David está rehaciendo su vida. Desde hace tres meses, trabaja en la imprenta de Nostrum Integra, de la fundación Diagrama: “Es muy motivador. Después de tres años vuelvo a tener obligaciones, una rutina, un día a día normal”, explica a este diario. Las adicciones lo apartaron temporalmente del mundo laboral, que ahora vuelve a afrontar con ilusión.

Antes de firmar el contrato con la empresa de inserción, David Quesada llevaba tres años sin trabajar: “Mi último trabajo fue como seguridad en un centro de menores. Estuve allí 12 años, trabajando con adolescentes con problemas”. Tras toda una vida empleado, finalmente tuvo que cogerse la baja: “Estuve depresivo mucho tiempo, aquello quema, hay una tensión continua”, describe.

Ahora, está aprendiendo un nuevo oficio: “La mayoría entramos aquí desde cero, sin experiencia en el sector. Nos están ayudando mucho, la formación está siendo muy buena, tenemos grandes profesionales”. Junto a él, otra media docena de personas tiene un contrato de inserción con Nostrum Integra: “La experiencia con los compañeros es muy positiva, nos adaptamos bien y nos ayudamos mutuamente, somos un equipo”, apunta David.

Nostrum Integra es una empresa de inserción, una iniciativa económica de carácter no lucrativo cuyo objeto social es el acompañamiento y la inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Afincada en el polígono de La Polvorista en Molina de Segura, la entidad lleva trabajando con personas en riesgo de exclusión social de la mano de la Fundación Diagrama prácticamente desde su nacimiento en 1999, mucho antes de que se formalizase legalmente la figura de las empresas de inclusión.

“Desde el principio la empresa se ideó para trabajar con personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social. Al principio el trabajo era más formativo, similar a los programas de los institutos de formación profesional. Pero nos fuimos dando cuenta del valor de dar una oportunidad laboral a distintos colectivos”, explica a este diario Matías González, gerente de la empresa.

Ahora, trabajan al tiempo que se están formando: “En un año aprenden la profesión, en dos años son técnicos de producción. A los tres años se tienen que ir, la idea es que este trabajo sirva de tránsito al mercado laboral ordinario”, describe el gerente. Por parte de la empresa, Matías confiesa que la renovación constante de personas supone un reto: “Por mucho que hayamos conseguido que estos empleados formen parte de una plantilla profesional, cuando terminan sus contratos volvemos a empezar con personal nuevo, la mayoría sin experiencia en el sector”.

“La experiencia es muy bonita. Es muy gratificante comparar cómo entran a cómo se van”, define Paco García, técnico de producción. Como en el grueso de empresas de inserción, los empleados con contratos de este tipo reciben un acompañamiento doble. Por un lado, a través del equipo de orientación laboral de la Fundación Diagrama se preparan en los aspectos sociales y formativos del itinerario de inserción. Por otro lado, los técnicos de producción trabajan codo con codo con ellos, enseñándoles el oficio.

“Hay que trabajar con ellos con mano izquierda. En resumidas cuentas, hay que ser muy humano. Es indescriptible la sensación que da cuando vienen y te dicen que han conseguido encontrar trabajo, es una maravilla”, explica el técnico. “Tenemos muy buenos profesionales que nos enseñan a cómo trabajar aquí, la mayoría entramos sin tener experiencia previa en el sector”, abunda David.

Estudios de diseño y agencias de publicidad

“Empezamos con una imprenta convencional con la tinta. Al principio fue difícil establecer un ritmo de trabajo mientras hacíamos las formaciones. No era como el que tenemos ahora, somos una empresa profesional”, subraya. La nave, ahora con equipamiento moderno, preserva su historia en pequeños detalles, como la iluminación que se instaló junto a la antigua imprenta tradicional: blanca, alógena y precisa.

Para lograr ser competitivos, González indica que la empresa tuvo que reinventarse varias veces, siendo de las primeras imprentas en zambullirse en el mundo digital: “Fuimos de los primeros en digitalizarnos en Murcia, queríamos ser más competitivos, dar el servicio más rápido. También nos queríamos alejar de un proceso de producción muy complejo en el que había que tener una formación muy especializada”, abunda.

“Al final esto un negocio sin ánimo de lucro, pero tiene que ser sostenible y productivo”, recuerda. Aunque disponen de un amplio catálogo de servicios, Nostrum Integra se ha convertido en una imprenta muy apreciada por estudios de diseño y agencias de publicidad: “Nos hemos especializado, aunque suene redundante, en acabados muy específicos [risas]. Nos enfocamos en la pequeña tirada, hacemos productos que no suelen hacer otras empresas. Los estudios buscan en nosotros un proveedor donde puedan llevar a cabo su creatividad”, incide.

El grueso de la cartera de clientes de la empresa es de iniciativa privada, interesados en sus acabados y “sensibilizados con el proyecto” de inserción. El cliente menos común es la Administración, pese a que la normativa estipula que las empresas de inserción deben presentar un mínimo del 8% en su volumen de licitaciones.

“Diría que no se está cumpliendo la normativa, porque no lo hacen [los contratos] con reserva, lo hacen a precio. Aunque siempre nos tienen en cuenta porque les gusta el proyecto, si se abriera este tipo de contrataciones públicas con reserva cogerían a una empresa u a otra, pero siempre serían de inserción”, expone Matías.

No hay un “perfil” de la exclusión social

González descarta definir un “perfil” de empleado con contrato de inclusión. A primera vista el personal de la imprenta es muy heterogéneo, con hombres y mujeres de diversas edades trabajando codo con codo: “Diagrama trabaja con prácticamente todo el ámbito de colectivos de riesgo de exclusión social. Principalmente, con chicos que cumplen la mayoría de edad en centros de menores”, apunta. “A las personas que han pasado por un centro de menores o de protección les damos su primera experiencia laboral. Con 18 o 19 añitos salen de los centros y les ofrecemos la primera oportunidad de conocer el mundo laboral”, abunda.

“Trabajar con gente joven es distinto, es más ajetreado, pero suelen tener una capacidad de aprendizaje mayor. Les tienes que enseñar lo que es la responsabilidad, la importancia de los horarios y de permanecer en el puesto de trabajo. Pero la experiencia siempre ha sido buena, el ambiente con los chavales suele volverse más distendido”, observa.

La Fundación también tiene programas para otros colectivos, como las personas migrantes, en situación de pobreza, parados de larga duración, personas con adicciones o mujeres maltratadas: “Son personas muy capaces de trabajar, muchos llegan con una trayectoria de trabajo”, resume. La mayoría de los trabajadores con contratos de inserción vienen de programas de la propia Diagrama, pero también colaboran con otras entidades o empresas de inserción: “No queremos discriminar a nadie, queremos darle la oportunidad a todo el mundo”.

La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social ya es una realidad, aprobada este jueves de manera definitiva por el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Entre las novedades más destacadas, la norma incluye medidas como nuevas ayudas fiscales a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, más causas para descalificar a falsas cooperativas y más colectivos que pueden contratar las empresas de inserción, entre otras.

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que ha impulsado la regulación, destacaba este jueves que la llamada “economía social” representa “un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

En concreto, la ley recoge las entidades que forman parte de la economía social, con la novedad de delimitar los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Son “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las empresas sociales” que se rijan por los principios establecidos para este tipo de economía.

No se trata de un “apartado menor” de la economía, ha recordado este jueves Yolanda Díaz, ya que supone el 11% del PIB, más de 127.000 empresas y entidades, de las que dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos, ha cifrado su Ministerio.

Así, la nueva legislación incluye cambios en cuatro leyes que integraban el ecosistema normativo de este sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

A continuación, sin que sea una enumeración exhaustiva, se recogen algunas de las novedades más relevantes de la ley, que ha destacado el Ministerio y otros colectivos de la economía social.

Ayudas fiscales a vivienda de cesión de uso

La ley favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, al considerarlas “especialmente protegidas”. Se trata de un modelo todavía poco conocido, pero que está empezando a crecer en algunas zonas. A diferencia de otras fórmulas cooperativas, esta no se disuelve cuando se construye la promoción ni se reparte la propiedad, sino que es la entidad quien la mantiene y transfiere el derecho de uso a los socios.

Esta nueva legislación introduce así las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “como cooperativa especialmente protegida”, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento otorga a estas cooperativas el acceso a determinados beneficios fiscales.

Más foco para destapar falsas cooperativas

La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Es decir, las falsas cooperativas que en algunos sectores han hecho mucha mella y han requerido de una intensa actuación de la Inspección de Trabajo, como ocurrió con Servicarne.

Por ejemplo, detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.

Digitalización y planes de igualdad en cooperativas

La norma también incorpora novedades en el terreno de la digitalización de las cooperativas, para adaptar “al siglo XXI el funcionamiento interno” de estas organizaciones, destaca el Ministerio de Trabajo, a través de la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias, entre otros puntos.

La ley incorpora también medidas de igualdad ajustadas a su singularidad, como “planes de igualdad cooperativos”. Por ejemplo, también contempla una nueva Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece un nuevo principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad, como su Consejo Rector y Asamblea General.

Nuevos colectivos de trabajadores de centros de inserción

Con un lenguaje “menos estigmatizante”, destacan en el Ministerio de Trabajo, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”. La ley además amplía los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción.

Así, podrán contratar “como trabajadoras en inserción a las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo e inscritas en los servicios públicos de empleo expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social” y, específicamente se incorporan colectivos a los ya existentes como personas desempleadas durante dos años o “un período superior a doce meses en caso de ser personas mayores de 45 años”, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, y personas inmigrantes, así como beneficiarias de protección internacional, cuando por sus características o circunstancias personales presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral, entre otras.

Más contratación pública social

“La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social”, destaca el Ministerio de Trabajo. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción, indican en Trabajo.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante en el Parlamento.

“La Economía Social constituye un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado la confederación presidida por Juan Antonio Pedreño.

La patronal de la construcción admite que empresas del sector recurren de forma ilegal a migrantes sin permiso de trabajo ni residencia, que se beneficiarán de la regularización extraordinaria pactada entre el Gobierno y Podemos. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que dicen que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino [también] a pequeñas empresas de la construcción”, ha reconocido este lunes el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén.

La patronal ha sido una firme defensora de la regularización extraordinaria de inmigrantes, ante la falta de mano de obra en sectores como la construcción. Durante la presentación de un informe sobre absentismo, Fernández Alén ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno para dar la “formación y los cursos que necesiten e incorporar a la regularidad y las listas de la Seguridad Social” a las personas que ya están trabajando sin derechos laborales ni garantías, así como a aquellos otros que quieren acceder a la obra. Según sus datos, en España habría un déficit de unos 700.000 trabajadores, tanto para obra pública como para construcción de viviendas.

La CNC presentó este lunes su primer informe sectorial sobre el impacto del absentismo en España. En este término, la patronal incluye habitualmente las horas restadas al tiempo de trabajo pactado. Desde los retrasos y las faltas injustificadas, hasta los permisos remunerados, como aquellos que se conceden por maternidad o paternidad, y las bajas por incapacidad temporal por enfermedades comunes o incluso por accidentes laborales.

Con todas estas casuísticas, la CNC calcula que las faltas de asistencia en el sector, justificadas o no, se han disparado hasta el 6,2% en 2025. Es “el máximo histórico”, ha indicado Fernández Alén, y está muy por encima del 3,6% registrado en 2018. “Las cifras de absentismo actuales son superiores a las del año del Covid”, ha ejemplificado el empresario, que ha estimado un coste total para las empresas de 3.565 millones de euros al año: “Equivale al 1,7% de las ventas sectoriales de toda la construcción y pesa más que el Impuesto de Sociedades”.

La patronal da una respuesta multicausal al aumento del absentismo. Hay algunos factores ya conocidos, como el ciclo económico positivo, que hace que las personas trabajadoras no teman quedarse sin trabajo. Y otros que tienen relación con el estado de la sanidad pública, como “la mayor duración de las listas de espera quirúrgicas”, y “la extensión del plazo de espera para citas con especialistas de la Seguridad Social”, que ha “dilatado de manera sensible el absentismo en las empresas”, he expresado Fernández Allen. Es decir, los trabajadores están más tiempo sin trabajar porque la sanidad tarda más en curarlos.

“Falta personal médico en el sistema público”, señaló la directora de Laboral de la CNC, María José Leguina, que reclamó “aumentar recursos médicos y transferir competencias a las mutuas”. La Seguridad Social ya anunció en 2024 su intención de derivar pacientes con bajas traumatológicas a las mutuas, una iniciativa todavía incipiente, pero que se está implantando en algunas comunidades autónomas. Más allá de eso, desde el sector piden que estas compañías puedan dar altas médicas.

Otros de los factores que aumentan el número de horas pagadas, pero no trabajadas, son la “ampliación de permisos legales” y la “creación de nuevos derechos que, sin una adecuada gestión, inciden directamente en la organización del trabajo”. Aquí entrarían el permiso retribuido de 15 días para las parejas de hecho, la ampliación de los permisos por enfermedad, accidente o cuidado de familiares, los parentales o el permiso especial por fuerza mayor, entre otros. La CNC, dice, está a favor de que “se negocien en la negociación colectiva, pero que no vengan por la legislación”.

Por último, desde la CNC apuntan al envejecimiento de la población ocupada como otro de los factores a tener en cuenta. En el caso de la construcción, ha pasado de los 38'5 años de media en 2008, a los 45,4 años el ejercicio pasado. “No solo no incorporamos jóvenes, que ya estamos empezando a incorporar, el problema es que todo el global de los trabajadores aumenta la edad y ha tirado muy para arriba”, ha explicado Fernández Alén.

Entre los costes que indica la patronal, que se elevan a 3.565 millones de euros, se diferencian los directos —633 millones de euros, que incluyen el pago de cotizaciones a la seguridad social y el abono del salario entre los días cuarto y decimoquinto de la baja, así como eventuales complementos— y los indirectos, que ascenderían a 2.932 millones y corresponden con el valor económico de las horas de trabajo perdidas. De estos, 2,441 millones tienen su origen en la Incapacidad Temporal, que avalan los profesionales sanitarios.

En el exhaustivo informe de 34 páginas publicado este lunes, la CNC analiza también el perfil de las empresas sobre las que recae el coste total, con dos tercios para las pequeñas empresas, mientras el 20% lo asumen las medianas y el 16%, las grandes. Donde no entra este estudio es en el peso que tienen los accidentes laborales en las incapacidades temporales. Es decir, cuántas horas pierden los trabajadores porque han sufrido un daño en el trabajo, que las empresas deberían prevenir. “No hemos entrado justamente en esa problemática”, señaló Leguina.

Hay, no obstante, “elementos diferenciales del absentismo en la construcción”, indica el informe. En este sector tienen un mayor peso “las algias y lesiones vinculadas con la exigencia física, así como los riesgos laborales propios del sector”. Son aquellos daños músculo-esqueléticos, “derivados de sobreesfuerzos, manipulación manual, posturas forzadas, vibración y herramientas”; traumatologías, a causa de “caídas, golpes y atrapamientos”; las relativas al clima y la fatiga; y las respiratorias o infecciosas, a causa de la estacionalidad; y las psicosociales, por “presión de plazo, conflictos y fatiga crónica”, que tienen “mayor impacto en mandos y técnicos”.

CLM Inclusiva Cocemfe ha presentado su nueva iniciativa de inserción laboral 'Conecta con tu Futuro'. Una campaña que se desarrollará en las sedes de la entidad en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, con el objetivo de promover la inserción laboral de 92 personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

La iniciativa, financiada por la Junta en el marco de la convocatoria de acciones para la mejora de la empleabilidad y la Confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica CLM inserción, se prolongará hasta 2027, según ha informado la entidad por nota de prensa.

El objetivo es lograr la inserción laboral de al menos un 10 % de las personas participantes y promover el empoderamiento laboral de todas ellas.

Apoyos personalizados

El proyecto está dirigido a personas desempleadas o trabajadoras en búsqueda de empleo que afrontan especiales dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral: jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, personas LGTBI, solicitantes de protección internacional y otros colectivos en riesgo de exclusión.

La metodología se basa en itinerarios personalizados de inserción, que incluyen tutorías individuales, formación en competencias digitales, talleres de habilidades personales y profesionales, técnicas de búsqueda activa de empleo y orientación para la mejora de la cualificación.

Además, se llevará a cabo un trabajo de intermediación con el tejido empresarial para identificar oportunidades laborales ajustadas al perfil de cada participante y facilitar su contratación.

El programa se desarrolla en coordinación con los Servicios de Intermediación Laboral de la Junta y con las Oficinas Emplea de los distintos territorios.

Enrique Alarcón, presidente de CLM Inclusiva, ha señalado que “este proyecto refuerza nuestro compromiso con la inclusión sociolaboral, ofreciendo apoyos personalizados para que las personas en situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder a oportunidades reales de empleo en Castilla-La Mancha”.

Luis Cabello se levanta temprano y ante sus ojos se extienden las laderas llenas de olivos de Priego, en Córdoba. Hace un año, decidió constituir su propia empresa tras toda una vida dedicada a la agricultura, tal y como le enseñó su padre, tal y como ahora le enseña a los jóvenes que recogen los frutos de la tierra. Mamadou, Suleimán y Donkor llegaron hace apenas unas semanas en el marco de un proyecto pionero de inserción laboral para personas refugiadas, y agradece su esmero y empeño en un momento en que la falta de mano de obra en el campo se hace cada vez más patente.

El pacto beneficia a ambas partes: mientras que los productores facilitan la vivienda y financian el traslado de los trabajadores desde el punto en que estén, ellos acceden a una contratación regular que durante la campaña agrícola les permitirá sumar experiencia. “Me dijeron que íbamos a probar con esta gente y, la verdad, es que está yendo bien, vienen a trabajar, se defienden en español y van a lo suyo”, resume Cabello a través del teléfono. Los tres jóvenes forman parte de la experiencia piloto que ha puesto en marcha la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía gracias a la propuesta presentada a la Secretaría de Estado de Migraciones y la Dirección General de Atención Humanitaria, en colaboración con Cáritas.

La organización está adscrita al programa GECCO, una iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la contratación de extranjeros en origen y programas de migración circular, del que se han beneficiado en los dos últimos años unos 40.000 solicitantes en todo el país. La ruta por el sur andaluz comenzó a principios de diciembre en Córdoba y el propósito es trasladar a las personas con protección internacional a las explotaciones agrícolas de Jaén y Málaga, pasando a la recogida de frutos rojos en Huelva en febrero y concluyendo el periplo en junio en Extremadura, donde se dedicarían a la cosecha de la cereza.

Flujos migratorios

“Facilita la inserción laboral y nos ayuda a potenciar la mano de obra entre los agricultores”, indica Manuel Piedra, secretario de Políticas Migratorias de UPA, “hay gente procedente de Nigeria, Ghana, Senegal, Burkina Faso o Ecuador, alrededor de unas 50 personas”. La mayoría de ellos son hombres jóvenes, aunque también hay participantes de todas las edades, hasta de 60 o 50 años, que tomaron este camino para enraizarse en el país. “Aunque no sea obligatorio, damos formación, tanto a nivel educativo como cultural o, en el ámbito laboral, en materia de carnets fitosanitarios o para manejar una carretilla, ¡es la primera vez, pero buscamos tiempo y soluciones a todo!”, resalta.

Con este proyecto, los beneficiarios tendrán asegurados un mínimo de 20 jornadas de trabajo durante la campaña y, en ese periodo, habrá un contacto estrecho con varias entidades sociales para mejorar su aprendizaje, en función del perfil del empleado, así como que reforzar sus conocimientos en el idioma. Cabello, al teléfono, confirma que cumplen con el convenio colectivo y les deja una casa que tenía anteriormente alquilada. “Ahí están mejor que en ningún lado”, comenta, “lo que ganan, quieren mandárselo a su familia, se echan un cafelillo y salen poco”, describe sobre la experiencia que le ha transmitido la plantilla a lo largo de los días.

El empresariado agrario lleva consigo un estigma que se ha ido denunciando año a año: las condiciones laborales a las que se ven sometidas las personas migrantes que llegan al territorio sin otra vía de escape. Contra ello, Cabello asegura que ha habido una serie de inspecciones para garantizar que se cumplen con las condiciones de habitabilidad en la casa que ofrece, al igual que mantiene lo establecido en el convenio colectivo. Al respecto, Manuel Piedra asevera que uno de los propósitos es “organizar el flujo migratorio en el circuito legal”: “Hay garantías, ya que la ONG de acompañamiento vigila que se cumplan todos los acuerdos establecidos”. Es más, una de las quejas que presenta el sector es el obstáculo administrativo con el que se encuentran a cada paso que dan para intentar contratar.

Permisos

“Solicitamos que el Gobierno dé un paso y les dé un permiso de trabajo, porque eso garantizaría, primero, un empleo y un alojamiento dignos y, también, les permitiría cotizar, pero si no tienen lo fundamental, que es el permiso, nos arriesgamos a sanciones de hasta 10.000 euros”, razona Piedra, “estamos en el día de la marmota”.

Un pez que se muerde la cola. Así se define este embrollo legislativo que requiere de una actualización urgente. A principios de este año, el ala progresista del Congreso de los Diputados recuperaba la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas que viven en situación irregular en España. Una propuesta que se respaldó con la recogida de más de 600.000 firmas y que, en vistas de la aritmética parlamentaria, cayó en saco roto al no lograr los votos mínimos para sacarla adelante. “Esto no va a cambiar hasta que el Congreso se ponga manos a la obra”, critica el representante.

Pese a las trabas administrativas, la iniciativa, en sí, “es rentable”, determina Juan Pulido del Caño, responsable de UPA en Priego. “Falta personal en muchísimos sectores, como carpinteros, fontaneros, albañiles, y en el campo también, por lo que el proyecto tiene la intención de que se concatenen estos contratos”, se refiere. No sabe qué ocurrirá en el futuro, ya que no hay un compromiso en el tiempo más allá de lo que dure la experiencia, pero brindan la oportunidad para que se establezcan durante unos meses y, por el momento, la lectura es positiva.

Luis Cabello, desde Priego, desconoce cuáles son las aspiraciones de los muchachos que llegaron hace apenas tres semanas. Tendrán tiempo de hablar en lo que le resta de campaña. Aun así, deja una cosa clara: “Esto tiene mala pinta, porque la juventud no le ve futuro al campo y, por otra parte, todo es complicado... Apenas llueve, muy poquito, y eso que este año ha sido regular”. La aceituna pronto será transformada en oro líquido tras ser recogida por las manos de decenas de personas que buscan una oportunidad con la que cambiar sus vidas.

Nana maneja la carretilla con precisión y cuidado. Gracias a él las horquillas de la maquinaria, casi tan grandes como una persona, se mueven con delicadeza, de forma quirúrgica. Tiene 61 años, pero una memoria prodigiosa. Recuerda cuando salió de su país, de Ghana, el 11 de mayo de 2007. También recuerda la fecha exacta en la que llegó a España, el 5 de junio de 2007: “Por suerte estoy vivo, el camino fue muy peligroso”, explica.

Al hablar de su trabajo en Traperos se le ilumina la mirada. Habla con entusiasmo, con un discurso más animado: “En África, la cosa está muy difícil. Estoy aquí para echarle una mano a mi familia, pero quiero ayudarles más. Estoy aprendiendo muchas cosas para facilitarme la vida cuando deje de trabajar aquí [en Traperos]. Ahora sé mucho de medioambiente, me va a ayudar cuando busque trabajo en otro sitio”.

La travesía de Nana no terminó una vez llegó a España. Le siguieron casi 14 años de calvario para conseguir los papeles, entre albergues y la calle. A Traperos de Emaús, empresa de inserción, llegó a través de Cáritas, después de la pandemia. Cuenta esto en la salita de estar de la casa-comunidad de la asociación de Traperos de Emaús, donde se da alojamiento. Es acogedora, con el carácter propio de las casas de campo, decorada con una hilera de unos cuatro sofás y una mesita de café.

Traperos de Emaús es una empresa de inserción, nacida casualmente el mismo año en el que Nana llegó a España, en 2007. “Recogemos cualquier tipo de cosa que alguien en un momento dado no necesite, se le ha roto o quiera cambiar. Recogemos electrodomésticos, juguetes, ropa, libros, muebles, con la intención de devolverlas a la vida. Los recogemos con cuidado, tratamos a las cosas con cuidado, de manera que intentamos reutilizarlas al máximo posible”, resume Paco López Vidal, coordinador de Traperos Emaús Región de Murcia y Presidente de Emaús España. “Es importante reciclar, pero lo es mucho más intentar reutilizar”, subraya.

Atiende a este diario junto a Virginia Carrasco, trabajadora social, en una sala grande y austera donde se reúnen los empleados en asamblea. Tanto López Vidal como Carrasco prefieren la palabra “compañeros”, ya que suelen ponerse en común el grueso de las decisiones pertinentes a la empresa.

En Traperos de Emaús trabajan unas 45 personas a lo largo del año, de las que un 50% tienen contratos de inserción: “Los trabajadores con este tipo de contrato cuentan con dos referentes en el ámbito laboral. Está el técnico de producción, que está con ellos codo con codo, enseñándoles la tarea que van a realizar. Y también está el técnico de acompañamiento, que se centra en el itinerario social y formativo de esta persona”, explica la trabajadora social.

Además, desde la asociación, las personas que viven en la casa-comunidad cuentan con referentes, que le aportan acompañamiento a las personas contratadas en todas aquellas habilidades domésticas y de la vida diaria que tienen que ver con la vivienda: “También contamos con un área terapéutica donde las personas pueden ir trabajando las dificultades con las que vienen, las que se van encontrando a la hora de afrontar el puesto de trabajo y las del día a día”, enumera Carrasco.

“Lo esencial de Traperos es la capacidad de mirarnos a los ojos. Si nos miramos a los ojos no nos vamos a tratar mal, a veces esta sociedad peca de no mirarse a los ojos”, apunta López Vidal.

López Vidal y Carrasco coinciden en descartar que exista un “perfil” de empleado en régimen de inserción: “Aquí somos un colectivo muy diverso, muy heterogéneo, es algo en lo que vemos riqueza”, destaca el coordinador.

“Es curioso, a menudo recibimos llamadas diciéndonos que nuestros empleados son buenos chicos, que hacen muy bien su trabajo. Eso solo ocurre en las empresas de inserción, jamás en una empresa al uso alguien llamaría para felicitar al trabajador de esa manera. Existe la idea de que las personas en exclusión o en riesgo de exclusión, que están en situación de calle, no saben hacer nada. Esto no es así. Tenemos, por ejemplo, un taller de carpintería que solo movemos cuando llega alguien que sabe de carpintería, aprendemos muchísimo de ellos”.

Tiendas, rastros y una librería

Los enseres que recuperan en Traperos de Emaús se distribuyen en una tienda en el corazón de Murcia, La Petite Emaús, en la calle Cartagena, 66. Los libros, por otro lado, van a Libros Traperos en Ronda de Garay 39, un espacio que, tal y como explica Carrasco, va más allá de una librería: “Es accesible a todo el mundo, con la idea de que todas las personas, independientemente de su cultura, de su religión, de su procedencia, puedan participar en sus actividades culturales”, describe.

Sin duda, los lugares que más concentración de género acumulan son los rastros, ubicados en Molina de Segura y en Cañadas de San Pedro. Este último, situado en la sede de la empresa, es inmenso. Los muebles se disponen en hileras, y la luz de la nave les viste del mismo orgullo que portan los trabajadores de la empresa. Dos compañeros hablan animadamente sobre el destino de unos enseres. Uno de ellos lleva unas gafas con purpurina plateada y una corbata azul de cotillón. Precisamente el día de la entrevista están de celebración. Va a tener lugar la comida de empresa dentro de la sede, en un recinto al que llaman la plaza de toros.

Desde fuera, se entiende por qué le han puesto ese apelativo. Se trata de una mole circular, un espacio techado, pero que recuerda a las plazas de toros de los pueblos pequeños. Es temprano, pero algunos trabajadores ya están vistiendo la estancia. A un lado hay mesas con carteles de “halal” y “vegetariano”. Hay guirnaldas colocadas en las vigas del recinto, con la etiqueta aún puesta aunque las tienen, nos cuentan, desde hace tres años. Es una broma interna entre compañeros, que se ríen mientras pegan las guirnaldas a los postes directamente de esa etiqueta, que es de un rojo encendido.

También el día de hoy es de despedidas. Un trabajador termina su contrato de inserción, que por ley no puede exceder los tres años: “La realidad es que hay personas que en un mes pueden conseguir un puesto de trabajo porque su nivel de deterioro no es muy grande. Pero hay personas que terminan todo un proceso de tres años y no hay manera porque tienen muchas dificultades para poder acceder a un puesto de trabajo en una empresa normalizada”, lamenta Vidal.

“La otra realidad es que las empresas no están con los brazos abiertos esperando a que las empresas de inserción les mandemos gente para trabajar. Sigue habiendo estigma, pero el verdadero problema es que en Murcia tenemos unos niveles de pobreza impresionantes. Entonces hay dificultades para los que salen de las empresas de inserción y para los que no salen de las empresas de inserción y están en situación de exclusión”, abunda.

Recogida de enseres a domicilio

Los camiones de Traperos forman parte del paisaje urbano de Molina de Segura. Están tan integrados en la localidad que los vecinos asumen que en otras ciudades también te recogen los muebles que ya no usas de un telefonazo, sin coste alguno: “En ningún otro sitio se recogen los enseres en vivienda, de esta forma además contribuimos al medioambiente, porque reutilizamos parte de lo que vamos a recoger y no lo vamos a enterrar en un vertedero”, explica López Vidal.

“Contratamos a gente de la propia localidad, que dependen de Servicios Sociales y que están pasando por un mal momento”, incide el coordinador. El contrato con este municipio también es estratégico para la empresa: “En total, tenemos un 80% de financiación propia. De ese porcentaje, el contrato de Molina de Segura representa casi un 60%. Con ese contrato podemos tener en plantilla entre 15 y 20 personas. Imagina lo que podríamos hacer si se unieran otros ayuntamientos”.

Se trata del único contrato que Traperos mantiene con un ayuntamiento en la Región de Murcia, pese a que la normativa estipula que las empresas de inserción deben presentar un mínimo del 8% en su volumen de licitaciones, que deberán aumentar de forma progresiva hasta el 10%.

“Caí de pie”, bromea Manuel Requena en la sede de la cooperativa COPEDECO, en Alcantarilla. Este almeriense de 61 años se refiere así a su llegada a Murcia, que ocurrió por pura casualidad: “Me quedé sin gasolina aquí”. Había cogido el coche para salir de su ciudad natal después de un periplo laboral complicado. “Di con los peores empresarios”, lamenta, después de dedicarse muchos años a vender agua en la provincia como autónomo, hasta que las administraciones pusieron los medios para que su negocio dejase de ser necesario. Después, tuvo varios empleos, pero terminó por verse en una situación de vulnerabilidad después de toda la vida trabajando.

Algo parecido le ocurrió a Elvira Almagro, de 52 años. “Había trabajado en ayuda a domicilio, en empresas de limpieza, limpiando y cuidando niños a particulares, en hostelería…”. Mientras hacía un curso en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), su tutora le preguntó de qué quería trabajar después de haber probado suerte en tantos puestos diferentes. Ella quería probar el reparto: “Vengo de familia de camioneros, lo llevo en la sangre”. Así fue como conoció a COPEDECO.

COPEDECO S. COOP. (Cooperativa para el Desarrollo Comunitario), es una cooperativa murciana de trabajo asociado y de iniciativa social, sin ánimo de lucro, formada por un equipo de profesionales del campo de la intervención social y educativa. Nació en 1989 y, desde entonces, realiza proyectos para la promoción personal e integración social dirigidos a personas, familias y grupos. De esta matriz, surgieron en 2017 dos empresas de inserción social: Bici Go y Scob Go, dedicadas a la mensajería y a los servicios de limpieza, respectivamente.

“Empezamos como cooperativas que luego se transformaron en empresas de inserción. A raíz de trabajar mucho todos los procesos de empleabilidad de personas en vulnerabilidad social, vimos que recogíamos bien la parte de la formación y el acompañamiento, pero el acceso al empleo ordinario era complejo a veces”, explica María Guirao, socia de COPEDECO. Ese fue el germen de las dos empresas; el empujón final que les faltaba. “El trabajo sirve para reinsertarse”, según explica Enrique Tonda, gestor de proyectos sociales dentro de la cooperativa.

Dos empresas de inserción con servicios de mensajería y limpieza

En COPEDECO, las personas vulnerables pueden acceder a diferentes tipos de formación y, al igual que Manuel y Elvira, también pueden trabajar durante un periodo de tiempo. “Desde 2017, todos nuestros trabajadores o bien han encontrado otra empresa o han querido seguir formándose, por lo que han subido de nivel”, agrega Tonda.

Tanto Bici Go como Escob Go operan actualmente en las poblaciones de Espinardo y El Palmar, en Murcia. Bici Go opera de forma totalmente ecológica y sostenible, con el objetivo de mejorar las condiciones de comunicación y movilidad de la población y los individuos prestando servicios de recogida y recepción de paquetería. Además de ello, Tonda explica que se pueden contratar sus servicios para momentos puntuales y encargos particulares.

En Escob Go entienden los servicios de limpieza como organización doméstica, por lo que también prestan lo que llaman atención domiciliaria: cuidado de niños, acompañamiento de mayores, etc. Todos estos servicios se pueden contratar a través de la web “crysalia.es”. Desde COPEDECO animan a cualquier particular, empresa o institución a contratar servicios con empresas de inserción: sus trabajadores son totalmente eficientes, los precios son competitivos y, además, se contribuye a luchar contra la pobreza y la exclusión social, creando una sociedad más justa. “Nosotros creamos dos riquezas: la riqueza económica y la riqueza social. Creamos trabajadores que pueden vivir de esto y que vuelven a insertarse en la sociedad. Eso nos encanta”, asegura Tonda.

Ser parte del cambio

La labor social permite realizarse a todos los implicados. En COPEDECO, son cerca de media centena los trabajadores que hacen posible, a través de una labor colectiva, la reinserción de personas vulnerables en el mercado laboral. “A veces, cuando estás trabajando, no te das cuenta del impacto que tienes en la vida de las personas”, afirma Guirao. Sin embargo, después de participar en numerosos proyectos de acompañamiento e inserción social, sabe lo mucho que recibe a cambio: “Luego los ves años después y te cuentan cómo ha cambiado su vida, cómo tú fuiste parte de ese cambio. Es muy gratificante”.

“Mi deseo es seguir prosperando aquí, porque es un trabajo que me gusta, me estoy realizando bastante. Hoy en día, cuando dices que tienes cierta edad, te hacen un chequeo de arriba a abajo y te dicen que a dónde vas”, señala Almagro. Se trata de un relato con el que coincide Requena, que también ha encontrado dificultades para acceder a un empleo debido a su edad. “Hay mucha incertidumbre para las personas mayores. Suelen decirte que no estás buscando, y lo que pasa es que terminamos aburridos de buscar”. A esto, añade que a muchas personas de mayor edad no se les ofrece formación adecuada para adaptarse a los cambios tecnológicos del mercado laboral.

La suerte de ambos cambió en COPEDECO. “Aquí vienes a trabajar con alegría. Nos juntamos en la puerta todos por las mañanas y se nota el buen rollo”, explica Almagro. Requena, por su parte, sonríe mientras relata cómo ha cambiado su vida en los tres años que lleva trabajando en Bici Go. Para él, una de las mayores diferencias con sus anteriores experiencias laborales es que, aquí, se siente acompañado. Algo tan simple como que algún trabajador de la cooperativa se le acerque y le pregunte, de vez en cuando, “¿necesitas algo?”.

Albañilería, fontanería, electricidad y pintura. Diecisiete personas migrantes acaban de recir los diplomas que acreditan sus competencias laborales tras terminar los cursos de formación en estos oficios, que han cursado dentro del programa Taller de Aprendices, puesto en marcha por Fundación Mapfre en colaboración con Accem. Los cursos se han desarrollado en Oviedo y en Gijón.

La mayoría de los participantes en el curso son jóvenes, de entre 19 a 22 años, y que proceden en un mayor porcentaje de África subsahariana (Mali, Gambia, Nigeria, Senegal) y de Latinoamérica (Perú, Colombia): Todos han cubierto también la formación en Prevención de Riesgos Laborales imprescindible para comenzar a trabajar, además de otras competencias transversales como la atención al cliente o la orientación laboral.

Oficios tradicionales

Estos talleres nacen con una doble finalidad: promover la inclusión laboral de personas desempleadas de colectivos vulnerables y en situación de exclusión social y, también, generar nuevos aprendices en oficios tradicionales cada vez más escasos, pero con una alta demanda en el mercado laboral.

En esta primera edición del programa, que arrancó el pasado 2 de junio, 80 jóvenes ubicados en Sevilla, Guadalajara, Valencia, Málaga y Asturias están participando en cursos de formación que les acreditarán para iniciar su andadura profesional en cinco especialidades respectivamente: albañilería, pintura, carpintería, fontanería y electricidad.

Inserción laboral

El programa se desarrolla en dos líneas de actuación complementarias: capacitación profesional especializada para la ejecución de operaciones auxiliares en las cinco especialidades señaladas anteriormente, y apoyo y acompañamiento a nivel regional para lograr su inserción en el mercado laboral.

De este modo, una vez concluidos los cursos, que tienen una duración de entre 200 y 300 horas de clases teóricas y prácticas, los jóvenes pasan a formar parte de un programa de inserción laboral tutorizado. Como aprendices, comenzarán su carrera laboral con profesionales y autónomos que les brindarán la oportunidad de adquirir experiencia y consolidarse en los oficios mencionados.

Ayudas a la contratación

Para facilitar su inserción laboral, Fundación MAPFRE ofrece ayudas a la contratación para los autónomos y PYMES de este sector que deciden contratar a estos “aprendices”.

Este programa se enmarca en el Proyecto Social de Empleo de Fundación MAPFRE, que promueve la empleabilidad y la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa Taller de Aprendices se una a las otras dos líneas que se vienen desarrollando desde el año 2010; Juntos Somos Capaces, dirigido a la integración laboral de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental; y Ayudas al Empleo ACCEDEMOS , que ofrece apoyo económico a pequeñas empresas, autónomos y entidades sociales para nuevos contratos indefinidos con especial foco en colectivos vulnerables y zonas rurales.

El proyecto 'WORKIN' busca fomentar iniciativas dirigidas al empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y la integración social de este colectivo a través del empleo. Para ello, Fundación Eurocaja Rural seleccionará 10 proyectos de asociaciones y fundaciones del ámbito de los territorios en los que opera Eurocaja Rural. 

Los programas propuestos deben desarrollarse con base en las siguientes líneas de actuación: inserción laboral de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y/o promoción del autoempleo; formación para la inserción laboral, programas formativos para mejorar la empleabilidad de las personas de los colectivos referidos; y formación e inserción laboral, iniciativas que combinen programas formativos con oportunidades de inserción laboral.

Los solicitantes pueden presentar un máximo de dos proyectos diferentes entre el 15 de septiembre y el 10 de noviembre a través de la web www.fundacioneurocajarural.es. Una vez evaluados por una Comisión de Valoración, se designarán los beneficiarios de la ayuda económica de 10.000 euros. Esta cuantía irá destinada a cubrir la totalidad o parte de los gastos generados en los proyectos seleccionados.

Los criterios de valoración para seleccionar los programas son los siguientes:

Desde su primera convocatoria en 2014, las ayudas 'WORKIN' han beneficiado a un total de 100 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad y más de 7.300 personas han sido beneficiadas de forma directa.

El mercado laboral español cuenta, actualmente, con más de 540.000 trabajadores con discapacidad. La cifra muestra las dos caras de la inclusión. A día de hoy, están empleadas un 55% más de personas con discapacidad que hace una década. Sin embargo, su tasa de actividad, en torno al 35%, aún está muy alejada del 65% que marca la población general. En este contexto, elDiario.es ha organizado, con el apoyo de Acciona, la mesa redonda 'Discapacidad: integración y diversidad en la empresa', en la que voces de todos los ámbitos han puesto en común ideas y estrategias para avanzar hacia la inclusión laboral real.

“Aunque queda mucho por hacer, en los últimos 10 años ha habido un avance impresionante. No tenemos que tener una visión absolutamente pesimista”, ha reivindicado la secretaria de la Comisión laboral del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pepa Torres. Una de las palancas de ese cambio ha sido, según la experta, la “estrategia de colaboración entre administraciones públicas, empresas y tercer sector”. Un tercer sector que, como ha indicado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, está en España “muy vertebrado”. “Nos ayuda tanto a los responsables públicos como a otros agentes a comprender y acoger la discapacidad y a incluirla desde su propia voz”, ha señalado.

En esta idea ha hecho hincapié también Zita Martiarena, responsable de la Oficina de la Discapacidad de Acciona, una iniciativa sobre la que la compañía ha erigido uno de los pilares de su estrategia 'People', con la que buscan “dar apoyo a un colectivo de más de 1.300 personas” empleadas en la empresa y “ampliar ese colectivo”. “Nuestro objetivo es incorporar talento, no contemplamos otra categoría”, ha señalado. En ese marco, Acciona cuenta con iniciativas como un onboarding específico para personas con discapacidad intelectual desarrollado con estos empleados y participa en grupos como el Foro Inserta, donde diferentes actores ponen en común sus propuestas.

A nivel gubernamental, el Ejecutivo está trabajando en tres líneas de acción, según ha explicado el director general. “Estamos haciendo ciencia, con el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad”, explica Martín Blanco. El trabajo es una estudio que permite reflexionar sobre un marco laboral “que viene de los años 80”. Y en estas cuatro décadas, la percepción que tiene la sociedad de las personas con discapacidad es totalmente diferente. Además, este experto ha reivindicado cambios legales, como la reforma laboral, “que está impactando en el comportamiento de la empleabilidad” de este colectivo, el ingreso mínimo vital, que lo dota de mayor autonomía económica, y otras políticas públicas, como eliminar del Estatuto de los Trabajadores la expulsión del mercado laboral de trabajadores con una discapacidad sobrevenida o una ley de empleo “que sigue apostando por las bonificaciones” a la contratación.

Actualmente, la legislación mandata que todas las empresas de más de 50 empleados deben contar en sus plantillas con un 2% de personas con discapacidad. Unas cuotas que las tres expertas han considerado necesarias, pero que desde el Cermi piden replantear. “La cuota es de las más bajas de Europa y afecta a empresas con un volumen de trabajadores alto para el tejido productivo español”, señala Torres, que defiende una fórmula progresivas, a la vez que aplaude que “hay mucha contratación de personas con discapacidad en pymes, sin tener la obligación legal”.

Martiarena ha defendido la inclusión desde un punto de vista de competitividad en las empresas. “Hay numerosos estudios que revelan que con equipos diversos se consiguen retos más innovadores, porque contamos con distintas perspectivas en un mismo grupo. Así se consiguen resultados”, ha reivindicado: “Supone superar la responsabilidad social para convertirlo en una oportunidad real dentro de la empresa y para la persona”.

Entre las iniciativas para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad se encuentran los centros especiales de empleo. “Es una empresa con unas peculiaridades, la principal es que al menos el 70% tienen que ser trabajadores con discapacidad, y una diferencia fundamental con otras empresas, que es la obligación de prestar los servicios de ajuste de personal y social que requieran sus empleados”, explica Torres, que es también la directora de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem).

Sensibilizar para avanzar

Para avanzar hacia la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, los expertos de la mesa de debate coinciden en una fórmula. “Se ha avanzado mucho, pero lo fundamental es seguir eliminando prejuicios y educando en inclusión a los niños desde pequeños. Y el mejor ejemplo para sensibilizar es incorporar a las personas y demostrar que son igual de competentes”, ha defendido la responsable de la Oficina de la Discapacidad de Acciona.

En este sentido, Torres ha destacado que es importante ahondar en el camino que marca el Libro Blanco, para abordar las reformas normativas que sean necesarias. “Las políticas de empleo de discapacidad son de los años 80 y el mercado de trabajo ha cambiado mucho”, ha señalado, a la vez que ha abogado por “estar atentos a todos los cambios que se producen en el mundo laboral”, desde la formación constante hasta la aparición de nuevas tecnologías, que suponen “una gran oportunidad, pero que pueden dejarte fuera”.

Los avances en Inteligencia Artificial, que pueden suponer sesgos tanto a la hora de acceder a un puesto de trabajo como en el propio desarrollo de las carreras profesionales, también han estado presentes en esta jornada. “El anteproyecto de ley en el que estamos trabajando sobre reformas en las leyes de discapacidad y dependencia va a incluir un artículo específico sobre IA, para que sea ética, respetuosa y genere obligaciones para la manera de concebirla hacia las personas con discapacidad”, ha avanzado Martín Blanco, que ha celebrado que España será de nuevo “punta de lanza”.

El director general ha animado también a las personas con discapacidad a hacer valer sus derechos de forma activa. “Hay que hacer pedagogía de la denuncia. Vivimos en un Estado de derecho y es importante que sepamos que tenemos el derecho a trabajar. Sepamos que si yo no llego a un mostrador, es discriminación y tenemos que enseñar y hacer valer nuestras leyes, que (las empresas) las comprendan, que las practiquen y que las lleven a su día a día”, ha reivindicado. En el campo de la concienciación, Martín Blanco ha defendido cuál es, a su juicio, la tecla que hay que pulsar: “La mejor campaña, la más poderosa, es que tener a un compañero o una compañera con discapacidad trabajando a nuestro lado”.

La Fundación Cáritas Chavicar atendió a 1.213 personas a lo largo de 2024, a través de sus áreas Socio Laboral y de Inserción Social. En concreto, la Agencia de Colocación (ubicada en la calle Manantiales, 7 de Logroño) registró 755 nuevas inscripciones a lo largo del pasado año: 440 mujeres (59,8%) y 315 hombres (41,72%). Del total de solicitantes, el 47 por ciento son de nacionalidad española (354). Además, los demandantes de empleo que acudieron a la Agencia de Colocación contaban 197 (26,1%) menos de 30 años; 403 (53,38%) entre 30 y 52 años; y 155 (30,53%) fueron mayores de 52 años. El 6,36% (48) presentaba algún tipo de discapacidad. Son algunos datos facilitados por el presidente de la Fundación Cáritas Chavicar, José Andrés Pérez, y la directora gerente, Esther Sueiro, en la presentación de la memoria de la entidad de 2024.

A través de su Agencia de Colocación, la Fundación Cáritas Chavicar informa, asesora y orienta, ofrece formación y trabaja para ofrecer a los demandantes de empleo una inserción laboral. El perfil tipo del usuario de la Agencia de Colocación en 2024 fue el de una mujer solicitante de empleo y formación, sin discapacidad, mayor de 30 años y menor de 52, de procedencia extranjera. En 2024, la Agencia de Colocación gestionó 371 ofertas laborales y tramitó 152 inserciones laborales. Además, 185 personas accedieron a formación dirigida al empleo.

Del mismo modo y ligados al Área Socio Laboral, la Fundación Cáritas Chavicar desarrolla el Programa Itinerante de Rioja Baja, que atendió a 104 personas el pasado año; así como el Programa Reincorpora - nanciado por Fundación La Caixa- y dirigido a la reincorporación social y laboral de personas privadas de libertad que cumplen o han cumplido algún tipo de condena.

A través del Programa Reincorpora, la Fundación Cáritas Chavicar atendió en 2024 a 38 personas: 30 hombres y 8 mujeres; 29 de nacionalidad española, 3 marroquí, 2 colombiana, 2 rumana y 1 brasileña. 26 de los participantes en el programa se encontraban en busca de empleo -los 12 restantes estaban en régimen interior- y 14 lograron inserciones laborales.

En materia de Formación, la Fundación Cáritas Chavicar programó el pasado año 23 cursos dirigidos al empleo, en los que participaron 185 personas, de las cuales 47 consiguieron puesto de trabajo: 30 de los participantes en formación hostelera; 2 en carretillas elevadoras; y 15 en limpieza viaria. Además, 106 participantes realizaron prácticas en empresas. Los cursos desarrollados fueron de carreterillas elevadoras, hostelería (4), guarnecido de calzado (2), informática básica (6), módulo transversal de Medio Ambiente (2), módulo transversal de Igualdad (2), limpieza viaria (3) y tipología de contratos (online). En los cursos participaron 113 mujeres (61,08%) y 72 hombres (38,92%), 106 personas fueron de nacionalidad extranjera (57,45%) y de una edad media de 43 años.

Por otro lado, desde los Centros de Inserción Social de la Fundación Cáritas Chavicar en Logroño, Haro y Calahorra se atendieron a 80 personas. En concreto, 34 desde el centro de Logroño; 22 desde Haro y 24 desde Calahorra. El objetivo de los Centros de Inserción Social es el desarrollo integral de las personas que demandan sus servicios a través de socializar, motivar, capacitar y empoderar. Los Centros de Inserción Social dan respuesta a personas con falta de motivación y seguridad, con carencias de sociabilización, con entornos personales complejos, que requieren una formación básica, que precisan de una ocupación diaria, que necesitan reforzar sus habilidades personales y sociales e implementar hábitos y rutinas.

Gestión de residuos

La Fundación Cáritas Chavicar gestionó el pasado año 1.191.678 kilogramos de residuos. En concreto, 762 toneladas de residuos textiles; 228 toneladas de papel y cartón; así como 41.739 de madera, voluminosos y RAEEs. Los residuos textiles representan el 64% por ciento del material reciclado por la Fundación Cáritas Chavicar el pasado año. En la actualidad contamos con tres tiendas, dos en Logroño -una de la mano de MODA RE+- y una tercera en Calahorra.

Por otro lado, el Servicio de Destrucción de Documentos Con denciales recicló 99.090 kilogramos de documentos en 2024, lo que representa un incremento del 70,47 por ciento respecto a 2023. En el área económica, en 2004 la Fundación Cáritas Chavicar registró unos ingresos de 1.539.449 euros y unos gastos de 1.449.245 euros, con un saldo de 90.204 euros. 

El pasado 29 de octubre el tiempo se paró en Letur. Uno de los restaurantes de la población albaceteña 'El Búho Letur', -proyecto de integración socio-laboral impulsado por la Fundación El Sembrador-, fue destruido por la DANA que arrasó la localidad.

Ahora, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Albacete ha puesto en marcha el proyecto 'Cada paso cuenta', una iniciativa que busca recaudar fondos para recuperar el establecimiento.

Ha lanzado 'Cada paso cuenta', un proyecto solidario con el que invita a su personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS) a dar diez millones de pasos durante el mes de marzo.

Si se alcanza ese objetivo, las fundaciones Globalcaja y de las cajas rurales de Villamalea y de Casas Ibáñez donarán cada una de ellas mil euros para contribuir a la reapertura de 'El Búho Letur', un proyecto de integración social de la Fundación El Sembrador, entidad impulsada por la UCLM, Cáritas y la Confederación de Empresarios de Albacete, que promueve la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

El decano Francisco Escribano Sotos ha explicado que este es un proyecto de “iniciativa social” y un “ejemplo de colaboración entre entidades de la economía social y la educación pública”. Además, ha subrayado, es una iniciativa que “surge desde el corazón, con el fin de mejorar la salud de las personas y las relaciones entre instituciones, y apoyar a los más necesitados”; y ha advertido que, “aunque pueda parecer que es un pequeño paso y que lo que vamos a conseguir es muy poco, si todos damos pasos pequeños en una misma dirección, buscando el bienestar de la sociedad, estaremos recorriendo un camino mucho más bonito y amable”. 

De su lado, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado que este proyecto “fortalece el compromiso social” con el medio en el que la institución está inmersa, y que es prácticamente rural; así como “el deseo de construir un futuro mejor para todos”.

Da empleo a ocho personas, seis en un programa de inserción

En representación de la Fundación El Sembrador, Rosa García ha dado “diez millones de gracias” a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y a las entidades financieras por este “bonito proyecto” que aúna lo social con la mejora de la salud. Ha explicado que la principal actividad económica de Letur es el turismo, por lo que es “urgente” su reactivación.

En este sentido, ha asegurado que el restaurante 'El Búho Letur', en el que trabajan ocho personas, de las que seis corresponden al programa de inserción, y hay cuatro más participando en talleres laborales de formación, es una “pieza clave”, de ahí “la importancia de la puesta en marcha del proyecto 'Cada paso cuenta'”.

Tanto el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, como la presidenta de Caja Rural de Casas Ibáñez, Eva María Murcia, han destacado el valor de este proyecto: “Un gran ejemplo de cómo la economía social puede crear oportunidades”.

En Teror, Gran Canaria, existe un convento que este año cumple un siglo y tiene previstos, al menos, otros cien años de justicia social. Las Dominicas canarias, conscientes de que lo que necesita el mundo no son más instituciones que vivan de espaldas a la realidad social, se han aliado con la Asociación Incluye de inserción sociolaboral para dar trabajo a personas migrantes que llegan al Archipiélago. “Uno no sabe que esto está en la isla”, nos cuenta Nieves Ramos, coordinadora del espacio sostenible de la asociación, mientras sube Las escaleras al cielo (Scala Coelli), que dan nombre al convento.

Es normal que este espacio se use para retiros espirituales porque el tiempo aquí no existe y solo se escucha el ruido que el viento hace con las ramas de los árboles y las ramas que Suleymán, Jon y sus compañeros están limpiando porque “en un jardín siempre hay trabajo”. Cuando se le pregunta a Jon cómo está, siempre responde “firme como la gelatina”. Será que vino huyendo de una de las violencias más crueles de América Latina, las que dejó enquistada el tráfico de drogas. Sus hijas están allá, y él les habla de lo bonito que es trabajar en este apacible lugar, tan lejos de cualquier violencia. “Cuando les mando fotos me dicen que es un lugar como de película”. Jon habla mientras hace un tutorial en los tallos para que las rosas crezcan rectas y Suleymán le observa, hoy algo melancólico, porque mañana se marcha para Bilbao a seguir trabajando allí. Su intención nunca fue quedarse en Canarias, pero es la peligrosa puerta que Europa ofrece a jóvenes como él, que salieron como pudieron de Guinea Conakry.

Todo esto nace de un sueño de justicia social, pero no partió de un discurso político como el Luther King, sino que se le ocurrió a Nieves Ramos, oriunda de Teror, “de toda la vida”, de las que prefieren ver a la Virgen del Pino despojada de los oros, “solo la talla”. Un día estaba paseando por el camino que separa la finca de Osorio del convento y aunque lo había visto mil veces en su vida se le ocurrió un plan para él: abrirlo al resto del mundo y dar un ejemplo.

“Entonces, fui a hablar la madre superiora general en Madrid, Nieves Báez”, relata Ramos. “Ella era la responsable de la congregación a nivel mundial, porque la congregación tiene casas en Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia, Camerún y aquí, en Canarias, y cuando le conté el proyecto, se vino a vivir al convento de Teror tras terminar su mandato para que esto saliera adelante”.

El proyecto está atravesado por conceptos como equidad social, feminismo, justicia económica y con vistas de permanencia en el tiempo. Esta redacción quiso saber cómo casaba todo ello con los postulados presumiblemente conservadores de la idea que se suele tener de lo que es un convento. “La fundadora de la congregación, la madre Pilar, decía que el cambio social vendría por las mujeres. En eso también coincidimos. Por eso yo creo que hay un elemento fundamental, que es el feminismo como plataforma de igualdad. Yo siempre digo que hay quienes vienen al feminismo desde el marxismo y otras que venimos al feminismo desde el Evangelio”.

Precisamente el eje de las mujeres será uno de los más importantes que la asociación quiere trabajar en este centenario. “Tanto las mujeres aquí, como proyectos que estamos haciendo en América Latina y en la República Democrática del Congo, ”donde ahora hay una guerra bestial de la que nadie habla“.

Nieves Ramos se refiere a la hipocresía en la que incurre Occidente al alarmar de la llegada de personas migrantes, entre ellos menores que no están acompañados y apoyados por la gente que habla su lengua materna, ni con su madre, pero se siguen expoliando recursos naturales de lo que ha interesado llamar tercer mundo. “Personas desplazadas hasta donde pueden, huyendo de una guerra que, además, tiene todos los intereses en torno a los minerales y al coltán, de la que no se habla, porque si se habla, se conoce qué es lo que está pasando en África, y a nadie nos gustaría porque nos daría muchísima vergüenza cambiar los ordenadores, cambiar los teléfonos móviles, o decir cómo es que la gente nos viene a quitar el puesto de trabajo, cuando estamos nosotros utilizando sus minerales y sus recursos naturales”.

Ramos no sabe si dentro de cien años estará celebrando los 200 años del Convento (ríe), “pero lo que pretendemos es que esto sea un proyecto de permanencia y que tenga todos estos criterios a mantener. Muy probablemente, como le pasó a la fundadora, a la madre Pilar, los tiempos cambian. ”En función de cómo van cambiando los tiempos, habrá que irse acomodando a esa nueva realidad“, sentencia mientras quita a un árbol un par de nísperos muy maduros y sospecha que acertó quien pensó que desde una óptica religiosa cada escalón de este convento está un poco más cerca 'del cielo'.

El nuevo programa gratuito de orientación laboral 'Lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario' del Gobierno de Cantabria, que gestiona la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), se extenderá este año por 14 municipios de la región.

En concreto, se desarrollarán 16 programas: 14 de carácter generalista en Santander, Torrelavega, Laredo, Reinosa, Camargo, Piélagos, Castro Urdiales, Medio Cudeyo, Colindres, Los Corrales de Buelna, Santa Cruz de Bezana, El Astillero, Cabezón de la Sal y la Mancomunidad Valles Pasiegos; y otros dos centrados en jóvenes que se desarrollarán en Santander y Torrelavega.

Así lo han explicado este viernes la directora del EMCAN, Lucía Serrano, y el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba, durante la presentación de la jornada 'Donde hay un maestro, hay una escuela' en el Teatro Principal de la capital campurriana, en la que han dado a conocer las XII Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario de Cantabria.

El objetivo del programa, al que el Ejecutivo autonómico destina 630.000 euros, es ayudar a personas desempleadas a reactivar sus búsquedas de trabajo con nuevas técnicas y la ayuda y asesoramiento de un coaching laboral.

La directora del EMCAN ha explicado que las personas desempleadas formarán parte de un equipo con otras 20 personas en situación de desempleo y un coordinador, con los que trabajarán durante seis meses su adaptación al mundo laboral con el fin de descubrir sus cualidades y competencias personales, así como potenciar competencias transversales para su desarrollo profesional, como el trabajo en equipo, la iniciativa personal, la gestión del cambio, la flexibilidad, la inteligencia emocional, la organización y la planificación.

Además, el programa les ayudará a mejorar sus técnicas de búsqueda de empleo, mediante el aprendizaje de actualizar un currículo, entrenar en procesos de selección reales, con simulaciones de entrevistas de trabajo, así como reforzar la búsqueda de empleo en internet, en portales de empleo y redes sociales, además de rastrear y visitar empresas del entorno.

De igual modo, aprenderán a identificar y trabajar en el desarrollo de ideas que puedan llevar a emprender un proyecto propio y analizar las necesidades de potenciales clientes y generar modelos de negocio sostenibles.

Serrano ha confiado en el éxito de la nueva edición de un programa, cuyos resultados de inserción laboral en ediciones anteriores se situaron en torno al 70%.

Por su parte, el alcalde de Reinosa ha destacado el “impacto positivo” que este programa genera en sus participantes, a los que ha deseado que puedan cumplir los objetivos que se han marcado con su intervención en esta iniciativa.

La jornada de presentación ha contado con la participación de José María Pérez 'Peridis', impulsor y creador del programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario, quien ha protagonizado una charla titulada 'Donde hay un entrenador, hay un equipo'.

Además, la formadora, coach y especialista en desarrollo profesional Elvira Bárcena ha moderado una charla que, bajo el título de 'Equipados para el cambio', ha contado con la presencia de participantes en las lanzaderas de años anteriores para contar su experiencia.

La jornada se ha cerrado con la clausura por parte del jefe de servicio de Intermediación y Orientación Profesional del EMCAN, José Ignacio Fernández.

Un total de 17 profesionales en situación de desempleo se han sumado a la XII Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Camargo que ha comenzado su actividad en el Centro Municipal de Empresas, donde los participantes han sido recibidos por el alcalde, Diego Movellán, y la concejala responsable de Empleo, Marian Rovira.

La Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario ha dado inicio a su actividad, que se prolongará a lo largo de seis meses, tras la selección de las personas que han pasado a formar parte del programa por parte del Servicio Cántabro de Empleo.

Entre los ejercicios y prácticas que se van a llevar a cabo en esta XII Lanzadera, tanto presencialmente como a distancia, destacan aquellos que buscan la adquisición de nuevas competencias, la puesta en marcha de estrategias de búsqueda de empleo, el intercambio de recursos y conocimientos y el trabajo en la generación de redes sociales en el ámbito profesional, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

En el marco de esta iniciativa, de carácter gratuito y voluntaria, se imparten talleres de habilidades sociales, competencias transversales, desarrollo profesional y emprendimiento y se contacta con las empresas del municipio para conocer sus necesidades en materia de personal y la posibilidad de introducir los nuevos perfiles disponibles.

Las personas que se han sumado a esta propuesta en materia de inserción laboral se encuentran inscritas en una oficina del Servicio Cántabro de Empleo, o bien son demandantes de empleo que están ocupados con una jornada laboral inferior a 20 horas semanales

Durante su visita, Movellán ha recordado que fue en 2014, durante su primer mandato al frente del gobierno municipal, cuando se puso en marcha una “experiencia piloto” que, con el paso de los años, ha demostrado ser una “herramienta útil” para impulsar las carreras laborales de los integrantes de la Lanzadera.

“Este proyecto también abre la posibilidad a los participantes a la hora de enfocar hacia dónde dirigir sus pasos”, ha manifestado el regidor, que ha destacado que el índice de inserción laboral después de “adquirir nuevas habilidades y aptitudes” en la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario ronda el 70 por ciento.

“Son datos positivos”, en su opinión, que “motivan” a las personas que atraviesan una etapa “tan complicada” como es encontrarse en situación de desempleo a “sacar lo mejor de sí mismos” en busca de una oportunidad laboral mediante el “fomento del trabajo colaborativo” y el desarrollo de “redes profesionales”.

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha asegurado que el 70% de los jóvenes que se forman a través de los Programas Experienciales del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) se inserta en el mercado laboral.

“Siete de cada diez chicos y chicas que han realizado algún Programa Experiencial en estos doce meses siguientes tendrán trabajo”, lo que “pone de manifiesto el éxito de las políticas activas de empleo que se llevan a cabo desde el INAEM”, ha afirmado Pérez Forniés con motivo de la clausura y entrega de los Programas Experienciales del Inaem en Huesca.

La consejera ha hecho especial hincapié en que dichas medidas de política activa de empleo “nos gusta llevarlas por todo el territorio”, porque “todo el mundo tiene que tener la misma posibilidad para acceder a esa formación, cualificación y empleo”.

En esta última convocatoria, se han desarrollado 16 programas, que han llegado en la provincia de Huesca a 147 alumnos, por un importe de 4,5 millones de euros. En el conjunto de la comunidad autónoma, estos programas han llegado a 600 alumnos y han contado con una inversión de 18 millones de euros.

Una financiación que aumentará un 30% en la convocatoria del 2025, ascendido a 24,6 millones de euros, lo que permitirá también aumentar el número de alumnos beneficiados hasta los 800.

La consejera ha dicho que estos programas permiten lograr un múltiple objetivo, que pasa por fomentar el empleo, a vertebrar el territorio y aumentar la cohesión social.

Más de 100 alumnos en Teruel

Estos programas, antiguamente conocidos como “Escuelas Taller”, han permitido la formación aunada con el empleo de 100 alumnos en los 9 proyectos distribuidos en varios municipios de la provincia, así como también en Teruel capital.

En la provincia de Teruel se han realizado este año 9 programas experienciales dotados con un presupuesto de 2,7 millones de euros. Próximamente se pondrán en marcha los del 2025. Este año se llevarán cabo el doble de programas, concretamente 19, con una subvención que aumenta en 3,8 millones de euros, llegando a los 6, 5 millones en Teruel y a los 24, 6 millones de euros en todo Aragón.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Empleo por la que se convocan ayudas del Programa del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) destinadas a las entidades locales para la inserción laboral de 2.500 personas desempleadas en la realización de obras o servicios de interés general y social durante los años 2025 y 2026, por un importe de 25,8 millones de euros.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas de esta orden, conocida como de Corporaciones Locales, todos los ayuntamientos, comarcas, mancomunidades, consorcios y otras agrupaciones locales de carácter vinculado supramunicipal que contraten desempleados para la ejecución de obras o la prestación de servicios de interés general y social y que gocen de capacidad técnica y de gestión suficientes para la ejecución del correspondiente proyecto.

Las personas que se podrán contratar con este tipo de ayudas serán desempleadas que estén inscritas como demandantes de empleo y servicios en las oficinas de empleo de Cantabria en el momento del sondeo y el día anterior a la contratación, según una relación de colectivos prioritarios fijados en la propia orden y en sus bases reguladoras.

Las oficinas de empleo serán las encargadas de enviar a cada entidad beneficiaria, siempre que sea posible, un listado de cuatro personas candidatas por puesto de trabajo, y las corporaciones podrán elegir entre dos procedimientos de contratación: encargarse de realizar la selección final de los candidatos o delegar esa función en la oficina de empleo correspondiente. No obstante, en todo caso, habrá de realizarse entre las personas preseleccionadas por la oficina de empleo.

Los contratos no podrán ser inferiores a tres meses ni superiores a seis, y los proyectos subvencionables deberán finalizar antes del 31 de julio de 2026.

Las subvenciones se destinarán a financiar los costes salariales y de Seguridad Social de los contratados, entendiendo como costes salariales las percepciones económicas de los trabajadores por la prestación de sus servicios, incluida la indemnización a la finalización del contrato legalmente establecida.

Los ayuntamientos podrán presentar una única solicitud con hasta seis proyectos y deberán presentar la documentación de manera obligatoria a través de la aplicación informática CONVOCA en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para facilitar a las personas desempleadas y, en especial, a las que presentan mayores dificultades para conseguirlo, la experiencia laboral que requieren muchas empresas, lo que, en su opinión, supone “un gran impulso a su inserción laboral”.

“La adquisición de esta experiencia mediante la realización de obras o servicios de interés general y social, dentro del ámbito local, es uno de los pilares en los que se basa el posicionamiento de las personas desempleadas en el mercado de trabajo”, ha subrayado el consejero, quien ha puesto en valor el papel que desempeñan los programas experienciales dentro de las políticas activas del Gobierno de Cantabria “como uno de los instrumentos de la política de empleo para hacer frente a esa necesidad”.

Asimismo, ha destacado la colaboración de su departamento con las distintas entidades locales de la región para impulsar este tipo de programas de activación del empleo en la Comunidad Autónoma y ha puesto en valor el esfuerzo realizado por su departamento para resolver esta orden de ayudas “mucho antes”, en concreto, tres meses antes, que la convocatoria del año pasado, que se resolvió en el mes de marzo.

La rueda del consumo gira a un ritmo acelerado pero todavía “es posible otra forma de hacer las cosas”, dicen en Bioalverde, una empresa de inserción laboral “que antepone las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible”. La teoría sirve para cumplir el objetivo principal del proyecto: la integración de personas en riesgo de exclusión social. Y la práctica llega a través de la agricultura ecológica y el reciclaje de ropa así como de un plan que siembra un nuevo modelo de producción de la entidad sin ánimo de lucro respaldada por Cáritas Diocesana de Sevilla.

“Empezamos en 2015 y por aquí habrán pasado unas 150 personas de inserción”, resume Manuel Hernández, responsable del departamento de Economía Social de Cáritas Diocesana de Sevilla. Una década para remover las raíces de la exclusión desde la Economía Social y Solidaria y que alcanza una plantilla de 47 trabajadores –más de la mitad acogidos al programa de integración, con un sueldo medio de unos 1.200 euros, y el resto fijos o de estructura– y un presupuesto anual que roza “los 1,8 millones de euros”.

En Bioalverde resalta una colorida tienda de productos ecológicos donde venden las ‘ecocajas’ llenas de “los mejores frescos” del campo y mieles, mermeladas, pastas, aceites, vinos… al lado hay una enorme huerta de 30 hectáreas enclavada en una posición estratégica, a la vera de la parada del Metro de Sevilla ‘Olivar de Quintos’ y pegada al barrio de Montequinto de Dos Hermanas. Ahí están las oficinas, un almacén para la logística y en la capital tienen otro comercio, en el barrio de Nervión, y un establecimiento de moda sostenible y solidaria, Tienda moda Re-, en la sevillana plaza del Salvador.

Pero la tierra labrada también acoge iniciativas variopintas que dan visibilidad a Bioalverde. “El Betis hace actividades: cuando juegan partidos de Europa el equipo contrario viene aquí y siembran un árbol. Hay árboles plantados por jóvenes japoneses de la Betis Academy, una caja de murciélagos del Copenhague… o jugadores... Viene Rafael Gordillo, y Bellerín, antes Fekir, o Gudelj del Sevilla”, enumeran. La empresa suma además convenios con la Universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide y la Loyola para “distintos proyectos de investigación en cultivos”.

Un oasis de esperanza

La finca es un oasis donde crecen “historias para no dormir y para soñar; para decir, hay esperanza”, asegura Hernández, que enlaza así la mochila personal de quienes llegan “casi sin nada” y encuentran una salida. Como Katile Diamane, por ejemplo, que trabaja en la tierra. “Es el capataz de todo esto”, bromea Manuel. “Eso de mandar, mandamos poco”, ríe Katile antes de contar cómo emprendió una travesía desde Mali para llegar a Europa, en 2014, con 21 años de edad, “luchando para un futuro mejor”.

“Llegué aquí como la mayoría de los migrantes, cruzando el mar Mediterráneo”, explica. “Entré a nado por Melilla”, especifica Diamane. “El trayecto es una aventura complicada, teniendo en cuenta todo lo que puedes encontrar en el camino”, relata. Y a finales de 2015 conoció Bioalverde. “Somos la primera promoción, hicimos el curso y después me quedé aquí como trabajador de inserción y de ahí pasé a la estructura llevando un poco el campo con los trabajadores. Mi tarea es coordinar el día a día. Era una oportunidad y aquí estoy”, cuenta el maliense.

Ahora cuando ve a quienes entran nuevos “me veo a mí mismo”, dice. “Aquí no miramos de dónde viene una persona para ayudarle, solo la necesidad que trae; no miramos color, origen ni nada, simplemente somos humanos, como debe ser siempre”, en palabras de Katile. Los perfiles que llegan al proyecto de Cáritas son diversos, desde “mayores de 50 años con paro de larga duración a víctimas de violencia de género, expresos, los mal llamados MENA o mayores de 18 años que vienen de centros de acogida”, ejemplifica Manuel Hernández.

Ahí Bioalverde hace la conexión “del cuidado al medio ambiente” con soluciones de cercanía “a la pobreza en el mundo”, apunta. Un proceso que ofrece apoyo para la integración social y formación con un contrato de inserción de dos años. “A veces hay parte de la jornada que comparten con el área social, para el acompañamiento y la valoración de su trayectoria”, subraya Esther García, responsable de Comunicación y Marketing de Bioalverde. Al final del camino, “un 40 por ciento aproximadamente acaba entrando en el mundo laboral”.

Ropa y verduras

En la rueda del consumo masivo, que gira a ritmo de vértigo alrededor de la finca, destaca el pausado pero incesante trajín de cada jornada en la huerta ecológica donde se afanan braceros, tenderas, mozos de almacén… y trabajadores sociales, sicólogas, pedagogos. “Nuestro planteamiento es dar un servicio a la sociedad en dos líneas: primero, dar oportunidad a personas en riesgo de exclusión, que podemos ser cualquiera de nosotros en un momento de nuestra vida, y segundo objetivo, trabajar la tierra siendo respetuosos con el medio ambiente”, explican.

La explotación de la finca es un pilar de la misión que remata una tienda de productos ecológicos para venta directa y también desde su página web. “La comercialización nos sirve para pagar los sueldos y para reinvertir en el proyecto”, sostiene Hernández, dentro de un concepto de economía circular que teje redes de proximidad. “Distribuimos kilómetro cero, tanto a la ida como a la vuelta”, añade, para comprar, con empresas del entorno, y vender, solo en la provincia sevillana.

La otra vía principal está asociada a la vestimenta. “El área textil comienza en 2018 y se integra de la misma forma; hay personal en el centro logístico que envasa las donaciones para enviarlas y otros en la calle con furgonetas para recoger las donaciones de los contenedores rojos”, detalla Esther García. Cáritas, en este punto, funciona a nivel nacional con “una cooperativa donde estamos todas las empresas de inserción” y tres centrales –Barcelona, Valencia y Bilbao– que reciben y filtran el material.

“Si las prendas están en perfecto estado se vuelven a poner en circulación en tiendas abiertas al público, como la que tenemos en la plaza del Salvador”, en Sevilla. En esta parcela ofrecen ropa de vestir y del hogar, además de complementos como zapatos, bolsos e incluso bisutería. Si el material no es útil, “se recicla por separado” y, en última instancia, “se desecha de la manera más sostenible posible”.

¿Nuestra misión, visión y valores?, responden: “luchar por un trabajo que sirva para ayudar en la integración en la sociedad de las personas más desfavorecidas”. “Pensando siempre en que otra forma de hacer las cosas es posible”, subrayan. Casi nada. Ahí conectan “el cuidado al medio ambiente” con soluciones de cercanía “a la pobreza en el mundo”, dice Manuel Hernández. “Esto es una red al final”, una labor “comunitaria”, subraya Esther García. “Hablamos, pero andando, ¿podéis seguir mi ritmo?”, bromea Katile Diamane, el “capataz”, mientras deja sus huellas africanas en la tierra andaluza y solidaria de Bioalverde.

El manejo de herramientas digitales se ha vuelto indispensable en la mayoría de los trabajos. Por eso, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra consciente de ello, y de la problemática que entraña la brecha digital en la inserción laboral de las personas desempleadas, ha lanzado el programa ‘Preparadas’. Esta iniciativa de formación digital está dirigida a mujeres sin empleo, en colaboración con la Junta de Andalucía y financiada a través de los fondos europeos Next Generation. El plazo se ha abierto hasta el próximo 12 de noviembre.

Formación para reducir la brecha digital

Con el programa ‘Preparadas’ el Consistorio tiene como objetivo principal dotar a las mujeres de las “habilidades digitales necesarias para mejorar su empleabilidad y promover el emprendimiento”. Rocío Bastida, delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, ha contextualizado que el proyecto ha sido enmarcado dentro de la estrategia Eracis+, lo que refuerza su compromiso con la reducción de la brecha digital de género. “Hemos querido incluir este programa como parte de una respuesta integral para apoyar a las mujeres desempleadas del municipio”, ha comentado Bastida.

El proyecto se desarrolla bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea que tiene entre sus objetivos potenciar el acceso al mercado laboral y mejorar las oportunidades de las participantes. “El programa ha ofrecido a las mujeres de Alcalá una herramienta poderosa para descubrir el potencial que la tecnología puede aportar a sus carreras profesionales”, ha señalado Bastida.

Inscripciones abiertas hasta el 12 de noviembre

Las mujeres interesadas pueden inscribirse hasta el martes 12 de noviembre a través del formulario disponible en la web oficial del programa. Bastida ha concluido que esta formación “ha sido diseñada para ser accesible y útil, permitiendo a las participantes adquirir competencias digitales que mejoren su inserción laboral”.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Empleo, ha puesto en marcha un conjunto de acciones formativas dentro del programa “Proyectos Integrales” que, con una subvención de 225.000 euros, permite desarrollar 55 proyectos dirigidos a facilitar la inserción sociolaboral. Esta iniciativa pretende responder a las demandas del mercado laboral actual, “con programas que abarcan desde la gestión administrativa hasta la atención socio-sanitaria y el desarrollo de competencias digitales”.

Proyectos adaptados a los sectores en crecimiento

La delegada de Empleo, Paula Fuster, ha explicado durante una visita a uno de los centros de formación que “estos proyectos están dirigidos exclusivamente a personas desempleadas que forman parte de colectivos vulnerables”.

La formación ofrecida responde a áreas de alta demanda laboral, lo cual, ha afirmado Fuster, busca “garantizar que la capacitación responda a necesidades reales del mercado, mejorando así las posibilidades de empleabilidad”.

Además de la capacitación técnica, el programa incorpora formación en orientación para el empleo y prospección del mercado de trabajo, aspectos que complementan la preparación de los participantes y los acercan al empleo formal.

La delegada también ha destacado el interés municipal en ofrecer oportunidades laborales a la juventud. “Queremos que cualquier persona, especialmente los jóvenes, puedan desarrollar su proyecto de vida en Alcalá con un empleo y una vivienda dignos”, ha enfatizado, subrayando que el empleo es una de las principales preocupaciones de la administración local.

Programas de inserción a largo plazo

Como parte de una estrategia “a largo plazo”, la delegación de Empleo trabaja en programas adicionales, como el “Alcalá Emplea en Verde +”, que aseguran que generará 45 nuevos empleos en el área medioambiental. Además, está realizando de un estudio en el marco del Pacto Local del Empleo para identificar las necesidades formativas de las empresas locales. “Nuestra prioridad es que la formación y la empleabilidad vayan de la mano”, concluyó Fuster.