Andalucía por fin se equipara al resto del país con la aprobación de la Ley del Tercer Sector en el Parlamento. Una normativa que ha tardado ocho años en fructificar y que cuenta con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, en la que se prioriza dar seguridad jurídica al sector y dotar de nuevas herramientas a la administración para analizar datos y sacar conclusiones conjuntas, como con la creación del Observatorio del Tercer Sector.

La proposición de ley se presentó en 2018 tres años después de que el Gobierno central publicara la disposición estatal, pero las elecciones autonómicas y el cambio del color político enterraron en un cajón la planificación proyectada por las asociaciones. Pese al contratiempo, la propuesta presentada en verano por PP, PSOE y Adelante Andalucía logró pasar los trámites parlamentarios y se le ha dado luz verde este miércoles. Juan Luis Delcán, representante de la Plataforma del Tercer Sector y director territorial de la Fundación Atenea, describe este periodo como “un proceso arduo”, aunque “parece que por fin sale adelante y tendremos la oportunidad de verlo”.

Veinte miembros de la Mesa del Tercer Sector estuvieron presentes en el momento en que se dio luz verde a un texto que consta de 13 artículos, estructurado en tres capítulos y con tres disposiciones adicionales. En él, se abordan varios puntos para avanzar en la optimización e innovación de este entramado social, como fomentar la cooperación estrecha con las administraciones públicas, así como reforzar la colaboración institucional, articular espacios de cooperación con el tejido empresarial o fortalecer la estructura interna del propio tejido asociativo. La ley, para Delcán, establece dos elementos fundamentales: el primero, la obligación de elaborar un reglamento y, en segundo lugar, el compromiso mediante el cual, en dos años, se evaluará el estado de su desarrollo en la región.

“Ley de mínimos”

“Por parte de las entidades, es una ley de bases, así que estamos de acuerdo con este reconocimiento y, aunque no es muy extensa, tiene muchísimo contenido”, reflexiona, “y con relación a los grupos parlamentarios, queríamos una ley de consenso, no del partido que gobernara, pese a que algunos no la hayan apoyado”, como ocurre desde la bancada de la ultraderecha. A sabiendas de lo que ha costado obtener este beneplácito mayoritario, contempla que el traspié de 2022 sumió al grupo de trabajo en una especie de impás del que, rápidamente, salieron con el objetivo de preparar a las entidades para consolidarse como interlocutores con la sociedad.

Ahora, con este respaldo legislativo se define el marco legal y el papel del Tercer Sector en Andalucía, una demanda de los colectivos para lograr una mayor “seguridad jurídica” a la hora de actuar. También, quieren impulsar un modelo de administración abierta, es decir, que se dé mayor protagonismo a su sector y sea un interlocutor válido y consultado por los distintos organismos públicos. “Aquí hay un reconocimiento de nuestro papel para mejorar la situación de las personas en Andalucía, y más de aquellas que son vulnerables”, sostiene.

Para hacerse una idea, la Fundación Botín estima que el tercer sector de acción social emplea a unas 600.000 personas en unas 28.000 organizaciones en toda España, un 15% más que hace una década. Realiza un 11% más de acciones directas al año y, además, ha pasado de representar el 1,2 al 1,6% del PIB. En este sentido, los ingresos han crecido del 15% al 30%, por lo que ha disminuido su dependencia del sector público en un 12% menos. Un área que atrae y que funciona, mayormente, gracias al esfuerzo de quienes se dedican de forma desinteresada a ayudar a quienes lo necesitan, ya que hay alrededor de 1,5 millones de personas voluntarias.

En Andalucía, las estadísticas están disgregadas por cada campo de actuación que aborden las entidades, motivo por el que la proyección de una problemática social dependa de con qué recursos y medios cuenta cada ente para elaborar sus propios informes. Por ejemplo, el representante la plataforma indica que, en términos de pobreza, se toma como referente el estudio sociológico Foessa, de Cáritas, mientras que la EAPN-E aporta desde su perspectiva numerosas claves para entender el contexto andaluz a través del indicador Arope. “Lo hacen muy bien, pero necesitamos un diagnóstico en conjunto en vez de que cada red haga uno por sí sola”, apunta.

El observatorio

Por ello, la puesta a punto del Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social vendrá a dar una especie de orden estadístico y, sobre todo, será una herramienta que logre establecer una hoja de ruta con el propósito de concretar las necesidades de la comunidad y dar solución a ellas. Tal y como recoge el texto, el órgano recopilará, sistematizará, actualizará y generará información y conocimiento.

Un alud de datos que servirán para confeccionar un informe cada dos años que se elevará a la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía y, de la misma forma, al Parlamento de Andalucía. Así, se analizará la realidad social, con especial atención en perspectiva de género, infancia y diversidad funcional. Como explica Delcán, también cabe tercera edad o cooperación, entre otras temáticas, puesto que “la mesa tiene un compendio” de agentes sociales sobre el terreno, y su mirada es transversal y múltiple.

Este miércoles, con “una fotografía de consenso”, se logra impulsar un cambio en el sector. Aun con los ánimos intactos, el integrante reconoce que, en vistas del tiempo de espera que ha supuesto la ley autonómica, los avances para que la normativa se cumpla y llegue a buen puerto pueden ser más bien dilatados. Fija una fecha en el calendario: 2027, límite para haber desarrollado las primeras demandas y, por fin, obtener una radiografía completa de Andalucía.

Posición de los grupos parlamentarios

Durante el debate, si bien PP y PSOE expusieron su argumentario para sacar adelante la propuesta sin más demora, hubo una crítica contundente por parte del grupo parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, quien se abstuvo en la votación final, al igual que Por Andalucía, mientras que Vox mostraba su negativa.

“Felicitamos la iniciativa del tercer sector por hacer suplido la carencia del Ejecutivo”, explicó la diputada Inmaculada Nieto, “pero el PP, sin consultarlo, cambió la forma de tramitarla de ordinaria a urgente, sin rellenar las declaraciones institucionales de contenido que obligue a la administración y le dé garantías al tercer sector”. A su juicio, la ley es “prácticamente” la misma que entró hace unos meses en la cámara, lamentando que los “hayan utilizado” al observar que “no hay expectativas de su viabilidad futura”.

Apuntó varios puntos flacos, como la ausencia de una defición de qué es tercer sector, o los criterios y requisitos para pertenecer y mantenerse en este colectivo. “No da garantías de financiación, por lo que se necesitaría otra ley, tampoco hay garantías de planes plurianuales de los proyectos que excedan el año y no serán miembros del Consejo Econonómico y Socia”, criticó, “no serán obligatoriamente oídos”. Plasmada la herramienta orientativa, emplazó a los actores sociales a rescatar sus demandas en el futuro para “generar obligaciones en las administraciones”.

La Coordinadora Valenciana de ONGD se ha sumado este viernes a la petición de la Abogacía de la Generalitat para que los condenados por la trama de corrupción del “Caso Blasco” devuelvan 5,5 millones de euros, cifra a la que asciende el dinero defraudado por la trama, según el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. Lo ha hecho coincidiendo con la vista celebrada este viernes en València para determinar la responsabilidad civil de la trama de políticos, empresarios y funcionarios encabezada por el exconseller Rafael Blasco, que saqueó durante años dinero público destinado a la cooperación con países empobrecidos.

La vista de este viernes intenta dilucidar uno de las cuestiones fundamentales que dejó sin abordar la Audiencia de València y el Tribunal Supremo en sus sentencias de abril de 2020 y diciembre de 2022: la cantidad de dinero que tienen que devolver los condenados que, para robar dinero público, malversaron, crearon ONG falsas, falsificaron todo tipo de informes, forzaron a funcionarios a prevaricar, y un largo etcétera de delitos ya probados.

La Coordinadora ha denunciado durante años que, si los tribunales no exigen la devolución de los fondos defraudados, se está trasladando un mensaje de impunidad muy grave. “De hecho, a los condenados se les aplicó la atenuante de reparación del daño cuando no han reparado absolutamente nada y ni siquiera han realizado un esfuerzo real por hacerlo”, recuerda su presidente, Enrique Asensi.

A modo de ejemplo, Rafael Blasco, a pesar de los innumerables cargos políticos que ha ostentado a lo largo de su vida, se presentó en el juicio como un jubilado insolvente, aportando para responder por lo robado propiedades que o bien ya estaban embargados o bien no estaban a su nombre. Por su parte, el que fuera director general con Blasco, Josep María Felip -condenado por malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial-, abonó apenas 15.000 euros, una cantidad sin ninguna proporción con el daño causado y que no se entiende después de su larga vida laboral como alto funcionario.

Respecto al cabecilla empresarial de la trama, Augusto César Tauroni, hace casi tres años trascendió en los medios que el yate decomisado al empresario en Miami para recuperar el dinero de la cooperación “desapareció” en un temporal. Sin embargo, la Coordinadora ha sido informada por fuentes judiciales de que está en trámite la subasta de dos apartamentos comprados con dinero público por el empresario también en Miami, cuyo valor podría acercarse al millón de euros.

Petición a la Generalitat

La Coordinadora pedirá al gobierno autonómico que ese dinero y cualquier otra cuantía que se llegue a recuperar, se dedique a los fines a los que estaban destinados: la cooperación internacional para luchar contra la pobreza en países empobrecidos.

“La recuperación de los fondos es el único de los tres objetivos que nos marcamos en la Coordinadora al personarnos en la causa, que no hemos logrado hasta la fecha. A pesar de las dificultades, las ONGD hemos conseguido que no se cerrara el caso en falso con un acuerdo vergonzoso, como estuvo a punto de ocurrir en más de una ocasión, y también hemos conseguido, a nuestro juicio, recuperar la dignidad de la cooperación valenciana dejando claro que este era un caso de corrupción dirigido por políticos y empresarios y que las ONGD estábamos en primera línea para que se hiciera justicia”, ha explicado Asensi.

La Coordinadora Valenciana de ONGD llama la atención sobre lo difícil que es para la ciudadanía buscar justicia en casos de corrupción tan complicados. Un equipo de personas voluntarias junto al abogado contratado, Raúl Vidal Sánchez, ha estudiado durante años un caso cuya instrucción constaba de más de 50.000 folios en 168 tomos, y 24 piezas separadas con más de 40.000 folios con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios. Además, constaban en la instrucción más de 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que han dado lugar a la formación de quince tomos, y se ha analizado el contenido de 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos.

En cuanto al coste económico de diez años de litigios frente a algunos de los equipos de abogados mejor pagados, más de la mitad de los cerca de 72.000 euros que ha costado la personación se han sufragado a través de la colaboración ciudadana por medio de crowdfunding, venta de camisetas y otras actividades de recaudación de fondos. El resto ha tenido que salir de los fondos propios de la Coordinadora a lo largo de una década.

Dice la actriz y escritora Ana Rujas en uno de sus textos que “la gente de barrio no se revuelve en su propio fracaso por la costumbre de escalar rápido para no caerse”, dice también que es mentira eso de que si quieres puedes porque “uno viene de dónde viene y es quien es”, que ser de barrio condiciona, y que el barrio es un orgullo a veces pero un lastre otras cuando de prosperar se trata.

El del Espíritu Santo en Murcia es uno de esos barrios que cuando sale en los medios lo hace con la delincuencia por bandera. No hay más que buscar el nombre en Google para comprobar que todos los titulares se apoyan en calificativos como 'gueto', 'trapicheo e impunidad' o 'barrio marginal'. El titular es la punta de un iceberg, superficial y frío y, cuando de barrios periféricos se trata, lo que se esconde bajo el agua y en palabras de la politóloga e investigadora Aída Dos Santos es “estigmatización, estereotipo y la forma de excluirlos de los espacios de poder”.

Una brecha social, racial y de género que empiezan a derribar diez niñas de etnia gitana del barrio de Espíritu Santo, donde ha nacido el primer equipo femenino de fútbol sala calé de la Región de Murcia.

“Antes jugábamos en la calle”

Lali, Fefa, Sula, Ñiñi, Amalia, Indara, Toñi, Luisa, Encarna y Dolores son los nombres de las niñas que entrenan cada martes y jueves durante dos horas en el Pabellón Polivalente del barrio y compiten cada sábado en la categoría infantil-cadete de la Liga Federada de la Región de Murcia.

“Antes también jugábamos al fútbol pero en la calle, por el barrio, no como ahora. Ahora jugamos mucho más, sabemos lo que hacemos y cómo hay que hacerlo. Tenemos una rutina, por la mañana vamos al colegio y cuando salgo ya tengo ganas de que sea la hora del entrenamiento para venir y mejorar cada día”, cuenta una de las niñas.

Todo empezó cuando Juan Antonio Garrido, presidente del C.D Calé, propuso la creación de un equipo femenino después de que algunas chicas del barrio le preguntaran si ellas podían jugar como sus hermanos y primos ya lo hacían en el pabellón, con equipación oficial y federadas. Fueron también ellas mismas quienes se buscaron unas a otras para la creación del equipo.

“Al principio éramos como moscas detrás de una pelota, empezamos con partidos amistosos pero no sabíamos jugar, hasta que el chache Juan –forma cariñosa con que las niñas se refieren a Juan Garrido- nos presentó a Lourdes, nuestra entrenadora, y poco después nos dijeron que jugaríamos en la Liga Federal”.

Hace ahora más de un año y medio de aquello, y lo que el fútbol ha traído consigo no son solo victorias y derrotas para las jugadoras, sino un cambio profundo en su forma de ver y entender el mundo: “Antes nos conocíamos casi todas, pero no nos relacionábamos mucho y a veces hasta nos peleábamos, ahora para mí son como de mi sangre, son mis hermanas”, confiesa Dolores mientras mira tímida y con amor en los ojos a sus compañeras, que inmediatamente aplauden y se abrazan con la espontaneidad que caracteriza a quienes atraviesan la niñez jugando en las calles del barrio. Sula, una de las benjaminas del equipo, se anima y explica: “Yo antes no solía salir a la calle, como mucho alguna vez, pero ahora sí salgo más y me relaciono con todas ellas porque son mis amigas”, vuelven a sonar aplausos y risas.

Aprender a perder

Son jóvenes, muy jóvenes, pero su forma de resumir la experiencia en el equipo se encuentra en una misma frase: “Nos ha cambiado la vida por completo”, les pregunto a qué se refieren, responde una de ellas: “Mira, del fútbol yo he aprendido a no pelearme, a relacionarme más con mis amigas, a estar ahí si necesitan mi ayuda”, otra de las niñas continúa: “Yo también he aprendido a esforzarme para conseguir mi sueño, y he aprendido a perder”.

“¿Habéis aprendido a perder?”, la respuesta es inmediata, “Sí –contesta Amalia- hay veces que nos irritamos mucho y lloramos, pero mi partido favorito es uno que perdimos, porque perdimos pero fue con esa ilusión de decir ‘¡qué bien hemos jugao!’ y no pensábamos en el resultado, para nosotras es más importante jugar bien que ganar”.

¡Del barrio al cielo!

El pasado mes de agosto la selección española femenina de fútbol conquistó su primera Copa Mundial, una victoria que convirtió automáticamente a las jugadoras en referentes consagrados para todas las niñas y mujeres que sueñan con dedicarse a profesiones históricamente ocupadas por hombres. Y no es otro el papel que están cumpliendo las jugadoras del primer Club Deportivo Calé femenino en el barrio del Espíritu Santo de Murcia, no solo como jugadoras, también como las mujeres que están rompiendo el techo de cristal dejando de lado lo que la sociedad esperaba de ellas por su condición de mujeres, gitanas y de periferia.

Pero estas niñas no necesitan de una Jenny Hermoso o de una Alexia Putellas para chutar el balón con fuerza, en cuanto a referentes la respuesta es unánime: “¡Lourdes, nuestra entrenadora!”, aclaman todas, sin excepción.   

Ellas saben que no solo juegan al fútbol: “También lo hacemos para mejorar la imagen del Espíritu Santo, porque algunos piensan que las gitanas no pueden jugar al fútbol, las chicas en general, pero todavía menos las gitanas”, dice una de ellas a sus doce años, en un alarde de conciencia de clase, etnia y género que ya quisiera cualquier teórico marxista. A lo que inmediatamente añade la compañera que tiene al lado: “Las gitanas no tienen por qué estar todo el día limpiando la casa, también tienen derecho a hacer lo que quieran, como nosotras jugamos al fútbol, que otras puedan ser bailarinas si quieren también, que dé igual que sean gitanas, moras o lo que sean”. Termina por sentenciar Dolores, a sus doce años: “Porque seamos gitanas no nos tenemos que pedir a los 16, además, si yo más adelante me quiero casar, lo haré por el juzgao”.

No hay milagros, es trabajo social y cooperativismo

Además del talento de las niñas, detrás del Club Deportivo Calé femenino existe un trabajo profesional coordinado de distintas asociaciones e instituciones que creen en la intervención vecinal como herramienta de cambio social.

La fundación del equipo forma parte del Proyecto de Intervención Comunitaria desde el Trabajo en Red en el barrio del Espíritu Santo, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NetxGeneration EU derivados de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia y la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Fundación Cepaim.

El corazón de esta red es lo que los propios profesionales denominan 'mesa de entidades', donde todos los implicados se reúnen quincenalmente para dar respuesta a las necesidades y problemáticas del barrio.

“El equipo de fútbol es la parte visible del trabajo, pero existe toda una parte invisible de trabajo detrás muy profunda. Hay una labor de acompañamiento al barrio que se preocupa de materializar sus demandas. Lourdes, la entrenadora, está en la comisión de absentismo del colegio donde van las niñas, y también están los trabajadores sociales que viven el día a día con las familias del barrio, muchas de ellas de las propias niñas del equipo” -afirma Andrea Nieto, coordinadora regional de Cepaim.

Según van conociéndose datos de la propuesta del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco para pactar con el fiscal Anticorrupción más se evidencia que gran parte del dinero desviado del saqueo de los fondos de la cooperación valenciana entre 2008 y 2011 no volverá a las arcas públicas. El Ministerio Público ha llegado a un preacuerdo con el expolítico por el que rebajará su petición de cárcel de 16 años a 3 y medio a cambio de la entrega de un bajo.

El inmueble no es ni propiedad de Blasco, sino que pertenece a su hijastra Déborah Salom Císcar. Además, el exconseller aseguró a través de su abogado en las cuestiones previas que tiene un valor de venta de 600.000 euros y ha aportado a la causa una tasación según la cual tendría un precio de mercado de 429.600 euros. Pero la realidad es que, según la documentación en poder de eldiario.es, Déborah Salom compró el bajo en el año 2004 por 215.000 euros, casi la tercera parte de lo que ha aceptado la fiscalía que vale en caso de cerrarse el acuerdo.

El bajo comercial está en estos momento alquilado a una clínica de estética y tiene 140 metros cuadrados. La hijastra de Blasco, hija mayor de su mujer Consuelo Císcar en su primer matrimonio, adquirió este bajo de manera privativa y con una hipoteca de la que adeuda unos 15.000 euros. Se la vendió la empresa Rodamientos y Transmisiones SL, una mercantil de Picanya de almacenamiento, montaje y distribución de elementos de trasmisión de potencia mecánica y rodadura y cuyo representante en la compraventa fue León Sancho Carreras.

La compra se produjo en el año 2004, en pleno boom inmobiliario en la ciudad de Valencia. El inmueble se encuentra en la calle Martí en el distrito de L'Eixample, en Valencia, una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad. En esa época, Rafael Blasco era conseller de Territorio del primer gobierno de Francisco Camps.

Blasco no ha ofrecido el dinero de la venta del bajo, sino que otorgará poderes a la Generalitat para que venda el inmueble. El Tribunal de Cuentas tiene embargada la mansión del exconseller en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira, Valencia) de la que se ha hecho una tasación que no alcanza en medio millón de euros. El expolítico, que se volverá a sentar en el banquillo a partir del próximo 20 de mayo, tiene que responder civil y solidariamente junto al empresario Augusto César Tauroni y el funcionario Marc Llinares con 3,5 millones de euros.

De todopoderoso conseller a la prisión de Picassent. La figura de Rafael Blasco, harto estudiada por periodistas y politólogos, parecía esconder pocos misterios. Pero el exconseller de Cooperación y de otras seis carteras con PSPV-PSOE y PP, aún esconde varias incógnitas. Entre ellas, su patrimonio y el de su familia que han amasado durante tres décadas.

À Punt emite este jueves y viernes 4 y 5 de abril los dos episodios del documental 'El clan Blasco', un reportaje de Cròniques Subterrànies en el que han participado los periodistas Alba Rojo, Agustina Pozzy y Sergi Pitarch y dirigido Juan Nieto y Tomás Ocaña. El reportaje rastrea el patrimonio de uno de los personajes más relevantes de la política valenciana y el de sus familiares más allegados, varios de los cuales están siendo investigados en otras tramas de corrupción. Siete veces conseller con cuatro presidentes y de dos partidos diferentes, Blasco fue condenado a seis años de prisión por la primera pieza del Caso Cooperación.

El equipo sigue el rastro del dinero desviado por la trama liderada por el exconseller, desde los pisos de la Fundación CYES hasta República Dominicana y elabora un mapa de las propiedades de su familia, que Rafael Blasco defiende que son fruto de donaciones y herencias. Solo en la Comunitat Valenciana la familia de Rafael Blasco y Consuelo Císcar, imputada por el fraude de fondos del IVAM, acumula 51 propiedades, la mayoría bienes inmuebles, que habrían sido comprados, heredados o donaciones.

Los Blasco-Císcar poseen inmuebles y terrenos en las provincias de Valencia y Castellón, con especial interés en el municipio de Benicàssim y el de Alzira. Sergio Blasco, sobrino del exconseller y exgerente del Hospital General, adquirió o recibió ocho propiedades de este municipio de la Ribera Alta semanas antes de que se montara la operación judicial que acabó con la trama del Caso Cooperación con una veintena de detenciones.

Las propiedades registradas en 2019 a nombre de la familia suman 267.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a la de 37 campos de fútbol como el de Mestalla. En la provincia de Valencia, explica el documental, gran parte del patrimonio está a nombre de Consuelo Císcar y una de sus hijas, Deborah Salom Císcar. Por la primera pieza del Caso Cooperación le fueron embargadas a Blasco varias propiedades.

El exconseller Rafael Blasco volverá a ser juzgado a partir del 15 de abril con otros 25 acusados por saquear 4 millones de euros destinados a la cooperación en países en desarrollo y por la pieza de la construcción de un Hospital en Haití que nunca llegó ha hacerse. La petición de prisión por los cuatro millones de euros desviados es de 7 años.

Con motivo de este juicio, À Punt ha montado una programación especial con debates, entrevistas y un programa especial de la Qüestió, que se emite este viernes después de la segunda parte del documental El Clan Blasco. Una noche donde el centro del debate será la corrupción en los fondos públicos para los países en vías de desarrollo.

Primera parte del documental 'El Clan Blasco' emitido por À Punt.

El exconseller de Cooperación del PP, Rafael Blasco, dejó una mancha en el currículum de la administración valenciana difícil de borrar. Con el exconseller en prisión por desviar 1,8 millones de euros de ayudas en Nicaragua para comprar pisos y otros inmuebles, el Ejecutivo valenciano -Govern del Botànic- tenía la complicada tarea de refundar el modelo de cooperación y terminar con la mala reputación de la Comunidad Valenciana.

Ese es uno de los objetivos de la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible que ha presentado este miércoles el conseller Manuel Alcaraz ante las Corts Valencianes. Un proyecto en el que han participado todos los actores de cooperación valenciana y aprobado por unanimidad en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, órgano en el que están representados los grupos parlamentarios, las ONG y las universidades, entre otros agentes. Para el conseller, las ONG “representan mejor que nadie la dignidad de la sociedad valenciana”.

La norma compromete a la Generalitat a destinar un 0,7% de su presupuesto de cada ejercicio a políticas vinculadas a cooperación y desarrollo sostenible. Este compromiso se supeditará a las disponibilidades reales de la hacienda del gobierno valenciano, al cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.

La ley incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, aprobados por Naciones Unidas hace dos años en Nueva York. Estas propuestas esquematizan a través de distintos objetivos las prioridades del desarrollo integrando tres dimensiones: social, económica y medioambiental. Además, el texto incorpora el enfoque de género en todos los ámbitos de la cooperación.

Los objetivos, según Alcaraz, “son una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.

Entre los ámbitos de la cooperación, la ley contempla actuar sobre la cooperación económica, financiera y técnica, sobre la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global, la contribución a la formación e investigación y el apoyo a iniciativas de comercio justo.

La ley incluye como prioridades de la cooperación valenciana al desarrollo el apoyo a las áreas de mayor pobreza y desigualdad, aquellas en las que se produzcan transgresiones graves de los derechos humanos, conflictos o situaciones de emergencia humanitaria, los pueblos y países más empobrecidos y/o con mayores flujos migratorios y de población refugiada; además de aquellos países que presenten peores indicadores de desarrollo humano de la infancia.

A su vez, se plasman prioridades relacionadas con el derecho a los bienes públicos globales; el derecho a la participación y a la gobernanza democrática, al desarrollo, los derechos de la tierra y los relacionados con las mujeres y la infancia.

La Audiencia de Valencia ha rechazado la petición de disfrutar de permisos penitenciarios del exconseller popular de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco, condenado en la primera pieza del caso Cooperación por malversación, prevaricación y falsificación.

Según el auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso EFE, el permiso se deniega “por la lejanía de la fecha de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena”, seis años y medio, por desviar fondos públicos dirigidos a cooperación internacional, que se harían efectivas en 2020.

Además, se deniegan los permisos por “la complejidad de la actividad delictiva desarrollada” por Blasco como conseller, “perpetrando unos hechos de indudable repercusión social”, y por la “existencia de dos procedimientos pendientes de enjuiciamiento y cuyo resultado puede alterar las bases de cálculos actuales de cumplimiento de la condena”.

“Grupo criminal”

Esos procedimientos se refieren al procesamiento de Blasco y otras veinte personas por parte del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, por las posibles irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como “grupo criminal”.

El juzgado ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del caso Cooperación, donde deja la causa preparada para el juicio y concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por cohecho, prevaricación, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

El auto conocido este lunes reconoce que el riesgo de quebrantamiento de condena es bajo y “no hay visos de reiteración delictiva” al “haber perdido la condición pública que le permitió realizar la actividad delictiva” y estar inhabilitado para cargo público, y tampoco advierte un riesgo de fuga.

No obstante, la Audiencia dice que el cumplimiento de la cuarta parte de la condena, la no existencia de un riesgo de reiteración delictiva y “un riesgo bajo de fuga”, la edad de Blasco (72 años), el “apoyo familiar y su integración social”, su ingreso voluntario en prisión y el “buen comportamiento”, “no es motivo suficiente” para concederle permisos “pues concurren datos que no avalan esa pretensión”.

El gerente de las fundaciones municipales de Valencia Inndea y Crea, Rafael Monterde, habría asesorado a la trama de corrupción liderada por el exconseller popular Rafael Blasco, que cumple condena por el desvío de dinero destinado a las ONGs en el caso Cooperación, según publicaba el diario El Mundo. Así, según esta información, en 2010 la trama corrupta confeccionó nuevos criterios de valoración con la colaboración de Monterde -vinculado a València en Comú y Podemos-, quien estuvo “en todo momento en contcato con Marc Llinares, asesorándolo en temas de cooperación”. En la investigación, el gerente de InnDEA y Crea aparece como uno de los evaluadores que conocía cómo se convertían en aptos proyectos de cooperación que habían sido rechazados por inviables para recibir subvenciones.

Ante estas informaciones, Jaime Paulino, secretario general de Podemos en Valencia, emitía un comunicado en que se desmarcaba de Monterde, “no es un cargo público de Podemos, es un cargo de confianza de Jordi Peris [portavoz de València en Comú y concejal del equipo de gobierno de Joan Ribó]”. En este sentido, Paulino explicaba que de ser cierta la información, “estaríamos ante un comportamiento incompatible con la exigencia pública de un gobierno del cambio”, por lo que exigen a Peris que, de ser cierta la noticia, “destituya a Rafael Monterde”.

Rafael Monterde, por su parte, ha emitido un comunicado en el que expresa su “más firme desacuerdo” con la “interpretación” que hace El Mundo del auto judicial, que desmiente de forma tajante. De este modo, sentenciaba que cuando fue consciente de la presunta comisión de delitos en las ayudas a Cooperación, “informé de forma discreta a medios de comunicación, responsables políticos y técnicos de determinadas ONGs”. Reconoce que “tal vez fuese un error” no acudir a la fiscalía en ese momento, aunque indica que en algunos momentos sintió “miedo” ante el “grupo criminal” que “dirigía” la Conselleria de Cooperación.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del 'Caso Cooperación' --2 y 3-- en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

El auto notificado este viernes a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En la resolución, la jueza Nieves Molina concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.

En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

“Jefes” del “grupo criminal”

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es “evidente” el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como “directores o jefes” del “grupo criminal” para poder “organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos”.

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como “miembros activos” de la trama.

En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de “facto” de la Fundación Entre Pueblos, “era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro”.

La jueza añade que “prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de estos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes”.

Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, “pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita”.

La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.

La instrucción, en cifras

Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a penas de prisión en la primera pieza del 'Caso Cooperación', por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

La causa consta de 168 tomos, integrados por 50.000 folios. A ello hay que sumar las 24 piezas separadas con más de 40.000 folios formadas con la documentación intervenida en las entradas y registros. Durante la instrucción, que arrancó en 2011, la jueza ha revisado más de 35.000 correos electrónicos que han dado lugar a la formación de 15 tomos más. Se ha analizado, igualmente, el contenido de los 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 teras.

Piezas 4 y 5

Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del 'Caso Cooperación'. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

La segunda pieza investiga si Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha encomanat a l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA), dependent de la Secretaria d’Estat de Justícia, la localització a Espanya i/o a l’estranger de béns de l’empresari Augusto César Tauroni i dos condemnats més en la primera peça jutjada del cas Cooperació, a fi de cobrir les responsabilitats pecuniàries per a reparar el menyscapte a les arques públiques que es va considerar provat que havien comés en el judici.

La justícia, en aquest cas, va condemnar Rafael Blasco, exconseller de Solidaritat i exdiputat ‘popular’ en les Corts Valencianes, a sis anys i mig de presó pel frau d’ajudes al Tercer Món, dins de la peça 1 del conegut com a cas Cooperació, relativa a irregularitats en la concessió d’ajudes per Solidaritat a la Fundació Cyes per a projectes a Nicaragua.

L’empresari Tauroni compleix sis anys de presó per aquesta peça, mentre que el president de la Fundació Cyes, Marcial López, i la seua parella, Josefa López, van ser sentenciats a tres anys i nou mesos i tres anys de presó, respectivament.

Altres exalts càrrecs d’aquest departament també van ser condemnats pel fet de considerar que va haver-hi un concert entre funcionaris, encapçalats per Blasco, per a permetre que Tauroni, Marcial López i la seua parella, valent-se de la Fundació Cyes, “es lucraren personalment amb les subvencions públiques concedides per a projectes d’índole social, pels quals van percebre 1,7 milions d’euros” dels quals “a penes van destinar al voltant del 3 per cent al fi de cooperació internacional a què estaven destinats, i van causar amb això un menyscapte greu a les arques públiques”.

La sala, en una interlocutòria de data 1 de juny, explica que, en el tràmit de recuperació dels béns indegudament retrets de la Generalitat, s’han obtingut 137.113 euros en efectiu; s’han adjudicat per 283.400 euros locals adquirits sota la titularitat formal de la Fundació Cyes amb els fons il·lícitament obtinguts de les subvencions i hi ha en marxa altres actuacions sobre immobles de López i Cervera a Sagunt i Castelló.

Propietats als EUA

En el cas de Tauroni, s’han embargat dos immobles a Miami, una embarcació d’esplai i els imports de dos comptes oberts en JP Morgan, béns que figuren davall la titularitat formal d’Indra Holding and Investment Corp, per a la qual cosa es va lliurar una comissió rogatòria a les autoritats dels EUA.

La sala assenyala que, d’acord amb la llei, els tribunals poden encomanar la localització, conservació i administració dels efectes, béns, instruments i guanys procedents d’activitats delictives comeses en el marc d’una organització criminal a l’ORGA. I en aquest cas, s’ha comprovat que els béns intervinguts fins a la data “resultaran insuficients per a satisfer les responsabilitats pecuniàries que, en reparació del menyscapte causat a l’Administració, s’han declarat”.

Per això, es demana la cooperació de l’ORGA per a “localitzar altres béns sobre els quals poder actuar, especialment, pel fet de sospitar que una part del grup, i de manera especial Augusto Tauroni, va poder haver desviat capitals a l’estranger, particularment als EUA (Florida, Delaware…) així com a algun estat d’Amèrica Central o del Sud”, sense perjudici dels que puga tenir ocults a Espanya.

El TSJCV afig que la sentència preveu aquest pronunciament com a responsabilitat civil, però recalca que “no pot deixar-se de banda que el seu import responga senzillament i exclusivament a la recuperació dels fons públics prèviament apropiats pel grup, per la qual cosa, al capdavall, serien efectes del delicte, que, si s’hagueren trobat durant la instrucció de la causa, podrien haver estat objecte de comís”.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha encomendado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia, la localización en España y/o el extranjero de bienes del empresario Augusto César Tauroni y otros dos condenados en la primera pieza juzgada del caso Cooperación, con el fin de cubrir las responsabilidades pecuniarias para reparar el quebranto a las arcas públicas que se consideró probado en el juicio que habían cometido.

La Justicia, en este caso, condenó a Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts Valencianes, a seis años y medio de prisión por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

El empresario Tauroni cumple seis años de cárcel por esta pieza, mientras que el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y su pareja, Josefa López, fueron sentenciados a tres años y nueve meses y tres años de cárcel respectivamente.

Otros exaltos cargos de este departamento también resultaron condenados al considerar que hubo un concierto entre funcionarios, encabezados por Blasco, para permitir que Tauroni, Marcial López y su pareja, valiéndose de la Fundación Cyes, “se lucraran personalmente con las subvenciones públicas concedidas para proyectos de índole social, por los que percibieron 1,7 millones de euros” de los que “apenas destinaron alrededor del 3 por ciento al fin de cooperación internacional a que estaban destinados, causando con ello un grave quebranto a las arcas públicas”.

La sala, en un auto de fecha 1 de junio, explica que en el trámite de recuperación de los bienes indebidamente retraídos de la Generalitat, se ha obtenido 137.113 euros en efectivo; se han adjudicado por 283.400 euros locales adquiridos bajo la titularidad formal de la Fundación Cyes con los fondos ilícitamente obtenidos de las subvenciones y hay en marcha otras actuaciones sobre inmuebles de López y Cervera en Sagunto y Castellón.

Propiedades en EEUU

En el caso de Tauroni, se han embargado dos inmuebles en Miami, una embarcación de recreo y los importes de dos cuentas abiertas en JP Morgan, bienes que aparecen bajo la titularidad formal de Indra Holding and Investment Corp, para lo que se libró una comisión rogatoria a las autoridades de EEUU.

La sala señala que, de acuerdo con la ley, los tribunales pueden encomendar la localización, conservación y administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal a la ORGA. Y en este caso, se ha comprobado que los bienes intervenidos hasta la fecha “van a resultar insuficientes para satisfacer las responsabilidades pecuniarias que, en reparación del quebranto causado a la administración, han sido declaradas2.

Por ello, se pide la cooperación del ORGA para “localizar otros bienes sobre los que poder actuar, especialmente, al resultar sospechas de que parte del grupo, y de forma especial Augusto Tauroni, pudo haber desviado capitales al extranjero, particularmente a los EEUU (Florida, Delaware..) así como a algún estado centro o sud América”, sin perjuicio de los que pueda tener ocultos en España.

El TSJCV añade que la sentencia contempla este pronunciamiento como responsabilidad civil, pero recalca que “no puede dejarse de lado que su importe responda sencilla y exclusivamente a la recuperación de los fondos públicos previamente apropiados por el grupo, por lo que en definitiva serían efectos del delito, que de haberse encontrado durante la instrucción de la causa, podrían hacer sido objeto de comiso”.

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Cooperación Internacional del Congreso, Ángela Ballester, ha trasladado una serie de preguntas al Gobierno sobre la 'Operación Lezo', investigación policial que busca esclarecer dónde han ido a parar los fondos para el Canal de Isabel II.

Ballester ha interpelado este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre las empresas de la trama Lezo que se habrían beneficiado de fondos de cooperación en América Latina. Según ha explicado la diputada, “el fondo de cooperación para agua y saneamiento fue impulsado por el Gobierno de España con la finalidad de conceder ayudas no reembolsables y préstamos no ligados, con el objetivo de favorecer la gestión pública, integral y participativa del agua. Sin embargo, la investigación del Caso Lezo revela que se han adjudicado contratos en Haití a distintas empresas españolas, algunas relacionadas con el Canal de Isabel II, financiados por este Fondo y posiblemente conseguidos mediante prácticas fraudulentas y de corrupción”.

El modus operandi de la trama Lezo resulta familiar. “No es la primera vez que lo vemos en el PP. El exconseller valenciano Rafael Blasco, ahora en prisión, también se enriqueció con fondos destinados a Haití”, ha señalado Ballester, quien ha insistido en que “estamos ante una trama organizada que supera todos los límites y todas las fronteras. Convertir los fondos para garantizar el agua y el saneamiento de los países más empobrecidos en un negocio es de extrema gravedad”.

La diputada, además, ha preguntado al Gobierno qué empresas españolas han participado en los órganos asesores del fondo de cooperación, qué empresas han gestionado los fondos desde 2010 y en base a qué proyectos, qué evaluaciones externas se ha hecho de dicha gestión, qué información tiene el ministerio sobre la relación con la trama Lezo y qué procedimientos ha puesto en marcha la Secretaría de Estado para recibir denuncias.

El Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha formado una pieza más sobre la supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos en la que incluye como investigado al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión.

En el auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano la jueza dictamina que se tiene también por investigados a Agustina Sanjuan, Marc Llinares, Augusto César Tauroni, Javier Murcia, Luis Mira y Juan Bautista Julià.

En esta nueva pieza, la quinta, se investigan los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o apropiación indebida a través de la contratación irregular de servicios informáticos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre los años 2008 y 2011.

El pasado mes de octubre, la titular de este juzgado ya detectó la supuesta trama de amaño por valor de más de un millón de euros en la época en la que Rafael Blasco estuvo al frente.

Los contratos supuestamente amañados beneficiaron al empresario Augusto César Tauroni, encarcelado igual que Blasco por el desvío de fondos destinados al tercer mundo.

La instructora considera que se amañaron contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Tauroni.

Según el auto del pasado mes de octubre, hubo “una clara vulneración de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contratación Pública”.

En el auto de este viernes se encarga, entre otras diligencias, que la Conselleria actualmente de Igualdad informe al juzgado sobre la identidad de los trabajadores que llevaron a cabo los trabajos correspondientes a varios servicios informáticos contratados.

También solicita expedientes de contratación o información a la extinta fundación Ceimigra y a las empresas Ceteck e Indra.

El empresario Augusto César Tauroni, que cumple seis años de cárcel por la primera pieza del caso Cooperación, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye la causa, tras romper negociaciones con Fiscalía Anticorrupción para obtener una rebaja en la condena a la que se puede enfrentar por las dos piezas que quedan pendientes. Se trata de la segunda ocasión en la que el empresario decide no declarar tras pedir voluntariamente comparecer.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Tauroni se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante la instructora de la causa. Fuentes conocedoras de su decisión han explicado a Europa Press que el empresario se ha inclinado por esta opción después de no haber llegado a ningún acuerdo con Fiscalía Anticorrupción para rebajar la condena a la que se puede enfrentar.

De hecho, el fiscal no ha llegado a presentarse a la vista señalada para esta jornada aunque Tauroni, una vez dentro de la sala, ha dicho que no declaraba porque no estaba el representante del ministerio público.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, en las que hay una treintena de imputados, entre ellos, el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco. En estas dos piezas se investigan subvenciones a ONG y la proyección de la construcción de un hospital en Haití.

El empresario encarcelado ya pidió declarar a finales de febrero tras varias negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción para obtener una rebaja de la pena, pero un día antes de acudir al juzgado solicitó suspender su comparecencia.

Tras este bache y transcurridos unos días, el empresario volvió a iniciar conversaciones con el fiscal y reclamó una nueva comparecencia, que se fijó para la tarde de este martes, aunque en esta ocasión, tampoco se ha llevado a cabo su comparecencia al acogerse a su derecho a no declarar.

Las tramas del caso

La pieza separada número dos de este procedimiento investiga subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011. Hay 23 investigados, entre los que figuran el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario Tauroni. Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.

La pieza separada número tres investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití. Hay 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.

Blasco y su equipo ya fueron condenados en la pieza principal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión y Tauroni a seis.

El empresario Augusto César Tauroni, en prisión condenado por el robo de ayudas de la Generalitat al tercer mundo, ha rectificado y no declarará ante el juez para confesar la comisión de varios delitos en el marco de la investigación por el caso Cooperación.

Tauroni, cabeza visible de la trama junto al exconseller Rafael Blasco, también en la cárcel de Picassent por el mismo asunto, pidió declarar ante la juez que investiga el caso. Su objetivo, según fuentes judiciales, era pactar una rebaja de penas con la Fiscalía a cambio de una confesión.

Finamente, ha rectificado. Según Levante-EMV, los imputados por el caso -entre ellos, Blasco- no quieren devolver el dinero sustraido a las arcas públicas. El acuerdo barajado por la Fiscalía exigía, además de la aceptación de los delitos, la devolución del dinero esquilmado a las arcas públicas, más de tres millones de euros.

La Generalitat, personada en el proceso para recuperar el dinero, no apoyará ningún acuerdo que no implique su devolución aunque si está dispuesto a pactar penas que eviten la entrada de los imputados en prisión a cambio de la aceptación de los hechos.

Blasco y Tauroni fueron condenados a seis años y medio y seis de prisión, respectivamente, por malversación de caudales públicos, prevaricación o falsedad documental. La Fundación que controlaban recibió 1,8 millones de euros. Dedicó casi un millón a la compra de pisos en Valencia y varias empresas vinculadas a Tauroni se quedaron otros 400.000 gracias a facturas por trabajos inexistentes. De momento, solo han pagado 150 de los 1,7 millones de euros robados.

Esa condena fue por la pieza número 1 del caso. Las 2 y 3, actualmente en investigación, se centran en las subvenciones supuestamente irregulares de la conselleria dirigida por Blasco a varias ONG entre 2009 y 2011 y el robo de fondos para la construcción de un hospital en Haití. Entre ambas causas hay 35 imputados.

El Tribunal de Cuentas ha condenado al exconseller valenciano Rafael Blasco y a sus colaboradores directos en la Conselleria de Solidaridad a devolver 161.000 euros a la Generalitat Valenciana por los perjuicios causados a los fondos públicos en la concesión de varias subvenciones a la Fundación Cyes.

Además de a Blasco, el tribunal condena al exsubsecretario de la Conselleria Alejandro Catalá; el exdirector general de Inmigración Josep Maria Felip y al entonces presidente de la citada fundación, Marcial López, “como responsables contables directos y solidarios” al pago de esta cantidad.

También se condena al exjefe del Área de Cooperación Marc Llinares a devolver 64.000 euros; al empresario Augusto César Tauroni a abonar 40.255 euros, y a Josefa Cervera, pareja de Marcial López, a pagar 12.881 euros.

El Tribunal estima de esta manera la demanda de reintegro efectuada por la Generalitat, que estimaba que las actuaciones de los condenados había generado unos daños y perjuicios para las arcas públicas de 161.020 euros, y pedía que estos fueran condenados a reintegrar estos fondos.

En una sentencia del 19 de enero, el Tribunal de Cuentas considera que ha quedado “suficientemente acreditado” que los hechos constituyen un supuesto alcance de fondos públicos, ya que los gestores púbicos demandados otorgaron subvenciones a Fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) sin que esta reuniera los requisitos exigidos.

La fundación tampoco justificó que los gastos realizados se hubieran destinado a los fines para los que se otorgaron, y pese a ello no se le exigió su devolución, y además, se emitieron facturas falsas para encubrir comisiones a Tauroni y a Cervera, quien colaboró con su pareja para lucrarse de las subvenciones.

Subvenciones “no procedentes”

El Tribunal de Cuentas considera acreditado que Blasco, en su condición de conseller, acordó otorgar las subvenciones sin resultar procedentes y con el ánimo de beneficiar a la Fundación Cyes, a la que se otorgó la cantidad máxima.

Está probado también que Tauroni percibió una comisión del 25 % de su importe, y que Josefa Cervera elaboró “unas facturas por trabajos inexistentes como un subterfugio para detraer el 8 % de las subvenciones” que podían dedicar, como máximo, a gastos indirectos.

Ve probado que Cyes recibió las subvenciones cuando no reunía todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, y que a pesar de no justificar adecuadamente los gastos, no se le pidió justificación ni se revocaron las ayudas ni se le pidió el reintegro de las mismas.

Afirma que Blasco, como gestor púbico y responsable de la Conselleria, debería haber verificado que las actuaciones llevadas a cabo en relación con los expedientes de subvención se ajustaban a lo legalmente dispuesto, adoptando las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y fondos de la Conselleria.

El exconseller debió de prever que podía producirse un menoscabo de los fondos públicos ante unas actuaciones como las llevadas a cabo en este caso, por lo que el Tribunal califica su actuación de “negligencia grave”.

En la travesía judicial valenciana todavía quedan algún caso pendiente de juzgar, cuyos principales acusados se encuentran ya en prisión. Se trata de las dos piezas pendientes del 'Caso Blasco', también llamado 'Caso Cooperación', aunque nofuera precisamente esta acción solidaria la que se llevara a cabo.

Las piezas 2 y 3 de esta investigación buscan esclarecer el desvío de ayudas a ONG y a la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de grandes magnitudes que sacudió la zona en 2010. Las ayudas procedían de los fondos de Cooperación que adjudicaba la conselleria homónima, que dirigía Rafael Blasco, y nunca llegaron a cumplir esos fines. Los tribunales investigan delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, malversación y falsedad documental.

Todavía no hay fecha para el juicio de ambas causas, que previsiblemente se hará de manera conjunta dada la similitud de la trama, según informa la Cadena Ser. En la anterior ocasión los imputados declararon de forma más o menos unánime, aunque se prevé que en esta no sea así, tras varios intentos de evitar el juicio devolviendo parte del dinero desviado y de que algunos acusados colaboren con la justicia. El 9 de enero declarará uno de los responsables de la ONG de Guinea.

El exconseller Blasco, también responsable del modelo residencial y de dependencia que el actual Gobierno trata de desmantelar, permanece en prisión desde hace más de un año, cuando fue condenado por la primera pieza del caso. Esta investigaba subvenciones a la Fundación Cyes destinada a un proyecto en Nicaragua en 2008, pero en su lugar, ese dinero se utilizó para comprar varios pisos en la ciudad de Valencia. Al margen del exconseller, se condenó a otras siete personas.

La trama de las piezas 2 y 3 actuaba de forma similar, con la implicación en ambas de la Fundación Hemisferio, a la que iba destinado el dinero. En la segunda pieza hay unos 20 investigados y en la tercera (la que investiga el hospital de Haití), 12 personas: 5 responsables de la administración, 6 empresarios y el responsable de la ONG, cuya declaración terminará en enero. 

Josep Maria Felip, exalto cargo de la Administración autonómica valenciana, ha remitido un escrito a la Generalitat en el que le reclama 15.000 euros por el coste de su defensa en la primera de las piezas del conocido como caso Cooperación, de la que fue absuelto.

Según han conformado fuentes de la Conselleria de Transparencia, el escrito fue recibido hace unos veinte días y ha sido remitido a la Abogacía de la Generalitat para que determine si se debe tramitar o no esa petición.

Felip, exdirector general de Cooperación, fue absuelto por el Tribunal Supremo en una de las piezas del caso Cooperación, referida al supuesto desvío de fondos públicos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua, por la que el exconseller Rafael Blasco cumple una pena de seis años de cárcel.

El exalto cargo reclama ahora a la Administración el pago de los honorarios de su abogado, que cifra en 15.000 euros, según han señalado desde la Conselleria.

Las mismas fuentes han destacado que Josep Maria Felip reclamó hace meses 80.000 euros por un concepto similar, y en esa ocasión su petición fue rechazada.

Según publica el diario Las Provincias, Felip pide el pago de su presentación legal durante la investigación del caso, primero en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia, incluido el juicio celebrado en el alto tribunal, así como los servicios del procurador.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha rechazado la petición de la Fiscalía para investigar si César Augusto Tauroni, el empresario condenado por el “Caso Cooperación”, utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, en la que se encuentra cumpliendo prisión, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

La magistrada, que en la actualidad instruye dos piezas separadas del “Caso Cooperación” en las que está imputado Tauroni junto a la anterior cúpula de la Conselleria de Solidaridad por delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones en los años 2009, 2010 y 2011, considera que no tiene competencia para investigar los delitos de autoblanqueo de capitales o alzamiento de bienes denunciados por la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó a la jueza que requiriera al centro penitenciario el ordenador utilizado por el recluso para que fuera analizado por la Brigada de Investigación Tecnológica con el objetivo de determinar las webs que consultó, las cuentas de correo que abrió y si utilizó este medio para ocultar su patrimonio o el de otras personas.

La jueza considera que no le compete a ella investigar estos hechos; que no concurren los requisito exigidos por el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, en su nueva redacción establece que los delitos han de investigarse en una misma causa sólo cuando resulte conveniente para el esclarecimiento de los hechos y cuando no suponga excesiva complejidad o dilación en la instrucción.

A este respecto, la titular recuerda que la instrucción de las dos piezas del “Caso Cooperación” está a punto de concluir. La investigación en este procedimiento de la posible comisión de un nuevo delito por parte de Tauroni “dilataría innecesariamente la finalización del presente procedimiento”, señala el auto.

Dice la jueza que “existe una diferencia temporal relevante entre la comisión de los delitos que investiga” en las dos piezas separadas del Caso Cooperación, relativas a hechos comprendidos entre 2009 y 2011, y los que ahora quiere incorporar el fiscal a estas diligencias.

Añade, que “para el esclarecimiento de los delitos económicos por los que se sigue el presente procedimiento (malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones) no resultan relevantes ni de interés las diligencias de investigación que puedan practicarse para la investigación de la hipotética comisión de un delito de autoblanqueo de capitales o de alzamiento de bienes”.

En la misma resolución se subraya que la investigación de los hechos imputados a Tauroni por un juzgado distinto, que habría de ser uno de Picassent por ser el partido judicial del lugar donde ocurrieron, y en un procedimiento diferenciado del que se lleva en Instrucción 21, no obstaculizaría la adopción de las medidas cautelares necesarias para que el empresario no eluda el pago de los 2,6 millones de euros a los que fue condenado en concepto de responsabilidad civil por el desvío de las ayudas al Tercer Mundo.

Rechazada la petición del fiscal por una cuestión de competencia, la magistrada considera innecesario pronunciarse sobre la procedencia de intervenir el ordenador, teniendo en cuenta que se trata de una medida que afecta a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. No obstante, la instructora recuerda que, según la ley, “no podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva”.

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Els responsables de la trama que va robar ajudes de la Generalitat destinades als països en desenvolupament a penes han pagat un cèntim dels 2.700.000 euros que deuen a l’Administració valenciana.

L’exconseller d’Hisenda, Rafael Blasco (PP), no ha pagat res. Augusto César Tauroni, l’empresari que es va aliar amb el polític per detraure fons públics, ha fet un sol pagament a la Conselleria de Transparència i Cooperació: 150 euros el 21 de setembre de 2016, segons fonts de la Generalitat.

Van ser condemnats a sis anys i mig i sis any de presó, respectivament, per malversació de cabals públics, prevaricació o falsedat documental. La fundació que controlaven va rebre 1,8 milions d’euros. Van dedicar-ne gairebé un milió a la compra de pisos a València i unes quantes empreses vinculades a Tauroni es van quedar 400.000 euros gràcies a factures per faenes inexistents.

A la destinació final dels diners –Nicaragua– únicament van arribar 43.000 euros. L’operació ha tingut com a conseqüència que Blasco i Tauroni estiguen a la presó, on la Fiscalia sospita que poden tenir accés a telèfons mòbils des dels quals manejarien el seu patrimoni –presumptament amagat al fisc– i transferirien diners.

La recuperació tan àrdua dels diners robats

Tauroni i els altres responsables –Marcial López i Josefa Cervera– de la fundació que va rebre els diners sostrets són els responsables directes d’indemnitzar la Generalitat, segons va ratificar el Tribunal Suprem. Li han de pagar 1.623.000 euros de principal, mig milió d’interessos i un 30% extra sobre la suma d’aquestes partides per costes i interessos. En total, 2.700.000 euros.

Posteriorment, el Tribunal de Comptes va condemnar Blasco i els membres del seu equip condemnats a respondre solidàriament d’aquest deute, però fins ara la Generalitat només ha recuperat 260.000 euros, fons confiscats de les empreses que operaven amb la trama i la venda d’un garatge. Els altres dos pisos requisats van eixir a subhasta –declarada deserta per les males ofertes rebudes– i ara la Generalitat vol quedar-se’ls.

El Govern valencià ha encarregat als seus advocats que treballen de valent per a recuperar els diners perduts en casos de corrupció. Els del cas Cooperació es dedicaran íntegrament a ajudes al desenvolupament. A més dels 260.000 euros ja recuperats, el Consell confia en el patrimoni ja localitzat per a recuperar gairebé tota la suma sostreta. Dos apartaments a Miami i un iot de Tauroni o un adossat de López.

Blasco, després de dècades de carrera política al més alt nivell, es presenta com un pensionista sense recursos, segons El Mundo. Condemnat una vegada, les investigacions sobre dos presumptes desfalcs més en la Conselleria de Solidaritat que ell dirigia –les altres peces judicials del cas Cooperació– estan a punt de concloure.

Potser, en cas de judici i una altra eventual sentència condemnatòria, es rescabalarà més ràpidament l’Administració. El cas Cooperació –o cas Blasco, com s’estima més anomenar-lo l’actual Govern valencià– es va desenvolupar entre el 2008 i el 2010. Les primeres detencions van tenir lloc el 2012. La decisió del Tribunal Superior de Justícia valencià va arribar el 2014 i la ratificació gairebé total del Tribunal Suprem el 2015.

L’octubre del 2016, el Tribunal de Comptes va ratificar, en resposta a diversos recursos, que Blasco i altres implicats han de respondre solidàriament amb els seus ingressos i béns dels diners malversats. La localització d’algun patrimoni ocult permetria, arribat el cas, una recuperació dels diners més ràpids en les altres ramificacions del cas Cooperació.