El mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados, el arbitraje entre empresas y países que prevé que las compañías puedan demandar a los Gobiernos establecido en el Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) es compatible con el Derecho de la Unión. Así lo ha dictaminado este martes el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo.

El 30 de octubre de 2016, Canadá, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, firmaron un acuerdo de libre comercio: el Comprehensive Economic and Trade Agreement, el CETA.

La sección del CETA dedicada a las inversiones establece un mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados, y prevé la creación de un tribunal y de un tribunal de apelación y, a más largo plazo, de un tribunal multilateral de inversiones. De este modo se proyecta establecer un sistema de tribunales de inversiones (Investment Court System, ICS).

Las más de 100 organizaciones de la campaña No a los tratados de comercio e inversión en todo caso, siguen pidiendo que se ponga fin “a este sistema injusto al margen de la justicia ordinaria que beneficia exclusivamente a los inversores extranjeros en detrimento del estado de derecho, la democracia y la ciudadanía. De hecho España es el estado más afectado de la Unión Europea y el segundo más demandado del mundo ante estos tribunales de arbitraje, aunque en esta ocasión no ha sido por defender el interés general sino los recortes del PSOE y del PP en el sector de las energías renovables. Por el momento ya fue condenado a pagar 800 millones de euros a inversores extranjeros y hay otros 35 procedimientos abiertos. La Comisión Europea y los Estados miembros -entre ellos el gobierno del PSOE-, que deseen salvar el sistema de arbitraje de inversión, utilizarán la opinión vinculante del TJUE para impulsar su modelo criminal”.

El 7 de septiembre de 2017, Bélgica solicitó un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE en relación con la compatibilidad de este mecanismo de solución de diferencias con el Derecho primario de la Unión. Esencialmente, Bélgica expresa sus dudas acerca de los efectos de este mecanismo sobre la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para interpretar con carácter definitivo el Derecho de la Unión y, por consiguiente, sobre la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, en cuanto a su compatibilidad con el principio general de igualdad de trato y con la exigencia de efectividad del Derecho de la Unión, así como en lo que se refiere al respeto por parte de dicho mecanismo del derecho a un juez independiente e imparcial.

En su dictamen de este martes, el Tribunal de Justicia de la UE establece, en primer lugar, que un acuerdo internacional que contemple la creación de un órgano jurisdiccional encargado de interpretar sus disposiciones y cuyas decisiones vinculen a la Unión es, en principio, compatible con el Derecho de la Unión.

Por otro lado, un acuerdo internacional de esta índole puede incidir en las competencias de las instituciones de la Unión siempre que, no obstante, se cumplan los requisitos esenciales para preservar la naturaleza de esas competencias y, por lo tanto, no se vulnere la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, que se basa en un marco constitucional propio. En este marco se incluyen los valores fundacionales de la Unión: el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Para garantizar que se preserven tanto esas características específicas como la autonomía del ordenamiento jurídico así creado, los Tratados han establecido un sistema jurisdiccional destinado a garantizar la coherencia y la unidad en la interpretación del Derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia subraya a este respecto que el Derecho de la Unión no se opone ni a la creación de un tribunal, de un tribunal de apelación y, posteriormente, de un tribunal multilateral de inversiones ni a que el CETA les atribuya la competencia de interpretar y aplicar las disposiciones del Acuerdo a la luz de las normas y principios del Derecho internacional aplicables entre las partes del CETA.

En cambio, dado que dichos tribunales no pertenecen al sistema jurisdiccional de la Unión, no pueden estar facultados para interpretar o aplicar disposiciones del Derecho de la Unión distintas de las del CETA ni para dictar laudos que puedan impedir que las instituciones de la Unión actúen conforme al marco constitucional de ésta.

En este caso, el Tribunal de Justicia considera que el CETA no atribuye a los tribunales cuya creación prevé ninguna competencia de interpretación o de aplicación del Derecho de la Unión aparte de la relativa a las disposiciones de dicho Acuerdo.

En este contexto, el Tribunal de Justicia subraya, en particular, que, cuando un inversor canadiense pretenda impugnar medidas adoptadas por un Estado miembro o por la Unión, el Acuerdo atribuye a la Unión la facultad de determinar si, habida cuenta de las normas sobre el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros, la diferencia debe dirigirse contra ese Estado miembro o contra la Unión. De este modo se preserva la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para resolver sobre el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia señala que la competencia del Tribunal y del Tribunal de apelación del CETA vulneraría la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión si estuviera concebida de modo que, al apreciar las restricciones a la libertad de empresa mencionadas en una demanda, estos pudieran cuestionar el nivel de protección del interés público que haya motivado el establecimiento de esas restricciones por parte de la Unión respecto al conjunto de operadores que invierten en el sector comercial o industrial de que se trate del mercado interior. Ahora bien, el CETA contiene cláusulas que privan a esos tribunales de competencia para cuestionar las opciones elegidas democráticamente por una Parte del Acuerdo en materia, en particular, del nivel de protección del orden público, de la seguridad pública, de la moral pública, de la salud y de la vida de las personas y de los animales, o de preservación de la seguridad alimentaria, los vegetales, el medio ambiente, el bienestar en el trabajo, la seguridad de los productos, los consumidores y los derechos fundamentales. Por lo tanto, este Acuerdo no vulnera la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión.

En cuanto a la compatibilidad del mecanismo previsto con el principio general de igualdad de trato, el Tribunal de Justicia señala que, si bien el CETA tiene como finalidad proporcionar a los inversores canadienses que invierten en la Unión una vía específica de recurso contra las medidas de la Unión, su situación no es comparable con la de los inversores de los Estados miembros que invierten en la Unión.

El Tribunal de Justicia afirma asimismo que el CETA no vulnera la efectividad del Derecho de la Unión por el único motivo de que un laudo dictado por el Tribunal creado por este Acuerdo pueda tener como consecuencia, en circunstancias excepcionales, que se neutralice una multa por infracción del Derecho de la competencia impuesta por la Comisión o por una autoridad de la competencia de un Estado miembro. En efecto, el propio Derecho de la Unión permite anular una multa cuando ésta adolece de un vicio similar al que podría declarar el Tribunal del CETA.

En lo que respecta a la compatibilidad del mecanismo de solución de diferencias con el derecho a un juez independiente, el Tribunal de Justicia indica que la finalidad del Acuerdo es hacer que el Tribunal del CETA sea accesible a cualquier empresa o persona física canadiense que invierta en la Unión y a cualquier empresa o persona física de un Estado miembro de la Unión que invierta en Canadá. Sin embargo, ante la falta de un régimen que garantice la accesibilidad al Tribunal y al Tribunal de Apelación, desde un punto de vista económico, de las personas físicas y de las pequeñas y medianas empresas (PME), en la práctica, el mecanismo podría resultar exclusivamente accesible a los inversores que dispongan de elevados recursos financieros.

Pues bien, el Tribunal de Justicia considera que los compromisos adoptados por la Comisión y el Consejo para garantizar que las PME puedan acceder a los tribunales proyectados bastan para concluir, en el marco del presente procedimiento de dictamen, que el CETA es compatible con la exigencia de accesibilidad. En efecto, la aprobación del Acuerdo por la Unión está condicionada por esos compromisos.

Por último, el Tribunal de Justicia concluye que el Acuerdo CETA contiene garantías suficientes para asegurar la independencia de los miembros de los tribunales proyectados.

En los tratados con Estados Unidos (TTIP) o Canadá (CETA) se argüía desde los negociadores europeos que las consecuencias ambientales de los mismos, denunciadas por organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales, no eran tales y que obedecían a intenciones aviesas de estos grupos, ya que estábamos hablando de países con estándares de protección ambiental muy similares. Más allá de la falsedad de estos datos, parece que, ahora, con las negociaciones en curso o acabadas con otros países de estándares ambientales claramente inferiores en bastantes casos, la Comisión Europea ya ni siquiera tratar de justificar con argumentos cogidos con alfileres la indudable tropelía ambiental que se va a acometer con su aprobación. Trata de pasar de puntillas, sin vergüenza alguna, por este espinoso tema simplemente no informando o no dando pie a que se puedan producir debates donde la falta de argumentos quede manifiesta.

La mayor parte de los países con los que se están negociando o ya se han negociado estos acuerdos tienen importantes déficits ambientales derivados de su apuesta por estrategias productivistas del sector primario de carácter intensivo, poco preocupadas por la sostenibilidad de los ecosistemas y de los paisajes, alineadas con el gran capital y que están en el origen del aumento de las causas que propician la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en la esfera global. Deforestaciones masivas, monocultivos, destrucción de hábitats, empleo sistemático de pesticidas y abonos químicos, uso incontrolado de agua, empleo de combustibles fósiles, extractivismo sin control son parte de las prácticas usuales existentes en estos países sobre los que la UE evita pronunciarse. Analizamos aquí brevemente algunos aspectos ambientales de cinco tratados en vía de firmarse o ratificarse.

México es uno de los países con los que se ha de renovar el actual tratado comercial en vigor. En cuanto a seguridad alimentaria, se usan productos comercializados por Bayer que contienen el insecticida thiodicarb, utilizado en el cultivo de maíz, sorgo, algodón y soja prohibidos en la UE desde 2007, contemplado como probable cancerígeno y extremadamente peligroso para las abejas. México, además, espoleado por el éxito culinario de su famoso guacamole, no duda en deforestar grandes extensiones de bosque, notoriamente en Michoacán, principal región productora de aguacate del mundo, para satisfacer una demanda de moda, sobre todo en Estados Unidos.

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) en Europa son un reconocimiento a productos de una zona geográfica determinada, con una especialización reconocida y comprobada que dan renombre e imagen a un tipo de agricultura y ganadería centrada en el territorio y la calidad. En México estas especificidades territoriales no existen, sí en cambio las marcas registradas que hace que, por ejemplo, se utilice el nombre “Queso Manchego” (DOP española) como marca registrada mexicana, con el consiguiente conflicto de intereses. Este problema ya se vio en el CETA donde finalmente de las aproximadamente 1500 DOP e IGP europeas, solo quedaron reconocidas en Canadá, que también solo tiene derecho de marca, 145. En la actualización del tratado con México parece que la cifra alcanza las 340.

La entrada de pollo y espárragos sin aranceles seguirá la tónica instaurada desde hace años en Europa de consumir alimentos kilométricos en detrimento del comercio local y de la soberanía alimentaria.

Mercosur presenta importantes problemas ambientales derivados del cultivo de soja, de la caña de azúcar para etanol y de la explotación de la cabaña ganadera.

Si bien hay acuerdos arancelarios para la soja desde 1960, los acuerdos llegan en un momento donde la expansión de este cultivo –y el del maíz- ha transformado el paisaje en amplios territorios de los países que integran esta alianza comercial (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) llegando a afectar actualmente a la protección de la salud y ambiental por la presencia de importantes empresas transnacionales de los transgénicos y agrotóxicos como Monsanto.

Además, las importaciones de maíz -y de otro cultivo como el trigo- pueden favorecer la bajada de precio de la isoglucosa (jarabe) con consecuencias serias sobre la salud en un momento de gran presión de los lobbies del azúcar en contra de los estudios que ponen en duda la bondad de los alimentos ricos en esta sustancia y de la aplicación de impuestos sobre bebidas o alimentos con azúcares añadidos que ya han empezado a formularse en algunos países.

La producción intensiva de carne, fundamentalmente de ganado vacuno, orientada en gran medida a la exportación, tiene gran incidencia en estos países. Sobre todo en Brasil, que cuenta con dos de las mayores empresas mundiales de producción de carne. Pero su irregular y poco controlado sistema de producción tiene importantes repercusiones sobre la salud (estándares sanitarios), el medio ambiente (deforestación, biodiversidad), cambio climático (metano), derechos laborales (condiciones precarias) y el bienestar animal (parques de engorde, mataderos…).

Brasil es el principal productor de Mercosur de etanol, siendo uno de los mayores escollos en estas negociaciones, conjuntamente con el de la carne de vacuno, la cantidad total de etanol que admitiría la UE para uso como biocombustible. La caña de azúcar requiere de amplias superficies para su cultivo y el continuo aumento de las mismas agrava los problemas ambientales asociados a los monocultivos.

Vietnam abre su economía a la UE con importantes carencias ambientales en el ámbito pesquero, concretamente referidas a la pesca ilegal y a la acuicultura intensiva. Parece que aumentarán sus exportaciones pesqueras para la industria conservera y los mariscos, dado el fuerte aumento de su consumo, todo ello con el consiguiente impacto sobre el territorio y la biodiversidad (destrucción de manglares), y el cambio climático.

En acuicultura, el control de las aguas de entrada y salida a las piscinas de cría es prácticamente inexistente, con serias dudas sobre su estado de contaminación. Lo que parece claro es que estas piscinas están tratadas ampliamente con antibióticos, antiparasitarios y desinfectantes para evitar enfermedades a las superpoblaciones que albergan. Vietnam ha sido amonestado 11 veces por exportar a la UE gambas con un residuo excesivo (LMR. Límite Máximo de Residuos) de oxitetraciclina, un antibiótico de amplio espectro autorizado pero del que no deben superarse determinadas dosis.

Tienen menor presencia en el tratado con Japón los aspectos agrarios. No obstante es conveniente indicar nuevamente que no todas las DOP e IGP serán reconocidas, tan solo 200 de ellas, entre el UE y el país asiático. Asimismo, la presencia de los OGM no es tan cuestionada como lo es en la UE, lo que hace que su presencia sea importante en la alimentación japonesa, siéndolo mayoritaria en la de los animales, favorecido además por un etiquetado sometido a normas notoriamente más laxas que en la UE. Tampoco el uso de pesticidas y fertilizantes está expuesto a unas regulaciones demasiado estrictas.

En relación con la pesca, a pesar de alguna mejora en el último año, debido a la presión internacional con respecto al atún rojo, no existen grandes controles en un país con una dieta en la que los recursos del mar están muy presentes, por lo que la pesca ilegal sigue siendo una realidad. Mención aparte por su gravedad es la continuación de la pesca de cetáceos (333 en la campaña de este año), camuflada bajo el paraguas de la investigación científica, saltándose a la torera las prohibiciones de la Comisión Ballenera Internacional.

Por otra parte, Japón ha sido denunciado en varias ocasiones por organizaciones ambientalistas por utilizar en su país madera proveniente de bosques tropicales, sin ningún control de gestión sostenible. Es particularmente grave que las próximas olimpiadas de Tokio se presenten como sostenibles en todo el proceso de construcción de infraestructuras y equipamientos, cuando crecen las dudas sobre la certificación de la madera tropical que se está usando.

El telón de fondo con el tratado con Indonesia es el aceite de palma. El cultivo de esta planta, cuyo aceite está presente en infinidad de productos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos, de limpieza y también usado como biocombustible, está siendo una de las principales causas de deforestación del planeta, y por tanto de pérdida de biodiversidad y de impulsor del cambio climático.

Hasta 2014 no se impuso en UE la obligatoriedad en el etiquetado de especificar qué grasa se escondía detrás del genérico “aceite vegetal”. A partir de ese momento, se puso en duda lo idóneo de su ingesta continuada por su alto contenido en grasas saturadas, pero fundamentalmente por su utilización como biocombustible, denunciada por sus consecuencias ambientales y sociales por multitud de organizaciones (destrucción de la selva y desplazamiento de población). En enero de este año el Parlamento europeo vetó el aceite de palma como biocombustible, lo que ha supuesto un grave problema diplomático con Indonesia al ser su principal producto de exportación agrícola hacia la UE.

Con estos países o alianzas comerciales regionales, la UE quiere terminar en este año las negociaciones para firmar y ratificar cuanto antes los tratados correspondientes de comercio e inversión. Todo ello a pesar de las notables carencias ambientales descritas anteriormente, a las que habría que añadir otras de carácter general como que el principio de precaución sea raramente mencionado en estos acuerdos o que el reconocimiento mutuo de las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) eliminan posibles controles suplementarios.  Estas carencias tienen especial incidencia en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático globales, los dos problemas ambientales más acuciantes en la actualidad. El hecho de que la UE haya firmado la COP21 sobre el Clima de París y el Convenio para Biodiversidad (CDB) y que también lo hayan hecho estos otros países (aunque no todos ellos han firmado o ratificado los protocolos derivados de Cartagena, Nagoya y Kuala Lumpur) muestran una vez más que los acuerdos ambientales, incluso con obligaciones jurídicamente vinculantes, muestran una debilidad de aplicación pasmosa.

La pregunta que hemos de formularnos es evidente: ¿cómo es posible que la UE, que se considera una abanderada en la protección de la biodiversidad y en la lucha contra el calentamiento global, firme acuerdos de comercio e inversión, supuestamente con garantías ambientales, con países que infringen los acuerdos ambientales que han firmado? La respuesta nos la puede dar la reciente decisión del gobierno de Canadá, que firmó el CETA con la UE, de rescatar -con dinero público- un oleoducto de petróleo de arenas bituminosas, mucho más contaminante que el petróleo convencional, desde Alberta al Pacífico para llevarlo en barcos al resto del mundo. Un país supuestamente modélico para la UE desde el punto de vista ambiental pero que apuesta decididamente por los combustibles fósiles y por las transnacionales que los mantienen. También es cierto que, hablando de incumplimientos, dentro de las propias fronteras de la Unión, un país, España, tuvo un incremento en 2017 de CO2 del 4,5% con respecto a 2016, que no contribuye precisamente a la reducción o limitación de los GEI por estos lares. ¿Para qué sirven entonces esos acuerdos ambientales, considerados por algunos moderados, si ni siquiera se cumplen y si quien tiene la posibilidad de actuar mira para otro lado?

Esto, indudablemente, no es una cuestión de países. No es cuestión de demonizar a algunos países ni a sus poblaciones. Ellos son las primeras víctimas de una agenda neoliberal que impone de forma asimétrica –desregulando derechos y regulando inversiones- estos tratados a través de grandes conglomerados industriales y financieros en connivencia con las oligarquías locales. Situación ésta de carácter global en la que la UE –y el capital transnacional europeo- trata de aprovechar el actual desenganche de EEUU de la OMC y de tratados como el TPP para alcanzar una situación de mayor poder en el concierto económico global. Quien destruye los bosques tropicales, contamina ríos, mar, suelo y aire, envenena lo que comemos y maltrata los animales de las cabañas ganaderas no son los pueblos de estos países, sino estas transnacionales que van logrando, poco a poco, sus claros objetivos de desregulación global.

Solo la unión de los pueblos puede parar la extinción masiva de especies y un calentamiento global de alarmantes y ni siquiera bien conocidas consecuencias. Existen ya ejemplos en África, América Latina o Asia –también en Europa a través de las campañas contrarias a los TCI- donde los movimientos sociales se yerguen contra la imposición de los mercados. Rebelémonos con ellos contra los tratados de comercio e inversión.

En los últimos años han proliferado los tratados comerciales y de inversión entre distintos países del mundo para establecer un modelo de relaciones en los intercambios comerciales que llevan a cabo entre ellos. TTIP o CETA son las siglas que simplifican algunos de estos acuerdos que han protagonizado largas negociaciones entre diversos continentes -como América y Europa en el caso de estos dos- y, también, el surgimiento de protestas y movilizaciones por el impacto que pudieran generar en las sociedades que, sin quererlo o no, lo aplicaran.

Frente a las autoridades que gestionan llevar a cabo este tipo de tratados comerciales han surgido otros movimientos y colectivos para estudiar las consecuencias de dichos acuerdos en el ámbito económico, cultural, humano, laboral o medioambiental, así como para proponer alternativas a estos modelos y exponer mecanismos de control a los mismos.

Precisamente, en Toledo, con la colaboración de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Toledo y la organización por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, surgió un proyecto para trabajar en este campo: 'Los municipios ante la nueva generación de tratados comerciales. Una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos y el desarrollo sostenible al TTIP'.

En este equipo de trabajo han participado entidades como la Asociación Paz con Dignidad, el  Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Ecologistas en Acción Toledo, SODePaz-CLM o ATTAC Castilla-La Mancha. Preocupadas por “los abusos del poder corporativo” en cuanto al cumplimiento de los derechos de la sociedad, participaron en un seminario -'Repensar el modelo económico: alternativas al poder de las transnacionales y los tratados comerciales'- que, junto el trabajo posterior que han realizado sus representantes, ha derivado en un documento que propone una serie de alternativas a los tratados comerciales desde las instituciones y la sociedad civil.

Antes de elaborar estas recomendaciones, este grupo de trabajo profundizó en la nueva ola de tratados comerciales en los que está envuelta la Unión Europa y en cómo afectan estos al conjunto de la sociedad, así como también en el impacto de las transnacionales en los ámbitos global y local, en diversas charlas en las que también abordaron los posibles impactos del proyecto del parque temático de Puy du Fou en la capital regional.

Entre las conclusiones que extrajeron enumera que las empresas transnacionales protegen sus derechos mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en las reglas sobre comercio e inversiones, un nuevo Derecho Corporativo Global compuesto por miles de normas. Un derecho fuerte que contrasta con la fragilidad de los derechos humanos, laborales y la protección ambiental, explica Erika González, representante de OMAL, que subraya que estos tratados “apuntalan a las empresas y hacen crecer su poder, pero también representan amenazas a la democracia y ponen en riesgo incluso el propio sistema judicial a través de los nuevos tribunales de inversión”.

Además, lamenta los impactos negativos que, a su juicio, proliferan en la ecología, el sistema alimentario, la salud o en la mercantilización de los servicios públicos. Estos proyectos, indican en las conclusiones que han elaborado, suponen el marco legal para que las grandes empresas desarrollen y hagan crecer sus finanzas a pesar de “la precariedad, la pobreza o la exclusión social” que, afirman, generan en los países afectados.

Alternativas y cumplimiento de derechos

“Cuando dicen que no hay alternativas a los tratados de comercio e inversión es mentira, hay muchas alternativas”, asevera Erika González y corroboran también Fernando del Amo -representante de la Asociación Attac-Castilla-La Mancha-, José Miguel Aparicio -Ecologistas en Acción Toledo- o Ricardo Gayol -Asociación Paz con Dignidad-, que han entregado al concejal de Juventud y Cooperación, Diego Mejías, las recomendaciones que hacen al Ayuntamiento de Toledo para, en el marco de aplicación de estos acuerdos, poder cumplir con los derechos mencionados.

“Los ayuntamientos son el elemento institucional que, por su situación de proximidad directa con la población, mejor puede articular propuestas de la sociedad civil en defensa de sus derechos”, resaltan en las conclusiones del documento que han elaborado, en el que, no obstante, también indican las “importantes limitaciones” de carácter jurídico, económico y político que existe, en un contexto “dominado por una regulación europea y estatal que blinda la ley mercatoria”.

Así, como primera propuesta destacan como esencial que el Ayuntamiento abra un debate público sobre qué modelo de ciudad se busca en el actual proceso de planificación urbana y gestión de espacios naturales, residenciales e industriales. En el contexto del cumplimiento de derechos, atañen también a la importancia de establecer cláusulas sociales, medioambientales y de igualdad a las empresas y proyectos de creación nueva, así como revisar el cumplimiento de las existentes.

También consideran esencial retomar el compromiso de remunicipalización de los servicios públicos locales fundamentales externalizados en años anteriores, o proteger los espacios naturales y naturalizar más espacios del municipio, anteponiendo estas medidas a “cualquier propósito de inversión, de lucro o de especulación”. Además, apuestan por poner en marcha políticas efectivas para frenar la crisis ecológica, especialmente reflejada en el cambio climático.

Otras de las medidas que exponen como camino contrario para ofrecer alternativas al mero lucro de las grandes empresas es desmercantilizar el ámbito d los cuidados, desde la defensa de lo común, y plantear estrategias integrales desde una mirada amplía. “Promover y apoyar de forma directa iniciativas de economía alternativa, social, cooperativa y solidaria en el municipio” es otro de sus planteamientos.

En definitiva, una seria de recomendaciones que permitan también fijar criterios éticos de contratación y compra pública de productos o servicios y recuperar espacios de ejercicio de la soberanía popular “apropiados por el poder corporativo”.

El Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana va organitzar dissabte passat una missió comercial al Canadà per aprofitar al màxim el tractat de lliure comerç entre aquest país i la Unió Europea. Els empresaris valencians hi van anar liderats pel president de la Generalitat, Ximo Puig, encarregat de defensar les bondats dels productes valencians entre els líders canadencs.

El tractat de lliure comerç del Canadà amb la Unió Europea es va signar el 2016 i els estats membres van haver de ratificar-lo. No van ser pocs els que hi van manifestar el seu rebuig. Entre aquests, el partit del president autonòmic, que en les Corts Valencianes va votar una proposta de Podem –presentada en totes les cambres simultàniament– que demanava al Govern central que no ratificara l’Acord Econòmic i Comercial Global (CETA, per la seua sigla en anglés).

No obstant això, el president valencià sempre s’ha mostrat favorable a aquest tractat, emparant-se en el fet que seria positiu per a les empreses valencianes, “una oportunitat” per a les economies exportadores. En la delegació també ha participat Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana, que aplaudeix aquest viatge i el tractat en un vídeo difós per la Generalitat.

A més, en la cambra autonòmica ha explicat que cal explorar les possibilitats comercials de l’acord. Les declaracions es van produir mentre el PSOE en el Congrés s’abstenia en aquesta votació –no sense haver-ho repensat unes quantes vegades–, per la qual cosa, a més, servien per a marcar distàncies amb Pedro Sánchez i amb el rival autonòmic de Puig, Rafa García.

Els parlamentaris socialistes en les Corts Valencianes van accedir a protegir la proposta de la formació morada per no trencar la unitat de vot amb els seus socis, Compromís i Podem, alhora que van criticar que la “falta de transparència i l’ocultisme” en l’acord feien “saltar les alarmes”, i van considerar per això que era necessari “tenir a l’abast tota la informació disponible, més enllà d’ideologies i d’interessos”, en paraules de la seua diputada Noelia Hernández.

Setmanes abans, al maig, Podem va criticar que el PSPV “va votar en les Corts Valencianes en contra d’una moció de Podem en què es reclamava una consulta ciutadana sobre el CETA, i se sol·licitava un dictamen del Tribunal Constitucional sobre la seua compatibilitat amb la Constitució Espanyola”, juntament amb Ciutadans i el PP. Ara, el president encapçala una missió comercial basant-se en un acord qüestionat.

La postura del PSOE en el Congrés respecte d’aquest tractat també ha anat variant. Pedro Sánchez en va impulsar la defensa en el partit –també la del TTIP– en la seua primera fase com a mandatari i va elaborar diversos argumentaris a favor. A més, va fer la tesi doctoral sobre els tractats de lliure comerç. Després del seu derrocament com a secretari general i el seu retorn en véncer Susana Díaz en les primàries, va optar per l’abstenció.

El Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana organizó el pasado sábado una misión comercial a Canadá para aprovechar al máximo el tratado de libre comercio entre este país y la Unión Europea. Los empresarios valencianos acudieron liderados por el president de la Generalitat, Ximo Puig, encargado de defender las bondades de los productos valencianos entre los líderes canadienses.

El tratado de libre comercio de Canadà con la Unión Europea se firmó en 2016 y los estados miembros tuvieron que ratificarlo. No fueron pocos quienes manifestaron su rechazo. Entre ellos, el partido del presidente autonómico, que en las Corts Valencianes votó una propuesta de Podemos -presentada en todas las cámaras simultáneamente- que pedía al Gobierno central que no ratificara el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés). También se posicionó en contra Compromís, que lo ha rechazado en les Corts, en el Congreso y en el Senado. Su conseller de Economía, Rafa Climent, también ha participado en el viaje,

Sin embargo, el presidente valenciano siempre se ha mostrado favorable a este tratado, amparándose en que sería positivo para las empresas valencianas, “una oportunidad” para las economías exportadoras. En la delegación también ha participado Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, que aplaude este viaje y el tratado en un vídeo difundido por la Generalitat.

Además, en la Cámara autonómica ha explicado que es necesario explorar las posibilidades comerciales del acuerdo. Las declaraciones se produjeron mientras el PSOE en el Congreso se abstenía en esta votación -no sin haberlo pensado varias veces-, por lo que además servían para marcar distancias con Pedro Sánchez y con el rival autonómico de Puig, Rafa García.

Los parlamentarios socialistas en las Corts Valencianes accedieron a respaldar la propuesta de la formación morada para no romper la unidad de voto con sus socios, Compromís y Podemos, al tiempo que criticaron que la “falta de transparencia y el ocultismo” en el acuerdo hacían “saltar las alarmas”, y consideraron por ello que era necesario “contar con toda la información disponible, más allá de ideologías y de intereses”, en palabras de su diputada Noelia Hernández.

Semanas antes, en mayo Podemos criticó que el PSPV “votó en las Corts Valencianes en contra de una moción de Podemos en la que se reclamaba una consulta ciudadana sobre el CETA, y se solicitaba un dictamen del Tribunal Constitucional sobre su compatibilidad con la Constitución Española”, junto a Ciudadanos y el PP. Ahora, el presidente encabeza una misión comercial en base a un acuerdo cuestionado.

La postura del PSOE en el Congreso respecto a este tratado también ha ido variando. Pedro Sánchez impulsó su defensa en el partido -también la del TTIP- en su primera fase como mandatario y elaboró varios argumentarios a favor. Además, realizó su tesis doctoral sobre los tratados de libre comercio. Tras su derribo como secretario general y su regreso al vencer a Susana Díaz en las primarias, optó por la abstención.

El descontento con la globalización no solo tiene causas económicas: la sensación de pérdida de influencia en el proceso político de determinados grupos de población puede estar detrás del creciente desapego hacia la internacionalización de la economía

La reciente controversia por la ratificación del CETA en el Congreso de los Diputados ha vuelto a poner en el centro del debate la cuestión del apoyo ciudadano a la internacionalización económica y la sostenibilidad democrática del proceso de globalización. No discutiré aquí sobre las virtudes y defectos del CETA o de la nueva generación de acuerdos comerciales, ni sobre si son la mejor forma de contener a los críticos o por el contrario de alimentarlos. Hablaré de un problema que creo que antecede a todos estos debates, el de qué subyace al creciente escepticismo ciudadano hacia la globalización.

La mayor parte de los análisis sobre por qué la internacionalización económica es hoy contestada cargan el peso de la culpa en sus efectos distributivos. Aunque la apertura económica expanda la economía en su conjunto, los economistas saben muy bien que no todos los individuos experimentan con el comercio las mismas consecuencias. Habrá grupos ganadores (de acuerdo a uno de los principales modelos, los dueños de aquellos factores de producción que sean más abundantes en el país que en resto del mundo), y grupos perdedores (los dueños de factores relativamente escasos). Para los economistas, no es ninguna sorpresa por tanto que en los países más ricos, abundantes respecto al resto del mundo en mano de obra cualificada, y escasos respecto al resto del mundo en mano de obra no cualificada, la internacionalización económica beneficie a los primeros y perjudique a los segundos.

Pero estas consecuencias distributivas no son exclusivas del momento actual. Estas teorías sobre ganadores y perdedores de la internacionalización no dejaron de cumplirse en las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el periodo glorioso en la que las sociedades europeas lograron combinar altas tasas de crecimiento, progresiva apertura económica, y poco o nulo cuestionamiento de las virtudes de la internacionalización. ¿Cómo se logró en aquella época silenciar a los perdedores de la globalización? De acuerdo a la explicación tradicional, la clave fue la existencia de políticas de compensación. Gracias a las altas tasas de crecimiento que proporcionaban recursos a los gobiernos con los que expandir las políticas sociales, y a que la mejor forma que encontraron algunos países de competir internacionalmente fue mediante la adopción de políticas públicas y arreglos institucionales (la inversión en educación, la concertación entre entre empresarios y sindicatos,...) con fuertes consecuencias igualitarias, la combinación entre liberalización comercial y Estado del bienestar logró garantizar el consenso en torno a la apertura durante este periodo.

¿Qué ha hecho tambalearse a este equilibrio virtuoso en las últimas décadas? Podemos pensar en tres tipos de explicaciones, complementarias entre sí. La primera es esencialmente económica, y tiene que ver con las características de la última ola globalizadora, cualitativamente diferente a las anteriores. Es posible que la llegada a los mercados mundiales de millones de productores procedentes de economías más pobres, y en especial de China, haya tenido unas consecuencias en determinados sectores mucho mayores que las asociadas a las liberalizaciones limitadas a los países ricos de la época anterior. Además, como argumenta Dani Rodrik en su último trabajo, mientras que la liberalización comercial genera al inicio grandes ganancias agregadas, cuando como ahora tratamos de reducir barreras cuando estas son ya muy bajas, los efectos distributivos empiezan a pesar más respecto a estas ganancias de conjunto. Es normal que en estas circunstancias la globalización pase a ser una cuestión políticamente más controvertida.

Una segunda explicación es que la intensificación de la globalización en las últimas décadas ha dañado las herramientas que usaban los gobiernos para hacerla políticamente aceptable. Así, recaudar impuestos se ha hecho más difícil porque el libre movimiento de capitales permite a determinadas empresas e individuos elegir dónde tributar. Y algunas de las políticas que usaban los gobiernos para proteger a ciertos sectores entran en conflicto con las regulaciones incluidas en los nuevos acuerdos comerciales, diseñados con reglas cada vez más sofisticadas para garantizar la libre competencia.

De acuerdo a estas dos explicaciones, el descontento con la globalización se debería a que la demanda de políticas de compensación por parte de la ciudadanía es cada vez mayor, en un momento en que su oferta está cada vez más restringida. Sin negar validez a estos dos argumentos, creo que hay un elemento adicional, que hace aún más difícil la construcción de pactos de compensación como los del pasado. Para que la compensación sea creíble, y por tanto los grupos perdedores desactiven su oposición a la internacionalización económica, estos grupos han de estar convencidos de que el Estado toma sus preferencias en serio. Y uno de los problemas es que en las sociedades contemporáneas hay una parte de la población que, por motivos demasiado complejos para discutir aquí (la crisis de los partidos como mecanismo de intermediación de intereses, las transformaciones postindustriales que hacen más difícil compatibilizar las demandas de grupos cada vez más diferentes entre sí,...) percibe que el sistema político desoye de manera sistemática sus demandas. Es difícil articular programas creíbles de compensación hacia los perdedores cuando estos perdedores tienen la sensación de que son políticamente irrelevantes.

Para ilustrar este último punto, muestro a continuación datos del último Eurobarómetro, una encuesta llevada a cabo simultáneamente en todos los países europeos, con muestras representativas a nivel nacional.

Gráfico 1. Porcentaje de europeos que tienen una actitud positiva hacia la globalización en función de su percepción de influencia política en el sistema político nacional. Fuente: Eurobarómetro 86.2, Noviembre de 2016.Gráfico 1.

El gráfico 1 muestra que hay una fortísima asociación entre la percepción de influencia política y las actitudes hacia la globalización. Es una correlación que se da en todos los países de la muestra, y que no parece deberse a que los grupos con menos influencia tienen características económicas, demográficas o políticas distintas. Incluso después de descontar el efecto de la situación económica del entrevistado, de su edad, su sexo, su ideología, y su nivel educativo, el porcentaje de encuestados favorables a la globalización entre los europeos que no están nada de acuerdo con la afirmación de que su voz “cuenta” en su país es treinta (!) puntos inferior a aquellos que están muy de acuerdo con esa afirmación.

Esta correlación a nivel individual tiene un claro correlato a nivel agregado, como muestra el gráfico 2. Los países con ciudadanos relativamente satisfechos con su capacidad de influencia política son también aquellos con ciudadanos menos temerosos de la globalización. Por supuesto, esto no es evidencia concluyente de nada, pero sí es consistente con la idea de que para que las políticas que acompañan a la internacionalización logren crear un cierto consenso permisivo hacia la apertura, una condición necesaria es que los ciudadanos perciban que sus intereses son tenidos en cuenta en el seno de los sistemas políticos nacionales.

Gráfico 2. Porcentaje de encuestados que perciben que su voz cuenta en su país, y porcentaje de encuestados con actitudes positivas hacia la globalización, por países. Fuente: Eurobarómetro 86.2, Noviembre de 2016.Gráfico 2.

En definitiva, es posible que el problema de lograr que la globalización sea tolerable no se deba solo a que hoy son más numerosos los grupos afectados y menos las herramientas de las que disponen los gobiernos, sino también a que en algunas de nuestras sociedades existe un problema político previo: la incapacidad de ciertos grupos de articular sus demandas de forma efectiva en el sistema político, condición necesaria para que estos grupos perciban que las hipotéticas políticas de compensación hacia ellos sean creíbles en el medio y largo plazo.

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, el líder de Ciudadanos ha utilizado un cartel de la campaña electoral de Felipe González. Un acto reivindicativo para recordar al PSOE su defensa a la UE, ahora que los socialistas mantienen la postura de abstención frente al CETA.

En el cartel podía leerse “La llave de Europa está en tu mano”, y Rivera no ha dudado en señalarlo mientras recordaba al PSOE que en el pasado fue “un partido europeísta”. El presidente de Ciudadanos ha recalcado que “por suerte actualmente no está (la llave) en su mano, sino en Ciudadanos que ofrece mayoría para sacar adelante el CETA”.

El debate definitivo en el Congreso sobre el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) previo a su aprobación ha tenido un protagonista: el PSOE, que ha pasado de apoyarlo en Bruselas e incluso en el Parlamento español a abstenerse en la votación de este jueves por el cambio de posición de Pedro Sánchez. Un viraje que ha supuesto un ataque furibundo por parte del Gobierno y del PP en la tribuna y que tampoco ha dejado a gusto a Unidos Podemos. El CETA ha salido adelante con 179 votos a favor, 79 en contra y 81 abstenciones.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la posición del Gobierno en el respaldo al CETA y ha aprovechado su turno para lanzar varios mensajes a los socialistas: “Algunos por hacer oposición se hacen oposición a sí mismos. No se puede ser equidistante entre más Europa y más populismo, entre más Europa o más Marine Le Pen, o más Europa o más Pablo Iglesias”.

“Cuando los partidos nos dejamos de definir en lo imprescindible acabamos convirtiéndonos en irrelevantes”, ha advertido la vicepresidenta al PSOE. El encargado de defender la nueva posición de los socialistas ha sido el balear Pere Joan Pons, recién nombrado por Pedro Sánchez para la dirección del grupo parlamentario, ha comenzado su intervención acusando al Gobierno de entrometerse en sus decisiones: “No aceptamos lecciones de nadie”. 

El socialista ha asegurado que ha habido muchos cambios en Europa en los últimos meses y que deben ser capaces de interpretarlos: “Es muy importante preguntarse por qué tantos ciudadanos ven en el CETA una amenaza”. El portavoz socialista ha defendido que el “libre comercio abra fronteras pero garantice derechos” y ha asegurado que “hay margen de mejora” en el tratado. “Entre globalizacion sin reglas, autarquía y comercio global justo nos quedamos con la tercera opción”, ha sido el argumento para justificar la abstención. 

“Suerte para Podemos, mala suerte para España”

Tras él, le ha tocado el turno al portavoz del PP, José Ramón García, que ha cargado con dureza contra el PSOE y también contra Unidos Podemos. Ha acusado a Pedro Sánchez de caer en el juego de Unidos Podemos y de virar hacia la “izquierda radical”. “No se rindan, no le hagan el favor a Podemos como hicieron con Chávez en Venezuela, no permitan que les fragmenten, que nos fragmenten a todos. No creen en la alternancia. No les sirvan en bandeja de plata, no sea que sea demasiado tarde como es hoy en Caracas”, ha sido el mensaje del conservador.

También ha acusado a Pedro Sánchez de tomar a España como “rehén” por su beneficio y ambición política. “Una victoria en unas primarias no les permite un saqueo que parece de bárbaros”, ha dicho el portavoz del PP, que se ha preguntado: “¿Por qué le cuesta tanto a España la fama de Pedro Sánchez?”.

Para el PP, las pegas en la tramitación del CETA que puso en el Congreso Unidos Podemos buscaban retrasarlo para esperar a los resultados de las primarias del PSOE. “Suerte para Podemos, mala suerte para España”, ha dicho García sobre la victoria de Sánchez. 

También Albert Rivera ha dedicado parte de su intervención para cargar contra el PSOE por su nueva posición. El líder de Ciudadanos ha mostrado un cartel electoral de Felipe González en el que se puede leer “la llave de Europa está en tu mano” y ha recalcado que el “PSOE ha sido un partido europeísta”. “Los que se oponen a este tratado no confían en los españoles, en nuestro trabajadores, empresas y productos. Si alguien tiene que temer este tratado es quien compite con España”, ha zanjado Rivera.

Unidos Podemos, por su parte, ve insuficiente la abstención del PSOE, pero ha avisado de que tendrán una nueva oportunidad en el Senado porque, según ha anunciado Pablo Bustinduy, pedirán de nuevo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la adecuación del CETA a la Carta Magna. Además, ha asegurado que cuando salga aprobado definitivamente lo recurrirán ante el alto tribunal. La nueva dirección del PSOE ha puesto en duda que algunos aspectos del CETA sean constitucionales. 

El CETA ha salido adelante en la votación en el Congreso con 179 votos a favor (PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat); 79 en contra (Unidos Podemos, Compromís y ERC) y 81 abstenciones correspondientes a los socialistas.

Quintacolumnistas y la legión de tertulianos anti Sánchez han criticado con furor desmedido la doble abstención del PSOE; ante la moción de censura de Unidos Podemos y el CETA. No les interesan las razones dadas, siguen a lo suyo como si no hubiera habido unas primarias, un congreso, un nuevo proyecto y una nueva dirección con un renacido secretario general.

En el caso de la “moción de censura”, el portavoz socialista fue prácticamente ignorado mediáticamente a pesar de que hizo una intervención magistral y sacó a colación un texto que puso de manifiesto que la prioridad de Unidos Podemos no era desalojar a Rajoy sino disputar espacio al PSOE ( “Eramos pocos y llegó Pedro Sánchez” ). Abalos laminó al líder de Podemos y dejó en evidencia su moción de censura. La explicación del sentido del voto fue convincente porque aunque nadie niega los motivos de la censura de Rajoy, magistralmente explicadas por Irene Montero, el debate de la tarde y del día siguiente puso de manifiesto, muchas cosas y entre otras, las graves discrepancias con la cuestión nacional- Cataluña- referéndum y las dificultades para acordar una postura de gobierno al respecto. Amén de acordar el candidato, el programa requiere no sólo acordar la agenda social, y de regeneración, sino también la cuestión nacional.

Es ahí y es con esto, con lo que el PP y la brunete mediática lo tapan todo; con la inestimable irresponsabilidad de los independentistas a los que les importa un higo la suerte de España; tenemos la pinza PP-Cs-Independentistas que impide un gobierno alternativo; al final, es con la sacrosanta unidad de la patria con lo que se hace inviable cualquier propuesta de avance en la alternativa de cambio.

En el caso de la abstención socialista sobre el CETA se ha catalogado como expresión de desconcierto, irresponsabilidad, falta de solidez, izquierdismo, podemización…. del nuevo PSOE… alguno como Vidal Foch auténtico quinta columnista del Grupo Prisa va un poco más allá y considera lisa y llanamente que la abstención socialista es una apuesta anti Europa del PSOE. Qué barbaridad.

Pierre Moscovici viene a España al foro de NE con todos los dirigentes del PP y se reúne con Pedro Sánchez y con algún socialista más y desliza una frase que muy bien podría haber dicho a sus excompañeros de partido socialista francés antes de que lo hicieran estallar por los aires los socioliberales Hollande, Valls y Macron…: “Hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble” ( El Mundo 23.06.17) . Me refiero a esa frase que al parecer le dijo a Pedro Sánchez con motivo del revuelo que se montó cuando Cristina Narbona anticipó por twiter que los socialistas igual que otros socialistas franceses , austríacos, polacos…etc no iban a apoyar el Tratado de libre Comercio con Canadá. Es cierto que el portavoz socialista en la comisión de exteriores lo había defendido, pero no menos cierto es que el 39 Congreso recién celebrado había delimitado como “conditio sine qua non” una serie de garantías sociales, ambientales, laborales y jurídicas que todo tratado de libre comercio debe tener para ser apoyado por el nuevo PSOE, no el de Susana Díaz.

Nuestro modelo de globalización justa lo impide. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, miembro del equipo de elaboración de la ponencia lo explicó perfectamente en Hora 25 de la Cadena Ser y posteriormente, el portavoz, Ignacio Puente y este último lunes, Manu Escudero, tras la ejecutiva con los líderes de UGT y CCOO en la comisión ejecutiva conjunta donde se han puesto en común los puntos de la gran alianza social y de progreso con los sindicatos ( garantía juvenil, actualización de pensiones, reforma laboral…)

Este 39 Congreso tenía un eslogan, “somos la izquierda”, y esto ya no es lo que era. El quinta columnista de El País afirma que “abstenerse violaría la credibilidad del PSOE ante todos” y que sería una afrenta a la mayoría del socialismo continental y cierra este señor afirmando que “equivale de hecho a ir contra Europa”. Este señor afirma que defender la no precariedad del trabajo siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Empleo, o de la OIT, o de los sindicatos… que afirman que estos tratados se hacen con un modelo de crecimiento en el que se sigue la privatización de servicios públicos y la transferencia de rentas de trabajo a las rentas de capital…

A este columnista igual que a la mayoría de los parlamentarios europeos socialistas les parecía totalmente improcedente plantear la negativa al apoyo del nombramiento de J C. Juncker cuando se puso de manifiesto en noviembre de 2014 que no era digno de ocupar la presidencia de la Comisión Europea, porque un consorcio de periodistas internacionales ( entre los que no había nadie de El País, por cierto) puso al descubierto el llamado Luxleak; es decir, los tax rulling, los acuerdos “ad hoc” que el presidente de Luxemburgo, sede del tribunal de justicia europeo, firmaba con las grandes multinacionales para que no pagaran sus impuestos de sociedades o si lo hacían fuera en cantidades ridículas. Se estimaba en un billón anual el fraude fiscal. El equivalente a la deuda de España.

Aquello se produjo en plena crisis de Grecia, con una gran coalición en el país que de manera suicida acabó con el PASOk porque perdió todo su crédito político ante los ciudadanos y dio lugar al surgimiento de Syriza-Tsipras ( Varoufakis) . Pedro Sánchez fue capaz de exigir al grupo parlamentario socialista en Europa que, por lo menos, se abstuviera, aunque los jefes de “la gross koalition” de Martín Schultz hubieran ya pactado con los socialistas franceses como el señor Moscovici o el holandés Jeroen Dijsselbloem (presidente del Eurogrupo, socialdemócrata como Moscovici y cuya opinión sobre los países del sur le desautorizan para cargo comunitario alguno.) la conformación del gobierno de la UE y su parlamento. Con un Arias Cañete en Medio ambiente en la CE. Para ser de izquierdas y ser creíble lo correcto era hacer oposición a Juncker o haber abierto una crisis en la UE por la evasión fiscal. Eso debía haber hecho la socialdemocracia europea para ser creíble. En ningún caso apoyar el nombramiento de Juncker y mucho menos entrar a un gobierno de coalición con él.

Para ser creíble es indiferente ser de izquierdas o de derechas; para ser creíble, y Pedro Sánchez y la militancia socialista lo saben muy bien, hay que hacer lo que se dice; lo que en su tiempo decía JL Rodríguez Zapatero en una portada de El País de su primera legislatura , que él no cumplió en la segunda, “queremos políticos que nos digan la verdad”. O como dijo Carme Chacón “si decimos cambio, hacemos cambio” … Somos la izquierda que quiere gobernar, pero para cambiar las políticas que están haciendo daño a los ciudadanos; la precariedad, la pobreza, la desigualdad, el trabajo sin derechos…la degradación del planeta por el efecto invernadero, el paro juvenil… los abusos bancarios, de las eléctricas, de las muntinacionales… la corrupción, los paraísos fiscales….son realidades que exigen poner límites, reglas a la globalización y sobre todo a la especulación financiera y la evasión-elusión fiscal. Es pura diletancia hablar de UE sin mencionar una política fiscal común por lo menos para los países que tienen una moneda común… Y los europarlamentarios no han hecho nada al respecto cuando ya nos acercamos al final de su legislatura.

El caso del socialismo francés

Vidal Foch siguiendo la línea de acercar a Sánchez con el fracaso de Hamond en Francia se alegra del 'Macronismo' y proclama el “requiescat in pace” del socialismo francés en su columna y se alegra de la victoria de Macron.

Siendo tan riguroso debiera ser más prudente porque si bien a Macrón el candidato socioliberal de Francois Hollande, le votaron el 66,10% de los franceses ( 20,75 millones) en la segunda vuelta frente al 33,90 % de la ultraderechista Marine Le Pen (10,64 millones de franceses), la abstención fue la más alta desde 1969 (25,44%) y el número de votos nulos y en blanco registró un record ( 11,47%). Son dos datos significativos de las presidenciales que no se deben ignorar; adquieren especial relevancia si los relacionamos con los índices de abstención de las legislativas. En ellas, la abstención ha llegado al 57 %; la mayoría absoluta de Macron está construida sobre una gran abstención de la que los medios apenas se hacen eco. Tiene Macron 300 diputados de LREM y 41 de MoDem y algún diputado que ha sacado el acta como independiente como Valls… de un total de 577 que componen la Asamblea Nacional Francesa. Pero hay un 57 % de electorado al que no le representa nadie: NO LES REPRESENTAN.

Esta mayoría absoluta no representada tiene mucho que ver con esa izquierda socialista e insumisa que no ha ido a votar porque los dirigentes de la izquierda no han sido capaces de “conciliar ser de izquierdas con ser creíbles”. ¿Cómo creer a los dirigentes socialistas franceses como Hollande, Macron, Valles… que han traicionado a su electorado…? La recomposición de la izquierda pasa por la recuperación de su credibilidad, un nuevo socialismo, una nueva socialdemocracia. En eso estamos aquí en España tras el 39 Congreso.

El resultado abre un debate sobre el sistema electoral. Es un sistema con dos vueltas que sobredimensiona la representación del ganador y marginaliza al perdedor. Un partido como la LRM pueda sumar un 32% de votos en la primera vuelta y en la segunda un 75% de escaños. Y otro como el FN pueda quedarse sin grupo parlamentario pese a haber obtenido un 13% de votos en la primera vuelta.

El comercio internacional puede volverse libre, pero no está claro que sea eficiente. Sin embargo, en las negociaciones del TTIP y el CETA, libertad y eficiencia se consideran idénticas o vistas como semejantes la una con la otra

La mayoría de la gente entiende que los Tratados de Libre Comercio significan una pérdida de capacidad reguladora de nuestras democracias. Por otra parte, la mayoría de economistas los defienden para promover la innovación y el crecimiento económico. Argumentan que cada país debería especializarse en producir lo que hace mejor y el mundo se beneficiaría porque todo el mundo sería más productivo.

El libre comercio es sagrado para los economistas liberales. Si uno critica el libre comercio se lo caracteriza como “bárbaro proteccionista”, como dice Krugman. Sin embargo, la defensa del libre comercio se basa en la obra que tiene más de 200 años del economista inglés David Ricardo. En aquella época, los economistas entendían que los países se enfrentaban a situaciones en las que otros países eran más productivos en la elaboración de todos o casi todos los productos comerciables internacionalmente. Para compensar estas ventajas absolutas de las otras economías, el país menos productivo debía convertirse en proteccionista, para que sus productores pudieran sobrevivir.

Ricardo no estaba de acuerdo. Él estableció el famoso principio que decía que lo que importa no es la ventaja en productividad absoluta, sino la ventaja comparativa. Según Ricardo, si un país es particularmente bueno produciendo zapatos y otro es bueno produciendo ropa, será beneficioso para los dos especializarse cada uno en el producto que hace de forma más productiva y comerciar entre ellos estos dos productos. Ambos deben especializarse para optimizar el resultado final global.

Este ejemplo ya muestra lo poco realista que era la idea de Ricardo. Presupone que el productor de zapatos está produciendo al máximo de su capacidad y tiene que elegir entre producir zapatos de forma muy productiva o producir ropa de forma menos productiva. Pero no existen economías que funcionen al máximo de su capacidad.

Cualquier economía que tenga una ventaja absoluta en la producción de diferentes productos los producirá –o los debería producir– hasta agotar su capacidad. La teoría neoclásica supone, por tanto, que las fuerzas productivas están siempre óptimamente distribuidas y que la posibilidad de expandir la capacidad productiva no existe.

Obviamente, esto es absurdo. Las economías se encuentran sistemáticamente infrautilizadas, y no hace falta mencionar que el desarrollo y el crecimiento económico hacen aumentar la capacidad productiva. Parece difícil que ninguna persona razonable pueda denegar estos dos hechos.

La teoría de Ricardo también afirma que en todos los países –en situación de pleno empleo– la remuneración de los trabajadores refleja las situaciones de escasez de los factores capital y trabajo en ese país. Esta también es una suposición heroica. Para el comercio internacional los salarios nominales son cruciales ya que, junto a los tipos de cambio, establecen los precios de los productos comerciables internacionalmente.

¿Pero qué pasa si las tasas de inflación divergen entre los diferentes países? En este caso debe haber algún mecanismo que sirva para requilibrar estas divergencias en precios y salarios (calculados en divisa internacional). El tipo de cambio entre diferentes divisas puede actuar como tal mecanismo. Pero la realidad es que no funciona. En el mundo actual en realidad las divisas son un campo de especulación.

Con el paso del tiempo las divisas han cogido direcciones contrarias a las que deberían para compensar estos desequilibrios a medida que los especuladores se han dedicado a explotar los diferenciales de tipo de cambio y de tipo de interés. Por lo tanto, no es verdad que los niveles salariales hoy día puedan darnos una indicación de la disponibilidad de capital y trabajo, por lo que podríamos decir que tampoco hay base científica que justifique el libre comercio como mecanismo regulador de los precios de estos dos factores.

Pero eso no es todo. Los economistas neoclásicos argumentan que la inversión directa de los productores pertenecientes a países de alta productividad en países con baja productividad viene determinada por la ratio entre costes laborales y costes del capital. Esto significa en la práctica que cuando un productor de teléfonos móviles que produce en su propio país con una tecnología que necesita de una alta intensidad del factor capital desplaza su producción por ejemplo en China, donde los salarios son más bajos, este productor cambiará de tecnología y aplicará otra mucho más intensiva en trabajo, reduciendo la intensidad del uso del capital, con el objetivo de maximizar el beneficio.

Esto no puede ser tomado en serio. De hecho es ridículo. Esto significa que dejarán de utilizar su tecnología más avanzada (de la que disponen libremente) para utilizar otra menos eficiente. La teoría neoclásica del equilibrio afirma que las empresas, por lo tanto, no harán ningún beneficio extraordinario de su poder de mercado cuando lleven la producción a China.

Esto querría decir que esta empresa rechazaría usar esta mejor tecnología de la que dispone y que le podría generar beneficios extraordinarios y produciría los teléfonos móviles en China con una peor tecnología que haga posible la producción con los mismos costes, y por tanto el mismo precio y mismos beneficios que anteriormente. Según esta teoría los emprendedores renuncian a los beneficios que podrían hacer si combinaran la alta productividad occidental con los costes salariales bajos de China.

Si lo hicieran, podrían reducir los costes laborales e incrementar sus beneficios de forma tremenda. Pero los emprendedores no aprovecharán esta oportunidad de hacer dinero porque la teoría les dice que no pueden considerarse los beneficios extras provenientes de las rentas de monopolio. De hecho, hoy en día la inversión extranjera directa tiene efectos potentísimos sobre el comercio internacional. Por ejemplo, el comercio con China no puede compararse con el comercio internacional entre países occidentales.

El comercio internacional chino consiste en grandes empresas occidentales situadas en China, exportando los mismos países de origen. Se ha calculado que alrededor del 60-70% del total de las exportaciones chinas no son exportadas por empresas chinas sino exportadas por empresas occidentales subcontratadas. Esto prueba que la justificación teórica anterior, que supone que la tecnología se adapta a la combinación capital-trabajo de tal país, no aguanta de pie; de hecho, no tiene ni pies ni cabeza.

Como conclusión la totalidad de la ideología del libre comercio está basada en una teoría que no es sólo poco realista, sino que es errónea. Consecuentemente, el comercio internacional puede volverse libre, pero no está claro que sea eficiente. Sin embargo, en las negociaciones de libre comercio (y también con el TTIP y el CETA), libertad y eficiencia se consideran idénticas o vistas como semejantes la una con la otra.

No sabemos si la liberalización del comercio es eficiente. Pero sí sabemos bien que la idea de que toda interferencia en el comercio internacional es perjudicial e ineficiente es claramente errónea. Por ejemplo, un país que se protege a sí mismo contra las importaciones masivas de otro país en el que compañías monopolistas hacen grandes beneficios y combinan alta productividad con bajos salarios no debe ser condenado. Medidas proteccionistas contra estas prácticas pueden de hecho mejorar el estado del bienestar de todo el mundo para que eviten que las empresas monopolistas dañen o destruyan otras empresas sanas.

Peor que todo eso que ya se ha dicho hasta ahora es que algunos países, de forma puramente mercantilista, se esfuerzan para exportar más de lo que importan. Este fenómeno se llama “desequilibrio global” en el campo de la macroeconomía, y se sitúa en agudo contraste a la doctrina del libre comercio. Alemania es la mayor culpable en este tema en todo el mundo. En el momento actual, para determinar el éxito o el fracaso que el comercio internacional aporta a los países que participan, los superávits y los déficits se han vuelto más importantes que los efectos en la productividad de la liberalización del comercio.

Pero en realidad, una vez que un país genera superávits de forma creciente y estable, no quedan incentivos para los posibles socios comerciales de este país para concluir un acuerdo comercial con este país que defiende estos superávits comerciales.

Ni las fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio, ni la inversión internacional directa, ni el dumping salarial o las consecuencias sociales del comercio son el objeto de la ideología del libre comercio. Los políticos procomercio internacional hacen sus juicios sobre la base de una doctrina que no tiene nada que ver con el mundo real.

Hoy en día, intentar conducir las políticas comerciales y los flujos de comercio es como intentar reparar un coche con herramientas de reparar relojes. Lo que la economía global necesita más que un debate doctrinario sobre el comercio internacional es un sistema monetario que evite que los países individuales acumulen ventajas injustificadas prolongadamente en el tiempo a través del dumping salarial o de medidas similares.

Más de 300 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes una carta llamando a los grupos parlamentarios españoles a no ratificar el tratado comercial con Canadá (CETA) “al no estar al servicio del interés público”.

Entre los firmantes están los secretarios generales de UGT (Pepe Álvarez), CCOO (Ignacio Fernández Toxo), COAG (Miguel Blanco Suaña), Sindicato Labrego Galego (Isabel Vilalba Seivane), CGT (José Manuel Muñoz Póliz), la USO (Julio Salazar), ELA (Adolfo “Txiki” Muñoz), el SAT (Óscar Reina Gómez) y la secretaria general de FACUA (Olga Ruiz).

También la han firmado Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, la vocal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Blanca Padrós y el ex juez Baltasar Garzón, académicos como Lina Gálvez, Carlos Berzosa, Marina Subirats, Carlos A. González Svatetz, Arcadi Oliveres i Boadella o el actor Alberto San Juan; decenas de coordinadoras autonómicas de ONG de cooperación, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, asociaciones profesionales como la Asociación Profesional Taxi, la Asociación de Taxistas Autónomos de Catalunya y Elite Taxi; así como Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción y Greenpeace.

La carta está dirigida a los grupos parlamentarios a favor del tratado –PDECat, PNV, Ciudadanos y PP– que en los próximos días tendrán que votar en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del acuerdo. También se envía al PSOE, al que se pide que la decisión final de su grupo parlamentario sea votar en contra. A esta petición se han sumado a través de Twitter miembros de los partidos socialdemócratas francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE cambiar la abstención por una postura más clara de rechazo.

La campaña No al TTIP, CETA y TiSA, impulsora de esta iniciativa, afirma que “la gente de Europa no quiere un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones y que amenaza nuestro frágil planeta y nuestros derechos fundamentales. Llamamos a los grupos parlamentarios a representar a la ciudadanía y a rechazar cualquier acuerdo que no esté al servicio del interés público”.

La carta demanda un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA; la “democratización” de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la ue; la “exclusión de cualquier mecanismo de resolución de conflictos entre estados e inversores” (como el denominado ICS del CETA) “que garantizan a las corporaciones un sistema judicial paralelo para demandar a los gobiernos”; “garantías claras que defiendan los estándares sociales y ambientales en el CETA”; que “ningún órgano de Cooperación Reguladora” “pueda someter a una revisión permanente nuestras regulaciones actuales o futuras; y ”ninguna privatización de nuestra salud, educación u otros servicios públicos“.

El CETA es el acuerdo económico comercial global entre la Unión Europea y Canadá. Este acuerdo no pone énfasis en la bajada o anulación de aranceles sino en la apertura de nuevos mercados para las empresas globales (principalmente en el comercio de servicios y la contratación pública) y, sobre todo, en la cooperación reglamentaria y en la puesta en marcha de nuevas reglas de juego, incluyendo tribunales de arbitraje internacional para dirimir los litigios entre los inversores internacionales y los estados (ICS, Investment Court System).

Estos tribunales suponen una limitación de la soberanía nacional, y pueden intimidar o  incluso coaccionar a los estados para que no desarrollen  políticas que puedan ir en contra de los intereses de los inversores internacionales. Concretamente, el que está previsto en el CETA limita competencias y jurisdicción a los tribunales españoles y usurpa funciones judiciales estatales, a la vez que garantiza derechos a los inversores extranjeros que no están permitidos a la ciudadanía ni a los inversores nacionales en sus propios territorios. Por esa razón esta siendo criticado por diversas organizaciones de juristas, como la Asociación Europea de Magistrados. Y también debe serlo desde una perspectiva de género.

En este artículo quisiera dejar de lado otros efectos del CETA para centrarme en los que tiene sobre las mujeres y para ello creo que hay que contemplar tres cuestiones fundamentales: el por qué un tratado comercial afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres; qué sabemos del efecto de género de otros tratados comerciales; y finalmente, cómo influye en concreto lo establecido en el CETA.

La primera cuestión es bastante obvia. Cualquier política económica y en general cualquier nueva regla de juego en el ámbito de la economía tiene efectos diferenciados en aquellas personas que se encuentran en una posición de desigualdad frente los mercados. Y mucho más cuando se trata de un tratado comercial que pretende regular tantos aspectos de la vida de las personas, avanzar hacia una mayor mercantilización y transformar sustancialmente la participación y el funcionamiento de algunos mercados disminuyendo la presencia pública y aumentando la “libertad” de acción en ellos de los agentes.

Las privatizaciones de servicios públicos y por tanto que se mercantilicen más sectores económicos y ámbitos de nuestra vida, condiciona en mayor medida nuestro bienestar a las opciones reales que cada persona o grupo de personas tengamos de integrarnos en los mercados, especialmente en el de trabajo. Y si bien hay muchas estratificaciones sociales como la clase, la etnia, el origen geográfico o la raza que atraviesan las desigualdades de género y nos hacen estar en posiciones diferenciadas entre las propias mujeres y entre los propios hombres, existen también claras diferencias de género.

Si nuestro bienestar va a ser cada vez más dependiente de nuestra capacidad de insertarnos en los mercados y el grado de privatización de los servicios públicos, hay que insistir en que mujeres y hombres no estamos en posiciones similares ni de partida ni de llegada respecto al mercado de trabajo o a la dependencia de los servicios públicos. Las mujeres accedemos menos y en peores condiciones a los mercados de trabajo. Tenemos menores tasas de actividad y ocupación, mayores tasas de paro, parcialidad y temporalidad, sufrimos mayor segregación ocupacional, concentrándonos en menos sectores, y lo hacemos además en los puestos de menor responsabilidad y remuneración.

Tampoco tenemos el mismo acceso que los hombres a otros mercados como el crediticio, el de la propiedad de la tierra o el inmobiliario. Ni disfrutamos del mismo acceso a los recursos, y mucho menos a su control. No participamos de manera igualitaria en los procesos de toma de decisiones y por tanto, no tenemos el mismo acceso al poder.

Todo ello, hace que las mujeres disfrutemos de menos renta, acumulemos menos patrimonio o tengamos más riesgo de caer en la pobreza. Además, en el ámbito de la familia, las mujeres tejemos las redes de seguridad de última instancia y seguimos siendo las principales proveedoras del cuidado, realizando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Dependientes del gasto público

Todo ello nos hace especialmente dependientes del gasto público, de los servicios públicos que entre otras cosas son los que junto con la educación, la terciarización de la economía, la caída de la fecundidad o el desarrollo de sistemas legales más igualitarios, nos han permitido y permiten una inclusión más igualitaria en los mercados en el mercado de trabajo, y el acceso a las prestaciones sociales que la participación plena en el mercado de trabajo lleva asociado en sistemas de bienestar como el español.

La ratificación del CETA limitará la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos o revertir privatizaciones fallidas.  Por tanto,  cualquier política que pueda alterar el acceso a los servicios públicos, su grado de privatización y por tanto, la mercantilización de nuestras vidas, nos va a afectar de manera especial a las mujeres, sobre todo a aquellas con menor formación, patrimonio o menor disponibilidad de tiempo.

Es cierto, que las posibilidades de empleo bien remunerado que pueden ofrecer los sectores que se privaticen o expandan, al amparo de un acuerdo como el CETA, también pueden favorecer a algunas mujeres, sobre todo las que tenga la formación adecuada y dispongan de mucho tiempo al modo que lo hacen muchos hombres, bien porque no tienen responsabilidades de cuidado, bien porque las privatizan. Pero se tratará de una minoría cualificada, y su incorporación tendrá un efecto limitado en la transformación social necesaria para avanzar en sociedades más igualitarias también desde la perspectiva de género. Y además,  servirá para legitimar la falacia de la meritocracia sobre la que se sustenta el sistema capitalista, haciendo ver que quién quiere, quién se esfuerza, llega.

La segunda cuestión implica mirar qué efectos han tenido en las mujeres y la igualdad de género otros tratados de libre comercio. Lo que demuestran los numerosos estudios que se han realizado sobre todo para países en desarrollo es que los efectos de la liberalización comercial en el bienestar de las mujeres y la igualdad de género han sido muy variados por regiones, países o sectores económicos. No obstante, todos coinciden en apuntar que en ningún caso existe una correlación automática y positiva entre apertura comercial y avances en las oportunidades reales y el bienestar de las mujeres. Asociar de manera automática liberalización comercial con avances en la igualdad de género es un mito tan falaz como que de que el libre comercio siempre es positivo para todas las regiones, países o agentes que en él participan.

Los tratados de libre comercio y la apertura comercial han sido las arterias de la globalización que han fomentado la externalizacion y la subcontratación de muchos procesos productivos. Es cierto, que eso ha supuesto la creación de oportunidades laborales para muchas personas en países donde éstas escaseaban o estaban vinculadas a una economía de subsistencia, pero también que se ha hecho en un marco de relaciones laborales informales muy alejados de los estándares de trabajo digno propuestos por la OIT. Eso en sí mismo ha favorecido la incorporación de mujeres a esos empleos, pero en condiciones que no les han permitido ganar en autonomía y mucho menos en bienestar, debido a la carrera a la baja de las condiciones laborales y los estándares de vida que estos procesos han provocado, y el hecho que no han ido acompañados del desarrollo de servicios públicos de cuidado lo que ha implicado una intensificación del trabajo de las mujeres o la sustitución de las madres por las hijas en las labores de cuidado.

La tercera cuestión, la vinculada a las novedades que trae un tratado como el CETA, está unida al énfasis que ponen estos tratados en la regulación y los servicios. Los tratados como el CETA no suponen de manera prioritaria una bajada de aranceles sino que buscan avanzar en la liberalización de servicios y sobre todo, establecer unas nuevas reglas de juego globales, que a través de estos acuerdos se impongan en las regulaciones nacionales.  Una re-regulación de la vida económica que amenaza con implicar una pérdida de soberanía económica de los estados y de control democrático de la ciudadanía sobre los asuntos económicos.

Karl Polanyi ya explicó en los años cuarenta del siglo XX al analizar el surgimiento de la sociedad de mercado en el siglo XIX y primeras décadas del XX, que el libre mercado, el laissez faire, era un mito. Polanyi explicó cómo el nacimiento de la economía y sociedad de mercado no fueron fruto de una evolución natural sino que necesitaron de un conjunto coherente de acciones de gobierno, de políticas e instituciones que redujeran las barreras legales e institucionales a los movimientos de bienes, servicios y capital.

Negociaciones “ocultas a la ciudadanía”

Entonces como ahora con nuevas instituciones o tratados como el CETA, la deliberada intervención en los mercados se hace en nombre de la libertad de mercado. Entonces como ahora, no hubo nada de “natural” en la expansión de esos mercados “libres”. Y entonces como ahora, fue impuesta desde arriba, y sin participación de las personas a las que esos cambios afectaban. Y esto último, tiene especial trascendencia para las mujeres y la igualdad de género.

En este sentido, no nos debe extrañar que las negociaciones sobre el CETA, como también ocurriera con el TTIP, hayan estado durante mucho tiempo ocultas a la ciudadanía y alejadas del debate público. Incluyendo la ausencia de análisis de impacto sobre aspectos tan cruciales para nuestro bienestar como las necesidades y la provisión de los cuidados que no se mencionan en ningún documento. El mayor poder de negociación de los inversores globales sobre los estados y los trabajadores, el debilitamiento de la soberanía nacional, o las dificultades de garantizar el acceso a un empleo digno que los estándares a la baja de este tipo de tratados traen, tiene consecuencias en la forma en la que se puede garantizar el bienestar y la dignidad de las personas. Algo que se acaba materializando en los hogares, poniendo una presión insoportable sobre las últimas responsables de garantizarlo, que en la mayoría de los casos, son las mujeres.

El mayor poder de negociación de las empresas globales que la globalización neoliberal ha traído -y que se busca intensificar con tratados como el CETA-, también ha disminuido la capacidad de negociación de los estados de manera individual y por tanto, disminuido sus potenciales fuentes de ingreso. Estas reglas de juego han facilitado la movilidad internacional del capital lo que facilita la presión de las empresas globales de forzar a la baja la fiscalidad de los estados o incluso la legalización de la evasión fiscal a través del mantenimiento de los paraísos fiscales o las prácticas de ingeniería fiscal en los propios territorios nacionales.

Esto ha tenido varios efectos especialmente negativos para las mujeres, pero señalaré solo tres. Por un lado, la menor recaudación fiscal vinculada a los beneficios del capital ha hecho recaer la capacidad impositiva de los estados en las rentas del trabajo y sobre todo en los impuestos indirectos que son especialmente regresivos, y que afectan en mayor medida a las personas con ingresos más bajos, donde se concentran en mayor medida las mujeres.

Por otra parte, esta disminución de ingresos potenciales merma la capacidad de gasto público del que son especialmente dependientes las mujeres, no solo para su bienestar directo a modo de transferencias y sobre todo, a través de los servicios públicos que sustituyen o pueden sustituir trabajo no pagado, sino también porque limitan las opciones de poner en marcha políticas públicas que permitan avanzar en la igualdad de género y fomentar una verdadera transformación social hacia sociedades más igualitarias.

Y por último, la peor y más vulnerable integración de las mujeres en los mercados, el tejer las redes de seguridad de ultima instancia y ser más dependientes de los servicios públicos, hace que las mujeres necesitemos en mayor medida aún que los hombres que se avance y no se retroceda en democracia económica. Necesitamos  participar en los procesos de toma de decisión poniendo sobre la mesa el volumen y las implicaciones que el trabajo de cuidados no remunerado, y su desigual reparto, deben tener en el diseño de la política macroeconómica.

La estrategia del gobierno español de acelerar la ratificación del CETA sin apenas permitir control parlamentario, acortando los procesos de consultas internas, solo puede reforzar el temor al retroceso democrático que la firma de un tratado de estas características puede conllevar. Y a las mujeres, como he dicho antes, este hurto democrático nos debe preocupar especialmente. Por tanto, creo que tenemos razones sobradas para estar en contra de la ratificación de un tratado como el CETA.

Hace unas semanas escribí en esta serie de artículos sobre mitos y mentiras económicas uno dedicado a denunciar los que tienen que ver con las condiciones en que se desarrolla el comercio internacional de nuestros días (Los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del librecambio). En él señalaba que los economistas y políticos neoliberales suelen responder a los economistas que critican el mito del libre cambio y el modo tan injusto en que funciona el comercio internacional actual con meras caricaturas, acusándolos de defender el proteccionismo o la autarquía.

No ha pasado mucho tiempo para que me den la razón. El Partido Socialista ha anunciado su posición más crítica ante el CETA (el amplio acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá) y el Gobierno responde diciendo que lamenta que el PSOE “vire al proteccionismo como Podemos o la extrema derecha” y dirigentes europeos acusan a Pedro Sánchez de oponerse a la globalización.

Algunos de los economistas españoles más conocidos también se han pronunciado en este sentido y la naturaleza de los “argumentos” que utilizan para defender el CETA son bien significativos.

Daniel Lacalle califica a los críticos del acuerdo como “enemigos del progreso” y se hace un lío defendiendo al mismo tiempo una cosa y la contraria con tal de combatirlos: por un lado, dice que el CETA “es un acuerdo bilateral que tiene de todo menos liberal, está completamente alineado con una vertebración de la economía dirigista” y seis líneas más abajo que el acuerdo CETA“es uno de los mayores éxitos de la Unión Europea, un tratado de libre comercio”. Y, para defenderlo, afirma que supondrá un aumento de las exportaciones de 12.000 millones de euros. Una cifra que nadie sabe de dónde viene pero que es menos de la mitad (26.000 millones) de lo que afirma Cristina Serrano que aumentarán gracias al CETA en otro artículo publicado en el Real Instituto Elcano (La verdad sobre el CETA: ¿en qué consiste realmente el acuerdo económico y comercial entre la UE y Canadá?).

José Carlos Díez también defiende la firma del CETA basándose fundamentalmente en dos grandes argumentos económicos más concretos (¿Por qué debemos apoyar el CETA? Mitos y verdades). Por un lado, porque en su opinión el CETA ayudará a reducir el desempleo y a aumentar los salarios y, por otro, porque aumentará el entorno competitivo y obligará a nuestras empresas a mejorar su eficiencia para no perder cuota de mercado.

También se ha referido al CETA y a sus críticos Juan Ramón Rallo pero, en este caso, no hay mucho que comentar sobre sus argumentos porque, con tal de atacar a quien no piensa como él, cae sencillamente en la caricaturización más grotesca. Por ejemplo, cuando da a entender que solo en el capitalismo se da el comercio y que los críticos del CETA somos “radicalmente anticapitalistas y, por tanto, anticomercio”. ¿Cómo entrar a debatir con alguien que dice semejante estupidez para descalificar a su adversario ideológico?

Pero ¿que hay de riguroso en estas críticas? ¿Es cierto que criticar el CETA y oponerse a que se apruebe es estar contra el libre comercio, que este acuerdo solo tenga ventajas y que la globalización a la que vienen a apoyar este tipo de tratados es buena de por sí y hay que dejar que funcione como viene funcionando?

Dejaré este último asunto de la globalización para un próximo artículo y hoy me centraré en las supuestas ventajas de acuerdos comerciales como el CETA.

Lo primero que hay que saber es que, aunque se denominen así, estos acuerdos no son de libre comercio. Así lo asegura, entre otros muchos reputados economistas, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cuando, refiriéndose al TTIP, decía que su objetivo no era fortalecer el libre comercio sino “administrar las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros (…) en representación de los más poderosos lobbistas de negocios de cada país” (La farsa del acuerdo comercial del Pacífico).

Lo segundo a tener en cuenta es que las estimaciones tan optimistas sobre los efectos del acuerdo en el empleo, el comercio o el crecimiento de las economías no deben tomarse muy en serio. Ya he señalado que las estimaciones que se manejan son muy contradictorias y es bien sabido (como reconoció un medio tan poco sospechoso como The Economist) que los modelos que se utilizan para hacer las estimaciones con las que se defienden estos tratados son muy discutibles y débiles (A weighting game).

En tercer lugar, para analizar los efectos de un acuerdo comercial como el CETA se debe considerar lo que ha ocurrido en el pasado reciente con otros semejantes y con la filosofía que inspira el tipo de globalización que comportan.

En este sentido, un articulo de Binyamin Appelbaum en The New York Times mencionaba algunas evidencias que se han podido constatar en los últimos años y que si se tuvieran en cuenta quizá rebajarían el optimismo de los defensores del CETA (Perils of Globalization When Factories Close and Towns Struggle). Entre ellas señala las siguientes:

- Los efectos positivos de los 17 acuerdos comerciales que ha suscrito Estados Unidos desde el NAFTA han sido siempre menores de los que se proclamaban cuando se iban a firmar.

- La mayor competencia que generan estos acuerdos eleva el desempleo y reduce los salarios.

- Tras estos acuerdos liberalizadores se reducen los ingresos de los trabajadores de menor formación y, en general, el de los grupos de población más pobres.

- Como dice Stiglitz, aunque siempre se argumenta que los ganadores con estos acuerdos compensarán a los perdedores, lo cierto es que eso no se produce nunca.

Finalmente, una amplia investigación sobre el CETA publicada en septiembre del año pasado llega a conclusiones muy diferentes de las que sostienen sus defensores a ultranza (CETA Without Blinders: How Cutting ‘Trade Costs and More’ Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses).

Esta investigación parte de señalar que las estimaciones oficiales sobre el incremento del PIB que generará el acuerdo (0,08% para Europa y 0,76% en Canadá) no son solamente muy moderadas sino, sobre todo, nada realistas pues se basan en modelos muy simples (como señalé antes) y en dos hipótesis inaceptables: que siempre habrá pleno empleo y que el acuerdo no provocará ningún tipo de efecto sobre la distribución.

Por el contrario, al aplicar un modelo que contempla hipótesis más cercanas a la realidad, como el de análisis de política global de las Naciones Unidas, los autores llegan a las siguientes conclusiones sobre el CETA:

– El acuerdo provocará divergencia y desequilibrio porque solo mejorará la balanza exterior de Alemania, Francia e Italia y perjudicará a las demás economías europeas.

– El CETA incrementará el peso de las rentas del capital en la renta nacional y disminuirá el de los salarios en Europa y en Canadá.

– El CETA reducirá los salarios medios: un promedio de 1.776 euros en Canadá en 2023 y entre 316 y 1.331 euros en Europa.

– El CETA disminuirá los ingresos de los Estados y, por tanto, aumentará los déficits públicos.

– El CETA destruirá 230.000 empleos en Canadá, 200.000 en Europa y 80.000 en el resto del mundo.

– Como consecuencia de que el CETA debilitará la demanda y creará empleo provocará una pérdida del 0,96% en el ingreso nacional de Canadá y del 0,49% en la Unión Europea.

La investigación concluye señalando que el CETA “no solo conducirá a pérdidas económicas, sino también al aumento del desempleo y la desigualdad, con implicaciones negativas para la cohesión social” y sus autores señalan finalmente el peligro letal que conllevan las políticas que inspiran el CETA: “En el contexto actual de alto desempleo y bajo crecimiento, mejorar la competitividad mediante la reducción del costo de la mano de obra sólo puede dañar la economía. Si los responsables de la adopción de políticas adoptaran el CETA y siguieran este camino, pronto tendrían una única opción para reactivar la demanda ante las crecientes tensiones sociales: aumentar los préstamos privados, posiblemente mediante una nueva desregulación financiera, abriendo la puerta a una deuda insostenible y inestabilidad financiera”.

Es evidente, pues, que detrás de la crítica al CETA hay algo más que “trapicheo político” (Rallo) o “deriva populista” (Lacalle). Hay análisis económicos muy potentes y realizados por economistas de gran prestigio y  en instituciones bien reconocidas, y también (aunque no lo he tratado en este artículo) una gran preocupación por la democracia, al comprobar que este tipo de tratados la debilitan pues atan las manos de los poderes públicos representativos antes las multinacionales.

Por supuesto, es en todo caso legítimo defender el CETA, pero es una miserable impostura intelectual hacer creer que quienes lo critican son cuatro populistas sin razones, ni fundamento, enemigos del progreso ¡o incluso del comercio!, como dice Rallo. Hay muchas razones económicas para estar en contra del CETA y son de mucho peso.

____

Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “¿Es bueno o malo para la economía que haya sindicatos fuertes?”

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) habla del tratado de libre comercio con Canadá (CETA) con la intensidad de quien lleva tres años estudiando sobre un tema y, por fin, puede explayarse. El diputado de Unidos Podemos-En Comú-En Marea fue el primer asistente de su jefe de filas, Pablo Iglesias, en el Parlamento Europeo tras la irrupción de Podemos en 2014. Y uno de los principales temas que se encontraron en Bruselas fue precisamente la negociación de los llamados “tratados de segunda generación”, que incluyen al CETA, el TTIP o el TISA.

Bustinduy defendió en el Pleno del Congreso el recurso previo de constitucionalidad sobre el CETA, que fue rechazado con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Un mes después, celebra el “insuficiente” giro de Pedro Sánchez pero defiende que llega tarde, aunque a tiempo. El portavoz de Exteriores del grupo confederal explica en esta entrevista la posición contraria al CETA: “Modifican sustancialmente el orden constitucional de los Estados”.

El PSOE ha anunciado un cambio de postura ante la ratificación del tratado de libre comercio con Canadá. ¿Se esperaban este giro de Pedro Sánchez tan pronto y en una cuestión de tanto consenso en un amplio espectro político europeo?

El cambio de posición ha sido rápido desde la elección de Sánchez, es una de las primeras materias en las que se explicita una nueva postura. Pero yo lo pondría entre muchas comillas. Llega tarde respecto al proceso de ratificación. Hemos perdido una ocasión muy buena de parar el CETA y de pedir que el Tribunal Constitucional se posicionara. Pero es que el CETA, como el TTIP, ha sido objeto de debate ideológico y político profundo en la familia socialdemócrata europea desde hace más de tres años. La campaña contra el TTIP y el CETA no surge ahora, no es una ocurrencia, llevan tres años trabajando las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos, los productores, etcétera. Y desde que llevamos la primera PNL han pasado muchos meses también. El debate viene de antiguo e incluso dividió al propio grupo parlamentario socialdemócrata en Europa y en España en varios parlamentos autonómicos.

Usted estuvo en el Parlamento Europeo durante un año y medio con Pablo Iglesias. Los socialistas franceses y belgas votaron en contra. ¿En qué términos se debatía en 2014 y 2015 el CETA?

La del CETA es una de esas batallas titánicas y quijotescas superdifíciles de traducir a la esfera pública. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha sido la escena de una batalla ideológica y política de primer orden desde 2014. Allí nuestra europarlamentaria Lola Sánchez ha hecho un trabajo titánico para poder sacar esa información, con habitaciones secretas a las que se accedía si firmabas una declaración en la que se pedía a un representante electo que no contara lo que había leído. Los lobbies manejaban la agenda e inyectaban dinero en las campañas, con la industria farmacéutica y la agroalimentaria a la cabeza. Son cosas que se ven en las series de televisión, cuando se cuenta la política del Senado de EEUU.

Nosotros asumimos una prioridad política, que no pasaba por parar el tratado, porque solo teníamos cinco eurodiputados, que era sacarlo a la luz pública. Que se supiera que se estaban negociando tratados que son un expolio sistemático de soberanía popular y que van a amenazar los derechos de las generaciones venideras sin que se supiera, manteniéndolo en secreto.

Pablo Iglesias ha calificado de "insuficiente" el paso del PSOE y va a pedir a Pedro Sánchez que vote 'no'. Numéricamente no cambiaría nada gracias al apoyo del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, etcétera. ¿Por qué quieren que el PSOE vote 'no'? 

El CETA va a ser ratificado la semana que viene en el congreso. Pero ahí no se acaba el proceso. Ahí tiene que pasar al Senado, donde volveremos a pedir el control previo de constitucionalidad. Hay varias vías interpuestas porque falta un informe del CGPJ preceptivo según la ley. Vamos a llevar recursos al Constitucional. Y el CETA, además de en España, se tiene que ratificar en otros 26 países, 27 con Reino Unido, y en algunos de ellos hay debates y serias dudas. Que el PSOE emitiera una posición clara, que dijera que 'no', enviaría un mensaje político poderoso a nivel europeo, tanto a la socialdemocracia como a la sociedad.

Y en España, ya parecía difícil que el PSOE cambiara de postura y lo hemos conseguido. A pesar de que el PNV es muy firme en su apoyo, el PDeCAT se ha llegado a abstener en el Parlament. El hecho de que aumentara el frente del 'no' haría que aumentara la presión sobre otras fuerzas políticas. Sobre todo las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, que se supone que su razón de ser es la defensa de la soberanía de su pueblo pero que están dispuestos a entregársela a poderes no elegidos, a las grandes multinacionales, a generar tribunales especiales para las grandes empresas, a restar atribuciones a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas y a modificar sustantivamente el orden constitucional. Tendrían que explicarse, lo que no es poco.

Sería la tercera abstención del PSOE: investidura, moción y censura.

Claro, se está generando un nuevo tipo político porque es una abstención determinante, que permite que pasen cosas. No es la abstención de quien no se quiere posicionar o quien tiene un conflicto interno. Es la abstención como manera de permitir que pasen cosas. Estaría bien que dieran un paso adelante pero a mí me importan mucho más los efectos que las posturas. Yo quiero parar el CETA porque es nocivo. Y para eso hace falta que se mojen.

¿Por qué es tan nocivo el CETA? ¿Por qué España no debería ratificarlo?

Un Tribunal Constitucional europeo dijo que el CETA tiene personalidad constitucional, que no era un tratado de libre comercio, que normalmente se centran en la eliminación de aranceles para favorecer los intercambios. Estos tratados de nueva generación, el TTIP, el CETA o el TISA, van mucho más allá porque modifican sustancialmente el orden constitucional de los Estados.

El CETA tiene muchísimos problemas en muchos ámbitos, pero sobre todo en dos. El primero es que crea una jurisdicción propia para empresas multinacionales separada de nuestros tribunales y de los tribunales internacionales. Se crea un ordenamiento jurídico paralelo especial al que no tienen acceso los ciudadanos. Rompe principios jurisdiccionales como la unidad de jurisdicción o que la Justicia sea gratis e igual para todos.

Pero este tipo de tribunales ya existe. El del Banco Mundial ha fallado a favor de quienes invirtieron mucho dinero en las renovables en España y lo perdieron mientras la justicia ordinaria no se termina de pronunciar. ¿Es una oposición a ese tipo de tribunales 'per se'?

Hay más de 700 demandas en curso en tribunales de arbitraje contra Estados. Y España fue el país más demandado en 2015 en gran medida por el escándalo de las renovables pero no solo. No es una cuestión de posicionarse a favor o en contra del comercio internacional, sino de cuál es el marco normativo que va a regir el comercio.

Lo que hacen con el CETA es coger ese sistema de arbitraje que ya existe y formalizarlo. El CETA es el bautismo digamos jurídico de estas jurisdicciones especiales en las que se le reconoce a los grandes inversores la capacidad de litigar con Estados por cuestiones como subir el salario mínimo, hacer una reforma tributaria o aprobar legislación medioambiental más restrictiva. Y las multinacionales pueden demandar a esos Estados por lo que llaman “obstáculos no arancelarios”, que es un eufemismo extraordinario, que rebaja sus expectativas de beneficios. Esto cuestiona el principio de autogobierno, que un pueblo democráticamente se dote de un Gobierno para definir su salario mínimo o la legislación medioambiental. Estamos generando un mundo no de ciudadanos, sino de consumidores gobernados por empresas.

Pero en el caso del CETA son jueces los que integran el tribunal.

Los han llamado jueces. El CETA en principio preveía estos paneles de arbitraje donde además hay unas puertas giratorias tremendas donde el árbitro de un gran caso pasa a ser fichado por la multinacional. Ahora lo llaman tribunal, pero en la práctica es un tribunal especial para empresas multinacionales y donde los Estados van a ir a defenderse de tiburones que cuestan millones. Es un submundo que un ciudadano no puede imaginar. Atacan, socavan y minan la soberanía de los Estados a través de la generación de estos ámbitos a los que llevan el principio de la especulación.

Hablaba de derechos sociales, laborales y medioambientales. ¿Qué repercusiones puede tener el CETA?

Este es el segundo aspecto que decía. Se crean organismos de cooperación reguladora o cooperación normativa que están compuestos por cargos no electos cuya tarea es la armonización reguladora para generar un proceso de convergencia de las normas en distintos ámbitos como fitosanitario, agrícola o sanitario, entre países que tienen normativas diferentes.

¿Canadá es un país con el que no queremos igualarnos?

Bueno, depende. Canadá es un país con aspectos envidiables y con una política de integración y de multiculturalidad única. Al mismo tiempo también tiene algunas de las grandes multinacionales en el sector de la minería que han actuado de manera más salvaje y de un coste medioambiental enorme. La regulación en materia alimentaria o de investigación es distinta. Es normal, porque los países tienen tradiciones y culturas normativas diferentes. La idea de generar procesos de armonización a mejor y que se priorizaran los derechos medioambientales, sociales y de las mujeres no tendría que ser malo. El problema es que la manera en la que se procede es generar unos espacios no elegidos que van a tener capacidad normativa para modificar o limitar las decisiones que tomen los representantes públicos elegidos en comunidades autónomas o ayuntamientos.

Es un ataque en toda regla al principio democrático. También con Maastricht decían que el resultado iba a ser que la gran industria de Francia y Alemania se iba a repartir por toda Europa y se iban a equiparar las rentas y los niveles de desarrollo y prosperidad. Y había estudios como con el CETA, que dicen que va a crear millones de puestos de trabajo. Son los mismos informes pagados por las patronales y son mentira.

En el PSOE hay voces que critican la decisión de Pedro Sánchez y diferencian entre la negociación y ratificación del TTIP, el acuerdo con EEUU, de este con Canadá. ¿Son tan distintos?

Hay un giro estupendo ahora porque el TTIP no sale. [Pierre] Moscovici [comisario económico de la Comisión Europea] dijo que no le gustaba el TTIP pero el CETA sí. Venga, hombre. Son los mismos. A veces la política es muy fácil y es ver quién defiende qué. Quién está contra el CETA y estaba contra el TTIP: asociaciones de jueces, de productores, mujeres, medioambientales, los grandes sindicatos incluidos CCOO y la UGT, 2.300 entes municipales en toda Europa, etcétera. ¿Quién lo defiende? Partidos políticos de derechas y liberales, las patronales y los agentes económicos con intereses en el comercio.

Es verdad que tienen cosas diferentes el TTIP y el CETA pero se parecen. El CETA se usa como puerta de atrás por si falla el TTIP porque muchas de las grandes empresas de EEUU tienen filiales en Canadá y las pueden utilizar.

Tras la crisis financiera todo el mundo está en fase de reordenación, los mercados de materias primas, los equilibrios geopolíticos, China está asumiendo un papel distinto, etcétera. Los tratados internacionales de nueva generación están intentando reordenar en una clave de expolio de la soberanía popular esta situación de incertidumbre. Quieren generar un nuevo orden dominado por los intereses de las multinacionales que se haga irreversible.

Cuando el TTIP hizo mutis por el foro, el CETA ocupó la escena. Entre tratados anda el juego. Así, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la UE toma el relevo como “hermano menor” –comparten los mismos genes neoliberales– del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, una vez que este fue sacado del terreno de juego por el manager Trump, en consonancia con la que es su “estrategia” nacional-capitalista –de ninguna manera alternativa a la globalización en curso–.

El protagonismo ganado por el CETA, que no era el previsto, toda vez que el guión le otorgaba un papel secundario, y en cierto modo parasitario del desplazado TTIP, revela a la vez que su recorrido a este lado del Atlántico no ha sido muy diferente de lo que era la trayectoria del tratado que se preparaba con EEUU. Todo ha sido aprovechar las posibilidades de ocultación de las negociaciones llevadas a cabo tras las bambalinas para que el secretismo permitiera ir trenzando un acuerdo de cientos de páginas hasta depositarlas, con la misma opacidad que han acompañado a su redacción, ante los diputados y diputadas del Parlamento Europeo. Todos los ardides acumulados en su elaboración no impidieron que el debate en el Europarlamento fuera vivo, arrojando un resultado de 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. Fue significativo cómo se dividió el voto en el grupo socialista de la Eurocámara: 90 votos a favor –entre ellos, en ese momento, todos los de los socialistas españoles– y 80 sumando abstenciones y los más de sesenta en contra, como fue el caso de socialistas franceses, belgas, austríacos, polacos y parte de los eurodiputados socialdemócratas alemanes, italianos o de los laboristas británicos.

En el Paramento Europeo así quedaron las cosas a la espera de la ratificación del CETA por los parlamentos nacionales y de la resolución sobre el mismo que pueda dar el Tribunal de Justicia de la UE. Y por lo que pueda pasar en el Parlamento español, el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se deja venir por España con una tarea: evitar que el PSOE se posicione en contra del CETA, enalteciendo no solo las supuestas virtudes del Tratado, sino declarando con vehemencia que ser de izquierdas no es estar contra la globalización –todo un enunciado cargado de mensajes falaces por cuanto se soslaya cómo es la globalización realmente existente y se oculta que apoyar sin más esa globalización, tal como se promueve en el CETA según nos llega, es de derechas–.

Moscovici, que viene del Partido Socialista Francés, pasa por alto los posicionamientos en contra del CETA en el seno del eurogrupo socialista, soslayando que las razones para ello son fuertes, hasta el punto de dar pie a una división muy notoria. Destaca en cuanto a la exposición de dichas razones la enfática presentación de las mismas por parte de Paul Magnette, líder del Partido Socialista que, en Bélgica, logró frenar el CETA en el parlamento de Valonia. Los motivos fueron expuestos clara y meridianamente y así han de ser recogidos, sin pretender confundirlos torticeramente con los que se aducen desde posiciones ultranacionalistas que por la derecha también se oponen al CETA.

Cuando en España el PSOE reformula su posición respecto al CETA se hace eco de los argumentos que se han formulado contra dicho Tratado cuestionando aspectos sustanciales del mismo, como se ha hecho desde la izquierda y por parte de muchas voces de la ciudadanía y así como de numerosas organizaciones de la sociedad civil. Por ello, en la resolución aprobada en el recientemente celebrado XXXIX Congreso Federal del PSOE queda recogido como planteamiento del partido una declaración de este tenor: “Un comercio y una inversión al servicio de un empleo decente y sostenible. Tras el fracaso del TTIP entre Europa y EEUU, Europa debe plantear una alternativa tanto al neoliberalismo como al proteccionismo. Los mega-acuerdos comerciales deben insertarse en una estrategia económica pan-europea más amplia, de desarrollo sostenible, política económica expansiva, apoyo público a la I+D+i por encima del 3% del PIB europeo, y siempre en una clave más social: nuevos empleos de calidad y redes de protección y reciclaje para los sectores perdedores. Ello exige una vigilancia especial del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales en todo tratado comercial futuro”.

A la vista de tales palabras, que implican una reflexión colectiva absolutamente pertinente, a nadie debería sorprender –y menos a la secretaria general del PSOE–A y presidenta de la Junta de Andalucía–, que el PSOE actúe de forma consecuente modificando la posición anteriormente defendida tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. Las razones para que el PSOE cambie su actitud y su discurso ante el CETA no son, pues, nada baladíes.

Todo lo contrario, como ha dejado bien claro Cristina Narbona en recientes intervenciones en medios de comunicación. La nueva presidenta del Partido Socialista, con la claridad discursiva y la contundencia argumentativa que le caracterizan, ha desgranado las fuertes objeciones que justifican que no se apoye el CETA. Para vencer las graves reservas frente al mismo no son suficientes las mejoras introducidas en determinados aspectos ciertamente importantes, como los relativos a los mecanismos de arbitraje en los conflictos que se presenten entre los intereses de grandes empresas transnacionales y los que los Estados puedan defender en aras de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

Por más que se hayan introducido ciertas pautas más presentables a la hora de designar jueces para esos procedimientos de arbitraje, no dejan de estar ubicados en agencias cuyas resoluciones se superpondrían a la legislación de los Estados. A tal escollo jurídico, contra el que pueden estrellarse derechos de los ciudadanos como consumidores o relativos a la protección de la salud, derechos laborales de los trabajadores o derechos medioambientales, no cabe responder con una supuestamente bienintencionada alusión a los miles de millones de crecimiento del PIB que acarreará como beneficio el comercio con Canadá impulsado gracias al CETA –¿a costa de qué, distribuido cómo, en una Europa muy desigual y no ajena a relaciones coloniales en su seno entre metrópolis y periferia?–.

Narbona no ha dejado de subrayar lo que la misma Comisión de Empleo del Europarlamento puso de relieve: la vía libre al CETA, tal como está, puede suponer vía libre para la pérdida de 200.000 empleos en la UE. Igualmente acierta al llamar la atención sobre la reducida atención que se presta a productos con denominación de origen, limitada a una selección de lo más restrictiva, perjudicial para muy señalados sectores productivos españoles, por ejemplo. Y tras insistir en las características de un tratado que cuida mucho más no sólo los intereses de las empresas que los derechos de los individuos, sino que además protege más los intereses de los inversores extranjeros que las inversiones del capital autóctono, todo es acumular argumentos que hilvanan premisas para una conclusión, la cual literalmente dice así: “sería deseable que no se volvieran a plantear tratados internacionales de esta naturaleza”.

Una conclusión como la citada no admite que la respuesta al CETA se quede en la ambigüedad, en las medias tintas o en los paños calientes. Y ello reconociendo que en el tratado en cuestión hay medidas positivas. No todo es negativo, por ello cuando se critica no es en virtud de ningún ataque de “cetafobia”. Se critica para que la regulación del comercio internacional en el mercado global en el que nos movemos sea justa y sin trampas. Y eso hay que decirlo reconociendo a la vez que Canadá no es EEUU –aunque el CETA suponga hoy por hoy un camino expedito para que empresas estadounidenses asentadas en su vecino del norte entre por vía canadiense en Europa– y felicitándonos por la distancia entre Justin Trudeau y Donald Trump, a favor del primero, obviamente.

Pero no olvidemos que el capital, desde cualquier lugar y en cualquier latitud, pone en juego transnacionalmente toda la inteligencia económica a su favor y que nosotros estamos obligados a, por lo menos, equilibrar eso poniendo en juego toda nuestra inteligencia política a favor de los derechos de los individuos y de los pueblos. Ante un CETA que requiere mejoras sustanciales, razones de justicia obligan aquí y ahora a votar “no”. La abstención en relación a ello, con lo que podría suponer de distanciamiento respecto a posiciones neoliberales, no dejaría de ser una estación intermedia que al socialismo español le dejaría en un lugar inhabitable.

Ni una semana de vida ha cumplido el PSOE de Pedro Sánchez, pero la interrogante de cómo va a convivir con el PSOE de Susana Díaz está ya planteada. La dudas son muchas y los pronósticos, pesimistas. El cambio de posición de la dirección federal respecto al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), pasando del sí a la abstención, ha sido el primer desencuentro público, porque en privado el desdén hacia el secretario general por parte de los socialistas andaluces se mantiene intacto. Cierto es que ya no de todos y que los que piden pasar página tras muchos meses de enfrentamiento van sumando aunque evitan hacerse oír. “El sentido común es menos épico, pero hemos terminado una etapa y ahora o respetamos el resultado del congreso o nos suicidamos elegantemente”, asegura un dirigente andaluz susanista.

Díaz compareció este viernes en una conferencia de prensa con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, tras mantener una reunión de dos horas en Sevilla para abordar asuntos de Andalucía. La cita estaba prevista desde noviembre pasado. Moscovici había escuchado la víspera de boca del secretario general el rechazo, vía abstención, al tratado. La primera, la segunda y la tercera pregunta a la presidenta de la Junta era obligada. Y en la primera, la segunda y la tercera respuesta Díaz dejó dicho que no le quedaba más remedio que respetar la decisión de la ejecutiva federal, de la que se enteró por los medios de comunicación, y que la aprobación del acuerdo comercial con Canadá no estaba en riesgo. Es decir, que la postura del PSOE era irrelevante.

La socialista andaluza no optó por el tono neutral y seco de su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, quien apenas unos minutos antes aseguró que el cambio de posición respecto al CETA “corresponde al secretario general y a la ejecutiva federal”.

A ella no le quedó más remedio que dejar patente su desavenencia con Sánchez, como tantas veces había hecho en los últimos dos años, como si no hubiera habido unas primarias con un claro ganador. “Sigue dando patadas a las espinillas y se equivoca con esta decisión. Pretende buscar la diferencia y lo que consigue es dejar cada vez en más evidencia su derrota”, aseguran desde la ejecutiva federal.

La consigna que la propia Díaz ha lanzado y que en cierta manera ha incumplido ella misma a la primera de cambio es evitar la controversia con Pedro Sánchez, esquivar la confrontación y enmarcar las discrepancias futuras en “la defensa de Andalucía”. Pero ahora mismo no hay interlocutores en uno y otro PSOE que estén en esa labor. La ejecutiva federal acaba de empezar a andar y el congreso regional, que ganará Díaz, aunque no se sabe si con el apoyo abrumador de hace cuatro años (98% de apoyos) y si será tranquilo, se celebrará a finales de julio.

La desconfianza entre los de Sánchez y Díaz es total y no se vislumbra a algún ingeniero o arquitecto para actuar en un solar lleno de escombros. Desde el equipo de Díaz se lanza la advertencia de que el Gobierno socialista andaluz no va a cambiar “cada 24 horas de posición porque lo diga la ejecutiva federal” y avisan de que el PSOE andaluz no actuará como si fuera otro partido, tipo PSC, pero tal vez sí “caminar en paralelo” al PSOE de Sánchez.

La misión de buscar puntos en común, toda vez que los referentes clásicos e históricos están en fuera de juego, la llevan normalmente los secretarios de Organización, pero hasta que todo el mundo ocupe su sitio y se acepte la realidad el cortocircuito permanecerá. Muchos confían también en la capacidad camaleónica de los diputados para adaptarse a los nuevos tiempos y ensayar la diplomacia, pero a simple vista el cambio de color no se detecta todavía.

Pedro Sánchez impulsó personalmente la defensa por el PSOE de acuerdos comerciales como el CETA o el TTIP en su primera etapa al frente del partido. El líder socialista ha cambiado ahora radicalmente de postura, tras años dedicado a promocionar este tipo de entendimientos. Los apoyos del PSOE al CETA y al TTIP se decidieron bajo el primer mandato de Sánchez como secretario general y tras un detallado debate en la Ejecutiva que él presidía.

La postura de voto de los socialistas ante el debate europeo sobre el acuerdo de comercio con Canadá (CETA) se decidió entonces, pero tuvo que esperar a que la región belga de Valonia levantara el veto inicial al acuerdo. Superado ese obstáculo, el 15 de febrero de 2017 los socialistas españoles votaron de forma unánime a favor del acuerdo. Para entonces, Sánchez ya había sido apartado del liderazgo.

En la primera época de Sánchez al frente del PSOE se elaboraron multitud de argumentarios internos dedicados a defender la bondad de unos pactos que ahora se cuestionan. El líder socialista respaldaba incluso el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) con Estados Unidos, que se considera mucho más lesivo que el que ahora se busca con Canadá.

En mayo de 2016, la Ejecutiva de Sánchez repartió entre sus cargos un argumentario interno en el que se realizaban afirmaciones como las siguientes: “El TTIP es un proyecto de enorme trascendencia económica”, “un buen TTIP podría ser referencia para fijar estándares en otros acuerdos comerciales en el mundo”, “las posturas que dicen no a cualquier TTIP se inscriben en una ideología de proteccionismo y antiamericanismo que no es compartida por un partido socialdemócrata como el PSOE”.  

eldiario.es ha tenido acceso a ese documento interno en que el PSOE de Sánchez defendía la oportunidad del TTIP, como después haría con el CETA. Ese texto contiene un capítulo titulado “Podemos e IU ante el comercio internacional” en el que los socialistas acusan a las formaciones de Iglesias y Garzón de apoyar acuerdos con China mientras los niegan con EEUU: “IU y Podemos quieren poner trabas a EEUU, que es un país con estándares laborales y medioambientales relativamente altos, pero se muestran favorables a dar facilidades a China, que es un país con normas mucho más laxas”.

Argumentario socialista a favor del CETA  

La cuestión de los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países ocupó sobremanera a los encargados de redactar argumentarios en el PSOE, que también se emplearon en la defensa del acuerdo con Canadá.

Los socialistas usaron para la negociación del CETA su experiencia previa en el frustrado pacto de comercio con norteamérica. El bloqueo impuesto por la región belga de Valonia propició que el trabajo que el PSOE inició a las órdenes de Sánchez se culminase cuando la gestora controlada por Susana Díaz ya había tomado las riendas de Ferraz. 

El mismo día de la votación en Europa, la delegación española del grupo socialdemócrata europeo difundió entre sus cargos otro argumentario. En él se calificaba al CETA como “un buen acuerdo, moderno y progresista que tiene en cuenta las preocupaciones de los socialistas europeos y reúne las condiciones para ser respaldado”. No era el primero que el PSOE había redactado en los mismo términos, tal y como aseguran fuentes del grupo socialista en Europa. 

En ese documento interno la delegación del PSOE en Bruselas aseguraba que “el acuerdo preserva inequívocamente los estándares de la Unión Europea en protección social, laboral, medioambiental y de derechos de los consumidores”, “beneficia a las grandes empresas” e “implantará un sistema de tribunales de inversiones público, similar al Tribunal de Justicia de la UE”. 

La tesis doctoral de Pedro Sánchez

El apoyo de Pedro Sánchez con el mundo del comercio internacional viene de lejos. Su tesis doctoral se centraba precisamente en esa materia y calificaba este tipo de acuerdos como una de las principales herramientas de “diplomacia económica”.

Según el texto escrito por el propio Sánchez para obtener el grado de doctor universitario, “desde sus orígenes, Europa situó el comercio internacional en el corazón del proyecto comunitario”: “La diplomacia económica de la Unión Europea promueve el comercio a través de la liberalización de mercados y la supresión de barreras que impidan el comercio y la inversión internacional”.  

El trabajo universitario del líder socialista acabó convertido en un libro cuyo prólogo corrió a cargo del exministro Miguel Sebastián. El exministro ha sido este viernes una de las voces más críticas hacia el cambio de postura de Sánchez sobre el CETA. En declaraciones a La Sexta, Sebastián ha asegurado que la nueva postura del PSOE “deja mal la imagen de España y también al PSOE”. Los críticos al cambio de postura de Sánchez recuerdan que el primer país en ratificar el CETA en su parlamento ha sido Portugal, país que el renacido líder socialista presenta como ejemplo de Gobierno.  

Hay días en los que la calculadora da la suma exacta y la última pieza encaja en el puzle. La reacción al tenue cambio de postura del PSOE de Pedro Sánchez respecto al CETA (Tratado de Libre comercio de la UE con Canadá) termina de demostrar quién manda aquí. Una piña a favor del poder no elegido en las urnas, del poder financiero y aledaños, que mueve todas las teclas sin permitir ni una nota suelta.

Las razones invocadas por el PSOE no dejan lugar a dudas: “CETA penaliza a los estados miembros que adopten decisiones que perjudiquen a los inversores”, CETA no garantiza “el equilibrio entre la protección jurídica de los inversiones y el interés general de los derechos sociales, laborales y medioambientales”. En definitiva: CETA no es la gloria de la globalización como lo presentan sus defensores, sino un paso más –y decisivo– en dar prioridad a las empresas sobre el Estado y, en consecuencia, los ciudadanos.

La postura del PSOE es testimonial, no alterará el resultado. El CETA será aprobado en el Parlamento español, como ya lo fue en el europeo. La pregunta que toda persona responsable debería hacerse es por qué sabiendo lo que saben y pensando como piensan van a limitarse a la abstención. Seguramente, porque son conscientes de quién manda aquí y lo difícil que resulta darle a esa tecla sin que las furias del sistema caigan encima. Personas menos condescendientes afirman que siguen en el papel que ha caracterizado las últimas etapas de la socialdemocracia: denunciar y consentir.

Tiene un punto de utilidad nada desdeñable, sin embargo. El cambio de postura del PSOE ha servido para que personas que no se plantearon jamás una duda sobre lo que manda el poder reparen en que existe el CETA y les interese saber más. Y no es poco cuando nos movemos entre semejantes ataduras.

Ese cambio testimonial ha desatado una notable ofensiva, y es trasfondo crucial a tener en cuenta. Se ha venido a España el comisario europeo Moscovici a hacer “reflexionar” al PSOE. A invitarle a que se sume a “los que sí están concienciados con la globalización” y el Libre Comercio. El uso y abuso de las personas, la obtención del lucro por encima de los derechos, la precarización del trabajo, el levantamiento de muros y fronteras, es lo estos llaman Globalización y Libre Mercado.

Moscovici, socialista francés, dice que él no hubiera votado el TTIP pero al CETA sí, cosa que no hizo el socialismo francés en el Parlamento Europeo. Da igual, Canadá, con su Trudeau tan aseado es un buen anzuelo. Al TTIP nos lo vendieron igual, exactamente igual, y con Tratados sellados se puede terminar a los pies de los caballos de un Trump o de quien sea. Ni siquiera eso, se vive a diario bajo el mandato de los intereses comerciales sin trabas.

La piña ha hecho horas extraordinarias estos días para defender el fuerte. Saltaron PP, Ciudadanos y miembros del PSOE con objetivos muy nítidos. De Guindos cree que Sánchez va contra “el sistema que triunfa en todo el mundo”, el mundo que aumenta las desigualdades sociales. Rajoy dice que el PSOE va a “hacer el ridículo” porque el presidente del partido enfangado tiene muy claro que “hacen el ridículo” quienes no siguen los mandatos del poder. Y por eso están en ese lado todo el PP, Rivera y Elena Valenciano.

Y, por supuesto, se han desplegado los periodistas por noticiarios, tertulias, titulares, editoriales, tuits y cuanto tienen a mano. Los defensores del CETA relatan sus maravillas, los aranceles que se suprimen, lo que va a aumentar el mercado de bienes de consumo. Entonces, se dicen ellos mismos en sus resúmenes, ¿por qué hay gente que se opone a algo tan estupendo? Es que no quedan garantizados los derechos de los ciudadanos. Nada es perfecto. Y, ya se sabe, que querer garantizar los derechos es peligrosamente izquierdista.

A mí me resulta llamativo el “dicen” de supuesta objetividad cuando apuntan la postura contraria (al poder). Verán, han tenido años para saber qué es el CETA y el TTIP, informes, iniciativas populares europeas. Su obligación como periodistas es saber y contar si lo que “dicen” es verdad o no. Y esto sirve para todas las cuestiones que nos afectan como sociedad. Son muchas, cada día asistimos a nuestros atropellos. Echen un vistazo a la lista de morosos, a la nueva y tercera lista de morosos: pone los pelos de punta. En el fondo, lo viciado es la raíz.

No dejo de preguntarme cómo se puede dar como noticia lo que no lo es. Cómo se hurtan datos fundamentales que afectan al futuro de muchas personas, de los hijos de quienes las ocultan o manipulan. La respuesta de moda es: “El miedo, el hambre y la hipoteca son libres”. Discutible frase, de entrada. Quede claro al menos que no es libre dañar el presente y el porvenir de toda una ciudadanía.

¿Han visto la reacción de los trabajadores de RTVE a la llegada del Consejo de Informativos con una televisión pública bajo el brazo que deja de ser de partido, del PP, de los intereses espurios del PP? Un estallido de alivio, como si hubieran sido liberados de un campo de concentración. En cierto modo es una metáfora del momento que vivimos. Dentro, con algunas espitas de alivio. De momento.

Los grandes intereses de la economía sometidos a la política, con la justicia como departamento comercial de la empresa. Eso es CETA, por mucho que lo adornen. Una concepción del mundo bajo esos parámetros remite, en efecto, a una globalización: la de la codicia y la injusticia.

El acuerdo de libre comercio con Canadá se aprobó el pasado febrero en el Parlamento Europeo pero vuelve a estar de moda en España ya que el PSOE medita no arrojar su apoyo en el Congreso para la ratificación del tratado. Lo que se aprobó en febrero no ha cambiado, y lo que ha cambiado son las posiciones del PSOE cuyos eurodiputados apoyaron y defendieron unánimemente el acuerdo en Bruselas. Te recordamos las principales claves del tratado.

¿Qué es el CETA?

El CETA es el Acuerdo Económico y de Comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, un tratado de libre comercio destinado a facilitar los intercambios económicos entre las potencias a uno y otro lado del Atlántico. Las siglas con que se le conoce responden a su nombre en inglés: Comprehensive Economic and Trade Agreement.

¿Quién lo ha negociado?

La Comisión Europea y el gobierno de Canadá. Los comisarios de Comercio, primero Karel de Gutch y desde 2014 Cecilia Malmstrom, han sido los encargados de negociar en nombre de los veintiocho países de la Unión, que han cedido sus competencias en materia comercial al Ejecutivo comunitario. Steve Verheul ha sido el negociador jefe de Canadá hasta agosto, cuando el primer ministro lo sustituyó por Pierre Pettigrew.

¿Qué regula?

El CETA contiene centenares de medidas acordadas entre la UE y Canadá para eliminar las barreras al comercio entre ambos y fija las normas que regirán los futuros intercambios: sus modalidades, límites y garantías. En total 1600 páginas y 13 capítulos en los que se regula el acceso a los mercados de bienes y servicios, las tarifas aduaneras, la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos o el reconocimiento de los títulos profesionales.

También se establecen los estándares de protección alimenticia, sanitaria o medioambiental a respetar y se ha incluido un capítulo sobre desarrollo sostenible. Uno de las partes más extensas y polémicas es la que recoge las garantías para la protección de los inversores a uno y otro lado del Atlántico.

La UE lo considera el acuerdo de comercio “más progresista” de los 36 que ha firmado hasta ahora.

¿Beneficiará el CETA a los europeos?

Depende de a quién se le pregunte. Para la Comisión Europea todo son ventajas.

Según Malmstrom, el CETA “ayudará a generar el crecimiento económico y empleo que tanto se necesitan manteniendo los altos estándares europeos en áreas como seguridad alimentaria, protección del medio ambiente o derechos laborales”. La CE asegura que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones a Canadá en 12.000 millones de euros al año y calcula que cada mil millones de estas ventas sostienen 14.000 puestos de trabajo.

De acuerdo con sus estimaciones los exportadores europeos se ahorrarán 500 millones de euros al año por la eliminación de casi todas las tarifas aduaneras, sobre todo en el sector de la industria, que representa el 90 % del comercio entre la UE y Canadá, pero también de agricultura y pesca, entre otros. Las pequeñas empresas tendrán más fácil vender sus productos en el mercado canadiense por el reconocimiento mutuo de ciertos niveles de calidad y 147 denominaciones de origen.

Además los europeos podrán participar en los concursos públicos canadienses, que suponen 30.000 millones de euros al año, y tendrán mayor acceso a su mercado de servicios, lo que les generará 5.800 millones extra en beneficios cada año. Canadá es ya el cuarto inversor directo en la Unión Europea y Bruselas espera que las garantías que ofrece el acuerdo sirvan para hacer de ella un destino aún más atractivo.

Pero quienes se oponen al CETA manejan otros cálculos.

¿Hay inconvenientes?

Para sus detractores es casi lo único que traerá: dudan de sus bondades económicas y denuncian que tiene un coste democrático inaceptable.

Según el Consejo de los Canadienses, la mayor organización de acción social de Canadá, el CETA provocará una caída del 0,5 % del Producto Interior Bruto de la UE y del 1 % del PIB de Canadá. Conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios. De acuerdo con las proyecciones del Centro Austriaco de Investigación para el Desarrollo los beneficios para cada europeo serían de 20 euros al año.

Más allá de las cifras, que oscilan según los informes, las ONG y partidos políticos que rechazan el acuerdo miran a sus aspectos cualitativos. “El CETA busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos” dice Tom Kucharz, portavoz del movimiento ‘No al TTIP’, que agrupa en España a quienes se oponen a estos tratados.

Estas creen que el acuerdo beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, mina los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de los servicios públicos.

¿Cuáles son los puntos más conflictivos?

El ICS y la protección a los inversores. El Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés) es un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.

La CE estableció este sistema para sustituir al ISDS previsto en un principio tras las críticas de ONG y eurodiputados. Mientras en el ISDS los miembros de estos tribunales eran elegidos por el demandante y el estado, en el ICS los escogerán la UE y Canadá, estarán sometidos a un código de conducta más estricto y habrá un segundo tribunal de apelación.

Para Bruselas los cambios refuerzan las garantías de un sistema que consideran imprescindible. Para los detractores se trata de un “ISDS zombie”. Se mantienen “los privilegios que permitirán a las grandes empresas reclamar millones de euros en compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero” dice Pia Eberhard, del Observatorio Corporativo Europeo (CEO).

Las empresas podrán frenar reformas que busquen mejorar la protección del medio ambiente, los estándares laborales o blindar ciertos sectores si alegan que perjudican sus intereses, explican. Unas 46.000 filiales de compañías estadounidenses basadas en Canadá podrían demandar a la UE con este sistema, según sus cálculos.

Los servicios públicos. Quienes se oponen al CETA aseguran que el acuerdo limita el poder de los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales o de género a la hora de diseñar los servicios públicos y adjudicar su prestación. Las normas que permiten el acceso mutuo a los mercados de servicios exigen que no se discrimine a las empresas extranjeras con lo que no se podría favorecer la producción local, por ejemplo, apunta un informe encargado por el Grupo de la Izquierda Unitaria en la Eurocámara.

La Federación Europea de Trabajadores del Sector Público (EPSU) teme que acaben primando los criterios mercantiles sobre las necesidades de los europeos y se fomente la privatización. “CETA nos pedirá sacar beneficios allí donde solo debería buscarse la prestación de servicios. Acabarán recurriéndose aquellas normas que frenen el comercio” decía su vicepresidenta, Penny Clarke, en una reciente conferencia en Bruselas.

Pero la CE rebate estos argumentos señalando que el tratado permite a los estados introducir medidas discriminatorias o cuotas en ciertos sectores, especialmente cuando se trate de monopolios estatales o la gestión de servicios como la sanidad, la educación, el suministro de agua o la asistencia social. El CETA no obliga a privatizar ninguna de estas prestaciones, recalcan.

La seguridad alimentaria. ¿Comeremos pollo clorado y ternera con hormonas cuando se acabe el CETA? Canadá tiene en ciertos sectores normas de protección más laxas que las europeas. Está permitido, por ejemplo, desinfectar el pollo o la ternera con cloro antes de su venta, inyectar ractopamina, una hormona estimulante del crecimiento prohibida en la UE, o utilizar ciertos colorantes vetados. Además es más permisiva con la venta de GMO.

Sus opositores aseguran que el CETA abriría las puertas del mercado europeo a miles de toneladas de estos productos, pero Bruselas insiste en que las exportaciones tendrán que cumplir las normas europeas. El intrincado texto del tratado establece que el principio es que el país importador acepte las condiciones del país de origen siempre que estas sean equivalentes a las suyas y precisa aquellos productos en los que cada parte debería aplicar medidas extra. En lo que respecta a la carne, Canadá tiene una larga lista de precauciones a tomar.

La Organización de Consumidores Europeos (BEUC) cree que el capítulo de normas fitosanitarias incluye “buenas medidas” y destaca que prioriza la salud humana sobre el comercio, pero opina que debería haberse puesto más énfasis en el “principio de precaución” que prima en la regulación europea pero no en la americana.

¿Son iguales el CETA y el TTIP?

No, pero se parecen.

La Comisión Europea los ha definido como la “nueva generación” de tratados comerciales. Unos tratados que van más allá de eliminar aranceles y fijar cuotas como se ha hecho hasta ahora y buscan armonizar la regulación a ambos lados del Atlántico: cuanto más similares sean las normas más fácil, rápido y barato será comerciar. En el caso del TTIP con Estados Unidos el objetivo declarado de los socios es adelantarse a China, Rusia y las potencias competidoras del mundo globalizado. “O ponemos las reglas nosotros u otros lo harán” defienden Washington y Bruselas.

Sin embargo, el alcance de esta homogenización es mucho menor en el CETA que en TTIP. En el CETA siguen prevaleciendo las normas del país que importa y la armonización se basa en una cooperación reguladora, pero en el TTIP el fin último es renegociar los estándares para que sean exactamente los mismos, lo que conlleva un riesgo mucho mayor de que los niveles de protección acaben rebajándose para alcanzar un consenso.

“En el CETA un 80 % regula la producción y solo un 20 % es reglamentación. En el TTIP es al contrario”, resumía Pascal Lamy, exdirector de la Organización Mundial del Comercio en un reciente coloquio en Bruselas.

Sin embargo, sus detractores creen el CETA es una suerte de “caballo de Troya” del TTIP, una avanzadilla de la debacle para los estándares europeos que anticipa todos sus puntos problemáticos, especialmente el ICS.

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado este viernes el giro político del PSOE de Pedro Sánchez ante el tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá (el CETA, por sus siglas en inglés), aunque ha considerado “insuficiente” el movimiento del sí a la abstención. Iglesias pedirá el próximo martes en la reunión prevista con Sánchez que “dé el paso completo” hasta el no en la votación que se celebrará la semana que viene en el Pleno del Congreso.

Pablo Iglesias, que ha hecho estas declaraciones en la presentación de una proposición de ley contra la pobreza infantil, ha valorado la “valentía” de la nueva presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien ha abanderado el cambio de posición del PSOE. O, al menos, ha asumido su defensa en público.

“No somos ajenos al debate que se está produciendo en el seno del PSOE”, ha asegurado Iglesias. “Estamos dispuestos a ir explorando pasos. Vamos a tratar de ponerlo fácil”, ha explicado.

Iglesias ha insistido en que “el hecho de que estén teniendo el debate es positivo” y ha recordado que “hace meses era imposible porque estaban con el PP y Ciudadanos”. El secretario general de Podemos ha anunciado que le van a pedir al PSOE que “den el paso del todo para colocarse del lado de la democracia y de la soberanía”, tal y como solicitó la UGT en el congreso que encumbró a Sánchez.

El líder de Unidos Podemos también ha confirmado que pedirá a Sánchez que se sumen al recurso de inconstitucionalidad que el grupo confederal tiene previsto plantear cuando el CETA se ratifique y entre en vigor.