El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Premio Internacional Barcelona por la Paz, el primer galardón internacional de la capital catalana, que se enmarca en el 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals.

Referente en la lucha por la cultura de paz, Casals pronunció un recordado discurso en la sede de la ONU en 1971, pocos años antes de morir, en el que pidió una “acción directa” contra la amenaza nuclear y contra el régimen de Franco. “Tenemos que recuperar ese espíritu y relanzar la idea de la paz desde Barcelona”, ha expresado el alcalde, Jaume Collboni.

“Cuando empezamos a idear este premio, hace dos años, nunca habríamos imaginado que estaríamos donde estamos ahora, en un momento en el que se extienden los conflictos y la amenaza”, ha seguido el primer edil. “No nos quedaremos impasibles ante las guerras”.

El galardón, que tendrá una recompensa de 300.000 euros -siendo así el segundo dedicado a la paz mejor dotado después del Nobel- estará destinado a proyectos “de especial impacto”, ya sean impulsados por la sociedad civil o por instituciones y el premio deberá ser destinado íntegramente a la iniciativa. Tendrá una rotación bianual y el primero de ellos será entregado a principios de 2027.

“Esta iniciativa nos parece muy importante porque se da en un momento que tiene que hacer de palanca para que la ciudadanía se reconozca en estos valores que defendía Pau Casals. De Barcelona al mundo”, ha añadido Jordi Pardo, presidente de la Fundació Pau Casals.

El premio, que es impulsado por el Ayuntamiento, cuenta también con la colaboración de la Diputación de Barcelona y el Govern de la Generalitat, además de la propia Fundació Pau Casals. “El primer premio de impacto global de la ciudad debía ser para la cultura de paz, porque cuando Barcelona habla, el mundo escucha”, ha añadido Collboni.

El alcalde ha recordado momentos en los que la capital catalana se ha “comprometido” con la paz, empezando por algunos más recientes, como las dos flotillas que han partido hacia Gaza desde Barcelona, hasta el proyecto del Distrito 11, impulsado por Maragall a raíz de la guerra de Bosnia y recuperado por Collboni para hermanar la ciudad con Gaza.

También ha tenido palabras para la masiva manifestación contra la guerra de Irak, en 2003, que unió a 1,3 millones de personas. “En ese día, el presidente George Bush dijo que él no se tenía que preocupar por lo que pasara en las calles de Barcelona. Eso significó que sí se preocupó”, ha añadido el alcalde.

Collboni ha insistido en la mirada internacional y pacifista de Barcelona y, por eso, ha diseñado un Consejo Asesor para este premio, que estará formado por distintas figuras de referencia de alrededor del mundo, entre las cuales destaca la senadora chilena Isabel Allende; la princesa de Jordania y presidenta de la Fundación Anna Lindh, Rym Ali; o el copresidente de Nihon Hidankyo, organización galardonada con el Nobel de la Paz en 2024, Shigemitsu Tanaka.

“Estamos en el momento de la historia con más conflictos bélicos que nunca. Sumamos más de 130”, ha apuntado Allende, durante su intervención en la presentación del galardón. “La paz no sólo se construye con acuerdos internacionales, sino que se fragua desde las sociedades. Por eso, este premio no es un gesto ingenuo: es una responsabilidad moral y política”, ha añadido.

El Govern de Salvador Illa es amplio en número y estructura, pero cuenta con un núcleo reducido por el que pasan la mayoría de los temas importantes. Lo forman el propio president, su equipo más cercano y otras personas relevantes de Presidència, Territori, Economia e Interior. De todos ellos, Albert Dalmau se ha consolidado como el auténtico número dos de Illa, la persona a la que todos miran cuando el máximo jefe no está en la habitación. Ahora, mientras está convaleciente en el hospital, Dalmau ha asumido las funciones del president de la Generalitat, con solo 35 años.

“Estos días yo guardo la casa. En breve tenemos el president de vuelta”, describía el propio Dalmau una situación poco frecuente, la de alguien que ha de tomar las riendas de la presidencia por una enfermedad. Según se ha sabido este mismo lunes, Salvador Illa sufre una osteomielitis, una inflamación en la zona pélvica causada por una infección bacteriana. Tal como explicó el equipo médico del hospital Vall d'Hebron, se espera una convalecencia de al menos dos semanas. Después, se verá. Y durante el tiempo que haga falta, el conseller Dalmau estará al mando del despacho grande del Palau de la Generalitat.

Algunos de quienes lo conocen describen al conseller de la Presidència como “el cerebro del Govern, como ya lo fue del Ayuntamiento [de Barcelona]”. Percibido inicialmente como un perfil más gestor que político, su llegada a la Generalitat le ha colocado en un cargo de gran visibilidad, lo que le metería en cualquier quiniela electoral. También destacan de él que es una persona “que trabaja muchas horas y que espera que la gente de su equipo haga lo mismo” y como un hombre “acostumbrado a mandar y que sabe imponer su autoridad”.

Es el retrato de un conseller todoterreno que llegó al entorno de Illa como fichaje y apuesta personal. El president, predecible y poco dado a las aventuras, acostumbra a mantener sus equipos en el tiempo y, de hecho, su actual núcleo duro en el Govern es similar al que ya se forjó como jefe de la oposición durante tres años en el Parlament. Sin embargo, cuando necesitó componer todo un Gabinete, Illa optó por pescar a un hombre clave en el Ayuntamiento de Jaume Collboni y entregarle la siempre espinosa cartera de la Presidència.

Desde entonces, algunos de los encargos más complicados han sido para Dalmau. La reforma de la administración depende de él, también la nueva ley de ocupación pública. Dalmau, además, ha acompañado a las conselleras del ramo en la negociación de la financiación, en el traspaso de Rodalies o en el acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat. Y es una de las personas que mantiene mayor interlocución con los socios del Govern.

Un político con experiencia municipal

Dalmau se labró la fama de eficiente gestor desde los despachos del otro lado de la Plaza de Sant Jaume, a los que llegó con apenas 25 años para ejercer de jefe de gabinete de Collboni, que acababa de pactar con Ada Colau para entrar en su gobierno. Desde ese momento, en mayo de 2016, Dalmau se consolidó como uno de los hombres de confianza del líder socialista, ya fuera en el Gobierno municipal como en su etapa en la oposición.

Bien conectado con las fuerzas económicas de la capital catalana, en parte por haber trabajado anteriormente en el lobby empresarial Barcelona Global, Dalmau ganó pesó en la segunda legislatura de la alcaldesa Colau como gerente de Economía, Recursos y Promoción Económica, de nuevo bajo el ala del teniente de alcaldía Collboni. A él se le atribuye parte del mérito de haber logrado convencer a las distintas instituciones de apostar por ser la sede de la Copa América de Vela en 2024.

Su trayectoria ascendente siguió ya con Collboni de alcalde, en 2023, al alcanzar el cargo de gerente del Ayuntamiento. Fue el CEO de la maquinaria municipal más joven de la historia, al acceder al puesto con 32 años, y hay quien bromeaba de que lo llevaba en los genes: su padre, Joan Albert Dalmau, también fue gerente municipal de varios distritos y de Seguridad en la etapa de Pasqual Maragall y posteriores.

Dalmau asumió la gerencia con algunos encargos inmediatos, como la reforma de la estructura municipal para ganar eficiencia o el impulso del plan estrella de Collboni para arrancar el mandato: el Pla Endreça. El gerente coordinó las reuniones semanales de esta estrategia para mejorar la limpieza y el orden público en la ciudad. Pero su periplo en el consistorio finalizó cuando recibió la llamada de otro político que había trabajado años atrás para Collboni en el Ayuntamiento, Salvador Illa.

Decía Lluís Permanyer, el cronista contemporáneo más influyente de Barcelona, que uno sabía que estaba en esta ciudad cuando, al entrar con desconocidos en un ascensor, en lugar de hablar del tiempo emergía un debate sobre la última controversia arquitectónica. El asunto que hoy encendería la conversación sería la ampliación del antiguo Cine Comedia para acoger el Museo Carmen Thyssen, un proyecto que ha movilizado a arquitectos, urbanistas, historiadores, entidades vecinales y a buena parte del sector cultural, y cuya transformación el cronista tildó de “catastrófica” semanas antes de morir.

El conflicto ha ganado intensidad. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha pedido al alcalde, Jaume Collboni, suspender la tramitación urbanística actualmente en exposición pública y replantear el proyecto mediante un proceso participativo acompañado de un concurso de ideas.

El COAC reconoce el atractivo cultural de ubicar en Barcelona una parte destacada de la colección Thyssen, pero advierte de que la propuesta actual supone un incremento volumétrico muy relevante, altera la fisonomía de uno de los cruces más emblemáticos de la ciudad (Passeig de Gràcia con Gran Via) y consolida actividades comerciales en un solar históricamente destinado a equipamientos, sin que se haya explicado con claridad qué compensaciones o beneficios retornan a la ciudadanía para justificar una alteración de planeamiento de tal magnitud.

El debate sobre el futuro del antiguo Cine Comedia exige considerar no solo los aspectos urbanísticos, arquitectónicos y patrimoniales, sino también el modelo de ciudad que Barcelona quiere para sí misma. Bajo el atractivo nombre de Museo Thyssen, inevitablemente asociado al prestigio del museo madrileño, cuya colección financia el Estado con 6,5 millones anuales mediante un contrato de alquiler con Carmen Thyssen, la ciudad no puede permitir que se oculte una operación que, más que cultural, pueda responder a una lógica especulativa destinada a reforzar la economía turística y acelerar la expulsión del tejido vecinal.

Todo apunta a que la eventual sede barcelonesa acogería un conjunto reducido de obras menores, insuficiente para justificar por sí solo un proyecto de esta envergadura, lo que hace temer que el auténtico motor de la operación sean los metros cuadrados comerciales y de restauración previstos. Si para ello, además, se fuerza hasta el límite un edificio de valor patrimonial ya intervenido y reparado repetidas veces a lo largo del último siglo, quizá convenga plantearse si tanto el proyecto como el emplazamiento son los adecuados.

Un debate institucional urgente

En un acto celebrado el pasado 20 de noviembre, el decano del COAC, Guim Costa, anunció que el documento crítico, firmado por una amplia mayoría de los órganos del colegio y dirigido al Ayuntamiento y a la Generalitat, reclama, sobre todo, un impulso más amplio del debate, mayor transparencia en la tramitación y la apertura de un proceso de ideas que permita considerar alternativas arquitectónicas y urbanísticas.

El COAC celebra que Barcelona recupere la aspiración de acoger una colección Thyssen, pero al mismo tiempo pide que se valore la arquitectura como herramienta de ciudad, lamenta la ausencia del Ayuntamiento en el debate y propone dejar sin efecto la modificación prevista para abrir un proceso participativo real, con estudios museográficos, patrimoniales y económicos que aún no se han hecho públicos.

Costa fue directo al señalar el conflicto que observan los arquitectos: “El Ayuntamiento actúa como regulador de la operación urbanística, pero también como promotor en la medida que accede a modificar el Plan General Metropolitano (PGM). Esa doble condición exige una justificación aún mayor, que hasta ahora no se ha producido”. También lamentó que ningún representante del consistorio asistiera a la sesión, ni tampoco ningún arquitecto de OUA Group, estudio que redacta el proyecto junto al fondo Stoneweg.

El decano recordó que la adecuación del edificio para el futuro museo no es una mera reforma, sino una transformación a gran escala que exige alterar de forma sustancial la volumetría, el techo edificable y la función permitida en la parcela. De ahí la insistencia del COAC en abrir un concurso de ideas y en reclamar informes museográficos, patrimoniales y económicos antes de seguir adelante.

El Palau Marcet, donde se ubicaría el museo, está catalogado como equipamiento 7a; el proyecto propone reclasificarlo como 7c, es decir, como equipamiento metropolitano. El cambio, según Sebastià Jornet, presidente de la Agrupación de Urbanistas del COAC (AAUC), “no es técnico ni neutro”, puesto que permite una ampliación muy significativa del volumen construido y del techo edificable. Y en un barrio, la Dreta de l'Eixample, que ya está sometido a una presión turística muy elevada frente a una falta de equipamientos histórica.

Los números son contundentes: el PGM vigente establece un máximo aproximado de 6.000 m² y el proyecto plantea alcanzar 11.000 m². Además, incorpora más de 2.500 m² de uso comercial, destinados previsiblemente a tiendas y restauración. Jornet señaló que esos 2.500 m² de comercio, difíciles de justificar como parte de un equipamiento cultural, generan una duda de fondo. “No conozco ningún museo que reserve esa superficie tan grande a usos comerciales. ¿A qué responde realmente esta operación? ¿Qué gana la ciudad en retorno urbano con este tipo de equipamiento de carácter privado? ¿Qué compensaciones se proponen?”, se pregunta Jornet. Por ahora, no se ha presentado ningún plan de mejora del espacio público ni zonas verdes ni soluciones de movilidad.

¿Qué queda realmente del Palau Marcet?

El Palau Marcet, donde se prevé ubicar el museu, ya figuraba trazado en 1854, durante el derribo de las murallas de Barcelona, anticipando el futuro eje burgués por excelencia de la ciudad. El arquitecto Antoni Vilanova desgranó la sucesión de capas históricas superpuestas en el edificio: la conversión en teatro en 1934 cambió su interior, pero mantuvo prácticamente inalterada la fachada original; después se abrieron huecos comerciales y añadieron elementos como la marquesina; y partir de 1941 fue sede de actos multitudinarios vinculados con la dictadura. En 1989 se renovó parte de la fachada incorporando piezas de mármol y se transformó en cine.

Del interior del Palau Marcet no queda prácticamente nada original. Lo que sigue contando para la memoria colectiva es la envolvente: fachada, cubierta visible y volumen general que todavía conserva rasgos reconocibles del edificio de 1887. Vilanova advirtió que el proyecto del futuro Museo Thyssen implica una alteración excesiva de esa identidad acumulada durante casi siglo y medio. A su juicio, la reforma proyectada “cambia de raíz la relación entre el edificio y la ciudad y hace perder su carácter identitario”.

La crítica vecinal: especulación, opacidad y falta de participación

Las entidades vecinales también han sido muy críticas con la operación. La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) ha presentado alegaciones en las que califica el proyecto de “operación especulativa” articulada a través de una modificación del PGM hecha a medida del promotor privado Stoneweg, que obtendría un incremento de edificabilidad no justificado. Según la federación, esta ampliación del 25% rompe las reglas que rigen en el Eixample y desprotege el Palau Marcet, cuya volumetría histórica Patrimonio exige preservar.

Otra preocupación central es la sostenibilidad económica del equipamiento: mientras el Thyssen de Madrid depende de financiación pública estatal, en Barcelona el equilibrio se lograría mediante el incremento del techo edificable y la explotación de más de 2.500 m² de comercio y restauración, lo que para la FAVB confirma que la operación está orientada a la rentabilidad del promotor más que al interés cultural.

“Un proyecto catastrófico”

Sobre el edificio existente, Permanyer recordaba que buena parte de lo que hoy se percibe como histórico no lo es: el lateral junto al actual Hotel Avenida Palace es una ampliación de 1995 para alojar nuevas salas de cine, la entrada se rehizo entonces con mármol blanco y las grandes intervenciones verticales para cartelería alteraron su fisonomía original.

Del interior, señalaba, “ya no queda prácticamente nada”: solo persiste, oculto tras un panel, un escudo franquista colocado en 1941. Por eso advertía que la discusión no podía apoyarse en una supuesta integridad patrimonial que, en realidad, es parcial y errática. Y veía con especial preocupación que la operación no se limitara al museo, sino que incorporara un volumen posterior de grandes dimensiones destinado también a usos comerciales y restauración. Su conclusión era tajante: si se quiere preservar, debe hacerse con rigor; si no, quizá sería más honesto derribarlo y construir un edificio contemporáneo que dialogue de verdad con su entorno, en vez de justificar una ampliación que, a su juicio, desvirtúa una de las esquinas más significativas del Eixample.

Antes de avanzar, Barcelona debe saber si aspira realmente a una colección de relevancia equiparable a la de Madrid o si corre el riesgo de obtener una versión ampliada del modelo del Moco Museum en una esquina donde ya cuesta abrirse paso entre la muchedumbre.

Eran las 8:30 h de la mañana cuando Josefa salió por su portal. Allí la esperaban varios familiares y activistas por el derecho a la vivienda que se habían citado para intentar frenar su desahucio, previsto para a las 9 h. Después de cuatro intentos, la Comitiva Judicial logró expulsar este martes a esta anciana de 72 años y a su hijo Manuel, de 55, del piso en el que vivían como ocupas en el barrio barcelonés del Besòs.

Lo que diferencia a esta familia de muchos otros desahucios que se dan en la capital catalana es que el propietario de su hogar no era un fondo de inversión ni un gran tenedor, sino la Generalitat de Catalunya. Madre e hijo entraron al inmueble en 2018, después de abandonar un piso que compartían con otro de sus hijos con quien tuvieron problemas familiares. Debido a su situación económica, no encontraron más remedio que ocupar un piso que entonces era del banco Santander. Pero años después, lo compró la Agència de l'Habitatge de Catalunya para convertirlo en un piso protegido.

Ese giro de guion ha sido el que ha hecho que ni Josefa ni su hijo tengan derecho ahora a ninguna alternativa. Como ambos cuentan con un informe de vulnerabilidad avalado por los Servicios Sociales, si hubieran estado ocupando un inmueble de titularidad privada, habrían podido acceder a un alquiler protegido. Pero el juez considera que, a pesar de su situación económica, el hecho de haber estado en un piso público les impide iniciar cualquier trámite en la mesa de emergencia.

“Estoy fatal, quien más me preocupa es mi hijo”, repetía Josefa durante la mañana de su desahucio. Ambos han pasado sus dos primeras noches en casa de un familiar, aunque la normativa dice que deberían tener acceso a un Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) para pasar los días después del desahucio. A Josefa se le ofreció unas noches en un albergue, pero las descartó porque nadie le pudo asegurar que fuera en Barcelona.

El caso de Manuel es más complejo. El centro al que acudió después de que le echaran de casa no le planteó la opción de hospedarse en un alojamiento temporal. Desde Servicios Sociales no han confirmado a este medio los motivos exactos debido a la política de protección de datos, pero desde el Sindicat d'Habitatge, entidad que ha acompañado a la familia, aseguran que le denegaron la opción debido a un problema de adicción al alcohol que sufre desde hace décadas. Por su parte, desde el Ayuntamiento niegan la mayor y aseguran que “el consumo de alcohol no es motivo de exclusión para acceder a un centro de acogida”.

Por ahora, ambos están en casa de familiares, pero Josefa sabe que es una solución temporal y teme que, próximamente, su hijo se quede sin alternativa. Manuel sigue viviendo con ella porque, debido a su adicción, no tiene ingresos y depende de la pensión de su madre, que apenas supera los 1.000 euros.

A pocos minutos del desahucio y mientras sonaban palmas al compás flamenco y gritos de “Josefa, escucha, tu lucha es nuestra lucha”, la anciana lagrimeaba sentada en la silla que bajó de su casa. Desde allí esperaba a que los mediadores de la comitiva judicial intentaran llegar a un acuerdo con su hija y con miembros del sindicato. “Si es que yo no quiero estar así, yo quiero tener mis cosas en condiciones. Yo soy una mujer digna”, expresó a elDiario.es.

No hubo acuerdo y poco después de que le comunicaran la noticia, los servicios de emergencias médicas tuvieron que intervenir y trasladar a Josefa a un centro de salud, donde quedó ingresada por varias horas. Su presión arterial había subido hasta 200 mmHg.

El informe de vulnerabilidad no sirvió para frenar el desahucio

El pasado lunes se cumplieron cuatro meses del fallecimiento de Antonio, el marido de Josefa, por un cáncer terminal. Siete días antes de su muerte, su abogada logró que pararan la primera orden de desahucio debido a que el hombre se encontraba “en situación terminal”. Aun así, en primera instancia, el juez había desestimado sus pretensiones, que ya incluían un informe de vulnerabilidad de los miembros de la familia y documentación sobre el estado de salud de los tres. 

Cuatro días después de la muerte del hombre, Josefa recibió una nueva carta de desahucio programado para el 15 de octubre, es decir, el miércoles pasado. El día coincidió con la huelga general a favor de Palestina y los Mossos decidieron aplazarlo seis días más. 

Según ha trasladado la Comitiva Judicial a portavoces del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs, el proceso ya no estaba abierto a negociaciones debido a la decisión del juez, que decretó que Josefa y Manuel no tenían derecho a una vivienda protegida por haber ocupado un piso de titularidad pública. Pero desde el Sindicat no lo ven así.

Recuerdan que la familia entró a ocupar el inmueble cuando todavía era propiedad de un banco, que lo había mantenido años vacío. Además, recalcan que hay una disposición transitoria en el reglamento de la mesa de emergencia que determina que, si una familia vulnerable lleva tiempo viviendo en un piso ocupado, el Ayuntamiento puede darles un contrato de alquiler social en lugar de echarlos, si cumplen ciertas condiciones y se demuestra que lo necesitan. A eso se acogerán para resolver la situación de esta anciana, pero reconocen que el camino no será fácil.

Ocho años en el mismo piso

Josefa y su marido Antonio ocuparon en 2018 el piso, el cual estaba vacío y pertenecía al Banco Santander. Lo vieron como la opción más viable ante su situación económica, teniendo en cuenta que se encontraban en riesgo de exclusión social. Únicamente contaban con la pensión por jubilación de Antonio, de la que dependían los tres. A esto se le sumaba el trastorno por alcoholismo de su hijo y varios problemas de salud de ambos progenitores. Ese fue el año en que les echaron de su anterior hogar y, en una ciudad en que los precios de la vivienda habían subido un 33%, no vieron ninguna otra alternativa. 

En 2019, la Agència de l’Habitatge de Catalunya compró el piso para destinarlo a una vivienda social y en 2020 empezaron a llegar las primeras cartas pidiendo el desahucio. Desde entonces, su abogada ha presentado varios recursos en el juzgado, no solo para intentar frenar la expulsión de la familia, sino también para garantizar una alternativa de alquiler social. 

Pero ninguno de los certificados que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, así como los informes médicos que muestran el estado de salud de Josefa, Antonio y Manuel, ha servido para impedir el desahucio de este martes. “No me lo creía. Pensé que, al ser un piso de titularidad pública y al tener el certificado de vulnerabilidad, acabarían ofreciéndoles una solución de alquiler social”, expresa la letrada. 

De hecho, explica que, en su momento, habló con otras abogadas que habían llevado casos similares de familias vulnerables ocupando pisos públicos en los que finalmente se les acababa ofreciendo una vivienda social debido a su situación socioeconómica. elDiario.es ha intentado contactar con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, pero no ha habido respuesta alguna por parte de la entidad pública. 

Desde el Sindicat explican que la administración decidió llevar a cabo el primer intento de desahucio porque la mesa de emergencia consideró que el informe de vulnerabilidad elaborado por los Servicios Sociales “no cumplía los requisitos para acceder a un piso público en ese momento”. La abogada explica que le pedían “acreditar información de la cual no disponía”, ya que esta no existía. Como por ejemplo, “los ingresos de Josefa o su declaración de la renta”, información imposible de acreditar debido a que la mujer no trabajaba.

Señala que aportó “los informes de los servicios sociales, los ingresos de la pensión de jubilación del marido, extractos bancarios e informes médicos”, pero no bastó. “Se está penalizando a estas familias vulnerables por el hecho de que no hay suficiente vivienda social, cuando no es su culpa”, señalan los activistas.

Josefa sufre de diabetes, hipertensión, ciática, depresión, hernia discal, artrosis y artritis, por lo que necesita una persona que la cuide constantemente, tarea de la que se encarga su hija Antonia. Aunque tiene derecho a acceder a un albergue temporal durante unos 15 días, teme que, si la trasladan a uno fuera del municipio, ningún familiar pueda venir a hacerse cargo de su salud. Además, reconoce que le provoca “pánico” verse, con 72 años, compartiendo espacio con desconocidos en un albergue. Todos estos impedimentos han hecho que Josefa haya optado por buscar a un familiar que la acoja, al menos, temporalmente.

Los Ayuntamientos de Barcelona y Ramala han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para ayudar a promover el desarrollo y recuperación urbana, de gestión del agua, promoción económica y actividades culturales de la ciudad palestina.

El pacto lo han rubricado los alcaldes de ambos municipios, Jaume Collboni y Issa Kassis. El barcelonés ha destacado que el acto, que estaba programado desde hacía semanas, tiene lugar justo después del alto al fuego y al principio de un acuerdo de paz. Por eso, ha insistido en que Barcelona también aportará “su granito de arena” a la espera de una paz “justa” y con un “horizonte de esperanza”.

El acuerdo dota al AMB y a técnicos del Ayuntamiento de un papel destacado para trabajar sobre la gestión del espacio público y las zonas verdes. También se echará mano de la empresa pública Barcelona Activa como intermediario para promover la actividad económica. También se creará un canal para que se puedan llevar a cabo actividades educativas, deportivas y culturales en la Franja.

Kassis ha celebrado que el convenio reforzará la presencia de los ciudadanos en su ciudad y servirá para “volverlos a arraigar a su tierra”, promoviendo las ganas de vivir. También ha agradecido a Barcelona haber “escuchado con todos sus sentidos, oídos, corazón y conciencia” a Gaza. Y ha destacado la “valentía” de los manifestantes que han secundado la huelga de este miércoles para pedir la paz en Oriente Medio.

Asimismo, Collboni ha parafraseado a Pedro Sánchez y ha insistido en que el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, debe comparecer ante la justicia por los crímenes cometidos en Gaza: “La paz no puede significar impunidad”.

El encuentro se ha dado en el marco del proyecto Distrito 11 de la ciudad, un plan que ya ideó el exalcalde Pasqual Maragall con Sarajevo en los años 90. En esra ocasión el proyecto consistirá en reforzar la cooperación con distintas ciudades de Palestina, con un presupuesto de un millón de euros anuales.

Como símbolo de la unión y la paz, Collboni ha entregado a Kassis un olivo para que se plante en Ramala, un árbol que el alcale gazatí ha reivindicado como una representación de su pueblo: las hojas por la deseada paz y las raíces por la conexión con la tierra.

A su vez, Kassis ha entregado a Collboni un documento que certifica el bautizo de una de las principales calles de Ramala con el nombre de Barcelona. El cambio se quería presentar el pasado septiembre, pero tuvo que anularse después de que Israel vetara la entrada del alcalde catalán al país.

Sin duda el momento de mayor impacto del pregón que esta tarde de la actriz Emma Vilarasau, con motivo de las fiestas de la Mercè, ha pronunciado desde el Saló de Cent del ayuntamento de Barcelona, ha llegado al final de su parlamento, cuando se ha referido a su deseo de ver juzgado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“¿Podemos pedir un deseo de Fiesta Mayor, al igual que pedimos deseos por San Juan y los quemamos en la hoguera?”, ha rogado Vilarasau. “Si se puede”, ha proseguido, “mi deseo es ver a Netanyahu y a toda su cúpula militar juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante una corte penal internacional”.

Pero la protagonista de Casa en flames no se ha detenido en Netanyahu, sino que ha señalado a Europa por su silencio cómplice, asegurando, no obstante, que no es tarde para posicionarse: “Europa ya no será nunca la Europa en la que algunos creímos, pero al menos procuramos recuperar un mínimo de credibilidad”.

“Mi deseo es que de una vez por todas se lleven a cabo sanciones y embargos en Israel, y que de una vez por todas se deje de negociar con un gobierno genocida”, ha señalado Vilarasau, que ha añadido que “lo que se ha aprobado hoy ni sirve de nada ni es lo que pedíamos”, en referencia al reconocimiento de Palestina como estado. También ha llamado a Israel “estado genocida”.

“Estoy cansada, imagino como muchos de vosotros, de sentir tristeza, así pues, pienso que [el hecho de que] no te dejen entrar en Tel Aviv quizá sea más un honor que un agravio”, a apostillado refiriéndose al veto recibido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por parte de las autoridades israelíes.

Previamente, en la presentación de Vilarasau como pregonera, Collboni, había declarado: “Hoy Gaza arde y Barcelona llora; hoy Gaza arde y Barcelona actúa, recuperando aquel Distrito 11 que nació con Sarajevo cuando construimos un puente de ayuda, de solidaridad y de esperanza”.

Finalmente, Emma Vilarasau ha llamado al público a acudir a la manifestación por Palestina del sábado 4 de octubre a las 12 del mediodía: “Me gustaría veros en la manifestación organizada por la comunidad palestina de Barcelona, 'Coalición Basta complicidad con Israel', el día 4 a las 12 del mediodía”. “Ese fin de semana hay programadas muchas manifestaciones en todo el Estado español”, ha proseguido para hacer hincapié en que “Barcelona siempre ha sido sensible a las injusticias”. “Así que llenemos las calles una vez más”, ha remachado entre el aplauso del público.

Una carrera artística ligada a Barcelona

Siempre impecable y elegante, con su habitual apostura al dirigirse al público, Emma Vilarasau ha tocado distintos temas de actualidad durante su extenso parlamento. La vivienda, la involución democrática en los países occidentales, el ataque a los derechos de los catalanoparlantes y, cómo ya se ha explicado, la situación que se vive en la franja de Gaza, han sido algunos de los temas con los que la actriz ha trufado su discurso.

El pregón de Vilarasau, sin embargo, ha tenido como eje central la glosa de su larga carrera en el teatro catalán, del que es una de sus máximas representantes, así como su paso por las series de televisión de TV3, la mayoría de ellas ideadas por Josep Maria Benet i Jornet, que son el medio que le ha otorgado mayor popularidad entre el gran público. No obstante, no ha hecho mención alguna a su paso el cine, medio que el pasado año le valió un Gaudí y un Feroz.

Ha recordado durante su parlamento, que se ha extendido durante algo más de media hora, sus primeros pasos en el teatro y su ingreso en el antiguo Institut del Teatre de la calle Elisabets, que terminó siendo con los años un bar nocturno. Después sus primeras actuaciones, su ingreso en el Teatre Lliure y sus posteriores primeras actuaciones en distintas salas y con disitntos proyectos, como el histórico montaje de 1993 de Roberzo Zucco en el Palau de l'Agricultura de Montjuic, que la que fue la primera representación de la obra de Bernard-Marie Koltès en el Estado.

Menciones a la crisis de la vivienda

También ha recordado la primera vez que interpreto a Brech en 1987, en la obra Santa Juana de los Mataderos. De su texto ha citado dos frases. En primer lugar: “¿De qué sirve la bondad si los bondadosos son abatidos los primeros, y también lo son todos aquellos hacia quienes han manifestado su bondad?”. Seguidamente: “¿De qué sirve la libertad si los libres deben vivir entre los subyugados? ¿De qué sirve el sentido común si sólo con la ferocidad se obtiene la comida que todos necesitamos?”. “Sorprende la actualidad del texto”, ha hecho notar la pregonera.

Y mientras desgranaba su carrera, la iba vinculando a la “carrera de Barcelona” en todas estas décadas, desde aquel tardofranquismo convulso a las primeras manifestaciones feministas y LGTBI de 1976. “Me apuntaba a todas las reuniones y asambleas clandestinas, repartía octavillas en el metro, corría delante de los grises con el corazón a mil y buscando siempre con la mirada un lugar en el que huir, un portal donde esconderme”, ha desvelado.

Ha recalado después en los primeros ayuntamientos democráticos y la Barcelona preolímpica de Maragall, para desembocar en los Juegos Olímpicos de 1992, año que ha asegurado que la marcó para siempre. En primer lugar, por el nacimiento de su hijo y en segundo por la muerte por VHI del legendario director artístico Fabià Puigserver, el hombre que revolucionó el teatro catalán contemporáneo.

“Al final de los 80 y los inicios de los 90, Barcelona sufrió una epidemia de VIH que nos arrebató muchos compañeros; vimos marchar a amigos y compañeros de profesión y un miedo callado y profundo se instalaba en el mundo del teatro”, ha comentado. “Fueron años muy difíciles, de mucho dolor y donde la pregunta '¿quién será el siguiente?', '¿Quién lo lleva y no lo sabe?', planeaban en la mirada de muchos”, ha agregado rompiendo a llorar ante el recuerdo de Puigserver y el aplauso emocionado del público.

El nacimiento de su hijo le ha servido para abordar otro de los temas candentes de la actualidad en Barcelona, en Catalunya y también en España: el acceso a una vivienda digna. Ha explicado las vicisitudes por las que pasó en su momento –“con el sueldo de actor” de su pareja, Jordi Bosch– para poder criar a su hijo en un domicilio propio, y ha lamentado que “hoy muchos jóvenes y no tan jóvenes se ven obligados a vivir en una habitación o a irse de su ciudad”. “Creo que es realmente triste e inicio de decadencia por una ciudad, cuando se ahuyenta a sus ciudadanos”, ha advertido a continuación, de nuevo arrancando el aplauso emocionado de los asistentes.

Defensa del catalán

Para concluir su repaso, Emma Vilrasau se ha referido a su paso por las populares series de sobremesa de TV3 en los años noventa, la mayoría procedentes de la factoría de Josep Maria “Papitu” Benet i Jornet. Ha rememorado cómo, viniendo del mundo del teatro, donde el catalán que se recita es culto, se dio cuenta de que a nivel de calle este idioma estaba profundamente dañado por tantos años de franquismo.

Vilarasau ha destacado el trabajo de recuperación del catalán que en su día hizo la televisión catalana y ha lamentado que “la gente no es consciente de lo que ha costado mantener la lengua”. “Ahora duele cuando ves situaciones en que la gente no tolera el catalán, o le parece poco internacional, o te pide que cambies si no te entienden”, ha apostillado. “Quizás si la gente supiera que esta lengua ha sufrido mucho sería más comprensiva”, ha comentado la pregonera recibiendo otro caluroso aplauso.

Vilarasau ha cerrado la glosa de su carrera agradeciendo su etapa en el teatro privado de la mano de Focus, que “se abría paso en la ciudad, al inicio con cierta competitividad con el teatro público, pero con los años todos han encontrado su sitio, y es un eje fundamental del teatro en Barcelona”.

Finalmente, Vilarasau ha cerrado su pregón llamando a la ciudadania a ocupar la ciudad con alegría durante las fiestas con un enfatico: “No dejéis que los turistas os amarguen”.

La actriz Emma Vilarasau será la pregonera de las próximas fiestas de la Mercè de Barcelona, que se celebrarán en septiembre. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, durante la presentación del cartel y el programa de las fiestas.

El alcalde lo ha avanzado en un acto en el Saló de Cent del consistorio junto a la actriz, que ha asegurado que dudó antes de aceptar el reto. “Se me pasó el susto y ahora me hace mucha ilusión la propuesta, en un año en el que la fiesta está dedicada a las artes escénicas”, ha dicho Vilarasau durante el acto.

La actriz ha dicho ser consciente de la “gran responsabilidad” que tiene como pregonera y ha destacado la estima que le tiene a la ciudad y a su gente por el acompañamiento que le han brindado a lo largo de su carrera.

Emma Vilarasau recibió en febrero pasado el Premio Días de Cine a la mejor interpretación femenina por su papel en la película Casa en flames dirigida por Dani de la Orden y cointerpretada por Alberto Sanjuan, Macarena Garcia, Clara Segura y Enric Auquer entre otros actores y actrices.

Su discurso de agradecimiento por el premio fue uno de los más celebrados. “Envejecer no puede ser tan terrible, si el cine lo normalizara, mostrando una vejez luminosa, alegre, digna, tal vez las mujeres dejarían de agredir su cuerpo para retrasar esa vejez”, dijo entonces.

Barcelona ha presentado una nueva estrategia para descongestionar los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), el servicio pensado para personas o familias vulnerables que han sufrido un desahucio y que no disponen de red ni de alternativa habitacional.

Se trata de habitaciones en pensiones u hostales que acogen a unas 2.770 personas y que, aunque están pensados para ser una ayuda que no dure más de seis meses, actualmente el 63% de los usuarios supera este máximo. Para evitarlo, el Ayuntamiento ha decidido cambiar el enfoque y priorizar las prestaciones económicas para que las familias afectadas “recuperen su autonomía” y puedan encontrar un lugar propio en el que vivir.

A este efecto, el consistorio ha creado una nueva ayuda que arrancará este julio como prueba piloto con 400 casos. Equivale a un ingreso mensual durante un año de 800€ para personas solas o parejas y de 1.500 para familias con uno o más hijos. “Queremos ofrecer oportunidades para que desarrollen un itinerario propio”, ha expresado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes.

Los beneficiarios serán las personas que lleven más de seis meses en un ATU, que sean solicitantes de una Vivienda de Protección Oficial y acepten un acompañamiento por parte de los Servicios Sociales. Esta última parte es clave para el Ayuntamiento porque, aseguran, para que esta “empancipación” funcione, se deben tener en cuenta las especificidades de cada perfil. “Hay gente que sí puede mantener una vivienda propia, pero necesitan un pequeño empujón para encontrar un buen lugar y saber gestionar los ingresos”, añade Fuertes.

De hecho, el acompañamiento es tan central que no acabará cuando se agote la prestación, de tal manera que la familia seguirá contando con ayuda de Servicios Sociales para poder organizarse y seguir pagando el alquiler una vez deje de recibir el insumo. Además, se contempla que tanto la prestación como la asistencia profesional sigan aunque la persona beneficiaria encuentre una vivienda fuera de la ciudad de Barcelona.

Ahora bien, el Ayuntamiento reconoce que no todas las personas que viven en alojamientos de urgencia son capaces de gestionar una ayuda económica que les permita ser autónomos. Para esos casos, se priorizará la derivación a los Centros de Estancias Breves. Se trata de equipamientos con equipos socioeducativos especializados y acompañamiento continuado.

“Están pensados para personas solas o parejas sin hijos que tienen riesgo de caer en situaciones de soledad no deseada o dificultades sociales. Para ellas, estar temporalmente en un centro, con espacios comunes y profesionales, pueda ayudarles a ganar autonomía”, aseguran desde el consistorio.

Servicio “colapsado” y listas de espera

Estas medidas se suman al presupuesto de 38 millones con el que está dotado el servicio de urgencia habitacional del Ayuntamiento de Barcelona, que desde hace dos años ha aumentado en un 50% el monto dedicado a ayudas y prestaciones. Con este cambio se busca descongestionar la vía de los ATU, un servicio “básico” pero “colapsado”, según reconocen fuentes municipales.

Los alojamientos de urgencia actualmente acogen a 2.770 personas y cada mes tienen una lista de espera de unas 48 nombres. A ellas habría que sumar otros colectivos que viven en situación de calle o infravivienda, así como personas que han sido desahuciadas pero, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad, no cumplen los requisitos de los ATU. En total, el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo) de Barcelona calcula que son 2.860 personas. Es decir, más de las que actualmente acceden a este servicio.

A medidados de junio, este organismo publicó un informe en el que apuntaba a la necesidad revistar este servicio de urgencia y de crear más plazas. Para ello, proponía usar parte de los pisos turísticos que en 2028 se quedarán sin licencia, así como invertir la tasa turística para aumentar su financiación y mejorar sus instalaciones.

En esta línea, aseguraba que su estado es “deficiente, con costes elevados y baja calidad”. Esta es una de las mayores quejas de los usuarios de ATU, que remiten a que los alojamientos son, en realidad, habitaciones de pensiones u hostales que, en la mayoría de casos, no tienen cocina e, incluso, a veces ni baño privado.

Esto, según el Síndic, es “especialmente grave” si se atiende a la composición de los usuarios de ATU: en el 64% de ellos hay presencia de menores, en el 33% hay casos de discapacidad o dependencia moderada y en el 16% problemas de salud mental.

Además, el Síndic también critica su gestión que, ahora mismo, depende de operadores turísticos que tienen la propiedad de las pensiones u hostales. Y estos, a su vez, se deben coordinar con el Ayuntamiento o las entidades del tercer sector que hacen el seguimiento de los usuarios. Con todo, el Defenso del Pueblo asegura que la situación no cumple los requisitos mínimos indispensables.

Desde el Ayuntamiento coinciden en parte con ese diagnóstico y reconocen que el servicio tiene un “tensionamiento alto” y que, ante la falta de alternativas habitacionales efectivas, hay familias que están en alojamientos de urgencia desde hace más de 4 años. Aseguran que estos plazos “vulneran los principios de temporalidad, dignidad, promoción y autonomía que debería inspirar cuaquier servicio de alojamiento público”.

Pero, a la vez, alertan de que la “intensificación sin precedentes de la crisis de la vivienda”, que el año pasado acabó provocando 1.331 desahucios en Barcelona, el número de personas que necesitan este servicio “no se van a reducir” en el corto plazo.

Es por eso que, en lugar de apostar por abrir más plazas, el consistorio va a apostar por la “autonomía de los usuarios” otorgándoles prestaciones económicas. Una vía que, aseguran, “genera mejoras substanciales en el bienestar y en la reducción de la dependencia institucional” y, además, “son más económicas que una plaza de urgencia”.

En Barcelona hay, a día de hoy, 800 pisos turísticos ilegales. Es decir, el 8% del total, según datos del Ayuntamiento, que se encuentra en plena batalla contra esta actividad. Tanto que solo hasta abril de 2025 ha realizado 3.200 inspecciones, incoado 633 expedientes, iniciado 213 sanciones e impuesto 330 órdenes de cese.

Barcelona es la segunda ciudad española, solo superada por Madrid, con más pisos turísticos a pesar de que la cifra no ha dejado de bajar en los últimos años: en 2020 el peso de los alojamientos pensados para visitantes sobre el número total de viviendas era el doble.

Esto es así porque la capital catalana inició en 2017 una campaña contra las residencias turísticas ilegales. Fue una de las batallas insignia de Ada Colau y el actual alcalde Jaume Collboni le ha tomado el relevo, siendo esta prácticamente la única política de su antecesora a la que ha dado continuidad. Así, en estos ocho años, se han cerrado más de 15.000 anuncios en plataformas como Airbnb y se han incoado más de 11.500 expedientes.

Pero, ¿cómo se encuentran estas viviendas? Este es el trabajo de la Dirección de Servicios de Inspección (DSI), un departamento del consistorio que cuenta con un equipo informático y más de 30 técnicos dedicados a buscar en las entrañas de estas webs pisos que se saltan la legalidad.

Lo hacen a través de una spiderweb que ha desarrollado la DSI. Se denomina así a los programas informáticos que inspeccionan páginas de manera metódica y organizada y que permiten extraer bases de datos. Y eso es lo que hace este sistema con las decenas de miles de anuncios de pisos turísticos que hay en Barcelona.

Se trata de una tarea minuciosa que va más allá de comprobar si los anuncios cuentan con licencia o no, que es lo que rastrean diversas webs como Inside Airbnb, una página norteamericana que da una aproximación de cuántos pisos ilegales hay en diversas ciudades del mundo. Pero desde el consistorio alertan de que hay que ser “más cuidadoso” si lo que se quiere es incoar expedientes administrativos que permitan cerrar alojamientos.

Porque aunque un piso anunciado no adjunte la licencia, no significa necesariamente que sea ilegal. Porque puede ser que la tenga activa, pero no la haya subido al anuncio. O también puede ser que se esté ofertando como alquiler de temporada -una modalidad cada vez más frecuente en plataformas como Airbnb y para la cual no hace falta licencia.

Así que el programa debe rastrear también los calendarios de disponibilidad y ver de qué tipo de oferta se trata. A veces, pueden pasar meses hasta que una sospecha se confirma. En algunos casos, han debido de esperar hasta eventos como el Mobile World Congress, la Copa América el Primavera Sound, a raíz de los cuales el propietario aprovecha para usar su piso como alojamiento turístico sin tener licencia. Y, en el momento en el que lo activa en la web, la ‘araña’ lo detecta.

Pero el trabajo no acaba aquí. Porque plataformas como Airbnb -que copa el 90% de la oferta en Barcelona- no “colaboran”, tal como aseguran desde el consistorio. Por un lado, no comprueba la identidad de las personas que se anuncian, con lo que se dificulta la tarea de encontrar a los posibles infractores. “Una vez, encontramos a un anunciante que se llamaba James Bond, cuyo DNI era 00000007”, explican desde el DSI.

Además, tampoco publica la dirección exacta del alojamiento en los anuncios y, no se puede incoar un expediente sin la dirección. Así que, una vez se detecta una posible ilegalidad, el algoritmo se aparca y debe entrar en juego la inteligencia humana.

Son una treintena de técnicos que se dedican a entrar “anuncio por anuncio” para verificar los datos y mirar los comentarios en busca de si se menciona la proximidad a la playa, alguna parada de metro o restaurante en concreto. También inspeccionan las fotografías, fijándose en las ventanas y fachadas, para intentar ubicar el piso en una zona de la ciudad. Con suerte, en alguna calle en específico. Y entonces toca salir del despacho y rastrear.

Cuando sienten que ya se están acercando y sospechan que han encontrado el portal, preguntan a los vecinos, que suelen mostrarse “muy colaboradores” con los inspectores, debido a las molestias que acostumbran a causar los pisos turísticos. De hecho, las quejas de los vecinos son otra de las herramientas que tiene el consistorio para encontrar alojamientos ilegales.

Airbnb, en el punto de mira

Según explican desde esta Dirección a elDiario.es, en la capital catalana hay unas 28.000 ofertas activas -20.000 de las cuales son de Airbnb-. Cada mes, entre altas y bajas, se cuentan unos 2.500 anuncios nuevos y, de entre ellos, se detectan entre 300 y 400 ofertas ilegales.

La mayoría de plataformas reaccionan “rápido” y desactivan los pisos ilegales “en menos de 24 horas”. Booking es la que más se ha comprometido, llegando a crear un canal de comunicación directo con las administraciones para que puedan comunicar anuncios ilegales y hasta han contratado una persona que solo trabaja para Barcelona. Pero el peso de plataformas como Booking y sus 3.000 anuncios en Barcelona es nimio. “En Airbnb encontramos 10 veces más ilegalidad que en otras empresas”, afirman desde el consistorio.

Por eso, cuando el Ayuntamiento inició su campaña contra las viviendas turísticas ilegales, en 2017, supo que debía intentar cooperar con la compañía americana. Así que un año después firmó dos convenios. Uno, por el cual tenían acceso a los datos de la plataforma -aunque cuando descubrieron a James Bond supieron que “no servían de nada”- y otro por el cual la empresa se comprometía a cerrar los anuncios ilegales en un plazo de entre 5 y 10 días previa notificación postal.

Esto funcionó bien hasta esta semana santa de este año. Ese mes, el Ayuntamiento realizó la comunicación como de costumbre, pero la plataforma todavía no ha cerrado esos anuncios. Este cambio de actitud se da pocos meses después de que el Gobierno anunciara que abría un expediente sancionador contra la empresa precisamente por negarse a cerrar anuncios ilegales.

Por su parte, el Ayuntamiento comprende que Airbnb ha “roto la colaboración” con Barcelona y estudia emprender acciones legales contra la plataforma. “Que hayan roto la colaboración con el Ayuntamiento es inaceptable. Airbnb opta por proteger a los infractores”, ha apuntado, en declaraciones a elDiario.es, la teniente de alcalde Laia Bonet.

Por su parte, Airbnb ha contestado al consistorio asegurando que “no ha cambiado sus políticas y sigue atendiendo las solicitudes para eliminar aquellos anuncios que no cumplen con la normativa”. Pero sostienen que el Ayuntamiento aplicó una metodología “indiscriminada” por la cual habría requerido la eliminación de anuncios de pisos que no requerían licencia, como ofertas de alquiler de temporada.

La compañía ha explicado que su intención es “mantener la colaboración”, pero alerta de que se demorará en eliminar los anuncios porque quiere “asegurar la toma de decisiones adecuada”. Por su lado, el Ayuntamiento asegura que estará pendiente de Airbnb. “No retrocederemos en la lucha contra la actividad ilegal, que hasta ahora ha permitido recuperar más de 3.900 viviendas para uso habitual”, ha añadido Bonet.

Se refiere a los pisos que, tras haber sido detectados como ilegales en el mercado turístico, han pasado a ser de alquiler. Esta es una opción a la que se acogieron muchos propietarios durante los años más afectados por la pandemia, coincidiendo con las temporadas turísticas más bajas. Ahora bien, que una vivienda saliera de Airbnb en su momento no significa que no haya podido volver en un futuro, tal como alertan fuentes del consistorio.

Los trucos de las “mafias”

Después de casi 10 años de campañas, las plataformas y los usuarios han reaccionado con suficiente diligencia como para que solo fuera necesario imponer dos sanciones, ambas a Airbnb: una de 30.000 euros y otra de 600.000. Esa fue en 2016, antes de firmarse el convenio, y todavía sigue en los tribunales.

Pero ahora, según el consistorio, el verdadero reto son los multiinfractores. Suelen ser personas coordinadas que alquilan diversos pisos y publican grupos de anuncios de manera organizada. Así, no solo tienen ofertas ilegales, sino que, además, también estafan a los propietarios de las viviendas. Actualmente, hay activas 26 redes de este tipo, a las que el consistorio llama “mafias”. Hace dos años eran 38.

Estos infractores tienen diversas maneras de operar: pueden poner diversos anuncios para el mismo piso en la misma plataforma. También pueden intentar esquivar las inspecciones municipales mintiendo sobre la dirección de la vivienda y luego enviándole directamente al cliente vía mensaje privado la dirección correcta.

También suelen realizar obras ilegales -sin el conocimiento de los propietarios- para generar más habitaciones en un solo piso para poder meter a más gente dentro. Con esto, las viviendas pueden llegar a perder la cédula de habitabilidad, así que la falta de licencia turística no es la única ilegalidad. Igualmente, suelen ofertar alquiler de habitaciones turísticas, práctica que está prohibida en Barcelona desde 2022 y que solo pueden llevar a cabo los hostales acreditados con su debida licencia.

Las casuísticas y las posibilidades de saltarse la normativa son muchas. Por eso, desde la DSI del Ayuntamiento explican que el trabajo que realizan es “complicado, pero necesario” para evitar volver a las cifras de 2017. En el momento en el que se empezó la campaña para acabar con las ofertas ilegales se iniciaron 6.000 expedientes en solo un año, mientras que ahora la cifra es tres veces menor.

Ahora bien, el plan de Barcelona es acabar con todos los alquileres turísticos de cara a 2028, fecha en la cual un visitante solo podrá alojarse en hoteles o albergues. En ese momento, la spiderweb dejará de funcionar y los técnicos podrán dedicarse a inspeccionar otras licencias como las de las terrazas, los supermercados fantasma o las dark kitchen.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reorganizado el gobierno municipal justo cuando se cumple la mitad de su mandato. El nuevo cartapacio implica la creación de una quinta tenencia de alcaldía y tres comisionados nuevos.

De esta manera, Collboni se prepara para afrontar lo que le queda de mandato asumiendo que, tras el portazo de ERC de hace pocos días, gobernará hasta las próximas elecciones en solitario.

La nueva teniente será Raquel Gil, hasta ahora concejal del distrito de Sants-Monjuïc y responsable del área de Promoción Económica (hasta ahora en manos de Jordi Valls). Así, Gil ahora pasará a gestionar también Acción Social; Comercio, Restauración y Mercados; Empresa y Trabajo; Igualdad y Feminismos; y Memoria Democrática.

Por otro lado, la carpeta de Vivienda pasará a ser competencia de la tenencia de Economía, con Jordi Valls al frente. Esta materia estaba bajo la primera tenencia de alcaldía, la de Laia Bonet.

Con esta reestructuración, la segunda teniente de alcaldía, Maria Eugènia Gay pierde bastante peso en el organigrama municipal al dejar de gestionar las carteras de Acción Social, Cultura, Deportes y Coordinación Territorial. Ahora pasará a coordinar el área de Presidencia y Relaciones Internacionales junto a las carpetas de Educación, Salud, Derechos Humanos y Ciclos de Vida.

A esta reestructuración se debe sumar la incorporación de tres nuevas comisionadas: por un lado, Nadia Quevedo, quien ya ejerció como jefa de gabinete del primer teniente de alcalde de Jordi Hereu durante su segundo mandato. Luego, pasó al sector privado. Por otro lado, quedan pendientes los nombramientos de un comisionado de Política Lingüística (dependiente de alcaldía) y de Rehabilitación (adscrito al área de Vivienda).

Estos últimos comisionados se escogerán a propuesta de ERC, tal como han confirmado los republicanos a este medio. De hecho, la creación de una comisión que se ocupara del catalán formaba parte del acuerdo que el PSC cerró con los de Alamany a cambio de su voto positivo para las ordenanzas fiscales.

De esta manera, aunque su entrada en el Ejecutivo haya quedado totalmente descartada, se afianza el papel que tendrá ERC como socio preferente de Collboni. Aun así, el alcalde deberá acabar el mandato en clara minoría, sólo con 10 concejales que, a pesar del apoyo de los republicanos, no le han permitido aprobar ningún presupuesto por la vía ordinaria. Y será con esos mismos 10 votos con los que tendrá que afrontar debates importantes para la legislatura como la reforma de la norma del 30% o la de la norma de convivencia.

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza (Matamoros, México 1964) ha sido la encargada de pronunciar el Pregón de la Lectura, el discurso que da el pistoletazo de salida a la diada de Sant Jordi en la ciudad de Barcelona.

El acto se ha celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, donde la autora, galardonada con el premio Pulitzer 2024, ha hecho un elogio de la lectura. “Leer es respirar al unísono”, ha sostenido Rivera Garza. “Todas las palabras, mediadas por los signos de puntuación, son palabras de aliento”.

“Sobre los anaqueles de las bibliotecas descansan las respiraciones de tantos otros. Ahí no sólo se preserva el conocimiento y la información, sino sobre todo las bocanadas de aire fresco que resultan de la exhalación e inhalación que, gracias a la lectura, nos enseñan a recuperar el aliento en los tiempos asfixiantes que nos cercan ahora mismo”.

Así, considerando la lectura como una experiencia colectiva, la escritora también ha hecho una oda a la imaginación motivada por los libros. Esa imaginación, para Rivera Garza, también es un hecho “acuerpado” con un gran poder de transformación.

“Si fuera una cosa meramente mental, producto abstracto de una exaltación pasajera, a nadie le preocuparía y nadie pondría atención. El poder del Estado no trataría de mantenerla a raya ni las argucias del capital intentarían explotarla, buscando una oportunidad para producir ganancia a su costa”, ha apuntado la escritora.

Con su discurso ha animado a la ciudadanía a seguir leyendo e imaginando, acciones que ha definido como “pequeñas mutaciones cotidianas, aparentemente fútiles o superfluas”, pero que en realidad “lanzan preguntas punzantes a la supuesta naturalidad o inevitabilidad de nuestras sociedades”.

Esas preguntas, para Rivera Garza, son cuestiones con capacidad transformadora, tanto de la sociedad como de las propias vidas. Por ello, la escritora sostiene que “la imaginación es adictiva” y además, unida a la literatura y al acto de leer, “podría traernos de regreso a nuestros muertos”, sostiene.

Cristina Rivera Garza ha hecho esta afirmación después de recordar a su hermana Liliana, quien fue víctima de un feminicidio en 1990. La escritora investigó los últimos años, semanas y días de vida de la joven a través de sus escritos, cartas y fotografías. Fruto de ello, escribió el libro El invencible verano de Liliana, que le valió ser merecedora del premio Pulitzer 2024.

“Cuando leí por primera vez los documentos que conforman el archivo de los afectos de Liliana [...] me asaltó la abrumadora sensación de que ella se encontraba muy cerca de mí”, ha sostenido.

Por todo ello, la escritora ha equiparado la celebración de Sant Jordi, la fiesta del libro en Catalunya, “al Amazonas mismo. Aquí se reproduce la atmósfera que hace posible la respiración misma. Aquí venimos a absorber el aire y a recobrar el ánimo”.

Sucesora de Saramago, Irene Vallejo o Quino

Cristina Rivera Garza ha sido la 23ª pregonera de la lectura de Barcelona, que desde 2003 inaugura la diada de Sant Jordi con el discurso de un escritor de renombre. Hasta la fecha, lo han hecho otros como Quino, José Saramago, Emili Teixidor, Raimon, Albert Sánchez Piñol, Donna Leon, John Banville, Yasmina Reza, Irene Vallejo, Imma Monsó o Mia Couto.

Rivera Garza ha reconocido que es “un honor” para ella sumarse a esta lista de nombres. Por una parte, porque Sant Jordi es una de las fiestas “más importantes” para los escritores y, por otra, por su relación con Barcelona, que ella misma describe como “cercana, dinámica y activa”, tal como ha apuntado en una rueda de prensa previa a la celebración del pregón.

En el encuentro con periodistas, la autora ha aprovechado para presentar su última obra, Terrestre (Random House, 2025), que ha definido como la “cara B” de El invencible verano de Liliana. “Ese, que fue premiado, hablaba de mi hermana. Este habla sobre todas las mujeres jóvenes con ansias de vivir y con valentía, dos rasgos que también asocio a mi hermana”, ha sostenido.

Las personas que usen vapeadores podrán seguir fumando en las playas de Barcelona. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ), que ha aceptado parcialmente un recurso presentado por la Asociación de Exfumadores contra la ordenanza municipal que, desde julio de 2022, prohíbe fumar en este espacio.

Si bien los consumidores de cigarrillos tradicionales seguirán sin poder usarlos en las playas, la sala contenciosa administrativa sí que ha declarado nulas las disposiciones relativas a los vapeadores, en considerar que el Ayuntamiento no tiene las competencias para regular su uso, tal como ha adelantado TOT Barcelona y ha confirmado elDiario.es.

La normativa que prohíbe fumar en las playas fue una modificación de la ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona (OUVEP) por la cual se vetaba el uso de “productos de tabaco o dispositivos de liberación de nicotina [vapeadores]” para “frenar la generación de residuos en las playas” y proteger “la salud pública y a las personas más vulnerables al humo del tabaco como personas menores de edad o mujeres embarazadas”.

La cuestión es que, según apunta el TSCJ, el consistorio sólo tiene competencias para regular en materia de medio ambiente, pero no en salud. Por ello, sólo puede prohibir el consumo de cigarros clásicos para evitar que las colillas acaben en la arena. Pero como los vapeadores no dejan residuo alguno, escapan a la prohibición.

Desde el Ayuntamiento confirman a elDiario.es que, efectivamente, la competencia regulatoria en materia de salud corresponde al Gobierno central o a la Generalitat, por lo que sólo mantendrán la prohibición de consumir tabaco -para lo que no será necesario ninguna reforma de la norma.

En su momento, la normativa se aprobó en el marco de la Directiva de la Unión Europea relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Y especificaba que las colillas y los filtros de los cigarrillos son el segundo artículo de un solo uso que se encuentra en las playas de la UE.

La Guàrdia Urbana de Barcelona inició este lunes una campaña de control de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). En el primer día del dispositivo se identificaron 25 vehículos, de los cuales 24 (el 96%) incumplían la normativa.

Las infracciones detectadas tienen que ver con el estacionamiento y la circulación, la oferta ilegal o la falta de documentación. Entre ellas, se ha identificado VTC que aparcaban o circulaban con la intención de captar clientes que no hubieran solicitado previamente el servicio (algo que sólo pueden hacer los taxis).

También se han detectado 3 conductores que han dado positivo en el drogotest, uno de ellos en 4 de las 5 substancias detectables.

Además de este tipo de infracciones, la policía local inspecciona que los conductores tengan el permiso de conducir y el seguro en regla, así como que se cumplan los horarios y días de descanso establecidos. También se controla que dispongan de los cuadros de precios preceptivos y que tengan la ITV vigente.

La campaña, que estará en marcha hasta el 20 de abril, se realiza en zonas con alta presencia de este tipo de vehículos, como estaciones de tren y bus, puntos de interés turístico, zonas comerciales y vías principales de la ciudad.

El objetivo del Ayuntamiento es vigilar que cumplan la normativa vigente y sancionar las conductas infractoras que, en algunos casos, podrían suponer competencia desleal e intrusismo, tal y como recuerdan desde el consistorio

La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya está ultimando un acuerdo de colaboración con los Ayuntamientos de Barcelona y El Prat y con Aena para abordar el sinhogarismo en el aeropuerto de El Prat. El proyecto, que actualmente está en fase de tramitación, prevé una actuación coordinada para garantizar una atención social de urgencia, cobertura de necesidades básicas y acompañamiento.

Se contempla la creación de un equipo especializado en sinhogarismo y gestión de conflictos por parte del consistorio barcelonés y un refuerzo de Servicios sociales de El Prat. Para todo ello, la Generalitat destinará un presupuesto de 516.000 euros anuales.

Por su parte, Aena se compromete a facilitar espacios para que los equipos puedan intervenir. Además, facilitará la creación de una Mesa Técnica de intervención para abordar los “casos más complejos” y mantener actualizado un diagnóstico de la situación.

Este acuerdo se anuncia después de un mes de trabajos previos durante el cual la Generalitat ha designado un dispositivo diario en el aeropuerto que se ha dedicado a mapear la situación y ha iniciado las primeras derivaciones. “Responde a una realidad compleja y desencalla una situación que se ha cronificado en los últimos meses”, ha asegurado el secretario general de Derechos Sociales, Raúl Moreno.

A su vez, estas últimas semanas de trabajo intensivo fueron motivadas después de que decenas de personas fueran desalojadas del Aeropuerto de Barcelona a las puertas del Mobile World Congress, a finales de febrero. Aquel dispositivo, que contó con la colaboración de Mossos d'Esquadra y con la presencia de técnicos de los Ayuntamientos de Barcelona y El Prat, fue impulsado por Aena, por motivos de “seguridad” e “insalubridad”, tal como apuntó el presidente Maurici Lucena.

Ese episodio despertó las críticas de las entidades que atienden diariamente a las personas sinhogar, que afearon a las administraciones competentes que hayan estado desatendiendo al colectivo. Y es que hace años ya se creó un convenio, liderado por la Generalitat, que establecía las competencias y el marco de acción de los Servicios Sociales tanto del Govern como de los consistorios de El Prat y Barcelona. Fruto de este acuerdo, se realizaban visitas y atención periódicas al centenar largo de personas que duermen en el Aeropuerto.

Pero hace dos años que este convenio está pendiente de renovación y, desde entonces, “no hay ningún servicio social en activo en el Aeropuerto”, tal como reconocen desde el consistorio Barcelonés. Así, la presencia de técnicos y educadores en esta infraestructura se limita a actuaciones puntuales derivadas de dispositivos concretos como el que se ha dado esta madrugada en el recinto.

Jaume Collboni es alcalde de Barcelona gracias al apoyo en el último minuto de los Comuns, que prefirieron apoyar al socialista que dejar pasar a Xavier Trias. Sin embargo, el divorcio entre Collboni y el antiguo partido de Ada Colau se amplía día a día. Este viernes, los Comuns se han sumado a una propuesta de Junts, que también ha avalado el PP, para reprobar al alcalde por no haber sido capaz de sacar adelante los presupuestos para 2025.

En el texto aprobado, la oposición en el Ayuntamiento ha constatado “la incapacidad” del alcalde Collboni y su gobierno para llegar a acuerdos y la “debilidad” del ejecutivo. La iniciativa recuerda además que el gobierno sólo tiene 10 concejales de 41, una “minoría” que “le inhabilita” para dar respuesta a los retos de la ciudad. ERC ha optado por abstenerse mientras PSC y Vox han votado en contra. 

En la misma línea, la oposición también reclama al ejecutivo socialista “un cambio urgente” en su forma de gobernar y le insta al “diálogo, acuerdo y consenso con la mayoría de los grupos municipales”.

La iniciativa de Junts recoge que ahora se gobierna “sin hoja de ruta ni proyecto” y afirma que la falta de presupuestos para el ejercicio 2025 implica “un grave perjuicio” para la ciudad.

El Gobierno de Jaume Collboni mantuvo abiertas las negociaciones para los presupuestos con ERC y los Comuns durante buena parte del mes de diciembre. Mientras que con los republicanos pudo llegar a un pacto, el entendimiento fue imposible con los Comuns, liderados ahora por Janet Sanz. Ambos partidos se acusaron de inflexibilidad y de no tener verdadera intención de llegar a un acuerdo.

Los Comuns han paralizado las ordenanzas fiscales de Barcelona y aseguran que el pacto al que habían llegado con el PSC está “roto”. El motivo de la disputa es un desacuerdo con la política municipal respecto a los cruceros que ha provocado que los Comuns reserven su voto durante la comisión de Economía y Hacienda de la tarde de este miércoles.

Como consecuencia, el grupo municipal de ERC -que también había acordado la votación favorable- igualmente se ha reservado el voto. “Los acuerdos requieren mayorías para que el trabajo que hemos hecho algunos no sea en vano. Reservamos el voto a la espera de que la situación sea distinta”, han apuntado.

Todavía queda camino para recorrer con las ordenanzas. Si bien la votación de esta tarde es una formalidad técnica que sirve para tomar el pulso de los diferentes grupos municipales, la votación definitiva se hará en el Pleno del próximo viernes. Tanto ERC como Comuns se abren a votar favorablemente. Eso sí, a cambio de condiciones. Los republicanos piden que haya una mayoría afianzada. Y los Comuns piden “coherencia”.

El desacuerdo que ha hecho saltar por los aires a última hora el acuerdo que tenían los de Janet Sanz con el PSC para aprobar las ordenanzas fiscales viene por otro pacto alcanzado entre ambos partidos, este para reducir las terminales de cruceros de siete a cinco.

Se trata de un acuerdo que se refrendó hace meses y que se está concretando en una mesa bilateral entre el consistorio y el Puerto de Barcelona. Pero este martes, el PSC trasladó a los Comuns un borrador en el que el Gobierno municipal “constata y valora positivamente que el Puerto plantea habilitar una miniterminal” que dé servicio a barcos de lujo, que tienen una capacidad sustancialmente menor -de 1.000 pasajeros.

Y aquí viene la discrepancia: Sanz considera que este apunte supone renunciar al acuerdo de reducir dos terminales de cruceros -lo que supondría restar 1,2 turistas anuales a la ciudad. Pero por su parte, Valls niega la mayor y asegura que si la terminal de lujo se llegara a hacer, “el Puerto deberá decidir cómo hacerla con las terminales que le quedan”. “Las matemáticas son claras. Hemos pactado pasar de cinco a siete. Si el Puerto pide una terminal más, serían seis. Y nosotros hemos pactado bajar a cinco”, ha reiterado Valls.

Según insiste el PSC, el consistorio “no ha propuesto esta terminal y no formaba parte el acuerdo con los Comuns”. Se refieren a un acuerdo -independientemente de las ordenanzas fiscales- en el que ambos partidos se comprometían a reducir las terminales del puerto y a rebajar el número de cruceristas. En esta misma línea, el alcalde llegó el pasado septiembre a un acuerdo con la Generalitat para aumentar “de forma sustanial” la tasa turística a los cruceros que hagan escalas de menos de 12 horas.

Pero esta respuesta no ha satisfecho a los Comuns, que piden “hechos y no palabras” antes de dar su voto favorable el viernes. Y afean al gobierno del PSC que, “con una mano hagan políticas progresistas y suban impuestos al turismo y con la otra planteen compensaciones para el sector”.

Janet Sanz considera que la nueva terminal “encalla” las negociaciones que, desde hace meses, PSC y Comuns mantienen para aprobar las ordenanzas fiscales, que son un ensayo general de cara a la negociación de los presupuestos de la ciudad, mientras que Valls afea a los Comuns que “conviertan una terminal fantasma que no existe en un nuevo Hard Rock para no aprobar las ordenanzas”.

Los presupuestos, pendientes de un hilo

Hasta esta semana, todo hacía pensar que las ordenanzas se aprobarían sin problemas, después de que el PSC hubiera adoptado gran parte de las demandas tanto de los Comuns como de ERC y se aviniera, entre otras cosas, a aumentar el IBI a hoteles de lujo e infraestructuras turísticas, así como a cobrar más caras las tasas a lo autocares de visitantes.

Pero en el último momento, las negociaciones se han torcido y esto no sólo pone en peligro las ordenanzas -Barcelona todavía tiene prorrogadas las de 2022-, sino también los presupuestos. En vista de que el resto de grupos de la oposicion ya han anunciado que votarán en contra, Collboni necesita de los votos de ERC -que ya tiene casi asegurados- y de los Comuns.

Si los de Albiach deciden votar en contra, como ya hicieron el año pasado, las cuentas municipales no saldrán adelante. El año pasado, Collboni se vio obigado a activar la baza de la moción de confianza, una medida por la cual un alcalde puede desatascar negociaciones encalladas.

Se trata de ligar la decisión a la misma continuidad del alcalde. Si la oposición no consigue ponerse de acuerdo y presentar un candidato alternativo, el mandato y la negociación en cuestión quedan automáticamente refrendadas.

Esto fue lo que pasó en 2023, pero la moción de confianza es una carta que sólo se puede jugar dos veces por mandato y nunca dos años seguidos, así que Collboni depende del favor de lo Comuns para sacar adelante sus cuentas y también su mandato.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se han puesto de acuerdo para desencallar un proyecto ambicioso que se ideó en los 90, pero que nunca se llevó a cabo. La Barcelona preolímpica quería que el metro llegara a la montaña de Montjuïc, pero debido a la complejidad de la idea, no se llegó a ejecutar.

Ahora parece que la ampliación del metro -a través de la línea L2- se hará realidad próximamente. Las dos administraciones se han comprometido a actualizar el proyecto y reeditar el estudio de impacto ambiental. Todavía no se ha detallado cuándo empezarán las obras, pero sí han apuntado que la fase previa no puede durar más de dos años.

Según ha avanzado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, se conseguirán seis kilómetros de nuevas vías que unirán el barrio de Poble-Sec con el Parque Logístico de la Zona Franca. El trazado, que es el mismo que se proyectó en 2009, también incorporará paradas nuevas en Montjuïc, lo que supone que se deberá tunelar la montaña.

“Necesitamos que la ciudadanía pueda llegar en metro a los espectáculos del Estadi Olímpic -donde ahora juega el Barça- o al Palau Sant Jordi. También necesitamos mejor conexión entre el barrio de la Marina, el aeropuerto y el centro de la ciudad. Son zonas de potencial crecimiento”, ha asegurado el alcalde Jaume Collboni.

Ambas administraciones defienden que la conexión con barrios y zonas en crecimiento facilitará el desarrollo de otras partes de la ciudad y permitirá “articular nuevos espacios y centralidades”, según ha apuntado Paneque.

El proyecto traerá seis nuevas paradas, que mayoritariamente requerirán del trabajo de una tuneladora que perforará la montaña. La obra tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, el doble de lo que se había calculado en los estudios de hace 15 años.

Nuevas estaciones de autobús

Paneque y Collboni también han acordado echar a andar un grupo de trabajo encargado de planificar nuevas estaciones de autobús de cara a 2028, fecha en la que expiran las concesiones a las operadoras de los trayectos interurbanos.

Todavía no se sabe cuántas estaciones se necesitarán, pero sí han dejado claro que las tres existentes actualmente “no son suficientes” y que la ciudad necesita “ordenar la red”.

El Ayuntamiento de Barcelona propone apretar fiscalmente al sector turístico. Así se desgrana de la propuesta de ordenanzas fiscales que el concejal de Economía, Jordi Martí, ha presentado esta mañana. El alcalde Jaume Collboni ha escuchado a las peticiones de Comuns y ERC, que exigían más presión fiscal para el sector a cambio de sus votos. Unos votos que el socialista necesita para sacar adelante las ordenanzas, primero, y los presupuestos, después.

Collboni ha incorporado una de las tres exigencias de los Comuns: aumentar el IBI a los hoteles de lujo. Los de Janet Sanz proponían que todos los inmuebles cuyo valor catastral fuera de más de 5,2 millones de euros pagaran el máximo IBI permitido por ley: un 1,6% frente al 1% que pagan actualmente. Pero el consistorio ha decidido apostar por una subida bastante más modesta y quedarse en el 1,08%.

Esta subida afectará a 233 inmuebles del sector del ocio y de la hostelería -208 de los cuales son hoteles. Además, también se sumarán aquellos catalogados como Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) que se dediquen a la actividad turística como las terminales de cruceros. Para ellos, Collboni propone un incremento progresivo en tres años para pasar del 0,8% que pagan actualmente a un 1,3% en 2027. Según cálculos municipales, esta medida supondrá un incremento recaudatorio de 4,42 millones de cara a 2025.

El Ayuntamiento también ha puesto en el punto de mira a los autobuses que transportan turistas, normalmente, a zonas de alto interés y tensionadas como la Sagrada Família o el Park Güell. El tráfico y la acumulación de vehículos aparcados ha causado problemas en el vecindario y Collboni quiere responder limitando los permisos y aumentando las tasas.

El consistorio quiere introducir una nueva tasa de 35 euros diarios para acceder a zonas céntricas de la ciudad. Además, aquellos autobuses que quieran estacionar cerca de una atracción turística deberán obtener un permiso diario y haber reservado una zona para aparcar. Todo ello se suma a la tasa de ocupación público que los autocares ya pagan, pero que el consistorio quiere incrementar en un 12%. Con todo, el consistorio prevé reducir a la mitad el número de autocares que circularán por la ciudad y recaudar 3 millones de euros, en lugar de uno.

Aumento de la tasa de residuos y reducción del Impuesto de Actividades Económicas

La única modificación fiscal que afecta a la ciudadanía es la de la tasa de residuos, que aumentará entre 5 y 10 euros anuales. Pero se trata de una medida para dar cumplimiento a la ley de residuos, que determina la existencia de una tasa que cubra la totalidad del servicio, según apuntan desde el consistorio. Para poder llegar a ese punto, se requiere una subida que situará el impuesto entre 32,9 y 51,38 euros al año dependiendo de la categoría del contador de cada hogar.

Las bonificaciones existentes se mantendrán y se añadirán otras para premiar buenas conductas ambientales. Por ejemplo, habrá una bonificación en el IBI para aquellas fincas que tengan placas solares.

Por otro lado, Collboni, en cumplimiento de lo que ya anunció hace unos meses, propone bonificar el Impuesto de Actividades Económicas para “atraer empresas que innoven y apuesten por el conocimiento”. Se prevén reducciones a partir del 50% para inversiones en activos fijos de más de un millón. Las actividades que sean declaradas de especial interés municipal podrán llegar a tener bonificaciones del 95% si sus inversiones superan los 5 millones de euros o si generan 150 puestos de trabajo de calidad. De momento, el Ayuntamiento no ha aclarado qué tipo de proyectos entrarán en esta categoría.

Inicio de la negociación presupuestaria

Estas modificaciones de las ordenanzas se llevarán a la Comisión de Economía y Hacienda el próximo 16 de octubre y, de ahí, se llevarán al pleno municipal para su aprobación. El año pasado, Collboni no logró sacarlas adelante después de que se quedara solo en la votación y tuviera que seguir con las de 2023. Este año, al haber incorporado peticiones de ERC y los Comuns, se espera que el resultado pueda ser diferente.

Las ordenanzas son la primera toma de contacto para la votación de los presupuestos, que esta vez se dará entre diciembre de 2024 y enero de 2025, una vez hayan acabado los congresos que Junts, ERC y los Comuns tienen este otoño y que, en buena medida, determinarán el sentido de voto de estas formaciones tanto en el Ayuntamiento, como en la Generalitat o el Congreso. 

El turismo va a tener la llave de estas negociaciones presupuestarias en el Ayuntamiento de Barcelona. Tanto Comuns como ERC están presionando al Gobierno de Collboni para que apriete a este sector a cambio de sus votos. Unos votos que le son necesarios puesto que el alcalde sigue gobernando en solitario.

Ahora el debate se centra en las ordenanzas fiscales, que se empezarán a debatir este viernes en la Comisión de Economía y Hacienda y a los que ya se han puesto condiciones. Por su lado, la líder de los Comuns, Janet Sanz, ha apuntado que usarán cada oportunidad en que sus votos sean necesarios para “corregir la deriva elitista de Collboni”.

A tal efecto tienen tres peticiones. La primera es incrementar el IBI que pagan los hoteles de lujo. Sanz propone que cualquier edificio cuyo valor catastral sea de más de 5,2 millones de euros pase de pagar el 1% de IBI al 1,3%. De esta manera, abonarían el doble que un ciudadano con un piso en propiedad, que paga el 0,6%.

Los Comuns calculan que esta medida, que afectaría a 250 hoteles y a 224 inmuebles (centros comerciales, palacios de congresos...), supondría recaudar 10 millones extra.

Por otro lado, también exigen a Collboni que doble el precio de la entrada que los turistas pagan para entrar al Park Güell. Se trata de un parque de la discordia, que se convirtió en bandera de los Comuns desde que acogió la celebración de un desfile de moda privado de la marca Louis Vuitton en el marco de la Copa América de Vela.

“No podemos permitir la mercantilización de espacios públicos y menos los que están protegidos”, ha afirmado Sanz en rueda de prensa. El objetivo de esta medida es disuadir a una parte de los visitantes que acuden al parque, que puede acoger como máximo a 4,5 millones de personas al año. “Y, de esas, un porcentaje muy pequeño es de vecinos”, ha añadido.

Por último, los Comuns reclaman endurecer la normativa de terrazas. Según Sanz, la actual -aprobada por Ada Colau en 2021- “hace que salga más barato incumplir la norma que cumplirla”. A su parecer, es necesario que se incrementen las inspecciones y las sanciones. Y, para ello, propone modificar el texto, en el que si bien se establecen importes máximos de las multas, no hay un mínimo. “Eso provoca que las sanciones siempre sean bajísimas”.

Con todo, Sanz propone mínimos de 750 para las sanciones leves y de 1.500 para las graves. Y que con una acumulación de dos graves, se llegue a una muy grave que suponga retirar la licencia. “Es necesario enviar un mensaje porque se trata de un sector que puede llegar a interferir mucho con la vida de los vecinos”, ha resaltado Sanz.

Más impuestos por pernoctar en Barcelona

Así como los Comuns han presentado tres exigencias a Collboni, desde ERC sólo han planteado una. Requieren doblar el precio de la tasa turística que cada visitante paga por cada noche que pernocta en Barcelona. Los republicanos quieren que la cifra pase de 4 a 8 euros.

El PSC de Collboni se ha mostrado partidario de encarecer la tasa y, en principio, debería aceptar sin demasiados problemas la idea de los republicanos. Pero esta petición no estará en la primera propuesta de ordenanzas fiscales que el Gobierno presentará ante el pleno la semana que viene. La razón es que Barcelona ya cobra el máximo legal y si se quisiera incrementara el tope, sería necesario que el Parlament ampliara la ley que lo regula.

Así, todo parece indicar que el voto de los republicanos a las ordenanzas de Collboni está garantizado. Pero todavía requiere el sí de los Comuns. Janet Sanz ha asegurado que el PSC conoce sus propuestas, pero que todavía no han tenido ningú feedback.

Ordenanzas prorrogadas y presupuestos por la mínima

Las negociaciones fiscales se le atragantaron a Collboni durante su primer año al frente de la alcaldía. El año pasado, el pleno rechazó de forma frontal sus ordenanzas y le fue imposible negociar unas que contaran con el apoyo de suficientes concejales. A consecuencia de eso, Barcelona actualmente trabaja con las ordenanzas de 2023 prorrogadas.

Por otro lado, los presupuestos también fueron un viacrucis. Tras largas negociaciones y cambios de última hora, Collboni sólo contó con los votos de ERC, que eran insuficientes para sacar las cuentas adelante. Por ello, tuvo que echar mano de la moción de confianza, una carta que tienen los alcaldes para desencallar negociaciones vitales y difíciles.

El alcalde la superó al no haberse propuesto ningún candidato alternativo. De esta manera, revalidó su mandato y, con ello, aprobó sus cuentas. A pesar de ser una alternativa que ya usaron otros antes como Colau o Trias, Collboni fue el primero en usarla durante su primer año.

Así, al ser una carta que sólo puede sacarse dos veces por cada legisltaura, Collboni intentará atar los votos de los Comuns para las conversaciones de este otoño. La votación sobre las ordenanzas fiscales serán una primera toma de contacto antes de la negociación de los presupuestos.

Pero todavía hay tiempo. Las cuentas no empezarán a discutirse hasta que hayan pasado los congresos que tienen la mayoría de partidos en el Ayuntamiento (Junts en octubre y Comuns y ERC en noviembre). Esos congresos también son importantes porque una vez pasados, ERC previsiblemente celebrará la consulta a su militancia para refrendar el pacto de gobierno para entrar en el Ayuntamiento de Collboni. Una consulta que ya se celebró el pasado junio y que se debió suspender por exceso de aforo y que todavía no se ha vuelto a convocar.

Con todo, no se espera que Barcelona pueda tener presupuestos hasta antes del primer trimestre de 2025.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tenido que recurrir a la cuestión de confianza para aprobar sus presupuestos, después de que el pasado viernes el pleno los tumbara de manera contundente. Como era de esperar, el alcalde también ha perdido la votación de este miércoles, siendo que sólo 15 concejales de 41 le han otorgado confianza.

Esto no significa que Collboni vaya a perder la vara de mando. De hecho, si no hay ningún cambio de guión, el alcalde reafirmará su mandato y Barcelona tendrá presupuestos el próximo 2 de mayo.

La cuestión de confianza es una herramienta que contempla la LOREG y que proporciona a los ayuntamientos una vía para desencallar decisiones como los presupuestos. En este caso, se vincula la aprobación de las cuentas a la continuidad del mandato de Collboni.

Tras perder la votación -sólo con los votos favorables del PSC y ERC- se ha activado un periodo de 30 días hábiles que finalizan el 2 de mayo. Si para entonces no se presenta ningún candidato alternativo que obtenga una mayoría de apoyos -lo cual, con la actual fragmentación del consistorio y el veto cruzado entre Junts y Barcelona en Comú, es complicado-, Collboni será reafirmado como alcalde y sus cuentas quedarán automáticamente aprobadas.

La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha tomado la palabra en nombre del Ejecutivo para recordar que “no es la primera vez que se usa” la cuestión de confianza. Lo hicieron Trias, en una ocasión, y Colau, en dos. Pero el de Junts ha salido a la palestra para destacar que, aunque ellos también echaran mano de esta herramienta, lo hicieron con “diferencias”.

“Nosotros ganamos las elecciones. Usted ganó la alcaldía por la confianza de los comuns y el PP y da la casualidad que ni los comuns ni el PP le apoyan ahora. Y no es porque ellos no hayan querido, es porque usted no ha querido”, le ha recriminado Trias a Collboni, a quien le ha afeado también que “juegue a la confrontación”.

La exalcaldesa Ada Colau también se ha sumado a los reproches y ha asegurado que el gobierno “tenía la posibilidad de tener dos mayorías. Llama la atención de que haya renunciado, no a una, sino a dos”.

A la espera del pacto de gobierno

Una vez solventado el trámite de las cuentas, al alcalde le quedarán tres años más de mandato. Consciente de la dificultad que supondrá pasarlos en minoría, Collboni ha anunciado su intención de ampliar el gobierno una vez los presupuestos estén aprobados. Si nada cambia, ERC será el primer partido en sumarse a ese pacto, que podría incluir también a los comuns -o debería, si quieren llegar a la mayoría con 24 concejales.

Hoy por hoy, el PSC sólo cuenta con el apoyo de ERC. Y es un apoyo que, de momento, sólo se vincula a los presupuestos. Ada Colau ha recordado la intención de los suyos de formar un tripartito de izquierdas que sume a ERC, pero es previsible que las negociaciones para refrendar el pacto de gobierno en Barcelona vayan a tener que esperar todavía unos meses. Y es que la sombra del adelanto electoral catalán pesa también sobre las decisiones que se toman en el Ayuntamiento.

El acuerdo presupuestario al que llegaron PSC y ERC se firmó, de hecho, poco antes de que los mismos partidos hicieran lo propio al otro lado de Plaça Sant Jaume para aprobar las cuentas de la Generalitat.

La creciente buena sintonía entre ambas formaciones pudo hacer pensar en un momento que el pacto de gobierno en Barcelona estaba al caer, pero el adelanto electoral congeló estas negociaciones. La pugna electoral del 12 de mayo les convierte en rivales directos y ambas formaciones entienden que les perjudicaría aparecer como socios en la capital de Catalunya.

“Hoy sólo tiene el apoyo de ERC, lo cual es paradójico, porque ellos firmaron un acuerdo con nosotros. Estamos utilizando tácticas que no van con Barcelona”, ha afeado Trias al PSC, en referencia a que los pactos en la Generalitat y en el Estado han condicionado las negociaciones en la capital catalana. Aunque Collboni ha afirmado en todo momento que él no mezclaba carpetas, sí reconoció que “el contexto a veces ayuda a los acuerdos y a veces los dificulta”.

Con todo, hará falta esperar a las elecciones y a los pactos de legislatura en la Generalitat para saber exactamente qué sucederá en el Ayuntamiento de Barcelona. Por su parte, Bonet ha reiterado que siguen queriendo negociar y que extienden la mano a “todos los grupos” del consistorio.

Pero lo que se ha evidenciado con este pleno extraordinario es que, sea quien sea, Collboni necesitará un socio de gobierno porque, aunque esta moción de confianza le ha ayudado a salir del paso, es una herramienta que no podrá usar de manera indefinida.

Es una carta que sólo se puede jugar dos veces por mandato y nunca dos años seguidos. Collboni es el primer alcalde que la usa durante su primer año en el poder y todavía le quedan otros tres presupuestos por delante.