La Policía Local de Logroño pone en marcha a partir de mañana una nueva campaña de tráfico centrada en la documentación en regla de los vehículos de movilidad personal (VMP). En enero entró en vigor la normativa de la DGT que obliga a estos vehículos a circular con seguro.

La campaña, que se prolongará durante tres semanas, se va a centrar en la documentación exigible a estos vehículos, y se suma a las que se realizan de forma recurrente controlando el uso correcto de los patinetes eléctricos en el respeto a la seguridad vial y lo estipulado en la Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal.

La Policía Local ha ido reforzando de manera progresiva su actuación en materia de VMP, incrementando tanto las órdenes de servicio específicas como la intensidad de los controles. Así, la campaña que se inicia mañana va a supervisar el control de la documentación exigible a los VMP, una vez entró en vigor en enero la normativa de la DGT. A raíz de la Directiva (UE) 2021/2118, España aprobó el 25 de julio la Ley 5/2025 de Seguros de Automóviles, que amplía la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil a todos los vehículos de movilidad personal (VMP), incluyendo patinetes eléctricos, monociclos, hoverboards y otros vehículos personales ligeros. El fin de esta normativa es asegurar la protección frente a daños ocasionados a terceros durante el uso de estos vehículos.

En este orden de cosas, los Vehículos de Movilidad Personal deben circular con seguro obligatorio, la falta del mismo puede acarrear diferentes sanciones, que irán desde los 200 a los 800 euros.

Además, la normativa exige que los VMP tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos, la sanción por no haber inscrito el vehículo supondrá 100 euros.

Finalmente, los vehículos deberán llevar una etiqueta identificativa denominada placa matrícula, necesaria para circular en la vía pública. La sanción por no disponer de la misma implicará una multa de 80 euros.

En aquellos casos en los que exista reincidencia de infracciones (más de dos ocasiones) respecto a cualquiera de los documentos mencionados anteriormente, se procederá a la inmovilización y retirada del vehículo a los depósitos municipales.

Más control y actuaciones

El uso de los VMP constituye ya una realidad consolidada en la movilidad urbana, con impacto directo en la seguridad vial. La combinación de vigilancia, prevención, educación y sanción ha permitido mejorar la detección de infracciones y actuar sobre aquellos comportamientos que afectan negativamente a la seguridad vial. Por ello, Policía Local va a continuar desarrollando campañas orientadas a la reducción de la siniestralidad y la seguridad de los usuarios de VMP.

El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes, por unanimidad, la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria de 2022, que permite que los agentes en prácticas puedan portar armas de fuego, entre otros aspectos.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que esta modificación permitirá culminar el proceso de modernización de estos cuerpos y avanzar en la implantación del proceso selectivo unificado, la actualización de las normas marco y el refuerzo de la formación y la seguridad de los agentes.

Según ha detallado, la modificación permitirá “mejorar y unificar” la selección de agentes, favorecer la estabilidad de las plantillas municipales, garantizar una “mayor seguridad” durante el periodo de prácticas y profesionalizar la formación.

En cuanto al desarrollo normativo previsto para culminar la modernización de los cuerpos de Policía Local, la consejera ha anunciado que, una vez entre en vigor la ley, se iniciará el trámite de audiencia e información pública de las nuevas normas marco que regularán la organización, funcionamiento y prestación del servicio de los policías locales de Cantabria.

Paralelamente, el Ejecutivo continuará trabajando para convocar durante el último trimestre de este año el primer proceso selectivo unificado para los ayuntamientos cántabros que necesiten incorporar agentes.

En este punto, Urrutia ha informado que el Gobierno ha dado este lunes “un paso más” con la firma de un protocolo de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional para crear un espacio técnico de trabajo destinado a elaborar las bases de los futuros procesos selectivos unificados.

Y es que el proceso selectivo unificado a nivel autonómico permitirá que sea el Gobierno de Cantabria, a partir de octubre, quien realice la selección de los nuevos policías locales para los municipios adheridos, garantizando la igualdad en el acceso, la permanencia de los agentes en los ayuntamientos, la calidad del servicio y la cobertura efectiva de vacantes.

Según ha resaltado Urrutia, este sistema supondrá, además, un importante ahorro económico para los ayuntamientos, que dejarán de asumir los costes de los procesos selectivos de nuevo ingreso.

Asimismo, ha informado que el Ejecutivo pondrá en marcha un ambicioso programa formativo en colaboración con la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que reforzará la formación especializada que ya se desarrolla en Cantabria.

Urrutia ha señalado que “lo que más ha preocupado y ocupado” al Gobierno regional en la presente legislatura es la formación “correcta, especializada, práctica y continuada” de los más de 550 agentes de policía local que hay distribuidos en los 32 municipios cántabros.

Seis novedades

La consejera ha detallado que el texto introduce seis modificaciones en la Ley de Coordinación de Policías Locales aprobada en 2022. Entre ellas, destaca que los policías locales en prácticas podrán portar armas de fuego durante su periodo formativo, con la condición de que hayan superado la instrucción de tiro correspondiente. Al respecto ha apuntado que “ya hay comunidades autónomas que lo hacen así” y cuenta con “el consenso” de los ayuntamientos y los sindicatos.

Además, la reforma impulsada por el Ejecutivo autonómico, que cuenta con una enmienda transaccional del PP, PRC y PSOE, introduce también cambios en la regulación del curso básico obligatorio dentro del proceso selectivo unificado, separando las fases de oposición, formación y prácticas para simplificar y agilizar el acceso a los cuerpos de Policía Local.

Asimismo, permitirá que el curso básico pueda ser realizado por un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, en el porcentaje que determinen las bases de cada convocatoria.

Con esta medida se pretende evitar que queden plazas vacantes cuando algún aspirante no supere el curso o renuncie durante el proceso. Quienes aprueben esta formación quedarán además exentos de volver a realizarla en futuros procesos selectivos.

La ley elimina, igualmente, la limitación temporal de cinco años para el reconocimiento de cursos y prácticas en los procesos de selección y promoción interna, favoreciendo así el desarrollo de la carrera profesional de los agentes.

Por otro lado, el nuevo texto se adapta a la estructura administrativa actual, eliminando las referencias a la antigua Escuela de Policía Local tras su integración en el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP).

“Importante” modificación

El diputado 'popular' Cándido Cobo ha apuntado que este proyecto de ley responde a una petición de mejoras que han puesto de manifiesto tanto los ayuntamientos como los sindicatos, a través del cual, “una vez más”, el Gobierno regional “responde” a las demandas de los colectivos sociales y administrativos.

Mientras que la diputada regionalista Rosa Díaz ha señalado que se trata de una “pequeña” pero “importante” modificación que da respuesta a las demandas de los ayuntamientos, pero también de los representantes sindicales. A su juicio, es necesario garantizar que los municipios dispongan de efectivos “suficientes” para prestar el servicio “adecuado” ya que “muchos” ayuntamientos, especialmente los más pequeños, afrontan “dificultades” para cubrir las vacantes con rapidez.

Además, la modificación también favorece la “modernización” de estos procesos de selección y de formación, lo que permite “garantizar que los futuros agentes cuenten con una preparación acorde a la realidad actual” y “aprovechar mejor la experiencia y la formación ya adquiridas”.

También el PSOE ha valorado positivamente los aspectos de mejora introducidos en la coordinación, los procesos selectivos y el reconocimiento de la formación y de las prácticas de la Policía Local.

La diputada Nórak Cruz cree que los ayuntamientos “necesitan instrumentos más ágiles para garantizar un servicio esencial como es la Policía Local”, si bien ha señalado que esta reforma debe aplicarse con una “condición irrenunciable”: “Que no se abra la puerta a la precarización ni a las fórmulas que puedan desnaturalizar el carácter funcionario de la Policía Local”.

De esta forma, ha apoyado esta modificación que “refuerza” el servicio público, la eficacia administrativa y el reconocimiento de la formación, pero garantizando que permanezcan “intactos” los principios de igualdad, mérito, capacidad, estabilidad y seguridad del cuerpo.

Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha lamentado que se hayan desestimado las enmiendas presentadas desde su grupo, unas “mejoras de mínimos” que fueron planteadas desde la “absoluta sensatez”, ha afirmado. Si bien ha apoyado la modificación de la norma porque, ha dicho, “lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos y por las mejores condiciones posibles para nuestros profesionales de la Policía Local”.

Un total de 119 personas, la mayoría migrantes, han sido identificadas en un gran dispositivo policial preventivo realizado por la Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Nacional y Policía local, en las fábricas abandonadas de URSSA y EGA, situadas en la calle del Campo de los Palacios de Vitoria, donde se calcula que malviven más de un centenar de personas.

La intervención policial ha finalizado sobre las 11:40 horas, tras iniciarse pasadas las 6:00 de la mañana, y fuentes de la investigación han informado a Europa Press que el operativo se ha desarrollado por “salubridad”, debido a las deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad que tiene el lugar, así como por “seguridad”, ya que, presuntamente, algunos de los 'okupas' que habitan las fábricas han cometido delitos y protagonizado incidentes.

En este sentido, la Ertzaintza ha informado de que ha localizado multitud de objetos de los que se investiga su procedencia, y ha precisado que ha necesitado tres furgonetas policiales para cargar con el material presuntamente robado. El operativo ha comenzado a primera hora de este miércoles y en él han participado agentes de la Ertzaintza, Policía local y Policía Nacional, que han procedido a la identificación de las personas que se encontraban en el interior de estos pabellones en desuso ubicados en el barrio vitoriano de Adurza.

El dispositivo se ha saldado con la identificación de un total de 119 personas, de entre 17 y 57 años, 116 de origen magrebí, una de procedencia europea y dos de nacionalidad española. Una de ellas es menor de edad por lo que ha sido puesta a disposición de su progenitor. Numerosos vehículos policiales han tomado los alrededores de la calle del Campo de los Palacios, que ha quedado acordonada durante buena parte de la mañana. Los policías, algunos de paisano, han peinado ambos recintos, grandes y con multitud de rincones escondidos, para encontrar a todas las personas allí instaladas y proceder a su identificación.

Los agentes han procedido a sacarlas al exterior donde uno por uno han sido identificados. Tras ello, la mayoría ha optado por abandonar el lugar, mientras una treintena, la mayor parte personas jóvenes, han esperado en el exterior del cordón policial a que finalizara el dispositivo para poder volver a entrar en las fábricas 'okupadas'. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar las identidades de las personas implicadas, y nueve de ellas, de entre 19 y 42 años, han sido trasladadas para comprobar su situación legal.

Por su lado, la Ertzaintza ha realizado un acta de ocupación a un hombre, de 32 años, por posesión de una cartera con documentación a nombre de otra persona. A un segundo individuo, de 23 años, se le ha abierto expediente por tenencia de sustancias estupefacientes de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Foco de insalubridad

Los terrenos de la fábrica URSSA, situados junto a Olárizu, en la zona aledaña al Anillo Verde, detrás de un supermercado y junto al campo de fútbol de Adurza, llevan años abandonados y han sido 'okupados' por personas de diversa índole y procedencia en diversos periodos de tiempo. Si bien, al principio, albergó a personas sin hogar, principalmente nacionales, que buscaban resguardo para no dormir a la intemperie, e incluso a familias con hijos que no disponían de un techo, con el paso de los años este perfil ha cambiado hacia personas de origen extranjero llegadas a Álava en busca de un futuro mejor.

El recinto es muy amplio y hay zonas diferenciadas en su interior. Para acceder a la base de la nave, el espacio más amplio, hay que sortear múltiples bolsas de basura que se acumulan también en los pasillos exteriores y en el hueco del antiguo ascensor de la factoría, junto a prendas de ropa tiradas, así como chatarra y enseres rotos.

A su entrada a la izquierda, hay pequeños habitáculos donde duerme y habita una pequeña parte de las personas que malviven en la fábrica. Estos espacios están más limpios y acumulan colchones, mesas; algunas de ellas plegables; con latas y alimentos; principalmente conservas; algún hornillo y 'camping gas' para cocinar, así como cajas de cartón a modo de armario para apilar su ropa y productos de higiene, como cepillos de dientes. También hay carritos de bebé y compra para cargar con los productos que llevan a la nave.

Una situación que se repite en el piso superior de la fábrica, donde hay espacios repletos de suciedad y basura, siendo focos de absoluta insalubridad para las personas que viven allí, con otros espacios más cuidados y separados por tablones de madera donde habitan algunas de estas personas en infraviviendas. No tienen acceso a agua potable y como baño utilizan los diversos recovecos existentes en la fábrica, donde hacen sus necesidades.

“No tenemos a dónde ir”

Testimonios de las personas que malviven en URSSA y EGA han lamentado que “no es un buen sitio para vivir”, aunque reconocen resignados que seguirán allí, ya que no tienen a donde ir. Un joven ha explicado que lleva en Vitoria dos años y que, a través de un amigo, fue a vivir a los pabellones abandonados, ya que “conocía a varias personas” que habitaban ya en esta zona “fuera de las miradas de la gente” y donde la policía les dejaba “más tranquilos”.

Otro joven, de poco más de 20 años y procedente de Argelia, ha señalado que vino al País Vasco a “ayudar a su familia” y para buscar “un futuro mejor” que en su país, pero aquí no tiene “ayuda de nadie” para poder vivir, por lo que se tiene que “buscar la vida” como puede. “Aquí hay gente mala y gente buena, no somos todos malos, ni iguales”, ha manifestado otro joven que cuestiona que “digan que todos los que vivimos aquí somos delincuentes”. En su caso y tras pasar por un centro de menores y “estudiar cursos” de formación para poder acceder a un mercado laboral que no le abre la puerta, comparte un habitáculo con otro amigo con el que se apoya.

Este chico ha denunciado que “es imposible” tener capacidad para alquilar en Vitoria y las “mafias que existen en la ciudad” y que le llegaron a exigir “1.000 euros por un padrón en una habitación con muchas más personas”. Tampoco ha logrado plaza en un albergue, por lo que ha preguntado “a dónde quieren que nos vayamos”. Otra persona ha relatado que les “han echado a todos a gritos a la calle, pronto por la mañana, para hacer el registro” y les han pedido los papeles para la Policía Nacional. “Nosotros nos buscamos la vida en España sin robar, somos gente tranquila que no tiene trabajo. Por una persona que vive aquí y roba, dicen que todos robamos. Eso no es verdad”, ha defendido.

La polícía local de Santander investigada por la gestión del aviso de la pasarela de El Bocal no ha recibido ninguna formación específica en gestión de derrumbes, tan solo asistió hace nueve años a dos sesiones de formación de dos horas sobre el Plan de Emergencias Municipal de Santander (Pemusan) que impartió un técnico municipal en 2017.

La agente que recibió la llamada del 112 alertando del mal estado de la pasarela de la senda costera que se desplomó unas horas después provocando la muerte de seis jóvenes, anotó el aviso en un papel, pero no hizo nada más.

El Ayuntamiento de Santander ha reconocido a la jueza instructora del suceso de El Bocal que el cuerpo de policía local no organiza formación en derrumbes, ni de ningún tipo, a sus agentes, y descarga la responsabilidad de hacerlo en el propio Ayuntamiento o el Gobierno de Cantabria que, en su opinión, son los encargados de gestionar los cursos formativos.

Así ha respondido el inspector jefe de la Policía Local a la jueza, que había preguntado al Ayuntamiento si los agentes han recibido alguna formación en gestión de emergencias y específicamente en situaciones de derrumbe, dentro de la investigación del desplome el pasado 3 de marzo de la pasarela de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida, en la costa norte de la ciudad.

La respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido negativa. En ella, el inspector jefe de la Policía explica que la única acción formativa -“sin tener la consideración de curso”- que pudiera tener “alguna relación” con derrumbes equivaldría a las sesiones de formación, con una duración aproximada de unas dos horas, que imparte un técnico municipal sobre el Plan de Emergencias Municipal de Santander (Pemusan), que da un técnico municipal. “Según consta en los archivos de la Policía Local” la policía investigada asistió a una sesión de formación en el Plan de Emergencias, de dos horas, hace 9 años, el 27 de junio de 2017.

La instructora del caso solicitaba a la jefatura de la Policía Local que indicase si se ha impartido curso alguno de formación, perfeccionamiento o especialización a los miembros de la Sala 092 o Centro Coordinador de Servicios, como la policía investigada en el suceso de El Bocal, durante los últimos diez años, en materia de gestión de emergencias y, específicamente, sobre actuación policial en situaciones de derrumbes.

“En la materia concreta por la que se pregunta, no se ha impartido desde esta Policía Local curso alguno”, han respondido desde el Ayuntamiento, enfatizando que es el Gobierno de Cantabria o el Ayuntamiento quien los organiza, como si la Policía Local fuese una institución ajena al propio consistorio.

Tras la publicación de elDiario.es de la entrega de documentos sin fecha, manuales informáticos y textos elaborados con posterioridad al suceso de El Bocal, en calidad de protocolos operativos como prueba judicial, Izquierda Unida (IU) de Santander ha cuestionado este jueves “el funcionamiento” de los mandos policiales del Ayuntamiento de Santander por los “supuestos protocolos de actuación”, documentos cuya existencia ha defendido el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP).

Para IU, la documentación entregada “confirma una grave falta de organización, de control y de responsabilidad política” en la gestión del desplome el pasado 3 de marzo, en la franja norte de la ciudad, por el que fallecieron seis personas y una resultó herida, “así como en el funcionamiento de los mandos policiales municipales”. Por ello, el concejal de la formación, Keruin Martínez, ha señalado que “como veníamos advirtiendo, todo apunta a que, si existía algún protocolo, no era operativo ni estaba implantado en el servicio” frenta a un aviso.

El colapso de la pasarela de El Bocal, vino precedido el 2 de marzo por una llamada de aviso al 112: un vecino alertó sobre el mal estado de la pasarela y el 112 comunicó la información de la llamada a una agente del Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local, que pasó a ser investigada en la actual fase de instrucción, así como la gestora del 112.

Después, la alcaldesa de Santander defendió la existencia de un “software” de gestión de llamadas y de un protocolo operativo en la Policía Local; los sindicatos policiales lo desmintieron desde un inicio y SIEP y APLB solicitaron en abril copias de los protocolos operativos, protocolos de actuación, circulares o instrucciones internas, porque defienden que son inexistentes. 

En este sentido, en la nota de prensa de IU, el partido advierte de que los sindicatos policiales han tenido que solicitar los citados protocolos “porque no eran conocidos ni accesibles para los agentes, lo que demuestra que no estaban implantados de forma efectiva”.

“Lo que estamos viendo es muy grave. No hablamos de un fallo puntual, sino de un problema estructural. Y ahora se confirma lo que llevan tiempo denunciando los sindicatos policiales: que no había un protocolo claro que garantizara una respuesta ante un aviso de estas características”, ha afirmado. “Si cuando alguien alerta de un riesgo inminente el sistema no responde, no estamos ante un error puntual, estamos ante un fallo institucional. Y eso es lo que ha quedado al descubierto en El Bocal”, ha enfatizado.

Asimismo, IU ha subrayado que el informe pericial describe un deterioro progresivo de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la ausencia de inspecciones durante años: “Confirma que no estamos ante un fallo repentino, sino ante una situación conocida que exigía actuar. Esa pasarela no debía estar en uso en esas condiciones, ni mucho menos seguir siendo promocionada como recurso turístico”, ha señalado Martínez.

En esta línea, el edil ha recordado la moción presentada por Izquierda Unida en 2019, aprobada por unanimidad, en la que se instaba a actuar sobre el estado de la senda litoral e incluso a intervenir de forma subsidiaria si no lo hacía Costas. “Había información, había advertencias y había margen de actuación. Lo que no hubo fue voluntad política, y demasiadas ganas de trasladar la responsabilidad a otras administraciones”, ha afirmado.

“El Ayuntamiento seguirá promocionando la senda”

IU ha advertido de que el Ayuntamiento “continuara promocionando” la senda costera y sus pasarelas como atractivo turístico en espacios como FITUR o en la propia web municipal, “pese al deterioro conocido”: “No se puede incentivar el uso de una infraestructura y, al mismo tiempo, desentenderse de su estado y de los riesgos que presenta”, ha criticado Martínez sobre las comparecencias de la alcaldesa en las que defendía que la promoción turística de la senda no tenía nada que ver con el mantenimiento de la pasarela, que -dijo- correspondería a la Demarcación de Costas.

Para Martínez, la información publicada en elDiario.es evidencia “una huida hacia adelante” del equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Gema Igual: “En lugar de asumir responsabilidades y aclarar por qué no existía un protocolo operativo, están dedicando todos sus esfuerzos —y recursos públicos— a encargar informes para tratar de eludirlas”, ha denunciado.

“Mientras no pueden acreditar que existiera un sistema preparado para responder a un aviso de este tipo, tampoco explican quién debía garantizar que esa alerta generara una actuación inmediata”, ha zanjado. 

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias ha respaldado este miércoles el borrador de la futura Ley de Policías, que regulará en un único cuerpo normativo el conjunto del sistema policial del archipiélago, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

De esta forma, supera la actual fragmentación derivada de la coexistencia de la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales, y de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria, cada una de las cuales atiende parcialmente a una sola dimensión del modelo policial canario.

El Gobierno señala que el texto consensuado también plantea un régimen estatutario común (acceso, escalas, formación, derechos, deberes, segunda actividad y régimen disciplinario), aplicable tanto a la Policía Autonómica Canaria como a los cuerpos de Policía Local Canaria, eliminando las asimetrías que hoy existen entre ambos colectivos en estas materias.

Por otro lado, se unifican las escalas y empleos de ambos cuerpos (Superior, Técnica, Ejecutiva, Básica y Facultativa), corrigiendo la dispersión actual derivada de las leyes vigentes, y se establece una identidad corporativa común que incluye el cambio de denominación a Policía Autonómica Canaria y Policía Local Canaria para consolidar la imagen institucional del sistema policial canario.

Respecto a la Policía Autonómica Canaria, el borrador supera la concepción más restringida de la Ley 2/2008 y actualiza su posición competencial como un cuerpo con plenitud funcional dentro del marco constitucional y estatutario.

La Comisión de Coordinación de Policías Locales ha aprobado también la propuesta para homogeneizar los símbolos y uniformidad de las Policías Locales de Canarias. La propuesta refuerza, por primera vez de forma sistemática, el concepto integrado de Policía Canaria (entendida como sistema configurado por la Policía Autonómica Canaria y los Cuerpos de Policía Local de Canarias), dotándola de una imagen visual común, reconocible y coherente.

Así, entre otras medidas, se unifica la tipografía, color y proporciones, sustituyendo la dispersión actual de leyendas, escudos y rotulaciones existentes en los distintos municipios del archipiélago para una presencia policial visualmente coherente en todo el territorio canario que contribuya a la inmediata identificación del agente de la autoridad.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, valora que se haya llegado a este consenso: “Agradezco a la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía que hayan primado el objetivo de contar con una nueva Ley de Policías de Canarias, aunque hayan tenido que hacer renuncias para alcanzar el acuerdo”.

Y añade que “la elaboración de un anteproyecto de esta envergadura, que afecta simultáneamente a la Administración autonómica, a las administraciones locales, al personal policial y a sus representantes, no admite soluciones unilaterales. En este proceso, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad, la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía han aportado, debatido, matizado y mejorado el texto desde sus respectivas perspectivas legítimas, pero con el objetivo común de dotarnos de un marco normativo policial moderno, coherente y operativo después de casi 30 años”.

El director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, destaca que el texto consensuado “refuerza la ordenación general y la coordinación supramunicipal con la creación del Consejo de Policía Canaria y una nueva regulación de la Comisión de Ordenación y Coordinación de los Cuerpos de Policía Local Canaria”.

“El primero se plantea como un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, integrado por representantes de las Policías de Canarias (Policía Autonómica, Policías Locales y sindicatos), y el segundo, como un órgano de participación consultivo y deliberante, constituido por miembros de distribución paritaria entre el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios”, explica David del Pino.

Según informa el Ejecutivo autonómico, el borrador será remitido ahora a los Servicios Jurídicos del Gobierno para empezar a tramitarse como proyecto de ley.

Usansolo, que a finales de 2023 se separó de Galdakao para constituirse como el municipio más joven de Euskadi, contará con un cuerpo de Policía integrado por cuatro agentes. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a la solicitud formulada por el Ayuntamiento, alegando que el Departamento de Seguridad ha emitido informes técnicos favorables. Se prevé que Usansolo supere pronto los 5.000 habitantes, escalón de población que exige ya por ley contar con un cuerpo propio.

“La iniciativa responde a la necesidad de dotar al municipio de recursos propios para hacer frente a diversas problemáticas detectadas en el ámbito de la seguridad y la convivencia. Entre ellas destacan el incremento del tráfico y los problemas de estacionamiento derivados, en parte, de la actividad del Hospital Universitario de Usansolo y de las obras del metro, así como la falta de medios para garantizar el cumplimiento de ordenanzas municipales, el control de actividades sujetas a licencia o la inspección de espectáculos, y actividades de comprobación y certificación relacionadas con viviendas”, explica el Gobierno vasco.

Hasta ahora, de las incidencias se ha encargado la Ertzaintza, que, según los datos ofrecidos por el Gobierno vasco, atendió 2.767 durante el año 2025. “La autorización aprobada no tiene impacto económico directo para la Administración autonómica y permitirá avanzar en la mejora de la seguridad, la gestión del tráfico y la convivencia ciudadana en el municipio, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades específicas de Usansolo”, abunda el Ejecutivo. Serán, según explicita, “una persona con categoría de agente primera y tres agentes de la escala básica”.

La Sección Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) en el Ayuntamiento de Telde ha denunciado la paralización del proceso de incorporación de forma definitiva de los 33 agentes en prácticas de la Policía Local que ya han superado todo el proceso selectivo, bloqueo que la Corporación local apoya en un sentencia que obliga a revisar parte de una de las pruebas del procedimiento, y que el sindicato considera que sin que exista resolución judicial que lo impida.

El Ayuntamiento de Telde informó este lunes que se encuentra a la espera del pronunciamiento definitivo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria para poder culminar el proceso selectivo de las 33 plazas de Policía Local en prácticas.

Según explica el Consistorio en un comunicado, la resolución judicial no anula la oposición en su conjunto, sino que estima parcialmente el recurso presentado por un aspirante al considerar que en la corrección del supuesto práctico se aplicó de forma “incorrecta” un criterio jurídico.

En concreto, el tribunal calificador habría valorado una respuesta basada en la aplicación de un precepto del Código Penal que no resultaba procedente para el caso planteado en el ejercicio, lo que afectó a la puntuación otorgada.

Por este motivo, el juzgado ordenó la nulidad parcial de esa valoración concreta y la retroacción del procedimiento, es decir, la revisión y nueva calificación del ejercicio afectado para todos los aspirantes, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso selectivo.

En estos momentos, el Ayuntamiento señala que el procedimiento se encuentra en fase de verificación judicial, con la intervención de las partes personadas en el proceso, que se encuentran trasladando sus consideraciones al órgano jurisdiccional, y añade que, “este trámite es determinante, ya que hasta que no exista un pronunciamiento judicial que valide la correcta ejecución de la sentencia, no es posible avanzar hacia la propuesta definitiva de nombramiento como funcionarios de carrera de los 33 agentes en prácticas”.

En este sentido, el sindicato sostiene que la Administración municipal se apoya en un supuesto “esperar al juez que carece de respaldo jurídico”, ya que, asegura, la sentencia dictada en octubre de 2025 “no ordena suspender los nombramientos ni paralizar el procedimiento”.

Según recuerda CCOO, el fallo judicial “se limita a declarar la nulidad de una parte concreta del proceso, la valoración de una pregunta de un supuesto práctico, y ordena retrotraer las actuaciones para su nueva corrección”, y agrega que, “en ningún caso, la sentencia establece la suspensión de los nombramientos ni impide culminar el procedimiento respecto a los aspirantes que han superado todas las fases”, subraya.

Destaca que el propio fallo deja claro que “sus efectos no pueden perjudicar a terceros de buena fe que ya han superado el proceso selectivo”, principio que CCOO considera “central” en este conflicto.

“Contradicciones” del Ayuntamiento

Para FSC-CCOO, resulta “contradictorio” que el Ayuntamiento “utilice esa misma sentencia como argumento para bloquear el nombramiento de quienes precisamente están protegidos por ella”.

El sindicato insiste en que el proceso selectivo está materialmente finalizado, donde “los agentes han superado la oposición, el curso selectivo y el periodo de prácticas, quedando únicamente pendiente el acto formal de su nombramiento”.

En este sentido, reitera en que solo una resolución judicial expresa, una medida cautelar o una norma concreta podrían justificar la paralización, “circunstancias que no concurren”, destaca.

Todo ello, según CCOO, se traduce en “una evidente inseguridad jurídica para los policías afectados, que acumulan más de 2.000 horas de servicio efectivo desempeñando funciones reales sin ver reconocida su condición de funcionarios de carrera”.

Ante este escenario, el sindicato ha presentado un recurso de reposición exigiendo el nombramiento “inmediato”, sin descartar acudir a la vía judicial si persiste el bloqueo.

FSC-CCOO confía en que el Ayuntamiento desbloquee la situación antes del periodo estival y culmine un proceso que considera ya agotado en su fase sustancial.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) ostenta la jefatura de la Policía Local —como del resto de funcionarios públicos municipales— pero el conflicto que mantiene con el colectivo de 262 agentes de este cuerpo policial no ha hecho más que crecer desde septiembre de 2025, cuando los sindicatos comenzaron a hacer pública la falta de cumplimiento del equipo de gobierno del Partido Popular en compromisos salariales adquiridos previamente. Siete meses después, los policías se han manifestado esta misma semana frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual ejerce como diputada, y ella les respondió en su siguiente comparecencia pública: “Me encantaría pagar mejor a la Policía, pero tendría que subir impuestos”. Tras esto, advierten ahora que habrá, por lo menos, cuatro protestas más en su contra.

La próxima concentración, anuncian fuentes sindicales, será el jueves 30 de abril en el pleno y en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Después tienen previsto regresar al antiguo Hospital de San Rafael, sede del Legislativo, para protestar en el Día de los Funcionarios (22 de mayo), e incluso para la inauguración prevista de Faro Santander, el nuevo museo del Banco Santander, que será en septiembre.

La Policía Local de Santander representa, ahora mismo, un tercio de la plantilla en activo del Consistorio. Esta permite a los agentes cierta posición de poder como masa laboral que explicaría por qué la alcaldesa sistemáticamente responde a las declaraciones sindicales, protestas o medidas de presión impopulares, como el aumento de multas, que ella misma hizo público tras semanas de especulaciones.

El viernes pasado, la alcaldesa dijo, tras consultar, que la Intervención General del Estado considera que el incremento salarial de la Policía Local “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando “el Ayuntamiento lleva trece años sin subir impuestos”, según su criterio. Tres días después, los integrantes de la Policía rpotestaron en el Parlamento y exigieron directamente la dimisión de Gema Igual. Ella reaccionó el martes ante los medios diciendo que prefería “volver a negociar”, antes que pagar un complemento pendiente.

El Ayuntamiento debería de tener una plantilla de 1.303 empleados públicos, pero los sindicatos calculan que hay 462 plazas sin cubrir actualmente. Esta situación convierte a la Policía Local en un colectivo con gran capacidad de presionar, hasta ahora con éxito relativo: este miércoles han empezado a cobrar atrasos correspondientes a 2025, según ha podido confirmar elDiario.es.

Dos meses para un acuerdo, dos años sin pagarse

El pago de un complemento que reivindican los agentes viene de hace dos años, en abril de 2024, que Ayuntamiento de Santander y sindicatos firmaron el cobro del complemento destino —que es un pago según nivel de responsabilidad— tras una negociación de dos meses. Ese trámite, aunque llevara años de demanda sindical, fue rápido. Pero no se hizo ni se ha hecho efectivo. Y tras año y medio de espera, a partir de septiembre de 2025, la tensión pública entre los agentes de la Policía Local y la alcaldesa se volvió evidente.

Junto con el complemento de destino, los agentes reclamaban el cobro del plus de Nochebuena y Nochevieja —aún sin abonar— y el pago de los atrasos que acaba de resolverse este miércoles. Entonces, los agentes arrancaron con las medidas de presión como la no ejecución de horas extraordinarias —que se mantiene por el retraso sistemático en su pago, defienden fuentes sindicales— , una protesta inédita en el brindis de Navidad y con un 'exceso de celo' en las multas, que la alcaldesa aseguró que se habrían multiplicado por ocho. En 2026, la Junta de Personal exigió la dimisión de dos altos cargos de Recursos Humanos, que el Ayuntamiento rechazó.

En marzo, el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela, provocó un efecto cascada: una agente de la Policía Local recibió un aviso del mal estado de la estructura el día antes, pero no transmitió la información y pasó a ser investigada por la jueza instructora; la alcaldesa cargó toda responsabilidad institucional en ella bajo la lógica de que “había fallado la cadena de respuesta” y esto exhibió el sistema informático básico con el que trabaja el Centro Coordinador de la Policía Local en Santander.

Después de la tragedia, mientras avanzaba el proceso judicial, los sindicatos de Policía Local abogaron por mantener un perfil bajo, hasta que en abril —dos años después del acuerdo del complemento de destino— han retomado las protestas, con la demanda de una policía unificada en Cantabria, con protocolos de actuación y coordinación conjuntos. Fuentes sindicales advierten ahora de que en Santander trabajan con chalecos antibalas “caducados” y que hay agentes que directamente carecen de ellos. Aseguran que, pese a haber cobrado los atrasos de 2025, “es de los últimos ayuntamientos en hacerlo efectivo”.

En la protesta del lunes frente al Parlamento, en la que no coincidieron con la diputada y alcaldesa Gema Igual, que demoró su llegada a la Cámara, los agentes recordaron, mientras pedían su dimisión, que tras obtener la mayoría absoluta en 2023, se aumentó el sueldo: “Llega a acuerdos en 2024 y en 2026 dice que no son legales, aunque los hayan firmado los concejales y el director de Recursos Humanos”, cuestionan fuentes sindicales respecto a un acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es “Después sale diciendo que ha quitado un 52% de deuda, pero a base de dejar la ciudad abandonada y a sus trabajadores también”, advierten para sintetizar un enfrentamiento inconcluso y del que se esperan nuevos episodios próximamente.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), mantiene un pulso desde el verano pasado con la Policía Local de Santander, que vivió su máximo nivel de presión en diciembre cuando hizo público un aumento exponencial de las multas y que, luego, alcanzó cierta tregua tras la tragedia de El Bocal, por ambas partes.

Ahora, Ayuntamiento y sindicatos han vuelto a hablar y la Policía Local ha pedido negociar mejoras salariales y de equipos de trabajo, escenificada este lunes en una protesta en la que han pedido su dimisión frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual es diputada. Un día después de la concentración, Igual ha advertido este martes: “Me encantaría pagar más dinero a la policía local, pero a lo mejor tengo que subir impuestos para ello”.

La alcaldesa ha dicho esto en alusión a la policía local “y a todos los funcionarios”. Ha señalado que “respeta las reivindicaciones de la policía”, pero ha enfatizado que una subida salarial requiere “un camino correcto”. “Me encantaría hacer caso a todos los colectivos y que todos ganasen todo lo que quisieran, pero a veces igual no es lo oportuno o no lo soporta un expediente”, ha dicho antes de abogar por seguir negociando con los representantes de la policía.

En las últimas dos semanas, la Junta de Personal del Ayuntamiento ha tenido dos reuniones con el director general de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia, de quien pidieron su dimisión este año, para reclamar acuerdos que considera incumplidos para la policía local, cuya plantilla asciende a 260 agentes. Por eso, han iniciado una serie de protestas en actos públicos.

Igual ha respondido tras la primera protesta, frente al Parlamento regional: “Están en todo su derecho”, ha indicado la alcaldesa, quien ha recalcado que tiene “en mucha estima al colectivo de la policía local y a los policías locales”, pero más “a todos los santanderinos y a hacer bien las cosas”.

La alcaldesa explicó el pasado viernes que la Intervención municipal considera que el incremento salarial “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando el Ayuntamiento lleva “trece años sin subir impuestos”.

En una sentencia, no exenta de polémica, la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a uno de los dos miembros de la Policía Local de Oviedo que fueron juzgados, el pasado mes de diciembre, acusados de un delito de lesiones tras protagonizar un incidente, el 24 de junio de 2022, con dos estudiantes de Medicina.

Los dos jóvenes se encontraban, en una zona apartada, en el interior de su coche y se dieron a la fuga cuando los acusados se acercaron a su vehículo para pedir la documentación. Ninguno de los dos policías iba uniformado y se habían desplazado a la zona en un coche camuflado.

Casi cuatro meses han transcurrido desde que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declaró visto para sentencia el juicio hasta que se ha hecho pública la resolución judicial.

Un voto particular

Las diferencias de valoración de la prueba entre las tres magistradas que integran el tribunal se han visto reflejadas con la emisión de un voto particular de una de ellas que se inclinó hacia la absolución de ambos policías.

El voto particular responde a la percepción de la magistrada de que la actuación del policía ahora condenado no fue dolosa y que su intervención se produjo ante la creencia de que su compañero -que resultó absuelto- corría un riesgo inminente de atropello tras haberle pasado por encima de un pie el coche de las víctimas al emprender la huida.

Sin uniforme y en coche camuflado

La sentencia da veracidad a la versión de las víctimas que sostenían que no habían identificado a los acusados como policías al ir vestidos sin uniforme y en un coche camuflado, sin distintivos oficiales.

La resolución judicial declara probado que, el 24 de junio de 2022, los dos policías llegaron a las nueve de la noche hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de La Florida, en la capital asturiana, y vieron el coche de la pareja que estaba estacionado.

Creyeron que no eran policías

Tras bajarse del coche, los policías se dirigieron a pie hasta el lugar donde se encontraban los estudiantes y el acusado ahora condenado le pidió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse.

Sin embargo, el conductor al desconfiar de que se tratara de agentes de la autoridad y al sentir miedo por su integridad y la de la chica que le acompañaba, “arrancó el coche y realizó una maniobra de huida”.

Tres disparos

Cuando el vehículo conducido por el joven ya había recorrido un número no determinado de metros en su recorrido para abandonar el lugar, uno de los policías, “con la única intención de evitar que el vehículo continuara la marcha, sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos que alcanzaron el lateral izquierdo del vehículo: dos de ellos en la puerta trasera izquierda y otro en la delantera”, según se recoge en la sentencia.

Pese a los disparos, el joven continuó la marcha mientras su acompañante llamaba al 112 para relatar lo ocurrido y pedir auxilio.

La detención

Los agentes persiguieron a la pareja con su vehículo hasta darles alcance en la calle Luis José de Ávila Fernández, donde el policía que resultó absuelto detuvo al joven “empleando para ello la fuerza mínima imprescindible y causándole lesiones consistentes en marca por agarr” en un brazo y erosión en la piel en una rodilla“, continúa la resolución judicial.

Las lesiones

Tanto el joven como su acompañante sufrieron lesiones psíquicas por las que recibieron tratamiento farmacológico y psicológico.

Durante el juicio, los jóvenes reiteraron que en varias ocasiones pidieron perdón a los policías por haber huido, una vez que se enteraron que sí pertenecían a la Policía Local.

Ambos alegaron que la confusión se había debido a no ir identificados como policías cuando les requirieron la documentación, de noche y cuando estaban “en un lugar tranquilo al que habían ido en otras ocasiones”.

La proporcionalidad

La sentencia es condenatoria para uno de los dos policías por las lesiones psíquicas sufridas por la pareja y que, según el tribunal, tuvieron su origen “en la dolosa forma de proceder” del policía al disparar contra su coche.

El agente que detuvo al conductor ha sido absuelto tras constatarse que la levedad de las lesiones físicas reflejan que su forma de actuar fue correcta y que “no empleó una fuerza superior a la mínima imprescindible”.

Un representante del Sindicato de Empleados Públicos y Privados de Cantabria (SIEP), Óscar Gómez, ha reclamado este jueves en el Parlamento de Cantabria mejores medios técnicos y programas de gestión adecuados para la Policía Local de todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma. El sindicalista ha expresado esta reivindicación en la comparecencia ante la comisión parlamentaria para informar sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales.

Además de reivindicar la carrera profesional de los agentes locales, el sindicalista ha añadido que hay otro tema que les gustaría que se hubiese incluido en esta normativa, que son los medios técnicos y un programa de gestión. “Lo lógico y normal es que si la Policía Local de Santander para a una persona con antecedentes” -ha puesto como ejemplo- “si al día siguiente va a otro ayuntamiento colindante que los policías solo con el DNI ya sepan que ha estado localizado el día antes en Santander”. “Hoy en día hay programas buenísimos”, ha añadido.

“El Gobierno de Cantabria debería apostar porque todos los policías locales de Cantabria tengan ese programa informático y que unifique datos”, ha reclamado en su exposición ante la comisión parlamentaria. Gómez se ha referido al caso del software que “supuestamente” compró el Ayuntamiento de Santander. “Únicamente se hizo un contrato menor que permite probar un programa durante un año y ni siquiera se llegó a probar porque no se conectó, hubo muchos problemas con el servicio de Informática del Ayuntamiento de Santander”, ha lamentado. En este sentido, ha explicado también que él trabaja precisamente en el centro coordinador de servicios “que es donde más se va a utilizar ese programa y no se llegó nunca a poner”. “Seguimos con un Excel y un Oracle, que es una base de datos sin más”, remató.

En respuesta a los turnos de intervención de los representantes de los grupos políticos ha reiterado la petición de un programa de gestión unificada de todos los ayuntamientos y ha destacado que “la razón que nos han dado para no entrar a eso es principalmente económica”. Cada municipio que tiene Policía Local en Cantabria tiene una manera de gestionarla, tiene un programa de gestión diferente: “Nosotros lo solicitamos porque creemos que es esencial, pero el principal problema es económico”, ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que para utilizar estos programas de gestión se necesitan unas emisoras, unas PDA, que permitan gestionarlo desde la propia patrulla. “En Santander cambiaron el sistema y compraron uno que le están quitando ya de todos los sitios porque es muy antiguo”. “Ahora más o menos funciona, pero es muy antiguo”, ha concluido.

Las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO denuncian públicamente la desprotección del municipio de Haro tras quedar nuevamente el turno de tarde de la Policía Local cubierto por un único agente durante todo el fin de semana, “comprometiendo gravemente la seguridad ciudadana y la integridad física del policía”, según destacan.

Los sindicatos han criticado que en la mesa de negociación abierta, “el equipo de Gobierno acude con propuestas carentes de cualquier rigor o viabilidad, planteamientos tan deficientes que resultan inasumibles y que evidencian una falta de voluntad real para solucionar el déficit estructural de la plantilla”.

Además, afean a la Corporación haber afirmado “que la existencia de partidas presupuestarias específicas para el cumplimiento de los acuerdos no vincula necesariamente su ejecución, llegando a argumentar de forma inverosímil que ”el dinero no es para eso“”. “Este ejercicio de mala fe institucional supone un vaciamiento de contenido de la negociación colectiva y un desprecio a los compromisos adquiridos”, critican.

Ante esta situación, los sindicatos consideran que “el Ayuntamiento impone una gestión basada en decretos notificados a última hora que además vulneran el descanso mínimo de doce horas establecido por ley, al tiempo que autorizan sus días de permiso con una demora injustificada, concediéndolos apenas momentos antes de su inicio”.

“Todo ello dinamita la conciliación de los agentes, quienes se han visto obligados a cancelar viajes y eventos familiares ya programados, advierten tachando esta actuación de ”vulneración consciente de la legalidad y el uso de órdenes directas existiendo personal disponible de descanso para cubrir esos servicios“ y exigen el cese inmediato de estas prácticas y la presentación de una propuesta de acuerdo ”digna, vinculante y ajustada a la realidad del servicio“.

El Gobierno de La Rioja ha dado este martes, día 10, un paso decisivo para reforzar la seguridad ciudadana y apoyar a los ayuntamientos riojanos con la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de la convocatoria de 39 nuevas plazas de Policía Local, correspondientes a distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

Esta convocatoria, impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Justicia e Interior, permitirá mejorar las plantillas municipales, cubrir vacantes existentes y reforzar la capacidad operativa de los cuerpos de Policía Local, dando respuesta a las necesidades trasladadas por los propios ayuntamientos.

Las plazas se distribuyen entre los municipios de Logroño (25), Calahorra (6), Arnedo (4), Haro (2), Nájera (1) y Santo Domingo de la Calzada (1), atendiendo a criterios objetivos de población, plantilla y situación de cada localidad.

Del total de plazas convocadas, 7 se cubrirán mediante el procedimiento de movilidad, lo que facilita una respuesta más ágil a las vacantes existentes, mientras que 32 plazas se ofertan por el sistema de oposición libre, favoreciendo el acceso de nuevos aspirantes y contribuyendo al relevo generacional en los cuerpos policiales locales.

Desde el Gobierno de La Rioja se subraya que esta convocatoria no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación continuada y coordinada con las entidades locales, orientada a garantizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos y la calidad de los servicios públicos en todo el territorio riojano.

Asimismo, esta oferta de empleo público refuerza la colaboración institucional entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos, respetando el marco competencial y facilitando a las corporaciones locales los recursos necesarios para atender las demandas de seguridad de la ciudadanía.

Las solicitudes se podrán presentar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. Toda la información para los interesados estará disponible en el apartado de empleo público de la web del Gobierno de La Rioja. 

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 59 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (30), por consumo de alcohol en la calle (9), por vociferar y causar molestias en la vía pública (10), por pintadas vandálicas (3), por ruidos en domicilio (2) y por otros actos que producen suciedad o daños (2).

En cuanto a la hostelería se interpusieron 3 denuncias, una por ejercer la actividad fuera de horario, otra por tener el espacio de terraza sin marcas delimitadoras y una tercera por permitir a los clientes sacar bebidas fuera del establecimiento.

Además de estas 59 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 12 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 11 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y una por desobediencia a agentes de la autoridad.

Y a ello hay que añadir 37 denuncias más en materia de seguridad vial (25 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).

La inseguridad se cronifica en Haro: la Policía Local vuelve a prestar servicio con un solo agente durante el fin de semana

Lo que comenzó como una crisis puntual en la Policía Local de Haro se ha consolidado ya como un “problema estructural”. Así lo han denunciado de forma conjunta los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, tras un nuevo fin de semana en el que la ciudad ha quedado protegida por un solo agente de servicio en el turno de mañana, repitiendo la situación de desprotección vivida hace apenas siete días.

Los representantes de los trabajadores señalan directamente a la Alcaldesa y a la Concejala delegada como responsables de esta “precariedad operativa”. Según explican, el equipo de Gobierno ha impuesto un calendario de servicios ignorando las advertencias previas sobre su presunta ilegalidad.

La denuncia sindical es especialmente grave en materia laboral: aseguran que se ha obligado a agentes a realizar turnos sin respetar el descanso mínimo de 12 horas que establece la ley. “Se está ignorando la normativa vigente y la jurisprudencia, poniendo en riesgo la integridad del propio agente y la seguridad ciudadana”, sostienen desde la plataforma sindical.

Respecto al intento del Ayuntamiento de cubrir las vacantes mediante horas extraordinarias, los sindicatos son tajantes: califican la medida de “paripé”. Argumentan que la oferta se lanzó a última hora, sin margen para la conciliación familiar y con el único objetivo de “trasladar la responsabilidad de la falta de efectivos a la plantilla”.

Para CCOO, CSIF y UGT, esta maniobra intenta ocultar una “gestión negligente” que atropella los derechos de los trabajadores en lugar de afrontar la falta de planificación real.

A pesar de la gravedad de los hechos, los sindicatos critican que la concejala del área lleve más de un mes sin convocar una reunión formal para buscar una solución consensuada. La falta de diálogo ha estancado un conflicto que, según los agentes, debería estar por encima de cualquier disputa política.

La representación sindical confía en que la próxima semana marque un punto de inflexión. “Esperamos que, tras su regreso de FITUR, la corporación traiga finalmente soluciones reales y una convocatoria en firme que cumpla con la ley”, sentencian. Los sindicatos urgen al Gobierno municipal a priorizar la seguridad de los vecinos de Haro antes de que la situación derive en consecuencias irreversibles.

La nit cau sobre Son Banya: carrers de terra, portals mig oberts, cotxes que entren i surten sense fer massa soroll i mirades que es creuen amb la rapidesa de qui no vol deixar rastre. En aquest poblat xabolista situat als afores de Palma, on la compravenda de droga forma part del paisatge quotidià i la presència policial és tan habitual com la desconfiança, un vehicle crida l'atenció dels agents de la Policia Nacional a la sortida del considerat major 'supermercat' de la droga a Mallorca. En inspeccionar-lo, troben diversos grams de cocaïna i, al maleter, uniformes de la Policia Local de Capdepera. Al turisme viatja un policia que, pel que sembla, acaba d'abastir-se de substàncies estupefaents, una circumstància que, malgrat estar fora de servei, li passarà factura.

Els fets van tenir lloc el passat mes de novembre. Després de tenir coneixement del succeït, l'Ajuntament d'aquest municipi va decidir suspendre d'ocupació i sou durant 102 dies l'agent a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. En el seu article 69 q., aquesta norma considera una falta greu -com la que s'ha aplicat en aquest cas- “emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos”. El precepte afegeix que “s'entén que hi ha habitualitat quan s'acrediten tres o més episodis d'embriaguesa o consum d'aquestes substàncies en un període d'un any”.

La resolució dictada pel Consistori, avançada per Última Hora i a la qual ha tingut accés elDiario.es, s'acull, així mateix, a l'article 69 y., que apunta a la “infracció de deures o obligacions legals inherents al càrrec o a la funció policial, quan es produeixin de forma greu i manifesta”. El document municipal inclou com a sanció accessòria la imposició d'un canvi de destinació de l'agent -integrant de la unitat nocturna- a una unitat sense accés a armes de foc si no s'acredita que ha deixat el consum. Una clàusula que no és habitual en tots els cossos, però sol aplicar-se en el cas d'agents amb accés operatiu a armes, com succeeix en aquest cas.

L'Ajuntament de Capdepera ha suspès d'ocupació i sou l'agent durant 102 dies a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, que considera una falta greu 'emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos'

Un debat incòmode per a les institucions

El cas reobre un debat incòmode per a les institucions: fins a quin punt l'exigència d'exemplaritat recau sobre els membres dels cossos policials fins i tot quan estan fora de torn i com es gestiona la confusa frontera entre la vida privada i la credibilitat pública dels qui porten una arma i representen l'Estat. Una circumstància, a més a més, que esdevé un desafiament en regions com Balears, que combinen un flux constant de turisme internacional amb rutes afavorides per la logística marítima, i on el transport, la distribució i el consum de drogues s'entrellacen amb la vida quotidiana de zones com Son Banya, un dels principals focus de venda d'estupefaents i escenari d'operacions policials com la que, a l'agost de l'any passat, va desarticular una de les xarxes de narcotràfic més grans que han operat a Mallorca.

De fet, el cas del policia local de Capdepera no és aïllat. A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que, al gener de 2019, van ser interceptats per la Policia Municipal de Madrid a la sortida d'una barraca “sospitosa” de la Cañada Real per “ésser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig”. Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta “molt greu” d'“abús i atribucions que causi greu dany als ciutadans o a l'Administració”. La sanció va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. Els funcionaris van recórrer davant el TS en considerar que s'havia vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, la seva presumpció d'innocència i el seu dret a un procés amb totes les garanties. Els magistrats van avalar la mesura disciplinària.

A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que van ser interceptats a la sortida d'una barraca "sospitosa" de la Cañada Real (Madrid) per "ser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig". Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta "molt greu"

Al desembre de 2022, un guàrdia civil va ser identificat al barri de La Tafalera d'Elda (Alacant): portant una xeringa, es va identificar com a agent de l'Institut Armat i “toxicomaníac” i va manifestar als policies que es trobava sota la síndrome d'abstinència i que anava a comprar droga. El funcionari va ser sancionat per falta greu per haver protagonitzat “conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil”, mesura que va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. La sentència assenyalava que “els membres de la Guàrdia Civil han de mostrar un comportament irreproxable en tot moment, no només en acte de servei, també en relació amb tercers”.

Per contra, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va anul·lar el 2017 una ordre de suspensió d'ocupació imposada a un agent de la Policia Nacional que va donar positiu en drogues en una prova capil·lar: l'anàlisi va determinar que havia consumit substàncies psicotròpiques després d'assistir a un macrofestival a Arganda. La sentència, consultada per elDiario.es, no posa en dubte els fets -que considerava “incontestables”-, ni les proves -es van dur a terme i fins i tot l'agent va prestar el seu consentiment exprés per a les mateixes-. La sanció va quedar sense efecte, tanmateix, per un motiu que els magistrats consideraven clau: l'Administració no havia acreditat l'element que exigeix el tipus disciplinari aplicat, és a dir, que el consum fos habitual -definit habitualitat com a tres o més episodis en un any- o que hagués afectat la imatge del cos, tal com exigeix la llei que regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia.

En el cas dels policies nacionals, la normativa que regula el seu règim disciplinari exigeix que l'Administració acrediti que el consum és habitual -tres o més episodis en un any- o que afecti la imatge del cos

El límit entre el públic i el privat

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que sí han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no sanciona únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos. Fonts sindicals consultades per aquest periódic asseveren que aquesta confluència de factors no només situa el consum de drogues com a preocupació de salut i seguretat, sinó que intensifica la sensibilitat pública sobre la conducta dels agents encarregats de fer complir la llei.

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no castiga únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos

Les Policies Locals, a més de regir-se per les lleis generals, se sotmeten a reglaments disciplinaris propis de cada comunitat autònoma o municipi. En el cas de Balears, la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals regula de forma exhaustiva les faltes i sancions que poden imposar els ajuntaments als seus agents, des de les lleus fins a les molt greus. Els cossos policials a Espanya compten, a més, amb estatuts de conducta que, a més de sancionar actes delictius, regulen conductes que poden afectar la imatge institucional. Encara que consumir drogues fora de servei no és necessàriament un delicte -en molts casos pot constituir únicament una infracció administrativa- sí que pot ser considerat una falta disciplinària, especialment quan es tracta de personal la feina del qual és fer complir la llei.

Els informes oficials sobre consum de substàncies estupefaents, com l'enquesta ESTUDES del Pla Nacional sobre Drogues, mostren a més que l'ús de substàncies és una realitat estesa en la societat, cosa que no equival automàticament a una activitat delictiva organitzada. No obstant això, en el cas dels cossos policials, el focus no es limita a l'eventual responsabilitat penal, sinó que es desplaça al terreny administratiu i disciplinari: a més de la Llei de coordinació de policies locals en el cas de Balears, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) empara que les administracions imposin mesures disciplinàries als seus funcionaris per accions incompatibles amb els deures del càrrec, fins i tot si es produeixen fora de servei, precisament per l'impacte que poden tenir en la confiança pública i en la credibilitat de la institució.

Aquest mateix criteri de responsabilitat reforçada es reprodueix també en els cossos policials d'àmbit estatal. La Llei Orgànica 4/2010, de règim disciplinari del Cos Nacional de Policia permet sancionar conductes que no necessàriament constitueixen un delicte o que es produeixen fora de l'horari de servei quan es considera que comprometen la dignitat del càrrec, el prestigi de la institució o la correcta prestació del servei. En la pràctica, aquest marc disciplinari parteix d'una idea comú a la funció pública, però especialment exigent en cossos armats: la conducta privada d'un agent pot tenir conseqüències professionals si afecta la confiança ciutadana o planteja dubtes sobre la seva idoneïtat per exercir funcions policials.

Un problema laboral -fins i tot fora de torn-

Encara que a Espanya consumir drogues no sempre condueix a una condemna penal, el marge de tolerància s'estreny quan qui ho fa porta una placa. En els cossos policials, el consum pot convertir-se en un problema laboral i disciplinari fins i tot fora de torn, perquè entra en joc la seguretat -pròpia i de tercers- i la credibilitat d'una institució armada. Per això, en determinats contextos i sota protocols interns, un agent pot ser sotmès a controls toxicològics si hi ha indicis, sempre amb garanties i límits lligats a drets com la intimitat.

Mentre el Codi Penal reserva els seus càstigs per al tràfic i altres conductes més greus, la resposta més habitual davant el consum en espais públics es mou en el terreny administratiu: la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana -més coneguda com la llei mordassa-, sanciona la tinença o el consum a la via pública amb multes que poden anar de 601 a 30.000 euros, fins i tot quan es tracta de quantitats per a ús propi.

En aquest marc, una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és “un espai dotat de certs caràcters de privacitat”. Aquesta mesura ha generat controvèrsia, especialment entre els sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil, que obvien la finalitat garantista de la mateixa i creuen que aboca a una “normalització” implícita del consum.

Una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és "un espai dotat de certs caràcters de privacitat"

Per altra banda, l'European Code of Police Ethics del Consell d'Europa assenyala que la legitimitat d'un cos policial no només depèn de la seva capacitat per mantenir l'ordre, sinó també que la seva conducta -i la percepció d'aquesta conducta- respecti la dignitat humana i els drets fonamentals. Aquest codi, que no és vinculant com a tal a Espanya però serveix de marc ètic per a les policies en societats democràtiques, sosté que la confiança pública està íntimament lligada al comportament dels agents, tant en servei com en la seva imatge davant la ciutadania.

Així mateix, l'últim European Drug Report 2025, l'informe anual més complet sobre la situació de les drogues a Europa elaborat per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues (EUDA), descriu un mercat il·lícit amb alts nivells d'oferta de substàncies com cànnabis i cocaïna i un creixent nombre de noves drogues sintètiques, cosa que representa una pressió persistent sobre les polítiques de seguretat i salut pública a tot el continent.

En el cas de Capdepera, l'escena no s'atura al maleter, on van aflorar els uniformes municipals al costat d'una presumpta compra de droga al lloc més vigilat de Mallorca. L'expedient disciplinari obert busca, com en altres casos similars registrats, delimitar fins a on arriba la responsabilitat d'un policia quan apaga l'emissora, es treu el propi i torna a ser un ciutadà més. La sanció imposada per l'Ajuntament no és únicament una resposta punitiva: és també un missatge cap a dins i cap a fora, un recordatori que la credibilitat del cos pot, en qüestió de minuts, quedar en entredit.

La noche cae sobre Son Banya: calles de tierra, portales a medio abrir, coches que entran y salen sin hacer demasiado ruido y miradas que se cruzan con la rapidez de quien no quiere dejar rastro. En este poblado chabolista situado a las afueras de Palma, donde la compraventa de droga forma parte del paisaje cotidiano y la presencia policial es tan habitual como la desconfianza, un vehículo llama la atención de los agentes de la Policía Nacional a la salida del considerado mayor 'supermercado' de la droga en Mallorca. Al inspeccionarlo, encuentran varios gramos de cocaína y, en el maletero, uniformes de la Policía Local de Capdepera. En el turismo viaja un policía que, al parecer, acaba de abastecerse de sustancias estupefacientes, una circunstancia que, pese a estar fuera de servicio, no le saldrá barata.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Ayuntamiento de este municipio de 13.200 habitantes situado en el extremo oriental de la isla decidió suspender de empleo y sueldo durante 102 días al agente al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears. En su artículo 69 q., esta norma considera una falta grave -como la que se ha aplicado en este caso- “embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo”. El precepto añade que “se entiende que hay habitualidad cuando se acrediten tres o más episodios de embriaguez o consumo de dichas sustancias en un periodo de un año”.

La resolución dictada por el Consistorio, adelantada por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge, asimismo, al artículo 69 y., que apunta a la “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. El documento municipal incluye como sanción accesoria la imposición de un cambio de destino del agente -integrante de la unidad nocturna- a una unidad sin acceso a armas de fuego si no se acredita que el agente ha dejado el consumo. Una cláusula que no es habitual en todos los cuerpos, pero suele aplicarse en el caso de agentes con acceso operativo a armas, como sucede en este caso.

El Ayuntamiento de Capdepera ha suspendido de empleo y sueldo al agente durante 102 días al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears, que considera una falta grave 'embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo'

Un debate incómodo para las instituciones

El caso reabre un debate incómodo para las instituciones: hasta qué punto la exigencia de ejemplaridad recae sobre los miembros de los cuerpos policiales incluso cuando están fuera de turno y cómo se gestiona la confusa frontera entre la vida privada y la credibilidad pública de quienes portan un arma y representan al Estado. Una circunstancia, además, que se torna un desafío en regiones como Balears, que combinan un flujo constante de turismo internacional con rutas favorecidas por la logística marítima, y donde el transporte, la distribución y el consumo de drogas se entrelazan con la vida cotidiana de zonas como Son Banya, uno de los principales focos de venta de estupefacientes y escenario de operaciones policiales como la que, en agosto del pasado año, desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca.

El caso del policía local de Capdepera no es aislado. En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que, en enero de 2019, fueron interceptados por la Policía Municipal de Madrid a su salida de una chabola “sospechosa” de la Cañada Real por “ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo”. Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta “muy grave” de “abuso y atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración”. La sanción fue confirmada por el Tribunal Militar Central. Los funcionarios recurrieron ante el TS al considerar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, su presunción de inocencia y su derecho a un proceso con todas las garantías. Los magistrados avalaron la medida disciplinaria.

En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que fueron interceptados a su salida de una chabola "sospechosa" de la Cañada Real (Madrid) por "ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo". Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta "muy grave"

En diciembre de 2022, un guardia civil fue identificado en el barrio de La Tafalera de Elda (Alicante): portando consigo una jeringuilla, se identificó como agente del Instituto Armado y “toxicómano” y manifestó a los policías que se encontraba bajo el síndrome de la abstinencia y que iba a comprar droga. El funcionario fue sancionado por falta grave al haber protagonizado “conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”, medida que fue confirmada por el Tribunal Militar Central. La sentencia señalaba que “los miembros de la Guardia Civil deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros”.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2017 una orden de suspensión de empleo impuesta a un agente de la Policía Nacional que dio positivo en drogas en una prueba capilar: el análisis determinó que había consumido sustancias psicotrópicas tras asistir a un macrofestival en Arganda. La sentencia, consultada por elDiario.es, no pone en duda los hechos -que consideraba “incontestables”-, ni las pruebas -se llevaron a cabo e incluso el agente prestó su consentimiento expreso para ello-. La sanción quedó sin efecto, sin embargo, por un motivo que los magistrados consideraban clave: la Administración no había acreditado el elemento que exige el tipo disciplinario aplicado, es decir, que el consumo fuese habitual -definiendo habitualidad como tres o más episodios en un año- o que hubiera afectado a la imagen del cuerpo, tal como exige la ley que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de los policías nacionales, la normativa que regula su régimen disciplinario exige que la Administración acredite que el consumo es habitual -tres o más episodios en un año- o que afecte a la imagen del cuerpo

El límite entre lo público y lo privado

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que sí han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no sanciona únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo. Fuentes sindicales consultadas por este periódico aseveran que esta confluencia de factores no solo sitúa el consumo de drogas como preocupación de salud y seguridad, sino que intensifica la sensibilidad pública sobre la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no castiga únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo

Las Policías Locales, además de regirse por las leyes generales, se someten a reglamentos disciplinarios propios de cada comunidad autónoma o municipio. En el caso de Balears, la Ley 4/2013 de Coordinación de las Policías Locales regula de forma exhaustiva las faltas y sanciones que pueden imponer los ayuntamientos a sus agentes, desde las leves hasta las muy graves. Los cuerpos policiales en España cuentan, además, con estatutos de conducta que, además de sancionar actos delictivos, regulan conductas que pueden afectar a la imagen institucional. Aunque consumir drogas fuera de servicio no es necesariamente un delito -en muchos casos puede constituir únicamente una infracción administrativa- sí puede ser considerado una falta disciplinaria, especialmente cuando se trata de personal cuyo trabajo es hacer cumplir la ley.

Los informes oficiales sobre consumo de sustancias estupefacientes, como la encuesta ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas, muestran además que el uso de sustancias es una realidad extendida en la sociedad, lo que no equivale automáticamente a una actividad delictiva organizada. Sin embargo, en el caso de los cuerpos policiales, el foco no se limita a la eventual responsabilidad penal, sino que se desplaza al terreno administrativo y disciplinario: además de la Ley de coordinación de policías locales en el caso de Balears, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ampara que las administraciones impongan medidas disciplinarias a sus funcionarios por acciones incompatibles con los deberes del cargo, incluso si se producen fuera de servicio, precisamente por el impacto que pueden tener en la confianza pública y en la credibilidad de la institución.

Ese mismo criterio de responsabilidad reforzada se reproduce también en los cuerpos policiales de ámbito estatal. La Ley Orgánica 4/2010, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía permite sancionar conductas que no necesariamente constituyen un delito o que se producen fuera del horario de servicio cuando se considera que comprometen la dignidad del cargo, el prestigio de la institución o la correcta prestación del servicio. En la práctica, este marco disciplinario parte de una idea común a la función pública, pero especialmente exigente en cuerpos armados: la conducta privada de un agente puede tener consecuencias profesionales si afecta a la confianza ciudadana o plantea dudas sobre su idoneidad para ejercer funciones policiales.

Un problema laboral -incluso fuera del turno-

Aunque en España consumir drogas no siempre conduce a una condena penal, el margen de tolerancia se estrecha cuando quien lo hace lleva una placa. En los cuerpos policiales, el consumo puede convertirse en un problema laboral y disciplinario incluso fuera del turno, porque entra en juego la seguridad -propia y de terceros- y la credibilidad de una institución armada. Por eso, en determinados contextos y bajo protocolos internos, un agente puede ser sometido a controles toxicológicos si existen indicios, siempre con garantías y límites ligados a derechos como la intimidad.

Mientras el Código Penal reserva sus castigos para el tráfico y otras conductas más graves, la respuesta más habitual ante el consumo en espacios públicos se mueve en el terreno administrativo: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como ley mordaza-, sanciona la tenencia o el consumo en la vía pública con multas que pueden ir de 601 a 30.000 euros, incluso cuando se trata de cantidades para uso propio.

En este marco, una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es “un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad”. Esta medida ha generado controversia, especialmente entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que obvian la finalidad garantista de la misma y creen que aboca a una “normalización” implícita del consumo.

Una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es "un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad"

Por otro lado, el European Code of Police Ethics del Consejo de Europa señala que la legitimidad de un cuerpo policial no solo depende de su capacidad para mantener el orden, sino también de que su conducta -y la percepción de esa conducta- respete la dignidad humana y los derechos fundamentales. Este código, que no es una vinculante como tal en España pero sirve de marco ético para las policías en sociedades democráticas, sostiene que la confianza pública está íntimamente ligada al comportamiento de los agentes, tanto en servicio como en su imagen ante la ciudadanía.

Asimismo, el último European Drug Report 2025, el informe anual más completo sobre la situación de las drogas en Europa elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), describe un mercado ilícito con altos niveles de oferta de sustancias como cannabis y cocaína y un creciente número de nuevas drogas sintéticas, lo que representa una presión persistente sobre las políticas de seguridad y salud pública en todo el continente.

En el caso de Capdepera, la escena no se detiene en el maletero, donde afloraron los uniformes municipales junto a una presunta compra de droga en el lugar más vigilado de Mallorca. El expediente disciplinario abierto busca, como en otros casos similares registrados, delimitar hasta dónde llega la responsabilidad de un policía cuando apaga la emisora, se quita el chaleco y vuelve a ser un ciudadano más. La sanción impuesta por el Ayuntamiento no es únicamente una respuesta punitiva: es también un mensaje hacia dentro y hacia fuera, un recordatorio de que la credibilidad del cuerpo puede, en cuestión de minutos, quedar en entredicho.

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 65 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (42), por consumo de alcohol en la calle (12), por vociferar y causar molestias en la vía pública (5), por pintadas vandálicas (2), por ejercer actividad sin licencia (1), y por otros actos que producen suciedad o daños (3).

Además de estas 65 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 17 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 12 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

Y a ello hay que añadir 23 denuncias más en materia de seguridad vial (15 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión de la próxima semana un nuevo decreto de las policías locales de Andalucía, que regulará cuestiones como el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada. Uno de los aspectos más novedosos que recoge es la eliminación del requisito de estatura mínima para ingresar en el cuerpo, además de permitir que, durante los periodos de práctica, se pueda “portar el arma reglamentaria”.

Así lo ha anunciado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación en Ronda (Málaga), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha expuesto que Andalucía cuenta con más de mil profesionales en este cuerpo y que garantizan la seguridad de todos los pueblos y municipios. Ha puesto además en valor la Ley andaluza de Policías Locales, como la “más moderna y avanzada” de España.

Pero ha anunciado que se dará un paso más con el decreto que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana y que será motivo de “alegría” no sólo para los policías locales, sino “también para la seguridad del conjunto de los andaluces”. Y ha avanzado que tras este decreto vendrá un segundo “que desarrollará la Ley de Policías Locales en Andalucía, que se referirá a los medios, al equipamiento, a la uniformidad, a la homogeneización de muchos criterios en relación” con este cuerpo.

“Necesidades reales del servicio”

Con el primer decreto que se aprobará la próxima semana se quiere dar “respuesta a las necesidades reales del servicio policial a nivel local, para situarnos a la altura de los modelos europeos más avanzados que hay en materia de seguridad pública”. Y en este sentido, una de las novedades más importantes “es, por ejemplo, la eliminación de la estatura mínima”, apuntando que “no tenía sentido que para la Policía Nacional y para la Guardia Civil ya no se exigiera esa estatura mínima y, sin embargo, para las policías locales todavía se sigue haciendo”.

“Ha quedado demostrado, evidentemente, que esta condición excluía a personas que estaban plenamente capacitadas, con talento, con vocación y con actitud”, ha dicho Sanz, apuntando que al eliminar ese requisito, se prioriza “lo esencial, que es el mérito, la preparación y el compromiso que deben de tener los policías locales, y no una cuestión como la estatura mínima”. “Esto que parece anecdótico tiene una enorme importancia y ha excluido durante décadas a muchos hombres y mujeres para poder ser policías locales”, ha sentenciado.

Ha añadido que el decreto también avanza en algo muy importante, “en materia de igualdad, mediante medidas específicas para los aspirantes en situación de, por ejemplo, de maternidad, garantizando que ninguna mujer quede en desventaja frente al resto del personal opositor”. “Una apuesta firme que hacemos a través de este decreto por la igualdad real de oportunidades, pero también por facilitar el acceso de las mujeres” a la policía local, según ha señalado el consejero.

Llevar el arma en las prácticas

Otro aspecto fundamental del decreto, según Sanz, es que se cambia “por completo el proceso formativo” de los policías locales, para que estén “más preparados y mejor dotados”. Así, se cambia el curso de ingreso, que se centrará exclusivamente en la formación que van a impartir tanto el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) como escuelas municipales acreditadas, mientras que las prácticas en plantilla se van a desarrollar de forma “separada, tutorizada y bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento”.

El alumnado, según Sanz, va a pasar ahora a un curso que va a tener al menos 650 horas lectivas y unas prácticas mínimas de tres meses, “lo que refuerza la calidad formativa, la claridad procedimental y la coherencia pedagógica”.

El decreto también dará respuesta a una “demanda histórica de los policías locales”: “La posibilidad de que, durante el periodo de prácticas, puedan portar el arma reglamentaria”, algo que sí se permite para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. “Una medida que garantiza seguridad operativa, coherencia formativa y homogeneidad con otros modelos policiales”, ha indicado el consejero.

Convocatoria unificada

Por primera vez, el decreto regulará las condiciones también “de algo muy importante para los ayuntamientos, que es la convocatoria unificada”. “De manera voluntaria, aquellos ayuntamientos que lo consideren se podrán sumar mediante acuerdo de la comisión de gobierno del pleno municipal a que seamos desde la Junta de Andalucía los encargados de todo ese proceso de desarrollo de la oferta pública de empleo”. Ésta se hará desde el ámbito local, pero se gestionará desde la administración autonómica.

“Esto va a permitir, por tanto, procesos más ágiles, más homogéneos, con mayores garantías y con menor coste para los ayuntamientos, y va a incentivar que todavía tengamos mayor número de policías locales en Andalucía”, según ha expresado el consejero. También se ha referido a un cambio en los sistemas de baremación, estableciendo un único modelo, y asegurando un proceso más “riguroso, más transparente y exigente”, al tiempo que también se actualizan con el decreto las pruebas físicas, ya que las actuales son de hace “muchas décadas”.

Otras novedades son la eliminación de los tramos de edad y la incorporación del circuito de agilidad, como ya ocurre en otros cuerpos policiales, lo que “garantiza criterios más objetivos, más operativos y más alineados con la realidad del servicio, porque esos tramos de edad que existían hoy en día tampoco tienen sentido”. Se renovarán “profundamente”, además, los temarios de formación de los policías locales para incluir nuevas materias.