La única causa abierta en los juzgados contra profesores catalanes se reactiva. El juzgado de instrucción 7 de Martorell ha citado como imputados a dos profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por humillar supuestamente a hijos de guardias civiles tras el 1-O. La comparecencia será el próximo 21 de junio en una causa que se abrió por delito de odio y contra la integridad moral, han indicado fuentes cercanas al caso, aunque desde la conselleria de Educación de la Generalitat, que ejerce la defensa de los docentes, han rechazado confirmar la fecha.

El caso de los docentes del Palau causó conmoción entre las familias de guardias civiles del centro por los exabruptos que habrían pronunciado los docentes, pero también inquietó a la comunidad educativa, que consideró desproporcionado trasladar al terreno penal cuestiones que debían resolverse dentro del centro con todos los implicados.

De los nueve profesores querellados inicialmente por el fiscal por los delitos de odio, cinco fueron exculpados por el juez en mayo del año pasado sin siquiera tomarles declaración. La Fiscalía recurrió el archivo de la causa contra estos docentes, y la Audiencia de Barcelona lleva más un año para resolver estos recursos y confirmar el archivo del caso o, por contra, revocarlo e imputar a los docentes.

Los profesores que no fueron exculpados hace un año quedaron repartidos en dos causas. Una en el juzgado de instrucción 7 de Martorell y que afecta a tres profesores, y otra en el juzgado 3, que incluía tan solo a un docente. Esta última ha sido archivada por la jueza instructora, con el visto bueno de la Fiscalía, y afectaba a un profesor que, según la querella inicial, habría preguntado a los alumnos “que levanten la mano los hijos de los guardias civiles” para averiguar si participarían en la huelga estudiantil independentista convocada para el 25 de octubre.

Respecto a la causa que sigue abierta, el juez ha archivado el procedimiento contra uno de los docentes pero ha acordado citar como imputados a los otros dos profesores investigados. A lo largo de este año de instrucción, los menores han sido explorados por el personal del juzgado y las familias se han ratificado en las denuncias. Según el fiscal, los docentes se dirigieron a sus alumnos el día 2 de octubre con expresiones como “los guardia civiles son unos animales, solo saben dar palos”; “parecen perros rabiosos”; o “¿estarás contento con lo que hizo ayer tu padre?”.

La causa de los docentes de Sant Andreu de la Barca trascendió los juzgados y fue utilizada por algunos partidos políticos y medios de comunicación para cargar contra el sistema educativo catalán. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, difundió un texto del diario El Mundo en el que se publicaban las fotos y nombres de los docentes, a lo que el Consejo Escolar de Catalunya reaccionó pidiendo que no se “linchara” a los profesores.

La comparecencia de los docentes investigados llega en pleno debate interno de la Fiscalía sobre los delitos de odio. Este martes, la fiscal general del Estado, María José Segarra, envió una circular en la que se indican las pautas para interpretar este tipo de delitos e indica que los fiscales deberán tener probada la “intencionalidad” con la que una persona ha emitido un mensaje que puede ser considerado discriminatorio.

Tras el 1-O, además de la causa del instituto El Palau, familias de guardias civiles denunciaron a ocho profesores de La Seu d'Urgell (Lleida) por incitar a los demás alumnos a intimidar y humillar a un estudiante hijo de un agente, pero la Audiencia de Lleida no vio relevancia penal y archivó la causa.

La Fiscalía de Barcelona ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la decisión del juzgado de instrucción 7 de Martorell (Barcelona) de archivar la causa contra cinco de los nueve profesores del IES Palau de Sant Andreu de la Barca denunciados por presuntamente humillar a hijos de guardias civiles tras el 1-O.

El ministerio público considera que hay suficientes indicios para investigar a los docentes y pide que no se archive de antemano y como mínimo se instruya el caso. El juez exculpó a cinco de los nueve profesores denunciados sin ni siquiera tomarles declaración, algo que lamenta la Fiscalía.

En su recurso, el fiscal cita doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para considerar que las manifestaciones que hicieron los docentes en clase ante menores no pueden ampararse en la libertad de expresión, informa Europa Press.

La denuncia inicial del fiscal contra nueve docentes del IES El Palau por un delito de odio, otro contra la integridad moral y un tercero de injurias contra los cuerpos de seguridad quedó dividida en dos juzgados. El juzgado de instrucción 3 de Martorell admitió la denuncia contra uno de los docentes, el que el 20 de octubre habría

Por su lado, el juzgado de instrucción 7 recibió la parte de la denuncia sobre los comentarios presuntamente vertidos el 2 de octubre por ocho docentes. El juez exculpó de entrada a cinco docentes y sólo admitió la denuncia contra tres profesores, que por el momento no ha citado a declarar como imputados (investigados, según la nueva denominación).

El fiscal del servicio especial de delitos de odio denunció a los nueve profesores por presuntamente humillar a alumnos hijos de guardias civiles tras el 1-O al obligarles a acudir a una protesta contra la violencia policial y al señalarles en varias clases: “¿Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?”.

El fiscal aseguró que los docentes aprovecharon las clases del 2 de octubre para lanzar debates en las clases sobre la actuación de la policía el 1-O, afirmando, entre otros comentarios, que los guardias civiles eran “unos animales y unos bestias que solo saben dar palos”, y que hicieron estos comentarios ante hijos de agentes, causando sentimientos de abatimiento y preocupación.

La sombra de adoctrinamiento en las aulas catalanas se extendía hasta ahora a los 54 supuestos casos que entre octubre y diciembre de 2017 el Ministerio de Educación mandó investigar a la Generalitat. Desde esta semana, la cifra alcanzaría los 134 centros educativos y hasta 500 profesores catalanes, casi el 0,5% del cuerpo docente, según los datos que ha lanzado el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo. Entre ellos, los nueve docentes del instituto de Sant Andreu de la Barca, a cinco de los cuales el juez decidió archivar la causa este jueves.

La contundencia de la afirmación de Millo contrasta sin embargo con la falta de información sobre a qué responde tal aumento de casos respecto a los conocidos hasta la fecha. Ni el Ministerio de Educación ni el departamento de Enseñanza -controlado por el primero con el artículo 155- responden a esta pregunta. Lo que sí confirman desde la conselleria es que existen otros dos requerimientos recibidos en 2018, de los cuales, a diferencia de los primeros, no ha trascendido información alguna sobre los colegios o la naturaleza de las denuncias.

“No es una crítica a todo el sistema, ni a todos los maestros, porque sería injusto, pero también sería mentira negar la existencia de determinados casos en que el comportamiento ha sido del todo inadmisible”, aseguraba Millo en una entrevista en Rne4. También añadía que la Alta Inspección del Estado, a la que han llegado buena parte de estas denuncias y que está ubicada físicamente en la delegación del Gobierno, supervisará los expedientes hasta que estén zanjados.

Sorpresa en la inspección

Con todo, quien en última instancia se encarga de recabar información sobre las acusaciones es la Inspección de Educación, que depende de la Generalitat. De hecho, fuentes conocedoras de estas inspecciones consultadas por eldiario.es se muestran muy “sorprendidas” por la cifra lanzada por Millo. Incluso juntando los cinco requerimientos del Ministerio, los docentes a los que se ha pedido cuentas por sus actuaciones serían muchos menos, según estas mismas fuentes.

En este sentido, cabe recordar que en los 54 casos que ha difundido el Ministerio de Educación, correspondientes la mayoría a sucesos alrededor del 1-O, no siempre se habla de acciones docentes. Un porcentaje muy importante de las quejas de familias son por secundar el centro una huelga de carácter soberanista o por haberse realizado en el recinto protestas por la libertad de los presos.

Los sindicatos lo tachan de “purga”

Para los sindicatos, las palabras de Millo son una forma más de “buscar el miedo del profesorado”. Así lo expresa Ramon Font, portavoz del sindicato Ustec·stes, que acusa al Gobierno de querer llevar a cabo una “purga” entre el profesorado en Catalunya.

“Adoctrinamiento es lo que hacen los estados totalitarios cuando quieren que todo el mundo trate los temas de la misma forma, y esto es una obsesión que tienen el PP y Ciudadanos, a ver quien defiende mejor su idea de España. Ahora purgan a los docentes por soberanistas, mañana por colgar pancartas contra los recortes o por difundir ideas laicas”, se lamenta este sindicalista.

Uno de sus principales temores es de hecho las peticiones del PP para crear un buzón que sirva para denunciar malas praxis docentes por parte de familias. Esta idea, que ya puso en marcha la entidad Societat Civil Catalana, la asumió como propia el Partido Popular en la Comunidad Valenciana la semana pasada y la ha reivindicado estos días también la diputada popular en Catalunya Andrea Levy.

Crean la Mesa de Emergencia Docente

Ante esta situación, varias entidades y sindicatos han decidido crear una Mesa de Emergencia Docente, una plataforma que esta semana ha enviado a todos los claustros de profesores de Catalunya una carta en la que pide que se sumen todos aquellos que se comprometen a “defender una educación en los valores democráticos, en la cultura de la paz y en el espíritu crítico”.

La Mesa está impulsada por los sindicatos USTEC, UGT y CGT -CCOO no se ha sumado por ahora, aunque asegura estar al lado los docentes afectados por acusaciones-, junto con colectivos soberanistas como la ANC o Docents per la República. Su principal cometido es también dar apoyo a los profesores a los que se ha denunciado por la vía judicial: los de la Seu d'Urgell y Sant Andreu de la Barca.

Cinco exculpados en Sant Andreu de la Barca

La justicia ha acotado la denuncia de la Fiscalía contra los nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca acusados de humillar a alumnos hijos de guardias civiles. El juzgado de instrucción 7 de Martorell archivó este jueves la causa cinco de los nueve denunciados, sin ni siquiera tomarles declaración. Cuatro de los docentes denunciados sí seguirán investigados.

La Fiscalía había denunciado a nueve docentes por sus comentarios en clase con los que habrían señalado a los hijos de los agentes. El juzgado de instrucción 3 de Martorell admitió a trámite la denuncia contra uno de los docentes, el que el 20 de octubre habría preguntado a los alumnos “que levanten la mano los hijos de los guardias civiles” para averiguar si participarían en la huelga estudiantil independentista convocada cinco días después.

El relato de un país o de un contexto político es una de las grandes piedras angulares de cualquier actor político. Un relato puede ponerlo en marcha todo, pero no todo vale para alimentar un relato. En Catalunya, hace tiempo que vivimos fuertes momentos de tensión política. Eso no hay discurso que lo niegue. Sin embargo, hay algunos, que con el fin de mantener su alegato sobre la situación llevan años empeñados en trasladar esta tensión a las aulas.

Este relato mata dos pájaros de un tiro, mantiene viva la llama de la fractura y consigue estigmatizar, criminalizar y perseguir nuestro modelo de escuela pública. Son grandes irresponsables. Cualquier democracia madura deja a la Educación fuera del escenario legítimo de confrontación política porque es donde nos jugamos el futuro de las próximas generaciones.

La guerra abierta, el fuego cruzado entre PP y C’s por debilitar a la escuela pública y servir en bandeja la ampliación de los conciertos a los modelos escolares más segregadores y más elitistas está llegando demasiado lejos. La denuncia de profesores en Catalunya, el caso del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca o la última noticia conocida que afirma que el Ministerio de Educación, actual titular de la Conselleria d’Ensenyament por la vía del 155, está investigando a más de 50 escuelas en Catalunya es una excusa más para hacer lo que siempre han querido hacer: acabar con el modelo de escuela pública catalana.

No lo consiguieron con Wert, el artífice de la ‘españolización’ de los niños catalanes; el Tribunal Constitucional les ha tumbado la segregación lingüística que pretendía la LOMCE; amenazaron con una casilla de la segregación que finalmente no van a poder implementar por el rechazo mayoritario del Congreso de los Diputados y de la sociedad catalana; y, ahora, pasan a la fase de señalar con nombres y apellidos hasta el punto de que el líder el cuarto partido político en España, Albert Rivera, sea capaz de colgar fotografías de las caras de maestros y maestras en sus redes sociales.

Imagínense por un momento que yo cuelgo en mi twitter la fotografía de algún profesor de las escuelas del Opus Dei, de esas que sí que adoctrinan en la religión católica y que segregan a los alumnos por sexo con dinero público. ¿Se imaginan? Imagínense que cuelgo esa foto y acuso de estar inculcando el odio contra las mujeres. Estaría fuera de lugar y me inhabilitaría como representante público. No nos corresponde a los políticos señalar, culpabilizar y dictar sentencia contra ningún cuerpo profesional, mucho menos el profesorado por lo sensible de su actividad.

Nuestro deber como representantes no es defender a los y las profesoras que piensan como yo, sino defender exista la libertad de opinión. Defiendo la libertad de opinar siempre y cuando lo prioritario sea la educación de nuestros hijos e hijas. Porque una sociedad que no piensa es una sociedad que no está dispuesta a avanzar de forma colectiva. Sin esa libertad para pensar y opinar volveríamos a los tiempos que nos enseñó la magnífica película ‘La Lengua de las Mariposas’. Esa obra de arte que nos mostraba la persecución al profesorado, y en la que el personaje interpretado por Fernando Fernán Gómez era el paradigma de la persecución sufrida por los docentes durante la Guerra Civil. Los fusilaron, los arrastraron, los humillaron, los arruinaron, pero no los vencieron.

«Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá robar ese tesoro». Fue el empeño de don Gregorio, el entrañable y soñador maestro de la película La lengua de las mariposas. Por favor, señores del PP y de C’s: saquen sus manos adoctrinadoras de la escuela pública y dejen que la próxima generación crezca libre.

Joan Mena. Diputado de En Comú Podem. 

Una jornada de puertas abiertas suele ser la oportunidad que tiene un colegio para mostrarse de cara afuera. En el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, que la ha celebrado este jueves, tienen sin embargo la sensación de haber estado expuestos públicamente durante toda la semana, a raíz de la difusión de las identidades de nueve docentes denunciados por la Fiscalía por su tratamiento del 1-O en clase.

“Los profesores se esperaban una vuelta al cole tensa tras el puente, por las pintadas que ha habido, pero al final nadie, ni ellos ni los alumnos, han hablado del tema”, comenta Mireia Valentí, delegada sindical de USTEC·STEs en el centro que, pese a no ser docente en él, se ha convertido en las voces de un profesorado que hasta ahora ha decidido permanecer en silencio.

Marta, alumna de Primero de Bachillerato, da fe de esta “tranquilidad” con la que se dan las clases en el instituto, “tanto ahora como siempre, aunque los profesores ya no sacan nunca el tema político”. Junto a cuatro amigas, pasa la hora del recreo desayunando en el parque que media entre el instituto -con 1.200 alumnos, uno de los más grandes de Catalunya- y la Comandancia de la Guardia Civil -la más importante en territorio catalán, en la que viven cerca de 600 personas-.

Pese a que entre los alumnos se tratan con “respeto”, cuenta Marta, la situación sin parangón que vive el centro no les es ajena. La Fiscalía acusa a nueve de sus profesores de haber incitado al odio y humillado a alumnos suyos hijos de guardias civiles por lo que dijeron en clase el día siguiente del 1-O. Este fin de semana, además, El Mundo publicó sus identidades, políticos como Albert Rivera las difundieron, y el centro amaneció con pintadas con sus nombres junto a insultos.

“Un profesor no humillaría nunca a un alumno”

“Todo se ha exagerado mucho, todos hemos tenido a estos profesores y a mi me extraña mucho que dijeran lo que se les atribuye, como llamar perros a la Guardia Civil”, comenta Clara, otra alumna, esta de Cuarto de la ESO. Ella es hija de un agente y presenció uno de los actos denunciados: un profesor preguntó quienes eran hijos de guardias civiles en clase, un gesto en el que la Fiscalía ve voluntad de señalar para convertir a los alumnos en “blanco de la hostilidad de sus compañeros”. Clara opina que se malinterpretó: “Lo que quería el profe era hacer una reflexión sobre la convivencia entre todos”.

Algo parecido vivieron Marta y sus amigas aquel 2 de octubre tan “raro” en el que “parecía imposible concentrarse” en clase. El instituto había sido sede de la votación el día antes y, como tantos otros, sufrió desperfectos tras la intervención de la Guardia Civil.

También ellas tuvieron aquel día a una de las profesoras denunciadas. Relatan así lo ocurrido: “Estábamos todos hablando del tema, la profesora quiso hacer una reflexión sobre la violencia, y algunos se ofendieron. En mi opinión, se pasó de la raya con lo que dijo, pero no fue para tanto. Es cierto que es muy independentista, y se le nota, pero es una gran profesora, yo la echo de menos”, comenta Marta. “Un profesor nunca actuaría para humillar a un alumno”, añade su amiga.

“Un gran malestar”

Los siete meses de silencio por parte del claustro responden a la recomendación del departamento de Enseñanza, que igual que el Ayuntamiento de la localidad les pidió “prudencia” a la hora de desmentir a las acusaciones. Esta era una opción por la que apostaba parte del profesorado y el AMPA, tal como queda reflejado en las actas de reunión del Consejo Escolar a las que ha tenido acceso este diario.

“Todo empieza el 2 de octubre, cuando algunas familias no interpretan bien lo que se ha dicho en clase. Esto está creando un gran malestar”, expresó el director del instituto en la reunión del Consejo Escolar del 30 de octubre de 2017, el lunes después de la declaración de independencia en el Parlament.

En ella explica que trataron de mediar con las familias, sin éxito, para que recurrieran por la vía administrativa -a través de la Inspección Educativa- y no por la judicial. Esta opción fracasó, según confirma también la concejal de Educación, Saray Cantero (Ciudadanos). El 5 de octubre, antes de que llevaran el caso a Fiscalía, el Ayuntamiento convocó una reunión con todas las partes para tratar de encauzar el conflicto, pero las familias no acudieron.

Al cabo de unos días, a requerimiento del Ministerio de Educación, una conselleria de Enseñanza todavía no intervenida mandó a la Inspección para recabar información sobre lo sucedido. Ese informe, que según Enseñanza rechazaba el objeto de las denuncias, es el que ahora los docentes piden que se haga público.

Esta es una de las demandas de un profesorado que, ahora sí, se ha constituido en asamblea y planea cómo hacer frente a lo que consideran “ataques infundados”. Valentí (USTEC) detalla que solo el martes celebraron dos reuniones, una de los profesores y otra de la comunidad educativa que ha decidido darles apoyo. En ellas agradecieron la solidaridad recibida -como la manifestación de vecinos y exalumnos el 1 de mayo- y decidieron organizar un acto “con un importante componente pedagógico” para reivindicar el trabajo de sus compañeros, detalla la delegada.

Otro de sus frentes es conseguir que la baja que han cogido cuatro de los denunciados desde el 1-O, debido a la presión, sea considerada como laboral, para que puedan percibir el 100% de su sueldo.

La convivencia, a prueba en Sant Andreu

A la hora del recreo, Pilar Moreno, enfermera que lleva 17 años viviendo en Sant Andreu de la Barca, sortea a los alumnos que se agolpan a las puertas de El Palau para ir en busca de su coche. “A mi me sorprende mucho que unos profesores hayan hecho algo así, pero lo que me parece fatal es que se aireen sus nombres de esta forma”, comenta.

Esta mujer, como casi todos los vecinos de esta ciudad de la periferia de Barcelona, no puede evitar dar su opinión sobre este episodio pese a no haberlo vivido en primera persona. Mucho más claro lo tiene la pareja de un guardia civil, que opta no dar su nombre. “¿Por qué iba a mentir un adolescente? Ya basta de callarnos, estas cosas hay que denunciarlas”, reivindica.

Ella es una de las cerca de 600 personas que viven en la Comandancia de la Guardia Civil del municipio, desde 1992 la más grande de Catalunya. Alrededor de un 2,5% de los 27.000 habitantes de Sant Andreu de la Barca vive en ese complejo residencial.

El alcalde de la ciudad, Enric Llorca (PSC), asegura a eldiario.es que durante sus 23 años en el cargo no ha vivido episodios de tensión como el que se ha derivado del 1-O. “Aquel día se rompieron muchas cosas, pero lo más importante es retejer las distintas sensibilidades que nos ha dejado esta fractura social, que la cohesión y la convivencia no se rompan”, afirma Llorca.

Con todo, la sensibilidad política dominante en el municipio no es ni mucho menos la independentista. En las elecciones del 21 de diciembre, las fuerzas soberanistas (ERC, JxCat y CUP) apenas alcanzaron juntas el 20%, mientras que solo Ciudadanos obtuvo un 27%. En el recuento de balcones, aunque lejos del rigor del escrutinio, las banderas de España superan las esteladas.

Pero esta es una disputa que preocupa relativamente a buena parte de los estudiantes de El Palau. Al menos así lo transmiten mientras apuran los bocadillos al término del recreo. “Claro que yo tengo mis ideas políticas, y mis amigas tienen otras, pero nos respetamos siempre”, concluye Marta.

El primer recurso en la causa sobre la supuesta humillación que nueve docentes del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) cometieron sobre hijos de guardias civiles no lo han presentado los profesores sino la Fiscalía. El ministerio público se opone a la decisión de los juzgados de Martorell de dividir la causa en dos procedimientos, que a la práctica supone que dos juzgados investiguen los comentarios de los profesores.

Fuentes fiscales han explicado que las palabras del docente del día 20 de octubre no se pueden entender “por separado” de los comentarios realizados el 2 de octubre por los otros ocho profesores denunciados. Todos muestran, a criterio del fiscal, expresiones vejatorias y humillantes para “señalar” ante todo el alumnado a los hijos de agentes del instituto armado.

La denuncia de la Fiscalía considera a los nueve docentes presuntos autores de un delito contra la integridad moral y otro contra los derechos fundamentales recogido en el artículo 510 del código penal, que recoge lo que popularmente se conoce como delitos de odio. En concreto, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que comporten humillación o menosprecio por motivos racistas, de orientación sexual, ideología u origen nacional.

El juzgado de instrucción 3 de Martorell abrió diligencias este miércoles contra uno de los nueve profesores denunciados. Se trata del docente que, según la denuncia de la Fiscalía, habría preguntado el 20 de octubre a los alumnos “que levanten la mano los hijos de los guardias civiles” para averiguar si participarían en la huelga estudiantil independentista convocada cinco días después.

El resto de expresiones vertidas en clase por otros ocho docentes habrían ocurrido el 2 de octubre, un día después del referéndum. Esta denuncia está pendiente de que el juzgado de instrucción 7 de Martorell la admita a trámite, informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La Fiscalía había asegurado la semana pasada de que toda la causa se tramitaría en el juzgado de instrucción 3.

El Síndic de Greuges, figura análoga al defensor del pueblo en Catalunya, ha emitido este miércoles un comunicado en el que reclama al Departamento de Enseñanza y al resto de administraciones que protejan a los profesores denunciados por supuestos delitos de odio en el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona.

A su entender estos nueve profesores han visto lesionados sus derechos a la intimidad y a la propia imagen después de que el diario El Mundo publicara el pasado fin de semana sus nombres y fotos personales, una difusión a la que se sumaron cargos políticos como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tal como denunció la propia comunidad docente del centro.

“El Departamento de Enseñanza debería adoptar medidas inmediatas para proteger a estos docentes, y garantizar y evitar vulneraciones de su derecho a la intimidad y la propia imagen. A estas alturas no se tiene constancia de que la Administración educativa haya llevado a cabo ninguna actuación con este objetivo”, asegura el Síndic.

Ribó además considera “desorbitada e inadecuada” la denuncia por la vía penal, al entender que el caso estaba encauzado por la vía administrativa y por la propia inspección de la Generalitat. En este sentido, el defensor informa de que su oficina inició una actuación de oficio el 5 de octubre, a raíz de las informaciones aparecidas sobre las presuntas afirmaciones vejatorias contra hijos de guardias civiles estudiantes en el centro.

Con esta actuación, explica en el comunicado, pudo comprobar que la inspección había visitado el centro en diversas ocasiones para recabar información necesaria y velar por el buen funcionamiento del centro. Además asegura que la dirección del instituto “ha actuado en todo momento de acuerdo con sus funciones para recuperar el clima de convivencia respecto de toda la comunidad escolar y ha hecho múltiples actuaciones para devolver la dinámica habitual en el centro”.

Ribó indica además que, a pesar de que se invitó a los padres y madres de los alumnos presuntamente afectados a formalizar quejas por el canal administrativo, ninguno de ellos lo hizo. “Se han llevado a cabo actuaciones para comprobar los hechos y que, aunque no se ha recibido denuncia de ninguna familia, se ha mantenido entrevistas con docentes, alumnos y familias”, asegura el Síndic en análisis de la información que la propia Consejería le ha remitido.

Arranca la investigación penal contra los docentes de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) denunciados por humillar a hijos de guardias civiles. El juzgado de instrucción 3 de Martorell ha abierto diligencias contra uno de los nueve profesores denunciados. Se trata del docente que, según la denuncia de la Fiscalía, habría preguntado el 20 de octubre a los alumnos “que levanten la mano los hijos de los guardias civiles” para averiguar si participarían en la huelga estudiantil independentista convocada cinco días después.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado que la causa se ha dividido en dos procedimientos, según la fecha de los comentarios de los profesores denunciados. La primera se refiere a los hechos que la Fiscalía señala como ocurridos el 2 de octubre y que conforman la mayoría de las supuestas humillaciones. Esta denuncia está pendiente de que el juzgado de instrucción 7 de Martorell la admita a trámite, ha añadido el TSJC. La Fiscalía había informado la semana pasada de que toda la causa se tramitaría en el juzgado de instrucción 3.

Las únicas diligencias abiertas a día de hoy son las este último juzgado contra uno de los nueve profesores denunciados por lo que habría pronunciado el 20 de octubre. Aún no está señalada la declaración del docente como imputado (investigado, según la nueva denominación).

La causa está abierta “por los delitos de discriminación y contra la integridad moral”, ha añadido el TSJC. La denuncia de la Fiscalía considera a los docentes como presuntos autores de un delito contra la integridad moral y otro contra los derechos fundamentales recogido en el artículo 510 del código penal, que recoge lo que popularmente se conoce como delitos de odio. En concreto, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que comporten humillación o menosprecio por motivos racistas, de orientación sexual, ideología u origen nacional.

Según expone el fiscal en su denuncia, el profesor investigado, tras instar a que levantasen la mano los hijos de guardias civiles, dijo a los alumnos que entendía que no quisieran participar en la huelga convocada esa semana precisamente por la condición de agentes de sus padres. En consecuencia, les exhortó a acudir al instituto para hacer clases con normalidad.

A criterio del fiscal, la actitud del docente supuso “poner en evidencia ante todos los alumnos a aquellos que eran hijos de guardias civiles, señalándolos de esta forma para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula”.

La denuncia de la Fiscalía contra los delitos de odio ha provocado las protestas de los docentes y algunas familias del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, que arropan a los profesores denunciados y rechazan las acusaciones de humillación a los hijos de los agentes.

La aparición en la prensa de los nombres y fotografías personales de los 9 profesores de Sant Andreu de la Barca denunciados por la Fiscalía en relación a comentarios hechos presuntamente a alumnos hijos de guardias civiles ha sido la gota que ha rebasado el vaso de la comunidad educativa del instituto El Palau. Este fin de semana el diario El Mundo publicó un reportaje sobre los docentes investigados, que fue difundido por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

La consecuencia directa ha llegado este lunes, cuando los nombres y apellidos de los profesores han aparecido escritos en la fachada del centro junto a insultos. Una espiral que la comunidad docente quiere cortar de raíz. Según ha explicado este lunes el delegado sindical de la CGT Josep Lluís del Alcazar, la sensación entre el profesorado es que el señalamiento hecho por Rivera trata de “quebrar la convivencia” en el centro. “Las consecuencias están a la vista en las paredes del instituto. Cualquiera entiende que esas pintadas ayudan poco a celebrar las clases en un clima de normalidad”, explica.

En conversación con eldiario.es, Del Alcazar ha explicado que hasta el momento la comunidad de profesores se había mantenido callada al entender que las denuncias recibidas se resolverían por el trámite administrativo de la inspección, como ocurrió en noviembre pasado, cuando se le dio carpetazo al expediente al no encontrar indicios de las acusaciones.

De la misma opinión es Mireia Valentí, representante del sindicato Ustec en el centro. “Trabajando con adolescentes surgen problemas y nuestra posición siempre ha sido que es mejor solucionarlo dentro del centro”, indica. Pero la entrada en escena de la Fiscalía la semana pasada les hizo cambiar esta actitud. Una vez todos los intentos de mediación y de rebajar los ánimos ha sido inútil, la comunidad docente se ha lanzado a dar su propia versión de los hechos. Comenzando por denunciar la “instrumentalización política” de la que se sienten víctimas.

4 familias entre 1.300 alumnos

“Los guardia civiles son unos animales, solo saben dar palos”; “parecen perros rabioso”; “¿estarás contento con lo que hizo ayer tu padre?”. La denuncia interpuesta por la Fiscalía recoge estas expresiones, que presuntamente habrían dirigido los denunciados a los alumnos hijos de guardias civiles el pasado dos de octubre. El fiscal les acusa de lesionar la dignidad de las personas “por motivos de discriminación por nacionalidad”. La comunidad educativa niega directamente que estas palabras se llegasen a pronunciar.

“En el centro hay 1.200 alumnos, muchos de ellos hijos de guardias civiles, por la proximidad con el cuartel. Nunca ha habido ningún problema y, con la inmensa mayoría, no lo hay”, asegura Valentí, que recuerda que las denuncias están interpuestas por 4 familias concretas. La docente asegura además que, después de que se haya dado a conocer el informe de la Fiscalía en el que se indican las palabras concretas a los profesores, varios alumnos testigos del momento han salido a desmentir que se produjeran.

Respecto a las frases que se citan en las diversas denuncias (algunas atribuidas de forma idéntica a más de un profesor en el mismo momento), el Del Alcazar asegura que la comunidad docente está segura de que no se produjeron. “Son profesionales que lleva años trabajando en el centro, por el que han pasado cientos de hijos de guardias civiles y nunca han tenido problemas con nadie”, explica.

La comunidad educativa se remite a dos documentos para probarlo. El primero de ellos, la resolución del Consell Escolar del centro, que agrupa a los docentes, padres y ayuntamiento, que el pasado 6 de noviembre mostró apoyo a los docentes y rechazó las acusaciones realizadas. El segundo es el informe de los servicios territoriales con los que Enseñanza dio por cerrado el expediente abierto. Este último, sin embargo, no está en poder de los docentes, y desde el Departamento remiten al Ministerio.

Comunicado de la asamblea

Tras la judicialización del caso, buena parte de los docentes del instituto se organizaron en asamblea y se redactó un comunicado de apoyo con los investigados. Del Alcazar denuncia que desde los servicios territoriales de la zona se les amenazó con “consecuencias” si lo difundían. Unas supuestas amenazas que desde el Departamento de Educación se niegan a desmentir o confirmar, remitiendo al Ministerio que ha tomado todas sus competencias gracias a la aplicación del 155.

Finalmente los trabajadores publicaron el comunicado, en el que daban su apoyo a los profesores investigados por la Fiscalía. Subrayaban la “profesionalidad y buen hacer” de los denunciados y llamaban a “romper el silencio para que la verdad se acabe imponiendo”. A partir de entonces, las intervenciones mediáticas de los diversos docentes que ejercen como portavoces se han multiplicado.

Saltándose el cerco impuesto en el Departamento por el 155, este lunes el presidente del Consell Escolar de Catalunya, Lluis Font, también ha emitido un comunicado, en el manifiesta su “repulsa” por lo que califica como “linchamiento” contra los educadores. “Familiares de profesores denuncian difamación, calumnias y

injurias y explican que al día siguiente del referéndum del 1-O dieron opción a

alumnos de bachillerato a participar en un pequeño acto en el patio, que consiste en hacer unos minutos de silencio“, continúa el comunicado. ”En ningún caso los profesores impusieron su opinión ni señalaron los alumnos hijos de guardia civiles“, concluye.

El instituto El Palau, en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca, ha amanecido este lunes con pintadas en su fachada contra algunos de los profesores investigados por la Fiscalía por haberse dirigido en términos despectivos a hijos de Guardia Civiles que estudian en el centro. En las paredes del instituto han aparecido los nombres y apellidos de algunos de los educadores, señalados con sus nombres y apellidos e insultos como “nazis”, “ratas” y “separatas”.

El ataque ha ocurrido el día después de que un reportaje en el diario El Mundo difundiese las identidades de los 9 profesores denunciados por algunos de los padres del centro y la Fiscalía, por un supuesto delito de odio. El reportaje fue además compartido en Twitter por Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, lo que suscitó controversia en la red social al considerar algunos usuarios que el líder político no respetaba la presunción de inocencia.

La Fiscalía contra delitos de odio abrió diligencias en diciembre contra 9 profesores del instituto de Sant Andreu de la Barca, investigados por los comentarios despectivos que supuestamente algunos maestros habrían hecho a alumnos hijos de agentes, a raíz de las cargas policiales el 1 de octubre. El centro está emplazado en frente de uno de los cuarteles del Instituto Armado más grandes de Catalunya. El pasado martes un juez de Martorell aceptó la denuncia interpuesta, por delito de odio, injurias contra los cuerpos de seguridad y otro contra la integridad moral.

A la vez que se difundía el artículo con las identidades de los denunciados, sectores soberanistas iniciaban una campaña de apoyo a los profesores, bajo el lema “jo també sóc docent d'El Palau”. Desde el profesorado del centro aseguran que los comentarios contra los hijos de los Gurdia Civiles no existieron y que se trata de una campaña contra el instituto para poner en la picota a la educación catalana en su conjunto.

Las de este lunes no son las primeras pintadas que aparecen en las paredes del centro escolar. Anteriormente habían sido manchadas con vivas a la Guardia Civil y proclamas como 'Stop adoctrinamiento'. Hasta ahora, sin embargo, los profesores no habían sido señalados con sus nombres y apellidos.