Cuando un femicidio conmueve a toda una sociedad, como sucede con el de Agostina Vega por estos días en Argentina, la indignación encuentra eco en las calles. Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas”, cientos de miles de personas se concentraron en la Plaza del Congreso e inmediaciones, para repudiar el retroceso en políticas de prevención y erradicación de la violencia machista desde que gobierna Javier Milei.

La joven Clara Sanabria lleva por lo alto la foto de su hermana asesinada en septiembre pasado y señala a elDiario.es: “Esta es Solange Sanabria, tenía 25 años cuando Óscar Benítez la mató, la descuartizó y la metió en una bolsa de basura y la envolvió en una frazada; intentó esconder el cuerpo. Oscar Benítez ya tenía denuncias por golpear a su expareja y hacía un mes que se estaban conociendo con mi hermana”.

La historia de Solange se sumó a la lista de femicidios que exponen la urgencia de políticas públicas eficaces, ya que en al menos el 44% de los asesinatos de mujeres (del año pasado) había antecedentes de violencia. Un dato que desnuda la falacia sobre la que reposan iniciativas oficiales como el proyecto de ley contra las falsas denuncias. El Consejo Federal de Política Criminal emitió un informe que dice que las falsas denuncias son apenas un 0,09%.

En la inmensa mayoría de las desapariciones de mujeres, la justicia deja pasar semanas antes de accionar, si es que acciona. La mamá de Agostina, la niña de 14 años asesinada en la última semana, hizo la denuncia a pocas horas de la desaparición, el 24 de mayo. Pero la fiscalía priorizó la hipótesis de que Agostina podría estar con un novio. Recién tres días después, el 27 de mayo, se activó la Alerta Sofía, lo que demoró los allanamientos y las medidas de prueba.

“Che peluca, che peluca, no te lo decimos más, justicia por Agostina, femicidas nunca más”, canta un grupo de chicas en el escenario montado frente al Congreso, interpelando al mandatario conocido por su peinado característico y su verborragia ofensiva.

“Denunciamos el antifeminismo de Milei”

Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, señala a este medio que “Nosotras estamos exigiendo justicia por Agostina, pero además, estamos denunciando un antifeminismo de Estado. El Gobierno de Milei atenta contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ, en muchas dimensiones: promueve el odio desde el propio Estado, estigmatiza; lleva adelante una política de desmantelamiento generalizado de las políticas de prevención de las violencias que deriva en precariedad extrema. Mujeres que están endeudadas, pluriempleadas, con largas jornadas de trabajo”.

Es que se vuelve a poner la vista en el fondo de la cuestión, que es el derecho a estar vivas y a tener una vida digna.

Florencia Villagra, abogada de familia, dice que cada 3 de junio trata de participar. “Me convoca tener una hija de ocho años, tener una historia familiar de violencia doméstica y la crudeza del caso Agostina. Esta movilización marca un punto de inflexión en este Gobierno; tenemos que estar presentes”.

Hace 11 años, el asesinato de Chiara Páez, que tenía 14 años como Agostina, fue el femicidio que encendió la chispa para la organización del primer Ni Una Menos. Entre 2015 y la actualidad se registran 3205 muertes.

El Gobierno de Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, recortó recursos clave como la Línea 144 y programas de asistencia a la víctima.

“Quieren sacar la figura de femicidio”

Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, señala a elDiario.es que el Ejecutivo es negacionista de la perspectiva de género. “No existe más un mecanismo nacional que aborde la violencia por razones de género. Eliminó un 90 % de los presupuestos que abordaban dichas violencias. No solo eliminó el Ministerio de la Mujer que se creó en 2019, también el consejo de las mujeres y el consejo federal que funcionaban desde 1991. Quieren sacar la figura de femicidio del Código Penal e impulsan un proyecto sobre falsas denuncias”.

Según señaló Amnistía Internacional, durante la actual gestión se registraron recortes de recursos destinados a la Línea 144, modificaciones en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y limitaciones en distintos mecanismos de asistencia para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios.

La senadora oficialista Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de mano dura, dijo que “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25 por ciento los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para violadores”, escribió en una publicación en X que luego fue compartida por el presidente Milei, quien calificó el mensaje como una “Masterclass”.

Según los datos oficiales, una mujer es asesinada en Argentina cada 44 horas en cifras de 2025, lo que representa una caída del 12% respecto al año anterior. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia contabilizó 200 víctimas de femicidio en 2025 frente a las 224 de 2024. Estas cifras son cuestionadas por los colectivos feministas, ya que en muchos casos no se están categorizando como femicidios.

Para la ministra Díaz, su interpretación está en las antípodas de Bullrich. “Son las provincias las que intervienen en la prevención, en la asistencia y en el abordaje de los delitos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una baja significativa; tenemos 20 menos del 2024 al 2025. Pero estos temas hay que analizarlos en series más largas. ”En el primer trimestre, se han duplicado los intentos de femicidio“.

“No quiero aprender a defenderme, quiero estar segura”, lleva el cartel una niña, y su madre al lado, de nombre Majo Gali, profesora de inglés, dice que viene todos los años, desde la primera marcha de 2015. “Cuando yo tenía 11 años, en 1974, ocurrió un femicidio en mi familia. Una tía mía, Ana Gali, murió tras ser quemada por su pareja. En ese momento se hizo una denuncia y en la comisaría no la tomaron. De hecho, en ese momento no existía la figura de femicida”.

La marea de banderas con consignas feministas y pañuelos verdes y violetas inundó las calles del centro de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, exigiéndole al Ejecutivo que las vidas le importen. Así lo expresaron en el documento que leyeron las artistas Thelma Fardin y Cazzu: “Hoy frente al Gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: ”Nuestras vidas no son desechables!“.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para el hombre que presuntamente mató a su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres. De 44 años, ya había sido detenido el día antes de los hechos por haberse saltado una orden de alejamiento que tenía de la víctima y dos días antes por haberla agredido.

A pesar de eso, el juzgado le dejó en libertad alegando que los Mossos d'Esquadra no advirtieron que la mujer, que pocas horas después sería asesinada, corriera riesgo de sufrir ninguna agresión física grave.

La segunda detención se produjo después de que su expareja se saltara la orden de alejamiento que se había decretado ese mismo día por la mañana, después de que el detenido accediera a la celebración de un juicio rápido y aceptara una pena de seis meses de cárcel (sin ingreso) y una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 250 metros durante 1 año y cuatro meses.

Esa misma tarde, los vecinos denunciaron una pelea frente al domicilio de la víctima, en la que se encontraba su expareja. Tras detenerle, los Mossos no pudieron realizar un cuestionario de valoración a la mujer y, como esta no denunció activamente, decretaron que no corría riesgo grave.

“No consta ningún antecedente judicial de violencia entre los intervinientes anterior al domingo 17 de mayo ni ningún otro documento acreditativo ni de visita médica, ni de intervención sanitaria, ni de lesiones”, apuntan. La fecha referida es de dos días antes del asesinato, un domingo en que la víctima acudió al Hospital de Figueres en ambulancia desde su domicilio después de haber sido “apaleada”, según han explicado fuentes conocedoras del caso a elDiario.es.

Esa fue la primera vez que la víctima acudió al Hospital esos días. Llegó a tener que ser atendida hasta tres veces durante las 72 horas previas al crimen. Ese primer día, se realizó un parte que fue entregado a los juzgados. Al día siguiente, lunes, la víctima volvió al centro después de que su expareja rompiera la orden de alejamiento y, presuntamente, volviera a apalizarla. Ese día, fue atendida en la ambulancia hospitalizada que la llevaba al Hospital, pero se fue del centro antes de que pudiera ser atendida por un médico, que debía hacerle un peritaje para entregar a los juzgados.

El martes, el mismo día del asesinato, la víctima volvió al Hospital para acabar el trámite que no pudo acabar el día anterior, pero había demasiado tiempo de espera, por lo que los médicos la derivaron al CAP para que hiciera el examen que le había requerido el juez. Pero la víctima, por motivos que se desconocen, no llegó a acudir a los juzgados a presentar testimonio ni a entregar el parte médico de lesiones.

Como consecuencia de eso, el juez decretó dejar en libertad a su expareja. “Nadie pidió ninguna medida para el detenido y, por lo tanto, el magistrado (que no puede acordar ninguna medida si no se le pregunta) acuerda la libertad dejando la causa abierta y trasladándola en la plaza de violencia”, que es la que había celebrado el juicio rápido un día antes. La mujer fue asesinada pocas horas después de que su expareja quedara en libertad.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Figueres (Girona) han detenido a un hombre de 48 años por matar a su expareja a navajazos en plena calle. Los hechos han ocurrido alrededor de las tres y media de la tarde en la plaza Tarradellas.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso y se han dirigido hasta el lugar. También se han desplazado efectivos del SEM, que no han podido hacer nada por salvar la vida a la víctima, de 33 años.

Según las primeras informaciones, el arrestado tenía una orden el alejamiento de la mujer y le habían detenido el mismo lunes por romperla. El caso se investiga como un presunto crimen machista. El Ayuntamiento de Figueres convocará un minuto de silencio el miércoles para condenar lo sucedido.

Se trata del tercer crimen machista de este año en Catalunya y el 162º desde que se empezaron a realizar recuentos oficiales, en 2012.

La Fiscalía y la familia de Helena Jubany, la joven bibliotecaria asesinada hace casi 25 años en Sabadell (Barcelona), han pedido 26 años de cárcel contra S.L., el único acusado en el juicio, por los delitos de asesinato y detención ilegal.

El caso de Helena Jubany encara un juicio tras la reapertura de la investigación en 2021, impulsada por un capítulo de Crims, el true crime de Carles Porta, que removió conciencias en Sabadell y reabrió una causa archivada sin procesar a ningún sospechoso hace décadas.

La familia se había encontrado con un muro en la Justicia, pero los nuevos indicios se pudieron obtener gracias al avance de las técnicas de ADN. Los trabajos del laboratorio de la Comisaría General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido hallar coincidencias con el ADN de S.L. (sospechoso inicial ya en 2001) en el jersey que vestía la víctima cuando fue asesinada, en lo que se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo.

Según mantienen las acusaciones, la madrugada del 2 de diciembre de 2001, el acusado suministró sustancias estupefacientes (benzodiazepinas) a la víctima a sabiendas de que Jubany perdería la conciencia.

Aprovechando que la joven había perdido la capacidad “para desplegar conducta alguna de defensa o huida”, continúan las acusaciones, el acusado la transportó a la azotea del edificio donde vivía y la arrojó al vacío.

El acusado pudo no ser el único en particpar estos hechos, pero sobre el resto de sospechosos no pesan suficientes indicios. La otra sospechosa se suicidó en prisión en 2002 cuando empezó la investigación.

Además de la pena de prisión, las acusaciones piden que S.L. abone una indemnización de 600.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil (200.000 para el padre y la madre, y 100.000 para cada uno de los hermanos de Jubany).

En un comunicado, la familia argumenta que si bien “existen indicios” que vinculan a otro investigado, X.J., con los anónimos que Jubany recibió poco antes del crimen, en esta etapa procesal estos elementos no apuntan directamente a su participación directa en la muerte.

La acusación particular ha propuesto la declaración de cerca de 30 testigos en el juicio, que se celebrará ante un un jurado popular en la Audiencia de Barcelona.

Entre ellos, destacan familiares de la víctima, miembros de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), a la que pertenecían tanto Jubany como los investigados, las hermanas de la sospechosa que se sucidió y peritos científicos para que ratifiquen los informes relativos a los análisis de ADN, toxicología y de lingüística.

El siguiente paso procesal será la celebración de una audiencia preliminar, en la que la magistrada instructora decidirá si el procedimiento avanza hacia juicio oral.

Dahlia de la Cerda (Aguascalientes, México, 1985) dice que Perras de reserva (SextoPiso, 2023) fue el libro que le cambió la vida. El que la sacó de la venta ambulante, de trabajos precarios, de tener que empeñar un ordenador una y otra vez para poder costearse sus cosas y dejar de escribir en los huecos de la comida, por las noches, y en los resquicios que le dejaba una vida laboral que le quitaba la suya propia. Un libro que empezó a gestarse después de un asesinato. Un feminicidio. El de su prima hermana con la que se había criado y con la que, de niña y adolescente, competía por el amor de su madre.

El libro se convirtió en todo un fenómeno de masas en su México natal tras haber sido rechazado varias veces porque “a nadie le interesan esos temas”. Se trataba de un compendio de relatos narrados en primera persona que cuentan las dificultades y los peligros derivados de haber nacido mujer, y los enfrentan con los recursos que la vida les ofrece, obligadas una y otra vez a dirimir dónde se sitúa la frontera entre el bien y el mal.

“Mi prima y yo nos llevábamos fatal, yo era una gótica y ella iba de ‘buchona’, que es como allí se llama a las que van de novias del narco”, rememora De la Cerda, en conversación con elDiario.es, sentada en un sofá verde botella en el recibidor de un hotel en la calle Princesa de Madrid. Es su primera visita a España desde que estallara el boom de ese primer libro (publicado por primera vez en México en 2019). Su edición en inglés, titulada Reservoir Bitches, quedó finalista del Premio Booker internacional en 2025.

Cuando mataron a su prima, la respuesta que obtuvo la familia a nivel institucional fue que lo dejaran estar, que era un caso complejo, que era mejor que no lo movieran. “Nos dijeron que esto era lo que pasaba cuando una se juntaba con personas incorrectas, que la dejáramos descansar, que nada nos la iba a traer de vuelta”, relata la escritora para decir que aquello la enfadó “muchísimo”.

“Yo quería saber lo que pasó y tuve claro que la única manera de enterarme iba a ser por mi cuenta”, continúa para señalar que, a día de hoy, está convencida que aquel asesinato, ocurrido en 2012, no tenía nada que ver con el crimen organizado. Que la historia iba por otros derroteros. “Fue entonces, buscando, cuando vi que el mismo día que mataron a mi prima habían matado a otras siete más y al día siguiente también. Y al siguiente, y al siguiente, y que de todas ellas, menos dos, se sabía el nombre de los culpables. Una era mi prima”. 

Sigue sin saber quién lo hizo ni por qué, pero no ha parado de escribir sobre las violencias que rodean a la mujer mexicana y que afectan a miles de familias a lo largo y ancho del país. “Y, casi todas, son muertas a manos de quienes dicen quererlas”, zanja.

Escribe De La Cerda en su antología que, cada tres horas y veinticinco minutos, en México una mujer muere descuartizada, asfixiada, violada, molida a golpes, quemada viva, mutilada, descosida a puñaladas, con los huesos rotos y la piel amoratada. “Cuerpo de una mujer, una mujer más, Una mujer cualquiera, una mujer sin nombre. El cuerpo sin vida fue encontrado. Pero ninguno era el tuyo”, escribe en su obra.

Cosas de chicas

Entonces tenía tres trabajos y se propuso escribir de aquello, de las muertes violentas de ellas. “Mi situación era la más precaria del mundo, trabajaba en un call center, vendiendo Avon y los domingos en un Tianguis (un mercado ambulante tradicional). Un lugar bastante mafioso y en el que cualquier cosa insignificante te puede significar un problema. Me comía la vida”, asegura. Pero siempre encontraba un rato para escribir, aunque fuera en el baño o sobre la mesita del Tianguis. Porque ella siempre supo que quería ser escritora. Así que empezó a solicitar becas sin descanso para poder comprar un poco de tiempo con el que ponerse a escribir.

Me decían que aquello no era literatura, que nadie quiere leer de mujeres asesinadas

Dahlia de la Cerda — Escritora

“Pero me las negaban todo el rato, me decían que aquello no era literatura, que nadie quiere leer de mujeres asesinadas”, continúa. Se lo dijo hasta su psicóloga, que el tema de los feminicidios no iba a vender demasiado, que se buscara otra cosa. Hasta que, en 2014, la argentina Selva Almada publicó Chicas muertas (Penguin Random House). Y, al año siguiente, a De la Cerda le dieron la beca.

“Almada abrió el camino, el jurado leyó mi proyecto y entendió lo que quería hacer”, asegura la mexicana para señalar que ese dinero le resolvió algunos problemas de precariedad, aunque no todos. “Esa beca me permitió entrar de correctora de estilo en un periódico”, continúa para recordar que era un momento vital en el que ella estaba llena de rabia y, además, atravesaba varios duelos. “El dinero ayudaba, pero no lo solucionaba todo”, prosigue para contar que, una vez terminado, ella pensaba autopublicar su libro, pero su tutora la detuvo, le dijo que no, que, se esperase a tener un libro más maduro y, cuando por fin estuviera pulido del todo, se lo enviara a una editorial.

El poder del boca a boca

Así lo hizo y, cuando por fin se publicó de la mano de Tierra Adentro en 2019, comenzó a generar revuelo. “Me llegaban buenas y malas críticas desde el principio. Empezó a generar polémica” dice para explicar que, a su juicio, se la criticaba como un “disciplinamiento de clase”. “Decían que no había ningún valor artístico hablando de cuestiones estéticas y que eso era porno miseria porque solo mostraba lo peor de México. Que era un libro que buscaba agradar en el extranjero para que se conformaran los prejuicios sobre el país. Y había, sobre todo, crítica de mis colegas escritores”, apunta.

Pero el libro triunfó dentro de su propio país, volaron los ejemplares, le escribían constantemente para clubes de lectura. Vendió muchísimo, fue todo un éxito y le cambió la vida a nivel económico. “Yo sigo viviendo mi vida como lo hacía antes, nunca me ha interesado el lujo, sé donde está mi clase, pero ahora me puedo permitir vivir mucho mejor. Me puedo permitir cosas que antes no”, explica.

Yo sigo viviendo mi vida como lo hacía antes, nunca me ha interesado el lujo, sé donde está mi clase, pero ahora me puedo permitir vivir mucho mejor

Dahlia de la Cerda — Escritora

Tras Perras de Reserva llegaron ‘Desde los zulos' (2024, Sexto Piso) y ‘Medea me cantó un corrido’ (2024, Ídem), libros que han cimentado la carrera fulgurante de la mexicana. “Me di cuenta de que estaba pasando algo con mi literatura cuando empezaron a llegarme, a diario, peticiones a Instagram para unirme a clubes de lectura del libro”, comenta la autora, que terminó de tomar conciencia de su poder narrativo cuando se llenaron hasta los topes las presentaciones de sus libros.

“En una se quedaron cien personas fuera, no me lo podía creer”, relata De la Cerda, que casi se cayó de culo cuando le llegó, por primera vez, el importe de las regalías. “Nunca pensé que mi literatura se fuera a convertir en un fenómeno”, confiesa para señalar que, lo que más le impacta es cuando mujeres se le acercan y le dicen que sus escritos les ayudaron a aceptar una depresión, a ir al psiquiatra, a dejar una relación abusiva. “Es impresionante esto de poder impactar en la vida de la gente”, opina la escritora, que no se olvida de sus orígenes y de los temas que ella quiere tratar, que son los de la violencia y de quienes viven en las periferias de nuestras sociedades.

“Quiero escribir, seguir escribiendo, sobre las mujeres que reciben violencia pero que también la ejercen. Que pueden ser víctimas y victimarias al mismo tiempo”, declara para señalar una cosa que a ella le marcó de chica y que lleva a gala. Cuando la acosaban en el colegio, le dijeron que tenía que devolver el golpe, que es la única manera de que, a veces, te dejen en paz. “¡A mí me funcionó! Me ha funcionado siempre. Yo creo que las mujeres somos demasiado buenas, que tenemos que ser más malitas. Que si fuéramos un poco más malas, más violentas, ni los hombres ni tampoco otras mujeres abusarían tanto de nosotras”, zanja.

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a 23 años de cárcel, 22 de ellos por asesinato con alevosía y uno por daños, a un hombre juzgado por matar a su pareja de ocho golpes en la cabeza con un martillo en Matamala de Almazán (Soria) en Navidad de 2022.

La semana pasada el jurado declaraba culpable de un delito de asesinato con alevosía al hombre acusado de matar a golpes a su pareja en Navidad de 2022 en Matamala de Almazán (Soria). También considera al acusado culpable de los delitos de daños en la vivienda de la víctima por el incendio que intentó provocar para ocultar pruebas con un tronco incandescente de una estufa.

La jueza no ha estimado la petición de la Fiscalía con la que pedía un total de 27 años de cárcel, 25 por el delito de asesinato con alevosía con agravantes de parentesco y género -se considera acreditado un contexto de dominación del acusado sobre la víctima-, y dos años de prisión por el delito de daños en la vivienda, ambas penas solicitadas también por parte de las acusaciones particulares.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de la Nochebuena de 2022, entre las 3.45 y las 5.05 horas en la localidad soriana cuando el acusado golpeó varias veces en la cabeza con un martillo a la que era su pareja, con la que mantenía una relación pero sin convivencia continuada, causándole la muerte casi de forma inmediata. La agresión, que rompió el cráneo a la mujer, se produjo de manera sorpresiva, sin que la víctima pudiera defenderse, lo que fundamenta la alevosía apreciada por el jurado.

Acto seguido, y con la intención de ocultar lo sucedido, según la sentencia, prendió fuego a la vivienda. Para ello, el investigado colocó troncos de madera en torno al cuerpo y prendió fuego con el fin de simular un incendio y tratar de ocultar lo ocurrido.

A la mañana, el condenado llamó a Emergencia para avisar de que se había producido un incendio en la vivienda y que dentro se encontraba el cuerpo de una mujer asesinada. Según el fallo judicial, con esta maniobra trató de trasladar las sospechas al exnovio de la víctima. Este último explicó en sede judicial que esa noche se encontraba lejos de Matamala, en concreto en Girona

Asimismo, el fallo contra el que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fija que el condenado debe de indemnizar en concepto de responsabilidad civil con a la hija de la víctima con 80.000 euros, así como a otros familiares por los perjuicios causados como a su madre (50.000 euros) y a su hermano (6.000). Además, también se deberá hacer cargo del pago por los daños que ocasionó a la vivienda que era de alquiler.

Los Mossos d’Esquadra han detenido en la mañana de este viernes a un hombre por matar a su madre, ingresada en un centro sociosanitario, en el distrito barcelonés de Sant Andreu.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el propio autor de los hechos, un hombre de 67 años de edad, ha llamado al 112 a las 8.45h. En la llamada, el hombre ha explicado que había matado a su madre, de 92 años de edad.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una patrulla de los Mossos que ha comprobado el crimen. La División de Investigación Criminal (DIC) ha abierto una investigación sobre el caso y esclarecer las causas del feminicidio.

En una situación de emergencia, se puede llamar a los Mossos al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

La comunidad autónoma de España con mayor tasa de feminicidios desde 2003 es Canarias (93,9 por millón de mujeres) mientras que la región con el índice más bajo es Extremadura (34,6). Así lo desvela el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial sobre muertes por violencia machista.

Este documento recoge y analiza los datos de 2025 procedentes de los juzgados que han tramitado los casos, así como los de la serie histórica desde que hay registros, en 2003, lo que permite a este organismo trazar una radiografía más precisa de la evolución de este fenómeno que segó la vida de 49 mujeres el pasado año.

El informe detalla muchos vértices del problema, entre ellos los territoriales, demográficos y el tamaño de los municipios donde se registran los casos. Estos datos cobran importancia cuando el Ministerio de Igualdad ha puesto sobre la mesa que las distancias de alejamiento que dictan los juzgados entre víctima y agresor que son inferiores a 350 metros no son eficaces, algo difícil de gestionar en municipios pequeños de entornos rurales.

La vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Esther Rojo, en conversación con EFE tras la publicación del informe, explica la complejidad de esta circunstancia, y por ello aboga por estudiar caso por caso ante la importancia de “buscar un equilibrio” a la hora de determinar la distancia de alejamiento entre el agresor y la víctima.

Datos desglosados

La tasa nacional acumulada de muertes por cada millón de mujeres de 15 años o más se situá en 67,1, superada por seis comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas: Cataluña (68,5); Castilla-La Mancha (69,5); Comunidad Valenciana (78,8); Andalucía (80,7); Baleares (89,8); Canarias (93,9); Ceuta (96) y Melilla (168).

Por debajo de la media se sitúan La Rioja (66,9); Murcia (64,1); Asturias (63,5); Aragón (61,4); Galicia (60,9); Navarra (59,4); Castilla y León (58,4); Madrid (49,8); Cantabria (46,5); País Vasco (44,6); País Vasco (44,6) y Extremadura (34,6).

Sin embargo, en 2025 la mayor tasa de muertes por millón se registró en Extremadura (8,61), y la menor en Castilla y León (0,92).

Por provincias, Almería es la que tiene una mayor tasa de muertes en la serie histórica, y Zamora la que menos. El mayor número de feminicidios registrados en una comunidad autónoma en un solo año fue en 2006 en Andalucía, con 21 casos.

La mayor tasa de víctimas mortales por la violencia machista se focaliza en los municipios de 10.000 a 25.000 habitantes, según el informe de 2025, que revela que 20 localidades de más de 50.000 habitantes no han registrado ningún asesinato machista en toda la serie histórica: Arrecife, Boadilla del Monte, Cádiz, Cerdanyola del Vallès, Colmenar Viejo, Coslada, San Sebastián, Getxo, Huesca, Lorca, Mérida, Mijas, Ponferrada, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Lucía Tirajana, Segovia, Siero, Toledo y Tres Cantos.

El tipo de municipio y las distancias de alejamiento

Tras enviar una carta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, en la que advertía de que las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros dificultan una respuesta eficaz de la policía, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió en un coloquio que, en los casos de municipios pequeños donde no es posible ampliarla a 500 metros o más, el agresor cambie de domicilio.

El abordaje de esta problemática es complejo, como lo es siempre en la violencia machista, recuerda la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Esther Rojo.

Es necesario “buscar una zona de exclusión que garantice la seguridad de la mujer y que permita que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan acudir en auxilio, sin que sea demasiado tarde”, precisa a EFE Rojo, con larga experiencia en la práctica jurídica.

Pero teniendo en cuenta variables como la ubicación de los domicilios, y también, por ejemplo, si hay niños menores, dónde se encuentran sus colegios.

“En la práctica, en las poblaciones pequeñas y zonas rurales, tenemos un problema. Fijar una distancia de 500 metros resulta imposible, o bien porque el domicilio del investigado o del penado se encuentra dentro de la zona de exclusión de la víctima o bien porque favorece y facilita los encuentros que pueden ser fortuitos en el propio núcleo urbano”.

Eso puede provocar -añade- que se activen alarmas de las pulseras de control telemático, con la consiguiente ansiedad de la mujer, y que se confundan con verdaderos quebrantamientos. Por ello, aboga por evaluar caso por caso.

Rojo muestra su preocupación por las mujeres de las zonas rurales ante el maltrato, y destaca el trabajo del observatorio a través de un grupo específico con el horizonte puesto en que tengan información y herramientas como las disponibles en municipios más grandes.

En este sentido, avanza que trabajan en la creación de una guía para mujeres de entornos rurales y destaca la importancia que tiene involucrar a los centros de Atención Primaria, donde pueden saltar las primeras alarmas del maltrato. 

Una multitud se desplaza por el centro de Buenos Aires contra la avanzada reaccionaria de Javier Milei. A Carla Labrador, camino a Plaza de Mayo desde Congreso, le sobran motivos para conmemorar el 8M. “El día que mataron a mi hija Candela morí con ella y renací. Nosotras sabemos que el femicidio existe y duele que este Gobierno lo niegue”, dice a elDiario.es en medio de la marcha por el Día Internacional de la Mujer y el paro feminista que se realiza este lunes 9 de marzo –por ser laborable–. Su hija hoy tendría 25 años. Candela Rodríguez fue asesinada a los 11 años en agosto de 2011.

Como Carla, hay otras madres de víctimas de violencia machista; también participan decenas de miles de jóvenes, jubiladas, militantes, referentes sindicales, de organizaciones sociales y familias enteras, en una convocatoria cuya consigna es la de unir luchas. Lo sintetiza el documento unitario en el que se denuncia la “masculinización obscena” de la política oficial y el intento de “borramiento” de las conquistas históricas.

“El Gobierno nos ha colocado como enemigas políticas porque el movimiento feminista y transfeminista es hoy una de las principales fuerzas de resistencia”, destaca el texto leído ante la marea violeta. El Observatorio 'Ahora Que Sí Nos Ven' reveló que entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2026 hubo 43 víctimas fatales de violencia machista en la Argentina, lo que significa un feminicidio cada 34 horas.

El país ha pasado de ser una referencia regional con leyes que amplían derechos a ser el único en 2024 que votó en contra de una resolución de la ONU para “prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”. En foros internacionales como Davos, el presidente ultraderechista ha cuestionado sistemáticamente las bases estadísticas del feminismo y ha propuesto eliminar la figura del femicidio del Código Penal bajo el argumento de que “la vida de una mujer no vale más que la de un hombre”.

En el texto de la convocatoria se denuncia que en 2025 hubo 271 feminicidios y transfeminicidios “y que es una responsabilidad directa del Estado”. Mientras tanto, el Ejecutivo de Milei “niega la figura de femicidio y desmantela todas las herramientas jurídicas y políticas destinadas a su prevención”.

El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, alertó sobre el cierre y la degradación de instituciones, así como la reducción drástica del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género en Argentina. En su informe, el organismo enumera la destrucción de políticas públicas y la reducción del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y sostener la Educación Sexual Integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

Como una provocación, uno de los videos institucionales sobre el 8M que el Gobierno difundió en redes sociales mencionaba las “causas nobles convertidas en estafa” y hablaba de una igualdad que solo reside en la libertad de mercado.

En febrero de 2024 se llevó a cabo, por decreto, la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Fue transformado en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, lo que redujo su capacidad de acción. Tuvo una ejecución presupuestaria y finalmente se anunció su cierre en junio de 2024. Fueron desmanteladas también la Ley Brisa, que establecía la reparación económica para niños y niñas que perdieron a su madre en manos de un feminicida, y la Ley Micaela, que establecía capacitaciones para funcionarios estatales.

Una mujer lleva el cartel “Donde las luchas se unen, las aguas se defienden”; se llama Violeta Cincioni y dice que pertenece al colectivo Río Feminista.“Hay como una escisión entre algunas manifestaciones, algunos gestos superviolentos, que son los que terminan tomando el poder, y un montón de corrientes subterráneas en la que estamos muchas mujeres que buscamos generar conciencia sobre el medioambiente”.

La reciente media sanción en el Senado para modificar la Ley de Glaciares abrió una fuerte polémica ambiental. Según voces expertas, los cambios ponen en juego las reservas estratégicas de agua dulce del país y responden a presiones de sectores mineros interesados en ampliar su margen de acción en zonas hoy protegidas.

Esta conmemoración del 8 de marzo se produce a días de la aprobación de una reforma laboral draconiana. Una ley que busca desposeer a los que tienen garantizados derechos básicos como las vacaciones, las jornadas laborales de 8 horas y las horas extra pagas.

Celeste Quiroga cuestiona la reforma laboral: “Nos precariza el trabajo cada vez más. Nos precariza como sociedad, como laburantes, a las docentes, como yo. Los sueldos de los docentes están congelados: Todo aumenta y los sueldos no”.

Según estadísticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, las mujeres argentinas dedican casi el doble de horas que los hombres a tareas de cuidados, por lo que aspectos de la nueva ley como el ‘banco de horas’, que permite extender las jornadas de trabajo hasta 12 horas, podrían limitar aún más la participación femenina en el mercado laboral.

No es la única reforma recientemente aprobada que genera cuestionamientos. El Congreso dio luz verde a bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. El documento por el 8M afirma: “Los pibes no son peligrosos, están en peligro”.

En paralelo con las manifestaciones principales, un grupo numeroso de mujeres se concentra frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple desde el 17 de junio de 2025 una condena a seis años de prisión en su vivienda de Buenos Aires e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

Ni el protocolo antipiquetes ni el asedio de los discursos de odio pueden frenar la fuerza en la calle de los colectivos feministas. La marcha por el centro porteño se replica en otras ciudades del país como Córdoba, Bariloche y Mar del Plata.

Diez mujeres han sido asesinadas este 2026. Y no llevamos ni dos meses. La media macabra sería de una cada cinco días. Por si la cifra no fuese lo suficientemente alarmante hay que sumarle la de dos niños víctimas de la violencia vicaria.

Pilar tenía 38 años y fue asesinada en Jaén; Czarina tenía 43 años y fue asesinada en Las Palmas; Isabel tenía 58 años y fue asesinada en Cádiz; María del Carmen tenía 78 años y fue asesinada en Badajoz; Victoria tenía 33 años y fue asesinada en Málaga; Belén tenía 52 años y fue asesinada en Pontevedra; Ana María tenía 64 años y fue asesinada en Castellón; María José tenía 47 años y fue asesinada también en Castellón y junto a su hija Noemí (12 años); Petronila tenía 37 años y fue asesinada en Madrid; Tatiana tenía 28 años y fue asesinada en Navarra. En Arona (Tenerife), la madrugada del pasado viernes, un hombre dejó en estado crítico a su mujer y mató con un machete a su hijo de 10 años. Son unos asesinatos que han dejado a 10 criaturas huérfanas.

Seis de los diez agresores habían sido ya denunciados por maltrato, cuatro de las asesinadas tenían órdenes de protección. Solo en uno de los casos eran aún pareja. 

Actualmente en España hay 103.000 mujeres con vigilancia policial. Según los datos del Ministerio del Interior, más de la mitad de las que disponen de algún tipo de protección tienen hijos menores de edad. Hay 1.538 niños en riesgo de ser agredidos por sus padres o las parejas de sus madres.

El Ministerio de Igualdad reconoce que a veces habría que afinar más en los informes de las evaluaciones de riesgo. Otro elemento a revisar es la distancia mínima de prohibición para que los agresores no puedan acercarse a las mujeres. Ahora es de 350 metros y existen dudas de que en algunos casos el margen de reacción para protegerlas sea suficiente. Para que se entienda mejor, muchas veces la policía no puede llegar a tiempo para evitar que se produzca la agresión. 

Mientras aumenta el discurso negacionista y se intenta ocultar el terrorismo machista con eufemismos y negando que existe la violencia de género, los datos son los que son. Cada vez se mata a más mujeres por el hecho de ser mujeres y no dejaremos de denunciarlo por más que no ocupe el espacio que merecería en los medios o que a muchas se nos intente desacreditar por alzar la voz en su nombre y en el de todas.

Sabemos que la extrema derecha y no solo ella está logrando su propósito. El Barómetro Juventud y Género publicado este martes señala que cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4 %) se consideran feministas, el porcentaje más bajo desde 2021, cuando eran el 49,9 %. Casi la mitad percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política. Algunos datos más que ayudan a entender el retroceso actual: El 32% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas (17% ellos); el 27% declara que le han revisado el móvil (17% ellos) y el 26% que le han dicho con quién puede o no puede hablar (17% ellos).

“Está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada”, ha explicado la investigadora Anna Sanmartín, en declaraciones a Efe. Esta experta considera necesaria mucha pedagogía para superar esos retrocesos y recuperar consensos que parecían establecidos.

Siempre a favor de la pedagogía, pero sabiendo que a veces se utiliza como excusa para negar o restar importancia a la realidad: 1.353 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde el 2003, que es cuando empezaron a realizarse estadísticas oficiales. 67 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres desde 2013, año desde el que son considerados víctimas de la violencia de género. 

El machismo mata y hay que recordarlo cada día. Por más que nos quieran silenciar.

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016: Atención 24h en 52 idiomas (no deja rastro en la factura, pero debe borrarse del registro de llamadas).

WhatsApp: 600 000 016.

Emergencias: 112, 091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil).

App AlertCops: Permite enviar una señal de alerta geolocalizada si no puedes hablar.

Este viernes arrancan en Italia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Tras años de preparativos y una inversión millonaria, el país se pone en el centro del mapa mundial de los deportes invernales. Pero el evento se ve también marcado por críticas de grupos de la sociedad civil y la oposición, que denuncian medidas “inaceptables” del gobierno de Giorgia Meloni para aumentar la financiación de un certamen con altísimos sobrecostes. Esto incluyó el desvío de 43 millones de euros inicialmente destinados a víctimas de la mafia, la usura y feminicidios, un dinero reasignado a cubrir gastos de los juegos a través de un polémico decreto-ley.

“Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos”, en concreto a sufragar gastos de las fuerzas de seguridad desplegadas en las olimpíadas, cuenta a elDiario.es Elisa Orlando, miembro de Libera, principal red asociativa contra la mafia y la corrupción en Italia. El grupo lidera desde mayo de 2024 la campaña Open Olympics 2026, una iniciativa para la supervisión cívica de los juegos que arrojó investigaciones en profundidad sobre el evento, en que denuncia opacidad por parte de los organizadores, falta de datos clave para conocer su coste real, retrasos en la construcción de muchas obras y riesgos de infiltración mafiosa. También cuestiona la utilidad de muchas infraestructuras y alerta del alto déficit para el erario público que todo ello puede acarrear.

El malestar escaló especialmente en junio de 2025, cuando el Ejecutivo de Meloni promovió el llamado Decreto-Ley Sport, el paquete de medidas en que integró el desvío de los 43 millones. Este dinero era parte de una partida presupuestaria asignada al fondo de solidaridad para víctimas del crimen organizado, de usura y extorsión mafiosa, así como a hijos de mujeres asesinadas en feminicidios.

Ante ello, la reasignación del dinero creó indignación entre grupos antimafia y feministas. La norma entró en vigor en julio, tras ser aprobada por la mayoría de Gobierno en la Cámara de Diputados, donde hubo un intenso debate en que fuerzas de la oposición de centroizquierda protestaron y presentaron enmiendas. Pese a ello, no pudieron evitar la validación del decreto, que derivó los fondos a cubrir gastos de equipamiento y alojamiento de las fuerzas de seguridad, con unos 6.000 agentes desplegados in situ entre el 6 y 22 de febrero, las dos semanas en que durarán los Juegos Olímpicos, repartidos en tres regiones distintas del norte italiano.

Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos

Elisa Orlando — Libera

Libera lo consideró una maniobra “inaceptable, dictada por un mero cálculo político, carente de toda lógica de protección a las víctimas”. Los 43 millones desviados son una cantidad muy pequeña en relación con el coste total de los juegos, pero la entidad ve preocupante que el Gobierno decidiera quitarlos a los afectados por problemas tan incrustrados en Italia como la mafia, los feminicidios o la extorsión mafiosa, aún muy presente.

La condena también vino de otra asociación antimafia, La Tazzina de la Legalità, con raíces en la región de Calabria, el feudo histórico de la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. “Aquel fondo no era un superávit cualquiera, sino una conquista de 2018 tras batallas civiles y parlamentarias que aseguraba 12 millones al año para servicios esenciales como asistencia médico-psicológica, becas de estudio o reembolso de gastos sanitarios para huérfanos” de feminicidios. Según añadió, “eran recursos vitales para familias golpeadas por dramas irreparables”, lo que muestra, según ellos, cómo el Gobierno “traiciona a las víctimas”.

En 2018 se aprobó una ley que, aparte de las medidas señaladas por Tazzina de la Legalità, incluía asistencia jurídica gratuita o incautación de bienes del autor de un feminicidio para indemnizar a los hijos de la víctima. Esto implicó añadir una partida de 12 millones anuales destinada a huérfanos de feminicidios que se incluyeron en el fondo para víctimas de la mafia, usura y extorsión mafiosa. “Sin embargo, ante los Juegos Olímpicos, todo queda relegado a un segundo plano”, denuncia Libera, en línea con las críticas de los partidos opositores.

Según Laura Boldrini, diputada del centroizquierdista Partido Democrático y expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018, la medida fue “una decisión pésima a nivel ético, como si el Gobierno dijera que las olimpíadas valen más que las personas en situación frágil” a quién iban destinadas las partidas del fondo.

Ante las críticas, Matilde Siracusano, diputada del partido Forza Italia —socio del ejecutivo de Meloni— y subsecretaria de relaciones con el Parlamento, alegó que el dinero reasignado era una cantidad del fondo que no se gastó y que por ello podía derivarse a otra función. “Se da un mensaje distorsionado. No se quita ningún recurso. Es un remanente que no se usa para gastos fútiles, sino para equipamientos y alojamientos de la policía”, justificó en representación del Gobierno sin convencer a las fuerzas de la oposición en la Cámara.

Con ello, el Gobierno mostró “una distorsión de prioridades y una señal muy negativa para la legalidad”, denuncia Boldrini a elDiario.es, que protestó por ello. Días antes se aprobó “por unanimidad” un decreto que introdujo la categoría de feminicidio en la ley. Con ello, se rediseñó el delito para incluir la pena de cadena perpetua para quién mate a una mujer. “Pero dos días después, el Gobierno quitó los fondos a las víctimas. Fue una decisión inmoral”, dice Boldrini. “La responsabilidad del Gobierno era hallar otros fondos y no dejar sin ellos a personas vulnerables”, critica la diputada, que interpuso una enmienda que fue rechazada.

Otro que lo intentó fue el jefe de grupo del Movimiento 5 Estrellas en la Cámara, Francesco Silvestri, que presentó otra alegación tumbada. “Tomar dinero para víctimas de la mafia y derivarlos a los juegos es la imagen exacta de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado”, poco fructífera, asegura el diputado, también crítico con “los costes gigantescos” de las Olimpiadas, mucho más elevado de lo previsto en un inicio. En el dossier de candidatura de 2019, la partida destinada a seguridad era sólo de 26 millones, pero el Decreto-Ley Sport acabó asignando 271 millones a este ámbito, entre ellos los 43 tomados del fondo para víctimas.

“Todo esto me parece extraño. Cuando se hace una planificación económica puede haber desviaciones de unos pocos millones, pero se ha corregido todo al alza. Esto significa que alguien hizo los cálculos mal o que hay algo en el mecanismo que no funciona”, señala Silvestri a elDiario.es. También alerta del riesgo de infiltraciones mafiosas en las obras públicas de los juegos, un tema sobre el que también advirtió Libera.

“Los grupos mafiosos están presentes en el norte de Italia desde hace mucho”, sobre todo la ‘Ndrangheta, “con gran necesidad de lavar dinero” y capacidad de obtener contratas de todo tipo. Según Silvestri, esto hace que sean plausibles las opciones de que empresas con lazos mafiosos obtengan subcontrataciones de obras olímpicas, como ya sucedió en la Exposición de Milán de 2025. Por ahora, las autoridades aplican un férreo escudo antimafia que hasta ahora les llevó a excluir a 56 compañías con vínculos con el crimen organizado.

También arrestaron a dos hermanos de Roma vinculados a los ultras del Lazio, los Irrudicibili, que intentaron controlar la distribución de drogas en Cortina d’Ampezzo, uno de los epicentros de los juegos, que acoge competiciones como el esquí alpino femenino, curling o disciplinas de deslizamiento sobre hielo como bobsleigh. Para este deporte se alzó de cero una instalación que costó unos 118 millones de euros, un gasto colosal para una estructura que podría dejarse de usar tras los juegos, con potencial déficit anual de 600.000 euros, según Libera. Igual que los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006 y ediciones celebradas en otros países, hay edificios que podrían quedar abandonados tras la competición, resalta la entidad.

El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas

Libera

Los juegos se celebran en esta ocasión en varios puntos de las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Inicialmente, “se presentaron cómo un evento a coste cero para economía y medioambiente”, pero “problemas graves” cuestionan su sostenibilidad, agrega Libera. Uno de ellos son los costes, al menos cuatro veces más altos del previsto: “El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas”, añade la asociación.

Libera ha pedido más transparencia a la Fundación Milán-Cortina, ente organizador de los juegos con presencia del Comité Olímpico Italiano y las regiones o municipios anfitriones. Otro actor clave es SIMICO, la sociedad pública encargada de la ejecución de infraestructuras olímpicas, con participación principal del Estado.

Según Orlando, la campaña Open Olympics ha identificado que “sólo un tercio de las obras previstas son esenciales para el desarrollo de los juegos, mientras los otros dos tercios son infraestructuras” sin conexión directa con ello, lo que hace plantear si su construcción es “en beneficio de los territorios” o alimenta un ciclo especulativo de explotación del suelo y urbanización con posibles daños “a ecosistemas frágiles” como el de las montañas. “El 57% de obras sólo terminará cuando los juegos estén acabados”, en algunos casos en 2033, lo que incluye carreteras y vías de tren, y sólo el 43% de infraestructura está lista para el evento, concluye Orlando.

Una mujer de 29 años ha sido asesinada a puñaladas este lunes por su pareja sentimental, de 34, que luego se ha quitado la vida ahorcándose en una vivienda de Alicante, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El crimen se ha descubierto en la tarde de este martes después de que un testigo encontrara los dos cadáveres al acceder al interior del referido domicilio en la ciudad alicantina.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles la naturaleza machista del crimen y explica que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Oriana, de 29 años, es la víctima mortal número 42 de este año y la 1.337 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

La mujer tenía una hija menor de edad, se encontraba en trámites de separación y compartía piso con su asesino, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre asciende a 23 en 2025 y a 492 desde 2013.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La jueza que instruye el caso sobre el asesinato de Helena Jubany, una joven asesinada en 2001 en Sabadell, ha decretado prisión provisional sin fianza para el principal acusado del crimen, S.L, que había sido citado este viernes ante la magistrada y se ha acogido a su derecho a no declarar. La Fiscalía y la familia de Jubany habían solicitado este viernes la medida cautelar para el principal acusado del crimen.  

La causa sobre la muerte de Jubany, reabierta dos décadas después tras la insistencia de la familia y el hallazgo de nuevas pruebas gracias al programa Crims de TV3, permanecía bajo investigación y a la espera de que declarase este viernes el principal investigado, que ya lo fue en su día.

Jubany fue arrojada al vacío desde el patio interior de un edificio en Sabadell en 2001. Aunque los homicidas trataron de fingir un suicidio, la cantidad de benzodiacepinas halladas en el cuerpo de la fallecida apuntaron a que había sido drogada y arrastrada por sus asesinos.

El abogado de la familia Jubany, Benet Salellas, ha lamentado que el principal sospechoso no haya querido dar ninguna explicación, ni sobre la presencia del ADN en el jersey de Jubany, ni tampoco sobre ninguna de las otras pruebas e indicios que constan en el expediente.

Para la acusación, el silencio del citado a declarar es “una contribución más” a reforzar la importancia de la prueba de ADN: “Esta falta de explicación ante un indicio tan contundente lo incrimina aún más”, sostienen.

Por otro lado, Salellas ha detallado que la actitud del sospechoso ante la jueza ha sido “muy inexpresiva” en todo momento, a diferencia, dice, de lo que ocurre con muchas otras personas cuando se encuentran en esta situación y “expresan algún tipo de sentimiento, de miedo o de duda”.

Una vez frustrado el interrogatorio, la Fiscalía ha solicitado prisión provisional por riesgo de fuga y por riesgo de destrucción de pruebas, teniendo en cuenta que “la mayoría de los testigos del procedimiento forman parte de un núcleo muy reducido de personas” y que su libertad “puede perjudicar la preparación y la declaración de esos testigos”.

Una vez se practiquen todas las diligencias, la familia Jubany espera que finalmente pueda abrirse juicio para aclarar qué ocurrió con Helena Jubany hace ya 24 años: “Estamos en un momento en el que la celebración del juicio parece absolutamente indiscutible”.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 25 años, en el domicilio que compartían en Campillos (Málaga), han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Según las fuentes, el hombre ha acudido a las dependencias de la Guardia Civil en Martos (Jaén) en torno a las 13:00 horas para confesar que podía haber matado a su pareja esta misma mañana.

La Guardia Civil se ha trasladado a la dirección de Campillos aportada por el varón y ha comprobado que la mujer estaba muerta con signos de estrangulamiento, por lo que ha detenido al hombre.

El presunto asesino ha relatado en el cuartel de Martos que no sabía si había matado a su pareja, pero que en cualquier caso la había intentando estrangular.

Las fuentes consultadas han precisado que ambos habían estado en el sistema VioGén, como víctima ella y como agresor él, con anteriores parejas, pero ahora sus expedientes estaban inactivos. En la actualidad no figuraban antecedentes de violencia machista entre ellos.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 39 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.334 desde 2003. Además, sería el segundo de este tipo en la provincia de Málaga en solo cuatro días, después del asesinato de una mujer de 60 años ocurrido en Rincón de la Victoria.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Este martes, como cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se recuerda que los maltratadores son hombres 'normales', frente a la idea aún extendida de que existe un perfil más o menos concreto de hombre que ejerce violencia machista.

Se han convocado diferentes manifestaciones en toda España. En Madrid se han convocado dos marchas: la mayoritaria, convocada por la Comisión 8M, partirá de Atocha a las 19.00 y finalizará en la plaza de Jacinto Benavente. La segunda, organizada conjuntamente por el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres, partirá desde la intersección entre las calles Alcalá y Gran Vía y se dirigirá hasta Plaza de España.

En Barcelona este año también hay dos convocatorias. Una está organizada por la plataforma Novembre Feminista y la otra por Feministes de Catalunya. En las ciudades andaluzas las convocatorias son unitarias, excepto en Sevilla, donde hay una marcha convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y otra por la Asamblea Feminista Unitaria.

Santiago, Pamplona, Valladolid, Logroño y Palma de Mallorca también contarán con dos manifestaciones diferenciadas cada una.

Más de un centenar de personas se han concentrado este martes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reivindicar entornos laborales libres de violencias machistas.

La concentración se ha llevado a cabo este mediodía en la plaza del Tubo de Palma, bajo la convocatoria de CCOO y UGT, que han hecho un llamamiento a combatir la violencia machista desde todos los ámbitos, atajando sus causas y aumentando los recursos e instrumentos públicos para su prevención y erradicación.

“Llamamos también al rechazo frontal y a la condena de los discursos negacionistas de la violencia de género y antifeministas que ponen en peligro los avances, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad, y revictimizan a las mujeres supervivientes”, han subrayado en un manifiesto conjunto.

También han denunciado públicamente la “desfachatez de la ultraderecha” que, a su parecer, “lleva su discurso negacionista a las instituciones”. “Las cifras son inasumibles”, han subrayado, a la vez que han agregado que la explotación sexual de las mujeres está aumentando.

Igualmente, han exigido tolerancia cero frente a las violencias contra las mujeres y han instado a reforzar la educación en igualdad con el objetivo de “identificar y neutralizar estas violencias y desterrar estereotipos desde la temprana edad”.

“Frente a las violencias contra las mujeres, un paso adelante, por entornos laborales libres de violencias machistas”, han concluido los sindicatos en el manifiesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Catalina Ginard, ha reivindicado el 25N como un día para insistir y luchar contra la erradicación de esta lacra.

Uno de los objetivos del sindicato, ha dicho, es formar a los delegados para que sean referentes de las personas trabajadoras en cuanto al acompañamiento y denuncia de hechos relacionados con la violencia machista.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de impulsar los planes de igualdad en las empresas y que estos puedan servir no solo en las empresas que están obligadas --las de más e 50 trabajadores-- sino también en entornos laborales más reducidos.

“Es una herramienta que cierta parte --la empresarial-- no se acaba de creer”, ha lamentado Ginard, quien ha agregado que los planes de igualdad “no se tienen que hacer por cubrir el expediente”.

Asimismo, ha señalado que el observatorio contra las violencias de género de CCOO ha recibido 7.000 visitas a nivel estatal desde su puesta en marcha en 2022. En un primer momento, las visitas eran de ámbito interno o de sindicalistas y, ahora, son las mujeres víctimas las que acuden al observatorio.

De su lado, la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, María José Cordero, ha reivindicado la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. “Ya está bien”, ha dicho.

Igualmente, ha explicado que el sindicato lleva a cabo una campaña contra 'Only Fans', a su criterio, “una forma de prostituirse y, por tanto, violencia contra las mujeres”. “La venden como forma de que las mujeres se empoderen pero incluso hay cuentas ilegales con menores de edad”, ha subrayado Cordero.

Los agresores de violencia machista no serían nada sin una red de complicidad que les rodea, acompaña y en muchas ocasiones, les permite ejercer sus ataques contra las mujeres. Con el objetivo de poner el foco en estas redes, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha convocado manifestaciones en las capitales vascas para este 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Podemos ver la violencia de género en innumerables otras formas en nuestra vida cotidiana. La violencia que sufrimos las mujeres, las personas trans y queer no es aleatoria, sino el resultado de las estructuras y mecanismos que el sistema capitalista, cisheteropatriarcal y racista ha establecido para perpetuarla”, han criticado en un encuentro celebrado en Vitoria.

Según han lamentado, con cada paso dado por el movimiento feminista, se produce un “nuevo ataque” por parte de “sectores reaccionarios de derecha e izquierda”. “Mensajes antifeministas, racistas y transfóbicos, entre otros, se están difundiendo en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las calles y cuando hemos salido a denunciar públicamente ataques en diversas partes de Euskal Herria, hemos sido boicoteadas y menospreciadas, deslegitimando nuestras protestas y acciones. Quienes hacen esto son los hombres que nos rodean. Estas redes de complicidad son pactos patriarcales en los que, además de hombres, también participan otras estructuras, incluso aquellas que consideran la violencia de género un problema social y político de primer orden”, han denunciado.

Por ello, las convocatorias de manifestaciones serán a las 19.00 horas en las capitales y pueblos vascos bajo el lema “Frente a las redes de complicidad, resistencia feminista. Vuestra hipocresía es violencia”. En Bilbao, la marcha comenzará en el Sagrado Corazón, en Donostia, en el Boulevard, mientras que en Vitoria desde la plaza San Antón.

Además de la red de complicidad, el movimiento feminista autónomo de Bilbao, Bilbo Feminista Saretzen, busca este 25N denunciar también la violencia institucional. “Llevamos décadas denunciando las violencias con mil caras que produce este sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial, que mata a miles de mujeres, que pone en riesgo la vida de millones, que condena a la precariedad y al terror a otras tantas, y que sigue negando derechos básicos a quienes más vulnerabiliza: a las personas trans, a las migradas, y a la infancia. Este 25N queremos poner el foco en una de las violencias más invisibilizadas y normalizadas: la violencia patriarcal institucional”, han explicado en una rueda de prensa frente al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia.

“La violencia institucional es la que ejercen el gobierno y sus instituciones, a veces por acción y casi siempre por omisión contra mujeres y disidencias, es una violencia cotidiana y muchas veces mortal Estamos hartas de Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos que utilizan conceptos y lemas feministas para lavarse la cara con campañas vacías, legitimando discursos machistas, racistas y tránsfobos. Estamos cansadas de escuchar mensajes institucionales de condena que luego se traducen en falta de atención, humillación o desprotección Hartas de las violencias machistas y patriarcales que produce este sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial”, han criticado.

Este 25N, desde el movimiento feminista, señalarán “lo que no quieren nombrar”: “La violencia que ejerce un Ayuntamiento que dice, pero no hace; una Diputación que privatiza lo que debería ser público; una Policía que minimiza y revictimiza; una Ley de Extranjería que condena a la precariedad y a la exclusión; unas instituciones que responsabilizan a la sociedad sin asumir la violencia que ellas mismas ejercen, por acción u omisión. Queremos políticas feministas reales, que protejan a las más vulnerables y que confronten la violencia estructural de este sistema depredador y violento”, han señalado.

La manifestación de Bilbao llevará a las calles una serie de exigencias para las instituciones: “Un mapa claro y accesible de recursos”; “atención 24 horas, pública, especializada y sin derivaciones policiales”; “servicios gestionados públicamente, no externalizados”; “personal de estructura estable y con formación y condiciones laborales dignas”; “la derogación de la Ley de Extranjería y el reconocimiento pleno de las trabajadoras del hogar y de cuidados con modificaciones en las competencias propias en materia de extranjería e inmigración para garantizar derechos básicos y atajar vulneraciones de derechos de las mujeres migradas y extranjeras”; “educación sexual, afectiva y feminista, no charlas y talleres puntuales sino contenidos y horas lectivas suficientes en todas las etapas educativas y, por último, ”una casa de las mujeres en Bilbao que sea accesible“. ”La violencia patriarcal no es solo la que ejercen los agresores cuando pegan, acosan, violan o matan; también es la que ejercen las instituciones cuando incumplen la ley, cuando nos abandonan y cuando revictimizan a quienes buscan ayuda, mientras lo inundan todo de morado y se llenan la boca de consignas“, han concluido.

Una de cada dos mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujeres, según reflejó la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer en 2019. Un porcentaje todavía mayor en jóvenes: el 71,2% de las mujeres de 16 a 24 años y el 68,3% de las mujeres de 25 a 34 años han sufrido algún tipo de violencia. Al mismo tiempo, uno de cada cinco chicos jóvenes (23%) creen que la violencia de género es un invento ideológico, según el informe 'Juventud en España 2024', elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia. El porcentaje de jóvenes que niegan o minimizan la violencia machista se ha disparado. Ha pasado del 12% al 23%, en el caso de los chicos y, en las chicas, del 6% al 13%.

Los bulos y desinformación han jugado un papel fundamental en el objetivo sistemático de minimizar la violencia de género que desde 2003 ya ha cuantificado 1.333 víctimas mortales. Los engaños más expandidos, como el de las denuncias falsas o el de que los maltratadores son migrantes, se desmontan con datos. El porcentaje de denuncias falsas es ínfimo: el 0,0082% de media entre 2009 y 2024, todavía menor en el año 2024, con solo una sentencia condenatoria por denuncia falsa de las 199.094 denuncias presentadas, como recoge la Memoria de Fiscalía General del Estado. En cuanto a la nacionalidad, en el 72,7% de los asesinatos machistas en 2023 víctima y agresor eran nacidos en España.

Sin embargo, son muchos más los bulos que se expanden en redes sociales y que están haciendo crecer el negacionismo. Frente a ello, los datos, las explicaciones de personas expertas y los testimonios de las víctimas muestran la realidad.

La violencia de género es una lacra

Es muy habitual escuchar que “la violencia de género es una lacra”, incluso a veces por representantes políticos o en foros especializados sobre este asunto. En este caso, quizás no buscan banalizar el problema, pero sí pueden hacer que se pierda el foco de las políticas de igualdad correctas. Porque, tal y como subrayan los expertos, la violencia de género no es una lacra, sino un problema estructural.

Una lacra es un defecto o un vicio que tiene una persona o la sociedad, normalmente negativo, pero que por definición, se puede erradicar. Sin embargo, cuando hablamos de problema o daño estructural nos referimos a una deficiencia sistémica y persistentes que se origina en las de la sociedad y que requiere políticas de largo plazo para ser resuelto. La clave está en la raíz del problema: mientras una lacra se considera a un fallo o defecto concreto, el problema estructural es un mal funcionamiento de las propias bases de la sociedad.

Así, la violencia de género se fragua en la desigualdad entre hombres y mujeres que todavía define la sociedad. Las mujeres cobran menos que los hombres en los mismos puestos, sufren más paro, renuncian a sus carreras profesionales por los cuidados o son minoría en los puestos de responsabilidad. La violencia machista es el último escalón de esa desigualdad y, según la Macroencuesta del Ministerio de Igualdad, aproximadamente una de cada dos mujeres (de 16 años o más) ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer.

La víctimas de violencia de género son mujeres pobres y sin formación

A menudo, se puede escuchar que la violencia de género solo la sufren un tipo de mujeres, sin estudios o empobrecidas, como dando a entender que todas las víctimas son mujeres vulnerables, en un intento de responsabilizar las propias víctimas. En una paradoja que se desmonta fácilmente: lo único que tienen en común todas las víctimas de violencia de género es ser mujeres.

El informe anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer de 2023, publicado el 19 de marzo de 2025 desmonta este bulo con datos. Solo el 17,5% de las mujeres víctimas de violencia que han suscrito contratos bonificados en el año 2023 tenían estudios de Educación Primaria o inferiores. Teniendo en cuenta todo el periodo entre 2003 y 2023, el porcentaje es todavía inferior: solo el 13,4% tenían estudios de Primaria o inferiores.

Y tras los datos, los testimonios reales de las víctimas también desmontan este bulo. La doctora en Historia Isabel Ilzarbe decidió alzar la voz y contar su historia para, precisamente, romper el estereotipo. En su caso, mientras cosechaba los más altos logros académicos y defendía causas laborales, su vida se desmoronaba controlada por un maltratador durante 15 años.

Hay mujeres que trabajan como prostitutas porque quieren y les gusta

El Gobierno de La Rioja ha puesto el foco este 25N en la prostitución con un lema contundente: “No es elección, es explotación”. Sin embargo, la prostitución sigue siento naturalizada como forma de satisfacción sexual masculina, según detectó el estudio 'Consentimiento y coacción. Prostitución y políticas públicas', elaborado por un equipo investigador dirigido por Rosa Cobo. De esta banalización, tal y como recoge el estudio, surge también la idea de la prostitución como una forma legítima de obtención de ingresos por parte de las mujeres, remitiendo a factores individuales, sin que identifiquen factores de carácter estructural en la existencia de la prostitución. Es el “lo hacen porque quieren”, que tantas veces se escucha en la calle.

No obstante, “ninguna mujer ejerce la prostitución de forma voluntaria”, afirmaba Rocío Nieto, exdirectora de APRAMP. En La Rioja se han identificado 59 mujeres con indicios de ser víctimas de trata, “una forma moderna de esclavitud por la que se obtiene de beneficios a través de la explotación y el sometimiento de personas en su mayoría en situación previa de vulnerabilidad”. La propia prostitución significa, por definición, explotación y violencia contra las mujeres por dinero y, así, el consentimiento no es válido: “Hay muchos factores que llevan a una mujer a vender su cuerpo, como la extorsión, la pobreza extrema o la crisis económica”.

Así lo señalaba Lorena Ro, una superviviente del sistema prostitucional, en una entrevista a este medio: “Cuando la desesperación llama a tu puerta dejas de hacer las cosas porque quieres”. En su caso, la falta de trabajo, las deudas y las amenaza de desahucio le empujaron a ello: “Comencé con el falso romanticismo de que lo hacía porque quería y con la estupidez de que iba a hacer solo lo que yo quisiera”. Y pronto se dio cuenta que el sistema no lo permite y empezó a sufrir violencia. Le ha costado años recuperarse pero ahora lo tiene claro: “La prostitución es la negación de todo derecho, es lo más parecido a la esclavitud”.

El feminismo se ha pasado, ahora las mujeres tienen más derechos que los hombres

La violencia de género es el último escalón de un sistema de desigualdad que sufren las mujeres y que, aunque se ha avanzado, todavía no se ha corregido. La propia violencia machista es el mayor ejemplo de desigualdad: en lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y una de cada dos mujeres reconoce haber sufrido a lo largo de su vida alguna forma de violencia de género. Pero, mientras tanto, sigue habiendo quienes defienden públicamente que “las mujeres tienen más derechos que los hombres”.

No es cierto. Según la Encuesta de Población Activa (4º trimestre de 2024), la tasa de paro de las mujeres ha sido del 11,83%, mientras que la tasa de paro de los hombres ha sido del 9,53%, es decir, una brecha de 2,32 puntos. La diferencia es todavía mayor en la tasa de actividad, que en los hombres es del 63,67% y en las mujeres del 53,58%. Más de 10 puntos de diferencia que pueden justificarse con la mayoría femenina que se dedica a trabajo de cuidados sin cotización ni remuneración. Así, los datos de la EPA sobre inactividad muestran que mientras 68.100 mujeres dejaron su trabajo para cuidar a niños, adultos, enfermos, incapacitados o mayores, (un 82,4% del total), solo lo hicieron 14.400 hombres. También se explica así la parcialidad del empleo: el 73,6% de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres. Y en cuanto a la brecha salarial, si bien se ha reducido en los últimos años, el salario medio de los hombres se sitúa en 29.382 euros, el de las mujeres se queda en 24.360 euros.

En cuanto a los cuidados, en 2022 se publicó la primera “Encuesta Sobre Brechas De Género En Cuidados No Remunerados Y Actividades Individuales Y Sociales” que recoge un mayor porcentaje de mujeres que cuidan a otras personas a diario, 41 frente al 33%. Así, el 86,9% de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas y el 75% para el cuidado de familiares fueron concedidas a mujeres. Igualmente, el porcentaje de mujeres que realizan tareas domésticas a diario es muy superior al de los hombres (64% frente a 44%) y, por el contrario, los hombres participan más en actividades de voluntariado fuera de casa (15% frente a 9%) y realizan más actividades deportivas, culturales o de ocio (39% frente a 33%).

También las mujeres están por debajo en puestos de responsabilidad y de representación. Por ejemplo, en 2024 solo el 24,8% de las alcaldías estaban lideradas por mujeres o en el conjunto de Consejos de Administración de las empresas que forman parte del Ibex-35 el 39,2% eran mujeres (el 12,1% en el caso de las presidencias). También hay brecha de género en la salud mental, según el último informe estadístico del Instituto de las Mujeres, el número de mujeres que han padecido o han sido diagnosticadas con depresión en los últimos 12 meses es 1.479.700, mientras que el de hombres es de 628.800; lo que supone un porcentaje del 70,2% para las mujeres. En cuanto a la ansiedad crónica padecida o diagnosticada en los últimos 12 meses, el porcentaje es del 70,8% para las mujeres. (1.651.100 mujeres y 680.300 hombres).

Estas son solo algunas desigualdades que en la actualidad siguen sufriendo las mujeres. Aunque se ha avanzado mucho, la igualdad total de derechos y oportunidades está lejos de alcanzarse. Sobre todo, mientras sigan asesinando a mujeres por el mero hecho de serlo. Todavía menos de que las mujeres tengan más derechos algo que no persigue el feminismo, que por definición, busca la igualdad. Este bulo nace de la confusión entre igualdad y pérdida de privilegios, como algunos hombres interpretan a la reducción de ventajas históricas.

*Datos obtenidos de: