La magistrada María Elvira Gutiérrez Fernández, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del Principado, ha acordado conceder el primer permiso de salida a Triana Martínez, condenada a 20 años de prisión como colaboradora necesaria en el asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial y del Partido Popular (PP) de León, Isabel Carrasco, perpetrado por su madre Montserrat González, en 2014.

Su progenitora fue condenada a 22 años como autora del crimen y, al igual que su hija, lleva once años de cumplimiento efectivo de la pena.

Cambio de criterio judicial

La magistrada de Vigilancia Penitenciaria ha variado así su criterio al conceder a Triana Martínez sus primeros tres días en libertad tras haber denegado este beneficio penitenciario que la interna había interesado en al menos 15 ocasiones.

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias se había mostrado favorable por unanimidad a este tipo de salidas, pero su concesión no llegaba a materializarse en el juzgado.

Tres días sin fecha cerrada

En esta ocasión, la magistrada ha contado con el informe favorable también de la Fiscalía, por lo que ha decidido que la interna pueda disfrutar de tres días de permiso de salida, que se concretarán en la fecha que determine la reclusa.

De los once años que lleva en prisión, Triana Martínez únicamente ha salido en visitas programadas junto a otras internas y con monitores del centro penitenciario.

La Junta de Tratamiento, a favor

Su abogado defensor, Fernando Pamos de la Hoz, asumió su representación legal hace apenas 14 meses, tras la renuncia a continuar con la defensa de madre e hija de la abogada Anabel Prieto Torices por falta de confianza, al conocer que ambas habían contactado con otro abogado sin comunicárselo a ella.

En declaraciones a Eldiario.es asturias, el letrado Fernando Pamos ha asegurado que este permiso de salida de tres días a Triana Martínez era un beneficio penitenciario al que tenía derecho, teniendo en cuenta especialmente que la Junta de Tratamiento siempre se había mostrado favorable por unanimidad.

La antesala para el tercer grado

“No es ningún premio. Es un permiso de tres días y luego tiene que volver a la cárcel. Lleva once años en prisión y le han denegado ya este permiso en 15 ocasiones anteriores. Para que la reinserción funcione, tenían que dárselo”, asegura el abogado defensor.

Fernando Pamos resalta la importancia de que en este caso Triana Martínez pueda ir adaptándose a la vida en libertad de forma paulatina y este permiso podría ser incluso la antesala para una próxima clasificación en tercer grado penitenciario.

Encontrar un empleo

“Ella es ingeniera de Telecomunicaciones y si encontrara un trabajo podría conseguir el tercer grado, pero no es fácil buscar un empleo estando en prisión”, matiza.

En su opinión, lo único que ha cambiado para que la magistrada titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria haya accedido a concederle el permiso ha sido el tiempo transcurrido de cumplimiento de la pena.

“Yo no me arrogo ningún mérito. Lo único que ha cambiado es el transcurrir del tiempo”, corrobora.

15 denegaciones anteriores

De momento, no hay una fecha concreta para que Triana Martínez disfrute de esos tres días en libertad: “Me imagino que esperará a que pase un poco la alarma social que estas situaciones plantean, aunque ella tiene todo el derecho a tener ese permiso, después de 15 denegaciones anteriores”, subraya su defensa.

El pasado mes de enero, coincidiendo con el cambio de defensa, tanto la madre como la hija, mostraron públicamente su arrepentimiento por el crimen; una circunstancia que sorprendió en medios penitenciarios y judiciales y que el abogado defensor negó que fuera un subterfugio de cara a posibles beneficios penitenciarios.

Un arrepentimiento espontáneo

En aquella ocasión, Fernando Pamos incidió en que ese arrepentimiento había sido espontáneo sin que hubieran influido terceras personas y sin que mediara una recomendación suya: “Ellas son dos personas mayores en edad y en gobierno”.

“Han querido y han pedido perdón. Lo han hecho motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento”, afirmó en declaraciones a este diario.

La vuelta a la cárcel

Fernando Pamos puntualizaba un aspecto que creía que no se estaba teniendo en cuenta, como es la naturaleza de estos permisos.

“Parece que aquí los permisos son como la puerta a la libertad y, sin embargo, se trata de permisos de dos o tres días para estar con la familia y luego vuelves a prisión. Además, te tienes que presentar todos los días en la comisaría. No es la libertad. Es algo que ya se contempla”, añadía. Una frase que, diez meses después, vuelve a cobrar todo el sentido.

Montserrat González fue condenada a 22 años de cárcel como autora confesa del asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación Provincial y del PP de León, perpetrado en 2014. Ante el tribunal del jurado reconoció, el 20 de enero de 2016, que no estaba arrepentida: “Lo volvería a hacer; si dijera lo contrario, mentiría”. Su hija, Triana Martínez, recibió una pena de 20 años de prisión como cooperadora necesaria en la comisión del asesinato. Ahora, cuando están a punto de cumplirse once años del crimen, las dos alegan que están “arrepentidas”.

Su anterior letrada, Anabel Prieto Torices, ha renunciado a seguir representando a madre e hija. La abogada ha confirmado a elDiario.es Asturias que decidió abandonar su representación legal a raíz de que conociera que habían contactado con otro abogado sin comunicárselo a ella.

“Decidí renunciar a continuar con su representación legal cuando me enteré de que estaban llamando a otro abogado a mis espaldas. La relación profesional entre un abogado y su cliente se basa en la confianza. En este caso concreto, tras haber trabajado durante mucho tiempo con ellas, ha habido una falta de confianza absoluta hacia mí y así no podía seguir”, ha explicado.

El relevo en la defensa

A lo largo de estos diez años y ocho meses transcurridos desde el asesinato, nunca habían mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento, ni a través de mensajes dirigidos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ni a la familia de Isabel Carrasco.

Por eso ha sorprendido en medios judiciales este cambio de comportamiento en las dos reclusas, que ha coincidido en el tiempo con el relevo en la representación legal.

Su nuevo abogado es el penalista Fernando Pamos, que está personado en la causa desde hace tres meses. Tiene despacho en Madrid y lleva 30 años en ejercicio.

Los casos mediáticos

Fernando Pamos ha llevado casos muy mediáticos. Entre otros, ha ejercitado la defensa de Antonio Puerta en el caso de la agresión al profesor Jesús Neira, así como de la que fuera miembro de la banda terrorista ETA, ya acogida a la Vía Nanclares cuando asumió la defensa, Idoia López Riaño. También ha llevado la representación procesal de algunos de los implicados en el ‘Tamayazo’, el célebre caso de transfuguismo del PSOE en la Comunidad de Madrid.

Entre su bagaje profesional cita la defensa del caso de las “Escuchas del CESID” que costó el puesto en los años 90 del siglo pasado al vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y al ministro de Defensa Julián García Vargas; la defensa, como letrado director, de los denominados sumarios de Argentina y Chile de la Audiencia Nacional, en la persona de los exmilitares argentinos Adolfo Francisco Scilingo, Ricardo Miguel Cavallo y del que expresidente chileno Augusto Pinochet, así como la colaboración en la defensa de otros exmilitares detenidos en España, y fuera de España, en sede de la petición de extradición de la República Argentina y chilena por crímenes de genocidio y “Delitos contra la Humanidad”. 

Ellas han querido y han pedido perdón. Lo han hecho de motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento

Fernando Pamos de la Hoz — Abogado penalista. Ha asumido la representación legal de Montserrat y Triana

Fernando Pamos no entiende por qué ha causado tanta sorpresa que madre e hija hayan decidido mostrar su arrepentimiento y exponer sus argumentaciones ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

A la pregunta realizada por este periódico sobre si el posible acceso a beneficios penitenciarios está detrás del cambio de actitud de la madre, quien llegó a admitir en el juicio que “no se arrepentía y volvería a cometerlo”, el letrado ha respondido con otra pregunta: “¿Cuántos años han pasado ya?”, y ante la respuesta de “más de diez años”, él ha contestado: “Pues la pregunta se contesta sola”.

“En estos años han podido reflexionar”

Un tiempo que, a juicio del letrado, es más que suficiente para que ambas hayan podido reflexionar y pedir perdón, sin que se les haya exigido desde estamento alguno.

“El ser humano se diferencia de los animales en que estos no tienen capacidad de pensar y ellas han reflexionado sobre lo que es su vida”, ha dicho.

El abogado incide en que ese arrepentimiento ha sido espontáneo de madre e hija, sin que hayan influido terceras personas y sin que mediara una recomendación suya: “Ellas son dos personas mayores en edad y en gobierno”.

“Han querido y han pedido perdón. Lo han hecho motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento”, ha afirmado.

Los informes de la Junta de Tratamiento

La madre tiene informes a favor de los permisos por parte de dos o tres personas que forman parte de la Junta de Tratamiento, el problema es que no hay mayoría a favor de su disfrute, mientras que la hija ya ha tenido varias salidas programadas en la cárcel de Asturias.

No obstante, Fernando Pamos puntualiza un aspecto que cree que no se está teniendo en cuenta y es la naturaleza de estos permisos.

“Parece que aquí los permisos son como la puerta a la libertad y, sin embargo, se trata de permisos de dos o tres días para estar con la familia y luego vuelves a prisión. Además, te tienes que presentar todos los días en la comisaría. No es la libertad. Es algo que ya se contempla”, añade.

Su paso por varias cárceles españolas

El primer destino de madre e hija fue la cárcel de Villahierro en Mansilla de las Mulas (León), de ahí pasaron al centro penitenciario de Valladolid, también conocido como Villanubla, y finalmente fueron trasladadas a la cárcel de Asturias, donde cumplen la condena y comparten celda.

Fuentes penitenciarias aseguran que sus traslados de cárceles se han debido a su mal comportamiento que se tradujo en la apertura de varios expedientes penitenciarios que derivaron en sanciones.

Su comportamiento en la prisión de Asturias

Sin embargo, en Asturias, el equipo de tratamiento, integrado por un trabajador social, un psicólogo, un jurista y un educador, resaltó el buen comportamiento, la integración y participación de Triana en variadas actividades intramuros.

En un informe del equipo multidisciplinar que integra la Junta de Tratamiento, al que ha tenido acceso este periódico, se ha posicionado, por unanimidad, a favor de conceder permisos ordinarios a Triana como una forma de incorporarse a la sociedad de forma paulatina.

Una apreciación que comparte el abogado Fernando Pamos, quien ha señalado que tanto Montserrat González como Triana Martínez mantienen actualmente un comportamiento “excelente” en la prisión asturiana.

El asesinato

El próximo 12 de mayo se cumplirán once años del asesinato. En 2014, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, Isabel Carrasco se dirigía desde su casa situada en el paseo de la Condesa hasta la sede provincial del PP, en el paseo de Salamanca, en León, donde iba a reunirse con compañeros de partido para acudir a un mitin en Valladolid donde iba a participar el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En el momento en que la política cruzaba la pasarela sobre el río Bernesga, Montserrat González se acercó a ella, empuñó el arma que llevaba y disparó a corta distancia y por la espalda a su víctima.

Montserrat González primero efectuó dos disparos y, cuando Isabel Carrasco cayó desplomada en el suelo, la remató con un tiro en la nuca. La presidenta de la Diputación de León falleció en el acto.

Montserrat González fue detenida junto a su hija tras intentar huir en coche por el centro de la ciudad en la calle Gran Vía de San Marcos.

La venganza, como móvil

Un policía en segunda actividad había presenciado los hechos y las había seguido. Dos días más tarde se detuvo a la entonces policía local Raquel Gago, acusada de complicidad, al tener en su coche el arma con la que se había consumado el asesinato y que Triana le había introducido en su vehículo.

La madre argumentó que la venganza por el despido de su hija de su puesto de ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación de León había sido el móvil del asesinato.

El juicio con jurado y las condenas

El juicio se celebró ante un tribunal del jurado en el año 2016 y se saldó con la condena de las tres acusadas: Montserrat, como autora material, recibió una pena de 22 años de cárcel; su hija una pena de 20 años como coautora y Raquel Gago una pena de cinco años por encubrimiento.

Las condenas fueron recurridas primero ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y posteriormente ante el Tribunal Supremo.

Tras revisar las condenas, finalmente las penas para madre e hija quedaron intactas, mientras que la condena se elevó para Raquel Gago que pasó de los cinco años de cárcel iniciales a una pena de 14 años de prisión.

La Audiencia Provincial de León dictó en un auto, en febrero de 2016, donde declaraba el mantenimiento de la situación de libertad condicional de Raquel Gago e imponía una fianza de 30.000 euros.

Las quejas de Triana

En septiembre de 2024, con nueve años y medio de pena ya cumplidos, elDiario.es Asturias publicaba la queja de Triana Martínez por la denegación “sistemática” de la posibilidad de acceder a permisos de salida ordinarios, a pesar de que contaba con informes favorables emitidos por el equipo de tratamiento de la prisión y los posibles “agravios comparativos” con otros internos.

Ahora, madre e hija se han dirigido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para mostrar su arrepentimiento por el asesinato de Isabel Carrasco, en una petición que, según su nuevo letrado, no es un requisito para la obtención de permisos penitenciarios y que nadie “les ha exigido”.

Pasadas las cinco y cuarto de la tarde de una soleada tarde de un lunes 12 de mayo la campaña electoral de las elecciones europeas se cortó abruptamente. Era el año 2014 y fallecía asesinada de tres tiros sobre una pasarela por encima del río Bernesga la persona más poderosa de la provincia de León, Isabel Carrasco.

La entonces presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular leonés era asesinada por Montserrat González, compinchada, según las sentencias, junto a su hija Triana Martínez y una amiga de ésta, la policía local Raquel Gago. Las tres cumplen condenas de 22, 20 y 14 años de prisión, respectivamente.

El asesinato de Carrasco provocó la suspensión inmediata de la campaña electoral y el traslado a León de los principales dirigentes políticos para el funeral de la fallecida. Carrasco se dirigía a la sede local del partido para unirse a una caravana en dirección a un mitin en Valladolid, que era uno los principales actos de Mariano Rajoy en la campaña de las elecciones en las que emergió Podemos.

León fue tomada al día siguiente por decenas de medios de comunicación y la presencia de figuras de la política nacional, encabezadas por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. Su antecesor, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, fue otro de los asistentes a un multitudinario funeral en la Catedral de León que tuvo lugar al día siguiente del asesinato, pero para el que para garantizar el lleno el PP llamó a los alcaldes de la provincia para que no se 'olvidaran' de acudir.

Todos pudieron ver entonces la frialdad con que la sociedad leonesa recibió el asesinato a tiros de su principal personalidad política de entonces. Isabel Carrasco era una figura muy discutida y controvertida y su asesinato no provocó una ola de simpatía hacia su figura, juzgada con especial crudeza.

Esa frialdad se mantiene a día de hoy. En el quinto aniversario de su fallecimiento no está anunciado ningún acto de homenaje o recuerdo hacia la que fue la mujer más poderosa de León. En el PP de hoy en día mandan antiguos enemigos políticos, como el presidente de la Diputación Juan Martínez Majo o el alcalde de Leon Antonio Silván, y ni la institución ni el partido optan por recordarla, una tónica habitual en estos cinco años. Apenas una flores en la pasarela donde murió, y donde alguien se vengó escribiendo 'aquí murió un bicho', han sido el principal recuerdo a la asesinada.

En el momento del crimen la imagen de Carrasco estaba seriamente castigada, aunque nunca fue en toda su carrera una de las políticas locales más conocidas por su simpatía. Por un lado la afectaba una investigación sobre presuntos cobros irregulares de dietas a la vez que acudía en el coche oficial de la Diputación de León a las reuniones del consejo de la entidad financiera Caja España. El 'caso de los kilometrajes' acabó cerrándose tras su muerte sin que la acusada declarara nunca en casi dos años de investigación.

La publicación en medios nacionales en 2011 de su docena de cargos, titulada por varios medios como 'la presidenta de los 12 (o 13 según versiones) sueldos' la elevaron un peldaño entre los políticos a odiar en plena crisis económica. Aunque ella justificó que no todos eran remunerados, lo que era cierto, el haberse subido el sueldo al inicio de su segundo mandato elevaba sus ingresos por encima de los 150.000 euros al año, algo criticado hasta por sus compañeros de partido.

Carrasco arrastraba además un caso de presunto enchufismo en la Diputación de León. El PSOE denunció que 26 miembros del PP o sus familiares habían sacado notas entre 9 y 10 en los exámenes de una bolsa de empleo de la Diputación, en un proceso que acabó en los tribunales sin ninguna consecuencia.

La Sexta remató su imagen pública al ubicarla, en 2013, como una de las caciques políticas de España junto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar.

Tras el fallecimiento de Isabel Carrasco, con el partido en 'shock' por el asesinato', llegó la operación anticorrupción 'Púnica', que ocasionó que su sucesor al frente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, fuera detenido y luego expulsado del PP. Era la baza del grupo de los 'carrasquistas', alcaldes afines a la expresidente, para mantener el poder de su facción entre los conservadores leoneses.

El PP autonómico de Herrera maniobró después para colocar a dos rivales internos de Carrasco en los principales puestos del partido en la provincia. Antonio Silván sustituyó como candidato y luego alcalde de León a un hombre de confianza de Carrasco, Emilio Gutiérrez. Y Juan Martínez Majo, veterano alcalde y diputado provincial que en el segundo mandato se 'exilió' en las Cortes autonómicas, se convirtió en presidente de la Diputación de León desplazando a los 'carrasquistas' y luego en presidente provincial del PP.

El asesor de la Junta de Castilla y León que nunca declaró

El proceso judicial por el crimen de Isabel Carrasco fue modélico por su rapidez en la investigación y celebración de los juicios. El tribunal del jurado condenó a las tres acusadas en 2016 de forma más leve que las penas finales elevadas por el TSJ de Castilla y León y Tribunal Supremo en los recursos presentados posteriormente.

La serie y el documental 'Muerte en León', dirigidas por el cineasta británico Justin Webster, desvelaron una brecha en la investigación policial. Las llamadas de Triana Martínez no fueron incluidas en las pesquisas, pese a que un nombre sobresalía por el volumen de conversaciones, prácticamente diarias, que mantenía con la condenada por asesinato. Ese nombre era Luis Estébanez y es un asesor personal del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

En una entrevista con Eldiario.es Webster aseguró que “La gran duda en el asesinato de Isabel Carrasco es por qué no se investigaron ciertas llamadas deliberadamente”. Las 247 llamadas que mantuvieron Triana y el asesor en el año 2014, incluidas el mismo día del asesinato, y la vinculación entre ambos se quedó sin explicación oficial ante el cierre del caso y la negativa a cualquier aclaración posterior. Estébanez aseguró desconocer por qué no se le llamó a declarar judicialmente y reiteró que “la conciencia la tengo muy clara y muy tranquila” al desconocer cualquier intención criminal de Triana.

El PP teme perder el gobierno de la Diputación de León

Cinco años después del asesinato de Isabel Carrasco la cita con las elecciones municipales del 26 de mayo genera dudas sobre el próximo mandatario de la Diputación Provincial de León, actualmente el popular Juan Martínez Majo.

El Partido Popular gobierna con mayoría absoluta la institución provincial desde el año 1995 pero debido a la fragmentación política, y al mal momento electoral de la formación, teme perder el poder por vez primera en 24 años. La necesidad de un pacto a dos o más partidos para afianzar una mayoría absoluta generan intranquilidad en los conservadores, conocedores del poder local que supone repartir los fondos de obras de la Diputación.

Desde hace escasas semanas la galería del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación, acoge el cuadro del antecesor en el cargo y enemigo político interno de Carrasco, Javier García-Prieto, al que la fallecida había apartado en 2007 para ponerse ella. Su relación personal fue pésima desde entonces y Carrasco le fustigaba incluso de forma frecuente culpándole de la situación económica en que heredó la Diputación, aunque fuera de su propio partido. Isabel Carrasco intentó, incluso, echarle del partido al conocer que iba a declarar como testigo en el 'caso de los kilometrajes', que acechaba a la política por presuntos cobros irregulares de dietas y uso a la vez del coche oficial.

La Diputación de León cerró el ejercicio 2018 con la deuda a cero. Esta fue una de las obsesiones de Isabel Carrasco desde el inicio de su mandato, mejorar la situación financiera de la institución. Su muerte y la posterior parálisis que se provocó por el asesinato y la operación Púnica lograron un ahorro importante de dinero derivado de la inacción total en que se sumió la Diputación. Estos fondos 'extras' se han ido usando estos años para ir pagando la deuda hasta dejarla en nada, y vendida como un logro del tipo de gestión del Partido Popular.

Cinco años después de la desaparición de Isabel Carrasco el PP leonés teme dejar el poder provincial y que quien venga opte por el clásico 'abrir los cajones'. Facturas sin pagar seguramente no se encuentre ninguna pero quizá encuentren otros papeles de interés. Mucho años de poder omnímodo siempre pueden dar lugar a alguna sorpresa.

Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en plena calle. El crimen se efectuó en una pasarela que la política atravesaba cada vez que se dirigía desde su domicilio a la sede del PP. Ese día, sin embargo, no llegó a cruzarla entera. Montserrat González encañonó su espalda y disparó en dos ocasiones. Una vez desplomada en el suelo, la remató con un tiro en la nuca. Parecía una asesina a sueldo profesional, pero en realidad se trataba de un ama de casa de 58 años. Fue detenida junto a su hija Triana Martínez, ambas militantes del mismo grupo político que lideraba la víctima y condenadas a más de 20 años de cárcel.

El crimen de Isabel Carrasco fue un plan ejecutado con frialdad del que todavía hoy quedan dudas por resolver. El caso está cerrado, pero ni se sabe con exactitud la procedencia del arma homicida ni las razones de para la implicación de Raquel Gago, policía local y amiga íntima de Triana. Ocultó que se había encontrado con las asesinas justo antes de que llevaran a cabo su plan, y solo lo admitió cuando, según su versión, acabó encontrando por sorpresa el revólver escondido bajo el asiendo del copiloto en su propio coche. Finalmente, fue condenada a 14 años de cárcel por el Tribunal Supremo.

Los medios explicaron los hechos bajo la etiqueta de “venganza personal” por el supuesto acoso laboral de Carrasco a Triana, pero había mucho más. Entre otras cosas, el contexto político: una división dentro del propio PP de León (que traspasaba la región) entre simpatizantes y detractores de Isabel Carrasco, que llegó a hacerse con el control de gran parte de la comunidad.

Bajo esta premisa empezó a trabajar el periodista y director británico Justin Webster, que estrenó una serie de no ficción sobre el caso en Movistar +. Esta terminaba con una revelación: en el sumario no había ni rastro de Luis Estébanez, asesor del presidente de la Junta de Castilla y León con el que Triana mantuvo hasta 247 conversaciones en los meses previos al asesinato, incluidas llamadas durante el mismo día de los hechos.

Muerte en León: caso cerrado, película documental que se proyectará en cines de la propia ciudad y se estrenará en HBO el próximo 22 de marzo, recupera parte de lo reflejado en la serie y añade entrevistas como la de la jueza instructora del caso para intentar comprender por qué se produjo la aparente ocultación de pruebas. Un final algo más redondo de una historia que no deja de suscitar nuevas preguntas.

Cinco años después del asesinato todavía quedan muchas lagunas por aclarar. ¿Qué responde esta película que no hace la serie?

Intenta tener un final más definitivo. Teníamos la insatisfacción de haber acabado la serie con una pregunta y ahora toda la historia se cuenta de otra forma con muchos detalles rescatados de los brutos que no llegaron a entrar y que en este momento tienen un gran significado porque queríamos dar una respuesta más clara. En parte he fracasado, porque hemos llegado hasta donde podíamos llegar y, aunque la pregunta está contestada, seguimos con muchas más.

Ni la policía ni la jueza instructora han tenido en cuenta vuestra revelación: que no había registro de las llamadas salientes de Triana. ¿No genera algo de impotencia el resultado?

No investigamos las llamadas de Triana con este fin, sino para hacer un retrato más profundo de quién es ella y llegar a personas que nos han hablado fuera de cámara y no salen en la película. Este esfuerzo de analizar las llamadas era solo por eso, pero las últimas semanas de la investigación vimos que aparecía Luis Estébanez y empezamos a profundizar. Con la serie llegamos hasta donde pudimos llegar, pero necesitaba una respuesta más clara y racional a todo esto.

También escuchamos la voz de Luis Estébanez, que en el último capítulo de la serie no se incluye. ¿Qué cambió para que se pudiera incluir esa llamada?

Creo que es la necesidad de mostrar la realidad de esas llamadas y de incluir sus respuestas. No le acusamos de nada porque no lo sabemos, pero él es el ejemplo de la 'no-investigación'. Esperaba obtener una explicación más racional, pero llegando al final, a la juez instructora y luego a la policía, vi que no íbamos a conseguir más.

¿Y cuál es la mayor duda que tiene con respecto al caso?

La gran duda es por qué estas llamadas no fueron investigadas de forma deliberada.

¿Ha recibido presiones o amenazas?

No, nosotros somos completamente independientes y es difícil hacer esto. Creo que había ciertas presiones a otros, pero no a nosotros. Lo único que esperaba, quizá por mi experiencia de trabajar más en otros países que en España, es que con el final de la serie habría otros medios o periodistas interesados en coger el hilo para seguir preguntando. Pero, salvo excepciones, hubo un silencio genérico. Nadie preguntó a la policía, me pareció sorprendente.

¿Qué fue lo que más le chocó durante las llamadas telefónicas con las asesinas?

Uno de los grandes misterios es cómo una mujer como Monserrat González, un ama de casa de 58 años, podía convertirse en una asesina con la frialdad de un sicario. Ella se reafirmaba, y en nuestra conversación con ella en la cárcel ella se mostraba muy convencida de la maldad extrema de Isabel Carrasco y de que todo el mundo estaba de acuerdo con ella. Ella en el juicio no fue diagnosticada por los forenses de locura, con lo cual esto apuntaría a un ambiente propicio para esto.

De hecho, en un momento del documental se palpa que el clima de animadversión en León contra Carrasco pudo haber colaborado a que esto ocurriera. ¿Es solo odio o algo más?

Poco después del asesinato aparecieron comentarios de que seguramente había sido la extrema izquierda matando a una pepera, pero el odio que conduce a un asesinato así es extraordinario y la venganza personal no es explicación suficiente, ya que si no habría asesinatos en todas las ciudades españolas constantemente. Hubo algo más, y ese algo más y cómo conecta con las asesinas es parte del misterio.

¿Cree que en el proceso judicial se ha tenido en cuenta como es debido la relación de Triana con ciertos grupos del PP contrarios a Isabel Carrasco?

Salió muy poco en el juicio, ya que no fueron llamados a testificar. La sensación es que la investigación fue de alguna forma acotada. Habían indicios para investigarlo, sobre todo con un testimonio de Monserrat en el que aseguraba que esto no habría sucedido si Rajoy hubiera decidido cambiar a la presidenta. Esto es una locura, obviamente, pero como se cuenta en la película también habían movimientos dentro del partido contra Isabel Carrasco.

El odio a Isabel Carrasco tenía dos partes. La primera es producto de su carácter, de su forma agresiva y cruel, y es la forma de odio más comprensiva a pesar de que no justifica nada. La segunda es por sus virtudes, porque era muy lista, trabajadora y sabía moverse en la política como nadie.

Tampoco queda clara la implicación de Raquel Gago, la tercera condenada. En un primer momento quedó en libertad con cargos, luego fue acusada y finalmente su condena pasó de 12 años de cárcel a 14 tras pasar por el Supremo. ¿Con qué realidad nos quedamos?

Creo que el momento más clave de la duda sobre ella fue cuando el juez la condenó cinco años por encubrimiento porque le parecía que las pruebas no eran claras. Sin embargo, el jurado no pudo creer que ella hubiera tomado té con Triana por la tarde y luego estuviera en este sitio por casualidad, básicamente es esto. Hay muchas dudas sobre si ella sabía o no, pero Raquel nunca ha dicho que fue engañada por Triana, y esta me parece la parte más débil de su defensa.

Después de asistir a irregularidades y a dudosas resoluciones, ¿qué confianza nos queda en la justicia?

No creo que esto sea una crítica a toda la justicia, sino una contribución para la mejora. En este caso se pone el foco en la 'no-investigación' de ciertas cosas, y es importante que la gente sepa que esto pasa. No necesariamente tiene que perderse la confianza en la justicia, sino que quizá debemos ser más vigilantes o conscientes de estas posibilidades. No es para perder la fe, es para involucrarnos más y que funcione mejor.

¿Habrá otro capítulo de Muerte en León?Muerte en León

Ha sido un esfuerzo importante llegar a este final más definitivo y hemos topado con varias puertas cerradas, así que por el momento no creo que podamos progresar más. En el futuro quizá habrá que valorar si se puede tener la visibilidad suficiente para poder seguir, pero por el momento es difícil.

En el año 2011, el diario digital leonoticias.com publicó una información sobre el llamado ‘caso de los kilometrajes’, en la que señalaba que la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asesinada en 2014, había percibido el cobro de los gastos por desplazamientos como si los realizara con su vehículo particular, cuando en realidad lo hacía con vehículo oficial. Aquella información se ilustró con imágenes de la cuenta corriente de Carrasco en Caja España, entidad de la que fue consejera y desde donde recibía esas dietas, que demostraba que había recibido esos pagos.

Isabel Carrasco denunció por revelación de secretos, con dos sentencias a su favor: una emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de León y otra de la sección tercera de la Audiencia Provincial de León. Sin embargo, recientemente, el Tribunal Constitucional ha dado la razón al medio de comunicación y a su director y autor de la información, Javier Calvo, asegurando en su sentencia que la publicación de los extractos bancarios de Isabel Carrasco reforzaban la veracidad de la noticia, sirviendo a la credibilidad de la información transmitida, por lo que “no pueden calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios”.

Según se informa en el diario digital, el recurso ante el Constitucional, después de que el periodista fuera condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 1.800 euros, fue aceptado debido a «una especial trascendencia constitucional porque el recurso platea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal». El Constitucional también considera que se vulneró el derecho fundamental a la libertad de información recogido en el art. 20.1 d) de la Constitución.

El abogado del caso considera esta sentencia “pionera” y que genera ahora un “nuevo escenario legal para los profesionales de la información” porque la publicación de los extractos bancarios de Isabel Carrasco “cumple con las exigencias de la doctrina constitucional sobre la libertad de información; es decir, que la información difundida tenga relevancia pública de aquello que se comunica y que sea veraz”. En este caso, el Tribunal Constitucional recuerda que “aparecen tachados los datos de saldo así como los relativos a otras operaciones, y no figura la numeración de la cuenta ni el nombre de la titular de la misma”.

La Sala Primera entiende además que tanto la noticia publicada como los datos económicos asociados a ella tienen una “importancia social”, por lo que anula las anteriores sentencias, tanto del Juzgado de lo Penal como de la Audiencia Provincial de León.

Ni la Policía, ni el fiscal, ni la jueza de instrucción son capaces de explicar por qué no se investigaron las llamadas entre una de las tres condenadas por el asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y un asesor del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Llamadas diarias que no se interrumpieron ni el día antes del crimen, cuando se registró la más larga, ni horas antes de que se efectuasen los disparos.

La miniserie 'Muerte en León' abordó el caso hace un par de años e incluyó revelaciones inéditas. Ahora tendrá un nuevo capítulo, en forma de película documental. “Se ha hecho una segunda parte porque básicamente yo me quedé con una espina clavada, la de no poder tener una respuesta más clara al final de la serie”, explica a eldiario.es su director, Justin Webster.

El asesinato de Carrasco se cometió el 12 de mayo de 2014 y se resolvió en tiempo récord. Montserrat González y Triana Martínez –esposa e hija del comisario de Astorga (León)– fueron detenidas minutos después de que la primera descerrajase tres tiros a la política.

González asumió desde el principio la autoría y no mostró un ápice de arrepentimiento durante el juicio. Fue condenada a 22 años de cárcel. Su hija defendió que nunca supo de las intenciones de su madre, pero el jurado popular no creyó su versión. Fue condenada a 20 años de prisión. El Supremo ratificó ambas penas.

Hubo una tercera mujer condenada, la policía local Raquel Gago, que entregó el arma del crimen a las autoridades dos días más tarde tras, dijo, habérsela encontrado en su coche. Aunque en un primer momento quedó en libertad con cargos, fue finalmente acusada y condenada. El primer tribunal le impuso 12 años de cárcel y el Supremo elevó la pena hasta los 14.

Durante toda la investigación se insistió en que el asesinato no tenía tintes políticos, a pesar de que madre e hija eran afiliadas al Partido Popular y se relacionaban con altos cargos y de que Triana había trabajado en la diputación porque Carrasco la enchufó. Luego se la quitó de en medio. El crimen se cometió cuando Carrasco iba a su casa a cambiarse de ropa para después dirigirse en un autobús alquilado por su partido al mitin que Mariano Rajoy iba a dar en Valladolid. Era plena campaña de elecciones europeas.

Llamadas desde Presidencia

El director y escritor británico Justin Webster abordó el caso en 'Muerte en León', una serie de cuatro capítulos que se estrenó en 2016. El documental no dejaba un espacio sin abordar sobre la víctima y sus asesinas, y por supuesto, sobre el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de León.

Es en la última entrega, cuando Webster y su equipo –que revisaron el sumario hasta su última coma– revelan el inquietante descubrimiento que hicieron: en el teléfono móvil de Triana, cuyo contenido supuestamente se estudió porque tenía multitud de información sobre el crimen (llamadas con su madre segundos después de que esta abatiese a Carrasco, llamadas con Gago horas antes y minutos después del asesinato…) había una llamada de ese 12 de mayo fatídico de la que no había rastro en el sumario, un número que la Policía no sólo no identificaba, sino que ni hacía alusión a él.

El día antes del asesinato también había dos llamadas de ese número que sumaban 88 minutos. Meses antes, las llamadas eran diarias, y de apenas un minuto. En la agenda de Triana, ese número aparece identificado como Luis Estébanez. Estébanez es, desde hace más de una década, asesor del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Entre enero y mayo de 2014, su número fue el segundo más llamado (el primero era el de Gago) por Triana Martínez. Ambos también llegaron a comunicarse desde el teléfono fijo que Estébanez tenía en su despacho de Presidencia de la Junta.

Una respuesta contundente

“La película no es solamente esta revelación final, es como un retrato mucho más completo de las personas y del contexto y el significado. Pero el significado tiene bastante que ver con este descubrimiento. Volvimos a León, acabamos en la sede de la Policía Nacional en Madrid donde entregamos un informe. Ahora tenemos una respuesta más clara y más contundente”, explica Webster.

El documental es, según Webster “un recuento de la serie y no un resumen porque cuando sabes el final se puede recontar mejor y con una línea más clara”. En esta segunda parte se mantiene lo más importante, el contexto y el retrato de sus protagonistas para entender el descubrimiento final en la serie, pero también hay elementos nuevos. “Hay un significado en todo esto, esa nueva persona que forma parte del crimen o no, no lo sabemos porque no lo han investigado, y la pregunta es ¿por qué?”, apunta Webster.

Por primera vez se entrevista a la jueza instructora y se vuelve a hablar con Estébanez. Webster habló con él varias veces incluso para ofrecerle una entrevista sin cámaras y off the record, pero no quiso. “Hablé con él varias veces pero no avanzamos nada, aunque es importante escuchar estas conversaciones, oír sus explicaciones que no fueron nada convincentes. Ahora la situación es más clara, más contundente”, avanza.

La Policía dio evasivas sobre la falta de investigación de las llamadas de Estébanez. Para Webster había una relación evidente entre Triana y Estébanez, y varias versiones sobre ella. “Las versiones que hay desde Triana y desde Luis no son muy convincentes por la cantidad de llamadas, y tienes esas llamadas tan importantes, tan cerca del asesinato, y el dato de que este nombre no apareció [en el sumario]”, recuerda el director de 'Muerte en León'.

Es también significativa la reacción del fiscal del caso reflejada en la serie: tras transmitirle Webster y su equipo el descubrimiento de las llamadas no investigadas, dijo que la Policía no las debió considerar importantes y dio “otras explicaciones ridículas” que para Webster son la tónica de todas las respuestas que obtuvieron. El foco está en “la no investigación de la Policía”. La respuesta, dice Webster, es clarísima: “no puedo revelarla ahora [con la película sin estrenar] pero se puede imaginar”.

La entrevista de la jueza es una de las partes más interesantes del documental, “no por lo que dice sino por cómo lo dice”. Pero, ¿se llega a una conclusión nueva sobre el crimen? ¿Se puede hablar de un crimen político? “Yo creo que hubo más que tres mujeres locas que decidieron matar a Isabel Carrasco por una venganza de un despido. El crimen político en el sentido de que Juan Vicente Herrera mandó matar a Isabel Carrasco es demasiado simplista. No sabemos qué tuvo que ver porque Luis Estébanez fue posiblemente un informador que utilizaba a Triana. La relación en este submundo de intereses y odios sin duda tiene que ver con lo que hicieron Montserrat y Triana. No actuaron fuera del contexto de este mundo y la relación exacta no la sabemos, pero si hablaba tanto con alguien tan cercano al poder es todavía investigable; y si no fue investigado, es muy sospechoso”.

Webster reconoce que, aunque hay posibilidades “racionales” para investigar las llamadas de Estébanez, no las hay “reales”. “En la serie vimos que la persona con más interés en hacerlo era el abogado de la familia de Isabel Carrasco, Carlos Rivera, y él no pudo porque se sintió muy solo. Esperemos que triunfe la racionalidad, pero si es por interés de las autoridades, posibilidades hay muy pocas”, reconoce el investigador.

La película 'Muerte en León' aún no tiene fecha fija de estreno, pero sí plataforma. HBO, donde puede verse la serie, emitirá también el documental, posiblemente entre marzo y abril.

Las series documentales sobre delitos de sangre han logrado mucha popularidad en estos últimos años. Fenómenos como ‘Making a Murderer’ de Netflix, ‘O.J.: Made in America’ -ganó el Oscar a Mejor largometraje documental- o el podcast ‘Serial’ han conseguido enganchar a millones de personas delante de la radio y la televisión. Estos productos se convierten en una óptica excelente para mostrar las cloacas judiciales o el desarrollo social, político y cultural de la época. En España, se estrenó hace unos meses nuestra particular serie documental, ‘Muerte en León’.

El día 12 de mayo de 2014 se interrumpió la tranquila rutina de León, de unos 130.000 habitantes, cuando se ejecutaba a quemarropa a Isabel Carrasco, líder del Partido Popular de León y presidenta de la Diputación provincial, en uno de los puentes que cruzan el río Bernesga. Instantes después, Montserrat González y su hija Triana Martínez, fueron detenidas como presuntas autoras de un crimen donde se mezclan motivos políticos y personales. Un plan urdido con nocturnidad y alevosía para llevar a cabo una venganza muy íntima.

El autor de esta serie de no ficción de cuatro capítulos para Movistar+ es el director británico residente en España Justin Webster. Cuatro horas de duración en las que este experimentado documentalista intenta arrojar luz a un crimen que eclipsó la vida mediática española. Un recorrido, en mi opinión muy acertado, a través de las historias personales, el juicio y el contexto, sin caer en sensacionalismos, para mostrar un documento preciso, interesante y reflexivo.

El asesinato de Isabel Carrasco tuvo lugar en un momento donde la clase política obtenía sus índices de popularidad más bajos de la historia de la democracia, gracias a los cientos de casos de corrupción y de tropelías que inundaban -y que aún lo hacen- España de norte a sur y de oeste a este. En León, más concretamente, Isabel no pasaba por su etapa más popular. El 'caso oposiciones' y el 'caso kilometraje' salpicaron a una persona hecha a sí misma, con fuerte carácter y autoritaria que manejó a su antojo el gran poder que tenía en sus manos. La teoría dice, y más tarde se probó, que construyó una red de corruptelas y clientelismos que traería el odio de unos y la envidia de otros. Así, su personaje, creó muchas desavenencias en el seno de su partido y, a sus espaldas, se urdieron conspiraciones para desposeerla de todo su poder cuando más débil estaba.

Quizás por esto se entiende como sus asesinato, siendo algo inconcebible, fue deseado por unos y obviado por otros. Esto se puede entender porque en ‘Muerte en León’ el clima está fantásticamente retratado a través de los diferentes testimonios de la época.

La otra arista de ‘Muerte en León’ es la compuesta por Montserrat González y su hija Triana Martínez, una ejecutora y la otra cómplice, y Raquel Gago, amiga de Triana, en el papel de ayudante. A través de sus testimonios, sobre todo de las dos primeras, se intenta dilucidar los posibles motivos del crimen: odio, despecho, traición, ira, venganza, etc. La madre quiere cargar con toda la culpa mientras la hija intenta desligarse del asesinato mientras cuenta -y se jacta- de su ascenso en el partido y el enchufismo para conseguir puestos en la Diputación.

El tratamiento documental es complejo, a medida que la historia se desarrolla, e imparcial. Justin Webster da un toque objetivo a la vez que el conflicto se hace más interesante ya que se atreve a ahondar desde diferentes aristas el asesinato de Isabel Carrasco y todo lo que lo rodea; además, lanza propuestas reflexivas entre la relación difícil e invasiva del poder político y el poder judicial.

Explorar e investigar todos los puntos de vista trae consigo una visión sobrecogedora de la realidad. Webster intenta que en ‘Muerte en León’ el espectador sea parte activa del relato realizando importantes hipótesis que remueven la conciencia. Poniendo en tela de juicio los estamentos judiciales, políticos y policiales. De hecho, como se comprueba al final del documental, la investigación queda en entredicho e incluso llega a poner sus ‘peros’ del uso del jurado popular en un juicio de tal calado.

La labor periodística es envidiable y más en un país que necesita mucho de ella, ya que visto lo visto, hay que ejercer un control férreo sobre la clase política y sus tejemanejes. ‘Muerte en León’ es la deconstrucción de un crimen pero, sin duda, es un documento reflexivo que va a interesar a todo el mundo, incluso a los menos apegados a la crónica de sucesos. Porque este documental aspira a dar un pasito más en su calidad narrativa y textual.

‘Muerte en León’, es una joya documental de nuestro país. Tanto si has visto como si no ‘Making a Murderer’ o ‘O.J.: Made in America’ -muy recomendadas-, esta serie hay que verla porque es testimonio vivo de nuestra historia más actual. Se encuentra en el catálogo de Movistar+.

Triana Martínez, condenada junto a su madre por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco (PP), hablaba a diario con un asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Ni la Policía ni el juzgado que instruyó la causa investigaron el porqué de unas llamadas que se sucedieron hasta el mismo día del crimen. El dato se conoce ahora gracias al documental Muerte en León, de los periodistas Justin Webster y Enric Bach y cuyo último y revelador capítulo se emitió el miércoles en Movistar+.

Webster y Bach tiraron de sumario y vieron que se incluía un CD con varios archivos remitidos por Telefónica al juzgado. Se recibieron en octubre de 2014, cinco meses después del asesinato. Los archivos, hojas de cálculo, incluían todas las llamadas entrantes y salientes, así como los posicionamientos de Montserrat González, Triana Martínez, Raquel Gago e Isabel Carrasco entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2014. En enero de 2015 y a petición de la defensa de Montserrat y Triana, se incorporó la lista de contactos del móvil de esta última. A partir de ahí, los periodistas cruzaron los datos.

El mayor número de llamadas salientes de Triana, un 19,9%, son al móvil de Raquel Gago -la agente de Policía municipal que acabó entregando el revólver con el que se tiroteó a Carrasco, y que Triana dejó en su coche minutos después del crimen-. El segundo número al que más llamó, un 18,4% de las veces, pertenecía a una persona que no aparecía en el sumario pero que sí que estaba en la agenda de Triana con nombre y apellido.

Además de su móvil, aparecían un fijo y otro número de 13 dígitos como los que generan las centralitas telefónicas. El número fijo, que coincidía a excepción de uno de los dos últimos dígitos, dio la clave: correspondía a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Tras llamar al genérico, una secretaria confirmó a Webster y Bach que el número fijo al que llamaba Triana pertenecía al despacho de “un asesor del presidente”.

Si al cómputo de llamadas al móvil del asesor se añaden las de los teléfonos fijo, y el de 13 dígitos, el porcentaje de llamadas que Triana hace al asesor de Herrera se elevan hasta el 19,9%. Las comunicaciones (vía llamada o SMS) entre Triana y el hombre de Herrera fueron diarias desde el 1 de enero de 2014 hasta el 12 de mayo de ese mismo año -día del crimen- a excepción del 5 de marzo y 17 de abril.

La duración de las llamadas oscilaba entre unos pocos segundos y los seis minutos. Sin embargo hay dos llamadas especialmente largas y ambas se produjeron la víspera del crimen. A las 13.23 del 11 de mayo, Triana llamó al asesor y habló con él durante 25 minutos. A las 17.23 de ese mismo día, Triana le volvió a llamar y habló con él más de una hora, en concreto 63 minutos. Ese día Triana sólo habló con tres personas: su madre, Raquel Gago y el asesor.

Las llamadas a ese asesor no cesaron. El 12 de mayo, día del crimen, Triana le llamó al fijo de su despacho. Eran las 11.05 y no contestó. Una hora más tarde, cuando le llamó al móvil, a las 12.13, hablaron durante tres minutos. Hay una clave más, el asesor, aparece como contacto número 2 en la agenda de Triana. En el número 1 está su madre.

Según se pone de manifiesto en el documental y reconoce el propio aludido cuando Webster y Bach hablaron con él por teléfono, la Policía nunca le llamó. Tampoco el juzgado. Su nombre, su cargo y el intenso tráfico de llamadas con Triana tampoco aparecen en el sumario.

Negligencia u ocultación intencionada

Según Carlos Castresana, jurista y fiscal de la Audiencia Nacional ahora en excedencia, y al que consultan los dos periodistas, sólo caben dos posibilidades para esta omisión: o bien se produjo una negligencia en el tratamiento de los datos que se tenían o bien se ocultaron intencionadamente.

La instructora policial explicó a los periodistas que desconocía quién era el asesor, no le sonaba el nombre, pero dijo que suponía que los investigadores habrían contactado con él para aclarar el tráfico de llamadas. Poco después admitió que “al no existir ningún otro indicio de que las personas con las que ésta [Triana] se comunicaba tuvieran algún tipo de participación en los hechos” optó por “no proceder a esas declaraciones”.

“El hecho de que ese señor sea asesor de un político importante en relación con la mujer asesinada es un dato que desconocía”, confiesa a los periodistas. Es decir, nadie se preocupó en investigar las llamadas de Triana el mismo día del asesinato de Carrasco.

Pero hay más omisiones. Lo primero que se hizo tras el crimen fue rastrear el tráfico de llamadas de las implicadas el día de autos. En ese momento los investigadores conocieron que Triana tenía un prepago con Vodafone y un iPhone 5 con Telefónica. Lo saben porque Vodafone tuvo que aclarar que el primer número de Triana había sido migrado a la otra compañía.

En el mes de junio la investigación se amplía para conocer las llamadas, no sólo del día del crimen, sino de los meses anteriores. Inexplicablemente, la inspectora jefe vuelve a solicitar esa información a Vodafone, que sólo puede facilitar los registros de un móvil. Estos datos se acabaron recibiendo, una vez instada la compañía correcta, en el mes de octubre. Pero entonces no se realizó ningún informe policial sobre el mismo, sino que dejaron los datos en un CD. Hay algo más: al haber llamado Triana al asesor el mismo día del asesinato, la Policía sí que refleja en un escrito que es un móvil propiedad de la Junta de Castilla y León. Nada más.

“El foco no está en el individuo”

La gran pregunta es por qué no se nombra al asesor en el documental. Y qué relevancia tiene en el caso. Los periodistas justifican no dar sus datos: “Se podría haber nombrado el asesor del presidente de la Junta de Castilla y León pero no lo hacemos porque no le acusamos de nada. No queremos confundir. El foco no está por el momento en un individuo, sino en cómo se investigó el caso. Es inexplicable que la policía no hablara con esta persona. Con los datos que revelamos en la serie debería haber sido investigado, y estas diligencias deberían haber sido incluidas en el sumario. El hecho de que la Policía optara por no investigarle no tiene una explicación coherente”.

“En algunos aspectos el caso no está totalmente esclarecido. Por ejemplo, el origen del arma ya que ni el fiscal ni la acusación particular creen la versión que dio Montserrat. De ahí surgen más preguntas que respuestas. ¿Fue negligencia? ¿Fue ocultación? Si fue ocultación, ¿por qué motivo? Luego, en otro plano, la Policía tiene que escuchar la explicación de este hombre sobre su relación con Triana, valorarla y hacerlo constar en la investigación. Es muy pronto para plantear si es culpable de algo o no. Pero es muy tarde para tomar su declaración como testigo. De eso no hay duda, y falta saber por qué”, explican los autores del documental.

El asesor sí tuvo oportunidad de explicarse ante los dos periodistas que firman el documental. A ellos les reconoció que conocía a Triana desde hacía unos cinco años y que sus llamadas eran para buscar trabajo. “Tampoco nos pareció una explicación muy convincente por la cantidad de llamadas entre ellos. No fueron suficientes las llamadas telefónicas que mantuvimos con él para despejar todas las dudas. No accedió a ser entrevistado en persona. Hubo ciertas contradicciones y preguntas sin respuesta”, aseguran los autors.

“Tomar su declaración como testigo, descartando cualquier vínculo con el asesinato y evitar incluir temas personales en el sumario, es perfectamente posible. Puede ser duro verse involucrado en un asesinato teniendo un puesto político pero de la misma manera que otros han tenido que declarar, incluso en el juicio, como testigos, como el novio de Raquel, o los inspectores de Hacienda, lo normal es no hacer excepciones”, añaden.

eldiario.es ha intentado conocer las explicaciones de la Junta de Castilla y León. “La Presidencia de la Junta de Castilla y León no ha mantenido relación con Triana. Este caso ya juzgado ha sido objeto de varias investigaciones de carácter policial, judicial (en distintos ámbitos, hasta el Tribunal Supremo), periodístico,... La Junta de Castilla y León no tiene nada que comentar o valorar a este respecto”, asegura la explicación oficial. Fuentes del PP añaden que la amistad y las llamadas entre el asesor y Triana eran “sabidas por todos”.

El Supremo ha confirmado ya las condenas de 22 y 20 años de prisión para Montserrat y Triana como autoras del crimen y ha elevado a 14 años la de Raquel Gago como cómplice.

El uso de las redes sociales para cometer un delito ya existente en el Código Penal no será en el futuro un agravante. El Ministerio del Interior ha renunciado a su propuesta de que la utilización de Twitter o Facebook para hacer apología del asesinato, por ejemplo, suponga un castigo mayor que si se lanza el mensaje por otro medio. La iniciativa había partido del propio ministro, Jorge Fernández Díaz, que a los pocos días del asesinato de la presidenta de la Diputación de León y compañera de su partido, Isabel Carrasco, dijo que había que “limpiar” Internet de “miserables”.

Apenas un mes y medio después, el Gobierno desiste de introducir en el próximo Código Penal el uso de las redes sociales como agravante. “La mayoría de los delitos que se pueden cometer en la red ya están contemplados en la actual legislación. Se trata de aplicarlos con mayor concienciación de las autoridades judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, aseguraron a eldiario.es fuentes ministeriales.

Las mismas fuentes no aclararon si ha sido el Ministerio el que ha retrocedido sobre sus propios pasos o se ha topado con la oposición del Ministerio de Justicia. “En la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso ya se reconoce potencialidad que tienen las redes sociales para cometer algunos delitos”, aseguran desde Interior. En cualquier caso, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había dejado la puerta abierta a aplicar una reforma mayor, en el sentido de la que había propuesto Fernández Díaz.

La intención del Ministerio del Interior era que el nuevo texto fuera redactado de acuerdo a “la capacidad y el potencial que tienen los autores de algunos delitos cuando utilizan las redes sociales, por el gran número de personas al que llegan”. No se trataba de crear nuevos tipos delictivos sino de castigar con mayor dureza que esos delitos ya existentes fueran cometidos en la red.

Un agravante que ya existe

Ese propósito, sin embargo, chocaba con la realidad penal española. Por una parte, la difusión es inherente a delitos como el enaltecimiento del terrorismo, la incitación al odio o la apología del genocidio. Es decir, su publicidad ya está castigada. Por otro, con el Código Penal aún en vigor pedir en Twitter que el presidente del Gobierno o cualquier autoridad sean asesinados puede ser castigado con una pena superior incluso a la impuesta a un culpable de homicidio. Por último, los delitos que afectan al honor (injurias, calumnias, amenazas…) cuentan con agravante si han sido difundidos con publicidad, sea ésta un programa de televisión o una cuenta de Twitter.

El Anteproyecto de Ley del nuevo Código Penal, en su artículo 510, pretende castigar con penas de dos a cuatro años y multa de seis a doce meses los delitos de odio y discriminación. En la nueva redacción se añade que los castigos serán impuestos en su mitad superior si los hechos se hubieran llevado a cabo “a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquél se hiciera accesible a un elevado número de personas”. Este texto fue aprobado en septiembre de 2013, ocho meses antes del asesinato de Isabel Carrasco, y no hay más referencias al uso de las redes sociales.

El proyecto de Fernández Díaz, ahora frustrado, estuvo acompañado de una campaña de detenciones en varios puntos de España, la mayoría relacionadas con comentarios ofensivos sobre el asesinato de Isabel Carrasco. Los arrestos se realizaban en base a delitos ya existentes en el Código Penal, como la apología del asesinato. A los pocos días cesaron las detenciones.

La campaña del PP para estas elecciones se recordará más por las distorsiones que la han sacudido que por la campaña en sí. En las últimas dos semanas, factores externos como el accidente en el que murieron cinco niños en Extremadura o el asesinato de la presidenta de la Diputación de León obligaron a suspenderla. Pero si por algo se recordará el papel de Miguel Arias Cañete es por su machista metedura de pata al día siguiente de su debate televisivo con Elena Valenciano.

Para justificar su mal papel en el cara a cara, Cañete aludió a la dificultad de debatir con una mujer sin utilizar una presunta superioridad intelectual que lo hiciera parecer machista. El efecto fue precisamente ése, el candidato dio una imagen de condescendencia con su oponente, y su machismo se convirtió en el asunto protagonista hasta que pidió disculpas cinco días después.

La negativa a pedir perdón enseguida no hizo más que alargar la polémica. El equipo de campaña del PP, dirigido por Carlos Floriano y asesorado por el sociólogo de cabecera de Rajoy, Pedro Arriola, había buscado desde el principio una campaña corta y de perfil plano. La estrategia pronto se reveló como un error. Los conservadores han llegado al final sin aliento y con la sensación de que unos días más de mítines hubieran servido para sepultar la polémica. Al PP, el tiempo se le echó encima.

El mitin del ministro desde Moncloa

Al principio no hubo prisas por parte de Rajoy para hacer oficial la designación del cabeza de cartel. Arias Cañete fue ministro de Agricultura y candidato oficioso hasta el 9 de abril, cuando María Dolores de Cospedal lo anunció a los periodistas. Su doble condición le permitió convertir su última aparición en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en su primer mitin desde Moncloa.

Aznar se queja

El candidato ha llegado a admitir que tanto su designación como la organización de actos y mitines se hizo “tarde”. Fue la explicación que se le ocurrió para justificar que nadie hubiera invitado a José María Aznar. El expresidente se había quejado del ostracismo al que le había sometido su partido y dijo que le hubiera gustado participar. Génova ofreció entonces al expresidente varias fechas a elegir. El problema se solucionó con una presentación exprés en un foro periodístico al final de la precampaña.

Luto por Isabel Carrasco

El asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, suspendió todos los actos nada más empezar la campaña propiamente dicha. Todo se congeló durante dos días y estuvo a punto de dar al traste con el cara cara en televisión, que se aplazó 48 horas. El candidato que, según aseguraba el PP, “estaba muy tranquilo porque tenía todos los datos en la cabeza”, casi no la levantó de sus papeles y se mostró nervioso ante Valenciano. Al día siguiente, sus excusas lo empeoraron y el PP escondió a su cabeza de cartel lejos del alcance de los medios de comunicación.

Durante los cinco días transcurridos entre el error y la petición de perdón “por si alguien se había sentido ofendido”, la campaña se centró en las acusaciones de machismo. Aunque desde el PP todos han insistido en que su candidato siempre ha respetado a las mujeres y se ha rodeado de varias en su equipo, cunde el miedo a que el error les pase factura. La versión oficial es que no restará votos a la lista del PP ni será un obstáculo para salvar el futuro examen a comisario europeo.

El PP aprieta el acelerador

Valenciano, en cambio, ha pasado a ser una “pedazo de progre a la que no se la oía piar mientras 900 mujeres al día se quedaban en paro” cuando gobernaba Zapatero. Las cargas contra los socialistas en la recta final de la campaña demuestran hasta qué punto el PP ha dejado de tenerlas todas consigo para pasar a tener pánico a la derrota, como señala su última encuesta interna.

En el mitin de cierre de campaña, los dirigentes madrileños del PP han demostrado que no sólo temen al PSOE. También los que defienden, como UPyD y VOX, un discurso duro sobre política antiterrorista. Esperanza Aguirre señaló como los mejores motivos para votar al PP “defender la unidad y evitar que De Juana siga de vacaciones en Venezuela” y que ningún otro partido “lucha más por las víctimas”. Ana Botella también se negó a recibir “lecciones” en esos temas de partidos “que sólo quieren ocupar espacio” y señaló que Rosa Díez “tiene mucho pasado”.

El mensaje central de que hay que votar al PP porque “está en juego el futuro” ha sido repetido hasta la saciedad. Como el de que el PSOE “metió a España en el hoyo” y que Rajoy necesita más tiempo. “No es momento de castigar al Gobierno”, ha clamado Arias Cañete. “Estamos en el ecuador de una legislatura nacional”, ha recordado Cospedal. “No se pueden tirar por la borda estos dos años”, ha dicho Rajoy; “lo peor ya ha pasado”.

Por primera vez en lo que llevamos de crisis he olido el miedo. Como usted dice, el primer paso lo dieron los más bárbaros de la extrema derecha, a los que les faltó tiempo para echarle a los escraches la culpa del asesinato. La reacción de la izquierda consistió en alejar el asesinato de la política, consciente de que su cercanía sólo podía perjudicarla. Los bárbaros de la derecha habrían dicho: “Mirad lo que habéis conseguido criticando a los políticos, haciéndoles escraches, y gritando que todos son unos corruptos”. Es tan fácil que un mensaje tan simple como este cale tras la conmoción de un asesinato que a muchos no se les ocurrió mejor idea que separar cuanto antes los tiros de la situación política. La consigna en la izquierda fue: “Este asesinato no tiene nada que ver con la política; es una simple venganza personal. Y la prueba de ello es que la presunta asesina es del PP”.

Como si los militantes del PP no pudieran cometer asesinatos políticos.

Eso mismo me dije yo. ¿Qué tendrá que ver la militancia de un asesino para considerar o no político su crimen? ¿Es que sólo los etarras y los anarquistas pueden cometer asesinatos políticos? Yo creo que la gente confunde ideología y política. Es posible que en el asesinato de Isabel Carrasco no influyera la ideología, pero hay muchos indicios para pensar que la política sí tuvo algo que ver. Y no hablo de la Política en términos filosóficos. En ese sentido, todos los asesinatos, todos los crímenes, son políticos. Hablo del ambiente político y de la situación económica. Soy consciente de que mi información es limitadísima, pero aun así me atrevo a sugerir que lo político (más que la política) ha tenido en el asesinato de Carrasco más peso del que queremos reconocer. Y sin embargo, el razonamiento inverso coló: hasta los bárbaros de la extrema derecha tuvieron que comerse sus palabras ante la evidencia de que había sido una del PP la que había matado a una del PP. Se produjo entonces una situación paradójica: si se trataba de una asesinato digamos pasional, ¿por que las tertulias políticas de la radio le dedicaban tanto tiempo? ¿Por qué los diarios cubrían en sus páginas de Política Nacional un asesinato que solo respondía a razones personales? ¿Qué sentido tenía interrumpir la campaña electoral si se trataba casi de un accidente, del desgraciado acto de una perturbada? ¿Por qué el ministro del interior quiere meter en la cárcel a los maleducados, es decir, a quienes celebran una muerte que supuestamente no tiene nada que ver con la política?

Porque al ministro le gusta mucho prohibir.

No lo dudo, pero en este caso veo más pánico que pulsión represiva; aunque también hay gusto por prohibir, también: este ministro sólo sabe solucionar los problemas prohibiéndolos.

Dice que ve más pánico que pulsión represiva. ¿Pánico a qué?

Pánico a que la celebración o la justificación del asesinato de Carrasco derribe el tabú sobre el que se ha sustentado la paz social.

¿Por eso cree usted que no queremos admitir el peso de lo político tiene en el asesinato de Carrasco?

El reconocimiento de las cosas supone su comprensión. No digo su aprobación, digo su comprensión. Comprender que en el asesinato de Carrasco tuvo que ver no sólo el temperamento de quien apretó el gatillo, sino también el cargo, o los cargos, de la víctima; su manera de ejercerlos, su nómina, la economía de quien la mató, su situación laboral, la de su familia, o el ambiente general de hostilidad hacia una manera de ejercer el poder; reconocer que lo político ha desempeñado un papel importante supone admitir la rotura de un estratégico dique de contención social. Los políticos profesionales, los primeros afectados, y los medios de comunicación, conscientes de su poder y de su responsabilidad, se han puesto manos a la obra para cauterizar cuanto antes la herida y desinfectarla con el término “venganza personal”. Es, efectivamente, una emergencia.

Jan Malinowski es el jefe de la Sociedad de la Información del Consejo de Europa, un experto en Internet y libertad de prensa así como en derechos humanos y asuntos jurídicos online. Malinowski se muestra contrario a los planes del Gobierno de endurecer la ley para perseguir los comentarios que celebraron la muerte de Isabel Carrasco en las redes sociales. Recuerda que no se debe legislar por situaciones puntuales.

También reprende indirectamente al Gobierno por haber reforzado la ley de conservación de datos: “Los estados tienen que alinearse con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró excesivos los tiempos que debía conservarse cierta información. También contesta, tras una jornada celebrada en el Senado con motivo del Día de Internet, sobre la propiedad intelectual y el Canon AEDE, el intento de los editores de cobrar por los enlaces.

En España ha surgido la polémica sobre los comentarios hacia la presidenta de la Diputación de León tras su asesinato. Interior ha dicho que pretende endurecer la ley para castigar este tipo de expresiones en las redes sociales. ¿Qué le parece?

Las leyes hay que hacerlas de forma ecuánime para que duren, y no de manera reactiva. Hay que educar a la gente y si hay actividad criminal hay que combatirla. Las leyes existen y hay que aplicarlas. Ahora bien, un comentario, que podría ser vejatorio o podría parecer que llama a una conducta criminal, a lo mejor no es criminal en sí mismo. La cuestión ahí es: ¿acaso es suficiente para provocar la acción criminal? A veces es un comentario estúpido de una persona en un momento dado y que no tiene más trascendencia.

Ha habido ya casos en Europa. En Inglaterra hubo un caso hace un par de años de alquien que hizo un comentario en Twitter diciendo que si su vuelo para EEUU no podía salir como consecuencias de problemas que había en el aeropuerto, volaría el aeropuerto. Meses después, la policía lo detuvo y fue procesado. Los tribunales al final lo declararon inocente y las autoridades fiscales analizaron la cuestión para determinar en qué casos habría que judicializarlo y en cuáles no.

No se puede simplemente porque alguien dice algo en Internet considerar que eso es un acto criminal. Hay que considerarlo en las circunstancias de si tiene la capacidad de provocar la violencia que se pretende evitar. Si es que sí, puede tener consecuencias criminales; si es que no, probablemente no es un acto criminal, aunque sea un acto reprobable socialmente.

¿Imagina un país europeo limitando el uso de las redes sociales, como sucedió en Turquía o en China con Google?

El artículo 10 del Convenio de Derechos Humanos dice que existe la libertad de expresión, de acceso a la información y de elección del usuario. Los estados no pueden limitarlo salvo en casos muy específicos. Hay estados que pueden reaccionar excesivamente ante una situación. El Tribunal Europeo está ahí para aclarar cuáles son las posibilidades de interferencia en los derechos. Personalmente, pienso que ha habido algunos excesos. Por ejemplo, en Turquía, el Tribunal Constitucional lo corrigió. Si no hubiera sido así, hubiera sido posible acudir a Estrasburgo.

¿Les dan miedo a los políticos las redes sociales?

Deberían ver una oportunidad, hay mucho que ganar. Si tienen miedo quiere decir que no están avanzando, que no se están adaptando a la sociedad. En ese caso, tal vez no deberían ser los que están legislando y gobernando el mundo moderno.

¿Qué le parece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la obligación de Google de borrar datos personales que no tengan interés público? sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

La sentencia deja claro que el derecho a la vida privada y a la protección de datos existe en Internet y para los motores de búsqueda. También interpreta la directiva europea. Lo que no hace es decir cuál es el resultado para el caso concreto. Le da una interpretación prejudicial a la Audiencia Nacional, que es la que tiene que decidir. Ahora hay que individualizar esa sentencia para los casos concretos. En el Consejo de Europa ya habíamos dicho estas cosas de forma matizada: en la recomendación sobre derechos humanos y motores de búsqueda señala que hay información en el dominio público que no es información para consumo de masas.

El hecho de que la información esté en el dominio público no quiere decir que haya que diseminarla de manera inopinada. Lo que los motores de búsqueda deben hacer es considerar cómo deben tratar sus algoritmos, según el tipo de información, no para hacer invisible la información, pero sí para que sea menos fácil de encontrar. Si es información que está en el dominio público y alguien tiene realmente la voluntad de encontrarla, tendrá que poder encontrarla, pero no que simplemente por poner el nombre de una persona deba aparecer algo que pasó hace diez o quince años.

¿Se está permitiendo que cada usuario se cree una 'identidad digital' eliminando los aspectos negativos? ¿Hay una tendencia a proteger otros derechos sobre el derecho a la información?

Cuando una persona sale a la calle por la mañana, lo primero que hace es mirarse al espejo y decir: “Esta es la imagen que quiero dar al público”. No da la imagen privada de su casa. Da la imagen que quiere dar y eso es justo. Internet, en cierto modo, lo impide y a la gente hay que permitirle que construya su imagen digital, que es la imagen que quieren dar al público. Eso no quiere decir que haya que censurar Internet: hay cosas que son de interés público y que deben dejarse ahí porque pertenecen al dominio público.

Ha habido una oleada de peticiones a Google de retirada de información, incluidos políticos que no quieren que salgan sus trapos sucios. No se trata de eso. La información sobre los políticos es de interés público y tiene que ser publicable y accesible para los usuarios y la prensa. Hay que encontrar el equilibrio para los distintos derechos que están en liza y decidir caso por caso. No se puede decir: “Esta es la receta y toda esta información desaparece de Internet y toda esta información puede ser encontrada”.

El Gobierno español ha endurecido, contra el criterio del Tribunal de Justicia de la UE, la ley de conservación de datos, ¿qué le parece? ¿Considera que los derechos de protección de datos de los españoles se ven vulnerados?

La cuestión de conservación de datos es muy delicada. El principio de derecho a la vida privada tradicionalmente exigía que un juez se pronunciase para interferir en ese dominio privado, y eso quería decir que la interceptación de comunicaciones o correo debía ser siempre con autorización judicial. En aquella época había registros y datos que se conservaban para facturación y los jueces podían levantar el velo de la privacidad y exigir esa documentación.

En Internet eso no se necesita. Los datos y los metadatos no se necesitan para la facturación y a veces se pueden conservar, pero el conservar todo porque sí durante un periodo parece injustificado y lo era a pesar de lo que decía la directiva. El tribunal la invalidó. Los estados tienen que alinearse con esa sentencia y tienen que tener en cuenta que más allá de la directiva tienen el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la posibilidad de los usuarios de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si consideran que su derecho a la vida privada o a la confidencialidad de las comunicaciones han sido vulnerados.

¿Son conscientes los usuarios de que tienen los mismos derechos en Internet que en otros ámbitos de la vida?

Habría que preguntárselo a los usuarios, pero nosotros queremos que sean conscientes de sus derechos. Hace poco el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Guía de derechos humanos de usuarios de Internet, que traduce en términos muy simples los derechos humanos que conocemos tradicionalmente al contexto de Internet.

El objetivo no es producir un trozo de papel con palabras bonitas, sino que se convierta en algo conocido y utilizable. Que los usuarios puedan ser conscientes y reaccionar cuando contratan un servicio o tienen un problema con un proveedor. Los recursos cuando hay problemas tienen que estar ajustados a la realidad del caso: no se le puede decir a un usuario “tienes un problema con una plataforma informática cuya sede está en California, tienes que ir a los tribunales de California”. Tiene que ser posible resolver los problemas de forma eficaz e inmediata.

¿Qué problemas hay con la propiedad intelectual?

Las leyes de propiedad intelectual fueron escritas para una realidad distinta en el pasado para unos modelos de negocio que intentaron blindar esa situación. En el caso de Internet, es un espacio nuevo y los que han estado explotando la propiedad intelectual quieren asegurarse de que ellos van a controlar ese espacio de negocio. A lo mejor hay que cambiar las leyes y revisarlas de acuerdo a los derechos humanos, el derecho a la creación y el hecho de que nadie inventa nada, sino que todos basamos nuestra innovación en algo que otros han hecho antes.

Aquí se pretende establecer un canon para las que las webs que enlacen, junto un extracto de un contenido ajeno, tengan que pagar al editor. ¿No es un poco arcaico?

Eso es una forma de remunerar a los creadores e innovadores. Hay que explorar todos los modelos. No sabemos cuál va a ser la respuesta que va a durar en el tiempo. Los cánones para repartir ciertos ingresos entre los propietarios de contenidos son una posibilidad. Me parece más problemático recurrir a las sanciones o a la desconexión de usuarios en Internet. Eso habría que analizarlo en términos legales.

Pero que Google News tenga que pagar a los medios por meter un enlace.

Eso es otra cosa: el impuesto Google. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que el hecho de Google esté haciendo un gran negocio en base a la forma en que transmite información y a añadir publicidad a la información que facilita no se puede comparar con decir que está utilizando la información en su provecho.

Los medios tradicionales de comunicación de masas fueron muy lentos en adaptarse a la realidad de Internet. Están pagando el pato. Hay algunos que se están adaptando y explorando nuevas formas. Lo que es importante no es el modelo de negocio de los medios, lo que es importante es el periodismo, lo que los medios dan a la sociedad y de lo que la sociedad no puede privarse. El futuro dirá cómo va a darse eso, si van a ser los medios tradicionales adaptados o no, no lo sé. No es cuestión de los políticos, de los gobiernos y de los legisladores proteger modelos de negocio. Su función es determinar el interés público y común y aavanzar en ese camino.

La jueza que investiga el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la tercera implicada en el caso.

Los delitos de los que está acusada son homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. La tercera acusada, junto a Montserrat Triana Martínez y su madre, es una policía local que entregó un arma 30 horas de que se produjera el crimen.

La agtente fue detenida después de entregar la pistola, aunque fue liberada tras el interrogatorio policial. Este viernes por la mañana ha pasado a disposición judicial y, tras varias horas de interrogatorio, la jueza la ha enviado a la cárcel.

La acusada explicó a los investigadores que Montserrat Triana Martínez dejó una bolsa bandolera en la parte de atrás del coche privado de la agente después del crimen sin que ella se percatase hasta poco antes de entregar el arma, un revólver al que le faltaban tres cartuchos. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que había contradicciones en su testimonio.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de León decretó prisión incondicional para la autora confesa de los disparos y su hija, que se encuentran desde el jueves por la mañana.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado a los medios de comunicación de dar publicidad a los mensajes injuriosos en las redes sociales. A raíz de la primera detención por difundir amenazas de este tipo después del asesinato de la presidenta de la diputación de León, Isabel Carrasco, la número dos del Gobierno ha sumado la “eficacia” de amenazar o injuriar a través de las redes a la posterior difusión por parte de algunos periodistas.

“Lo que se ha visto y han publicado algunos medios de comunicación ha sido muy grave”, ha dicho en dos ocasiones durante la rueda posterior al Consejo de Ministros. Pero Sáenz de Santamaría ha evitado explicar qué es lo que ha llevado a las autoridades policiales y al ministro del Interior para actuar en este caso en un comportamiento que no es nuevo. “Algunos de estos mensajes los han difundido ustedes”, ha insistido.

Sin embargo, ha olvidado que fue la propia Guardia Civil la que los difundió entre los medios. En su nota informativa, el Instituto Armado incluyó varios pantallazos de los mensajes del detenido en los que ensalzaba el asesinato de cargos políticos del PP.

Lo que sí ha dejado claro es que injuriar o amenazar gravemente ya es perseguible en la actualidad y no necesita una nueva regulación. La vicepresidenta ha explicado que ya existen mecanismos legales pàra castigar este tipo de conductas que pueden ser delictivas “con independencia del medio que se utilice para cometerlas porque la diferencia no es que se trate de una realidad más o menos virtual”.

Para reforzar que este tipo de amenazas “son ya delito”, ha recordado que tras la detención del joven de Tavernes de la Valldigna, “ha habido una imputación de un juez”. Con sus afirmaciones, la número dos del Gobierno ha parecido que paraba los pies a Jorge Fernández Díaz, empeñado en endurecer la legislación para perseguir estas conductas.

Lo que sí ha dejado caer es que difundir las amenazas o apoyar el asesinato de políticos tiene “una eficacia todavía mayor” desde el punto de vista de su difusión cuando se hace a través de redes como Twitter o Facebook.

Evita criticar las palabras de Cañete sobre su debate con Valenciano

Preguntada por la polémica desatada por Miguel Arias Cañete sobre la dificultad de debatir con Elena Valenciano sin parecer “machista” y dada su “superioridad intelectual”, la vicepresidente ha rehuido la cuestión. Así, ha afirmado que el Gobierno del PP porque, dice, “está obligada a la neutralidad”. Pero aunque ha intentado evitar el asunto, la número dos del Gobierno sí se ha quejado sin dar pistas de qué exactamente: “Algunas tenemos algún historial de haber oído determinadas cosas y no haber dicho nada”.

El Cuerpo Nacional de Policía ha puesto a disposición de un juzgado de Jerez de la Frontera (Cádiz) las diligencias abiertas contra un joven de 19 años por colgar en Youtube un vídeo en el que él mismo aparece cantando una canción que supuestamente se mofa y “atenta contra el derecho al honor” de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asesinada esta semana, han informado a eldiario.es fuentes policiales.

Un juez tendrá que decidir ahora si le imputa algún delito, aunque en sus diligencias la Policía considera al joven responsable de los recogidos en el 173 y el 510 del Código Penal. El primero de ellos castiga con penas de seis meses a dos años a aquellos que sometan “a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral”.

El artículo 510, por su parte, castiga con penas de uno a tres años a quienes “provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia” de determinados grupos. Las fuentes consultadas aseguran que el vídeo, difundido por redes sociales, incitaba a cometer asesinatos contra políticos.

El joven, que en Twitter se identificaba como @zurrapa47, canta y toca la guitarra sobre una imagen fija de Carrasco. La canción arranca con el sonido de disparos y durante la misma, con estilo flamenco-pop, el joven afirma: “tenían que morir trece concejales, uno por cada sueldo de Isabel” o “Isabel, quien fuera bala para traspasar todo tu cuerpo”. Esta mañana, Twitter registraba medio centenar de menciones a @zurrapa47, todas ellas elogiosas a excepción de una.

Se trata de la segunda detención en horas contra jóvenes que expresaron comentarios en las redes sociales tras el asesinato de Isabel Carrasco. Sin embargo, al primero de ellos, un juez de Valencia le imputa el delito de “apología de la violencia”, recogido en otro artículo del Código Penal. La Policía tomó declaración al joven y después lo dejó en libertad a la espera de lo que decida el juez.

La Guardia Civil ha detenido a un joven en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna acusado de un delito de “apología de la comisión de delitos de asesinato”. En una nota, la Guardia Civil asegura que el joven expresó su “conformidad” con el crimen de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

El artículo más parecido del Código Penal a la expresión recogida en la nota de Guardia Civil es el 18. Ese artículo afirma que “es apología la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor”. “La apología sólo será delictivia como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito”, continúa.

En los mensajes del detenido, escritos en catalán, se pedía “más tiros” contra los “peperos” aludiendo al asesinato de Isabel Carrasco. En su nota, la Guardia Civil dice que el delito de apología de la comisión de asesinatos se ha cometido “por la publicación de mensajes en una red social expresando su conformidad por el asesinato” de la político del PP. Sin embargo, la “expresión de la conformidad” con el asesinato no puede ser contemplado por sí solo como un delito de apología, indicaron fuentes jurídicas a eldiario.es.

El joven permanece en dependencias de la Guardia Civil y mañana será puesto a diposición del juzgado número 6 de Sueca, al que los agentes han entregado las diligencias, según fuentes del Instituto Armado. En el domicilio del joven se han incautado de una torre de ordenador, un portátil, 5 USB, 3 discos duros y 5 tarjetas de memoria, así como el teléfono móvil del detenido.

Otros mensajes en Twitter escritos por el detenido y publicados por la Guardia Civil son: “Dadde un AK47 y verás tú como acabo con todos estos hijos de puta fascistas de mierda” y “ahora sólo falta que maten a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Aguirre, a Aznar, a Fabra, a Pakito Camps, a Rita Barberá, a Cospedal...”

Hay grandes maestros de la distracción. Gente que, cual trileros, consiguen que mires donde ellos quieren y no donde tú pretendías hacerlo. El mérito no está tanto en conseguir cambiar de dirección tu mirada, sino en el que tú no te des cuenta de que estás siendo manipulado. Entre nuestra clase política y parte de los medios tradicionales parecen abundar y tener un talento especial. El caso de la inexistente relación causal entre el reciente asesinato de una política del PP y las redes sociales es un ejemplo de libro.

Según todos los indicios, se trata de un crimen entre personas del mismo partido, por asuntos no ideológicos y que nada tienen que ver con internet o con las redes sociales. En Twitter se ha hablado mucho de ello. También en Facebook. También por WhatsApp o por email. Y también en persona en casa, en el trabajo y en el bar. Creo que hasta incluso por teléfono y por teléfono móvil. La gente habla de temas que le llama la atención independientemente de la tecnología que usen para ello.

Y entre los que hablan de prácticamente cualquier tema, hay gente que dice cosas sensatas con las que estamos de acuerdo y hay gente que dice cosas que también parecen sensatas, pero con las que no estamos de acuerdo. También hay gente que dice cosas insensatas y sin sentido, y luego están los que insultan, gritan y sacan el pie del tiesto. En Twitter, en el bar y por telegrama. La tecnología para esto es irrelevante.

Pero a raíz de algunos de estos comentarios, que son claramente minoritarios, buena parte de la prensa tradicional y el Gobierno con el ministro del Interior al frente se han levantado en armas pidiendo que se regulen las redes. Porque esto no es tolerable ni se puede consentir. Aquí aparece el trilero. Ya no hablamos de quién es el asesino ni de qué motivos le movían. Ni hablamos de qué pasaba en León o en el PP para que se acabe matando a alguien. Hablamos de que alguien en Twitter ha insultado o ha dicho barbaridades.

Creo que se ha dicho hasta la saciedad que las leyes ordinarias también aplican a internet. Aquella declaración de independencia de internet que escribió en 1996 John Perry Barlow no ha tenido efectos prácticos. Algo que sea delito en un bar lo es también en Twitter. Algo que no lo sea en un bar, tampoco debe serlo en Twitter. Internet no puede ser un territorio sin ley, pero tampoco puede estar sometido a un estado de excepción, a un régimen de libertades recortadas.

¿Que hay gente que dice barbaridades, incluso sobre nosotros? ¡Bienvenido al mundo real! Eso pasa en todos los ámbitos, todos los días. Y la mayor parte de esos casos no son delitos. Ni en internet ni fuera. Ante ellos, lo que hacemos es intentar aislarnos del sujeto que los lanza. Si alguien se dedica a insultarnos por la calle, pasamos por otro lado, intentamos evitarlo. En internet esto es todavía más fácil de hacer. En Twitter, que es un medio deliciosamente asimétrico, basta con bloquear a dicho individuo. Por arte de magia no volvemos a oír a ese sujeto. Seguirá diciendo lo que quiera decir, pero al igual que si lo dice en un bar al que no vamos, no nos enteramos.

La demonización de internet desde los medios tradicionales es un fenómeno que viene de antaño. En parte su causa es un profundo desconocimiento sobre su funcionamiento real. En parte es miedo a lo desconocido. También desconfianza hacia personas que se mueven en un entorno diferente al mío. Y, por último, interés directo en perjudicar a algo que se ve como el enemigo, como los que nos han quitado los lectores y los ingresos publicitarios. Hace cosas maravillosas, pero, es una bruja, es una bruja, ¡quemémosla!

La persecución de internet desde los poderes públicos es todavía más seria. Demuestra muy poco talante democrático. Poca tolerancia con las críticas o las opiniones contrarias o simplemente distintas. La definición por antonomasia de la libertad de expresión es la frase, erróneamente atribuida a Voltaire, que dice: “No estoy de acuerdo con lo que opinas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarlo”. ¡Qué lejos están muchos de ello! De hecho, están mucho más cerca de los planteamientos de Erdogan en Turquía cerrando el acceso a Twitter o de regímenes mucho menos democráticos.

Pero no es sólo eso. Esta polémica artificial es la excusa perfecta para conseguir otro objetivo. De nuevo el trilero. Internet es un entorno en el que no controlan la opinión. Hay una buena parte de la prensa tradicional que jalea al gobierno en este asunto. Hay otra parte de la prensa tradicional que hasta hace poco era algo más independiente y algo más crítica, pero todo eso ha sido resuelto rápidamente consiguiendo el cese de tres directores de periódico. Ahora hay que meter en cintura a la crítica desde internet. Y lo harán criminalizándola. Igual que pretenden criminalizar la protesta en la calle con la ley de seguridad ciudadana. Porque da igual donde sea, lo relevante es que se protesta y se critica. Y eso no puede ser. Que haya unos bocazas insultando en Twitter es la excusa perfecta.

Los comentarios vertidos en las redes sociales tras la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, se han convertido en el objetivo del Gobierno, que pretende perseguir judicialmente a sus autores. Consciente de que la Fiscalía no puede actuar de oficio dado que las injurias contra Carrasco solo podría denunciarlas penalmente la fallecida, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que estudiará, junto con Alberto Ruiz Gallardón, cómo evitar esos actos de “incitación al odio”. La propia Policía reconoció en un tuit de junio de 2011 que comentarios como “ojalá se muera” no constituyen un delito.

Las palabras de Fernández Díaz, que han sido secundadas por otros dirigentes del PP, no convence a las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, que insisten en que los comentarios “vejatorios, injuriosos o calumniosos” que se han vertido en las redes sociales sobre la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, tras su muerte no se pueden perseguir penalmente ya que ese tipo delitos “son perseguibles de parte”, es decir, que debe ser el “agraviado” quien los denuncie, una circunstancia que no se puede producir porque ya ha fallecido. En el caso de sus herederos, podrían recurrir a la “vía civil para preservar su derecho al honor”, según el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.

En cuanto a la propuesta del ministro de modificar la ley para ampliar la persecución judicial de este tipo de comentarios, la asociación Francisco de Vitoria advierte de que hay que “tener precaución” para no poner coto a la libertad de expresión por regular “en caliente”. Marcelino Sexmero encuentra en las palabras del ministro “una disculpa del Gobierno para aprovechar este caso para cercenar la libertad de expresión”. “Límites de este tipo, para evitar que se produzcan estas expresiones, solo existen en China y en dictaduras -expresa Sexmero-. En democracias se pueden perseguir a posteriori tras demanda del ofendido”.

Jueces para la Democracia piensa, igualmente, que “solo un estado autoritario puede equiparar mala educación y delito”. El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, considera que la sugerencia de Fernández Díaz de crear un nuevo delito “de incitación al odio” sería “una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada”. Al igual que su homólogo, Bosch recuerda que el Código Penal ya incluye los delitos que vulneran el derecho al honor, como las injurias o las calumnias, y explica que “ir más allá” sería “desproporcionado”.

“Demonización” y “limitación” de la Red

“La Red no escapa a la aplicación de las normas”, expresa la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá Mónica Arenas, que recuerda que tanto las injurias como la incitación al odio son delitos ya contemplados en la legislación. “Es realmente importante no confundir la idea de modernizar las normas, adaptarlas a las nuevas conductas que se producen a través de Internet, con la idea de limitar el uso de la misma”.

Arenas advierte de que no se puede aprovechar la necesidad de modernizar la legislación para limitar derechos fundamentales, como la libertad de expresión: “Es importante no aprovechar la necesidad de modernizar las normas con la demonización de la Red y su limitación, o la limitación de la libertad de expresión ejercida a través de la misma. Hacer eso es demagogia barata”, concluye.

“Intento de criminalización de un cierto sector”

El catedrático de Comunicación Víctor Sampedro considera que se trata de “una maniobra de distracción sesgada”. “Se intenta derivar la investigación del crimen hacia una de delitos de opinión”, expresa el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.

“El odio y la violencia en la red se viene manifestando desde 2004 –sostiene Sampedro–, cuando a raíz de los atentados del 11M Pilar Manjón empieza a sufrir insultos y acoso por mantener una postura crítica con la versión oficial”. Que ahora el gobierno quiera legislar sobre este tema responde, según el catedrático, a un “intento de criminalización de cierto sector que se expresa a través de las redes sociales”.

Para el profesor, la voluntad de legislar en la red debería centrarse “en la protección de la privacidad de datos y metadatos de los usuarios” ante terceros, como agentes empresariales o gubernamentales. Este “falso debate”, según Sampedro, “no coopera a la resolución judicial del caso ni al debate público sobre los temas relevantes de campaña”. “Es la muestra de la persistencia del discurso victimista del PP frente a la ola de contestación social”, concluye.

El diario incorpora una serpiente a la arroba de Twitter en su imagen de portada

En su editorial, exige un cambio legislativo urgente si las actuales normas no permiten combatir los "comentarios ofensivos" en la red

ABC da este jueves un nuevo salto en su campaña contra los “comentarios ofensivos” en las redes sociales a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. En su portada, el periódico dirigido por Bieito Rubido incorpora una serpiente (elemento también presente en el anagrama de ETA) a la 'arroba' con la que se identifca a los usuarios de Twitter para ilustrar el titular “El odio envenena las redes sociales”. De hecho, esta información relega a un segundo plano las noticias relativas al crimen, como la confesión de la asesina.

En un editorial titulado “Delitos a través de la red”, ABC considera que en los “comentarios ofensivos” amparados por el anonimato de las redes se “refleja el daño causado por actitudes antipolíticas que justifican acciones violentas”. El diario de Vocento considera “muy acertada” la instrucción del Ministerio del Interior “para perseguir con todos los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico”.

En caso de que esos “instrumentos” no sean suficientes para perseguir y castigar a los autores de los comentarios, ABC considera que “es urgente cambiar la legislación”. De hecho, el rotativo señala que “si hay dificultades insalvables para precisar con certeza la autoría de estos hechos inaceptables, debería establecerse la responsabilidad subsidiaria de los proveedores de servicios”, es decir, empresas como Twitter o las operadoras.

María Montserrat González Fernández y su hija Montserrat Triana Martínez han ingresado esta madrugada en la cárcel de Mansilla de las Mulas después de que la jueza encargado del caso haya decretado prisión incondicional para ambas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Ambas han sido trasladadas desde el juzgado tras cerca de ocho horas de interrogatorio a las 4 de la madrugada.

Las detenidas han sido interrogadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de León con la participación del fiscal y el abogado de la defensa, después de que a primera hora de la tarde de ayer llegase el atestado de la Policía a las dependencias judiciales, informaron a Efe fuentes judiciales.

González se derrumbó en la noche del martes al miércoles y confesó a la Policía la autoría del crimen. En su declaración, la madre de la otra detenida explicó a los investigadores que el móvil del asesinato fue la venganza por el despido de su hija, que llevaba queriéndo materializarla desde entonces, hace más de tres años, y que lo había intentado en cuatro o cinco ocasiones.

El asesinato, como sospechaban los agentes, no fue fruto de un arrebato. Montserrat González había salido de casa con la pistola en varias ocasiones para intentar matar a la presidenta de la Diputación, pero nunca la encontraba sola. O caminaba acompañada o iba en coche oficial, relató anoche. El lunes por la tarde, en una de sus vigilancias, comprobó que iba a cruzar sola el puente sobre el río Bernesga y disparó. Su relato, sin embargo, no concretó el papel de Montserrat Triana Martínez.

La rápida investigación de la Policía ha permitido conocer que el revólver utilizado en el crimen de Isabel Carrasco y la pistola hallada en el piso que utilizaban las detenidas fueron adquiridos a un delincuente común, toxicómano, que falleció hace un año, informaron a eldiario.es fuentes policiales. Al parecer, las mujeres se desplazaron a otra ciudad del norte para adquirir las armas. A partir de ese momento, hace unos dos años, comenzaron a cerrar el plan para matar a la presidenta de la Diputación.

Los agentes todavía no han determinado si las armas fueron adquiridas por la madre, la hija o por las dos. Se trata de un revólver 32 HR Magnum, con el que la madre disparó en tres ocasiones por la espalda a Carrasco. El otro arma es una pistola del calibre 7,75. Ambas tenían el número de serie borrado.

La tercera imputada, que prestará declaración en los próximos días, es la policía municipal de León que entregó en la noche del armas el arma homicida en comisaría. La agente, de 41 años, es amiga de Triana y asegura que se la encontró casualmente después del crimen y que la detenida se dejó una bandolera en su coche, con el revólver dentro, sin que ella se percatase. Los investigadores no creen su versión.