El informe de 2025 del Observatorio Estatal de la Dependencia suspendió a Cantabria con un 3.5, la cuarta región con peor valoración. El estudio nacional, que analizó la escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025, aprobó solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros. Cantabria quedó en los últimos puestos porque tenía “carencias estructurales derivadas de una financiación insuficiente” y de un modelo que se sostiene, “en demasiadas ocasiones”, sobre condiciones laborales “precarias”.

Según el Observatorio estatal, elaborado por Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esas carencias en el Sistema Cántabro de Salud “suponen demoras en la tramitación de expedientes, pérdida de plazas y un aumento de las listas de espera”, junto a “una alarmante precarización de las condiciones laborales” de los profesionales empleados en el sector de la dependencia, en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres. A esto hay que sumar ahora que este lunes el Observatorio ha alertado en un nuevo informe de que, junto a otras seis autonomías, Cantabria verá reducida este año su financiación en dependencia 1,8 millones de euros por su “mala gestión”.

Por eso, el PRC exigirá este martes al Gobierno de Cantabria, en el Pleno del Parlamento, que refuerce la financiación de forma progresiva del sistema de atención a la dependencia y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Y también que impulse mejoras asistenciales y laborales en un sector en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres: son cerca de 3.000 las encargadas de cubrir Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria, que son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento. 

Obregón ha advertido, en nota de prensa, que es un sector “altamente feminizado y que acumula una preocupante pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamiento desactualizadas y falta de derechos básicos, como horas médicas retribuidas”.

Insuficiencias en las plantillas

Para el PRC, la forma de ejecutar las licitaciones públicas en este sector provoca “insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y precarización laboral, además de repercutir negativamente en la calidad de la atención a las personas dependientes”.

Para resolverlo, el PRC propondrá incorporar cláusulas sociales y laborales en los pliegos de contratación, actualizar las compensaciones por desplazamiento e implantar mejoras retributivas, reforzar la estabilidad laboral, reducir la temporalidad y mejorar la prevención de riesgos laborales, así como intensificar los mecanismos de inspección y control para garantizar el cumplimiento de ratios, sustituciones y tiempos de atención.

El Gobierno de Cantabria tomó recientemente dos medidas en términos de cuidados: anunció la creación del marco estratégico para el cuidado de las personas en Cantabria (MeSCan) y, además, elevó el área de Cuidados de subdirección a Dirección. Pero la falta de definición del MeSCan, anunciado como “un hito de la legislatura” por el consejero de Salud, César Pascual, da lugar a dudas, cuanto la legislatura está por concluir.

El Gobierno de Canarias acusa ahora al Gobierno estatal de recortar financiación en dependencia. Tanto en el Parlamento de Canarias como a través de un comunicado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, incide en que un nuevo sistema de reparto estatal de financiación de la dependencia supondrá para el Archipiélago una pérdida de 12,4 millones de euros y todo ello, según el Ejecutivo regional, pese a “haber reducido de forma significativa los tiempos de espera, el denominado limbo de la dependencia y las listas de espera del sistema”.

Según los datos del IMSERSO del pasado mes de abril, Canarias aún tiene un limbo de 15.000 personas que deberían estar percibiendo la prestación porque tienen derecho, pero no la reciben.

En una respuesta por escrito a la senadora Marta Arocha, que fue directora general de Dependencia del Gobierno de Canaria, el Ministerio de Derechos Sociales ha señalado que “no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal”.

La consejera de Bienestar Social canaria incidió en la incorporación de un nuevo “factor de corrección del 10%” en el reparto del denominado nivel acordado, un criterio que asegura que perjudica especialmente a Canarias ya que denuncia que sufrirá una reducción del 32,3% respecto a la financiación que le correspondería percibir por la evolución de sus datos, convirtiéndose, según sostiene el Ejecutivo regional, en “la comunidad autónoma más perjudicada de España”. “Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo. Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”, insistió Delgado, que anunció que estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto.

Según le han explicado el ministerio, “respecto al denominado ”factor de corrección“, es preciso señalar que no constituye en ningún caso una medida aprobada ni incorporada al modelo vigente. Se trata de un elemento técnico planteado en el seno de los grupos de trabajo con comunidades autónomas con el objetivo de explorar mecanismos que permitan moderar las oscilaciones interanuales en un contexto de estabilidad del crédito global. Su consideración responde, por tanto, a un escenario de simulación y análisis, sin que exista decisión alguna adoptada por los órganos competentes para su aplicación efectiva”.

Asimismo, añade que “como podrán confirmar los técnicos del Gobierno de Canarias que asistieron a la reunión correspondiente, los escenarios trabajados con datos actualizados a 31 de diciembre de 2025 muestran que Canarias experimenta incrementos en su financiación en términos absolutos en todos los supuestos considerados. En consecuencia, no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal en el nivel acordado”, agrega.

Si se atiende a los últimos datos publicados por el IMSERSO, se aprecia que Canarias percibía en el año 2019, el Estado destinaba a a Canarias 30.724.689,04 euros para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, una cuantía que ha ascendido en 2025 hasta los 101.802.600,06 euros. Es decir, la financiación se ha triplicado desde entonces.

“Debe recordarse que el modelo de reparto incorpora adicionales de carácter estructural, entre ellos los vinculados a la insularidad y la dispersión territorial, que operan en favor de comunidades como Canarias y contribuyen a adecuar la asignación de recursos a sus especificidades”, aclara el ministerio en su contestación por escirto a Marta Arocha, que insiste en que “desde un análisis técnico del conjunto del sistema de financiación, no puede sostenerse la existencia de una reducción del gasto estatal ni de una penalización específica a Canarias”.

“Desde una perspectiva agregada, no se ha producido una disminución del esfuerzo financiero del Estado en Canarias. Al contrario, se observa una trayectoria creciente en el nivel mínimo de protección, que constituye el principal componente de financiación estatal vinculado directamente a las personas atendidas. En términos cuantitativos, dicho nivel ha evolucionado desde aproximadamente 58 millones de euros en 2023 a 62 millones en 2024, alcanzando en el entorno de 75 millones en 2025. Esta evolución evidencia que el Estado está acompañando el desarrollo del sistema en la comunidad autónoma, con una aportación total (incluyendo acordado) del gobierno central de 102 millones de euros en 2025. En contraste, en 2019 Canarias apenas recibía 29 millones de euros: es decir, casi cuatro veces menos que en 2025. Cabe recordar también la supresión completa del nivel acordado por anteriores gobiernos del Partido Popular, así como las cotizaciones de personas cuidadoras, recortes que este gobierno ha revertido”, insiste la respuesta del ministerio.

También aclaran que “el denominado nivel acordado debe analizarse en el marco de su propia naturaleza. Se trata de un fondo de distribución condicionada, sometido a un reparto territorial en función de indicadores comparativos y dentro de un volumen global limitado, especialmente en un contexto de prórroga presupuestaria. En este sentido, las variaciones interanuales en el nivel acordado no pueden interpretarse en términos absolutos como pérdidas o recortes, sino como ajustes relativos derivados de la evolución diferencial de los indicadores entre comunidades autónomas. Así, las cuantías asignadas a Canarias (29 millones en 2023, 25 millones en 2024 y en torno a 26 millones en 2025) responden a estos criterios de reparto, sin que ello implique una contracción del conjunto de recursos estatales recibidos”.

La senadora Marta Arocha explica sobre la tabla publicado por el IMSERSO que sobre la tabla que hace referencia al “nivel mínimo” es una cantidad que se paga por cada persona dependiente y que en 2023 es, según incide, el año en que más se pagó de nivel mínimo porque en 2022 durante el Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE) y Noemí Santana como consejera de Derechos Sociales el año en el que más se aumentó tanto el número de persponas atendidas, se redujo la lista... Y el nivel acordado explica que se negocia todos los años y es una cantidad que se va ampliando y que el nivel adicional lo “elininó el PP en 2012” por eso “en el cuadro está en cero”.

El nivel adicional aclara que se negocia todos los años y que según los estudios del ministerio “ningún escenario va a empeorar la financiación de Canarias”.

Arocha cree que para resolver la dependencia hay que crear servicios, en este momento hay un “déficit de servicios que está impidiendo que la gente pueda acceder y por eso hay 15.000 personas con prestación recconocida y sin recibir nada”. ¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar“, insiste.

Precisamente, este lunes la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que hay ocho comunidades que pierden financiación estatal en dependencia y entre ellas no está Canarias. Asimismo, las Comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son: País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632 euros) y Navarra (2.578 euros), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.490 euros), Canarias (1.492 euros) y Murcia (1.751 euros).

No obstante, de los datos presentados este lunes por la asociación también se refleja que el Estado cubre el 25,2% de la financiación del sistema de dependencia mientras que la comunidad autónoma de Canarias cubre el otro 74,8% con más de 300 millones de euros.

Juan José Martínez, de 84 años, espera desde el 26 de junio de 2025 a que se reconozca el Grado III de dependencia por la Junta de Andalucía. Aquel día recibió la visita de los evaluadores de la Consejería de Inclusión Social, pero no hay respuesta por parte de la administración mientras que su estado de salud se debilita. En los últimos cinco meses ha estado ingresado en el hospital hasta en cuatro ocasiones. Pese a las leves mejoras, el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía sigue a la cola del sistema en 2025: el tiempo medio de espera es de 496 días, en vez de los 180 días establecidos por ley, mientras que 6.995 personas fallecieron sin que les llegara una resolución de grado y 40.092 personas en lista de espera.

María, de 61 años, es la persona cuidadora de referencia de sus padres, Juan José y Adelaida del Pino, de 84 y 85 años, quienes tienen reconocido un Grado II en dependencia desde el año 2022, lo que significa que tienen asignados dos cuidadores con 40 horas mensuales, es decir, una hora por la mañana y una hora por la tarde de lunes a viernes por lo que se le cobra a él una media de 100 euros al mes. El resto del tiempo es la hija quien está al tanto de los progenitores, cuyo desgaste ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses, sobre todo el de su padre.

Al entrar en la cafetería, María saluda a unos y otros. Solía bajar cada mañana con su padre antes de que empeorara y, también, antes de que le cambiaran el perfil de trabajador que acudía a su casa, ya que necesita la fuerza de un cuidador para manejar sin riesgos al hombre que mide 1,90. Acude a la entrevista antes de que llegue la cuidadora de su madre a las doce del mediodía. Si no está, no habrá quien abra la puerta debido a la escasa movilidad que tienen los dos ancianos. Abre un archivero con decenas de fundas de plástico llenas de documentos, listas de medicamentos y facturas que va consultando mientras las muñequeras aprietan sus articulaciones en ambas manos, desgastadas después de varios años manipulándolos tanto para lavarlos, trasladarlos o levantarlos cuando se caen al piso.

Horarios y altos costes de las residencias

Al lado del folleto de simplificación administrativa que reparte la Junta de Andalucía está la solicitud que realizó el pasado año para que su padre accediera al Grado III en dependencia: adjuntó la solicitud, las copias del DNI y nuevos diagnósticos sobre su estado de salud en el ambulatorio. “Esto qué persona mayor te lo hace”, dice con los documentos apilados. Necesita más ayuda y la última vez que acudió al hospital fue la trabajadora social del propio servicio sanitario quien le dio un listado, apenas legible, de las residencias cofinanciadas por la Junta.

Hay dos trabas: por una parte, su padre tiene que aprobar este traslado dado que está lúcido y, por otra, el proceso para iniciar los cambios del Programa Individual de Atención (PIA) se demoraría meses. “Cuando se fracturó la cadera en 2024 lo consideré, pero no es algo que se haga sobre la marcha y, una vez recuperado, tienes que pasar otro proceso para que lo devuelvan a casa... No pude más que hacerme cargo”, la alternativa era pagar por adelantado y luego solicitar una subvención para la cofinanciación. Las residencias más baratas que ha consultado rondan los 1.500 euros, una cantidad que no tiene y a lo que habría que añadir su situación como parada de larga duración.

El batalleo comienza pronto en casa de los Martínez. María se levanta antes para que a las ocho y media de la mañana esté preparado el desayuno, dadas las pastillas y medida la tensión, que últimamente se le dispara a Juan José. A las 9.15 horas llega la cuidadora de su padre, que la ayuda a quitarle el pijama, asearlo y vestirlo. La hora que está con la familia se dedica exclusivamente a la higiene. No hay tiempo para más. A las 10.15 horas se marcha y aprovecha el tiempo para poner lavadoras y limpiar. A las 12.15 horas, la segunda cuidadora se dedica a Adelaida. Otra hora de cuidado personal y el mediodía ya está aquí. Hasta las 19.45 horas no vendrá la persona encargada de su padre, que apoyará a María en el lavado y puesta a punto del pijama. Todo ello, sin contar con la rigidez o contratiempos que provoque el Parkinson: “El resto del tiempo, como los fines de semana, estamos expuestos a caernos los dos si lo tengo que mover porque le duela el cuerpo de estar tanto tiempo quieto o le tengo que cambiar el pañal”.

“El sistema no es malo, pero lo malo son los tiempos y la escasez de recursos. Yo soy la que ha pagado de su bolsillo un fisioterapeuta para mis padres, yo soy la que está pendiente de ellos día sí y día también... Estamos resignados”. Entre enero y abril, su padre ha estado hospitalizado hasta en cuatro ocasiones. “Él lo que me dice es que no tengo en quién delegar... He tenido que renunciar a mi vida”, explica. María solo tiene una hermana, con la que no puede contar. Al vivir cerca de sus padres, va y viene prácticamente todos los días después de que la pandemia de 2020 supusiera un punto de inflexión y contemplara que la pareja era incapaz de pervivir por sí sola.

“No están suficientemente formados”

“Desde la Junta, me dieron la posibilidad de que vinieran los dos cuidadores a la misma hora, pero eso significaría que pierdo todo el tiempo a que si vinieran por separado”, detalla Martínez. “Mis padres me tienen a mí para cubrir el resto de horas, si hay que cambiarles los pañales o darles de comer y que no se asfixien, pero, imagínate los que están solos”, resume. Una vez tuvo que salir y dejó solo a uno de los trabajadores del servicio de dependencia. Al volver, encontró a su padre semidesnudo, desorientado, con las sábanas y el pijama en el que había excrementos tirados en el suelo frente de la pareja de ancianos. Las imágenes quedaron grabadas y se remitieron a la coordinadora del dispositivo. “No están suficientemente formados”, critica.

Las personas más cercanas a María le recomiendan que delegue, pero le es imposible quedarse de brazos cruzados. Es la persona que los acompaña al hospital, quien arregla los trámites en el ayuntamiento y pide que desglosen cada una de las facturas, la que habla con el servicio de ayuda a domicilio para que se cumpla con el programa establecido. A todo ello, habría que añadir el cuidado de la salud mental de sus progenitores, sobre todo de su padre, que aún es consciente de todo lo que pasa a su alrededor y sufre por las consecuencias de la enfermedad degenerativa. “Sí, claro que tengo el síndrome del cuidador, pero si haces mal tu trabajo, es él quien paga las secuelas”, advierte. Su oído rastrea la respiración y los tosidos de su padre durante el día, en alerta por si necesita auxilio. Reconoce que no es indispensable, solo necesita el compromiso de quienes acuden a su casa y que la rotación o sustitución de los trabajadores no sea tan frecuente para que aprendan la rutina de los cuidados que requieren los mayores.

“Tengo que ser fuerte por muchas razones. Detrás de mí hay mucha gente, porque no es solo mi padre ni mi madre, es que hay gente peor que está esperando en una cama a que alguien venga. Hay 7.000 personas que se mueren, ¿sabes lo que te digo?”, zanja. María cree que esto irá a más: “Paséate por la mañana por los supermercados, por los parques... Solo hay personas mayores. La longevidad es muy alta y el sistema se ha quedado muy chico”.

La dependencia, en la rueda electoral

La dependencia ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos en campaña. Todos están de acuerdo en que las listas de espera hay que rebajarlas y en los debates electorales tanto Por Andalucía, de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han prometido a promulgar una ley en la que se obligue a cumplir con los 180 días de espera y que, de incumplir tales plazos, se indemnice a los usuarios y a sus familias.

Acerca de la gestión de Loles López, consejera de Inclusión Social, el Observatorio establece que ha disminuido la lista de espera en 10.756 personas y el tiempo de tramitación en 106 días en comparación con el año anterior. Unas cifras de las que se enorgullece la administración que, en sendos comunicados, ha trasladado en los últimos meses que ha habido un récord histórico de personas beneficiarias. Por contra, el Gobierno andaluz sigue afirmando que aporta más que el Estado para la financiación del sistema de dependencia, una cuestión para la que pide estar a la altura del País Vasco, a pesar de que los informes tanto del Imserso como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores desmienten. Andalucía es de las comunidades más cofinanciadas por el Gobierno central, recibiendo un 34,90%, y se puntualiza que el presupuesto autonómico dedicado a la partida apenas ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue siendo el más bajo de toda España: 7.173 euros.

En marzo de 2024, el Gobierno andaluz implantó un nuevo modelo de gestión mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una vez. El cambio buscaba la agilización de los trámites y un año después las huelgas, protestas y críticas al sistema se agolpan, con cese mediante en julio del año pasado del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, a quien sustituyó el viceconsejero José Repiso. La última manifestación frente al Palacio de San Telmo fue en el inicio de la campaña andaluza cuando la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO pidieron una respuesta “urgente”. La dependencia arrastra los males históricos de una infraestructura infrafinanciada. Cuestiones que se escapan al día a día de María, como tantas otras personas: “Le dije a mi tío que le ayudaría a tramitar su ayuda, pero murió hace un mes”.

La ayuda a la dependencia sigue estancada en Canarias en 15.336 personas que no la reciben pese a tener derecho. Se trata del llamado limbo de la dependencia, personas que han presentado la solicitud, han sido reconocidas pero siguen esperando. Según los últimos datos del IMSERSO publicados en el mes de abril, de estas personas 555 llevan más de seis meses esperando

Asimismo, los datos correspondientes al mes de abril, reflejan que 14.386 se encuentran sin prestación efectiva por “motivos no imputables a la administración”. La mayoría de las prestaciones que se conceden suelen ser prestaciones vinculadas al servicio, para lo cual las familias o las personas dependientes deben contratar una empresa, de las cuales no hay suficientes en las Islas.

La propia Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó durante la firma del convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura la necesidad de corregir una de las “debilidades” del sistema de dependencia en las Islas, señalando que muchos beneficiarios con prestación reconocida no podían hacerla efectiva por falta de empresas que prestaran el servicio.

“¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar”, explica la senadora Marta Arocha, que también fue directora de Dependencia del Gobierno de Canarias. “Y porque las empresas que prestan servicios a través de la prestación vinculada al servicio ahora mismo están desbordadas”, añade.

“Hay listas de espera para las empresas privadas y en los centros residenciales privados, si te dan 800 euros, no puedes pagar los 2.500 o 3.000 que cuestan. Por lo tanto, si no se crean plazas públicas de centros de día, de centros sociosanitarios, van a seguir dando PIAS, pero que serán siempre no efectivos”, añade.

La consejera de Bienestar Social, por su parte, insistió hace unos días en el Parlamento en que la lista de espera se ha reducido en el primer trimestre del año en 1.911 personas y el limbo de la dependencia ha descendido un 5,1%. “Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, defendió entonces.

“Un sistema low cost”

Arocha considera que Canarias se está convirtiendo en un sistema low cost, ya que una de las prestaciones que más está creciendo es la de la teleasistencia; “y las teleasistencias nunca pueden ser, según la ley, una prestación principal, es siempre complementaria de otra”.

De hecho, si se atiende a los datos del mes de abril del IMSERSO se aprecia por tipo de prestaciones que, en las Islas hay 11.082 personas con la prestación de teleasistencia.

El mayor volumen son las prestaciones vinculadas al servicio (33.605) para las cuales las personas deben elegir entre diversas empresas. Le siguen las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar; 31.452; la atención residencial, con 5.903; los centros de día y noche; 5.576, la prevención y promoción de la autonomía personal; 2.191 y por último con 1.379 la ayuda a domicilio.

En las Islas aún pasan 354 días desde que se solicita la ayuda hasta que se concede. Si bien es cierto que este dato se ha ido reduciendo y de ello ha presumido el Gobierno de Canarias, el hecho de agilizar las resoluciones e incorporar a más personas al sistema no ha conseguido paliar el hecho de que haya más de 15.000 personas sin su prestación efectiva.

El PSOE Santander ha registrado una batería de preguntas en el Ayuntamiento para denunciar la “ineficiente gestión” del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una prestación municipal destinada a ofrecer apoyo personal, doméstico y social a personas o familias en situación de dependencia o con dificultades para desarrollar tareas cotidianas.

En este sentido, los socialistas reclaman conocer cuántas personas solicitantes del servicio permanecen pendientes de valoración, así como el número de usuarios que, pese a haber sido ya evaluados por los profesionales municipales, continúan esperando el inicio de la prestación.

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha señalado en un comunicado que la lista de espera para acceder a la Ayuda de Servicio a Domicilio es actualmente de “un año y medio”.

“Esperar 18 meses convierte en inservible la valoración realizada previamente por las trabajadoras sociales. Después de un año y medio, lo más probable es que las necesidades de atención de la persona hayan cambiado, e incluso empeorado, por lo que esa valoración puede quedar desactualizada o invalidada”, ha argumentado.

A finales de 2024, el Ayuntamiento de Santander anunció la licitación del contrato para la prestación del SAD, con una inversión de 9 millones de euros y una duración de dos años. Posteriormente, en octubre de 2025, el contrato fue adjudicado a la empresa Servisar, según han recordado los socialistas.

Daniel Fernández ha criticado que “el PP presentó esta inversión como una gran apuesta para reforzar la atención a las personas más vulnerables, pero la realidad es muy distinta”. En esta línea, ha denunciado que, pese al incremento del gasto y a la adjudicación de un nuevo contrato millonario, las listas de espera “no solo no se han reducido, sino que continúan creciendo, dejando a numerosos vecinos y vecinas sin una atención esencial durante meses”.

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Cantabria ha organizado cuatro asambleas abiertas a la ciudadanía dentro de la campaña estatal 'La dependencia es tu derecho, no puede esperar, exígelo', con el objetivo de informar, debatir y reclamar un mayor compromiso político y social con el sistema de atención a la dependencia.

Las asambleas se celebrarán este mes, el día 14 en la sede de CCOO en Torrelavega, el 15 en Santander, el 18 en Laredo y el 19 en Reinosa. Todas comenzarán a las 17.00 horas y tendrán entrada libre y abierta para toda la ciudadanía hasta completar aforo.

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO en Cantabria, José Antonio Sánchez Gimeno, ha explicado este martes en un comunicado que estas asambleas “buscan acercar a la población una realidad que afecta cada vez a más personas y que necesita respuestas urgentes tanto desde las administraciones como desde el conjunto de la sociedad”.

Sánchez ha subrayado que “la dependencia es un derecho y no puede seguir esperando mientras miles de personas continúan en listas de espera o sin recibir las prestaciones y servicios que les corresponden”.

La Federación de Pensionistas de CCOO ha indicado que en Cantabria más de 14.700 personas reciben actualmente prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aunque todavía más de 1.300 permanecen pendientes de recibir una prestación o servicio, según los últimos datos disponibles.

Durante las asambleas se abordarán las principales modificaciones planteadas en la reforma de la Ley de Dependencia, actualmente en tramitación, y que incluyen medidas como la eliminación de periodos de espera para acceder a ayudas, la compatibilidad de prestaciones con el empleo, el reconocimiento automático de grados de discapacidad o la ampliación de los perfiles de cuidadores reconocidos.

“Es fundamental que conozcamos nuestros derechos y las mejoras que son necesarias para garantizar unos cuidados dignos y una atención de calidad”, ha señalado Sánchez Gimeno, que también ha incidido en que “Cantabria afronta un importante reto demográfico y social con una población cada vez más envejecida”.

Desde CCOO se ha animado a pensionistas, personas cuidadoras, familiares, profesionales del sector y ciudadanía en general a participar en estas asambleas para compartir inquietudes, resolver dudas y reforzar la defensa de un sistema público de dependencia “más ágil, más justo y que cuente con financiación suficiente”.

Este año se van a cumplir 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Desde mi punto de vista, es la ley de protección social más importante de este siglo.

Hace dos décadas ya se veía que el número de personas en situación de dependencia se estaba incrementando como consecuencia del aumento del envejecimiento de la población. Este fenómeno demográfico no es una excepción en Castilla-La Mancha ni en España, porque afecta a la mayoría del mundo occidental. Aumenta el envejecimiento porque afortunadamente crece la esperanza de vida.

Hace un siglo se vivía de media unos 44 años y hoy la vida se ha alargado hasta los 84 años. Sin duda esto es un logro social, porque si se viven más años es porque se vive mejor. Sin embargo, las condiciones de vida y la propia medicina también han conseguido que la esperanza de vida en situación de dependencia y los años con mala salud también se estén alargando. Esto es un reto que plantea la necesidad cuidados y un incremento de recursos sociosanitarios.

Esta tendencia al envejecimiento va a continuar creciendo en los próximos años y de manera especial cuando la generación del ‘baby-boom’ llegue a los 85 años, esa edad en la que aparecen de manera más generalizada las situaciones de dependencia. Según las cifras del INE, hace 20 años había en Castilla-La Mancha 39.995 personas con 85 y más años, actualmente la cifra se ha incrementado en un 81,5%, llegando a principios de 2025 a las 72.618 personas y, según las proyecciones demográficas, este segmento de población actual se podría duplicar en los próximos 25 años.

Junto al incremento de la longevidad, se está produciendo una inversión de la pirámide de la población, originada también por la reducción de la natalidad que está planteando ya un problema de falta de personas que se dedican a los cuidados, aunque el problema tiene otros interrogantes y puede tomar una dimensión preocupante en las próximas décadas.

Deberíamos prestar mucha atención a estos datos demográficos, porque si hoy los servicios de atención a la dependencia y los servicios sanitarios están dedicando una parte importante de sus recursos a atender a estas personas, la tendencia es que en el futuro próximo la situación pueda desbordar la capacidad de estos sistemas si no hacemos actuaciones importantes para abordar esta situación.

Sin embargo, los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad, con el cambio en los roles sociales tradicionales en los que las mujeres se han encargado en solitario de asumir la mayor parte de la carga de los cuidados. Lo siguen haciendo todavía y ahora realizando con mucho esfuerzo la difícil conciliación con la vida laboral. Todo ello, ha producido también un debilitamiento de lo que se denominan los apoyos informales que, no obstante, seguirán siendo necesarios si realmente queremos afrontar las situaciones de soledad no deseada y el importante papel del acompañamiento emocional en los cuidados.

Los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad

Con la Ley de Dependencia, por cierto, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se produce un gran cambio no solo en términos jurídicos y de protección social, sino que lo que se plantea es que la atención a las personas en situación de dependencia no es solo un problema que tienen que afrontar las propias familias, sino que mediante la generación de un derecho subjetivo (que pertenece a la persona y se puede reclamar), es una contingencia que obliga a los poderes públicos a garantizar su atención.

Durante este periodo de desarrollo de este sistema de protección a las personas en situación de dependencia podríamos hablar de luces y sombras. Se ha producido un incremento de personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia (en Castilla-La Mancha se ha duplicado en número de personas en los últimos diez años, pasando de 36.796 en 2015 a 82.425 personas beneficiarias en 2025, con datos de diciembre).

Después de los recortes sociales realizados para afrontar equivocadamente la crisis económica de 2008, donde gravemente se redujo su financiación y el número de personas atendidas en el periodo 2011-2015, se ha incrementado la financiación y las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas, la ausencia de presupuestos generales del Estado y, sobre todo, la falta de un sistema de financiación, suficiente, estable y sostenible, siguen siendo las principales debilidades de este sistema de protección.

También necesita el sistema de protección mayor agilidad, menos burocracia y reducir los tiempos de espera que, junto con las dificultades para acceder a algunos centros y servicios, son las principales quejas que se vienen planteando por parte de la ciudadanía.

Es necesario mejorar la calidad y diversificar la oferta de prestaciones y servicios para adecuarla a las preferencias de las personas, ofrecer servicios domiciliarios y de proximidad para evitar el desarraigo y propiciar la importancia que tiene el entorno en los cuidados, así como garantizar una atención residencial adecuada cuando las situaciones de dependencia son muy complejas o se carece del soporte familiar y social necesario.

Aquí siempre hay que tener en cuenta las características de las personas y las propias realidades geográficas de cada territorio. En este sentido, en Castilla-La Mancha con una población rural muy dispersa, los servicios que atienden a las personas en situación de dependencia también se pueden considerar como motor de la actividad económica y generador de empleo en las zonas en riesgo de despoblación. Hay ya muchos municipios de pequeño y mediano tamaño donde la principal actividad en generación de empleo son los servicios sociales.

Puede parecer en cierto modo paradójico que la innovación y el mundo rural se puedan retroalimentar, pero el desarrollo tecnológico, la digitalización y la propia Inteligencia Artificial está siendo y lo podrán ser en mayor medida en el futuro, un recurso importante para favorecer la autonomía de las personas y permitirles la permanencia en su propio entorno. La accesibilidad, la domótica, los productos de apoyo, la robótica, la teleasistencia avanzada y la telemedicina, junto con los servicios domiciliarios y de proximidad, pueden ser una buena combinación para hacer frente a una parte importante de los retos que tenemos planteados en esta materia.

También es y será necesario apoyar a las familias cuidadoras que, en muchos casos, a pesar de las ayudas del sistema de la dependencia, son las que siguen soportando la mayor parte de la carga y la responsabilidad de los cuidados. Su aportación es muy importante en términos de acompañamiento afectivo y emocional, pero es indudable que necesitan apoyos, no solo económicos, también de formación, orientación y servicios de respiro.

A diferencia de otros problemas, pasar por una situación de dependencia le puede ocurrir a cualquier persona, independientemente de su edad, su posición social y su estado de salud, aunque los cuidados que se requieren desbordan la capacidad de cualquier familia. Y el problema no es solo de falta de centros y servicios, es también un problema de falta de profesionales.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular (un tema que merece un tratamiento especial), pero que requiere una respuesta eficaz si pretendemos evitar una situación de colapso. Será necesario promover y flexibilizar su formación y ligarla también a la práctica laboral, como está pretendiendo la nueva legislación en esta materia; pero es necesario incrementar significativamente sus retribuciones, sus condiciones laborales y su reconocimiento social.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular

El problema sobre el que pongo el foco tiene cierta complejidad, pero se puede complicar aún más si entra en el espacio de la disputa política y abandona el consenso que se consiguió para la aprobación de la Ley de Dependencia.

Estamos ante un problema que preocupa a todas las personas porque todas han vivido, están viviendo o vivirán muy de cerca situaciones de dependencia. Es uno de esos ámbitos, igual que sucede con la Sanidad, en los que poca gente se negaría a pagar más impuestos si van destinados a una mejora de las prestaciones. Sin embargo, no veo a la clase política con disposición para afrontar los consensos necesarios para abordar no solo las reformas legislativas que son necesarias, sino para generar el aumento de presupuestos y recursos públicos que son imprescindibles.

Tenemos un serio problema si este tipo de temas no se abordan con altura de miras y pensando en la mayoría de las personas. Se requiere un incremento significativo de la financiación de la atención a la dependencia y es necesario que este tema forme parte de la agenda política y que se visibilice la situación para acordar soluciones.

¿Quién nos va a cuidar?, pero también: ¿dónde y cómo?; es uno de los temas que le preocupan a la gente y convendría que la buena política se dedicara a estos problemas y que en las estrategias de comunicación se hablara más de lo que afecta a la ciudadanía y tal vez no tanto de las disputas, las escaramuzas y el politiqueo con asuntos que poco sirven para mejorar la vida de las personas.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

Zaira Rivero es una de las cerca de 3.000 trabajadoras encargadas de cubrir los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria. Aunque según datos de febrero de 2026, al menos 1.308 personas tenían derecho al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, se estima que la cifra asciende a más de 4.000, ya que los SAD son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento.  

Esta amalgama de siglas, SAD y SAAD, comprende un amplio conjunto de atenciones de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria que Servicios Sociales ofrece a las personas con algún grado de dependencia reconocido, en sus propias casas. Desde levantarse, lavarse, vestirse o comer hasta acompañamiento y apoyo psicosocial para fomentar hábitos saludables. Curiosamente también abarca tareas domésticas como limpieza, compra, cocina y cuidado de la ropa. Eso sí, estas tareas deben ser desempeñadas por personal cualificado.

Zaira Rivero estudió el ciclo formativo de grado medio de ‘Atención a personas en situación de dependencia’ y tiene compañeras con el título de Técnico Sociosanitario o incluso el grado en Enfermería: “Todas tenemos que tener titulación”, recalca.

Una de las reivindicaciones de este colectivo, que lleva alzando la voz con fuerza desde noviembre de 2025, es el reconocimiento como servicio público esencial. A su vez reclaman que se les garantice una formación continua, ya que, como recuerdan, “sostienen la vida de miles de personas dependientes”.

Un día 'cualquiera' en el SAD

Zaira resume cómo es un día de trabajo para ella en Torrelavega, en los tres barrios que tiene asignados: Ganzo, Duález y Torres, aunque, “siempre te puede tocar una sustitución en otra zona”, advierte. “Yo tengo una jornada parcial de 36 horas semanales, trabajo solo de mañana, y cada día tengo que atender a seis personas. Las primeras horas suelen ser aseos, luego empiezan los paseos y acompañamientos y las últimas son de labores y limpieza del hogar”.

Esta trabajadora cuenta que llega al domicilio de Blanqui, de 82 años, la primera persona a la que atiende, a las ocho de la mañana. Tiene 50 minutos para asearla, porque los 10 minutos restantes de la hora que le correspondería a esa primera usuaria los tiene que emplear en el desplazamiento al siguiente domicilio, donde le espera Mari, de 91 años.

En principio debería de salir de ese domicilio a las 9.00 horas, pero la primera persona reside en Ganzo y la segunda en Duález. En el mejor de los casos, Zaira explica que ese desplazamiento le lleva mínimo seis o siete minutos en coche. “Tengo que atravesar la bajada del hospital de Sierrallana, donde muchas veces hay atasco, por lo que siempre te retrasas más”, argumenta. “Otras compañeras, por ejemplo, trabajan en el centro y se tienen que desplazar por lugares en los que es imposible moverse en coche y andando te lleva más de 10 minutos”, explica.

Algo que agradece, aunque, al mismo tiempo considera que no debería de ser así, es que en muchas ocasiones cuentan con la colaboración de los familiares de las personas a las que atienden y les facilitan las cosas lo máximo posible. “A veces nos esperan con el baño preparado, por echarnos una mano lo tienen todo listo para cuando lleguemos porque conocen las condiciones en las que trabajamos”, afirma.

Otro factor a tener en cuenta en su trabajo es el estado de la persona a la que deben atender. Zaira explica que, si la persona está encamada, el cumplir con las exigencias temporales se complica enormemente. “Se viene necesitando hora y media e incluso más, a veces sería imprescindible la ayuda de otra compañera. Se te complica mucho, porque lavar a una persona con dificultades de movilidad a la vez que le sujetas para que no se te mueva y no se caiga es muy complicado, son posturas muy malas y son esfuerzos físicos muy grandes”, detalla.

A otra de las personas a las que visita a diario, Marimar, de 76 años, solo tiene que “ponerle la medicación en su sitio”, colocarle el pastillero para que ella pueda tomar lo que le corresponde correctamente, según dice. “Luego tengo otra persona que requiere aseo y a continuación un acompañamiento, que consiste en hacerle las compras, los recados o cualquier otra cosa que pueda necesitar”. Cuenta que ese mismo 'servicio', esa cuarta persona, tiene además dos días a la semana de labores del hogar, es decir, limpieza.

“El quinto servicio es también de labores del hogar y el sexto son dos horas seguidas también de limpieza”, concluye, en un repaso casi telegráfico de su intensa jornada laboral. El último domicilio cambia cada día pero todas las semanas se repite, es decir, cada día de la semana visita una casa diferente. Son las 15.00 horas y Zaira ha finalizado su jornada laboral.

Doble maltrato: administraciones y adjudicatarias

El sueldo de muchas de las trabajadoras de este colectivo no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional. No es de extrañar que desde sindicatos como USO denuncien “la invisibilización y el maltrato ejercido tanto por las administraciones públicas como por las empresas adjudicatarias”. Y es que la asignación de turnos corresponde a la empresa adjudicataria junto a las trabajadoras sociales. “Ellas son las que tienen que dar el beneplácito de si a un domicilio va una compañera o van dos”, pone como ejemplo Zaira.

De otro lado, en los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del servicio de ayuda al domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS )se dice que los desplazamientos entre domicilios deberían correr a cargo de las empresas, pero la realidad es otra bien distinta. La empresa adjudicataria lo que hace es repercutir ese tiempo en el de sus trabajadoras, ya que no se contempla un tiempo extra para ello ni se suma a su jornada laboral.

Otro de los abusos que están denunciando desde este colectivo laboral, que ha comenzado a movilizarse en Cantabria, está relacionado con la contrapartida que se hace por el kilometraje de sus vehículos particulares. “Estamos cobrando a 0,20 céntimos el kilómetro. Yo suelo gastar unos 60 euros al mes en gasolina, antes de la subida de precios de las últimas semanas, claro, y me pagaban solo 20 euros”, asegura Zaira Rivera.

Sanivida, Senior Servicios Integrales y Servisar son las empresas que actualmente ostentan las adjudicaciones de los cuatro servicios unidos en esta protesta (el SAP de Torrelavega, la Ley de Dependencia de Torrelavega y de la Mancomunidad de Cayón y el SAP de Santander). “Yo empecé con una empresa que se llamaba Azvase y a los dos años cambiamos a Sanivida. Al final están cortadas todas por el mismo patrón y lo que buscan es sacar el máximo beneficio”, lamenta Zaira, que es secretaria y delegada del comité de empresa de Sanivida.

“Si paramos también lo sufrirían los usuarios”

Además de concentraciones frente al Parlamento de Cantabria, como la celebrada el pasado 30 de marzo, actualmente están recogiendo firmas para exigir un convenio colectivo a nivel autonómico. “Llevaremos las firmas al Parlamento, solicitando ese convenio colectivo, y hablaremos con quien haga falta”, afirma.

Al preguntarle por si se han planteado la posibilidad de hacer paros, Zaira Rivera expresa una preocupación poco habitual en otros colectivos. Al tratarse de plantillas formadas mayoritariamente por mujeres, dice que “hay muchas familias que dependen de su salario, por lo que hacer parones supondría reducir sueldos ya de por sí muy precarios”.

Además, pone el foco en las personas a las que prestan asistencia. “También entre los usuarios y sus familias hay gente muy vulnerable que lo sufriría y no quisiéramos tener que llegar a ello”, concluye con una empatía inspiradora pese a la sobrecarga física y emocional que arrastran ellas mismas. De ahí surge también el llamamiento que el conjunto de trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Cantabria hace a la sociedad: “Respeto, reconocimiento y dignidad”. Sin ellas, recuerdan, “el sistema de cuidados se detiene”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de impulso con la que reclama a la Junta un refuerzo “inmediato” del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y un cambio “profundo” en el modelo de atención a la dependencia, al considerar que el Ejecutivo regional está desmantelando “de forma silenciosa” uno de los pilares del Estado del Bienestar.

En una nota, ha señalado que la política de la Junta en materia de dependencia “no solo es insuficiente, sino claramente regresiva”, situando a Extremadura a la cola del país.

“Somos la peor comunidad autónoma en valoración del sistema y el Servicio de Ayuda a Domicilio ha quedado reducido a una presencia prácticamente testimonial”, ha señalado.

Ha criticado que, pese a la entrada en vigor del Real Decreto 675/2023, que establece un aumento de las intensidades mínimas del servicio, la Junta “incumple de forma sistemática sus obligaciones”, dejando a miles de personas dependientes sin la atención necesaria para poder seguir viviendo en su entorno habitual.

A juicio de los socialistas, esta situación responde a una decisión política consciente porque “se está optando por debilitar los servicios públicos y sustituirlos por prestaciones económicas”.

En este sentido, han denunciado que Extremadura presenta un modelo “distorsionado y desequilibrado”, en el que las ayudas económicas alcanzan un peso del 45,3 por ciento dentro del sistema, “algo que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma”.

Para el PSOE, esta apuesta no solo precariza la atención, sino que traslada la carga de los cuidados a las familias, especialmente a las mujeres, y se “renuncia a construir una red pública de servicios profesionales”.

Frente a este escenario, los socialistas defienden un modelo basado en servicios de proximidad, capaz de garantizar una atención “digna, personalizada y de calidad”, tomando como referencia comunidades que han reforzado el SAD como eje central de su sistema.

“No estamos ante un problema técnico, sino ante una falta de voluntad política”, han subrayado.

Asimismo, el Grupo Socialista ha puesto el foco en las consecuencias económicas de la actual estrategia de la Junta, advirtiendo de que el “abandono” del Servicio de Ayuda a Domicilio supone también renunciar a una herramienta para generar empleo estable y fijar población en el medio rural.

En este sentido, ha subrayado que cada millón de euros invertido en este servicio genera más de 56 empleos en Extremadura, por lo que “no apostar por él es dar la espalda tanto a las personas dependientes como al desarrollo de nuestra tierra”.

Ante esta situación, el PSOE exige a la Junta de Extremadura un “cambio inmediato de rumbo que pase por reforzar la financiación del sistema de dependencia hasta equipararla con la media estatal, cumplir de manera efectiva con las intensidades del servicio fijadas por la normativa vigente y situar los servicios públicos en el centro del modelo, en estrecha colaboración con los ayuntamientos.

“La atención a la dependencia debe ser un derecho real, con servicios públicos suficientes, de calidad y accesibles para toda la ciudadanía”, ha aseverado el PSOE. 

Canarias es una de las comunidades donde aún se espera demasiado por la ayuda a la dependencia. De hecho, son frecuentes los casos de personas a las que se llama para concederles una cita de valoración cuando han fallecido. En 2025, en las Islas fallecieron 2.202 personas en lista de espera, 1.059 sin resolución de grado y 1.143 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio. Así lo refleja el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que destaca que esta comunidad vuelve a suspender en su dictamen de 2025 con un 4,5. Por normativa, además, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 5 Comunidades y Ceuta y Melilla (151) por debajo de ese margen en sus promedios. En el otro extremo estarían Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430).

También apunta que en 2024, fallecieron 2.489 personas que se encontraban en lista de espera del sistema de dependencia sin haber sido atendidas lo que supone una reducción absoluta de 287 fallecimientos respecto al ejercicio anterior. No obstante, pese a esta disminución, el volumen de personas fallecidas en lista de espera continúa siendo muy elevado, manteniendo niveles incompatibles con una gestión plenamente eficaz del sistema. 

Una de las cifras más alarmantes del documento es la que hace referencia a las personas que pese a tener derecho a la dependencia no son atendidas. El número de personas en el “limbo” aumentó en más de 4.380 personas desatendidas, situando su tasa limbo aún en el 28,6% la peor de todo el país, cuya media se sitúa en el 8,3%. “De seguir el ritmo de crecimiento interanual aún tardaría seis años en atender a las 19.551 personas dependientes que se hallan en el limbo de la dependencia”, apunta el informe.

Asimismo, apunta que tiene 2.472 personas a la espera de resolución, por tanto, la lista aumenta a 22.023 personas, lo que hace que su porcentaje de listas de espera sea de 27,79% , la más elevada de España, cuya media de lista de espera se sitúa en el 11,1%. 

Como dato positivo sí que destaca Canarias atendió en el último ejercicio a 20.807 nuevos dependientes, un 46,21% más que en el ejercicio precedente, el resto de las comunidades incrementaron en un 10,45%. También destaca que se han creado 3.730 nuevos empleos como consecuencia de la inversión extraordinaria recibida por la Administración General del Estado. 

El informe apunta que con la Ayuda Extraordinaria del Plan del Choque, Canarias generó el pasado año 3.731 nuevos puestos de trabajo como consecuencia de la utilización de recursos altamente generadores de empleo como la Atención Residencial o los Centros de Día, pero -sobre todo- con las PEVS que representan el 38,5% de su cartera y que destina en su mayor parte a Ayuda a Domicilio y Atención Residencial. 

En 2025, 5.051 personas abandonaron la lista de espera pendiente de resolución de prestación o servicio (PIA). De ellas, 1.143(1) lo hicieron como consecuencia del fallecimiento, lo que representa el 22,63 % del total de salidas registradas.

El dictamen concluye que “la gestión del sistema de atención a la dependencia en Canarias durante 2025 evidencia una capacidad resolutiva insuficiente, que, pese a una mejora interanual en el número de fallecimientos en lista de espera, no se traduce en una respuesta administrativa efectiva, manteniéndose un volumen elevado de personas con derecho reconocido que abandonan el sistema sin que se haya materializado la prestación correspondiente”.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha valorado este informe destacando que “se sigue trabajando principalmente para conseguir ofrecer servicios a quien ya tiene reconocido el derecho y, por otro lado, por rebajar drásticamente el tiempo que se tarda en conseguir el derecho desde la solicitud hasta su obtención que, actualmente, de media está en 391 días (430 en diciembre, fecha de los datos del Dictamen), aunque la realidad es que, en todas las islas, cualquier persona que solicite la ayuda tendrá su resolución en menos de 152 días”. También comparó el dato de fallecimientos del año pasado con el de la legislatura anterior. 

En el comunicado apunta que el dictamen subraya que existen personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación o servicio, lo que significa que el sistema no logra atender a todas las personas con derecho reconocido. “Si bien es cierto que existe una falta de personal en el sector de cuidados, un problema importante en todo el sistema, la recién presentada Estrategia Sociosanitaria también establece mecanismos para la mejora de este aspecto; así como para paliar la falta de camas residenciales”.

Y añade que “es reseñable también que esa lista de espera, como bien reseña el IMSERSO, no es achacable a la administración” pero que, aun así, “la Consejería trabaja para incrementar los servicios disponibles con otras medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado; la implantación universal de la teleasistencia avanzada, o la acreditación de personas autónomas para los servicios de promoción de la autonomía personal”.

Cabe recordar que el pasado año los comités de empresa de Bienestar Social pidieron la dimisión de la consejera y la directora de dependencia por “falsear” los datos de Canarias. Y es que se trasladaron al IMSERSO 9.000 prestaciones que no existían. Delgado admitió un error en los datos que después fue subsanado.

Cantabria está entre las comunidades con peor puntuación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, que evalúa a través de 20 indicadores un sistema que atiende en España a 1,6 millones de personas y mantiene en espera a otras 258.167, aunque a distintas velocidades y con distintos modelos territoriales.

El observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este viernes la Escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025 que aprueba solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros.

Castilla-La Mancha (con un 8,2) y Castilla y León (7,5) son las comunidades mejor puntuadas, mientras que Extremadura (2,2), Ceuta (2,5), Melilla (2,5), Murcia (3,2), Cataluña (3,2) y Cantabria (3,5), están a la cola.

El resto de las comunidades que consiguen aprobar son Andalucía (6,7), Galicia (6,7), Comunidad Valenciana (5,7), Aragón (5,2); suspenden también Navarra (4,7), Asturias (4,5), Canarias (4,5), Madrid (4,5), Baleares (4,2), País Vasco (4) y La Rioja (4).

“Hay una desigualdad terrible, según dónde viva la persona dependiente encuentra unas prestaciones o servicios; solo seis comunidades han aprobado y la nota media en España es de 4,8, por lo tanto suspende el desarrollo de la dependencia”, ha señalado su presidente, José Manuel Ramírez.

Cantabria obtiene además la peor nota en uno de los 20 indicadores analizados, el relativo a la variación anual de personas atendidas sobre el total de la población potencialmente dependiente, con un -0,2%.

Más beneficiarios, pero con servicios de bajo coste

Hay 1,7 millones de personas que tienen reconocido ese derecho (147.612 más respecto al año anterior) y 158.618 personas más han sido atendidas. Pero el aumento de los beneficiarios se ha hecho a costa de prestaciones y servicios con menor coste, ha señalado Ramírez. Por ejemplo, el 44,6 % de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la prestación de cuidadoras familiares, con un importe medio mensual de 264 euros (lo perciben actualmente 735.889 personas).

En España, 66.246 personas reciben como prestación única la teleasistencia, 273 más que en 2024: cuatro de cada diez de estos casos (41 %) se producen en la Comunidad de Madrid (27.137).

El estudio destaca que para optar por un modelo de atención que permita vivir en sus hogares es necesario reforzar la Ayuda a Domicilio. Sobre ese servicio, Navarra lo presta con 76,9 horas de media mensuales, Galicia con 53 horas y Canarias con 49 horas. Con menos de una hora diaria de media están Aragón (18,6), País Vasco (24,8) y Castilla la Mancha (25,6).

5.945 euros de inversión por dependiente

La horquilla de la inversión que se da a las personas en situación de dependencia es muy amplia, con una media en España de 6.015 euros. La Rioja encabeza la inversión pública por persona dependiente (7.537 euros), seguida de País Vasco (6.567) y Castilla La Mancha (6.432 euros). A la cola, se sitúan Aragón (4.020), Asturias (4.045) y Ceuta y Melilla (4.264).

En el caso de Cantabria, el promedio de gasto público por persona dependiente es de 5.945 euros, ligeramente por debajo de la media nacional, con “un diferencial poco perceptible, pero que continúa una senda de reducción desde el año 2019”, detalla el informe.

Si bien “un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor”, detallan desde el Observatorio, “sí denota voluntad política e inversora”.

341 días de media para resolver un expediente

Al término de 2025 en España se mantenían en espera 258.167 personas: 148.907 con derecho reconocido sin atención (6.441 más que el año anterior) y 109.260 pendientes de valoración (18.619 menos que hace un año); murieron 32.704 personas, solo en Cataluña 9.116, la comunidad con mayor número de personas fallecidas a la espera de un procedimiento. En el caso de Cantabria, fallecieron 124 personas en lista de espera, 50 sin resolución de grado y 74 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.

El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 341 días, siete más que el año anterior. En Murcia (559 días), Andalucía (496 días) y Canarias (430 días) esperan más de año y medio en recibir una prestación o servicio de la dependencia.

En 2025 se alcanzó un máximo de inversión en el sistema, con 13.506 millones de euros, el 0,8 % del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. “Sería necesario aumentar en mil millones en los próximos presupuestos para pasar de las buenas intenciones a una realidad que no puede esperar”, ha aseverado Ramírez.

Quizás no sabes de que te hablo si te digo 500 días. Me alegro. Si no, lo siento. Siento que seas una de más de 40.000 personas andaluzas que pasan de media 500 días para que se resuelva la prestación por dependencia.

Así que hoy abro melón: ¿a quién le importa la dependencia? El sistema lleva arrastrando esta dinámica desde que se puso la primera letra de la palabra. Da igual el marco temporal y administrativo en el que nos fijemos, porque las leyes y normativas sobre dependencia tienen los mismos pies de barros: mucha normativa y burocracia, y poca (o nula) financiación.

¿A qué se debe la pandemia del raquitismo en la financiación en materia de dependencia? Pues desde donde se piensa la acción e intervención social hasta desde la que se legisla: la beneficiencia. ¿Cómo se puede legislar sobre un derecho subjetivo, un “cuarto pilar del bienestar”, sin blindar su financiación? Se crea la necesidad y el derecho en el papel, pero sin capacidad para ejecutarlo en la vida real. Su financiación y ejecución dependen de la voluntad de la administración de turno. Leyes con nombres de avances sociales pero con retrocesos presupuestarios.

Entonces, ¿quién está atendiendo a las personas dependientes? La radiografía es clara: las mujeres. Cuando el Estado no asume su deber, exige al sector de los cuidados que realice el trabajo reproductivo “gratuitamente”. Y déjame remarcar las comillas de ese gratuito, ¿gratuito para quién? Para las mujeres por lo menos, no.

Para empezar, el sector laboral social está profundamente feminizado. No es casual que, en un ámbito profesional dedicado a los cuidados, la mayoría de sus profesionales sean mujeres (trabajadoras sociales, auxiliares de ayuda a domicilio, etc.). Tampoco es casual que, al observar las capas más informales, ocurra lo mismo pero con un pequeño matiz: la mayoría son mujeres migrantes, como sucede con el trabajo del hogar retribuido

Si estas mujeres migrantes se encargan de las tareas de los cuidados, ¿qué están pagando? Yo, como mujer española, siendo trabajadora social, estoy pagando con la precariedad laboral de mi sector con una infrafinanciación y un descuido por parte de las administraciones para con el bienestar. Eso, además del estrés económico, no me permite contratar dignamente a quien podría contribuir al cuidado de las personas dependientes que tengo a mi cargo, por lo que lo asumo como una jornada laboral más, sin cotizar y en la que pago yo.

Entonces, ¿qué están pagando estas mujeres migrantes? Pues en caso de que estén debidamente de alta en la Seguridad Social, con un salario digno, sean respetadas y no se vean sometidas a acoso ni abuso sexual, están pagando con el abandono a sus familias en sus países de origen, cuyo papel esté supliendo otra mujer. Estas son las cadenas globales de cuidados.

Es más, ahora que el frágil escudo social ha caído, me pregunto cómo se contempla cuidar a estas familias cuando pueden quedarse sin un techo desde el que siquiera esperar a que se resuelvan estas ayudas.

Sin embargo, esto invita a preguntarse qué interés tiene el Estado en perpetuar esta lógica, un problema eterno y endémico en el sistema de dependencia. Si pensáramos mal, diríamos que este maltrato colectivo es a propósito. La presión y el malestar a los que se somete tanto a las personas dependientes como a su entorno parecen responder a una voluntad de “dependizar” desde la miseria, como dirían mis colegas mexicanas. ¡Cuánto se ahorra el Estado en nombre del amor!

Sin embargo, esta lógica es letal, no sólo en lo emocional y lo moral, sino en lo literal: tan sólo en Andalucía, en 2025, han fallecido 6.995 en las listas de espera de la dependencia.

¿Cuántos brindis al sol tenemos que esperar para que el sistema de dependencia sea eficaz?

El Congreso ha empezado a tramitar este jueves la reforma del sistema de dependencia y discapacidad que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Una amplia mayoría, con la abstención del PP y de Vox incluida, ha tumbado la enmienda de devolución que había registrado Junts, por lo que la norma empezará a negociarse en comisión a partir de ahora, aunque lo hará ya en febrero, después del parón por las navidades.

La ley que ahora empezará a tramitar el Congreso es una reforma integral del sistema de dependencia y de discapacidad y tiene tres pilares, tal y como ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: un cambio del modelo para alejarlo de la perspectiva asistencialista, una mejora de los derechos de las personas que cuidan y una reforma de la financiación de todo el sistema.

Entre algunos de los nuevos servicios que contemplará el nuevo texto si se aprueba definitivamente está el de un préstamo para sillas de ruedas, camas y grúas, con la creación de un banco público para evitar que las personas tengan que invertir grandes cantidades en estos elementos para poder quedarse en su casa.

También incorpora modalidades alternativas a la residencia o a la vivienda propia para que los cuidados puedan darse en modalidades de convivencia con pocas personas con cuidados integrales o dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos, como el cohousing.

También se amplían algunos servicios como la ayuda a domicilio, que se extenderá fuera del hogar para cubrir algunas actividades cotidianas como la compra o las consultas médicas. Y la prestación por cuidado se amplia a los entornos familiares o relacionales, con la idea de incluir en estas ayudas a amigos con el mismo grado que familiares cercanos.

“Con esta con esta reforma pretendemos pasar del modelo assitencialista a uno cercano y comunitario, que incluya la mejora de los cuidados a domicilio”, ha defendido el ministro desde la tribuna.

“No se trata solo de una cuestión numérica o contable. Envejecer no es una carga ni es un lastre para nuestra balanza fiscal, es un logro democrático, es el deasrollo del progreso económico y social de la democracia española. Ese hecho nos obliga a repensar nuestros sistemas y remover los obstáculos y desigualdades que lastran las vidas de nuestros ciudadanos, como la riqueza o el lugar donde viven”, ha reivindicado.

El PP permite la tramitación

La clave de la negociación para que esta ley comience su camino parlamentario ha sido el PP, que en las instancias previas en la comisión, en las comparecencias con las asociaciones y los colectivos, se había mostrado abierto a debatir sobre el contenido de este texto, aunque ha criticado que la ley del Gobierno no contemple datos concretos sobre financiación, algo con lo que se ha comprometido el ministro en la tribuna.

“Han hecho una cosa muy buena al explotar la conexión de la discapacidad con la dependencia, que existe, es real y tiene base filosófica”, les ha felicitado el diputado del PP Enrique Belda. “Han puesto de manifiesto que esta norma ya no es solo del tercer sector, es una norma de todos en un país donde todos somos dependientes o potencialmente dependientes y esto requiere una política de estado”, ha reclamado.

Eso sí, ha advertido de que los respresentantes de las asociaciones han reclamado “continuidad en la financiación”, algo que según ha dicho es muy difícil sin presupuestos y unos “compromisos plurianuales”. “Hacemos una advertencia, necesitamos que la tramitación se relaje porque tenemos que cambiar muchas y buenas cosas y si no se han presentado enmiendas de totalidad por nuestro grupo es porque esperamos comprensión en los plazos para cambiar esta ley en tiempo y forma”, ha apuntado.

Junts critica la “contudente invasión competencial”

Junts ha votado a favor de su enmienda a la totalidad al observar en el texto del gobierno una “contundente invasión competencial”, tal y como ha descrito el diputado Josep Maria Cruset. “Es una contundente invasión competencial como no hemos visto en los últimos tiempos”, ha dicho.

Para Cruset, el texto adolece de una visión “absolutamente centralista” y carcece de “garantías respecto a los recursos económicos necesarios”. “La ley implica un evidente incremento presupuestario que hay que llevar a cabo pero no se ha hecho cálcuo del impacto económico ni compromiso de aportar los recursos económicos necesarios”, ha dicho.

A pesar de estas críticas, el Partido Nacionalista Vasco ha renunciado este jueves a mantener la enmienda a la totalidad que había registrado, precisamente por esas críticas contra la invasión de competencias. Los nacionalistas vascos han asegurado que han negociado cambios con el Gobierno para asegurarse en el trámite parlamentario que se eliminarán las invasiones a competencias propias.

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, y en el que han participado los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad e Inclusión, en el que expresa su compromiso para “materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma” mediante la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se están tramitando en el Congreso de los Diputados. 

La declaración institucional apela al consenso social, de la misma forma que ocurrió con la reforma del artículo 49 de la Constitución, cuando una amplía mayoría parlamentaria, que puso de acuerdo a los dos grandes partidos, PSOE y PP, permitió que el Congreso aprobara la tercera reforma constitucional en 45 años, que sustituyó el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en el año 2024.

Otros de los compromisos concretos contemplados dentro de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y que quedan recogidos en esta declaración, son el impulso de nuevos servicios para cuidados y apoyos a la vivienda, la actualización del catálogo de servicios y prestaciones, así como el refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder a apoyos más diversos que garanticen su derecho a una vida independiente. 

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explica que estas reformas permitirán “eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones para garantizar una mayor personalización en la atención a cada persona y otorgar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los apoyos y las necesidades”. Esto va a permitir que se incentive el empleo y será, según recoge la declaración, “un salto cualitativo para las personas con discapacidad, que podrán acceder a apoyos más diversos, personalizados y con enfoque comunitario y perspectiva de género”.

Con el objetivo de que nadie tenga que abandonar su casa por no poder salir a la calle, el texto reconoce como derecho la accesibilidad universal, además de una obligación de todos los poderes públicos. También menciona otras obligaciones legales, que el Proyecto de Ley incluye, para blindar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, tales como la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades, elementos clave para garantizar una mayor calidad de vida en las personas con discapacidad. 

El BNG quiere que la Xunta de Galicia asuma, con financiación propia y del Estado, los servicios de ayuda al hogar que ahora prestan los ayuntamientos en concesión a empresas privadas. Como primera paso hacia ese objetivo ha anunciado este lunes que presentará una enmienda al proyecto de Orzamentos de 2026 para que la partida destinada a ese fin aumente en 15 millones de euros y esto repercuta en las trabajadoras -es un sector fuertemente feminizado y precarizado- al subir su salario de 12 a 17 euros la hora, 20 en 2027. “El Gobierno de Alfonso Rueda está descargando responsabilidades en los ayuntamientos”, señaló la portavoz nacionalista Ana Pontón, “la situación del SAF [Servizo de Axuda no Fogar] es insostenible y no se puede mirar para otro lado”.

El de los servicios de ayuda en el hogar -12.300 empleadas que atienden unos 24.000 usuarios en toda la comunidad- es solo uno de los múltiples conflictos a los que se enfrenta la Consellería de Política Social. Todavía la semana pasada, el sindicato mayoritario, CIG, convocó una huelga de su personal que regisstór, según la central, un elevado seguimiento. La Xunta no valoró su incidencia, tampoco a preguntas de elDiario.es, pero las protestas de las empleadas no se detienen. Para el BNG, son la Xunta de Galicia y el Estado los que, “tal y como recoge la Ley de Dependencia”, deben financiar íntegramente el servicio, no los consistorios.

Más allá de las administraciones que lo sufraguen, para los nacionalistas El ejecutivo autonómico debe asumir la ayuda en el hogar. La vía que entienden sería la adecuada consiste en su integración en el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, como lo están escuelas infantiles, centros de día o algunas residencias de mayores. “Los concellos no tienen capacidad financiera para garantizarlo y cualquier que persona que lo necesite tiene derecho a ser atendido en su domicilio”, señaló Pontón, quien expuso una última propuesta de su formación: la constitución de un servicio gallego de bienestar, “un Sergas social, concebido como una red pública de cuidados”.

La orientación de la actual Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García, va en otra dirección. Lo denunció la líder del BNG. Acusó a García y Rueda de “privatizar el modelo de cuidados” y añadió que, “cada vez que la vejez se convierte en un negocio, pasan cosas tan graves como las que estamos viendo en las residencias de mayores”.

FACUA Andalucía ha denunciado ante la Consejería de Inclusión Social y la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía que el teléfono habilitado por la Junta para ofrecer asesoramiento sobre la Ley de Dependencia (900 166 170) es “completamente inútil”, ya que “independientemente de la opción que se marque no permite hablar con ningún operador”.

Según la federación que defiende los derechos de los consumidores, el número “que supuestamente debería servir para asesorar a personas que necesitan ayuda con la gestión y tramitación” de la ayuda “no es más que un contestador automático con varias locuciones grabadas”, que impide resolver dudas o conocer el estado de los expedientes. “Más allá de la opción que se elija, la llamada finaliza sin que se ofrezca la posibilidad de hablar con nadie”, critican.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad consultadas por este periódico aseguran que el número denunciado por FACUA es un “teléfono de información generalista” sobre cómo realizar los trámites, pero no para consultar casos concretos ni acceder a información individualizada, pues la ley de protección de datos impide facilitar información personal por vía telefónica. Las dudas sobre expedientes concretos, añaden, deben resolverse “a través de la ventanilla electrónica o de manera presencial”.

Expedientes que se resuelven “mal y tarde”

Aun así, FACUA considera “vergonzoso” que un servicio dirigido a personas dependientes y sus familias se limite a reproducir mensajes automáticos, sin ofrecer la posibilidad de atención humana. “La consejera Loles López y el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, están faltando al respeto a las familias con esta falta de información sobre unos expedientes que se vienen resolviendo mal y tarde, incumpliéndose sistemáticamente los plazos legales”, señalan desde FACUA, en alusión a que los plazos legales de seis meses establecidos por ley se superan en Andalucía hasta más de dos años.

La organización recuerda que esta demora “deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo”. Por eso reclama a la consejera Loles López y al director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, más recursos para agilizar los expedientes y ofrecer atención personalizada “para que las personas que llamen al teléfono de información a la dependencia puedan hablar con una persona que les pueda escuchar y aclarar dudas sobre sus expedientes”.

Asistimos en las últimas semanas a la catástrofe del modelo sanitario del Gobierno andaluz donde más de 2.000 mujeres, según la Administración, están desde hace tiempo viviendo en la incertidumbre al no ser informadas de si padecen cáncer o no. Esto no es un error, es un fracaso más del modelo del señor Moreno Bonilla, como lo son las listas de espera en la atención primaria, en las especialidades o en las intervenciones quirúrgicas.

Pero no sólo es en la sanidad donde se aplica un modelo errático de privatización y desmantelamiento de lo público. Las políticas sociales no le van a la zaga, especialmente en lo que respecta a la Ley de Dependencia; otro derecho que, si lo analizamos, podemos ver cómo se le niega de forma reiterada y permanente a nuestras personas mayores: el derecho a la atención y a los cuidados.

En la actualidad hay en Andalucía más de 50.000 personas mayores en listas de espera en los distintos estadios: pendiente de valoración, en el plan individual de atención (PIA) o, una vez ya con el PIA, sin que se les proporcione la prestación que les corresponde, con una media de 565 días en la mencionada situación de espera, cuando la Ley plantea que los expedientes deben concluirse en un período de no más de 180 días. Como consecuencia de ello, en el año 2024 fallecieron 33 mayores cada día en Andalucía sin tener reconocida la dependencia.

Si no queremos que el incumplimiento sistemático de este derecho se convierta en otra catástrofe, que ya lo es, el Gobierno andaluz no puede seguir mirando para otro lado. Ni las simplificaciones administrativas, ni la unificación de las valoraciones, ni las nuevas medidas tecnológicas han dado resultado, y esto es asíporque el problema es de falta de recursos humanos y de financiación.

Esta situación no cambiará si no hay una apuesta valiente por parte de las administraciones, tanto del Estado como de Andalucía. Debe plantearse un plan de choque dotado de recursos suficientes. Ahora es el momento, ante la próxima presentación de los presupuestos para 2026.

Algunos anuncios de rebajas fiscales en precampaña pueden sonar bien, pero el presidente andaluz, con sus propuestas fiscales, está anteponiendo, con todos los respetos, los animales o el deporte a la atención y el cuidado de las personas mayores. Se necesita más respeto y, sobre todo, que se cumpla la Ley.

No valen más excusas o decir que peor era en otros tiempos o que el número de prestaciones crece, puesto que  la población dependiente también lo hace. Señor Moreno Bonilla, sólo exigimos un derecho que la Ley nos otorga y usted nos niega. Actúe, cambie de una vez sus políticas privatizadoras y no dé lugar a que aparezcan otros problemas con otro cribado.

Cuando Antonia Martínez, vecina de Alcantarilla, presentó su solicitud de dependencia en abril de 2023, su familia pensó que en pocos meses podría contar con una ayuda económica que necesitaban para costear sus cuidados domiciliarios.

Antonia, de 82 años, sufría una artrosis avanzada y una insuficiencia respiratoria que la mantenían postrada en su cama la mayor parte del día. Su hija Carmen recuerda las llamadas y las visitas al centro de servicios sociales de su municipio. “Nos decían que el expediente estaba en trámite, que había mucha lista de espera. En junio de este año mi madre murió sin que nadie la hubiera evaluado. Nunca llegó ni un céntimo ni un servicio que pudiera servirnos de apoyo en una situación que nos desbordó en muchos sentidos”, se lamenta.

El caso de Antonia no es una excepción. En la Región de Murcia, más de 1.400 personas han fallecido en lo que va de año sin haber recibido las ayudas reconocidas por la Ley de Dependencia. La demora media para tramitar un expediente alcanza los 563 días (43 días más que en 2024), casi el triple del plazo máximo legal de seis meses. Murcia encabeza la lista negra de comunidades autónomas con mayores retrasos.

Una muerte cada 15 minutos entre los solicitantes

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006, nació como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Su objetivo es garantizar cuidados y apoyos a quienes no pueden valerse por sí mismos, mediante prestaciones económicas o servicios públicos.

Sin embargo, diecinueve años después, en algunos territorios la aplicación práctica de la norma sigue tropezando con la falta de personal, el exceso de burocracia y la financiación insuficiente.

En España, a comienzos de este otoño, 284.020 personas continúan esperando su valoración o la prestación reconocida. Una de cada cinco morirá antes de recibirla. Un dato tan crudo como preocupante. Durante los primeros nueve meses de este año, se han producido 25.060 fallecimientos de personas en lista de espera, lo que equivale a una muerte cada 15 minutos entre quienes solicitaron atención sin llegar a recibirla. Pero no todas las comunidades autónomas contribuyen por igual a este dato estremecedor.

Murcia, a la cabeza de los retrasos y a la cola de la inversión

El caso murciano es paradigmático. De acuerdo con los datos oficiales, 16.348 personas siguen en lista de espera en esa comunidad, un 13,4% más que hace un año. De ellas, 13.859 están esperando una prestación o un servicio sobre el que ya tienen reconocido un derecho; y 589 están pendientes de valoración. Un colapso operativo que se traduce en dilaciones y en ayudas no ejecutadas.

La demora media es la más alta del país: supera a la de Canarias y Andalucía, tradicionalmente rezagadas, y multiplica por cinco la de Castilla y León, donde el proceso se completa en poco más de 110 días.

Por eso, un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que la Región de Murcia ha cronificado el retraso en la aplicación de la ley, lo que deja a miles de personas desasistidas.

Pero, además del de los tiempos de espera, otro indicador revelador para valorar la calidad de la aplicación de la ley es la inversión por persona dependiente. Y, en Murcia, la inversión se sitúa por debajo de la media estatal. Concretamente, 1.759 euros por persona y año frente a 1.968 euros para el mismo periodo.

El coste de esperar: familias al límite

Carmen, la hija de Antonia, reconoce que la familia asumió “como pudo” el cuidado. “Dejé de trabajar unas horas, contratamos a una mujer por las mañanas. Pero sin la ayuda económica, no pudimos mantenerla mucho tiempo. Mi madre se fue sin toda la dignidad que merecía, y con la sensación de que la habían olvidado”.

Historias como la suya se repiten en Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Yecla, donde los servicios sociales municipales intentan gestionar la acumulación de solicitudes con equipos insuficientes.

Isabel R., de 79 años, cuidadora de su marido con demencia, lleva más de año y medio esperando la prestación: “Nos dijeron que teníamos derecho, pero que tardarían. Cada mes gasto 700 euros en ayuda externa. Me he endeudado. La ayuda no es un lujo, la necesitamos para procurar unos cuidados profesionales que yo no puedo proporcionarle”.

Para esta vecina de Lorca, las demoras “no solo generan sufrimiento, sino que trasladan el coste económico del cuidado a las familias, que terminamos exhaustas”.

Retrasos que generan desigualdades entre habitantes de un mismo país

Las estadísticas sobre los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia no son datos abstractos. A nivel humano se traducen en un auténtico drama social. La Ley 39/2006 fija plazos máximos para valorar y ejecutar prestaciones (el plazo legal de resolución es de seis meses —180 días—), pero en la práctica varias comunidades superan con creces ese límite.

Y eso significa que hay una España desigual en dependencia. Mientras que Castilla y León y otras comunidades del norte como el País Vasco o Navarra mantienen tiempos razonables y una inversión por persona elevada, otras como Murcia, Canarias y Andalucía hacen a las personas dependientes terriblemente desiguales.

Fran Rabal Segura, vecino de Águilas, es miembro del comité asesor de Duchenne Parent Project España, la enfermedad que padece y que produce una distrofia muscular severa y progresiva con complicaciones respiratorias y cardíacas.

Necesita “ayuda para todo” y vive conectado a un respirador desde hace quince años. La prestación económica que recibe del gobierno autonómico es de 275 euros mensuales. “Eso ahora con la subida, porque el año pasado era de 205”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

“Es una absoluta vergüenza. No hay por dónde cogerlo. Amigos míos que viven en Alicante reciben 2.300 euros por la prestación de asistencia personal de la Ley de Dependencia, que en Murcia brilla por su ausencia”, prosigue. Están aquí al lado, nos enfrentamos a idénticas dificultades y a los mismos gastos elevadísimos por nuestra enfermedad, así que esta diferencia no tiene ningún sentido“.

Fran tuvo que esperar dos años para acceder a las prestaciones que reconoce la ley. También ha sufrido sus recortes: “De 520 al principio hasta los 205 de 2024 cuando, evidentemente, mis necesidades de ayuda son cada vez mayores. Un desastre”. Por eso, pide al Ejecutivo murciano que asuma su responsabilidad: “Llevan treinta años consecutivos gobernando esta región y siempre están echando balones fuera y culpando a los demás”, asegura.

Este joven ve ahora un “rayo de esperanza” en la aprobación esta semana, por parte del Gobierno de España, de un decreto ley para destinar 500 millones de euros para financiar la atención a las personas con ELA —una enfermedad igual de discapacitante que la distrofia muscular de Duchenne— y reforzar el sistema de la Dependencia. “Espero que den el 100% de lo anunciado, porque ni yo ni mis padres podemos esperar más. Lo necesitamos ya, igual que otras personas en la misma situación que nosotros”, concluye.

Como apunta Rabal, la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha incrementado en los últimos años. La última vez, esta misma semana. Sin embargo, en territorios como la Región de Murcia, la combinación de burocracia, recortes o reordenación de partidas autonómicas y problemas de gestión interna dificultan que las prestaciones lleguen con rapidez y eficacia a sus beneficiarios.

Un análisis que niega Conchita Ruiz, consejera de Política Social del Gobierno regional de Fernando López Miras (PP), quien asegura que esos tiempos de espera “no existirían si tuviéramos la financiación que nos corresponde del Estado, del 50% en cuanto a la dependencia”. En 2024, Murcia recibió 89,1 millones de euros del Estado, un 26,8% de la inversión total en dependencia en esta comunidad.

El coste humano de un déficit estructural

Detrás de los fríos números hay familias que soportan una doble carga: por un lado, el peso del cuidado directo (mayoritariamente asumido por mujeres, que además deben compatibilizarlos con otras obligaciones) y, por otro, la batalla con la Administración. Al final, las demoras obligan a contratar ayuda privada y a reducir la jornada laboral (también aquí son ellas las más perjudicadas), lo que supone renunciar a ingresos mientras los costes económicos y emocionales son elevados.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, alerta directamente sobre los efectos de la “interminable dilación” de muchos procedimientos y subraya que “muchas personas salen de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido prestaciones”. Ayudas que necesitaban —y a las que tenían derecho por ley— para poder afrontar dignamente la etapa final de sus vidas.

Los servicios de apoyo a cuidadores y respiro familiar, los centros de día y las residencias para personas mayores, son los otros puntales sobre los que se asienta el SAAD. Pero, en la Región de Murcia, la realidad sitúa a esta comunidad, de nuevo, en el furgón de cola. Y es que, según otro informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, para alcanzar la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años —ahora solo hay 2,47, muy por debajo de la media nacional, de 4,2— se necesitarían crear alrededor de 6.400 nuevas plazas residenciales públicas.

Las mismas que han vuelto a reclamar recientemente los sindicatos CCOO y UGT, que han urgido a la directora del Instituto Murciano de Acción Social a la creación de once residencias para atender a personas mayores.

Los colectivos de afectados también lo están advirtiendo: en Murcia, si la prioridad política y presupuestaria no se orienta urgentemente a solventar esos cuellos de botella que impiden a las personas —y contribuyentes— más vulnerables hacer efectivos sus derechos, el coste humano seguirá siendo tan vergonzoso como intolerable.

Algo más de 8.000 personas dependientes en Extremadura se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia.

El informe, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del sistema de atención a la dependencia hasta el 1 de octubre de 2025, recoge que en Extremadura fallecieron 988 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA en los primeros nueve meses del año.

El número de personas beneficiarias con prestación ha aumentado este año un 0,9% en Extremadura, el segundo crecimiento más bajo en el conjunto de las comunidades autónomas, donde sobresalen Canarias y Galicia, con crecimientos del 18,5% y 15,7%, respectivamente.

También Extremadura, con un incremento del 0,9%, figura a la cola en cuanto a los aumentos en personas con derecho a la prestación de dependencia, pues la media nacional es del 5,5%, mientras que Canarias (+22,6%) y Galicia (+14%) lideran también este parámetro.

El indicador de agilidad administrativa se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente.

Este proceloso recorrido hizo que en septiembre de 2025 el tiempo medio en España fuese de 349 días, 15 días más que al empezar el año. En Extremadura, el tiempo medio es de 257 días, 22 días menos que en enero de este año.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 4 Comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo

En relación al número de solicitantes, el 12,5% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite en el conjunto del país, tres décimas menos que en Extremadura (12,8%).

Las comunidades autónomas que menos porcentaje aportaron en Dependencia son La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%) mientras que Extremadura, con un 74,6%, se sitúa por encima de la media nacional (72,9%).

Sin embargo, Extremadura figura entre las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y años, con 2.779 euros, sólo por detrás de País Vasco (2.835).