El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).

“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.

Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.

Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.

"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"

Pablo Bustinduy — Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.

La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.

El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.

Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.

Ayudas compatibles y aumentadas

Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.

Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.

El amigo cuidador

La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.

También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Accesibilidad universal

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.

La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.

Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

Cambio de paradigma. El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno para esta legislatura y con la que el Ministerio de Derechos Sociales pretende darle la vuelta a la manera en la que se aborda la ayuda a personas dependientes y/o con discapacidad. La idea del Ejecutivo, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es pasar del enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a unos dos millones de personas.

Si se aprueban ambas reformas —y saldrán adelante si los partidos se mantienen en las posturas que han tenido hasta hoy–, en la ley de dependencia quedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. Se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo. Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros.

Además, el Ejecutivo pondrá 6.200 millones de euros extras para financiar la ley, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, valoró el lunes que la dependencia “es el gran desafío que tenemos a futuro para que no dependa del patrimonio y los recursos de una familia, y que el estado del bienestar proteja y permita vivir a los mayores en su casa”, según explicó en la Cadena Ser. El ministro ha puesto en valor su reforma y ha subrayado la importancia de “dignificar la labor en los cuidados”: “Si mañana no fuesen el medio millón de mujeres que dedican la jornada a cuidar a quienes lo necesitan, nada sería posible”.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado mes de abril de que 30.000 personas mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. El plazo medio hasta que se obtiene una respuesta de la administración es de 246 días, y si se obtiene una respuesta favorable pasan otros 62 hasta que se obtiene. Es un total de 329 días, 11 meses.

“Una prioridad institucional”

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha explicado a este periódico que si sale adelante la reforma será una “extraordinaria noticia” que “fortalece el sistema de servicios sociales”, y ha valorado que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional”.

Sin embargo, Ramírez también ha advertido de la necesidad de “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos y mejorar los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema”. El experto ha recordado además que existe el riesgo de que las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia.

El Gobierno espera y prevé que la reforma salga adelante. El pasado jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la norma —una especie de previa a que lo haga el Pleno— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Esta decisión de los populares les han costado las críticas de otros partidos, que recuerdan que las comunidades autónomas que gobierna el PP llevan años exigiendo que el Ejecutivo financie el 50% de la ley de dependencia. “Lo hemos recogido y blindado, y han votado que no”, se sorprendía este lunes Bustinduy. “Espero que ese grado de contradicción les haga votar que sí”, añadió. Junts, habitualmente el partido bisagra en las votaciones del Congreso, votó a favor del texto el pasado jueves.

Dependencia: ayudas compatibles y aumentadas

La ley de dependencia reformada incluirá una disposición, acordada el jueves en la Comisión del Congreso, para blindar el sistema y garantizar el 50% de financiación estatal. “La nueva financiación estatal crece en los dos niveles de que hay, tanto en el nivel acordado como, sobre todo, en el nivel mínimo en el que las cuantías se duplican”, explica Derechos Sociales. Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 7.239,4 millones de euros para 2027, el primer año completo con la nueva financiación.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Así, una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica el Gobierno.

Ayuda en el médico o el vecino cuidador

La asistencia personal sale del hogar, donde estaba confinada hasta ahora. “De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, ilustra Derechos Sociales.

Se abre el abanico de los cuidadores no familiares. La ley contemplará que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay”, dice el Ejecutivo: “Esto supondrá garantizar que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. También se utilizará esta herramienta de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Por último, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Discapacidad: la accesibilidad universal como derecho

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Pero hasta ahora, explican desde el ministerio, era un principio rector y pasa a ser un derecho.

La diferencia entre uno y otro es que el primero ejerce de especie de guía para la administración, sobre qué debe hacer, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas que se puede reclamar en los tribunales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación. Una persona que acuda ante un juez para reclamar un hogar solo basándose en ese párrafo de la Constitución está destinada a fracasar, pero una que alegue que se ha vulnerado su derecho a la educación probablemente gane.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”. El Gobierno explica que “esta medida es fundamental para acabar con el drama que viven miles de personas en España (se estiman que unas 100.000) que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles para ello”.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

“Confiamos que la ley alcance su pleno cumplimiento”, cierra su positiva valoración Ramírez, de la asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, “porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y sus familiares, y porque están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, por cohesión territorial y por lealtad institucional”.

Para el ministro Bustinduy esta reforma es una victoria. Pero no del Gobierno, “es una victoria de la sociedad”.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevan años reclamando que el Gobierno central aumente la partida que les transfiere para dependencia. El reclamo encontró su ancla en el compromiso entre PSOE y Sumar para el acuerdo de coalición, pero no tenía respaldo legal. De hecho, la ley solo señala que las autonomías deben hacerse cargo de la mayor parte del gasto en esta materia, sobre la que tienen plenas competencias. Ahora que el Ejecutivo se dispone a incorporar esa cofinanciación al 50% por ley, el PP ha votado en contra en la Comisión de Derechos Sociales, donde se ha emitido el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de derechos de personas con discapacidad e inclusión social.

Los votos en contra de PP y Vox a la enmienda y al dictamen no tiene efectos prácticos, porque el ministro Bustinduy ha logrado para su batería de medidas en dependencia el apoyo del resto de grupos, incluido Junts. Por lo tanto, el dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra y la norma continúa su trámite parlamentario camino al Congreso.

“El PP ha votado en contra de esta enmienda a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”, indican fuentes ministeriales, que recuerdan que ese compromiso era “del Gobierno de coalición” y que “ahora se convertirá en norma a través de esta enmienda”.

Los 'populares' han justificado su voto en contra por la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, según ha explicado el diputado Enrique Belda, que ha dejado la puerta abierta a votar la ley en el pleno si el Ejecutivo aclara “cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones”.

El objetivo del Gobierno es blindar por ley esa cofinanciación al 50%, para evitar posibles recortes en el futuro, indican las fuentes consultadas. “En la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”, indican.

El presidente Pedro Sánchez anunció a finales de junio la “mayor inversión en dependencia de la democracia”, con 6.200 millones de euros más en dos años. Con ellos, el Gobierno alcanza ese 50% de financiación para 2027, cuando se llegaría a un total de 7.239 millones, frente a los 3.757 millones de 2025 o los 1.347 de 2018, el último año del presidente Rajoy en la Moncloa.

Ya en 2022 las comunidades del PP exigieron al Gobierno que cumpliera con “su compromiso de financiar al 50%” el Sistema de Dependencia, “como es su obligación”. En aquel momento, ya pedían al Estado “estabilidad financiera”, contra la que ahora votan. En 2024, el senador por Ourense Francisco Fernández aseguró que la Ley de Dependencia ya obliga al Ejecutivo central a “aportar el 50%, al igual que las comunidades autónomas”.

La Ley de Dependencia no mandata ninguna aportación mínima del Gobierno central, más que “la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia” recogidas en al ley. Al contrario, si indica que estas deberán aportar cada año “al menos” la misma cantidad que el Estado.

La enmienda presentada por los grupos socialista y plurinacional Sumar reescribe la norma para garantizar, “en todo caso, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por el conjunto de las comunidades autónomas” en cada ejercicio, “en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias”.

Pese a la normativa, y el voto en contra de este jueves, la hemeroteca 'popular' está plagada de peticiones a Sánchez de que financie esa mitad. En 2025, tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia le acusaban de “plantear una ley sin recursos y sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde.”

Cantabria ha sido, en el primer semestre de 2026, la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la lista de espera para recibir la prestación a la dependencia, un 106%, aunque también la que más ha crecido en personas con derecho a prestación, un 12,5%.

Así se desprende del informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que precisa que este informe se realiza con datos oficiales, hasta el 30 de junio y que “cuenta a toda persona que está esperando una respuesta de la administración” ya que, según han explicado, el Ministerio considera lista de espera sólo a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos.

En los primeros seis meses del año han fallecido 98 personas en Cantabria que estaban pendientes de recibir prestación o esperando valoración. En cuanto al tiempo medio de espera para obtener una prestación Cantabria registra la séptima mejor cifra con 172 días, por lo que se encuentra por debajo de la media nacional que es de 314.

En este sentido, en Cantabria ha bajado en este primer semestre del año el tiempo de tramitación de la prestación en 31 días, el cuarto mejor dato del país, donde la media ha sido de 12.

Un total de 228.556 personas están a la espera de la dependencia en España, un 15% menos que hace un año (cuando había 268.793 personas esperando), según se desprende del cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este miércoles por el Imserso.

De ellas, 142.887 personas llevan 6 meses o más esperando (el plazo máximo legal) -lo que el Gobierno considera 'lista de espera oficial'- y 85.669, menos de 6 meses, según el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) presentado este miércoles en la sede del Imserso.

Teniendo en cuenta el número total (más de 6 meses y menos de 6 meses), a 30 de junio de 2026, 105.984 personas estaban pendientes de resolución de grado; 108.092 tenían derecho a prestación y estaban pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 14.480 tenían la resolución del PIA y estaban pendientes de que la prestación se hiciera efectiva.

El Gobierno de Canarias ha presumido este martes de haber reconocido en los primeros seis meses de este año 22.850 prestaciones de dependencia, lo que supone un total de 54.584 prestaciones concedidas en la legislatura actual, un dato que ha anunciado en contraposición a las 20.073 que asegura que se concedieron durante toda la pasada legislatura.

El Ejecutivo de Coalición Canaria y PP obvia en su balance que, según los últimos datos publicados por el IMSERSO (que pertenecen al mes de mayo), 14.446 personas siguen en el limbo de la dependencia, es decir, pese a tener el derecho reconocido siguen sin recibir la prestación.

Además, las prestaciones que han experimentado un mayor aumento son la teleasistencia que pasa de 4.382 en el mes de enero, según los datos del IMSERSO a 12.356 prestaciones. La teleasistencia es una de las prestaciones que más rentables sale a los gobiernos autonómicos y que no puede ser considerada una de las ayudas básicas que se otorga a una persona dependiente, sino una prestación complementaria.

La ayuda a domicilio se mantiene estancada en 551 mientras en enero se otorgaban 1434. En cuanto a centros de día y noche , en mayo se otorgan 5.603 plazas; 285 más que en enero. En cuanto a atención residencial, actualmente hay 5450 plazas y a principios de año 5532; un ligero incremento de 80.

“Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura”, afirmó Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia. Un decreto que no contó con el respaldo con los colegios de trabajo social ni con el de los sindicatos ni trabajadores de la Consejería.

La entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días. No obstante, la directora general, Concepción Ramírez, señaló que “el tiempo real de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, aunque este dato todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual”.

La Consejería volvió a afear este martes que la Comunidad Autónoma asume actualmente el 78 % del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22 %, porcentaje que continúa por debajo del 50 % previsto en la Ley de Dependencia.

No obstante, cabe recordar que el Gobierno estatal anunció recientemente que transferirá 237 millones de euros más (236.603.016 euros) al Gobierno Canario entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo de la ayuda a la Dependencia.

El Ministerio de Derechos Sociales estimó este fin de semana que Canarias podría reducir un 34% su lista de espera en dependencia con la nueva financiación estatal. En concreto, prevé que a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Canarias caerá en 600 personas al tiempo que se incrementa en 16.600 el número de personas que entran en el sistema.

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.

El Ministerio de Derechos Sociales ha estimado que, a finales de 2027, Cantabria podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación “efectiva en un 100%” gracias a la “histórica ampliación” de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia, al tiempo que se incrementa en 2.500 el número de personas que entran en el sistema.

Este “descenso récord” de la lista de espera se producirá en solo un año y medio, según las proyecciones realizadas por Derechos Sociales, el Ministerio que ha impulsado esta nueva financiación, aprobada la semana pasada por el Gobierno de España, en un contexto en el que cada año aumenta el número de personas que solicitan atención por dependencia en la comunidad autónoma.

Según estas mismas previsiones, a finales de 2027 Cantabria dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 2.493 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 12,89% respecto a 2025, y una cifra total de 21.824 personas atendidas dentro del sistema, ha informado este domingo el departamento de Pablo Bustinduy.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además de la “notable” reducción de las listas de espera y del aumento “significativo” en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también “en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia”, según el Ministerio.

Derechos Sociales ha afirmado que se seguirán reduciendo las listas de espera e incrementado el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural puesto que las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.

El Ministerio de Derechos Sociales estima que Canarias podría reducir un 34% su lista de espera en dependencia con la nueva financiación estatal. En concreto, prevé que a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Canarias caerá en 600 personas al tiempo que se incrementa en 16.600 el número de personas que entran en el sistema.

“Este 34,2% se traduce en que, en solo un año y medio, Canarias podría conseguir que 600 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia”, señala el Ministerio.

Derechos Sociales asegura que a finales de 2027, Canarias dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 16.600 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 27,89 % respecto a 2025, y una cifra total de 76.000 personas atendidas dentro del sistema.

Además, aclara que “estas estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de la CCAA para la gestión de la dependencia en cada territorio”.

Las nuevas cuantías, agrega, se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

El Ministerio también apunta que además de la “notable reducción de las listas de espera, y del aumento significativo en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia”.

Por último, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027 ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural: las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.

El Gobierno de Canarias, por su parte, insistió la pasada semana en reclamar más financiación para la ayuda a la dependencia a pesar del incremento del Estado. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que el Archipiélago “ha hecho la tarea en la mejora de la gestión”, pero el modelo aún no compensa los costes de la insularidad y la ultraperiferia. El Ejecutivo regional, no obstante, reconoce que el Estado abonará 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones de euros del año anterior.

Alrededor un centenar de trabajadores, usuarios y familiares del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo se han concentrado este viernes a las puertas del centro para volver a denunciar “la grave falta de personal” que arrastra el servicio y exigir al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) medidas estructurales que pongan fin a una situación que consideran “insostenible” tanto para la plantilla como para la atención que reciben las personas usuarias.

La movilización, convocada por los propios trabajadores, ha contado nuevamente con el respaldo de CSIF Cantabria, que continúa rechazando el acuerdo suscrito entre el ICASS y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, SIEP y TU al considerar que no ofrece soluciones reales ni garantiza el refuerzo estable que necesita el centro.

En un comunicado, CSIF ha señalado que las medidas recogidas en dicho acuerdo “son temporales” y condicionan cualquier consolidación de personal a futuras negociaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y a la disponibilidad presupuestaria, “sin adquirir compromisos concretos sobre la creación de plazas estructurales”.

“Los trabajadores necesitan certezas, no promesas sujetas a futuras negociaciones. El CAD de Laredo lleva demasiado tiempo funcionando gracias al sobreesfuerzo de sus profesionales y eso no puede seguir siendo la respuesta de la Administración”, ha subrayado la organización sindical.

Durante la concentración, los trabajadores han denunciado que la falta de personal sigue afectando gravemente al funcionamiento del centro, especialmente en categorías asistenciales como Enfermería, donde la insuficiencia de efectivos provoca que determinados turnos, especialmente de tarde y noche, no puedan garantizar la presencia necesaria de profesionales.

Una situación que, según la plantilla, “compromete tanto la calidad asistencial como la seguridad de usuarios y trabajadores”.

CSIF ha denunciado que el CAD de Laredo lleva años soportando las consecuencias de una plantilla “insuficiente para atender las necesidades reales del centro” y considera “inaceptable” que un servicio público esencial “dependa de manera permanente de la profesionalidad, el compromiso y el sacrificio de sus trabajadores para poder mantenerse operativo”.

En su opinión, la solución pasa por reforzar de forma estable la plantilla, cubrir todas las vacantes existentes y adaptar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo a las necesidades actuales del centro.

CSIF Cantabria ha reiterado que continuará respaldando cuantas movilizaciones sean necesarias hasta que el ICASS abandone la política de actuaciones temporales y asuma el compromiso de dotar al CAD de Laredo de los recursos humanos estructurales que necesita.

Hola,

¿Cómo estás? De nuevo, espero que el calor te haya dejado respirar estos días. Parece que la ola que está arrasando Europa ha amainado un poco en España, aunque las altas temperaturas volverán a subir este fin de semana. Tendremos que prepararnos para esta nueva realidad. 

Nosotros hemos tenido un susto. El PP de Madrid ha intentado cancelar el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es, que esta edición celebramos en Rivas Vaciamadrid. No lo han conseguido. El viernes celebramos un encuentro con socios, una conversación sobre el MeToo, el espectáculo Chistes contra Franco y disfrutamos de los conciertos de Señora!, Ariel Rot y un Dj Set de Inés Hernand. 

Si quieres acompañarnos, todavía estás a tiempo. Este sábado seguiremos por Rivas con un montón de actividades y conciertos. Te dejo aquí el programa. Pero no te olvides de la gorra y la crema solar. 

Volviendo a nuestros temas, esta semana el Gobierno ha anunciado un aumento de la inversión en dependencia. Serán un total de 6.200 millones de euros extra en dos años, que se suma a la aportación prevista que el Estado central transfiere a las comunidades autónomas.

En 2027, el Ejecutivo destinará a los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen las competencias en esta área, un total de 7.239 millones de euros. El Gobierno cumple uno de los puntos del acuerdo de coalición: llegar al 50% de la financiación. La otra mitad la aportan las comunidades.

Con anuncios de miles de millones como estos a veces cuesta poner las cifras en perspectiva —supongo que a ti también te pasa—, pero, si me permites una apreciación personal, me parece una inversión muy importante. Hablamos de mucho dinero, que puede ir destinado a reducir las listas de espera, blindar la atención a personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras. Si se gestiona bien —y eso es cosa de las comunidades—, ese dinero sirve para consolidar el derecho a los cuidados, en una población cada vez más envejecida y con más enfermedades crónicas. 

Imagino que los derechos a la sanidad o la educación, que ahora tenemos más o menos asimilados, comenzaron así, paso a paso. 

Las cifras de dinero, en cualquier caso, son estimaciones. La ley determina una cantidad que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas según el número de personas que tienen reconocido algún grado de dependencia. Las transferencias se van realizando mes a mes.

De esta forma, no todas reciben el mismo dinero. Aunque todas duplicarán las transferencias que reciben. Por ejemplo, Andalucía se llevará en 2027 un total 1.276 millones de euros, el doble de lo previsto. Madrid se llevará 453 millones más; Catalunya, 378 millones extra; y la Comunitat Valenciana, 357 millones. En este enlace puedes ver a cuánto asciende esa inyección extra en 2026 y en 2027. Es una lluvia de millones que no entiende del color político de los Ejecutivos autonómicos.  

Receta rápida

A 32 grados en el centro de salud

Las altas temperaturas se están notando en centros de trabajo, colegios e institutos y, también, en hospitales y centros de salud. El calor extremo que ha atizado a Euskadi estos días ha llevado a récord la venta de ventiladores, como los que harían falta en el ambulatorio que ha visitado mi compañera Maialen Ferreira en Bilbao. 

En este centro de salud, inaugurado en 2016, se alcanzaron los 32 grados a las 10 de la mañana del miércoles. “Queremos que se tomen medidas en condiciones y no parches”, le decía un trabajador, ante las “condiciones pésimas” en las que tienen que atender a los pacientes. Y a sí mismos: “Estamos cansados y deshidratados. Hemos tenido que atendernos entre nosotros por golpes de calor”. 

No es un problema aislado. Como te decía antes, vamos a tener que adaptar nuestras ciudades a esta nueva realidad... y tomar medidas para que la crisis climática no siga agravando la situación. Esto me recuerda a las conclusiones de una evaluación científica sobre esta última ola de calor: "Lo imposible se ha vuelto ahora posible". 

Con esto me despido por hoy (a no ser que te animes a pasarte por Rivas este sábado).

Pasa muy buena semana y ¡salud! 

Hace tres días, el Gobierno central anunciaba un real decreto de financiación a la dependencia que supondrá una fuerte inyección económica para las comunidades autónomas: 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 con el propósito de llegar al compromiso de financiación del 50%, tal y como marca la ley. En Andalucía, el montante económico se situaría en los 954 millones de euros, que se dividiría en 317,9 millones para este ejercicio y 635,8 millones de euros para el próximo año, según las fuentes gubernamentales consultadas por este medio, que quedaría en manos de la Junta de Andalucía para reforzar el sistema.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) lograría mayor robustez para alcanzar a las 1,6 millones de personas registradas en todo el país, de las que 352.209 personas están en Andalucía con prestaciones reconocidas a razón de la cifra publicada por el Imserso el 31 de mayo. El incremento de la cuantía que reciben los gobiernos autonómicos por cada persona era uno de los compromisos marcados en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar. Una ampliación que entrararía en vigor, previsiblemente, a partir del 1 de julio, por lo que la dotación aumentaría un 128% en grado III (gran dependencia), que subirán de 290 a 660 euros al mes por persona; un 100% para aquellas en grado II (dependencia severa), donde se duplica de 130 a 260 euros; y el grado I (dependencia moderada) quedaría en un 18%, ya que aumenta de 76 a 90 euros.

El real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, deberá pasar por el Congreso, una propuesta que vendrá acompañada por la ley de discapacidad y de dependencia. Con estos datos, la Junta de Andalucía recibiría 318 millones de euros más en 2026 y 636 millones en 2027. En total, como adelantan las fuentes consultadas, la aportación estatal a la dependencia andaluza será de más de 957 millones de euros en 2026 y de más de 1.200 millones de euros el curso siguiente. Una suma que, de no haberse aprobado tal medida, se hubiera quedado en alrededor de 639,7 millones de euros.

Esta aportación de dinero público se realiza para cubrir las cuantías que el Estado por cada persona con grado reconocido, en la que no se incluye la inversión adicional que supone el nivel acordado. Esta cantidad, adelantan las fuentes consultadas, se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD el próximo lunes 29 de junio.

49.513 personas en espera en Andalucía

El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia indicó en mayo que la “falta de incremento presupuestario” por parte del Ministerio en los tres últimos años, que no mantuvo la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque para el trienio entre 2021 y 2023 suponía una “clara ralentización” del aparato administrativo a la hora de atender a los usuarios. Es más, en este último mes la lista de espera aumentó en 7.293 personas y, en total, hay 265.503 en todo el país, aunque el gráfico ha disminuído desde 2022 cuando había 332.062 personas sin respuesta.

En el caso de Andalucía, hay 49.513 personas en espera, solo por detrás de Cataluña (80.827 personas) y, si bien los tiempos se redujeron en 50 días y aumentó el reconocimiento al derecho a la dependencia en un 3,3%, uno de los mejores valores estatales, la media para obtener una resolución continúa siendo de las más altas del país y se queda en los 446 días, más de un año. A lo largo de estos cinco primeros meses, fallecieron en la comunidad 2.204 personas pendientes de una resolución de grado y de PIA.

El acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco firmado en abril del año pasado ha servido como telón de fondo para esta apuesta en la dependencia. En la Comisión Mixta del Concierto Económico se aprobó la financiación 50-50, una medida que ahora se extiende al resto del territorio, tal y como reclamaba la ahora consejera en funciones de Inclusión Social, Loles López. No obstante, el Gobierno andaluz ha afirmado en más de una ocasión que aporta más recursos que el Estado en la financiación del sistema de dependencia, pero los informes del Imserso y de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) desmienten tales sentencias.

Andalucía es de las comunidades con mayores fondos por parte del Gobierno central, recibiendo un 34,90% en 2024 (a falta de los datos consolidados de 2025), por encima de País Vasco (15,07%), Madrid (27,23%), Cataluña (22,59%), aunque estos porcentajes disminuyeron levemente en comparación con 2023. Sin embargo, el análisis de FOAM puntualiza que la comunidad ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB en las cuentas autonómicas entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue estando por debajo de la media nacional: 7.173 euros frente a los 8.631 euros. Ahora, con la vista fijada en cumplir con la Ley de Dependencia de 2006 y la cofinanciación del 50%, este balón de oxígeno a las arcas públicas revertirá en mayores recursos para la población andaluza.

Miles de millones de euros para “refundar el sistema de la dependencia”. Una inversión “sin precedentes” para llevar a cabo la “mayor ampliación de la red de protección social” en décadas. El anuncio del presidente del Gobierno de incrementar las transferencias a las comunidades hasta los 7.239 millones de euros en 2027 ha sido recibido con entusiasmo por entidades, asociaciones de pacientes y sindicatos. Los expertos, a la espera de la letra pequeña del real decreto aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros, ponen el foco ahora en los ejecutivos autonómicos, encargados de gestionar la caja.

“No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, advierten desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta entidad, que ha sido crítica con lo que consideraban una paralización de la financiación, celebra ahora en un comunicado esta “buena noticia” y que “el Gobierno de España pasa de la retórica a los hechos”.

El gráfico de la evolución de la inversión estatal en dependencia muestra hitos claros. La puesta en marcha del sistema, los recortes tras la crisis financiera, la llanura hasta 2021, los incrementos progresivos desde entonces y el impulso ya en este ejercicio, anunciado también este martes, y que supone “la mayor inversión social de la legislatura”, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha asegurado que se sientan “las bases de un nuevo modelo de cuidados, que ahora cuent con los recursos suficientes para garantizar un servicio público de calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”.

A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una inyección extra de más de 1.700 millones, hasta un total de 5.500 para 2026. Para 2027, superarán los 7.000 millones.

Solo esos más de 1.700 millones extra de este ejercicio son más que la cuantía ordinaria que se transfirió anualmente desde 2011 —el primer año de Mariano Rajoy en la Moncloa— hasta 2020. Ese dinero, consideran los directores y gerentes de servicios sociales, “deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios”.

Los objetivos

Pedro Sánchez ya marcó tres “objetivos fundamentales”: reducir las listas de espera, ofrecer más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan. Son los tres grandes retos que afronta el sistema de atención a la dependencia y que las expertas consultadas esperan que se puedan subsanar con esta inyección de recursos.

Las listas de espera es una de las tareas en las que más se ha avanzado y, a la vez, en la que más esfuerzos se requieren. Según los datos del Gobierno, estas se han reducido en un 50% desde 2020. “Pero no es suficiente”, ha admitido Sánchez. A finales de mayo, 155.352 personas con el derecho reconocido, estaban a la espera de recibir la atención y 110.108 más estaban a la espera de valoración. En el último año, unas 30.000 personas fallecieron esperando una ayuda.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente son 180 días —seis meses—, aunque según los datos de los directores y gerentes en servicios sociales el cumplimiento es dispar entre comunidades. Solo Castilla y León (119 días), Aragón (122), Euskadi (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171) están por debajo. En el otro extremo, Murcia (552), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335).

Estas disparidades son el ejemplo de que cada comunidad autónoma deberá buscar su propia receta para mejorar el sistema. “No se puede decir de manera unívoca que todas se lo gasten en lo mismo, porque hay muchas diferencias entre unas y otras”, razona la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, que califica de “hito” el avance. “Lo importante es garantizar que ese dinero se gaste de manera clara para atender a las personas en situación de dependencia”, exige.

Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, celebra que el Ejecutivo haya alcanzado al fin el compromiso del 50% de financiación del sistema. La medida, considera, bloquea una crítica habitual de las comunidades autónomas, que echaban en cara al Gobierno central la falta de fondos.

Mejorar las prestaciones

El otro área de mejora son las prestaciones. Aunque el número de beneficiarios de alguna ayuda a la dependencia está en máximos, con casi 1,7 millones de personas recibiendo una prestación, estas han sido catalogadas como 'low cost'. Actualmente, las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, que suponen en torno al 45% del total, son de 262 euros al mes de media, y las económicas vinculadas al servicio, de 567 euros.

“Si tienes más dinero, puedes atender a más gente”, concede Rodríguez, que reclama que esa atención esté centrada en la persona y su familia. “Para hacer una buena valoración de cada caso y ofrecerle las ayudas que necesita esa persona, se requiere de profesionales formados, más ratios y la formación es fundamental”, continúa, tanto para el entorno de las propias usuarias como a nivel de profesionalización de las trabajadoras del ámbito de los cuidados.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de pacientes llevan tiempo alertando del déficit de trabajadoras. Según los datos de CCOO y UGT, actualmente hay 555.000 personas empleadas en el sector, de las que 186.000 se incorporaron en el marco del Plan de Choque para los años 2021-2023 —cuando también se incrementó la financiación—. Con todo, las organizaciones sindicales estiman que harán falta unas 100.000 trabajadoras más.

“No podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”, ha reconocido Sánchez, que ha pedido “dignificar las condiciones laborales” de estas trabajadoras, que lo son muchas veces por horas, con el salario mínimo interprofesional o de forma irregular.

“Consideramos que este incremento de financiación adicional debe realizarse estableciendo criterios de reparto con las comunidades autónomas, acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, así como al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de empresas y administraciones que operan dichos servicios”, han señalado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

En ese texto, los sindicatos mayoritarios reclaman la atención a las listas de espera, que se cumplan las ratios de plantillas y su elevación progresiva, que haya garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen con las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos, el reconocimiento y la cualificación profesional de las trabajadoras y que se establezca un porcentaje mínimo de jornada, entre otras demandas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.

La medida, que desde el Ejecutivo califican de “histórica”, supone aumentar de forma estructural la partida que se transfiere desde el Estado central para la dependencia. Estos importes se incorporarán desde el nivel mínimo que reconoce la ley y la cuantía que reciben las comunidades se calcula por cada persona que tiene reconocida la dependencia. “La grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”, ha señalado el presidente.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.

El Estado central transfiere actualmente a las comunidades autónomas más de 3.600 millones de euros al año, por lo que la cuantía supondrá 6.200 millones más entre estos dos ejercicios y llegará al doble en 2027. Unas cantidades que las comunidades autonomas podrán dedicar a aumentar sus ayudas, contratar personal, reducir las listas de espera, mejorar los servicios que prestan, etc. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, la financiación suponía 1.347 millones, trás “años de abandono”.

Esta cifra “récord” se alcanzará en el marco de una reforma del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y supondrá un aumento de las cuantías que los gobiernos autonómicos reciben por cada persona que tiene reconocido algún grado de dependencia. En el caso del grado I, pasarán de 76 a 90 euros al mes por persona, un 18%; para los de grado II, se duplican, de 130 a 260 euros; y para los casos de grado III, subirán un 128%, de 290 a 660 euros al mes por persona.

El real decreto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, que deberá pasar por el Congreso, supondrá así mismo un blindaje de estos presupuestos, ya que revertir estos aumentos requeriría rehacer la normativa, si esta llega a aprobarse. Con esto, el Ejecutivo cumple el acuerdo de coalición de llegar al 50% de la financiación de una ley que alcanza a 1,6 millones de personas en todo el territorio, y avanza en la estrategia de cuidados que impulsó el ministro Pablo Bustinduy.

“Ese compromiso queda reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, pero también para asentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar unos servicios públicos de la mayor calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”, ha dicho el ministro.

Con este impulso el Ejecutivo persigue “reducir las listas de espera”, porque “cuando una persona necesita ayuda, el tiempo importa”, ha defendido Pedro Sánchez, que ha marcado también entre los objetivos que haya “más y mejores cuidados” y “dignificar las condiciones de quienes cuidan” porque “no podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”.

Ese “andamiaje para la tranformación profunda” del sistema de dependencia, como lo ha denominado Bustinuduy, se levantará en torno a este real decreto, que el ministro quiere llevar al Congreso para su convalidación junto a las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo, ha dicho, es “dejar atrás el modelo asistencial y masificado y hacer posible un sistema personalizado y cercano, que permite que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios el tiempo que lo desee”.

Canarias se sitúa entre las cuatro comunidades autónomas con mayor lista de espera en dependencia. Según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en el Archipiélago hay más 17.457 personas aún pendientes de esta ayuda, según los datos analizados por la asociación hasta mayo de este año.

De hecho, Canarias (20,4%), Catalunya (18,8%) y Murcia (18,3%) son las comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,3%), Navarra (2,3%) y Galicia (1,3%) son las que menor porcentaje de personas esperando tienen.

El tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de casi un año (335 días), cuando la Ley impone 180 días. No obstante, el informe detalla algunas mejoras en el Archipiélago como que se ha conseguido rebajar esta espera en 90 días.

En estos cinco meses han fallecido 13.503 personas en toda España pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA; en Canarias, han sido 360 las personas que han fallecido en estos meses en esa lista de espera.

El informe del Observatorio Estatal detalla que en el último año sí que se ha rebajado la lista de espera en las Islas (-20,7%) pese al alto volumen de personas que aún no tienen la prestación, mientras que en otras tres regiones en estos meses sí que se ha disparado la lista de espera: Cantabria (+106,8%), Madrid (+42,6%) y Castilla La Mancha.

El informe también apunta otro dato positivo y es que en los últimos tres meses las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación han sido Canarias (+22%) y Cantabria (+6,6%). Por el contrario, las comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,4%) y Extremadura (-0,5%).

Es precisamente con ese dato con el que se queda la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que apunta en un comunicado que según el último balance realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se ha incrementado el número de personas beneficiarias con prestación. “Hay una tendencia de mejora sostenida en la incorporación de nuevas personas beneficiarias y en la resolución de expedientes”, destaca.

Sobre las personas en lista de espera, la Consejería se justifica asegurando que “un altísimo porcentaje de las personas que se encuentran en el limbo de la dependencia figuran en esta situación por causas ajenas a la Administración, según reconoce específicamente el Imserso”.

“Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo”, expone el director de la asociación, José Manuel Ramírez en un comunicado.

Si se atiende a los últimos datos publicados por el IMSERSO (mayo), en cuanto al tipo de ayuda a la dependencia, la que se otorga en mayor medida es la prestación vinculada al servicio (34.636), le sigue la prestación para el cuidado en el entorno familia (32.143), la teleasistencia (12.443), la atención residencial (5.985), los centros de día y noche (5.527); la prevención y promoción de la autonomía personal (2211)y la ayuda a domicilio (1.339).

La senadora Marta Arocha ha remarcado varias veces que el hecho de que en Canarias haya tantas prestaciones no efectivas se debe a que o hay servicios que ofertar y a que las empreas que ofrecen prestaciones vinculadas al servicio están desbordadas. Recientemente, explicó a este periódico que “si no se crean plazas públicas de centros de día, de centros sociosanitarios, van a seguir dando PIAS, pero que serán siempre no efectivos”.

Arocha considera que Canarias se está convirtiendo en un sistema low cost, ya que una de las prestaciones que más está creciendo es la de la teleasistencia; “y las teleasistencias nunca pueden ser, según la ley, una prestación principal, es siempre complementaria de otra”.

Cantabria tarda una media de 171 días en resolver los expedientes de dependencia, frente a los 320 del conjunto de España, y está por debajo del plazo legal de 180 jornadas. La demora en la región se ha reducido, desde los 203 días, al tiempo que se ha incrementado el número de informes atendidos en los últimos seis meses, en los que se ha pasado de casi 23.800 a 25.854

Así lo ha señalado este lunes la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, que ha indicado que la comunidad continúa situándose entre las seis autonómicas con menores tiempos de tramitación de expedientes de situación de dependencia del país, además de por debajo del plazo medio nacional y del legal.

En un comunicado, Arce ha destacado que Cantabria es la segunda región que más ha aumentado el número de personas beneficiarias con prestación, a la par que ha reducido el tiempo de resolución -de los 203 días de media citados a 171 días en los cinco primeros meses de este año-.

Además, ha subrayado que en Cantabria se ha ampliado el catálogo de servicios y prestaciones, así como sus compatibilidades. Y este ha sido uno de los factores que han supuesto que más personas soliciten la dependencia, según ha precisado.

Arce ha asegurado que el ICASS y la Consejería de Inclusión Social van a continuar reforzando los recursos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con el objetivo de “seguir mejorando la atención a las personas usuarias y dar respuesta al aumento constante de la demanda”.

Crecen un 8,6% las solicitudes

En cuanto a las cifras, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el número de solicitudes de dependencia ha pasado de 23.795 a 25.854, lo que supone un incremento del 8,65%. Esto supone que, en cinco meses, el sistema cántabro ha tenido que gestionar más de 2.000 expedientes adicionales, de los que solo quedan 98 personas en lista de espera.

A pesar de este “importante” crecimiento de la demanda, la evolución de los expedientes fuera de plazo se ha mantenido prácticamente “estable”. A cierre de mayo existían 1.508 expedientes pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA).

De ellos, 1.107 corresponden a personas que se encuentran dentro del plazo legal de tramitación y que no pueden considerarse situaciones de demora ni formar parte de una lista de espera en sentido estricto. Por su parte, la evolución de las valoraciones de grado ha reflejado además una mejora significativa.

Mientras las solicitudes han aumentado un 8,65%, las personas pendientes de resolución de grado durante más de seis meses han descendido de 143 a 49, lo que supone una reducción superior al 65%.

De acuerdo con estos datos, la directora del ICASS ha señalado que los datos oficiales evidencian que Cantabria está atendiendo un volumen creciente de solicitudes y que la práctica totalidad de ese incremento está siendo absorbida dentro de los plazos establecido, de hecho, estos tiempos se han mejorado.

También ha hecho referencia al balance realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con los datos del IMSERSO a cierre de mayo de 2026.

En este sentido, ha apuntado que Cantabria es también la segunda comunidad en la que más ha crecido el número de personas beneficiarias en ese periodo, un 6,6%, solo por detrás de Canarias. Ha precisado que además es la primera con mayor aumento de personas con derecho reconocido a una prestación, un 12,3%.

Hace seis años que Olga forma parte de la vida de Mercedes. “Es mi voz, mis manos y todo lo que yo no puedo hacer”, explica esta paciente de ELA, de 61 años. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, los síntomas empezaron a agravarse rápidamente y buscar a una persona que la acompañase en las acciones más básicas, como ir al baño o ducharse, se convirtió en una prioridad. También en una tarea “frustrante”. “Pasaron muchas mujeres buenas, otras que intentaban aprovecharse de mi situación y muchas a las que les daba miedo por si me pasaba algo”, explica.

Cuando apareció Olga, Mercedes encontró a una persona que no veía la enfermedad, sino lo que ella necesitaba en cada etapa. No tenía ninguna formación específica, pero “no había muchas personas con titulación que conocieran la ELA”, aclara la mujer. Con el paso del tiempo y la práctica, la cuidadora acabó especializándose. Ambas se comunican a través de un sistema de gestos propio, ante la incapacidad de hablar que ha traído consigo la enfermedad.

En febrero, se pusieron en marcha unas nuevas ayudas dentro de la conocida como 'ley ELA', de hasta 9.850 euros al mes, para sufragar los servicios de asistencia personal, como los que presta Olga. Pero Mercedes no puede acceder a esas ayudas con esta trabajadora.

“Las personas que estamos enfermas y que tenemos a cuidadores o cuidadoras atendiéndonos desde hace uno, dos o tres años, nos encontramos con que [las prestaciones] requieren una formación que la mayoría no tienen, lo que implica que si queremos acceder a las ayudas, no podemos hacerlo con ellas”, explica el presidente de ConELA, José Jiménez.

Esto plantea una encrucijada para muchas familias. “Hay personas que están rechazando esas ayudas porque no quieren renunciar a sus cuidadores, porque tiene muchas implicaciones. Cuando una persona se tiene que dejar cuidar a nuestro nivel, se traspasan muchas cosas. No es como cambiarse de ropa”, señala Jiménez, que reclama un periodo transitorio para que estas trabajadoras —en su mayoría mujeres— puedan optar a esas titulaciones y “se reconozca la labor que llevan ejerciendo mucho tiempo”.

Esta situación choca frontalmente con otra realidad que enfrentan los enfermos de ELA en estado avanzado, así como cualquier otro paciente al que se le ha reconocido el grado III + de dependencia, el más severo: no hay suficientes trabajadoras habituadas a una realidad tan extrema.

Desde los sindicatos llevan tiempo señalando que el sector de los cuidados es uno de los que mejores posibilidades de empleabilidad tendrá en un futuro próximo. “Es un yacimiento de empleo importante, pero la falta de reconocimiento social y la precariedad laboral dificultan que las personas busquen trabajo en ese ámbito”, reconoce la responsable estatal de dependencia de Comisiones Obreras, Chelo Cuadra. Este sindicato calcula que en el sector privado trabajan ahora mismo unas 450.000 personas y harán falta 100.000 más, a nivel general.

Es un diagnóstico con el que coincide el coordinador de Dependencia de UGT Servicios Públicos, Luis Batuecas. “Hace falta formación y las profesionales que salen no son suficientes para cubrir la altísima demanda. Si a eso le sumas el poco atractivo de los salarios, la gente no quiere trabajar en esos sectores”, apunta.

Poco más que el salario mínimo

Según las fuentes consultadas, las trabajadoras que cuidan a dependientes de grado III + cobran el salario mínimo interprofesional y, en algunos casos, un pequeño complemento. Unos salarios bajos para un trabajo muy exigente que, además, pocas veces supone una jornada completa.

“Los 9.850 euros no son una cifra aleatoria”, explica el presidente de ConELA, sino la cantidad que, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, “permiten los cuidados 24 horas a través de un máximo de cinco personas, por el SMI, más un pequeñísimo complemento y los gastos de la seguridad social”. Jiménez defiende que esas condiciones salariales debería mejorarse para hacer el trabajo más atractivo y poder competir con otros campos dentro del mismo sector. “Si tienes que elegir entre cuidar a una persona dependiente o dependiente en estado avanzado, lo más fácil es cuidar a quien 'solo' es dependiente”, razona.

Esteban es paciente de ELA. Tiene 53 años y dos hijas de 15 y 13. Su pareja era enfermera y dejó de trabajar para cuidarle por las noches y poder completar las 24 horas al día, siete días a la semana, que realizan entre otros tres cuidadores más, por los que paga a través de una empresa 5.800 euros al mes. Él, que vive en Bizkaia, recibe solo 5.400 euros mensuales en ayudas, porque tiene un coeficiente reductor del 20% por su pensión y le descuentan el complemento de gran invalidez que percibe. “No me quejo”, dice, “porque antes no teníamos nada y ahora tenemos esto, pero hay situaciones que la Diputación no tiene en cuenta, como que mi mujer ha dejado de trabajar o que mis hijas son adolescentes”.

En su caso, optó por recurrir a una empresa especializada, que contrata directamente a las trabajadoras, lo que eleva la factura. Pero admite que la formación la da el día a día. “La gente viene con el curso sociosanitario, pero cuando llegan a casa, por mucho curso que hayan hecho, se encuentran con una situación totalmente distinta de la que esperaban. Empiezan de cero. Además, cada enfermo es distinto”, explica, consciente de la dificultad de encontrar a un cuidador que reúna los requisitos y sepa “enfrentarse” a esta enfermedad.

Ariadna Puig, directora de operaciones de la empresa del sector Qida, admite que “encontrar profesionales cualificados en un contexto en el que cada vez vivimos más y necesitamos cuidados más complejos siempre ha sido un reto”. Esta compañía se encarga de formar a los trabajadores, en general auxiliares de enfermería y geriatría, con experiencia en cuidados complejos, para que tengan la especialidad, les brinda apoyo psicológico y les contratan para servicios de muchas horas, “lo que les permite tener una jornada completa o casi”, explica la directiva.

Sin datos oficiales

Por el momento, no hay cifras oficiales a nivel estatal sobre a cuántas personas se les ha reconocido el grado III + de dependencia. Algunas comunidades han ido desvelando datos, como Murcia, que explicó hace un mes que en esta región habría unas 40 personas potencialmente beneficiarias; Navarra, que en marzo calculó que habría unas 20; o Valencia, que ese mes había resuelto 23 expedientes.

Las voces consultadas recuerdan que las prestaciones cercanas a los 10.000 euros están pensadas para las personas con un grado III + de dependencia. Esto implica requerir respiración asistida más de ocho horas al día, tener que expulsar secreciones con ayuda de una máquina y la parte posterior del cuerpo sin movilidad. Si no se dan las tres circunstancias, “esa gente no recibe ayuda, aunque la necesite”, se solidariza Esteban.

Jiménez recuerda que, desde la Confederación, su reivindicación no tiene que ver con el dinero. “Desde que empezamos a hablar con la administración, pedimos cuidados, que es lo que realmente necesitamos. Nuestro objetivo debería ser que el sistema provea de esos cuidadores. Que, como te recetan ibuprofeno o te ponen una quimio, te prescriban unos cuidados y lleguen a tu domicilio”. Este jueves, ConELA presentará un informe en el que analizará cómo avanza la implantación de la ley en las diferentes comunidades autónomas, las buenas prácticas y las cuestiones que requieren una respuesta urgente por parte de las administraciones.

Entre los puntos de mejora, seguramente estará facilitar la transición de esas cuidadoras que, por la vía de los hechos, se han especializado en cuidados complejos. Mercedes lo tiene claro: “Olga sabe lo que necesito cuando me mira. Son muchos años y sería una ruptura emocional y física que me hace plantearme solicitar la ayuda, porque sería volver al principio, enseñar a alguien de nuevo y pensar si querrá seguir o si me mirará con miedo o lástima. No sé cuánto tiempo tengo de vida y me gustaría pasarlo con tranquilidad y sosiego”.

Blanca (nombre ficticio) se desplaza en silla de ruedas, habita en un tercero sin ascensor y está pendiente de una intervención, pero se ve condenada a no abandonar su vivienda. Ha recurrido a la Diputada del Común por la falta de respuesta del ICAVI. También lo ha hecho una familia de cinco miembros que cuida de un hermano de la esposa con una discapacidad del 80% y reside, igualmente, en una vivienda sin adaptación y dos hombres que viven en vehículos, uno con una discapacidad del 68% y el otro afectado de EPOC. “Resulta difícil la situación ante esperas de hasta una década”, recoge el último informe de la Diputada del Común, entregado esta semana en el Parlamento de Canarias y que recoge que Discapacidad y Dependencia concentran con 781 y 448 de un total de la mayor parte de las quejas que recibe esta institución por parte de la ciudadanía. Pero también la crisis de vivienda está generando malestar en la ciudadanía, que ha presentado hasta quejas.

Lola Padrón, diputada del común, ha explicado que este año se ha producido un aumento de las quejas lo que evidencia la “confianza” de la ciudadanía en la institución. Asimismo, alertó de que la administración pública aún es “lenta” y que el sistema de derechos sociales sigue sostenido por las familias y por entidades sociales.

En el año 2025, de las 781 quejas presentadas en el área de Discapacidad, 496 fueron incoadas por mujeres, lo que supone más de la mitad (63,58%) de las quejas del año en el área. “El impacto de género en el colectivo de personas con discapacidad es lo que sociológicamente se conoce como ”doble discriminación“ o interseccionalidad”, añade el informe. Además, solo en el área de Discapacidad se han presentado 178 quejas más frente a las 603 del año 2024.

“El incremento de quejas cada año evidencia la gravedad de la problemática que afecta a la ciudadanía en Canarias, y pone de relieve que los retrasos en la tramitación de las solicitudes por parte de la Dirección General de Discapacidad se intensifican progresivamente. Esta situación genera, en numerosos casos, tiempos de espera de hasta cuatro y cinco años para ser convocados a la valoración correspondiente, sin perjuicio de los casos en los que, aun siendo valorado, la Administración se demora excesivamente en la emisión de la correspondiente resolución”, aclara la Diputación del Común.

De las reuniones que la diputada del común ha mantenido con la consejera Candelaria Delgado y otras personas de esa Consejería el informe detalla causas en ese cuello de botella como el déficit estructural de personal o “el aumento de la demanda de valoraciones, pues entre 2020 y 2025 se registró un incremento masivo de solicitudes, cerca de 90.000, impulsado, en gran medida, por el envejecimiento poblacional y las secuelas de la pandemia; la obsolescencia del sistema de gestión, pues los sistemas informáticos y los procesos administrativos presentan lentitud debido a la necesidad de actualización de las herramientas informáticas”.

Desde el Gobierno se asegura que con la entrada en vigor del Decreto ley 4/2025 se dispone de nuevas medidas como un equipo itinerante de valoradores o informes más claros y actualizados. “La agilización administrativa de registro de solicitudes ha dado lugar a que las miles de solicitudes registradas que constan en el sistema, ahora queden pendientes de cita para valoración”, asegura el informe.

El documento, no obstante, hace hincapié también en las demoras de las revisiones de grado de discapacidad. Señala el caso de Juana (nombre ficticio) que lleva esperando recibir noticias de su expediente desde noviembre de 2020, lo que significa por parte de la Dirección General una demora de 56 meses en la revisión de su grado de discapacidad, sin contar los tres meses establecidos legalmente para ese año. O el caso de Sofía (nombre ficticio) que había solicitado el reconocimiento del grado de discapacidad en marzo de 2019, seguía sin tener noticias en enero de 2025; la respuesta de la Dirección General indicaba que la ciudadana sería citada en el mes de marzo de 2025, sin especificación de cita y dando lugar a una demora de 65 meses desde la presentación de la solicitud.

La accesibilidad universal y por tanto, la supresión de las barreras físicas, sensoriales, y cognitivas, es un tema recurrente en el área, que, aunque porcentualmente representa un lugar muy residual, es importante destacar (11 quejas en 2025). “La existencia de barreras arquitectónicas en espacios e infraestructuras públicas, cuya edificación es anterior a la normativa de accesibilidad vigente, supone en la actualidad, una de las contradicciones más complejas del ordenamiento jurídico en la Comunidad Autónoma de Canarias”, agrega.

La diputada también hace hincapié en la atención temprana y en varias quejas que ponen el acento en que la demora en el reconocimiento del grado de discapacidad a menores que presentan trastorno del espectro autista. Los años de espera para ellos suponen una pérdida irreparable de oportunidades para su desarrollo y su plena integración.

El informe concluye que “en materia de discapacidad, Canarias se encuentra en una fase de transición crítica, pues se ha avanzado en la digitalización y simplificación de trámites, pero el acceso efectivo al derecho sigue dependiendo excesivamente de la insistencia de la ciudadanía y de la fiscalización de los órganos externos”.

Sobre el área de Dependencia, destaca que “el tiempo medio de espera para obtener la resolución de la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia a menudo supera ampliamente el plazo legal establecido de seis meses, llegando a demorarse en muchas ocasiones más de un año”. También incide en “como causa notable en las quejas presentadas la demora en la revisión de la situación de dependencia, que radica en que la persona dependiente, aunque haya acreditado su situación, se ve obligada a permanecer durante meses o años con un grado reconocido que no refleja su realidad”.

Como ejemplo cita el caso de Amanda (nombre ficticio), una ciudadana de 93 años, que habiendo presentado la solicitud de reconocimiento del grado en junio de 2022, continuaba sin tener información sobre su expediente en enero de 2025, y no fue hasta octubre de 2025 cuando se emite resolución de reconocimiento. O el de Luis (nombre ficticio) de 90 años está a la espera de valoración desde su solicitud, de fecha de abril de 2023, no es hasta mayo de 2025 cuando se emite resolución sobre su situación de dependencia.

“La supervisión de las empresas que prestan servicios de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia es fundamental para garantizar los derechos reconocidos en el PIA y que no queden en papel mojado con prácticas deficientes o irregulares. La importancia radica en la protección de este colectivo vulnerable y sus familias, quienes dependen de los servicios reconocidos por la Administración, y se ven desprotegidos por las irregularidades existentes en la prestación de los servicios por parte de las empresas encargadas de ello”, advierte también la Diputada del común, que añade varias quejas sobre estas empresas.

Y en materia de Vivienda el informe incide en que la crisis es estructural y coyuntural, causada por la falta de vivienda pública y privada, los altos precios de compraventa y alquiler, y disfunciones en la gestión de ayudas. Las respuestas de la Administración suelen ser tardías, fragmentadas y poco coordinadas, agravando la vulnerabilidad de mujeres, personas con discapacidad, mayores y familias con menores.

Además de las quejas referidas a personas con discapacidad y sin vivienda adaptada, menciona que en general “los ciudadanos se dirigen a las instituciones públicas poniendo de manifiesto en general las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado. En este contexto, denuncian la existencia de dilaciones significativas en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública y protegida, que en numerosos casos se prolongan durante varios años”. En total, en esta área se contabilizaron a 249 quejas, de las que 137 han sido incoadas este año 2025, habiéndose archivado 25 de ellas, principalmente por duplicidad (6) o traslado a otras administraciones (5) como el Comisionado de Transparencia.

El informe dedica un capítulo concreto a las Urgencias del HUC y también se detiene en otras áreas como Sanidad, Servicios Sociales, Administraciones Públicas... En total, se recibieron 3.572 quejas.

El informe de 2025 del Observatorio Estatal de la Dependencia suspendió a Cantabria con un 3.5, la cuarta región con peor valoración. El estudio nacional, que analizó la escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025, aprobó solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros. Cantabria quedó en los últimos puestos porque tenía “carencias estructurales derivadas de una financiación insuficiente” y de un modelo que se sostiene, “en demasiadas ocasiones”, sobre condiciones laborales “precarias”.

Según el Observatorio estatal, elaborado por Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esas carencias en el Sistema Cántabro de Salud “suponen demoras en la tramitación de expedientes, pérdida de plazas y un aumento de las listas de espera”, junto a “una alarmante precarización de las condiciones laborales” de los profesionales empleados en el sector de la dependencia, en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres. A esto hay que sumar ahora que este lunes el Observatorio ha alertado en un nuevo informe de que, junto a otras seis autonomías, Cantabria verá reducida este año su financiación en dependencia 1,8 millones de euros por su “mala gestión”.

Por eso, el PRC exigirá este martes al Gobierno de Cantabria, en el Pleno del Parlamento, que refuerce la financiación de forma progresiva del sistema de atención a la dependencia y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Y también que impulse mejoras asistenciales y laborales en un sector en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres: son cerca de 3.000 las encargadas de cubrir Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria, que son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento. 

Obregón ha advertido, en nota de prensa, que es un sector “altamente feminizado y que acumula una preocupante pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamiento desactualizadas y falta de derechos básicos, como horas médicas retribuidas”.

Insuficiencias en las plantillas

Para el PRC, la forma de ejecutar las licitaciones públicas en este sector provoca “insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y precarización laboral, además de repercutir negativamente en la calidad de la atención a las personas dependientes”.

Para resolverlo, el PRC propondrá incorporar cláusulas sociales y laborales en los pliegos de contratación, actualizar las compensaciones por desplazamiento e implantar mejoras retributivas, reforzar la estabilidad laboral, reducir la temporalidad y mejorar la prevención de riesgos laborales, así como intensificar los mecanismos de inspección y control para garantizar el cumplimiento de ratios, sustituciones y tiempos de atención.

El Gobierno de Cantabria tomó recientemente dos medidas en términos de cuidados: anunció la creación del marco estratégico para el cuidado de las personas en Cantabria (MeSCan) y, además, elevó el área de Cuidados de subdirección a Dirección. Pero la falta de definición del MeSCan, anunciado como “un hito de la legislatura” por el consejero de Salud, César Pascual, da lugar a dudas, cuanto la legislatura está por concluir.

El Gobierno de Canarias acusa ahora al Gobierno estatal de recortar financiación en dependencia. Tanto en el Parlamento de Canarias como a través de un comunicado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, incide en que un nuevo sistema de reparto estatal de financiación de la dependencia supondrá para el Archipiélago una pérdida de 12,4 millones de euros y todo ello, según el Ejecutivo regional, pese a “haber reducido de forma significativa los tiempos de espera, el denominado limbo de la dependencia y las listas de espera del sistema”.

Según los datos del IMSERSO del pasado mes de abril, Canarias aún tiene un limbo de 15.000 personas que deberían estar percibiendo la prestación porque tienen derecho, pero no la reciben.

En una respuesta por escrito a la senadora Marta Arocha, que fue directora general de Dependencia del Gobierno de Canaria, el Ministerio de Derechos Sociales ha señalado que “no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal”.

La consejera de Bienestar Social canaria incidió en la incorporación de un nuevo “factor de corrección del 10%” en el reparto del denominado nivel acordado, un criterio que asegura que perjudica especialmente a Canarias ya que denuncia que sufrirá una reducción del 32,3% respecto a la financiación que le correspondería percibir por la evolución de sus datos, convirtiéndose, según sostiene el Ejecutivo regional, en “la comunidad autónoma más perjudicada de España”. “Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo. Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”, insistió Delgado, que anunció que estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto.

Según le han explicado el ministerio, “respecto al denominado ”factor de corrección“, es preciso señalar que no constituye en ningún caso una medida aprobada ni incorporada al modelo vigente. Se trata de un elemento técnico planteado en el seno de los grupos de trabajo con comunidades autónomas con el objetivo de explorar mecanismos que permitan moderar las oscilaciones interanuales en un contexto de estabilidad del crédito global. Su consideración responde, por tanto, a un escenario de simulación y análisis, sin que exista decisión alguna adoptada por los órganos competentes para su aplicación efectiva”.

Asimismo, añade que “como podrán confirmar los técnicos del Gobierno de Canarias que asistieron a la reunión correspondiente, los escenarios trabajados con datos actualizados a 31 de diciembre de 2025 muestran que Canarias experimenta incrementos en su financiación en términos absolutos en todos los supuestos considerados. En consecuencia, no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal en el nivel acordado”, agrega.

Si se atiende a los últimos datos publicados por el IMSERSO, se aprecia que Canarias percibía en el año 2019, el Estado destinaba a a Canarias 30.724.689,04 euros para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, una cuantía que ha ascendido en 2025 hasta los 101.802.600,06 euros. Es decir, la financiación se ha triplicado desde entonces.

“Debe recordarse que el modelo de reparto incorpora adicionales de carácter estructural, entre ellos los vinculados a la insularidad y la dispersión territorial, que operan en favor de comunidades como Canarias y contribuyen a adecuar la asignación de recursos a sus especificidades”, aclara el ministerio en su contestación por escirto a Marta Arocha, que insiste en que “desde un análisis técnico del conjunto del sistema de financiación, no puede sostenerse la existencia de una reducción del gasto estatal ni de una penalización específica a Canarias”.

“Desde una perspectiva agregada, no se ha producido una disminución del esfuerzo financiero del Estado en Canarias. Al contrario, se observa una trayectoria creciente en el nivel mínimo de protección, que constituye el principal componente de financiación estatal vinculado directamente a las personas atendidas. En términos cuantitativos, dicho nivel ha evolucionado desde aproximadamente 58 millones de euros en 2023 a 62 millones en 2024, alcanzando en el entorno de 75 millones en 2025. Esta evolución evidencia que el Estado está acompañando el desarrollo del sistema en la comunidad autónoma, con una aportación total (incluyendo acordado) del gobierno central de 102 millones de euros en 2025. En contraste, en 2019 Canarias apenas recibía 29 millones de euros: es decir, casi cuatro veces menos que en 2025. Cabe recordar también la supresión completa del nivel acordado por anteriores gobiernos del Partido Popular, así como las cotizaciones de personas cuidadoras, recortes que este gobierno ha revertido”, insiste la respuesta del ministerio.

También aclaran que “el denominado nivel acordado debe analizarse en el marco de su propia naturaleza. Se trata de un fondo de distribución condicionada, sometido a un reparto territorial en función de indicadores comparativos y dentro de un volumen global limitado, especialmente en un contexto de prórroga presupuestaria. En este sentido, las variaciones interanuales en el nivel acordado no pueden interpretarse en términos absolutos como pérdidas o recortes, sino como ajustes relativos derivados de la evolución diferencial de los indicadores entre comunidades autónomas. Así, las cuantías asignadas a Canarias (29 millones en 2023, 25 millones en 2024 y en torno a 26 millones en 2025) responden a estos criterios de reparto, sin que ello implique una contracción del conjunto de recursos estatales recibidos”.

La senadora Marta Arocha explica sobre la tabla publicado por el IMSERSO que sobre la tabla que hace referencia al “nivel mínimo” es una cantidad que se paga por cada persona dependiente y que en 2023 es, según incide, el año en que más se pagó de nivel mínimo porque en 2022 durante el Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE) y Noemí Santana como consejera de Derechos Sociales el año en el que más se aumentó tanto el número de persponas atendidas, se redujo la lista... Y el nivel acordado explica que se negocia todos los años y es una cantidad que se va ampliando y que el nivel adicional lo “elininó el PP en 2012” por eso “en el cuadro está en cero”.

El nivel adicional aclara que se negocia todos los años y que según los estudios del ministerio “ningún escenario va a empeorar la financiación de Canarias”.

Arocha cree que para resolver la dependencia hay que crear servicios, en este momento hay un “déficit de servicios que está impidiendo que la gente pueda acceder y por eso hay 15.000 personas con prestación recconocida y sin recibir nada”. ¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar“, insiste.

Precisamente, este lunes la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que hay ocho comunidades que pierden financiación estatal en dependencia y entre ellas no está Canarias. Asimismo, las Comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son: País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632 euros) y Navarra (2.578 euros), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.490 euros), Canarias (1.492 euros) y Murcia (1.751 euros).

No obstante, de los datos presentados este lunes por la asociación también se refleja que el Estado cubre el 25,2% de la financiación del sistema de dependencia mientras que la comunidad autónoma de Canarias cubre el otro 74,8% con más de 300 millones de euros.

Juan José Martínez, de 84 años, espera desde el 26 de junio de 2025 a que se reconozca el Grado III de dependencia por la Junta de Andalucía. Aquel día recibió la visita de los evaluadores de la Consejería de Inclusión Social, pero no hay respuesta por parte de la administración mientras que su estado de salud se debilita. En los últimos cinco meses ha estado ingresado en el hospital hasta en cuatro ocasiones. Pese a las leves mejoras, el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía sigue a la cola del sistema en 2025: el tiempo medio de espera es de 496 días, en vez de los 180 días establecidos por ley, mientras que 6.995 personas fallecieron sin que les llegara una resolución de grado y 40.092 personas en lista de espera.

María, de 61 años, es la persona cuidadora de referencia de sus padres, Juan José y Adelaida del Pino, de 84 y 85 años, quienes tienen reconocido un Grado II en dependencia desde el año 2022, lo que significa que tienen asignados dos cuidadores con 40 horas mensuales, es decir, una hora por la mañana y una hora por la tarde de lunes a viernes por lo que se le cobra a él una media de 100 euros al mes. El resto del tiempo es la hija quien está al tanto de los progenitores, cuyo desgaste ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses, sobre todo el de su padre.

Al entrar en la cafetería, María saluda a unos y otros. Solía bajar cada mañana con su padre antes de que empeorara y, también, antes de que le cambiaran el perfil de trabajador que acudía a su casa, ya que necesita la fuerza de un cuidador para manejar sin riesgos al hombre que mide 1,90. Acude a la entrevista antes de que llegue la cuidadora de su madre a las doce del mediodía. Si no está, no habrá quien abra la puerta debido a la escasa movilidad que tienen los dos ancianos. Abre un archivero con decenas de fundas de plástico llenas de documentos, listas de medicamentos y facturas que va consultando mientras las muñequeras aprietan sus articulaciones en ambas manos, desgastadas después de varios años manipulándolos tanto para lavarlos, trasladarlos o levantarlos cuando se caen al piso.

Horarios y altos costes de las residencias

Al lado del folleto de simplificación administrativa que reparte la Junta de Andalucía está la solicitud que realizó el pasado año para que su padre accediera al Grado III en dependencia: adjuntó la solicitud, las copias del DNI y nuevos diagnósticos sobre su estado de salud en el ambulatorio. “Esto qué persona mayor te lo hace”, dice con los documentos apilados. Necesita más ayuda y la última vez que acudió al hospital fue la trabajadora social del propio servicio sanitario quien le dio un listado, apenas legible, de las residencias cofinanciadas por la Junta.

Hay dos trabas: por una parte, su padre tiene que aprobar este traslado dado que está lúcido y, por otra, el proceso para iniciar los cambios del Programa Individual de Atención (PIA) se demoraría meses. “Cuando se fracturó la cadera en 2024 lo consideré, pero no es algo que se haga sobre la marcha y, una vez recuperado, tienes que pasar otro proceso para que lo devuelvan a casa... No pude más que hacerme cargo”, la alternativa era pagar por adelantado y luego solicitar una subvención para la cofinanciación. Las residencias más baratas que ha consultado rondan los 1.500 euros, una cantidad que no tiene y a lo que habría que añadir su situación como parada de larga duración.

El batalleo comienza pronto en casa de los Martínez. María se levanta antes para que a las ocho y media de la mañana esté preparado el desayuno, dadas las pastillas y medida la tensión, que últimamente se le dispara a Juan José. A las 9.15 horas llega la cuidadora de su padre, que la ayuda a quitarle el pijama, asearlo y vestirlo. La hora que está con la familia se dedica exclusivamente a la higiene. No hay tiempo para más. A las 10.15 horas se marcha y aprovecha el tiempo para poner lavadoras y limpiar. A las 12.15 horas, la segunda cuidadora se dedica a Adelaida. Otra hora de cuidado personal y el mediodía ya está aquí. Hasta las 19.45 horas no vendrá la persona encargada de su padre, que apoyará a María en el lavado y puesta a punto del pijama. Todo ello, sin contar con la rigidez o contratiempos que provoque el Parkinson: “El resto del tiempo, como los fines de semana, estamos expuestos a caernos los dos si lo tengo que mover porque le duela el cuerpo de estar tanto tiempo quieto o le tengo que cambiar el pañal”.

“El sistema no es malo, pero lo malo son los tiempos y la escasez de recursos. Yo soy la que ha pagado de su bolsillo un fisioterapeuta para mis padres, yo soy la que está pendiente de ellos día sí y día también... Estamos resignados”. Entre enero y abril, su padre ha estado hospitalizado hasta en cuatro ocasiones. “Él lo que me dice es que no tengo en quién delegar... He tenido que renunciar a mi vida”, explica. María solo tiene una hermana, con la que no puede contar. Al vivir cerca de sus padres, va y viene prácticamente todos los días después de que la pandemia de 2020 supusiera un punto de inflexión y contemplara que la pareja era incapaz de pervivir por sí sola.

“No están suficientemente formados”

“Desde la Junta, me dieron la posibilidad de que vinieran los dos cuidadores a la misma hora, pero eso significaría que pierdo todo el tiempo a que si vinieran por separado”, detalla Martínez. “Mis padres me tienen a mí para cubrir el resto de horas, si hay que cambiarles los pañales o darles de comer y que no se asfixien, pero, imagínate los que están solos”, resume. Una vez tuvo que salir y dejó solo a uno de los trabajadores del servicio de dependencia. Al volver, encontró a su padre semidesnudo, desorientado, con las sábanas y el pijama en el que había excrementos tirados en el suelo frente de la pareja de ancianos. Las imágenes quedaron grabadas y se remitieron a la coordinadora del dispositivo. “No están suficientemente formados”, critica.

Las personas más cercanas a María le recomiendan que delegue, pero le es imposible quedarse de brazos cruzados. Es la persona que los acompaña al hospital, quien arregla los trámites en el ayuntamiento y pide que desglosen cada una de las facturas, la que habla con el servicio de ayuda a domicilio para que se cumpla con el programa establecido. A todo ello, habría que añadir el cuidado de la salud mental de sus progenitores, sobre todo de su padre, que aún es consciente de todo lo que pasa a su alrededor y sufre por las consecuencias de la enfermedad degenerativa. “Sí, claro que tengo el síndrome del cuidador, pero si haces mal tu trabajo, es él quien paga las secuelas”, advierte. Su oído rastrea la respiración y los tosidos de su padre durante el día, en alerta por si necesita auxilio. Reconoce que no es indispensable, solo necesita el compromiso de quienes acuden a su casa y que la rotación o sustitución de los trabajadores no sea tan frecuente para que aprendan la rutina de los cuidados que requieren los mayores.

“Tengo que ser fuerte por muchas razones. Detrás de mí hay mucha gente, porque no es solo mi padre ni mi madre, es que hay gente peor que está esperando en una cama a que alguien venga. Hay 7.000 personas que se mueren, ¿sabes lo que te digo?”, zanja. María cree que esto irá a más: “Paséate por la mañana por los supermercados, por los parques... Solo hay personas mayores. La longevidad es muy alta y el sistema se ha quedado muy chico”.

La dependencia, en la rueda electoral

La dependencia ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos en campaña. Todos están de acuerdo en que las listas de espera hay que rebajarlas y en los debates electorales tanto Por Andalucía, de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han prometido a promulgar una ley en la que se obligue a cumplir con los 180 días de espera y que, de incumplir tales plazos, se indemnice a los usuarios y a sus familias.

Acerca de la gestión de Loles López, consejera de Inclusión Social, el Observatorio establece que ha disminuido la lista de espera en 10.756 personas y el tiempo de tramitación en 106 días en comparación con el año anterior. Unas cifras de las que se enorgullece la administración que, en sendos comunicados, ha trasladado en los últimos meses que ha habido un récord histórico de personas beneficiarias. Por contra, el Gobierno andaluz sigue afirmando que aporta más que el Estado para la financiación del sistema de dependencia, una cuestión para la que pide estar a la altura del País Vasco, a pesar de que los informes tanto del Imserso como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores desmienten. Andalucía es de las comunidades más cofinanciadas por el Gobierno central, recibiendo un 34,90%, y se puntualiza que el presupuesto autonómico dedicado a la partida apenas ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue siendo el más bajo de toda España: 7.173 euros.

En marzo de 2024, el Gobierno andaluz implantó un nuevo modelo de gestión mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una vez. El cambio buscaba la agilización de los trámites y un año después las huelgas, protestas y críticas al sistema se agolpan, con cese mediante en julio del año pasado del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, a quien sustituyó el viceconsejero José Repiso. La última manifestación frente al Palacio de San Telmo fue en el inicio de la campaña andaluza cuando la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO pidieron una respuesta “urgente”. La dependencia arrastra los males históricos de una infraestructura infrafinanciada. Cuestiones que se escapan al día a día de María, como tantas otras personas: “Le dije a mi tío que le ayudaría a tramitar su ayuda, pero murió hace un mes”.