibilitat de la institució.

Aquest mateix criteri de responsabilitat reforçada es reprodueix també en els cossos policials d'àmbit estatal. La Llei Orgànica 4/2010, de règim disciplinari del Cos Nacional de Policia permet sancionar conductes que no necessàriament constitueixen un delicte o que es produeixen fora de l'horari de servei quan es considera que comprometen la dignitat del càrrec, el prestigi de la institució o la correcta prestació del servei. En la pràctica, aquest marc disciplinari parteix d'una idea comú a la funció pública, però especialment exigent en cossos armats: la conducta privada d'un agent pot tenir conseqüències professionals si afecta la confiança ciutadana o planteja dubtes sobre la seva idoneïtat per exercir funcions policials.

Un problema laboral -fins i tot fora de torn-

Encara que a Espanya consumir drogues no sempre condueix a una condemna penal, el marge de tolerància s'estreny quan qui ho fa porta una placa. En els cossos policials, el consum pot convertir-se en un problema laboral i disciplinari fins i tot fora de torn, perquè entra en joc la seguretat -pròpia i de tercers- i la credibilitat d'una institució armada. Per això, en determinats contextos i sota protocols interns, un agent pot ser sotmès a controls toxicològics si hi ha indicis, sempre amb garanties i límits lligats a drets com la intimitat.

Mentre el Codi Penal reserva els seus càstigs per al tràfic i altres conductes més greus, la resposta més habitual davant el consum en espais públics es mou en el terreny administratiu: la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana -més coneguda com la llei mordassa-, sanciona la tinença o el consum a la via pública amb multes que poden anar de 601 a 30.000 euros, fins i tot quan es tracta de quantitats per a ús propi.

En aquest marc, una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és “un espai dotat de certs caràcters de privacitat”. Aquesta mesura ha generat controvèrsia, especialment entre els sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil, que obvien la finalitat garantista de la mateixa i creuen que aboca a una “normalització” implícita del consum.

Una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és "un espai dotat de certs caràcters de privacitat"

Per altra banda, l'European Code of Police Ethics del Consell d'Europa assenyala que la legitimitat d'un cos policial no només depèn de la seva capacitat per mantenir l'ordre, sinó també que la seva conducta -i la percepció d'aquesta conducta- respecti la dignitat humana i els drets fonamentals. Aquest codi, que no és vinculant com a tal a Espanya però serveix de marc ètic per a les policies en societats democràtiques, sosté que la confiança pública està íntimament lligada al comportament dels agents, tant en servei com en la seva imatge davant la ciutadania.

Així mateix, l'últim European Drug Report 2025, l'informe anual més complet sobre la situació de les drogues a Europa elaborat per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues (EUDA), descriu un mercat il·lícit amb alts nivells d'oferta de substàncies com cànnabis i cocaïna i un creixent nombre de noves drogues sintètiques, cosa que representa una pressió persistent sobre les polítiques de seguretat i salut pública a tot el continent.

En el cas de Capdepera, l'escena no s'atura al maleter, on van aflorar els uniformes municipals al costat d'una presumpta compra de droga al lloc més vigilat de Mallorca. L'expedient disciplinari obert busca, com en altres casos similars registrats, delimitar fins a on arriba la responsabilitat d'un policia quan apaga l'emissora, es treu el propi i torna a ser un ciutadà més. La sanció imposada per l'Ajuntament no és únicament una resposta punitiva: és també un missatge cap a dins i cap a fora, un recordatori que la credibilitat del cos pot, en qüestió de minuts, quedar en entredit.

La noche cae sobre Son Banya: calles de tierra, portales a medio abrir, coches que entran y salen sin hacer demasiado ruido y miradas que se cruzan con la rapidez de quien no quiere dejar rastro. En este poblado chabolista situado a las afueras de Palma, donde la compraventa de droga forma parte del paisaje cotidiano y la presencia policial es tan habitual como la desconfianza, un vehículo llama la atención de los agentes de la Policía Nacional a la salida del considerado mayor 'supermercado' de la droga en Mallorca. Al inspeccionarlo, encuentran varios gramos de cocaína y, en el maletero, uniformes de la Policía Local de Capdepera. En el turismo viaja un policía que, al parecer, acaba de abastecerse de sustancias estupefacientes, una circunstancia que, pese a estar fuera de servicio, no le saldrá barata.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Ayuntamiento de este municipio de 13.200 habitantes situado en el extremo oriental de la isla decidió suspender de empleo y sueldo durante 102 días al agente al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears. En su artículo 69 q., esta norma considera una falta grave -como la que se ha aplicado en este caso- “embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo”. El precepto añade que “se entiende que hay habitualidad cuando se acrediten tres o más episodios de embriaguez o consumo de dichas sustancias en un periodo de un año”.

La resolución dictada por el Consistorio, adelantada por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge, asimismo, al artículo 69 y., que apunta a la “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. El documento municipal incluye como sanción accesoria la imposición de un cambio de destino del agente -integrante de la unidad nocturna- a una unidad sin acceso a armas de fuego si no se acredita que el agente ha dejado el consumo. Una cláusula que no es habitual en todos los cuerpos, pero suele aplicarse en el caso de agentes con acceso operativo a armas, como sucede en este caso.

El Ayuntamiento de Capdepera ha suspendido de empleo y sueldo al agente durante 102 días al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears, que considera una falta grave 'embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo'

Un debate incómodo para las instituciones

El caso reabre un debate incómodo para las instituciones: hasta qué punto la exigencia de ejemplaridad recae sobre los miembros de los cuerpos policiales incluso cuando están fuera de turno y cómo se gestiona la confusa frontera entre la vida privada y la credibilidad pública de quienes portan un arma y representan al Estado. Una circunstancia, además, que se torna un desafío en regiones como Balears, que combinan un flujo constante de turismo internacional con rutas favorecidas por la logística marítima, y donde el transporte, la distribución y el consumo de drogas se entrelazan con la vida cotidiana de zonas como Son Banya, uno de los principales focos de venta de estupefacientes y escenario de operaciones policiales como la que, en agosto del pasado año, desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca.

El caso del policía local de Capdepera no es aislado. En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que, en enero de 2019, fueron interceptados por la Policía Municipal de Madrid a su salida de una chabola “sospechosa” de la Cañada Real por “ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo”. Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta “muy grave” de “abuso y atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración”. La sanción fue confirmada por el Tribunal Militar Central. Los funcionarios recurrieron ante el TS al considerar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, su presunción de inocencia y su derecho a un proceso con todas las garantías. Los magistrados avalaron la medida disciplinaria.

En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que fueron interceptados a su salida de una chabola "sospechosa" de la Cañada Real (Madrid) por "ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo". Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta "muy grave"

En diciembre de 2022, un guardia civil fue identificado en el barrio de La Tafalera de Elda (Alicante): portando consigo una jeringuilla, se identificó como agente del Instituto Armado y “toxicómano” y manifestó a los policías que se encontraba bajo el síndrome de la abstinencia y que iba a comprar droga. El funcionario fue sancionado por falta grave al haber protagonizado “conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”, medida que fue confirmada por el Tribunal Militar Central. La sentencia señalaba que “los miembros de la Guardia Civil deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros”.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2017 una orden de suspensión de empleo impuesta a un agente de la Policía Nacional que dio positivo en drogas en una prueba capilar: el análisis determinó que había consumido sustancias psicotrópicas tras asistir a un macrofestival en Arganda. La sentencia, consultada por elDiario.es, no pone en duda los hechos -que consideraba “incontestables”-, ni las pruebas -se llevaron a cabo e incluso el agente prestó su consentimiento expreso para ello-. La sanción quedó sin efecto, sin embargo, por un motivo que los magistrados consideraban clave: la Administración no había acreditado el elemento que exige el tipo disciplinario aplicado, es decir, que el consumo fuese habitual -definiendo habitualidad como tres o más episodios en un año- o que hubiera afectado a la imagen del cuerpo, tal como exige la ley que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de los policías nacionales, la normativa que regula su régimen disciplinario exige que la Administración acredite que el consumo es habitual -tres o más episodios en un año- o que afecte a la imagen del cuerpo

El límite entre lo público y lo privado

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que sí han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no sanciona únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo. Fuentes sindicales consultadas por este periódico aseveran que esta confluencia de factores no solo sitúa el consumo de drogas como preocupación de salud y seguridad, sino que intensifica la sensibilidad pública sobre la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no castiga únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo

Las Policías Locales, además de regirse por las leyes generales, se someten a reglamentos disciplinarios propios de cada comunidad autónoma o municipio. En el caso de Balears, la Ley 4/2013 de Coordinación de las Policías Locales regula de forma exhaustiva las faltas y sanciones que pueden imponer los ayuntamientos a sus agentes, desde las leves hasta las muy graves. Los cuerpos policiales en España cuentan, además, con estatutos de conducta que, además de sancionar actos delictivos, regulan conductas que pueden afectar a la imagen institucional. Aunque consumir drogas fuera de servicio no es necesariamente un delito -en muchos casos puede constituir únicamente una infracción administrativa- sí puede ser considerado una falta disciplinaria, especialmente cuando se trata de personal cuyo trabajo es hacer cumplir la ley.

Los informes oficiales sobre consumo de sustancias estupefacientes, como la encuesta ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas, muestran además que el uso de sustancias es una realidad extendida en la sociedad, lo que no equivale automáticamente a una actividad delictiva organizada. Sin embargo, en el caso de los cuerpos policiales, el foco no se limita a la eventual responsabilidad penal, sino que se desplaza al terreno administrativo y disciplinario: además de la Ley de coordinación de policías locales en el caso de Balears, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ampara que las administraciones impongan medidas disciplinarias a sus funcionarios por acciones incompatibles con los deberes del cargo, incluso si se producen fuera de servicio, precisamente por el impacto que pueden tener en la confianza pública y en la credibilidad de la institución.

Ese mismo criterio de responsabilidad reforzada se reproduce también en los cuerpos policiales de ámbito estatal. La Ley Orgánica 4/2010, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía permite sancionar conductas que no necesariamente constituyen un delito o que se producen fuera del horario de servicio cuando se considera que comprometen la dignidad del cargo, el prestigio de la institución o la correcta prestación del servicio. En la práctica, este marco disciplinario parte de una idea común a la función pública, pero especialmente exigente en cuerpos armados: la conducta privada de un agente puede tener consecuencias profesionales si afecta a la confianza ciudadana o plantea dudas sobre su idoneidad para ejercer funciones policiales.

Un problema laboral -incluso fuera del turno-

Aunque en España consumir drogas no siempre conduce a una condena penal, el margen de tolerancia se estrecha cuando quien lo hace lleva una placa. En los cuerpos policiales, el consumo puede convertirse en un problema laboral y disciplinario incluso fuera del turno, porque entra en juego la seguridad -propia y de terceros- y la credibilidad de una institución armada. Por eso, en determinados contextos y bajo protocolos internos, un agente puede ser sometido a controles toxicológicos si existen indicios, siempre con garantías y límites ligados a derechos como la intimidad.

Mientras el Código Penal reserva sus castigos para el tráfico y otras conductas más graves, la respuesta más habitual ante el consumo en espacios públicos se mueve en el terreno administrativo: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como ley mordaza-, sanciona la tenencia o el consumo en la vía pública con multas que pueden ir de 601 a 30.000 euros, incluso cuando se trata de cantidades para uso propio.

En este marco, una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es “un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad”. Esta medida ha generado controversia, especialmente entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que obvian la finalidad garantista de la misma y creen que aboca a una “normalización” implícita del consumo.

Una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es "un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad"

Por otro lado, el European Code of Police Ethics del Consejo de Europa señala que la legitimidad de un cuerpo policial no solo depende de su capacidad para mantener el orden, sino también de que su conducta -y la percepción de esa conducta- respete la dignidad humana y los derechos fundamentales. Este código, que no es una vinculante como tal en España pero sirve de marco ético para las policías en sociedades democráticas, sostiene que la confianza pública está íntimamente ligada al comportamiento de los agentes, tanto en servicio como en su imagen ante la ciudadanía.

Asimismo, el último European Drug Report 2025, el informe anual más completo sobre la situación de las drogas en Europa elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), describe un mercado ilícito con altos niveles de oferta de sustancias como cannabis y cocaína y un creciente número de nuevas drogas sintéticas, lo que representa una presión persistente sobre las políticas de seguridad y salud pública en todo el continente.

En el caso de Capdepera, la escena no se detiene en el maletero, donde afloraron los uniformes municipales junto a una presunta compra de droga en el lugar más vigilado de Mallorca. El expediente disciplinario abierto busca, como en otros casos similares registrados, delimitar hasta dónde llega la responsabilidad de un policía cuando apaga la emisora, se quita el chaleco y vuelve a ser un ciudadano más. La sanción impuesta por el Ayuntamiento no es únicamente una respuesta punitiva: es también un mensaje hacia dentro y hacia fuera, un recordatorio de que la credibilidad del cuerpo puede, en cuestión de minutos, quedar en entredicho.

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 65 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (42), por consumo de alcohol en la calle (12), por vociferar y causar molestias en la vía pública (5), por pintadas vandálicas (2), por ejercer actividad sin licencia (1), y por otros actos que producen suciedad o daños (3).

Además de estas 65 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 17 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 12 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

Y a ello hay que añadir 23 denuncias más en materia de seguridad vial (15 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión de la próxima semana un nuevo decreto de las policías locales de Andalucía, que regulará cuestiones como el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada. Uno de los aspectos más novedosos que recoge es la eliminación del requisito de estatura mínima para ingresar en el cuerpo, además de permitir que, durante los periodos de práctica, se pueda “portar el arma reglamentaria”.

Así lo ha anunciado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación en Ronda (Málaga), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha expuesto que Andalucía cuenta con más de mil profesionales en este cuerpo y que garantizan la seguridad de todos los pueblos y municipios. Ha puesto además en valor la Ley andaluza de Policías Locales, como la “más moderna y avanzada” de España.

Pero ha anunciado que se dará un paso más con el decreto que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana y que será motivo de “alegría” no sólo para los policías locales, sino “también para la seguridad del conjunto de los andaluces”. Y ha avanzado que tras este decreto vendrá un segundo “que desarrollará la Ley de Policías Locales en Andalucía, que se referirá a los medios, al equipamiento, a la uniformidad, a la homogeneización de muchos criterios en relación” con este cuerpo.

“Necesidades reales del servicio”

Con el primer decreto que se aprobará la próxima semana se quiere dar “respuesta a las necesidades reales del servicio policial a nivel local, para situarnos a la altura de los modelos europeos más avanzados que hay en materia de seguridad pública”. Y en este sentido, una de las novedades más importantes “es, por ejemplo, la eliminación de la estatura mínima”, apuntando que “no tenía sentido que para la Policía Nacional y para la Guardia Civil ya no se exigiera esa estatura mínima y, sin embargo, para las policías locales todavía se sigue haciendo”.

“Ha quedado demostrado, evidentemente, que esta condición excluía a personas que estaban plenamente capacitadas, con talento, con vocación y con actitud”, ha dicho Sanz, apuntando que al eliminar ese requisito, se prioriza “lo esencial, que es el mérito, la preparación y el compromiso que deben de tener los policías locales, y no una cuestión como la estatura mínima”. “Esto que parece anecdótico tiene una enorme importancia y ha excluido durante décadas a muchos hombres y mujeres para poder ser policías locales”, ha sentenciado.

Ha añadido que el decreto también avanza en algo muy importante, “en materia de igualdad, mediante medidas específicas para los aspirantes en situación de, por ejemplo, de maternidad, garantizando que ninguna mujer quede en desventaja frente al resto del personal opositor”. “Una apuesta firme que hacemos a través de este decreto por la igualdad real de oportunidades, pero también por facilitar el acceso de las mujeres” a la policía local, según ha señalado el consejero.

Llevar el arma en las prácticas

Otro aspecto fundamental del decreto, según Sanz, es que se cambia “por completo el proceso formativo” de los policías locales, para que estén “más preparados y mejor dotados”. Así, se cambia el curso de ingreso, que se centrará exclusivamente en la formación que van a impartir tanto el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) como escuelas municipales acreditadas, mientras que las prácticas en plantilla se van a desarrollar de forma “separada, tutorizada y bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento”.

El alumnado, según Sanz, va a pasar ahora a un curso que va a tener al menos 650 horas lectivas y unas prácticas mínimas de tres meses, “lo que refuerza la calidad formativa, la claridad procedimental y la coherencia pedagógica”.

El decreto también dará respuesta a una “demanda histórica de los policías locales”: “La posibilidad de que, durante el periodo de prácticas, puedan portar el arma reglamentaria”, algo que sí se permite para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. “Una medida que garantiza seguridad operativa, coherencia formativa y homogeneidad con otros modelos policiales”, ha indicado el consejero.

Convocatoria unificada

Por primera vez, el decreto regulará las condiciones también “de algo muy importante para los ayuntamientos, que es la convocatoria unificada”. “De manera voluntaria, aquellos ayuntamientos que lo consideren se podrán sumar mediante acuerdo de la comisión de gobierno del pleno municipal a que seamos desde la Junta de Andalucía los encargados de todo ese proceso de desarrollo de la oferta pública de empleo”. Ésta se hará desde el ámbito local, pero se gestionará desde la administración autonómica.

“Esto va a permitir, por tanto, procesos más ágiles, más homogéneos, con mayores garantías y con menor coste para los ayuntamientos, y va a incentivar que todavía tengamos mayor número de policías locales en Andalucía”, según ha expresado el consejero. También se ha referido a un cambio en los sistemas de baremación, estableciendo un único modelo, y asegurando un proceso más “riguroso, más transparente y exigente”, al tiempo que también se actualizan con el decreto las pruebas físicas, ya que las actuales son de hace “muchas décadas”.

Otras novedades son la eliminación de los tramos de edad y la incorporación del circuito de agilidad, como ya ocurre en otros cuerpos policiales, lo que “garantiza criterios más objetivos, más operativos y más alineados con la realidad del servicio, porque esos tramos de edad que existían hoy en día tampoco tienen sentido”. Se renovarán “profundamente”, además, los temarios de formación de los policías locales para incluir nuevas materias.

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 51 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (15), por consumo de alcohol en la calle (10), por vociferar y causar molestias en la vía pública (7), por ruidos en domicilios (8), por pintadas vandálicas (1) y por otros actos que producen suciedad o daños (2). Asimismo, se formularon cinco denuncias a establecimientos de hostelería por diversas infracciones a la ordenanza de terrazas, así como otras tres por colocar mamparas de terraza de forma no autorizada.

Además de estas 51 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 7 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y a ello hay que añadir 28 denuncias más en materia de seguridad vial (20 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava ha condenado a dos policías locales de Vitoria a sendas multas de 1.800 euros y a indemnizar entre ambos con 4.380 euros a un joven de 16 años al que causaron diversas lesiones al emplear “una violencia excesiva y desproporcionada” para detenerlo por circular en patinete eléctrico por una zona peatonal. A su vez, se condena al Ayuntamiento de Vitoria como responsable civil subsidiario de ambos acusados.

Según el relato de los hechos incluido en la sentencia, recogida por Europa Press, sobre las 16:00 horas del 6 de marzo de 2023, los agentes acusados, que patrullaban uniformados en labores de seguridad ciudadana, requirieron al conductor de un patinete eléctrico, de viva voz y con la bocina, que se detuviera, dado que circulaba por una zona peatonal. La sentencia añade que el conductor del patinete, que en aquel momento tenía 16 años, “hizo caso omiso a las indicaciones policiales y emprendió la huida conduciendo el patinete a gran velocidad”.

Tras una persecución con sus motos, los dos policías locales se lanzaron sobre el menor “con una brusca y desproporcionada maniobra de placaje, teniéndolo agarrado por los hombros y por la cintura”; y tirándolo al suelo ajardinado “boca arriba”, para posteriormente situarse sobre él. La Audiencia alavesa añade que los agentes pusieron boca abajo al joven para reducirlo y ponerle las esposas, “asumiendo que podrían menoscabar la integridad física” del joven, del que en ese momento no tenían constancia de su condición de menor de edad.

“Gritaba pidiendo auxilio”

El relato de lo ocurrido incluido en la resolución judicial señala que los policías “hicieron presión de forma brusca e innecesaria con sus brazos y rodillas sobre distintas partes” del cuerpo del menor, mientras este “gritaba pidiendo auxilio”. Como consecuencia, el joven presentó dolor y edema en puente nasal, dolor en hueso malar izquierdo/maxilar superior, dolor en arcada superior dental derecha sin rotura ni luxación de piezas dentales, erosiones superficiales y dolorosas en ambas muñecas, dolor a la palpación y a la movilización de testículo derecho, dolor en cara externa/tercio inferior de muslo derecho y fractura de huesos propios nasales. Asimismo, sufrió ansiedad, miedo y otras consecuencias psicológicas durante meses.

La sentencia añade que “pese a lo que declaran los acusados, no ha resultado suficientemente acreditado” que una vez apeado del patinete, el menor “intentara huir o fuera a por alguno” de los agentes, “ni que una vez en el suelo forcejeara con ellos braceando o proyectando patadas”. Por el contrario, indica “del conjunto de las diligencias de prueba practicadas sí ha quedado suficientemente acreditado” que una vez que el menor se apeó del patinete, “dejó la huida”, pese a lo cual los acusados emplearon “una violencia excesiva y desproporcionada para reducirlo, de modo que pudieron representarse que esa manera de ejercer la violencia podía causar lesiones como la fractura de huesos propios nasales”.

Por todo ello, la Audiencia de Álava condena a ambos como autores criminalmente responsables de un delito de lesiones, e impone a cada uno de ellos la pena de cuatro meses de multa, con una cuota diaria de quince euros, y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Ambos policías han sido absueltos de los delitos de trato degradante y tortura, por los que habían sido acusados en relación de subsidiariedad. Además, los dos agentes han sido condenados, como responsables civiles, a que de manera conjunta y solidaria, indemnicen al joven en la cantidad total de 4.380 euros, más intereses. A su vez, se condena al Ayuntamiento de Vitoria como responsable civil subsidiario de ambos acusados.

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calahorra “ha cancelado periodos vacacionales y permisos de la plantilla de la Policía Local mediante la imposición de resoluciones de alcaldía, concedidas en algunos casos con más de un mes de antelación”, lo que han considerado “una práctica inadmisible y unilateral”.

Según el sindicato policial, esta medida ha sido adoptada “de forma arbitraria y sin la preceptiva negociación con la Junta de Personal”, lo que, como advierten, “supone una vulneración flagrante de los derechos laborales más básicos de los agentes”. “La cancelación, que afecta a un número significativo de efectivos en fechas clave, no solo menoscaba la conciliación familiar y la salud de los trabajadores, sino que evidencia una falta de respeto hacia la dignidad profesional y el bienestar de quienes garantizan la seguridad en Calahorra”.

El SRPF reitera que los agentes de Policía, “lejos de poder planificar su vida personal, se han visto sometidos a la privación de un derecho fundamental como son las vacaciones o los permisos”. Según relatan, “esta situación ha generado un profundo malestar, en una plantilla, que en noviembre de 2023 presentó un documento firmado y avalado por toda la plantilla, que proponía soluciones para que los servicios extraordinarios en fechas de especial trascendencia no se quedaran descubiertos”.

Desde entonces, el equipo de gobierno calagurritano no solo ha despreciado esta propuesta, sino que tambien ha hecho oidos sordos a cada una de las propuestas de este sindicato, imponiendo como solución la cancelación de permisos y vacaciones de los agentes.

“La imposición solo genera desmotivación, desconfianza y una mayor desconexión entre la plantilla y quienes deberían velar por sus derechos. Una policía local desmoralizada no puede prestar el servicio de protección y seguridad que los ciudadanos de Calahorra merecen, especialmente en fechas de alta demanda, como las navideñas”, dicen desde el sindicato.

El SRPF insta una vez más al Ayuntamiento de Calahorra a “rectificar su actitud, abandonar la vía del decreto unilateral y sentarse a negociar de manera seria y constructiva”. “La solución pasa por el diálogo, no por la imposición, y por un acuerdo justo que asegure la cobertura de los servicios en periodos festivos, como el que ya dispone Logroño, Lardero o el cercano municipio de Arnedo, entre otros municipios”, subrayan.

El PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado sacar adelante el Plan de Navidad de la Policía Local presentado por el Gobierno municipal con el voto de calidad del alcalde José Luis Sanz tras la abstención de Vox. La propuesta –que había sido tumbada por la oposición al completo en el pleno del 26 de noviembre– entra en vigor finalmente este viernes 19 de diciembre, levantándose así el Plan de Emergencias en Nivel 1 activo desde el 28 de noviembre, que permitía movilizar a los agentes con carácter obligatorio ante la falta de acuerdo.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha agradecido la abstención de Vox como un “ejercicio de responsabilidad”, algo que ha reprochado a los grupos de izquierda que han mantenido su negativa al plan. “Son capaces de hacer política hasta con la seguridad de nuestros vecinos y ese es el acto más irresponsable que puede cometer un gestor público”, criticó el también delegado de Hacienda.

Se trata de la tercera vez que se presentaba el plan en el pleno municipal, esta vez debatido por la vía de urgencia. José Luis Sanz intentó aprobar el dispositivo a las puertas de las fiestas navideñas destinando 5,6 millones de euros para hacer frente a las horas extra necesarias para movilizar a los agentes. Ese documento –rechazado frontalmente por los sindicatos policiales– reducía casi a la mitad la duración del dispositivo respecto al año pasado y, además, contaba con un informe demoledor en su contra firmado por la Intervención municipal.

El órgano encargado de fiscalizar la gestión presupuestaria del Consistorio había emitido un reparo suspensivo al advertir que el plan de 5,6 millones vulneraba los límites legales y que el gasto en productividades había crecido de forma “exponencial” —de 10 millones en 2021 a 30 en el ejercicio actual— hasta agotar el crédito disponible en abril. El informe avisaba de que aprobar de golpe el pago de horas extra que contemplaba podía derivar en responsabilidades legales si el asunto terminaba en los tribunales.

Finalmente, la propuesta recoge un reconocimiento de 4,6 millones de euros y ha sido apoyado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato mayoritario de la Policía Local, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra junto con la abstención de UGT.

Críticas de los partidos de izquierda

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha defendido su voto al considerar que “las pocas novedades” del Plan son “las garantías del gobierno para que la seguridad no se vea comprometida durante estas fiestas”. Pese a ello, ha subrayado que “no es un cheque en blanco” y ha pedido al Ayuntamiento “que se ponga manos a la obra” para solucionar la situación del Cuerpo de Policía Local.

El resto de partidos de la oposición se han mostrado duros con la propuesta del Ayuntamiento. El concejal socialista, Juan Carlos Cabrera, ha señalado a Vox como “cómplice de denostar la Policía Local” y ha criticado la gestión del actual equipo de Gobierno como “una chapuza generalizada”.

En esta línea, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha defendido su rechazo al Plan en “defensa de los intereses de los trabajadores”. “Esto no es una solución política, es mover el problema a otro sitio”, ha afirmado.

El campo de fútbol el Terrer de Paiporta fue el escenario de una multitudinaria y emotiva ceremonia este viernes, donde se rindió homenaje a la solidaridad ciudadana y al esfuerzo de los cuerpos de seguridad. Más de 900 policías locales procedentes de toda España fueron condecorados en reconocimiento a su labor fundamental y participación en las cruciales tareas de rescate y auxilio durante la devastadora dana.

El acto, impulsado por la Policía Local de Paiporta y con el apoyo unánime del pleno del Ayuntamiento, congregó a más de 1.000 asistentes, reflejando el alcance nacional del reconocimiento. La nutrida asistencia incluyó a 36 alcaldes de 11 comunidades autónomas distintas, agentes de la guardia urbana y udaltzaingoa, miembros de la Guardia Civil de Paiporta y Protección Civil, además de representantes de la sociedad civil y vecinos.

Medalla de Oro para la ciudadanía de Paiporta

Durante la ceremonia, que fue presidida por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, la concejala de Policía, Susana Moreno, y el conjunto de la corporación municipal, el mayor reconocimiento se dirigió a la comunidad local. Se concedió la Medalla de Oro a la ciudadanía de Paiporta por la “unión, fortaleza y valentía que demostraron en los momentos más difíciles de la catástrofe”.

El alcalde Vicent Ciscar expresó su profundo orgullo: “la entrega de esta distinción nos enorgullece y emociona, porque todos nuestras vecinas y vecinos representan dos valores fundamentales como son la responsabilidad y la empatía”. Ciscar destacó la generosidad y el altruismo de los paiportinos, quienes ofrecieron cobijo y ánimo a quienes acudieron para atenderles.

Reconocimiento al servicio policial sin límites municipales

El alcalde también quiso reconocer el esfuerzo de los agentes de la Policía, que “en los momentos más difíciles, incluso cuando no disponían de medios o recursos, priorizaron la integridad de los demás a la suya propia”, agradeciendo además la coordinación de todos los cuerpos policiales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajo liderado por el intendente jefe de la Policía Local de Paiporta, Manuel Ocaña.

Ocaña señaló en su intervención que la Medalla de Oro a la ciudadanía “representa el recuerdo de lo que fuimos porque se reconoce el coraje, la unión y valentía de las paiportinas y paiportinos”. Asimismo, reconoció la vocación de servicio de cada agente de policía de otros municipios de España por su “solidaridad y cercanía desde lo municipal”.

En representación de los alcaldes invitados, Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, subrayó la importancia de la colaboración intermunicipal, afirmando que “ante las grandes catástrofes no existen límites ni términos municipales”, y celebró la “sólida hermandad” creada con el Ayuntamiento de Paiporta. El intendente de la Policía de Alcorcón, José Luis Almendralejo, también estuvo presente en la ceremonia.

Distinciones a Protección Civil, trabajadores y solidaridad empresarial

Además de la Medalla al Mérito Especial otorgada a los más de 900 agentes asistentes de distintas policías de toda España, se entregaron otras distinciones principales. Recibieron la Medalla de Oro el personal de Protección Civil, los trabajadores municipales del Ayuntamiento y de la empresa pública ESPAI, así como Óscar Beneitez de la empresa Texaco Trucks, cuya implicación “fue clave en las primeras horas de la catástrofe”. También se condecoró con la Medalla de Oro a los agentes de la Policía Local y a los miembros de la Guardia Civil de Paiporta.

El acto de gratitud se completó con la entrega de dos placas conmemorativas: una a la ONG World Central Kitchen (WCK) del chef José Andrés y otra al empresario Pipo Ridaura, por su decisiva ayuda.

El solemne homenaje concluyó con un minuto de silencio en memoria de las 56 víctimas mortales de la localidad, seguido del depósito de una corona de Laurel en recuerdo de las 230 personas fallecidas en el conjunto de la dana.

Las lágrimas de una madre son un lenguaje universal. Haja Jawara no puede contenerlas cada vez que menciona a su hijo Mohamadou Diawara. El joven de 22 años, que tenía diagnosticado un trastorno mental, recibió un tiro mortal el pasado mes de julio disparado por un agente de la policía local del pueblo en el que nació, creció, vivió y falleció, Montornès del Vallès (Barcelona), tras entrar en comisaría con un cuchillo e intentar atacar a otra agente, según los tres uniformados que presenciaron los hechos. No hay grabación que lo corrobore porque la cámara que debería haber captado los hechos estaba estropeada.

A veces en castellano, a veces en soninke, la lengua materna de la familia que una sobrina traduce durante el encuentro con elDiario.es, Jawara expresa rabia y tristeza. No solo por la forma en que murió su hijo, sino, también, por cómo el Ayuntamiento de Montornès, los medios de comunicación y los sindicatos policiales “han deshumanizado” a Mohamadou tras su fallecimiento. “El alcalde ni nos ha llamado”, lamenta el tío del fallecido, Mahamadou Jawara.

elDiario.es ha trasladado varias preguntas al Ayuntamiento de Montornès sobre cómo informó a la familia del suceso. El consistorio ha indicado que el alcalde sí se puso en contacto con la familia en el momento de los hechos, pero que rechazaron el ofrecimiento. Pese a ello, han remarcado desde el Ayuntamiento, distintos técnicos municipales mantienen un “seguimiento y acompañamiento” a los parientes del fallecido.

El consistorio ha agregado que ya ha procedido a sustituir las cámaras de la comisaría de la Policía Local y que está realizando un plan interno con medidas “para que estas situaciones se puedan evitar y no se vuelvan a producir”.

Madre y tío del joven denuncian que se enteraron del fallecimiento del joven por la visita de los Mossos d'Esquadra a su casa casi 24 horas después de los hechos. Antes habían acudido por tres veces hasta la comisaría de la policía local de Montornès. La primera, minutos después del disparo, la noche del 25 de julio de este año poco después de las 21.30 horas. “Vimos que había una ambulancia, pero nos dijeron que nos fuéramos a casa y que ya nos dirían algo”, recuerda la madre.

Un juzgado de Granollers (Barcelona) mantiene abierta una investigación sobre los hechos. Más allá del resultado de las pesquisas, la respuesta en forma de tiroteo a una persona con un trastorno vuelve a reabrir el debate sobre la reacción policial ante personas con problemas graves de salud mental.

Investigación judicial

El pasado mes de octubre, los tres agentes de la policía local de Montornès participaron en una reconstrucción de lo sucedido en comisaría, en presencia de la magistrada, el fiscal y los abogados de la familia Diawara y los uniformados.

La versión policial fue monolítica: Mohamadou entró cuchillo en mano, accedió, tras un golpe, a la parte privada de la comisaría y blandió el metal ante el agente que estaba en la recepción. Menos de medio minuto después, entraron otros dos agentes que estaban en el coche patrulla. Uno de ellos ya entró con la pistola desenfundada. En un estrecho pasillo, Mohamadou se giró e intentó atacar con el cuchillo a una de las policías que acaba de entrar e intentaba reducirlo con el bastón policial. La respuesta de su compañero fue disparar. Mohamadou falleció y el tercer agente resultó herido de bala, aunque se ha podido recuperar. Todo ocurrió en menos de un minuto.

Las cámaras de seguridad de la comisaría avalan la primera parte de la versión policial. Se observa que Mohamadou entra en el recinto con un cuchillo de unos 20 centímetros y, a los treinta segundos, a los dos agentes que patrullaban tras aparcar el coche frente a la comisaría. Pero no hay vídeo de lo ocurrido en el pasillo porque la cámara no funcionaba desde hacía meses.

Los Mossos d'Esquadra ya han hecho llegar sus conclusiones a la magistrada: “La actuación policial se produjo en el marco del cumplimiento del deber y en el ejercicio legítimo de su oficio, protegiendo la vida de un individuo y actuando en legítima defensa”. Los disparos, remarca la policía catalana, fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”.

Más allá del resultado del proceso penal, la familia de Mohamadou todavía tiene muchas preguntas sin respuesta. “¿Los disparos eran la única opción? ¿No le podrían haber echado gas pimienta o pegado con la porra para reducirle? ¿Si hubiera sido blanco, hubieran disparado igual?”, se lamentan sus familiares desde el salón de la casa.

La pequeña vivienda es un quinto piso sin ascensor en un bloque construido en los 60 en Montornès, un pueblo de 17.000 habitantes del cinturón industrial de Barcelona. Es uno de los barrios más humildes del país: con apenas 30.000 euros de renta media bruta por hogar, se encuentra entre el 1% más pobre de Catalunya y el 9% de España. Los chavales del barrio que estudian Bachillerato son una excepción y, pese al esfuerzo y los lazos vecinales, los jóvenes parecen condenados a la precariedad.

Toda la vida en Montornès

A la familia Diawara, que llegó a Catalunya hace 25 años proveniente de Gambia, la conoce todo el mundo en el pueblo. Incluso uno de sus tíos fue vecino del actual alcalde. Mohamadou trabajaba de repartidor, y su madre se ocupa de limpiar varias dependencias municipales. Además, la policía y los servicios de emergencias médicas habían tenido que acudir anteriormente en incidentes que el joven había protagonizado en la calle por razón de su enfermedad.

“A nosotros nadie nos dijo que habían matado a mi hijo y todo el pueblo ya lo sabía”, rememora la madre del fallecido. “Yo me enteré porque un amigo me mandó un WhatsApp”, apostilla su tío. Cuando los Mossos d'Esquadra acudieron casi 24 horas después al domicilio para comunicar oficialmente el fallecimiento, la casa ya estaba llena de amigos que les daban el pésame.

Después del tiroteo que terminó con la vida de su hijo, denuncia la familia, el pueblo se llenó de medios de comunicación que “trataron casi como a un terrorista” a Mohamadou. “Solo preguntaban a vecinos blancos qué les parecía lo ocurrido, ningún periodista quiso hablar con nosotros”, aseguran. No fue la única: la extrema derecha de Vox intentó pescar en las aguas revueltas que dejó el tiroteo en el pueblo y llegó a tildar la concentración en recuerdo del fallecido de “acoso de extranjeros a los agentes”. Sindicatos policiales aprovecharon el suceso para denunciar “la grave falta de medidas de seguridad en muchas comisarías de policías locales de Catalunya”.

“Basta ya. Mohamadou no era nada de todo lo que le han dicho. Ayudaba a su madre en la cocina y trabajaba, no tienen derecho a decir tantas cosas malas de él cuando ya ha muerto”, se queja su tío. Cuando, 72 horas después de los hechos, una asistente social visitó a Haja Jawara y le preguntó si necesitaba algo. Su madre contestó: “Lo que necesito es que me devuelvan a mi hijo”.

La guerra abierta entre la Policía Local y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha alcanzado su punto álgido después de que el regidor decretara el plan de emergencias para forzar a los agentes a trabajar horas extra en Navidad, ante la falta de acuerdo con los sindicatos. El pulso que llevan meses librando las dos partes ha terminado en los tribunales a raíz de la demanda registrada el pasado 1 de diciembre por parte de CSIF, una de las organizaciones más combativas en este conflicto.

La demanda presentada ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo denuncia la “ausencia de buena fe negocial” por parte de la administración local y la voluntad de “imponer unas condiciones laborales parecidas a la esclavitud”, que impiden a los agentes “conciliar la vida familiar y laboral”, según expone el escrito al que ha tenido acceso este periódico. En paralelo, el Gobierno municipal ha anunciado que expedientará a los policías que no justifiquen su ausencia, después de que más de la mitad de los efectivos se ausentaran la noche del alumbrado navideño y dos tercios de la plantilla lo hicieran el día del derbi.

Las raíces del conflicto son profundas, pero parten de una premisa sencilla en la que el Ayuntamiento se ha ido enredando: la falta estructural de agentes. La plantilla presupuestaria acumula 347 vacantes, mientras que los sindicatos elevan la cifra a 500 “para una ciudad como Sevilla”, convertida en los últimos años en anfitriona de multitud de eventos. Solo hasta noviembre se han celebrado más de 3.700, y el balance final de 2024 ascendió a 4.400. De ahí que en esta guerra resuene de fondo el debate de si Sevilla está organizando y acogiendo eventos por encima de sus posibilidades.

Con semejante agujero en una plantilla ya de por sí infradotada, la única forma de atender un calendario de eventos cada vez más extenso es pagar las horas extra a precio de oro. Y ese ha sido el principal foco de fricción con el Consistorio. “Este alcalde lo único que sabe hacer es coger eventos y obligarnos a trabajar”, resume Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM). El representante sindical asegura que la plantilla no tiene capacidad de “soportar” la cantidad de actos que pretende abarcar el Ayuntamiento. Y asegura que no es una cuestión económica: “Por mucho que nos paguen, no podemos estar trabajando un día y otro día sin descansar”, lamenta en conversación con este medio.

Un decreto “ilegal” en manos de la Justicia

Tras meses de negociaciones, el pulso se ha tensionado hasta que el alcalde ha optado por decretar el plan de emergencia, que sirve para movilizar a los agentes de la Policía Local con carácter obligatorio. Se trata de una vía excepcional, que José Luis Sanz utiliza por segunda vez en su mandato. La anterior fue en abril, a cuenta de las bajas masivas de bomberos en pleno conflicto sindical para reclamar mejoras laborales. 

Sanz ha defendido que no había otra salida tras el rechazo unánime de los sindicatos de la Policía Local al plan de 5,6 millones diseñado por su equipo de Gobierno. Una propuesta que también contó con el voto en contra de la oposición en el pleno. Ese documento reducía casi a la mitad la duración del dispositivo respecto al año pasado y, además, contaba con un informe demoledor en su contra firmado por la Intervención municipal.

El órgano encargado de fiscalizar la gestión presupuestaria del Ayuntamiento había emitido un reparo suspensivo al advertir que el plan vulneraba los límites legales y que el gasto en productividades había crecido de forma “exponencial” —de 10 millones en 2021 a 30 en el ejercicio actual— hasta agotar el crédito disponible en abril. El informe avisaba de que aprobar de golpe el pago de horas extra que contemplaba podía derivar en responsabilidades legales si el asunto terminaba en los tribunales.

Ante esa encrucijada, el alcalde hispalense recurrió de nuevo a activar la fase 1 del plan de emergencia, que es el propio de situaciones como inclemencias meteorológicas. Eso implica que, en su jornada de descanso, pueden ser llamados a trabajar aun cuando “la ciudad no está en situación de emergencia”, sino que el Gobierno local no ha logrado aprobar un Plan de Navidad, como critican los sindicatos. Sanz alega que su prioridad es “garantizar la seguridad del ciudadano”, pero, en la práctica, el decreto no ha logrado movilizar a todos los efectivos que habría previsto: durante el primer fin de semana de las fiestas navideñas –con el día del encendido del alumbrado y el derbi entre Sevilla y Betis– faltaron 449 de los 682 policías nombrados entre el viernes por la tarde y el domingo.

Nuevas denuncias y negociaciones “rotas”

Asimismo, el decreto de emergencia ha terminado de dinamitar la escasa confianza que quedaba entre los agentes, ya quemados tras ocho meses trabajando “a crédito”, es decir, sin cobrar el total de las horas realizadas, como reprochan desde SPPM. “Ya no creemos en la palabra de este alcalde”, afirma el presidente sindical antes de justificar que los sindicatos mayoritarios hayan recurrido a la justicia porque consideran que “es ilegal” que el alcalde active un estado de emergencia “para cubrir su incapacidad de negociar e imponer lo que a él le conviene”.

“Nosotros dijimos que era un plan ilógico por muchos cinco millones de euros que nos pusiera encima de la mesa, porque era un plan discontinuo y no íbamos a aceptarlo”, explica el presidente de SPPM en alusión al plan de Navidad que había propuesto el alcalde. “Ahora está imponiendo un servicio extraordinario que posiblemente no pueda pagar, con lo que volveríamos a la misma situación y terminaríamos en otra querella criminal contra él”, remata el representante del sindicato mayoritario en el colectivo de Policía Local de Sevilla.

El conflicto tiene pocos visos de solución, pues las organizaciones sindicales aseguran que las negociaciones están “rotas”. “Estamos dispuestos a negociar, pero es el alcalde el que ha decretado y ya no quiere sentarse a negociar con nosotros”, lamenta Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla en declaraciones a este periódico, dos días después de haber registrado la demanda ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“El alcalde no negocia, solo impone”, resume el presidente de SPPM, justificando que hayan puesto el decreto “en manos del juzgado”. Y avanzan a elDiario.es que van a interponer una nueva querella por lo que consideran “filtraciones de datos sensibles” a medios de comunicación sobre las bajas de los agentes.

Punto de no retorno

Fuentes municipales sostienen que “el diálogo sigue abierto”, pero que el alcalde “no puede saltarse la ley” ni poner en riesgo la seguridad ciudadana. También recuerdan que Sanz asumió la alcaldía en 2023 con el compromiso de convocar 400 plazas de policía a lo largo del mandato y que a día de hoy “va por buen camino”. La última incorporación, en septiembre, sumó 53 nuevos agentes a la plantilla. Entretanto, el Ayuntamiento deberá esperar los diez días de plazo que tienen los funcionarios para justificar sus ausencias y, en caso de no hacerlo, se les abrirá expediente.

Otro frente que todavía colea en la justicia y que afecta también a la plantilla de Policía Local tiene que ver con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratificaba que hay que cesar a los 44 policías que lograron plaza en las oposiciones amañadas de 2012. El Gobierno local ha recurrido esa sentencia alegando que es “inejecutable”, por cuanto el perjuicio hoy sería mayor al beneficio de acatarla después de tanto tiempo.

En definitiva, la crisis que atraviesan las relaciones entre el Gobierno municipal y la Policía Local ha entrado en un terreno de difícil retorno, con las negociaciones paralizadas y el decreto de emergencias en los tribunales. Todo ello al inicio de las fiestas navideñas, una fecha especialmente sensible en términos de seguridad y afluencia de visitantes.

Sin dispositivo policial para la Navidad, Sevilla afrontará el inicio de las fiestas bajo un decreto de emergencia. Un día después de que la oposición tumbara en pleno el Plan de Navidad del Gobierno municipal y sin acuerdo con los sindicatos policiales, el alcalde, José Luis Sanz, ha activado este jueves el Plan de Emergencias Nivel 1, como medida extraordinaria para movilizar a los agentes de la Policía Local con carácter obligatorio y sin cobrar complementos de productividad hasta el 19 de diciembre.

El regidor del PP ha anunciado esta decisión al término de la Junta Local de Seguridad, celebrada este jueves junto al subdelegado del Gobierno y mandos de Policía Local y Nacional. Con el decreto en vigor desde este mismo jueves y sin fecha de finalización, el Ayuntamiento sostiene que podrá desplegar “entre 400 y 500 agentes al día” en tres turnos, ajustando el número de efectivos a cada jornada. Sanz intenta afrontar así los eventos de la ciudad durante las próximas fechas navideñas, empezando por el alumbrado navideño y el derbi sevillano previstos para este fin de semana.

El decreto obliga a los agentes a asumir los servicios que el Consistorio requiera sin percibir las horas extras hasta el 19 de diciembre, fecha en la que arranca el Plan de Navidad que sigue vigente desde 2004. Para ausentarse, la única vía será una baja médica justificada. En caso contrario, el Ayuntamiento advierte de que podrán abrirse expedientes disciplinarios.

Pulso entre el Gobierno de Sanz y la plantilla policial

Sanz ha defendido que no había otra salida tras el rechazo unánime de los sindicatos de la Policía Local al plan de 5,6 millones diseñado por el Gobierno municipal, así como el voto en contra de PSOE, Vox y Con Podemos-IU en el pleno extraordinario del miércoles. Ese documento reducía casi a la mitad la duración del dispositivo respecto al año pasado y había sido cuestionado por la Intervención municipal.

El alcalde ha arremetido contra los sindicatos por haber rechazado su propuesta, que incluía el pago de productividades dentro del tope legal de 5.637.617 euros. “Mi obligación no es temer a los sindicatos: es garantizar la seguridad en Sevilla”, ha afirmado Sanz ante los medios. “Si yo fuera afiliado, preguntaría por qué no aceptaron el plan: si antes iban a cobrar X menos 1, ahora cobrarán X menos 4”, ha apuntado, incidiendo en que las reivindicaciones económicas de las organizaciones policiales superaban los límites legales.

La decisión llega en el momento más tenso del conflicto entre el Ayuntamiento y la plantilla policial. Durante el pleno del miércoles, varios agentes fueron desalojados tras protestar contra la gestión del Gobierno municipal, y los sindicatos CSIF, SPLS y Sppme volvieron a concentrarse ante el Consistorio para denunciar la falta de negociación. La oposición ya había advertido al alcalde de que su propuesta era “una chapuza”, “improvisada” y planteada como “un chantaje emocional”, mientras fuentes sindicales alertaban de que una imposición del calendario por decreto podría acabar en los tribunales.

Los sindicatos acusan al alcalde de “mentir”

Desde CSIF, una de las organizaciones más combativas en este conflicto, han acusado a Sanz de trasladar una imagen “irreal” de los efectivos disponibles. “No sabemos quién asesora al alcalde, pero lo hace muy mal, porque no es cierto que pueda disponer de 400 o 500 agentes diarios”, afirman. El sindicato asegura que, aun siendo “generosos”, el fin de semana apenas habría unos 250 policías repartidos en tres turnos, número del que habría que restar a los destinados al 092, a la Unidad de Seguridad y al personal en tareas administrativas.

“Vuelve a mentir y no sabemos si quiere generar una falsa sensación de seguridad”, advierten, mostrando su preocupación porque el Ayuntamiento mantenga todos los eventos previstos “sin contar con una dotación acorde para afrontarlos”. Desde CSIF insisten en que los agentes “no están dispuestos a hacer más horas extra”, recuerdan que llevan tres fines de semana sin asumirlas y reprochan al alcalde que opte por “imponer” su plan en lugar de negociar, lo que, a su juicio, supone “desvestir un santo para vestir otro” al retirar policías de los barrios para cubrir actos multitudinarios.