La actriz Assumpta Serna, al cuidado de su madre, de cien años, ha denunciado a través de un vídeo en sus redes sociales la lentitud e ineficacia del sistema de ayudas a la dependencia de la Generalitat de Catalunya, que ha argumentado que la normativa actual no prevé atención 24 horas.

“No es ni humano ni justo”, ha afirmado la intérprete catalana, que ha emprendido una campaña para recoger testimonios y “hacer más fuerza” para exigir “más presupuesto y cuidadores formados”.

“Lo que nos está pasando solo ilustra lo terrible que es la atención a las personas mayores en Catalunya en estos momentos y el infierno incoherente y burocrático que hay que atravesar para lograr cualquier cosa... si es que logras algo”, ha señalado Serna, que ha participado en más de cien producciones cinematográficas y televisivas en varios países y tiene una nominación a los premios Goya.

En un vídeo que ha tenido cientos de miles de visualizaciones, Serna dice haber presentado una queja formal ante el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona tras la resolución, en julio pasado, de su solicitud, que le ha concedido 64 horas al mes de ayuda a domicilio, “para una persona que la precisa 24 horas al día” y que ha tardado más de un año en resolverse.

A ello se añaden, dice, “años de retraso”, desde 2017, para revisar el grado de dependencia y, finalmente, el hecho de que en agosto el servicio esté cerrado y no atiendan al correo ni al teléfono. “Es como si dijeran, ¿podéis dejar de morir en agosto?, estamos de vacaciones”, ironiza.

Serna denuncia además la imposibilidad de contratar directamente a un cuidador y recibir una prestación. “Te obligan a contratar empresas recomendadas por la Generalitat que se quedan comisiones enormes” y con “unos cuidadores que no tienen la titulación requerida”.

La actriz ha lamentado que esto ocurra a la gente mayor de Catalunya “que lleva trabajando toda la vida y ahora, cuando más lo necesitan, el sistema los trata como una carga, siempre dando prioridad a otras franjas de edad”.

El vídeo inicial lo compartió hace dos días y este sábado colgó uno nuevo agradeciendo la respuesta recibida y asegurando que “un político” le ha dicho que en septiembre la llamará.

También señala que “alguna autoridad con poder en las valoraciones de grado ha mostrado un interés superior en el caso de su madre”, pero que ya no se trata solo de su madre. “El objetivo ha cambiado”, afirma la actriz, que se propone “buscar soluciones para un problema compartido por muchos catalanes y españoles”.

Por experiencia propia, Serna asegura que la atención domiciliaria 24 horas cuesta entre 3.000 y 4.000 euros al mes y que los servicios sociales dan “300 o 500 euros”, cuando “lo justo serían unos 2.000”.

Según el informe más reciente del Observatorio Estatal de la Dependencia, difundido en julio pasado y referido al primer semestre del año, en España hay 255.302 personas pendientes de algún trámite relacionado con la dependencia.

Según ese balance, 108.908 personas están pendientes de valoración y 146.394 esperaban una prestación o servicio ya reconocido. Además, el Observatorio cifra en 15.450 las personas fallecidas entre enero y junio de 2026 mientras esperaban una resolución.

Los límites de la normativa

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya ha asegurado este domingo que, desde el primer día, ha estado a disposición de la actriz para atender su situación y asegura que ya se han puesto en contacto con ella para conocer de primera mano su caso y dar respuesta a sus requerimientos.

Argumenta que la normativa estatal que regula el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia no prevé, con carácter general, una atención continuada las 24 horas del día. El nuevo modelo, añade, apuesta por una valoración integrada, con una única visita y una única respuesta, para evitar duplicidades y agilizar trámites.

El plan CURA, un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Catalunya, está permitiendo acelerar “de manera significativa” las valoraciones y la elaboración de los PIA (Programa Individual de Atención).

En este sentido, asegura la Generalitat que hace valoraciones por vía telemática en los casos que lo permiten y ha puesto en marcha el “PIA exprés” para agilizar el acceso a las prestaciones económicas.

Desde el Departamento aseguran que son conscientes de que los tiempos de espera generan “preocupación y frustración en muchas familias”, por lo que impulsan la transformación del sistema y esperan poder dar a conocer próximamente datos que acrediten que el sistema de la dependencia en Catalunya “ha iniciado un cambio de ciclo”.

Tras años de confusión administrativa y listas de espera desesperanzadoras para las familias, la reciente reforma del sistema de dependencia y de la ley de discapacidad prometen más financiación y menos burocracia. El gran reto sigue siendo cultural: la tendencia a retrasar la solicitud de ayuda hasta que la situación es límite.

Históricamente, los ciudadanos se han encontrado ante dos sistemas, por un lado el de dependencia, de creación más reciente, y por otro, el que aglutinaba los conceptos de servicios sociales y discapacidad, que ya existía anteriormente, explica Francisco Sardón, presidente de la federación sin ánimo de lucro Impulsa Igualdad de Castilla y León. Así, mientras la discapacidad se centraba en aspectos físicos y certificaciones para acceder a ayudas técnicas o movilidad reducida, la dependencia evaluaba la capacidad del individuo para desenvolverse de forma autónoma en su entorno cotidiano.

El funcionamiento independiente de ambos sistemas generaba dificultades a las familias debido a todos los puntos en los que convergen los dos ámbitos, generando una enorme distorsión, según Sardón. “Eliminar esos trámites burocráticos dobles ha sido un paso notable para que el sistema de dependencia sea más ágil en su gestión”, destaca, y recuerda que en algunas comunidades las listas de espera para acceder al sistema de dependencia superaban el año.

La nueva reforma de la ley de discapacidad y la refundación del sistema de la dependencia aprobadas en el Congreso hará posible que el reconocimiento sea de forma automática: un grado I de dependencia otorgará directamente un 33% de discapacidad, mientras que los grados II y III darán acceso al 65%. “Esto era algo que nosotros veníamos reivindicando precisamente porque el nivel de burocracia no tenía sentido”, señala el presidente de Impulsa Igualdad.

Cuándo iniciar el procedimiento de solicitud

Uno de los problemas más frecuentes detectados por los expertos era el retraso a la hora de hacer las solicitudes de dependencia que, sumadas a las listas de espera para acceder al sistema, hacía que la ayuda llegara demasiado tarde especialmente en casos de personas mayores.

Sardón es tajante sobre el estigma o la resistencia a recibir ayuda externa: “Muchas personas intentan aguantar el poder valerse por sí mismos hasta que ya no pueden más, pero muchas veces es un error porque se producen accidentes domésticos no deseados por no tener ese tipo de apoyos”. Por eso, su recomendación es iniciar el procedimiento desde que se detectan las primeras dificultades o riesgos para la integridad física.

El objetivo no es solo asistir en la etapa final de la persona, sino fomentar la promoción de la autonomía personal. Solicitar la dependencia a tiempo permite acceder a figuras como el asistente personal o la ayuda a domicilio profesionalizada, lo que evita que toda la responsabilidad recaiga sobre hijos, nietos u otros familiares y se pueda mantener el rol familiar. “Lo recomendable es que soliciten entrar en el sistema precisamente para que desde un inicio tengan esos apoyos que hagan que sean lo menos dependientes posible”, insiste Sardón.

La nueva reforma no solo simplifica el papeleo, también blinda el sistema económicamente, asegurando que el Estado asuma el 50% de la financiación, evitando futuros recortes y duplicando la inversión estructural para reducir las listas de espera. Además, los plazos de la administración para resolver las prestaciones se reducen a la mitad, pasarán de seis meses a tres.

El nuevo modelo apuesta por priorizar que la persona viva en su hogar el mayor tiempo posible y permite combinar, por ejemplo, la teleasistencia con un centro de día o con cuidados en el entorno familiar, para evitar el modelo de las macrorresidencias. “Estamos a favor de que las personas puedan vivir en sus entornos domiciliarios, personales y familiares el mayor tiempo posible o, como mínimo, el tiempo que ellos deseen”, resume Sardón, que destaca la importancia de que las personas conozcan que tienen derecho a contar con este tipo de apoyos y puedan mejorar su calidad de vida.

A nadie le gusta esperar. Imaginen, además, tener que hacerlo incómodas, al sol, con calor, sed y hambre. Algo parecido les ocurre a nuestras personas dependientes, solo que sus dificultades van mucho más allá de la mera necesidad de una sombra.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las personas dependientes deben esperar, en la mayoría de los casos, una media de 650 días. Cuando hablamos de este colectivo, nos referimos, por supuesto, a personas mayores cuya edad las ha llevado a necesitar atención urgente para su día a día pero también hablamos de jóvenes e incluso de menores con enfermedades degenerativas que, sin ayuda asistencial y de cuidados, no pueden normalizar su situación.

Recientemente, el Parlamento aprobó, a propuesta del Gobierno de España, una reforma de la Ley de Dependencia que afecta a muchísimas familias. La Federación de Pensionistas de CCOO ha saludado esta medida, principalmente porque llevaba muchos años reclamando su llegada.

Esta modificación duplica la cantidad de dinero que aportaba el Ejecutivo central para las personas dependientes del país, sumando un incremento de 2.200 millones de euros para el año 2026. Esto eleva el presupuesto estatal para la dependencia a un total de 6.200 millones de euros. Es decir, el Gobierno del Estado duplica su aportación actual y se compromete a cubrir el 50% del gasto total en cada comunidad autónoma, puesto que son estas las que tienen las competencias exclusivas en la materia.

Para entender el impacto real de esta reforma, conviene mirar la precaria situación actual en la CARM. Hoy en día, las cuantías máximas que pueden cobrar las personas dependientes murcianas por cuidados en el entorno familiar son totalmente insuficientes: un máximo de 180 euros al mes para la dependencia moderada, 315 euros para la dependencia severa y 455 euros para la gran dependencia. Lo más grave es que, debido a las múltiples trabas y criterios que se aplican a la hora de concederlas, muy pocas personas logran cobrar estas cantidades máximas.

Con la nueva ley, estas asignaciones se triplicarán, mejorando significativamente la gran dependencia y la dependencia de segundo grado (severa), cuya ayuda mensual media pasará de los 290 euros actuales a los 660 euros. Estarán de acuerdo conmigo en que este montante económico sabrá a gloria a las familias con necesidades de cuidados. Se trata de una inyección económica crucial que aporta estabilidad y calidad al empleo, además de mejorar sustancialmente el servicio.

Destaca, sobre todo, la ampliación de la figura del asistente personal. Hasta ahora, este servicio se limitaba al domicilio, con pocas horas y escasos medios; con el cambio, podrá acompañar en el día a día a la persona dependiente para que pueda seguir viviendo en su hogar sin necesidad de ingresar en una residencia. Este último es otro dato que nos duele: cabe recordar la carencia de la Región de Murcia en esta materia, ya que el Gobierno regional apuesta casi exclusivamente por las plazas privadas.

La calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias es lo primordial. Al fortalecer la teleasistencia (algo que la nueva ley recoge ahora como un derecho), se garantiza que puedan continuar en sus entornos habituales. No es que este servicio no existiera antes, es que los medios eran testimoniales y requería solicitarlo con dos años de anticipación; todo un periplo burocrático para conseguir su aprobación. Asimismo, la reforma reconoce como derecho subvencionado la accesibilidad y adaptación de la vivienda. Miles de dependientes y personas vecinas de Murcia carecen de medios para adaptar sus hogares, lo que se traduce, en ocasiones, en años enteros sin poder salir a la calle.

Por último, la ley establece otro criterio fundamental: la profesionalización del sector. Esto va ligado directamente a la estabilidad del empleo y erradica la precariedad actual, la cual perjudica tanto a las personas que necesitan atención como a los y las profesionales que prestan el servicio.

Desde la Federación de Pensionistas de CCOO Región de Murcia no podemos permitir que el bienestar de las personas dependientes murcianas dependa de la falta de sintonía política entre administraciones. El incremento presupuestario del Gobierno central ofrece una oportunidad histórica, pero el Ejecutivo regional necesita responder con la misma firmeza, simplificando una burocracia que a menudo desborda a las familias. Es necesario equilibrar la oferta y priorizar el apoyo al cuidado en el entorno familiar. Detrás de la cifra de 650 días de espera hay realidades humanas muy duras: mayores con necesidades urgentes y familias sobrepasadas por la carga económica y emocional. La nueva normativa autonómica debe implementarse con urgencia y sin dilaciones competenciales; la salud de nuestra ciudadanía merece estar en el centro de todas las políticas.

José Canovas Martínez es secretario de Institucional y Políticas Sociales de la Federación de Pensionistas de CCOO Región de Murcia

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha aprobado definitivamente el Plan Parcial de Brisa del Cantábrico, que permitirá avanzar en el desarrollo de esta iniciativa de alojamientos colaborativos autogestionados, conocido como 'cohousing', para personas mayores en San Miguel de Meruelo.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha valorado este acuerdo como “un paso decisivo” para hacer realidad un proyecto que llevaba 13 años de tramitación y que, a su juicio, constituye “un modelo innovador de convivencia para un envejecimiento más humano, saludable y sostenible”.

Con la aprobación de este Plan Parcial se continúa adelante hacia la ejecución de este proyecto impulsado por una cooperativa sin ánimo de lucro que cuenta actualmente con 372 socios, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Además, el consejero ha puesto como ejemplo la colaboración entre esta entidad social y las administraciones públicas para impulsar una respuesta a los nuevos retos derivados del envejecimiento de la población.

En este sentido, ha subrayado que Brisa del Cantábrico desarrollará un modelo de convivencia y de cuidados “que aspira a convertirse en una referencia a nivel nacional y que tendrá una repercusión positiva tanto para el municipio de Meruelo como para el conjunto de Cantabria”.

Brisa del Cantábrico se desarrollará sobre una parcela de 89.000 metros cuadrados, en San Miguel de Meruelo, un terreno que fue recalificado como urbanizable dotacional para la implantación de este equipamiento a través de una modificación puntual del planeamiento aprobada definitivamente en 2023.

El proyecto incluye 200 alojamientos de uso privativo, edificios y espacios comunes para la convivencia, viviendas con apoyos y unidades específicas destinadas a la atención de personas en situación de dependencia.

El modelo se desarrollará bajo un régimen cooperativo de cesión de uso y está concebido como una alternativa residencial estable para mayores, basada en el envejecimiento activo, la participación comunitaria, la sostenibilidad ambiental y un modelo integral de cuidados que permita a los residentes permanecer en el complejo durante todas las etapas de su vida.

El diseño del proyecto incorpora también criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con medidas dirigidas a favorecer el ahorro energético, la gestión responsable del agua, la movilidad compartida y la integración del complejo en el entorno, así como espacios abiertos a la participación de los vecinos del municipio.

Hay realidades cuya importancia solo descubrimos cuando dejan de estar presentes. Mientras funcionan, apenas reparamos en ellas; forman parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, basta imaginar su ausencia para comprender hasta qué punto sostienen nuestra vida.

Lo comprobamos cada día, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo. La escuela donde aprendieron nuestros hijos, el centro de salud que nos atendió de madrugada, el agua que brota al abrir un grifo, la carretera por la que viajamos con seguridad o la ayuda que recibe una persona dependiente forman parte de ese entramado silencioso que hace posible nuestra convivencia.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Solo cuando imaginamos ese vacío comprendemos el verdadero valor de aquello que siempre ha estado ahí.

Los mejores servicios públicos son, muchas veces, aquellos cuya ausencia nunca llegamos a notar porque hicieron bien su trabajo antes de que apareciera el problema. Son la red invisible que sostiene la vida cotidiana y permite que la sociedad funcione con normalidad.

Los servicios públicos representan una de las mayores conquistas de las democracias modernas. Son mucho más que un conjunto de prestaciones: garantizan que derechos esenciales no dependan del patrimonio familiar ni del lugar donde una persona haya nacido. Constituyen el patrimonio común de la ciudadanía y la expresión más tangible del Estado del bienestar.

Detrás de ellos trabajan miles de profesionales —docentes, sanitarios, bomberos, agentes medioambientales, trabajadores sociales, jueces, policías, investigadores, técnicos y tantos otros servidores públicos— que convierten los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana. Gracias a su labor, la igualdad deja de ser una aspiración para convertirse en una experiencia concreta.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Defender los servicios públicos no significa ignorar que siempre pueden mejorar. Significa comprender que una sociedad solo puede aspirar a ser verdaderamente libre cuando garantiza unas condiciones básicas desde las que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Educación y territorio: la mejor barrera contra la desigualdad

Si existe un instrumento capaz de reducir las desigualdades de origen, ese es la educación. Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa cuando el lugar de nacimiento o la renta familiar condicionan las oportunidades de toda una vida.

Después de casi cuatro décadas en la enseñanza pública he comprobado que el talento no entiende de rentas, de apellidos ni de códigos postales. Lo único que necesita es un suelo fértil donde crecer. Para miles de niños y niñas, ese suelo sigue siendo la escuela pública.

He conocido muchas familias preocupadas por el coste de los libros o del comedor escolar y también cómo una beca, un profesor comprometido o una oportunidad ofrecida a tiempo pueden cambiar el rumbo de una existencia.

Cuando la educación funciona como un verdadero ascensor social, el esfuerzo y la capacidad pesan más que el patrimonio familiar. La igualdad de oportunidades deja entonces de ser un principio abstracto para convertirse en una posibilidad real. En cambio, cuando la calidad educativa depende cada vez más de la capacidad económica, la desigualdad termina heredándose de una generación a otra.

Algo semejante ocurre con la sanidad pública. Un sistema sanitario universal garantiza que nadie tenga que elegir entre recibir un tratamiento o comprometer la economía de su familia. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres; la respuesta de una sociedad justa tampoco debería hacerlo.

En comunidades como Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica convierte la prestación de los servicios públicos en un desafío permanente. Precisamente por eso resultan aún más necesarios.

Mantener un Colegio Rural Agrupado (CRA), un consultorio médico o una línea de transporte público significa mucho más que prestar un servicio: significa garantizar que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos.

Los servicios sociales: una medida de humanidad

La calidad moral de una sociedad también se mide por la protección que ofrece a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Dependencia constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Gracias a ella, cientos de miles de personas pueden mantener su autonomía y afrontar la vejez o la enfermedad con mayor dignidad. Es una realidad que hoy observo muy de cerca en mi propia generación y en la de nuestros padres.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor.

La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día permiten que muchas personas mayores continúen viviendo en sus pueblos, rodeadas de sus recuerdos, de sus vecinos y de su comunidad. Al mismo tiempo, generan empleo, fijan población y contribuyen a mantener vivos numerosos municipios.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor

Además, estas políticas han ayudado a corregir una injusticia histórica: durante décadas, el cuidado de las personas dependientes recayó casi exclusivamente sobre las mujeres de las familias. Profesionalizar esos cuidados también supone avanzar en igualdad.

Proteger a quien más lo necesita no es un acto de caridad. Es una obligación de justicia y una de las expresiones más nobles de una sociedad verdaderamente civilizada.

Los servicios públicos también crean riqueza

Con frecuencia se plantea un falso dilema entre lo público y lo privado, como si ambos fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las economías más dinámicas suelen ser también aquellas que cuentan con instituciones sólidas y unos servicios públicos de calidad.

Ninguna empresa puede prosperar sin infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica, universidades que formen profesionales cualificados o un sistema sanitario que cuide de los trabajadores. Tampoco puede desarrollarse la innovación sin investigación pública ni atraer inversiones un territorio que carezca de estabilidad institucional.

Los servicios públicos no son un obstáculo para el crecimiento económico. Constituyen la infraestructura física, jurídica y humana que hace posible la actividad productiva. La educación forma el talento; la sanidad protege el capital humano; la justicia genera confianza; la investigación impulsa la innovación; la protección del medio ambiente preserva recursos que también son riqueza.

Por eso resulta un error contemplar el gasto público únicamente como un coste. Buena parte de él constituye una inversión que fortalece el desarrollo económico, mejora la competitividad, incrementa la cohesión social y genera confianza.

Cuando el monte arde, comprendemos el valor de la prevención

Estos días asistimos con preocupación a los incendios forestales que vuelven a golpear distintos puntos de nuestro país. Las imágenes de montes calcinados, vecinos desalojados y profesionales jugándose la vida nos conmueven porque recuerdan la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural y de tantas poblaciones que viven junto al bosque.

En esos momentos reconocemos el trabajo extraordinario de los equipos de extinción y comprendemos el valor de contar con unos servicios públicos preparados para responder ante la emergencia. Pero la verdadera reflexión debería comenzar cuando las llamas se apagan.

Los incendios no empiezan el día que vemos el humo. Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando los montes dejan de gestionarse adecuadamente, cuando faltan labores preventivas, cuando disminuyen los recursos destinados a la limpieza forestal o cuando los profesionales que conocen el territorio solo encuentran trabajo durante la campaña de verano.

Por eso conviene recordar una idea tan sencilla como decisiva: los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno.

Mantener equipos forestales estables durante todo el año, invertir en gestión forestal, conservar cortafuegos, apoyar la actividad del mundo rural y planificar con visión de futuro no son gastos prescindibles. Son inversiones que protegen vidas humanas, biodiversidad, economía local y patrimonio natural.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos

Porque la prevención es, quizá, el servicio público más silencioso. Cuando funciona, apenas ocupa titulares. Cuando falla, el precio puede ser irreparable.

Cuando lo público se debilita

Precisamente porque los servicios públicos sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, conviene preguntarse por qué, en ocasiones, terminan deteriorándose.

Lo público rara vez se debilita de un día para otro. Normalmente es el resultado de un proceso lento y silencioso: inversiones que se aplazan, plantillas insuficientes, infraestructuras que envejecen y servicios que, poco a poco, van perdiendo capacidad de respuesta.

Resulta especialmente preocupante comprobar que algunas comunidades autónomas han convertido la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales en una opción política. Mientras se anuncian rebajas fiscales o se destinan recursos a otras prioridades, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la prevención de incendios o los servicios sociales ven cómo disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos nunca son neutros: reflejan el modelo de sociedad que se quiere construir. Y cuando los servicios públicos dejan de figurar entre las prioridades, el deterioro acaba siendo inevitable.

Con frecuencia, ese deterioro sirve después para presentar la privatización como una solución casi inevitable. Sin embargo, el problema rara vez reside en la naturaleza pública del servicio. Lo que suele faltar son recursos suficientes, planificación a largo plazo y una voluntad política decidida de fortalecerlo.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho.

La sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la protección de nuestros montes no son simples bienes de consumo. Su finalidad consiste en garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención digna, con independencia de su nivel de renta o del lugar donde resida.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho

Cuando el acceso a esos derechos depende cada vez más de la capacidad económica, la sociedad comienza a fragmentarse. Quienes disponen de mayores recursos encuentran alternativas; quienes no pueden permitírselas dependen de unos servicios públicos que, si continúan debilitándose, tendrán cada vez más dificultades para cumplir su función.

Esa dinámica incrementa la desigualdad y erosiona uno de los pilares de toda democracia: la igualdad de oportunidades.

Una sociedad cohesionada necesita un sector privado dinámico, innovador y creador de riqueza, pero también unos servicios públicos fuertes que garanticen derechos básicos para todos.

Defender unos servicios públicos sólidos no significa rechazar la iniciativa privada. Significa reconocer que existen bienes cuya protección afecta al conjunto de la sociedad y cuya garantía no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado.

Justicia fiscal: contribuir según la capacidad de cada uno

Nada de todo ello surge por generación espontánea. Cada colegio, cada hospital, cada carretera, cada ambulancia, cada agente forestal, cada parque de bomberos, cada brigada forestal o cada ayuda a domicilio existen porque millones de ciudadanos contribuyen mediante sus impuestos.

Ese esfuerzo solo resulta legítimo cuando se apoya en un principio esencial: la justicia fiscal.

Quien más capacidad económica tiene debe aportar más, no para castigar el éxito, sino para repartir el esfuerzo de manera equitativa y garantizar el sostenimiento de unos servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad.

Pero ese principio también obliga a las administraciones públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro recaudado se gestione con honestidad, eficiencia y transparencia. La confianza en las instituciones se construye tanto mediante una fiscalidad justa como a través de una gestión ejemplar de los recursos públicos.

Porque el dinero malversado o el impuesto evadido nunca desaparecen en abstracto.

Siempre tienen un rostro concreto: un profesor menos en un aula, una lista de espera más larga, una carretera que tarda en repararse, un monte que no recibe el mantenimiento necesario, una ayuda a domicilio que no llega o una oportunidad perdida para quien más la necesita.

Cada fraude fiscal tiene una víctima invisible

Pero también la tienen las decisiones presupuestarias que relegan los servicios públicos esenciales. Reducir de forma continuada la inversión en aquello que garantiza derechos puede no producir efectos inmediatos, pero termina debilitando la cohesión social, aumentando las desigualdades y deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una inversión en nuestro futuro

El siglo XXI nos enfrenta a desafíos que hace apenas unas décadas resultaban difíciles de imaginar: el envejecimiento de la población, el reto demográfico, la transición ecológica, la revolución tecnológica, el cambio climático, las nuevas desigualdades o el incremento de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.

Responder a todos ellos exige fortalecer unos servicios públicos capaces de anticiparse a los problemas, no solo de reaccionar cuando ya se han producido.

Porque una sociedad inteligente no espera a que un alumno abandone la escuela para apoyar a su familia. No espera a que una enfermedad se agrave para garantizar la atención sanitaria. No espera a que una persona mayor quede desatendida para ofrecerle ayuda. Y tampoco debería esperar a que un bosque arda para comprender la importancia de invertir en su cuidado.

La prevención, casi siempre silenciosa e invisible, constituye una de las formas más eficaces y rentables de proteger el bienestar colectivo.

Del mismo modo, los impuestos no son un castigo al éxito ni una carga arbitraria. Son la expresión práctica de un compromiso compartido: que cada persona contribuya según su capacidad para que nadie quede desprotegido cuando más lo necesite.

Defender unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva, combatir el fraude y exigir una gestión pública honesta y transparente no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad democrática.

También lo es exigir que quienes gobiernan sitúen estos servicios entre sus prioridades presupuestarias. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué merece ser protegido. Y pocas decisiones tienen mayor trascendencia que garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, la protección del medio ambiente, la seguridad o la atención social como pilares irrenunciables del bienestar común.

La grandeza de un país no se mide por el número de sus millonarios ni únicamente por el crecimiento de su producto interior bruto.

Mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática

También se mide por la escuela donde aprende un niño; por el hospital que atiende una urgencia; por la ayuda que permite a una persona mayor seguir viviendo en su casa; por el agente medioambiental que cuida del monte cuando nadie lo ve; por el bombero que acude cuando todo parece perdido; por la investigadora que busca nuevos tratamientos; por el trabajador social que acompaña a quien atraviesa un momento difícil.

Detrás de cada servicio público hay personas cuidando de otras personas.

Y mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.

Porque, al fin y al cabo, la definición más sencilla —y quizá también la más hermosa— de una sociedad digna es aquella en la que las personas cuidan de otras personas.

La coalición Izquierda Unida-Podemos ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar que analice la adecuación de los recursos humanos y materiales del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo a la realidad asistencial actual del centro.

Según ha informado la coalición, la iniciativa cuenta con el respaldo de “decenas de trabajadores y familiares de personas residentes”, que han apoyado con su firma la presentación del escrito al considerar que la situación “merece una revisión independiente por parte de esta institución”.

El escrito solicita al Defensor del Pueblo que recabe información del Gobierno de Cantabria y del ICASS sobre aspectos como la evolución del perfil asistencial del centro, la adecuación de la plantilla a esa nueva realidad, la cobertura efectiva de las distintas categorías profesionales, la dotación del servicio de Enfermería, la organización de los turnos, las actuaciones realizadas tras los partes de incidencia presentados por la plantilla y la suficiencia de los recursos humanos para garantizar una atención integral y de calidad.

Asimismo, recoge las preocupaciones trasladadas por trabajadores y familiares sobre distintas dificultades organizativas y materiales -de las que se ha venido informando elDiario.es desde mayo- y que, según exponen, afectan al funcionamiento diario del centro y a la prestación de los cuidados.

IU-Podemos ha explicado que la queja pone de manifiesto que el propio Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) reconoce en documentación interna que el perfil de los residentes ha evolucionado de forma significativa desde la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2019, pasando de un centro con mayor presencia de usuarios con autonomía funcional a otro en el que predominan personas con gran dependencia, mayor fragilidad y necesidades asistenciales mucho más complejas.

El coordinador de Izquierda Unida Cantabria y candidato de la coalición a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha explicado que esta iniciativa “nace de una preocupación compartida por trabajadores y familiares. No estamos hablando únicamente de condiciones laborales, sino de garantizar que las personas con grandes necesidades de apoyo reciban la atención que merecen”.

“Si el propio ICASS reconoce que el perfil asistencial del centro ha cambiado profundamente, creemos que es razonable analizar si los recursos humanos y materiales se han adaptado a esa nueva realidad”, ha continuado.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha señalado que “la atención a la dependencia constituye uno de los pilares de nuestro Estado del bienestar y cuando decenas de trabajadores y familiares trasladan una misma preocupación, creemos que las instituciones tienen la obligación de escucharla”, que es el motivo por el que la coalición ha acudido al Defensor del Pueblo, “para que una institución independiente pueda valorar si el CAD de Laredo dispone de los recursos adecuados para atender a las personas residentes”, ha añadido.

Un servicio público esencial

Izquierda Unida-Podemos considera necesario analizar si esa transformación del perfil asistencial ha venido acompañada de la adaptación de la plantilla y de los recursos necesarios para garantizar una atención digna. “Creemos que es de sentido común preguntarse si el centro cuenta hoy con los recursos que necesita porque no requiere el mismo personal atender a 130 personas que se valen por sí mismas que a 130 residentes donde buena parte son grandes dependientes”, han señalado desde la coalición.

Ambas organizaciones han subrayado que esta iniciativa pretende contribuir a mejorar un servicio público esencial y confían en que la intervención del Defensor del Pueblo permita evaluar de forma objetiva si la organización, la plantilla y los recursos materiales del CAD de Laredo responden a las necesidades asistenciales actuales del centro.

La Consejería de Inclusión Social ha modificado la orden que regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de Cantabria para mejorar la calidad de la atención y flexibilizar algunos aspectos de la gestión.

Tal y como publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entre las novedades que incorpora esta modificación destaca la obligatoriedad de disponer de camas articuladas y regulables en altura, con colchones adecuados para la prevención y manejo de úlceras de presión. De esta forma, a la vez que se incrementa la comodidad de los usuarios, se facilita la tarea de los profesionales que prestan los apoyos necesarios.

También se establece que deberán tomarse en consideración los deseos y preferencias de los residentes sobre las actuaciones a realizar por el centro residencial al final de su vida.

En lo que se refiere a la organización del personal de los centros, la nueva orden posibilita que cuando la persona que ejerce funciones de dirección compatibilice esta actividad con la atención directa a los usuarios, esta última podrá desempeñarse en el mismo o diferente centro.

Otra modificación importante está relacionada con el transporte de personas en situación de dependencia en los centros de día. Con la nueva regulación, cuando el servicio de transporte que presta el centro exija acompañamiento de los usuarios, el tiempo dedicado a esta tarea por el personal de atención directa se computará para la exigencia de horas de la jornada diaria, con el límite máximo de una hora en horario de mañana y otra en horario de tarde.

Un cambio que responde a las necesidades de los usuarios de centros residenciales y viviendas tuteladas es el que exige que, cuando por motivos de salud así se requiera, se deberá ofrecer una recena, además de las cuatro comidas diarias. Asimismo, la nueva orden flexibiliza el horario de prestación de servicios en viviendas tuteladas.

Unidades para personas autónomas

Como novedad de relevancia, se crean las Unidades para Personas Autónomas. De esta forma, en las residencias de personas mayores se podrán establecer un máximo de dos unidades residenciales para personas que tengan suficiente autonomía personal para las actividades básicas de la vida diaria, sin tener reconocida la situación de dependencia o teniéndola reconocida en grado I. Estas unidades tendrán un máximo de veinte plazas cada una, distribuidas en habitaciones individuales o dobles.

Acreditación de centros y simplificación administrativa

En lo que se refiere a los requisitos exigidos para la acreditación de los centros de servicios sociales, las modificaciones guardan relación con la simplificación administrativa. En este ámbito se produce la modificación del sistema de acreditación de la calidad de estos centros, procediéndose a la simplificación y concreción de algunos protocolos, reorientando sus contenidos, registros y criterios hacia una mayor personalización de los cuidados y apoyos que se prestan.

En la línea del proceso de simplificación administrativa, también se modifica la presentación de memorias anuales de la actividad del centro a efectos del mantenimiento de la acreditación, sustituyendo la elaboración de aquellas por un sistema de autoevaluación que resulte de utilidad a los centros en su toma de decisiones y gestión del conocimiento.

Así, los valores en que se centre la calidad de los centros se incorporarán a un formulario digital habilitado por la Administración, lo que facilitará el análisis comparado de los indicadores, a la vez que permitirá una definición compartida por todos los centros de cada uno de los elementos por los que se interroga.

Con las modificaciones establecidas también se avanza en la digitalización de los procedimientos, con la utilización de una aplicación informática para remitir los datos solicitados y facilitar su análisis comparado, y contribuir a una Administración sin papel.

Finalmente, por primera vez se introducen criterios relacionados con la soledad no deseada. Una de las primeras actuaciones planteadas en este sentido es conocer su alcance y para ello se proponen indicadores que persiguen la comprensión del fenómeno y su magnitud.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

La ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en Asturias en 79 millones de euros entre 2026 y 2027 podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales.

En el conjunto del país, la ampliación de la financiación en 6.200 millones para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes el decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de “histórico” tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé la creación de 1.032 puestos de trabajo en Cantabria en el sector de los cuidados tras haber aprobado este martes el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la inyección extraordinaria de 55 millones de euros adicionales para esta comunidad autónoma entre 2026 y 2027.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy estima que este refuerzo permitirá además a Cantabria incorporar a 2.493 nuevas personas beneficiarias y avanzar en la eliminación de la lista de espera.

La Cámara Baja aprobó este martes el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes dio luz verde al Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las comunidades autónomas para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Se trata de las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, estas cuantías han comenzado a transferirse este mes de julio y, de media, han subido un 82%. El incremento, indican que beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

También aprobó la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las autonomías por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades para que reduzcan las listas de espera. En este sentido, Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027 y fija en 417.000 las personas nuevas beneficiarias.

Respecto a los trabajadores del sector de la dependencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un “objetivo prioritario” debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales del sector y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad.

Los 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027 que recibirá Extremadura para el sistema de la dependencia tendrá un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios y 2.845 personas menos en lista de espera, además de la creación de 2.096 empleos.

A nivel nacional, la ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

Son las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales tras la aprobación este martes en el Congreso del decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de “histórico” tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Distribución por comunidades

- Andalucía: 954 millones de euros adicionales del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (317,9 millones en 2026 y 635,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 102.333 nuevos beneficiarios, reducir la lista de espera en 15.461 personas, y crear 23.577 empleos.

- Aragón: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), con un impacto de 11.175 nuevas beneficiarios, una reducción de 248 personas en lista de espera, y 2.089 nuevos empleos.

- Asturias: 79 millones de euros adicionales (26,2 millones en 2026 y 52,5 millones en 2027), que podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos.

- Baleares: 84 millones de euros adicionales (28,1 millones en 2026 y 56,3 millones en 2027), que podría incorporar a 8.455 nuevos usuarios, reducir la lista de espera en 1.248 personas y crear 1.752 empleos.

- Canarias: 237 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), y se estiman 16.565 nuevos beneficiarios, una reducción de 609 personas en lista de espera y la creación de 6.563 empleos.

- Cantabria: 55 millones de euros adicionales (18,4 millones en 2026 y 36,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 2.493 beneficiarios, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera y crear 1.032 empleos.

- Castilla-La Mancha: 236 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), con un impacto estimado de 18.802 nuevos beneficiarios, una reducción de 2.042 personas en lista de espera y la creación de 6.254 empleos.

- Castilla y León: 341 millones de euros adicionales (113,6 millones en 2026 y 227,3 millones en 2027), que podría permitir incorporar 25.654 beneficiarias, eliminar prácticamente la lista de espera y 7.329 empleos más.

- Cataluña: 567 millones de euros adicionales (189,1 millones en 2026 y 378,3 millones en 2027), que podría incrementar el sistema en 61.470 beneficiarios, reducir la lista de espera en 24.881 personas y 13.611 empleos más.

- Comunidad Valenciana: 535 millones de euros adicionales (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), que podría traducirse en 61.727 beneficiarios, 4.471 personas menos en lista de espera y 12.704 nuevos empleos.

- Extremadura: 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027), con un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios, 2.845 personas menos en lista de espera, y la creación de 2.096 empleos.

- Galicia: 270 millones de euros adicionales (90,2 millones en 2026 y 180,6 millones en 2027), que podría suponer 15.938 beneficiarios, reducir la lista de espera en 793 personas y crear 6.156 empleos.

- Madrid: 680 millones de euros adicionales (226,6 millones en 2026 y 453,3 millones en 2027), que podrían sumar 60.876 nuevos beneficiarios, 11.497 personas menos en lista de espera y la creación de 22.315 nuevos empleos.

- Murcia: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), que podría traducirse en un aumento de 7.119 beneficiarios, 4.904 personas menos en lista de espera y 3.334 nuevos empleos.

- Navarra: 38 millones de euros adicionales (12,6 millones en 2026 y 25,4 millones en 2027), que podría sumar 3.405 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 88 personas en lista de espera y crear 1.419 empleos.

- País Vasco: 179 millones de euros adicionales (59,7 millones en 2026 y 119,4 millones en 2027), que podría permitir incorporar 2.631 beneficiarios, 4.153 personas menos en lista de espera y 1.328 nuevos empleos.

- La Rioja: 25 millones de euros más (8,2 millones de en 2026 y 16,5 millones de euros en 2027), que podría traducirse en 2.116 nuevos beneficiarios, eliminar la lista de espera, y 846 empleos

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).

“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.

Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.

Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.

"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"

Pablo Bustinduy — Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.

La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.

El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.

Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.

Ayudas compatibles y aumentadas

Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.

Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.

El amigo cuidador

La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.

También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Accesibilidad universal

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.

La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.

Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

Cambio de paradigma. El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno para esta legislatura y con la que el Ministerio de Derechos Sociales pretende darle la vuelta a la manera en la que se aborda la ayuda a personas dependientes y/o con discapacidad. La idea del Ejecutivo, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es pasar del enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a unos dos millones de personas.

Si se aprueban ambas reformas —y saldrán adelante si los partidos se mantienen en las posturas que han tenido hasta hoy–, en la ley de dependencia quedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. Se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo. Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros.

Además, el Ejecutivo pondrá 6.200 millones de euros extras para financiar la ley, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, valoró el lunes que la dependencia “es el gran desafío que tenemos a futuro para que no dependa del patrimonio y los recursos de una familia, y que el estado del bienestar proteja y permita vivir a los mayores en su casa”, según explicó en la Cadena Ser. El ministro ha puesto en valor su reforma y ha subrayado la importancia de “dignificar la labor en los cuidados”: “Si mañana no fuesen el medio millón de mujeres que dedican la jornada a cuidar a quienes lo necesitan, nada sería posible”.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado mes de abril de que 30.000 personas mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. El plazo medio hasta que se obtiene una respuesta de la administración es de 246 días, y si se obtiene una respuesta favorable pasan otros 62 hasta que se obtiene. Es un total de 329 días, 11 meses.

“Una prioridad institucional”

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha explicado a este periódico que si sale adelante la reforma será una “extraordinaria noticia” que “fortalece el sistema de servicios sociales”, y ha valorado que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional”.

Sin embargo, Ramírez también ha advertido de la necesidad de “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos y mejorar los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema”. El experto ha recordado además que existe el riesgo de que las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia.

El Gobierno espera y prevé que la reforma salga adelante. El pasado jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la norma —una especie de previa a que lo haga el Pleno— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Esta decisión de los populares les han costado las críticas de otros partidos, que recuerdan que las comunidades autónomas que gobierna el PP llevan años exigiendo que el Ejecutivo financie el 50% de la ley de dependencia. “Lo hemos recogido y blindado, y han votado que no”, se sorprendía este lunes Bustinduy. “Espero que ese grado de contradicción les haga votar que sí”, añadió. Junts, habitualmente el partido bisagra en las votaciones del Congreso, votó a favor del texto el pasado jueves.

Dependencia: ayudas compatibles y aumentadas

La ley de dependencia reformada incluirá una disposición, acordada el jueves en la Comisión del Congreso, para blindar el sistema y garantizar el 50% de financiación estatal. “La nueva financiación estatal crece en los dos niveles de que hay, tanto en el nivel acordado como, sobre todo, en el nivel mínimo en el que las cuantías se duplican”, explica Derechos Sociales. Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 7.239,4 millones de euros para 2027, el primer año completo con la nueva financiación.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Así, una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica el Gobierno.

Ayuda en el médico o el vecino cuidador

La asistencia personal sale del hogar, donde estaba confinada hasta ahora. “De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, ilustra Derechos Sociales.

Se abre el abanico de los cuidadores no familiares. La ley contemplará que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay”, dice el Ejecutivo: “Esto supondrá garantizar que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. También se utilizará esta herramienta de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Por último, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Discapacidad: la accesibilidad universal como derecho

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Pero hasta ahora, explican desde el ministerio, era un principio rector y pasa a ser un derecho.

La diferencia entre uno y otro es que el primero ejerce de especie de guía para la administración, sobre qué debe hacer, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas que se puede reclamar en los tribunales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación. Una persona que acuda ante un juez para reclamar un hogar solo basándose en ese párrafo de la Constitución está destinada a fracasar, pero una que alegue que se ha vulnerado su derecho a la educación probablemente gane.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”. El Gobierno explica que “esta medida es fundamental para acabar con el drama que viven miles de personas en España (se estiman que unas 100.000) que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles para ello”.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

“Confiamos que la ley alcance su pleno cumplimiento”, cierra su positiva valoración Ramírez, de la asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, “porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y sus familiares, y porque están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, por cohesión territorial y por lealtad institucional”.

Para el ministro Bustinduy esta reforma es una victoria. Pero no del Gobierno, “es una victoria de la sociedad”.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevan años reclamando que el Gobierno central aumente la partida que les transfiere para dependencia. El reclamo encontró su ancla en el compromiso entre PSOE y Sumar para el acuerdo de coalición, pero no tenía respaldo legal. De hecho, la ley solo señala que las autonomías deben hacerse cargo de la mayor parte del gasto en esta materia, sobre la que tienen plenas competencias. Ahora que el Ejecutivo se dispone a incorporar esa cofinanciación al 50% por ley, el PP ha votado en contra en la Comisión de Derechos Sociales, donde se ha emitido el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de derechos de personas con discapacidad e inclusión social.

Los votos en contra de PP y Vox a la enmienda y al dictamen no tiene efectos prácticos, porque el ministro Bustinduy ha logrado para su batería de medidas en dependencia el apoyo del resto de grupos, incluido Junts. Por lo tanto, el dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra y la norma continúa su trámite parlamentario camino al Congreso.

“El PP ha votado en contra de esta enmienda a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”, indican fuentes ministeriales, que recuerdan que ese compromiso era “del Gobierno de coalición” y que “ahora se convertirá en norma a través de esta enmienda”.

Los 'populares' han justificado su voto en contra por la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, según ha explicado el diputado Enrique Belda, que ha dejado la puerta abierta a votar la ley en el pleno si el Ejecutivo aclara “cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones”.

El objetivo del Gobierno es blindar por ley esa cofinanciación al 50%, para evitar posibles recortes en el futuro, indican las fuentes consultadas. “En la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”, indican.

El presidente Pedro Sánchez anunció a finales de junio la “mayor inversión en dependencia de la democracia”, con 6.200 millones de euros más en dos años. Con ellos, el Gobierno alcanza ese 50% de financiación para 2027, cuando se llegaría a un total de 7.239 millones, frente a los 3.757 millones de 2025 o los 1.347 de 2018, el último año del presidente Rajoy en la Moncloa.

Ya en 2022 las comunidades del PP exigieron al Gobierno que cumpliera con “su compromiso de financiar al 50%” el Sistema de Dependencia, “como es su obligación”. En aquel momento, ya pedían al Estado “estabilidad financiera”, contra la que ahora votan. En 2024, el senador por Ourense Francisco Fernández aseguró que la Ley de Dependencia ya obliga al Ejecutivo central a “aportar el 50%, al igual que las comunidades autónomas”.

La Ley de Dependencia no mandata ninguna aportación mínima del Gobierno central, más que “la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia” recogidas en al ley. Al contrario, si indica que estas deberán aportar cada año “al menos” la misma cantidad que el Estado.

La enmienda presentada por los grupos socialista y plurinacional Sumar reescribe la norma para garantizar, “en todo caso, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por el conjunto de las comunidades autónomas” en cada ejercicio, “en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias”.

Pese a la normativa, y el voto en contra de este jueves, la hemeroteca 'popular' está plagada de peticiones a Sánchez de que financie esa mitad. En 2025, tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia le acusaban de “plantear una ley sin recursos y sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde.”

Cantabria ha sido, en el primer semestre de 2026, la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la lista de espera para recibir la prestación a la dependencia, un 106%, aunque también la que más ha crecido en personas con derecho a prestación, un 12,5%.

Así se desprende del informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que precisa que este informe se realiza con datos oficiales, hasta el 30 de junio y que “cuenta a toda persona que está esperando una respuesta de la administración” ya que, según han explicado, el Ministerio considera lista de espera sólo a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos.

En los primeros seis meses del año han fallecido 98 personas en Cantabria que estaban pendientes de recibir prestación o esperando valoración. En cuanto al tiempo medio de espera para obtener una prestación Cantabria registra la séptima mejor cifra con 172 días, por lo que se encuentra por debajo de la media nacional que es de 314.

En este sentido, en Cantabria ha bajado en este primer semestre del año el tiempo de tramitación de la prestación en 31 días, el cuarto mejor dato del país, donde la media ha sido de 12.

Un total de 228.556 personas están a la espera de la dependencia en España, un 15% menos que hace un año (cuando había 268.793 personas esperando), según se desprende del cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este miércoles por el Imserso.

De ellas, 142.887 personas llevan 6 meses o más esperando (el plazo máximo legal) -lo que el Gobierno considera 'lista de espera oficial'- y 85.669, menos de 6 meses, según el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) presentado este miércoles en la sede del Imserso.

Teniendo en cuenta el número total (más de 6 meses y menos de 6 meses), a 30 de junio de 2026, 105.984 personas estaban pendientes de resolución de grado; 108.092 tenían derecho a prestación y estaban pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 14.480 tenían la resolución del PIA y estaban pendientes de que la prestación se hiciera efectiva.

El Gobierno de Canarias ha presumido este martes de haber reconocido en los primeros seis meses de este año 22.850 prestaciones de dependencia, lo que supone un total de 54.584 prestaciones concedidas en la legislatura actual, un dato que ha anunciado en contraposición a las 20.073 que asegura que se concedieron durante toda la pasada legislatura.

El Ejecutivo de Coalición Canaria y PP obvia en su balance que, según los últimos datos publicados por el IMSERSO (que pertenecen al mes de mayo), 14.446 personas siguen en el limbo de la dependencia, es decir, pese a tener el derecho reconocido siguen sin recibir la prestación.

Además, las prestaciones que han experimentado un mayor aumento son la teleasistencia que pasa de 4.382 en el mes de enero, según los datos del IMSERSO a 12.356 prestaciones. La teleasistencia es una de las prestaciones que más rentables sale a los gobiernos autonómicos y que no puede ser considerada una de las ayudas básicas que se otorga a una persona dependiente, sino una prestación complementaria.

La ayuda a domicilio se mantiene estancada en 551 mientras en enero se otorgaban 1434. En cuanto a centros de día y noche , en mayo se otorgan 5.603 plazas; 285 más que en enero. En cuanto a atención residencial, actualmente hay 5450 plazas y a principios de año 5532; un ligero incremento de 80.

“Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura”, afirmó Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia. Un decreto que no contó con el respaldo con los colegios de trabajo social ni con el de los sindicatos ni trabajadores de la Consejería.

La entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días. No obstante, la directora general, Concepción Ramírez, señaló que “el tiempo real de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, aunque este dato todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual”.

La Consejería volvió a afear este martes que la Comunidad Autónoma asume actualmente el 78 % del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22 %, porcentaje que continúa por debajo del 50 % previsto en la Ley de Dependencia.

No obstante, cabe recordar que el Gobierno estatal anunció recientemente que transferirá 237 millones de euros más (236.603.016 euros) al Gobierno Canario entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo de la ayuda a la Dependencia.

El Ministerio de Derechos Sociales estimó este fin de semana que Canarias podría reducir un 34% su lista de espera en dependencia con la nueva financiación estatal. En concreto, prevé que a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Canarias caerá en 600 personas al tiempo que se incrementa en 16.600 el número de personas que entran en el sistema.

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.

El Ministerio de Derechos Sociales ha estimado que, a finales de 2027, Cantabria podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación “efectiva en un 100%” gracias a la “histórica ampliación” de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia, al tiempo que se incrementa en 2.500 el número de personas que entran en el sistema.

Este “descenso récord” de la lista de espera se producirá en solo un año y medio, según las proyecciones realizadas por Derechos Sociales, el Ministerio que ha impulsado esta nueva financiación, aprobada la semana pasada por el Gobierno de España, en un contexto en el que cada año aumenta el número de personas que solicitan atención por dependencia en la comunidad autónoma.

Según estas mismas previsiones, a finales de 2027 Cantabria dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 2.493 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 12,89% respecto a 2025, y una cifra total de 21.824 personas atendidas dentro del sistema, ha informado este domingo el departamento de Pablo Bustinduy.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además de la “notable” reducción de las listas de espera y del aumento “significativo” en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también “en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia”, según el Ministerio.

Derechos Sociales ha afirmado que se seguirán reduciendo las listas de espera e incrementado el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural puesto que las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.

El Ministerio de Derechos Sociales estima que Canarias podría reducir un 34% su lista de espera en dependencia con la nueva financiación estatal. En concreto, prevé que a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Canarias caerá en 600 personas al tiempo que se incrementa en 16.600 el número de personas que entran en el sistema.

“Este 34,2% se traduce en que, en solo un año y medio, Canarias podría conseguir que 600 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia”, señala el Ministerio.

Derechos Sociales asegura que a finales de 2027, Canarias dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 16.600 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 27,89 % respecto a 2025, y una cifra total de 76.000 personas atendidas dentro del sistema.

Además, aclara que “estas estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de la CCAA para la gestión de la dependencia en cada territorio”.

Las nuevas cuantías, agrega, se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

El Ministerio también apunta que además de la “notable reducción de las listas de espera, y del aumento significativo en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia”.

Por último, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027 ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural: las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.

El Gobierno de Canarias, por su parte, insistió la pasada semana en reclamar más financiación para la ayuda a la dependencia a pesar del incremento del Estado. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que el Archipiélago “ha hecho la tarea en la mejora de la gestión”, pero el modelo aún no compensa los costes de la insularidad y la ultraperiferia. El Ejecutivo regional, no obstante, reconoce que el Estado abonará 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones de euros del año anterior.

Alrededor un centenar de trabajadores, usuarios y familiares del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo se han concentrado este viernes a las puertas del centro para volver a denunciar “la grave falta de personal” que arrastra el servicio y exigir al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) medidas estructurales que pongan fin a una situación que consideran “insostenible” tanto para la plantilla como para la atención que reciben las personas usuarias.

La movilización, convocada por los propios trabajadores, ha contado nuevamente con el respaldo de CSIF Cantabria, que continúa rechazando el acuerdo suscrito entre el ICASS y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, SIEP y TU al considerar que no ofrece soluciones reales ni garantiza el refuerzo estable que necesita el centro.

En un comunicado, CSIF ha señalado que las medidas recogidas en dicho acuerdo “son temporales” y condicionan cualquier consolidación de personal a futuras negociaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y a la disponibilidad presupuestaria, “sin adquirir compromisos concretos sobre la creación de plazas estructurales”.

“Los trabajadores necesitan certezas, no promesas sujetas a futuras negociaciones. El CAD de Laredo lleva demasiado tiempo funcionando gracias al sobreesfuerzo de sus profesionales y eso no puede seguir siendo la respuesta de la Administración”, ha subrayado la organización sindical.

Durante la concentración, los trabajadores han denunciado que la falta de personal sigue afectando gravemente al funcionamiento del centro, especialmente en categorías asistenciales como Enfermería, donde la insuficiencia de efectivos provoca que determinados turnos, especialmente de tarde y noche, no puedan garantizar la presencia necesaria de profesionales.

Una situación que, según la plantilla, “compromete tanto la calidad asistencial como la seguridad de usuarios y trabajadores”.

CSIF ha denunciado que el CAD de Laredo lleva años soportando las consecuencias de una plantilla “insuficiente para atender las necesidades reales del centro” y considera “inaceptable” que un servicio público esencial “dependa de manera permanente de la profesionalidad, el compromiso y el sacrificio de sus trabajadores para poder mantenerse operativo”.

En su opinión, la solución pasa por reforzar de forma estable la plantilla, cubrir todas las vacantes existentes y adaptar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo a las necesidades actuales del centro.

CSIF Cantabria ha reiterado que continuará respaldando cuantas movilizaciones sean necesarias hasta que el ICASS abandone la política de actuaciones temporales y asuma el compromiso de dotar al CAD de Laredo de los recursos humanos estructurales que necesita.