Zaira Rivero es una de las cerca de 3.000 trabajadoras encargadas de cubrir los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria. Aunque según datos de febrero de 2026, al menos 1.308 personas tenían derecho al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, se estima que la cifra asciende a más de 4.000, ya que los SAD son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento.  

Esta amalgama de siglas, SAD y SAAD, comprende un amplio conjunto de atenciones de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria que Servicios Sociales ofrece a las personas con algún grado de dependencia reconocido, en sus propias casas. Desde levantarse, lavarse, vestirse o comer hasta acompañamiento y apoyo psicosocial para fomentar hábitos saludables. Curiosamente también abarca tareas domésticas como limpieza, compra, cocina y cuidado de la ropa. Eso sí, estas tareas deben ser desempeñadas por personal cualificado.

Zaira Rivero estudió el ciclo formativo de grado medio de ‘Atención a personas en situación de dependencia’ y tiene compañeras con el título de Técnico Sociosanitario o incluso el grado en Enfermería: “Todas tenemos que tener titulación”, recalca.

Una de las reivindicaciones de este colectivo, que lleva alzando la voz con fuerza desde noviembre de 2025, es el reconocimiento como servicio público esencial. A su vez reclaman que se les garantice una formación continua, ya que, como recuerdan, “sostienen la vida de miles de personas dependientes”.

Un día 'cualquiera' en el SAD

Zaira resume cómo es un día de trabajo para ella en Torrelavega, en los tres barrios que tiene asignados: Ganzo, Duález y Torres, aunque, “siempre te puede tocar una sustitución en otra zona”, advierte. “Yo tengo una jornada parcial de 36 horas semanales, trabajo solo de mañana, y cada día tengo que atender a seis personas. Las primeras horas suelen ser aseos, luego empiezan los paseos y acompañamientos y las últimas son de labores y limpieza del hogar”.

Esta trabajadora cuenta que llega al domicilio de Blanqui, de 82 años, la primera persona a la que atiende, a las ocho de la mañana. Tiene 50 minutos para asearla, porque los 10 minutos restantes de la hora que le correspondería a esa primera usuaria los tiene que emplear en el desplazamiento al siguiente domicilio, donde le espera Mari, de 91 años.

En principio debería de salir de ese domicilio a las 9.00 horas, pero la primera persona reside en Ganzo y la segunda en Duález. En el mejor de los casos, Zaira explica que ese desplazamiento le lleva mínimo seis o siete minutos en coche. “Tengo que atravesar la bajada del hospital de Sierrallana, donde muchas veces hay atasco, por lo que siempre te retrasas más”, argumenta. “Otras compañeras, por ejemplo, trabajan en el centro y se tienen que desplazar por lugares en los que es imposible moverse en coche y andando te lleva más de 10 minutos”, explica.

Algo que agradece, aunque, al mismo tiempo considera que no debería de ser así, es que en muchas ocasiones cuentan con la colaboración de los familiares de las personas a las que atienden y les facilitan las cosas lo máximo posible. “A veces nos esperan con el baño preparado, por echarnos una mano lo tienen todo listo para cuando lleguemos porque conocen las condiciones en las que trabajamos”, afirma.

Otro factor a tener en cuenta en su trabajo es el estado de la persona a la que deben atender. Zaira explica que, si la persona está encamada, el cumplir con las exigencias temporales se complica enormemente. “Se viene necesitando hora y media e incluso más, a veces sería imprescindible la ayuda de otra compañera. Se te complica mucho, porque lavar a una persona con dificultades de movilidad a la vez que le sujetas para que no se te mueva y no se caiga es muy complicado, son posturas muy malas y son esfuerzos físicos muy grandes”, detalla.

A otra de las personas a las que visita a diario, Marimar, de 76 años, solo tiene que “ponerle la medicación en su sitio”, colocarle el pastillero para que ella pueda tomar lo que le corresponde correctamente, según dice. “Luego tengo otra persona que requiere aseo y a continuación un acompañamiento, que consiste en hacerle las compras, los recados o cualquier otra cosa que pueda necesitar”. Cuenta que ese mismo 'servicio', esa cuarta persona, tiene además dos días a la semana de labores del hogar, es decir, limpieza.

“El quinto servicio es también de labores del hogar y el sexto son dos horas seguidas también de limpieza”, concluye, en un repaso casi telegráfico de su intensa jornada laboral. El último domicilio cambia cada día pero todas las semanas se repite, es decir, cada día de la semana visita una casa diferente. Son las 15.00 horas y Zaira ha finalizado su jornada laboral.

Doble maltrato: administraciones y adjudicatarias

El sueldo de muchas de las trabajadoras de este colectivo no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional. No es de extrañar que desde sindicatos como USO denuncien “la invisibilización y el maltrato ejercido tanto por las administraciones públicas como por las empresas adjudicatarias”. Y es que la asignación de turnos corresponde a la empresa adjudicataria junto a las trabajadoras sociales. “Ellas son las que tienen que dar el beneplácito de si a un domicilio va una compañera o van dos”, pone como ejemplo Zaira.

De otro lado, en los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del servicio de ayuda al domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS )se dice que los desplazamientos entre domicilios deberían correr a cargo de las empresas, pero la realidad es otra bien distinta. La empresa adjudicataria lo que hace es repercutir ese tiempo en el de sus trabajadoras, ya que no se contempla un tiempo extra para ello ni se suma a su jornada laboral.

Otro de los abusos que están denunciando desde este colectivo laboral, que ha comenzado a movilizarse en Cantabria, está relacionado con la contrapartida que se hace por el kilometraje de sus vehículos particulares. “Estamos cobrando a 0,20 céntimos el kilómetro. Yo suelo gastar unos 60 euros al mes en gasolina, antes de la subida de precios de las últimas semanas, claro, y me pagaban solo 20 euros”, asegura Zaira Rivera.

Sanivida, Senior Servicios Integrales y Servisar son las empresas que actualmente ostentan las adjudicaciones de los cuatro servicios unidos en esta protesta (el SAP de Torrelavega, la Ley de Dependencia de Torrelavega y de la Mancomunidad de Cayón y el SAP de Santander). “Yo empecé con una empresa que se llamaba Azvase y a los dos años cambiamos a Sanivida. Al final están cortadas todas por el mismo patrón y lo que buscan es sacar el máximo beneficio”, lamenta Zaira, que es secretaria y delegada del comité de empresa de Sanivida.

“Si paramos también lo sufrirían los usuarios”

Además de concentraciones frente al Parlamento de Cantabria, como la celebrada el pasado 30 de marzo, actualmente están recogiendo firmas para exigir un convenio colectivo a nivel autonómico. “Llevaremos las firmas al Parlamento, solicitando ese convenio colectivo, y hablaremos con quien haga falta”, afirma.

Al preguntarle por si se han planteado la posibilidad de hacer paros, Zaira Rivera expresa una preocupación poco habitual en otros colectivos. Al tratarse de plantillas formadas mayoritariamente por mujeres, dice que “hay muchas familias que dependen de su salario, por lo que hacer parones supondría reducir sueldos ya de por sí muy precarios”.

Además, pone el foco en las personas a las que prestan asistencia. “También entre los usuarios y sus familias hay gente muy vulnerable que lo sufriría y no quisiéramos tener que llegar a ello”, concluye con una empatía inspiradora pese a la sobrecarga física y emocional que arrastran ellas mismas. De ahí surge también el llamamiento que el conjunto de trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Cantabria hace a la sociedad: “Respeto, reconocimiento y dignidad”. Sin ellas, recuerdan, “el sistema de cuidados se detiene”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de impulso con la que reclama a la Junta un refuerzo “inmediato” del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y un cambio “profundo” en el modelo de atención a la dependencia, al considerar que el Ejecutivo regional está desmantelando “de forma silenciosa” uno de los pilares del Estado del Bienestar.

En una nota, ha señalado que la política de la Junta en materia de dependencia “no solo es insuficiente, sino claramente regresiva”, situando a Extremadura a la cola del país.

“Somos la peor comunidad autónoma en valoración del sistema y el Servicio de Ayuda a Domicilio ha quedado reducido a una presencia prácticamente testimonial”, ha señalado.

Ha criticado que, pese a la entrada en vigor del Real Decreto 675/2023, que establece un aumento de las intensidades mínimas del servicio, la Junta “incumple de forma sistemática sus obligaciones”, dejando a miles de personas dependientes sin la atención necesaria para poder seguir viviendo en su entorno habitual.

A juicio de los socialistas, esta situación responde a una decisión política consciente porque “se está optando por debilitar los servicios públicos y sustituirlos por prestaciones económicas”.

En este sentido, han denunciado que Extremadura presenta un modelo “distorsionado y desequilibrado”, en el que las ayudas económicas alcanzan un peso del 45,3 por ciento dentro del sistema, “algo que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma”.

Para el PSOE, esta apuesta no solo precariza la atención, sino que traslada la carga de los cuidados a las familias, especialmente a las mujeres, y se “renuncia a construir una red pública de servicios profesionales”.

Frente a este escenario, los socialistas defienden un modelo basado en servicios de proximidad, capaz de garantizar una atención “digna, personalizada y de calidad”, tomando como referencia comunidades que han reforzado el SAD como eje central de su sistema.

“No estamos ante un problema técnico, sino ante una falta de voluntad política”, han subrayado.

Asimismo, el Grupo Socialista ha puesto el foco en las consecuencias económicas de la actual estrategia de la Junta, advirtiendo de que el “abandono” del Servicio de Ayuda a Domicilio supone también renunciar a una herramienta para generar empleo estable y fijar población en el medio rural.

En este sentido, ha subrayado que cada millón de euros invertido en este servicio genera más de 56 empleos en Extremadura, por lo que “no apostar por él es dar la espalda tanto a las personas dependientes como al desarrollo de nuestra tierra”.

Ante esta situación, el PSOE exige a la Junta de Extremadura un “cambio inmediato de rumbo que pase por reforzar la financiación del sistema de dependencia hasta equipararla con la media estatal, cumplir de manera efectiva con las intensidades del servicio fijadas por la normativa vigente y situar los servicios públicos en el centro del modelo, en estrecha colaboración con los ayuntamientos.

“La atención a la dependencia debe ser un derecho real, con servicios públicos suficientes, de calidad y accesibles para toda la ciudadanía”, ha aseverado el PSOE. 

Canarias es una de las comunidades donde aún se espera demasiado por la ayuda a la dependencia. De hecho, son frecuentes los casos de personas a las que se llama para concederles una cita de valoración cuando han fallecido. En 2025, en las Islas fallecieron 2.202 personas en lista de espera, 1.059 sin resolución de grado y 1.143 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio. Así lo refleja el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que destaca que esta comunidad vuelve a suspender en su dictamen de 2025 con un 4,5. Por normativa, además, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 5 Comunidades y Ceuta y Melilla (151) por debajo de ese margen en sus promedios. En el otro extremo estarían Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430).

También apunta que en 2024, fallecieron 2.489 personas que se encontraban en lista de espera del sistema de dependencia sin haber sido atendidas lo que supone una reducción absoluta de 287 fallecimientos respecto al ejercicio anterior. No obstante, pese a esta disminución, el volumen de personas fallecidas en lista de espera continúa siendo muy elevado, manteniendo niveles incompatibles con una gestión plenamente eficaz del sistema. 

Una de las cifras más alarmantes del documento es la que hace referencia a las personas que pese a tener derecho a la dependencia no son atendidas. El número de personas en el “limbo” aumentó en más de 4.380 personas desatendidas, situando su tasa limbo aún en el 28,6% la peor de todo el país, cuya media se sitúa en el 8,3%. “De seguir el ritmo de crecimiento interanual aún tardaría seis años en atender a las 19.551 personas dependientes que se hallan en el limbo de la dependencia”, apunta el informe.

Asimismo, apunta que tiene 2.472 personas a la espera de resolución, por tanto, la lista aumenta a 22.023 personas, lo que hace que su porcentaje de listas de espera sea de 27,79% , la más elevada de España, cuya media de lista de espera se sitúa en el 11,1%. 

Como dato positivo sí que destaca Canarias atendió en el último ejercicio a 20.807 nuevos dependientes, un 46,21% más que en el ejercicio precedente, el resto de las comunidades incrementaron en un 10,45%. También destaca que se han creado 3.730 nuevos empleos como consecuencia de la inversión extraordinaria recibida por la Administración General del Estado. 

El informe apunta que con la Ayuda Extraordinaria del Plan del Choque, Canarias generó el pasado año 3.731 nuevos puestos de trabajo como consecuencia de la utilización de recursos altamente generadores de empleo como la Atención Residencial o los Centros de Día, pero -sobre todo- con las PEVS que representan el 38,5% de su cartera y que destina en su mayor parte a Ayuda a Domicilio y Atención Residencial. 

En 2025, 5.051 personas abandonaron la lista de espera pendiente de resolución de prestación o servicio (PIA). De ellas, 1.143(1) lo hicieron como consecuencia del fallecimiento, lo que representa el 22,63 % del total de salidas registradas.

El dictamen concluye que “la gestión del sistema de atención a la dependencia en Canarias durante 2025 evidencia una capacidad resolutiva insuficiente, que, pese a una mejora interanual en el número de fallecimientos en lista de espera, no se traduce en una respuesta administrativa efectiva, manteniéndose un volumen elevado de personas con derecho reconocido que abandonan el sistema sin que se haya materializado la prestación correspondiente”.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha valorado este informe destacando que “se sigue trabajando principalmente para conseguir ofrecer servicios a quien ya tiene reconocido el derecho y, por otro lado, por rebajar drásticamente el tiempo que se tarda en conseguir el derecho desde la solicitud hasta su obtención que, actualmente, de media está en 391 días (430 en diciembre, fecha de los datos del Dictamen), aunque la realidad es que, en todas las islas, cualquier persona que solicite la ayuda tendrá su resolución en menos de 152 días”. También comparó el dato de fallecimientos del año pasado con el de la legislatura anterior. 

En el comunicado apunta que el dictamen subraya que existen personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación o servicio, lo que significa que el sistema no logra atender a todas las personas con derecho reconocido. “Si bien es cierto que existe una falta de personal en el sector de cuidados, un problema importante en todo el sistema, la recién presentada Estrategia Sociosanitaria también establece mecanismos para la mejora de este aspecto; así como para paliar la falta de camas residenciales”.

Y añade que “es reseñable también que esa lista de espera, como bien reseña el IMSERSO, no es achacable a la administración” pero que, aun así, “la Consejería trabaja para incrementar los servicios disponibles con otras medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado; la implantación universal de la teleasistencia avanzada, o la acreditación de personas autónomas para los servicios de promoción de la autonomía personal”.

Cabe recordar que el pasado año los comités de empresa de Bienestar Social pidieron la dimisión de la consejera y la directora de dependencia por “falsear” los datos de Canarias. Y es que se trasladaron al IMSERSO 9.000 prestaciones que no existían. Delgado admitió un error en los datos que después fue subsanado.

Cantabria está entre las comunidades con peor puntuación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, que evalúa a través de 20 indicadores un sistema que atiende en España a 1,6 millones de personas y mantiene en espera a otras 258.167, aunque a distintas velocidades y con distintos modelos territoriales.

El observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este viernes la Escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025 que aprueba solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros.

Castilla-La Mancha (con un 8,2) y Castilla y León (7,5) son las comunidades mejor puntuadas, mientras que Extremadura (2,2), Ceuta (2,5), Melilla (2,5), Murcia (3,2), Cataluña (3,2) y Cantabria (3,5), están a la cola.

El resto de las comunidades que consiguen aprobar son Andalucía (6,7), Galicia (6,7), Comunidad Valenciana (5,7), Aragón (5,2); suspenden también Navarra (4,7), Asturias (4,5), Canarias (4,5), Madrid (4,5), Baleares (4,2), País Vasco (4) y La Rioja (4).

“Hay una desigualdad terrible, según dónde viva la persona dependiente encuentra unas prestaciones o servicios; solo seis comunidades han aprobado y la nota media en España es de 4,8, por lo tanto suspende el desarrollo de la dependencia”, ha señalado su presidente, José Manuel Ramírez.

Cantabria obtiene además la peor nota en uno de los 20 indicadores analizados, el relativo a la variación anual de personas atendidas sobre el total de la población potencialmente dependiente, con un -0,2%.

Más beneficiarios, pero con servicios de bajo coste

Hay 1,7 millones de personas que tienen reconocido ese derecho (147.612 más respecto al año anterior) y 158.618 personas más han sido atendidas. Pero el aumento de los beneficiarios se ha hecho a costa de prestaciones y servicios con menor coste, ha señalado Ramírez. Por ejemplo, el 44,6 % de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la prestación de cuidadoras familiares, con un importe medio mensual de 264 euros (lo perciben actualmente 735.889 personas).

En España, 66.246 personas reciben como prestación única la teleasistencia, 273 más que en 2024: cuatro de cada diez de estos casos (41 %) se producen en la Comunidad de Madrid (27.137).

El estudio destaca que para optar por un modelo de atención que permita vivir en sus hogares es necesario reforzar la Ayuda a Domicilio. Sobre ese servicio, Navarra lo presta con 76,9 horas de media mensuales, Galicia con 53 horas y Canarias con 49 horas. Con menos de una hora diaria de media están Aragón (18,6), País Vasco (24,8) y Castilla la Mancha (25,6).

5.945 euros de inversión por dependiente

La horquilla de la inversión que se da a las personas en situación de dependencia es muy amplia, con una media en España de 6.015 euros. La Rioja encabeza la inversión pública por persona dependiente (7.537 euros), seguida de País Vasco (6.567) y Castilla La Mancha (6.432 euros). A la cola, se sitúan Aragón (4.020), Asturias (4.045) y Ceuta y Melilla (4.264).

En el caso de Cantabria, el promedio de gasto público por persona dependiente es de 5.945 euros, ligeramente por debajo de la media nacional, con “un diferencial poco perceptible, pero que continúa una senda de reducción desde el año 2019”, detalla el informe.

Si bien “un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor”, detallan desde el Observatorio, “sí denota voluntad política e inversora”.

341 días de media para resolver un expediente

Al término de 2025 en España se mantenían en espera 258.167 personas: 148.907 con derecho reconocido sin atención (6.441 más que el año anterior) y 109.260 pendientes de valoración (18.619 menos que hace un año); murieron 32.704 personas, solo en Cataluña 9.116, la comunidad con mayor número de personas fallecidas a la espera de un procedimiento. En el caso de Cantabria, fallecieron 124 personas en lista de espera, 50 sin resolución de grado y 74 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.

El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 341 días, siete más que el año anterior. En Murcia (559 días), Andalucía (496 días) y Canarias (430 días) esperan más de año y medio en recibir una prestación o servicio de la dependencia.

En 2025 se alcanzó un máximo de inversión en el sistema, con 13.506 millones de euros, el 0,8 % del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. “Sería necesario aumentar en mil millones en los próximos presupuestos para pasar de las buenas intenciones a una realidad que no puede esperar”, ha aseverado Ramírez.

Quizás no sabes de que te hablo si te digo 500 días. Me alegro. Si no, lo siento. Siento que seas una de más de 40.000 personas andaluzas que pasan de media 500 días para que se resuelva la prestación por dependencia.

Así que hoy abro melón: ¿a quién le importa la dependencia? El sistema lleva arrastrando esta dinámica desde que se puso la primera letra de la palabra. Da igual el marco temporal y administrativo en el que nos fijemos, porque las leyes y normativas sobre dependencia tienen los mismos pies de barros: mucha normativa y burocracia, y poca (o nula) financiación.

¿A qué se debe la pandemia del raquitismo en la financiación en materia de dependencia? Pues desde donde se piensa la acción e intervención social hasta desde la que se legisla: la beneficiencia. ¿Cómo se puede legislar sobre un derecho subjetivo, un “cuarto pilar del bienestar”, sin blindar su financiación? Se crea la necesidad y el derecho en el papel, pero sin capacidad para ejecutarlo en la vida real. Su financiación y ejecución dependen de la voluntad de la administración de turno. Leyes con nombres de avances sociales pero con retrocesos presupuestarios.

Entonces, ¿quién está atendiendo a las personas dependientes? La radiografía es clara: las mujeres. Cuando el Estado no asume su deber, exige al sector de los cuidados que realice el trabajo reproductivo “gratuitamente”. Y déjame remarcar las comillas de ese gratuito, ¿gratuito para quién? Para las mujeres por lo menos, no.

Para empezar, el sector laboral social está profundamente feminizado. No es casual que, en un ámbito profesional dedicado a los cuidados, la mayoría de sus profesionales sean mujeres (trabajadoras sociales, auxiliares de ayuda a domicilio, etc.). Tampoco es casual que, al observar las capas más informales, ocurra lo mismo pero con un pequeño matiz: la mayoría son mujeres migrantes, como sucede con el trabajo del hogar retribuido

Si estas mujeres migrantes se encargan de las tareas de los cuidados, ¿qué están pagando? Yo, como mujer española, siendo trabajadora social, estoy pagando con la precariedad laboral de mi sector con una infrafinanciación y un descuido por parte de las administraciones para con el bienestar. Eso, además del estrés económico, no me permite contratar dignamente a quien podría contribuir al cuidado de las personas dependientes que tengo a mi cargo, por lo que lo asumo como una jornada laboral más, sin cotizar y en la que pago yo.

Entonces, ¿qué están pagando estas mujeres migrantes? Pues en caso de que estén debidamente de alta en la Seguridad Social, con un salario digno, sean respetadas y no se vean sometidas a acoso ni abuso sexual, están pagando con el abandono a sus familias en sus países de origen, cuyo papel esté supliendo otra mujer. Estas son las cadenas globales de cuidados.

Es más, ahora que el frágil escudo social ha caído, me pregunto cómo se contempla cuidar a estas familias cuando pueden quedarse sin un techo desde el que siquiera esperar a que se resuelvan estas ayudas.

Sin embargo, esto invita a preguntarse qué interés tiene el Estado en perpetuar esta lógica, un problema eterno y endémico en el sistema de dependencia. Si pensáramos mal, diríamos que este maltrato colectivo es a propósito. La presión y el malestar a los que se somete tanto a las personas dependientes como a su entorno parecen responder a una voluntad de “dependizar” desde la miseria, como dirían mis colegas mexicanas. ¡Cuánto se ahorra el Estado en nombre del amor!

Sin embargo, esta lógica es letal, no sólo en lo emocional y lo moral, sino en lo literal: tan sólo en Andalucía, en 2025, han fallecido 6.995 en las listas de espera de la dependencia.

¿Cuántos brindis al sol tenemos que esperar para que el sistema de dependencia sea eficaz?

El Congreso ha empezado a tramitar este jueves la reforma del sistema de dependencia y discapacidad que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Una amplia mayoría, con la abstención del PP y de Vox incluida, ha tumbado la enmienda de devolución que había registrado Junts, por lo que la norma empezará a negociarse en comisión a partir de ahora, aunque lo hará ya en febrero, después del parón por las navidades.

La ley que ahora empezará a tramitar el Congreso es una reforma integral del sistema de dependencia y de discapacidad y tiene tres pilares, tal y como ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: un cambio del modelo para alejarlo de la perspectiva asistencialista, una mejora de los derechos de las personas que cuidan y una reforma de la financiación de todo el sistema.

Entre algunos de los nuevos servicios que contemplará el nuevo texto si se aprueba definitivamente está el de un préstamo para sillas de ruedas, camas y grúas, con la creación de un banco público para evitar que las personas tengan que invertir grandes cantidades en estos elementos para poder quedarse en su casa.

También incorpora modalidades alternativas a la residencia o a la vivienda propia para que los cuidados puedan darse en modalidades de convivencia con pocas personas con cuidados integrales o dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos, como el cohousing.

También se amplían algunos servicios como la ayuda a domicilio, que se extenderá fuera del hogar para cubrir algunas actividades cotidianas como la compra o las consultas médicas. Y la prestación por cuidado se amplia a los entornos familiares o relacionales, con la idea de incluir en estas ayudas a amigos con el mismo grado que familiares cercanos.

“Con esta con esta reforma pretendemos pasar del modelo assitencialista a uno cercano y comunitario, que incluya la mejora de los cuidados a domicilio”, ha defendido el ministro desde la tribuna.

“No se trata solo de una cuestión numérica o contable. Envejecer no es una carga ni es un lastre para nuestra balanza fiscal, es un logro democrático, es el deasrollo del progreso económico y social de la democracia española. Ese hecho nos obliga a repensar nuestros sistemas y remover los obstáculos y desigualdades que lastran las vidas de nuestros ciudadanos, como la riqueza o el lugar donde viven”, ha reivindicado.

El PP permite la tramitación

La clave de la negociación para que esta ley comience su camino parlamentario ha sido el PP, que en las instancias previas en la comisión, en las comparecencias con las asociaciones y los colectivos, se había mostrado abierto a debatir sobre el contenido de este texto, aunque ha criticado que la ley del Gobierno no contemple datos concretos sobre financiación, algo con lo que se ha comprometido el ministro en la tribuna.

“Han hecho una cosa muy buena al explotar la conexión de la discapacidad con la dependencia, que existe, es real y tiene base filosófica”, les ha felicitado el diputado del PP Enrique Belda. “Han puesto de manifiesto que esta norma ya no es solo del tercer sector, es una norma de todos en un país donde todos somos dependientes o potencialmente dependientes y esto requiere una política de estado”, ha reclamado.

Eso sí, ha advertido de que los respresentantes de las asociaciones han reclamado “continuidad en la financiación”, algo que según ha dicho es muy difícil sin presupuestos y unos “compromisos plurianuales”. “Hacemos una advertencia, necesitamos que la tramitación se relaje porque tenemos que cambiar muchas y buenas cosas y si no se han presentado enmiendas de totalidad por nuestro grupo es porque esperamos comprensión en los plazos para cambiar esta ley en tiempo y forma”, ha apuntado.

Junts critica la “contudente invasión competencial”

Junts ha votado a favor de su enmienda a la totalidad al observar en el texto del gobierno una “contundente invasión competencial”, tal y como ha descrito el diputado Josep Maria Cruset. “Es una contundente invasión competencial como no hemos visto en los últimos tiempos”, ha dicho.

Para Cruset, el texto adolece de una visión “absolutamente centralista” y carcece de “garantías respecto a los recursos económicos necesarios”. “La ley implica un evidente incremento presupuestario que hay que llevar a cabo pero no se ha hecho cálcuo del impacto económico ni compromiso de aportar los recursos económicos necesarios”, ha dicho.

A pesar de estas críticas, el Partido Nacionalista Vasco ha renunciado este jueves a mantener la enmienda a la totalidad que había registrado, precisamente por esas críticas contra la invasión de competencias. Los nacionalistas vascos han asegurado que han negociado cambios con el Gobierno para asegurarse en el trámite parlamentario que se eliminarán las invasiones a competencias propias.

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, y en el que han participado los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad e Inclusión, en el que expresa su compromiso para “materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma” mediante la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se están tramitando en el Congreso de los Diputados. 

La declaración institucional apela al consenso social, de la misma forma que ocurrió con la reforma del artículo 49 de la Constitución, cuando una amplía mayoría parlamentaria, que puso de acuerdo a los dos grandes partidos, PSOE y PP, permitió que el Congreso aprobara la tercera reforma constitucional en 45 años, que sustituyó el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en el año 2024.

Otros de los compromisos concretos contemplados dentro de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y que quedan recogidos en esta declaración, son el impulso de nuevos servicios para cuidados y apoyos a la vivienda, la actualización del catálogo de servicios y prestaciones, así como el refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder a apoyos más diversos que garanticen su derecho a una vida independiente. 

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explica que estas reformas permitirán “eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones para garantizar una mayor personalización en la atención a cada persona y otorgar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los apoyos y las necesidades”. Esto va a permitir que se incentive el empleo y será, según recoge la declaración, “un salto cualitativo para las personas con discapacidad, que podrán acceder a apoyos más diversos, personalizados y con enfoque comunitario y perspectiva de género”.

Con el objetivo de que nadie tenga que abandonar su casa por no poder salir a la calle, el texto reconoce como derecho la accesibilidad universal, además de una obligación de todos los poderes públicos. También menciona otras obligaciones legales, que el Proyecto de Ley incluye, para blindar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, tales como la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades, elementos clave para garantizar una mayor calidad de vida en las personas con discapacidad. 

El BNG quiere que la Xunta de Galicia asuma, con financiación propia y del Estado, los servicios de ayuda al hogar que ahora prestan los ayuntamientos en concesión a empresas privadas. Como primera paso hacia ese objetivo ha anunciado este lunes que presentará una enmienda al proyecto de Orzamentos de 2026 para que la partida destinada a ese fin aumente en 15 millones de euros y esto repercuta en las trabajadoras -es un sector fuertemente feminizado y precarizado- al subir su salario de 12 a 17 euros la hora, 20 en 2027. “El Gobierno de Alfonso Rueda está descargando responsabilidades en los ayuntamientos”, señaló la portavoz nacionalista Ana Pontón, “la situación del SAF [Servizo de Axuda no Fogar] es insostenible y no se puede mirar para otro lado”.

El de los servicios de ayuda en el hogar -12.300 empleadas que atienden unos 24.000 usuarios en toda la comunidad- es solo uno de los múltiples conflictos a los que se enfrenta la Consellería de Política Social. Todavía la semana pasada, el sindicato mayoritario, CIG, convocó una huelga de su personal que regisstór, según la central, un elevado seguimiento. La Xunta no valoró su incidencia, tampoco a preguntas de elDiario.es, pero las protestas de las empleadas no se detienen. Para el BNG, son la Xunta de Galicia y el Estado los que, “tal y como recoge la Ley de Dependencia”, deben financiar íntegramente el servicio, no los consistorios.

Más allá de las administraciones que lo sufraguen, para los nacionalistas El ejecutivo autonómico debe asumir la ayuda en el hogar. La vía que entienden sería la adecuada consiste en su integración en el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, como lo están escuelas infantiles, centros de día o algunas residencias de mayores. “Los concellos no tienen capacidad financiera para garantizarlo y cualquier que persona que lo necesite tiene derecho a ser atendido en su domicilio”, señaló Pontón, quien expuso una última propuesta de su formación: la constitución de un servicio gallego de bienestar, “un Sergas social, concebido como una red pública de cuidados”.

La orientación de la actual Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García, va en otra dirección. Lo denunció la líder del BNG. Acusó a García y Rueda de “privatizar el modelo de cuidados” y añadió que, “cada vez que la vejez se convierte en un negocio, pasan cosas tan graves como las que estamos viendo en las residencias de mayores”.

FACUA Andalucía ha denunciado ante la Consejería de Inclusión Social y la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía que el teléfono habilitado por la Junta para ofrecer asesoramiento sobre la Ley de Dependencia (900 166 170) es “completamente inútil”, ya que “independientemente de la opción que se marque no permite hablar con ningún operador”.

Según la federación que defiende los derechos de los consumidores, el número “que supuestamente debería servir para asesorar a personas que necesitan ayuda con la gestión y tramitación” de la ayuda “no es más que un contestador automático con varias locuciones grabadas”, que impide resolver dudas o conocer el estado de los expedientes. “Más allá de la opción que se elija, la llamada finaliza sin que se ofrezca la posibilidad de hablar con nadie”, critican.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad consultadas por este periódico aseguran que el número denunciado por FACUA es un “teléfono de información generalista” sobre cómo realizar los trámites, pero no para consultar casos concretos ni acceder a información individualizada, pues la ley de protección de datos impide facilitar información personal por vía telefónica. Las dudas sobre expedientes concretos, añaden, deben resolverse “a través de la ventanilla electrónica o de manera presencial”.

Expedientes que se resuelven “mal y tarde”

Aun así, FACUA considera “vergonzoso” que un servicio dirigido a personas dependientes y sus familias se limite a reproducir mensajes automáticos, sin ofrecer la posibilidad de atención humana. “La consejera Loles López y el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, están faltando al respeto a las familias con esta falta de información sobre unos expedientes que se vienen resolviendo mal y tarde, incumpliéndose sistemáticamente los plazos legales”, señalan desde FACUA, en alusión a que los plazos legales de seis meses establecidos por ley se superan en Andalucía hasta más de dos años.

La organización recuerda que esta demora “deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo”. Por eso reclama a la consejera Loles López y al director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, más recursos para agilizar los expedientes y ofrecer atención personalizada “para que las personas que llamen al teléfono de información a la dependencia puedan hablar con una persona que les pueda escuchar y aclarar dudas sobre sus expedientes”.

Asistimos en las últimas semanas a la catástrofe del modelo sanitario del Gobierno andaluz donde más de 2.000 mujeres, según la Administración, están desde hace tiempo viviendo en la incertidumbre al no ser informadas de si padecen cáncer o no. Esto no es un error, es un fracaso más del modelo del señor Moreno Bonilla, como lo son las listas de espera en la atención primaria, en las especialidades o en las intervenciones quirúrgicas.

Pero no sólo es en la sanidad donde se aplica un modelo errático de privatización y desmantelamiento de lo público. Las políticas sociales no le van a la zaga, especialmente en lo que respecta a la Ley de Dependencia; otro derecho que, si lo analizamos, podemos ver cómo se le niega de forma reiterada y permanente a nuestras personas mayores: el derecho a la atención y a los cuidados.

En la actualidad hay en Andalucía más de 50.000 personas mayores en listas de espera en los distintos estadios: pendiente de valoración, en el plan individual de atención (PIA) o, una vez ya con el PIA, sin que se les proporcione la prestación que les corresponde, con una media de 565 días en la mencionada situación de espera, cuando la Ley plantea que los expedientes deben concluirse en un período de no más de 180 días. Como consecuencia de ello, en el año 2024 fallecieron 33 mayores cada día en Andalucía sin tener reconocida la dependencia.

Si no queremos que el incumplimiento sistemático de este derecho se convierta en otra catástrofe, que ya lo es, el Gobierno andaluz no puede seguir mirando para otro lado. Ni las simplificaciones administrativas, ni la unificación de las valoraciones, ni las nuevas medidas tecnológicas han dado resultado, y esto es asíporque el problema es de falta de recursos humanos y de financiación.

Esta situación no cambiará si no hay una apuesta valiente por parte de las administraciones, tanto del Estado como de Andalucía. Debe plantearse un plan de choque dotado de recursos suficientes. Ahora es el momento, ante la próxima presentación de los presupuestos para 2026.

Algunos anuncios de rebajas fiscales en precampaña pueden sonar bien, pero el presidente andaluz, con sus propuestas fiscales, está anteponiendo, con todos los respetos, los animales o el deporte a la atención y el cuidado de las personas mayores. Se necesita más respeto y, sobre todo, que se cumpla la Ley.

No valen más excusas o decir que peor era en otros tiempos o que el número de prestaciones crece, puesto que  la población dependiente también lo hace. Señor Moreno Bonilla, sólo exigimos un derecho que la Ley nos otorga y usted nos niega. Actúe, cambie de una vez sus políticas privatizadoras y no dé lugar a que aparezcan otros problemas con otro cribado.

Cuando Antonia Martínez, vecina de Alcantarilla, presentó su solicitud de dependencia en abril de 2023, su familia pensó que en pocos meses podría contar con una ayuda económica que necesitaban para costear sus cuidados domiciliarios.

Antonia, de 82 años, sufría una artrosis avanzada y una insuficiencia respiratoria que la mantenían postrada en su cama la mayor parte del día. Su hija Carmen recuerda las llamadas y las visitas al centro de servicios sociales de su municipio. “Nos decían que el expediente estaba en trámite, que había mucha lista de espera. En junio de este año mi madre murió sin que nadie la hubiera evaluado. Nunca llegó ni un céntimo ni un servicio que pudiera servirnos de apoyo en una situación que nos desbordó en muchos sentidos”, se lamenta.

El caso de Antonia no es una excepción. En la Región de Murcia, más de 1.400 personas han fallecido en lo que va de año sin haber recibido las ayudas reconocidas por la Ley de Dependencia. La demora media para tramitar un expediente alcanza los 563 días (43 días más que en 2024), casi el triple del plazo máximo legal de seis meses. Murcia encabeza la lista negra de comunidades autónomas con mayores retrasos.

Una muerte cada 15 minutos entre los solicitantes

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006, nació como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Su objetivo es garantizar cuidados y apoyos a quienes no pueden valerse por sí mismos, mediante prestaciones económicas o servicios públicos.

Sin embargo, diecinueve años después, en algunos territorios la aplicación práctica de la norma sigue tropezando con la falta de personal, el exceso de burocracia y la financiación insuficiente.

En España, a comienzos de este otoño, 284.020 personas continúan esperando su valoración o la prestación reconocida. Una de cada cinco morirá antes de recibirla. Un dato tan crudo como preocupante. Durante los primeros nueve meses de este año, se han producido 25.060 fallecimientos de personas en lista de espera, lo que equivale a una muerte cada 15 minutos entre quienes solicitaron atención sin llegar a recibirla. Pero no todas las comunidades autónomas contribuyen por igual a este dato estremecedor.

Murcia, a la cabeza de los retrasos y a la cola de la inversión

El caso murciano es paradigmático. De acuerdo con los datos oficiales, 16.348 personas siguen en lista de espera en esa comunidad, un 13,4% más que hace un año. De ellas, 13.859 están esperando una prestación o un servicio sobre el que ya tienen reconocido un derecho; y 589 están pendientes de valoración. Un colapso operativo que se traduce en dilaciones y en ayudas no ejecutadas.

La demora media es la más alta del país: supera a la de Canarias y Andalucía, tradicionalmente rezagadas, y multiplica por cinco la de Castilla y León, donde el proceso se completa en poco más de 110 días.

Por eso, un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que la Región de Murcia ha cronificado el retraso en la aplicación de la ley, lo que deja a miles de personas desasistidas.

Pero, además del de los tiempos de espera, otro indicador revelador para valorar la calidad de la aplicación de la ley es la inversión por persona dependiente. Y, en Murcia, la inversión se sitúa por debajo de la media estatal. Concretamente, 1.759 euros por persona y año frente a 1.968 euros para el mismo periodo.

El coste de esperar: familias al límite

Carmen, la hija de Antonia, reconoce que la familia asumió “como pudo” el cuidado. “Dejé de trabajar unas horas, contratamos a una mujer por las mañanas. Pero sin la ayuda económica, no pudimos mantenerla mucho tiempo. Mi madre se fue sin toda la dignidad que merecía, y con la sensación de que la habían olvidado”.

Historias como la suya se repiten en Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Yecla, donde los servicios sociales municipales intentan gestionar la acumulación de solicitudes con equipos insuficientes.

Isabel R., de 79 años, cuidadora de su marido con demencia, lleva más de año y medio esperando la prestación: “Nos dijeron que teníamos derecho, pero que tardarían. Cada mes gasto 700 euros en ayuda externa. Me he endeudado. La ayuda no es un lujo, la necesitamos para procurar unos cuidados profesionales que yo no puedo proporcionarle”.

Para esta vecina de Lorca, las demoras “no solo generan sufrimiento, sino que trasladan el coste económico del cuidado a las familias, que terminamos exhaustas”.

Retrasos que generan desigualdades entre habitantes de un mismo país

Las estadísticas sobre los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia no son datos abstractos. A nivel humano se traducen en un auténtico drama social. La Ley 39/2006 fija plazos máximos para valorar y ejecutar prestaciones (el plazo legal de resolución es de seis meses —180 días—), pero en la práctica varias comunidades superan con creces ese límite.

Y eso significa que hay una España desigual en dependencia. Mientras que Castilla y León y otras comunidades del norte como el País Vasco o Navarra mantienen tiempos razonables y una inversión por persona elevada, otras como Murcia, Canarias y Andalucía hacen a las personas dependientes terriblemente desiguales.

Fran Rabal Segura, vecino de Águilas, es miembro del comité asesor de Duchenne Parent Project España, la enfermedad que padece y que produce una distrofia muscular severa y progresiva con complicaciones respiratorias y cardíacas.

Necesita “ayuda para todo” y vive conectado a un respirador desde hace quince años. La prestación económica que recibe del gobierno autonómico es de 275 euros mensuales. “Eso ahora con la subida, porque el año pasado era de 205”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

“Es una absoluta vergüenza. No hay por dónde cogerlo. Amigos míos que viven en Alicante reciben 2.300 euros por la prestación de asistencia personal de la Ley de Dependencia, que en Murcia brilla por su ausencia”, prosigue. Están aquí al lado, nos enfrentamos a idénticas dificultades y a los mismos gastos elevadísimos por nuestra enfermedad, así que esta diferencia no tiene ningún sentido“.

Fran tuvo que esperar dos años para acceder a las prestaciones que reconoce la ley. También ha sufrido sus recortes: “De 520 al principio hasta los 205 de 2024 cuando, evidentemente, mis necesidades de ayuda son cada vez mayores. Un desastre”. Por eso, pide al Ejecutivo murciano que asuma su responsabilidad: “Llevan treinta años consecutivos gobernando esta región y siempre están echando balones fuera y culpando a los demás”, asegura.

Este joven ve ahora un “rayo de esperanza” en la aprobación esta semana, por parte del Gobierno de España, de un decreto ley para destinar 500 millones de euros para financiar la atención a las personas con ELA —una enfermedad igual de discapacitante que la distrofia muscular de Duchenne— y reforzar el sistema de la Dependencia. “Espero que den el 100% de lo anunciado, porque ni yo ni mis padres podemos esperar más. Lo necesitamos ya, igual que otras personas en la misma situación que nosotros”, concluye.

Como apunta Rabal, la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha incrementado en los últimos años. La última vez, esta misma semana. Sin embargo, en territorios como la Región de Murcia, la combinación de burocracia, recortes o reordenación de partidas autonómicas y problemas de gestión interna dificultan que las prestaciones lleguen con rapidez y eficacia a sus beneficiarios.

Un análisis que niega Conchita Ruiz, consejera de Política Social del Gobierno regional de Fernando López Miras (PP), quien asegura que esos tiempos de espera “no existirían si tuviéramos la financiación que nos corresponde del Estado, del 50% en cuanto a la dependencia”. En 2024, Murcia recibió 89,1 millones de euros del Estado, un 26,8% de la inversión total en dependencia en esta comunidad.

El coste humano de un déficit estructural

Detrás de los fríos números hay familias que soportan una doble carga: por un lado, el peso del cuidado directo (mayoritariamente asumido por mujeres, que además deben compatibilizarlos con otras obligaciones) y, por otro, la batalla con la Administración. Al final, las demoras obligan a contratar ayuda privada y a reducir la jornada laboral (también aquí son ellas las más perjudicadas), lo que supone renunciar a ingresos mientras los costes económicos y emocionales son elevados.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, alerta directamente sobre los efectos de la “interminable dilación” de muchos procedimientos y subraya que “muchas personas salen de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido prestaciones”. Ayudas que necesitaban —y a las que tenían derecho por ley— para poder afrontar dignamente la etapa final de sus vidas.

Los servicios de apoyo a cuidadores y respiro familiar, los centros de día y las residencias para personas mayores, son los otros puntales sobre los que se asienta el SAAD. Pero, en la Región de Murcia, la realidad sitúa a esta comunidad, de nuevo, en el furgón de cola. Y es que, según otro informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, para alcanzar la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años —ahora solo hay 2,47, muy por debajo de la media nacional, de 4,2— se necesitarían crear alrededor de 6.400 nuevas plazas residenciales públicas.

Las mismas que han vuelto a reclamar recientemente los sindicatos CCOO y UGT, que han urgido a la directora del Instituto Murciano de Acción Social a la creación de once residencias para atender a personas mayores.

Los colectivos de afectados también lo están advirtiendo: en Murcia, si la prioridad política y presupuestaria no se orienta urgentemente a solventar esos cuellos de botella que impiden a las personas —y contribuyentes— más vulnerables hacer efectivos sus derechos, el coste humano seguirá siendo tan vergonzoso como intolerable.

Algo más de 8.000 personas dependientes en Extremadura se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia.

El informe, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del sistema de atención a la dependencia hasta el 1 de octubre de 2025, recoge que en Extremadura fallecieron 988 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA en los primeros nueve meses del año.

El número de personas beneficiarias con prestación ha aumentado este año un 0,9% en Extremadura, el segundo crecimiento más bajo en el conjunto de las comunidades autónomas, donde sobresalen Canarias y Galicia, con crecimientos del 18,5% y 15,7%, respectivamente.

También Extremadura, con un incremento del 0,9%, figura a la cola en cuanto a los aumentos en personas con derecho a la prestación de dependencia, pues la media nacional es del 5,5%, mientras que Canarias (+22,6%) y Galicia (+14%) lideran también este parámetro.

El indicador de agilidad administrativa se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente.

Este proceloso recorrido hizo que en septiembre de 2025 el tiempo medio en España fuese de 349 días, 15 días más que al empezar el año. En Extremadura, el tiempo medio es de 257 días, 22 días menos que en enero de este año.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 4 Comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo

En relación al número de solicitantes, el 12,5% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite en el conjunto del país, tres décimas menos que en Extremadura (12,8%).

Las comunidades autónomas que menos porcentaje aportaron en Dependencia son La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%) mientras que Extremadura, con un 74,6%, se sitúa por encima de la media nacional (72,9%).

Sin embargo, Extremadura figura entre las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y años, con 2.779 euros, sólo por detrás de País Vasco (2.835). 

Las listas de espera para acceder al servicio estatal de dependencia siguen creciendo en España. Sin embargo, en el caso de Castilla-La Mancha al finalizar el mes de septiembre de este año un total de 8.653 personas seguían en el limbo de la dependencia para poder acceder a este servicio. Esto refleja un descenso del 3,28% si tenemos en cuenta que en el mes de junio de 2025 las personas en lista de espera se cifraban en 8.946 personas, 293 menos en la actualidad, según el Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que elabora la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

No obstante, si se comparan datos del año 2024, se registra un crecimiento del 58% para la región castellanomanchega, en el número de personas en el limbo de la dependencia, tal y como indica el informe.

Para ser beneficiario de la Ley de Dependencia en nuestro país se sigue el siguiente procedimiento: primero se presenta una solicitud en la comunidad autónoma que corresponde. Después el equipo técnico valora a la persona que vaya a ser beneficiaria en su domicilio o entorno habitual. Tras esa valoración inicial se fija el grado de dependencia que se le reconoce a la persona -Grado 1 o moderada, Grado 2 o severa, Grado 3 o gran dependencia- y por último se ponen a disposición del usuario los servicios y prestaciones que se haya acordado concederle.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), una cifra que Castilla-La Mancha cumple, dado que la media son 169 días. Sin embargo, en estos primeros nueve meses de 2025 han fallecido 910 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del Programa Individual de Atención (PIA).

La financiación estatal sigue estancada

El presidente de la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ya recalcaba en los meses anteriores cuando la cifra de personas en el limbo de la dependencia era superior que la financiación estatal para la Ley de Dependencia estaba estancada. “El porcentaje de financiación por parte del Estado es de un 28,6%, frente al 50% que sería lo ideal”, explicaba. Además, recordaba que en los Presupuestos Generales de 2024 no ha habido ningún incremento presupuestario destinado a la dependencia. “Cada comunidad autónoma tiene variaciones. En el caso de Castilla-La Mancha es del 30% por parte del Gobierno de España, dejando el 70% restante al Gobierno regional”, apuntaba Ramírez.

Más de 280.000 personas dependientes se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia. El documento, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del sistema de atención a la dependencia hasta el 1 de octubre de 2025, recoge el aumento en 13.695 de las personas en espera en los primeros nueve meses del año.

En total, cuantifica en 284.020 personas en listas: 133.414 pendientes de valoración y 150.606 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos. Dos de cada tres de las personas que se encuentran en espera están en cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547 personas), Comunidad Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348).

En relación al número de solicitantes, el 12,5 % de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (33%), Murcia (22,4%) y Cataluña (19,9%) son las que tienen mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Cantabria (3,1%), Galicia (2%) y Navarra (2%), el menor porcentaje.

Durante ese periodo de espera, han fallecido 25.060 personas este año (13.713 sin valorar y 11.347 pendientes de recibir la prestación a la que tenían derecho). Dos de cada tres personas murieron en cuatro comunidades: Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904), denuncia la asociación. Además lamenta el aumento del tiempo medio de tramitación de un expediente de 334 días a principios de año, a 349 días en septiembre de 2025 (15 días más). En tres comunidades se tarda en torno a 500 días (Murcia, Andalucía y Canarias).

81.371 personas atendidas más que en 2024

Para la asociación de profesionales de servicios sociales, el aumento de beneficiarios del sistema se produce reconociendo prestaciones más baratas y reduciendo las plazas de residencias (804 menos) y de centros de día (969). Hay 149.316 prestaciones y servicios más en 2025. Aunque el 34 % de las personas desatendidas son grandes dependientes o severos, es decir, con necesidades de apoyo extenso y continuado.

A cierre de septiembre había en España 1.726.288 personas en situación de dependencia reconocida, 81.371 personas atendidas más que en 2024. Esto significa que el 3,5 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

El 56 % de las personas atendidas en sus domicilios no tienen servicio de teleasistencia. La tienen como prestación única del sistema, 65.647 beneficiarios; el 42 % de estas se encuentran en la Comunidad de Madrid.

Las comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2025 han sido: Canarias (22,6 %) y Galicia (14 %). Por el contrario, en La Rioja (1,4 %) y Cantabria (0,5 %), se reducen el número de personas con derecho.

De todas las personas beneficiarias de prestación o servicio, casi dos tercios son mujeres (62 %) y un tercio (37 %) son hombres. Tres de cada cuatro personas dependientes reconocidas tienen más de 65 años y las mayores de 80 son el 53 % del total.

La administración regional destaca que lleva 24 meses consecutivos reduciendo los tiempos de espera, con una mejora de 80 días desde la llegada del actual Ejecutivo. Según la Junta, estos resultados reflejan “una mejora considerable” en la atención a la dependencia gracias al trabajo del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) desde julio de 2023.

Entre el 31 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2025, el número de personas beneficiarias con prestación efectiva ha aumentado a 2.830, mientras que se han reconocido 5.584 nuevas prestaciones en el mismo periodo, lo que evidencia un avance en la cobertura y el acceso a los servicios de dependencia.

El Ejecutivo regional subraya que se ha producido un crecimiento real del sistema de Atención a la Dependencia en 4.122 personas, al sumar el aumento de personas con resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y prestación efectiva, y al mismo tiempo reducir la lista de personas pendientes de resolución del PIA, absorbiendo así el incremento de solicitudes.

La Administración autonómica aportó el 74,6 % y el Gobierno central el resto (25,4 %) del gasto en atención a la dependencia durante 2024 en Extremadura, que ascendió en total a 420,7 millones de euros, según los datos recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Extremadura fue, durante 2024, la segunda comunidad autónoma con una mayor inversión media por habitante y año en atención a la dependencia, 399,1 euros, superada por el País Vasco (432,7 euros) y frente a la media nacional de 268.

La inversión media de 2.779 euros por persona potencialmente en situación de dependencia en la comunidad extremeña es la segunda mayor cifra del país, por detrás del País Vasco (2.845 euros) y por encima de la media de España de 1.968 euros, según esta Asociación, que cifra en 151.399 los habitantes extremeños potencialmente dependientes.

El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 11.395 euros en Extremadura, en tercer lugar entre las comunidades autónomas y por encima de la media nacional (8.592 euros).

El gasto total certificado en 2023 en atención a la dependencia en Extremadura fue de 398,8 millones de euros.

Las Comunidades Autónomas financiaron, como media, el 72,9 % de la atención a la dependencia en 2024, con 9.365 millones de euros (13,8 % más que en 2023), mientras que la aportación estatal fue el 27,1 %, con 3.478 millones de euros (el 5,6 % más).

Son datos recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre la inversión pública en Atención a la Dependencia que ascendió a 12.843 millones de euros el pasado año.

Las administraciones autonómicas que menos porcentaje aportaron en dependencia fueron La Rioja (61,4 %), Castilla y León (63,2 %), Andalucía y Galicia (65,1 %).

Las que más aportaron son País Vasco (84 %), Navarra (81 %) y Baleares (80,6 %). Le siguen, Comunidad valenciana (79,6 %), Cataluña (77,4 %), Cantabria (75,1 %), Canarias (75 %), Extremadura (74,6 %), Asturias (74,2 %), Murcia (73,2 %), Madrid (72,8 %), Castilla-La Mancha (70,1 %) y Aragón (65,5 %).

Según este análisis, realizado con datos de Hacienda y de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13 % entre 2020 y 2023, aunque en 2024 recuperaron ese porcentaje.

Por su parte, la Administración General del Estado subió en 185 millones de euros el gasto en dependencia al haberse incrementado el número de personas atendidas, aunque este estudio destaca que redujo al 27 % (un 1,5 % menos) su porcentaje de financiación de la dependencia.

El gasto medio por dependiente son 8.592 euros al año

De los 8.592 euros de gasto anual medio por persona beneficiaria, el Gobierno central aportó 2.327 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades 6.267 euros.

Las regiones que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.845), Extremadura (2.779) y Navarra (2.474), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.317), Canarias (1.339) y Murcia (1.667).

La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.554 anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la región que menos invirtió, que fue Andalucía con 7.173 euros anuales.

Por habitante y año, las que más invierten son: País Vasco (432 euros), Extremadura (399) y Navarra (372); las que menos, Canarias (158) y Murcia (214) Galicia (235).

Respecto al nivel acordado en 2025, nueve comunidades pierden financiación en la distribución de los 783 millones del Nivel Acordado (Aragón, Castilla y León, Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Asturias y Murcia).

El salario bruto de las trabajadoras de los cuidados en España es 10.000 inferior al salario medio del país. Esta cifra las sitúa con unos ingresos entre un 35 y un 38% más bajos, según el primer estudio realizado por el Ministerio de Derechos Sociales sobre las condiciones laborales de las personas que se dedican profesionalmente a cuidar. En residencias, las empleadas perciben una media de en torno a 17.200 euros anuales. Aún algo menos se ingresa en los servicios sociales sin alojamiento, 16.400 euros, frente a los 26.600 euros promedio del conjunto de sectores.

El perfil más habitual de personas que desempeñan estos trabajos son mujeres (más del 70%), mayores de 45 años (por encima del 50%) y con mucho más peso de la población migrante que en otros empleos (una de cada cuatro). “Se parece mucho al retrato robot de la pobreza en España y esto es inadmisible en términos democráticos”, ha asegurado el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en la presentación de los datos. El departamento que dirige ha tenido que “empezar de cero” porque “las políticas públicas han estado mirando para otra parte”. “Había quien hacía ese trabajo sin valoración ni retribución”, ha lamentado.

Respecto a los contratos, uno de cada cuatro de los que se firman en residencias es temporal. En los servicios de ayuda a domicilio, solo el 60% son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. La mayoría de las trabajadoras encuestadas, además, destacan que estas condiciones laborales se suman a la percepción de que no existen posibilidades reales de promoción y a la falta de reconocimiento profesional.

El impacto sobre la salud y el escaso reconocimiento

Por otra parte, el informe confirma que el trabajo de cuidados tiene un alto impacto sobre la salud. Los accidentes en residencias de mayores que ocurrieron en 2023 y requirieron una baja laboral fueron un 75% mayores que los del promedio nacional mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25%. En este último caso, hubo mucha siniestralidad in itinere, es decir, durante el desplazamiento al puesto de trabajo. Los accidentes ocurridos en estas circunstancias duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral.

“Las trabajadoras explican que la exposición continuada a esfuerzos físicos, posturas forzadas y estrés no solo deteriora la salud, sino que incrementa la rotación y las bajas laborales, afectando también a la calidad del cuidado que se presta”, subraya Derechos Sociales. Así que la precariedad no es solo económica, sino que se vincula también con una labor física y emocional muy fuerte que provoca un deterioro del propio estado de salud.

Por eso, quien trabaja en este sector cree, según el estudio, que “su retribución no está en absoluto en consonancia con la exigencia física y emocional de sus tareas” y, además, “perciben que el bajo salario es expresión del escaso reconocimiento social de su labor”. “Aunque algunas mencionan vías para aumentar sus ingresos —como asumir turnos de noche, trabajar festivos o hacer acompañamientos nocturnos en hospitales en el caso de las trabajadoras de Servicio de Apoyo a la Dependencia— estas alternativas no están al alcance de todas ni compensan adecuadamente el esfuerzo adicional”, recoge el informe.

260.000 trabajadoras más en cinco años

El Ministerio presentó hace unos meses otro estudio que proyectaba cuántas trabajadoras de los cuidados serán necesarias en 2030 para atender a las personas con dependencia. En cinco años, el sistema requerirá de 261.400 empleadas adicionales para hacer frente al reto demográfico de un país que envejece año a año.

El sector de la dependencia se ha convertido en una olla a presión que debe responder a una demanda imparable con trabajadoras precarias, un gran peso del sector privado y usuarios ahogados económicamente. Como un grifo que cada vez lleva un caudal más elevado y cuya agua se arroja a una pila limitada en tamaño. Al sistema, como demandantes de apoyos, han entrado en los últimos meses unas 10.000 personas cada mes.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que incluye, entre otras ampliaciones de servicios y derechos, nuevas multas por la “exposición pública de las personas en atención a su discapacidad” en espectáculos, ferias, en locales abiertos al público o en redes sociales “cuando no sea una infracción penal”. Se trata de infracciones graves castigadas con sanciones económicas de entre 600.000 y un millón de euros, según figura en el proyecto de ley del Ministerio de Derechos Sociales que el Gobierno envía ahora al Congreso para su aprobación definitiva.

El Ejecutivo da este paso tras haber pedido a la Fiscalía y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investigue si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad. La norma hasta hoy incluye solamente la prohibición genérica, pero no las sanciones, que son una de las novedades de la reforma que acaba de aprobar el Consejo de Ministros como elemento “disuasorio”.

El Ministerio de Derechos Sociales matiza que ha elevado el asunto a las autoridades judiciales “como hace habitualmente cuando hay una denuncia de una organización por vulneración de derechos”.

En este caso, fue la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad miembro de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), quien condenó y denunció públicamente la contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento en la fiesta de Yamal. La Asociación dijo que tomaría acciones legales y sociales para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, “considerando que estos hechos vulneran no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa”.

Esta medida es solo una de las decenas que recoge la reforma, al mismo tiempo, de dos legislaciones: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

“Esta reforma no solo busca dejar atrás la época oscura de los recortes sino sentar las bases de un sistema público que consagre el derecho a la ciudadanía al bienestar y a ser cuidados”, ha dicho el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “En este tiempo oscuro, desde Washington a Torre Pacheco, aquí trabajamos por un estado que proteja a todos”, ha añadido a renglón seguido.

Varias prestaciones a la vez

El Ministerio de Derechos Sociales pondrá fin, si la norma finalmente sale apoyada por una mayoría del Congreso de los Diputados, a recortes impulsados por el Partido Popular como consecuencia de la crisis económica de 2008 y que todavía afectaban al sistema. Uno es la incompatibilidad de prestaciones, que limitaba el acceso de un mismo usuario a dos apoyos a la vez. Por ejemplo, un centro de día por las mañanas y ayuda a domicilio por las tardes. La otra medida que se elimina es el periodo de carencia de dos años en la prestación económica por cuidado familiar. Esto significa que hasta ahora la administración podía demorarse hasta dos años en ingresar a la persona usuaria la cuantía mensual para sufragar sus cuidados en casa sin que después se pagara lo adeudado por el retraso de manera retroactiva.

Otra novedad es la extensión de esta misma prestación económica hasta el último día del mes en el que se ha producido el fallecimiento de la persona con dependencia. Esta decisión busca evitar que los familiares tengan que reintegrar parte de la prestación si su ser querido muere, por ejemplo, a mitad del mes. “Aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida y supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan”, defiende el departamento dirigido por el ministro Pablo Bustinduy.

Amigos como cuidadores

También se amplían otros servicios, como la ayuda a domicilio, que se extiende fuera del hogar. La prestación, centrada hasta ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas en el día a día, también cubrirá, según el nuevo texto, otras cuestiones cotidianas como ir al médico o a la compra. Además, la prestación por cuidados en casa se amplía del “entorno familiar” al “relacional” para equiparar a un amigo o amiga como si fuese un familiar con alguna consanguineidad, aunque el titular de la prestación siempre es el usuario. Las personas dependientes no solo viven con sus parejas, progenitores o descendientes y el texto pretende responder a estas “nuevas situaciones de convivencia” y a la realidad de quienes viven solos. Esto queda sujeto a que “se cumplan condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad”.

Uno de los graves problemas del sistema son los tiempos de espera. La media desde que una persona pide la valoración del grado de dependencia hasta que tiene acceso a cualquier prestación es de 342 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales. Las demoras obligan, en la práctica, a contratar recursos privados e incluso hay personas que fallecen sin haber tenido acceso a su prestación.

Prestaciones “transitorias”

Para reducir el impacto, la reforma crea unas nuevas prestaciones “transitorias” para que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una ayuda “que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado”. “Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio”, señala el Ministerio.

“Los centros de día se convierten en multiservicios”, ha subrayado Bustinduy, lo que implica que estos centros se abrirán para prestar apoyos fuera de sus instalaciones. Así, servirán para atender en sus domicilios o en espacios del entorno a los usuarios que vivan cerca y lo necesiten. Además, la idea es que sirvan de referencia para personas que no son sus usuarias, pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.

La nueva ley de discapacidad, además, concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida de grado I para reducir la burocracia. Una especie de pasarela que pretende aminorar las demoras. En el caso de los grados II y III la discapacidad automática será del 65%.

Una vez se aprueben los cambios, tampoco habrá que ponerse al final de la lista de espera para revisar el grado de dependencia, en el caso de que aumente y se necesiten más apoyos. Además, la ley incluye un procedimiento de urgencia para algunas situaciones de especial vulnerabilidad. “Demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica” permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes“, según la nueva norma.

Poner un ascensor será obligatorio

Entre los nuevos derechos reconocidos están la accesibilidad, que hasta ahora era solamente un “principio inspirador”, y la teleasistencia, contemplado por primera vez como un derecho fundamental para todas las personas dependientes que vivan en sus domicilios.

Asimismo, las obras para poner un ascensor en una comunidad de vecinos serán obligatorias. La ley habilita a los vecinos que solicitan la intervención a “acudir a la justicia para obligar a la realización de las obras en las condiciones previstas por la ley”. En España hay 100.000 personas encerradas en sus casas porque los bloques tienen problemas de accesibilidad, según ha calculado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Por último, se crea por primera vez un banco público para evitar que las personas que lo necesitan tengan que invertir en elementos que les ayuden a permanecer en su casa, como sillas de ruedas, camas o grúas.

El sistema de la dependencia está cada vez más presionado. Entre marzo y junio han entrado de media 10.000 nuevas solicitudes al mes, según los datos que ha ofrecido este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Son 10.000 personas más mensualmente que piden algún tipo de prestación porque necesitan apoyos en su día a día: cuidados a domicilio, una residencia, un centro de día o una prestación para ser atendidos en casa por un familiar. “El acumulado mensual es cada vez mayor que el anterior. Hay que tramitar muchos más expedientes”, ha advertido la secretaria de Estado, Rosa Martínez.

La consecuencia, ha admitido la número dos del Ministerio, es que “la bajada de la lista de espera se ralentiza y se alargan los tiempos de tramitación”. Si en marzo la reducción de la lista era del 9,4%; en junio ha caído al 2,4%. La espera para recibir una prestación también aumenta de 338 días a 342, de acuerdo con las cifras oficiales, más del doble que lo que permite la ley. Según la normativa, todos los trámites deberían quedar resueltos en 180 días.

El último análisis que la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales publicaron este lunes sobre la situación indica que, si se toman solo los datos de espera de enero a junio, el número de personas aguardando que se resuelva su solicitud aumenta por primera vez en diez años. El Ministerio ha preferido no valorar estos datos y ha asegurado que los que ofrecen son los “oficiales”. Hasta este año, el Gobierno no hacía su propio balance de cifras del sistema de la dependencia.

La diferencia en las cifras se explica por el siguiente detalle: el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy establece en 180 días el umbral para calcular la lista de espera. Es decir, no se incluyen en ella a todas las personas que solicitan una prestación, como hace la asociación, sino solo a aquellas que, en un plazo de seis meses, todavía no han podido acceder a ninguna ayuda. El proceso contempla la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia (del I al III), la asignación de una prestación y el acceso a ella. El Ministerio, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), además hace la comparación por años, y no meses, para poder analizar “tendencias”, ha explicado Martínez.

La presión sobre el sistema va a seguir aumentando en los próximos años. Ya hoy se ve este crecimiento: las prestaciones totales se han disparado un 54% solo en los últimos cinco años hasta los 2,2 millones de personas. Esto responde a una subida de la demanda pero también de la financiación gracias a un plan de choque que ha infundido 600 millones de euros extras cada año por parte del Ministerio de Derechos Sociales y que ha permitido reflotar parcialmente un sistema azotado por los recortes de la crisis de 2008.

El departamento se marcó al principio de la legislatura el objetivo de hacer crecer el presupuesto del Estado hasta el 50% de la financiación total (las otras dos partes las asumen las comunidades autónomas y los propios usuarios a través de un copago). Sin embargo, la falta de Presupuestos Generales del Estado está dificultando cumplirlo. Sí hay algún indicador positivo como el número de prestaciones por persona, que ha crecido de 1,27 a 1,42.

La situación por comunidades también es muy variable. Si en Castilla y León y en Aragón solo hay un 0,10% y un 0,35% de la población, respectivamente, en una lista de espera; en Canarias la proporción crece hasta el 6,97%.

Los datos del Imserso, además, se detienen en lo cualitativo. Es decir, en qué tipo de prestaciones se están concediendo. La teleasistencia es el servicio que más crece, con un 119% más de prestaciones que hace cinco años; el segundo es la ayuda a domicilio, con un 42,5% más. Aunque cuidar en el entorno más cercano al hogar o en el propio domicilio, un ambicioso cambio de modelo en el que pretende avanzar en el Ministerio con su Estrategia de Desinstitucionalización, todavía tiene muchas dificultades. La intensidad de la ayuda a domicilio es de 40 horas de media al mes, unas dos horas al día.

Un real decreto aprobado en 2023 aumentó las horas correspondientes por cada grado de dependencia hasta un máximo de 94 para las personas que necesitan más apoyos (grado III), pero solo los nuevos solicitantes tienen derecho a esta ampliación. Es decir, no se aplica de manera retroactiva, ha aclarado Martínez.

Las listas de espera para acceder al servicio estatal de dependencia crecen día a día. En nuestro país ya hay hasta 286.681 personas que esperan ser beneficiarias de esta prestación, según datos del Ministerio de Derechos Sociales. Castilla-La Mancha en este caso representa el 3% de esa cifra total, con 8.946 personas en lista de espera en junio de 2025, según detalla el presidente de la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Para ser beneficiario de la Ley de Dependencia en nuestro país se sigue el siguiente procedimiento: primero se presenta una solicitud en la comunidad autónoma que corresponde. Después el equipo técnico valora a la persona que vaya a ser beneficiaria en su domicilio o entorno habitual. Tras esa valoración inicial se fija el grado de dependencia que se le reconoce a la persona -Grado 1 o moderada, Grado 2 o severa, Grado 3 o gran dependencia- y por último se ponen a disposición del usuario los servicios y prestaciones que se haya acordado concederle.

Según el último Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el 47,5% son personas que estarían esperando la valoración, el 43,2% se trata de personas que esperan que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), para ver cuál es servicio que les corresponde; y por último, el 9,3% ya se les ha aprobado el PIA, pero están esperando a recibir la prestación o servicio.

Castilla-La Mancha dentro del plazo máximo de concesión por ley

Desde que se aprobase la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en España “se ha atendido a casi cuatro millones de personas, pero casi un millón ha fallecido esperando en una lista de espera”, según reivindican desde la Asociación estatal.

Además de las altas cifras en las listas de espera, el tiempo medio desde que comienza el procedimiento con los trámites para recibir una valoración hasta que se le concede a la persona beneficiaria la prestación es de casi un año, concretamente 342 días de media en España.

Las personas que se encuentran en limbo de espera en Castilla-La Mancha se han incrementado de manera muy preocupante, a pesar de estar por debajo de la media nacional

La normativa fija como plazo máximo 180 días -seis meses- para que la persona que ha comenzado los trámites sea beneficiaria o no de dicha ayuda. En comunidades autónomas como Andalucía, el plazo de concesión roza los 574 días.

“En Castilla-La Mancha el tiempo de espera para resolver el expediente es de 176 días, por lo que estaría dentro de lo que marca la ley. En los últimos seis meses de 2025 han llegado a rebajar en 10 días esa espera”. La comunidad autónoma es la tercera más rápida en tramitar el expediente.

Sin embargo, afea José Manuel Ramírez, en esta región, “las personas que se encuentran en limbo de espera se han incrementado de manera muy preocupante, a pesar de estar por debajo de la media nacional”, explica José Manuel Ramírez. De hecho, los datos del informe apuntan que Castilla-La Mancha es la segunda región, después de Canarias, donde más ha crecido el número de personas en el limbo de la dependencia en 2025, en un 40%.

La financiación del Estado también cojea

Sumado al tiempo de espera, la Ley de Dependencia tiene también un problema de financiación. Desde la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señalan que el porcentaje de financiación por parte del Estado es de un 28,6%, “frente al 50% que sería lo ideal. Cada comunidad autónoma tiene variaciones. En el caso de Castilla-La Mancha es del 30% por parte del Gobierno de España, dejando el 70% restante al Gobierno regional”, explica José Manuel Ramírez.

Durante los años 2021 a 2023 se estableció un Plan de Choque que supuso un incremento anual de 600 millones de euros que recibieron las Comunidades Autónomas, según se detalla en el informe de la Asociación estatal.

Sin embargo, recuerdan que en los Presupuestos Generales de 2024 no ha habido ningún incremento presupuestario destinado a la dependencia. “Reclamamos que si no es posible a través de los presupuestos porque no están aprobados, que sea a través de un Real Decreto o alguna medida extraordinaria para que se pueda seguir financiando atender a estas personas”, apunta Ramírez.