El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, participó en la votación del pleno del Consell el pasado 15 de marzo que aprobó por unanimidad el decreto que permite al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) hacer quitas sobre acreedores como si de un banco privado se tratara. La decisión no tendría más necesidad de mención si no fuera porque días después de aprobarse esta normativa, el banco público valenciano condonó el 70% de una deuda de 1,3 millones de euros que tenía un grupo de comunicación en el que tiene acciones el propio Puig, en concreto 177.886,8 euros. Fue la primera decisión con la nueva normativa a mano.

La operación mediática de compra del Grupo Zeta por parte de Editorial Prensa Ibérica (EPI) en la que aparece vinculado el presidente de la Generalitat se gestó en el último año y se hizo pública el 18 de abril, un mes después de cerrar la quita con el IVF. Antes, la banca privada había decidido perdonar un 70% de la deuda del antiguo editor de El Periódico de Catalunya y Mediterráneo de Castellón para que el holding presidido por Javier Moll lo comprara, evitando así que Jaume Roures se hiciera con el control del grupo de origen catalán. 

Puig tiene desde finales de los años 70 acciones en Mediterráneo de Castellón, periódico donde inició su carrera profesional. Los títulos los consiguió junto a otros empleados con el dinero de unos despidos. Con el tiempo y tras varios cambios accionariales, Puig ha llegado a atesorar los 177.886,8 euros actuales, alrededor de un 1,2% del total. Comparte accionariado, además de con el propio Javier Moll, con los empresarios castellonenses Gabriel Batalla y Enrique Gimeno, ambos condenados por la financiación ilegal del PP. 

Por tanto, la quita del IVF ha beneficiado directamente a un grupo editorial en el que el presidente de la Generalitat Valenciana tiene intereses. Es más, ha favorecido que un grupo donde tenía intereses no acabara en la quiebra por sus elevadas deudas con la banca privada y pública.

Desde Presidencia de la Generalitat quitan hierro al asunto y defienden que es un conflicto “sobrevenido”, puesto que las acciones las ha tenido “toda la vida” y el valor que se le atribuye “es contable”. “El decreto que aprobó el Consell es para que el IVF pueda hacer quitas como la banca privada, no para una operación concreta”, argumentan. Además, apuntan que “el IVF ha seguido el mismo camino –en este caso– que la banca privada”, algo que es cierto pero que contrasta con el Institut Català de Finances, que también condonó parte de la deuda de Zeta a EPI pero en menor medida, el 47%.

Las mismas fuentes han explicado que la situación de Puig en las acciones de Mediterráneo es “absolutamente pasiva” y que nunca ha acudido a los consejos de administración del periódico castellonense. 

Mientras, tanto PP como Ciudadanos han pedido explicaciones a Ximo Puig. La formación que lidera Toni Cantó ha pedido al IVF que explique cuáles fueron los motivos para condonar la deuda.

La periodista Anna Cristeto (Santa Coloma de Farners, 1978) ha sido nombrada nueva directora de 'El Periódico de Catalunya', cargo al que se incorporará la próxima semana sustituyendo a Enric Hernández. Hasta ahora Cristeto era la delegada de la agencia Europa Press en Catalunya.

El nombramiento de Cristeto es una de las primeras decisiones que toma Prensa Ibérica tras adquirir el mes pasado el Grupo Zeta, editora de 'El Periódico' y el deportivo 'Sport', entre otras cabeceras.

Cristeto se incorporó a Europa Press en abril de 2008 como redactora jefe, asumiendo las áreas de Economía, Tribunales y Sucesos, y desde el 2011 era la delegada de la agencia en Catalunya. Su carrera periodística empezó en la sección de Economía de 'La Vanguardia', y en 2001 se incorporó a la delegación de 'Expansión' en Barcelona.

En 2005 pasó a ser redactora de la sede barcelonesa de 'La Gaceta de los Negocios', cubriendo temas económicos y políticos. Cristeto es licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tiene un posgrado en periodismo sociolaboral por la UAB, y un curso de posgrado en Comunicación Empresarial por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Un decreto del Gobierno valenciano aprobado el pasado 15 de marzo -en plena semana fallera- ha permitido al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sumarse a la banca privada y perdonar el 70 % del dinero que le adeudaba Grupo Zeta para permitir la compra de Editorial Prensa Ibérica (EPI), el grupo editor, entre otros, de Levante-EMV e Información. La operación por la que la compañía presidida por Javier Moll se hace con Mediterráneo, El Periódico de Catalunya o Sport le costará a los valencianos 1,33 millones de euros.

La adquisición de Grupo Zeta por parte de EPI se anunció el pasado 18 de abril -jueves santo-, aunque las negociaciones han durado más de un año y se han jugado a muchas bandas. Ha sido clave la intervención de CaixaBank, el principal acreedor, para que los demás bancos propietarios todos juntos de más del 80 % de los 99,2 millones de euros del agujero de Zeta asumieran una quita del 70 %. El rival de EPI en la puja, Jaume Roures, ofrecía mejores condiciones, pero no contaba con el beneplácito de la gran banca y fue descartado.

Al aceptar la mayoría de bancos la quita, el IVF tenía dos opciones. Mantener el pulso y cobrar toda la deuda -con el consiguiente riesgo para la operación global- o sumarse al convenio firmado por toda la banca. Legalmente el IVF no podría haber ofrecido con todas las garantías una quita a EPI, pero el decreto aprobado el pasado 15 de marzo le ha allanado el camino.

Cierto es que la Ley de Acompañamiento de 2019 aprobada por PSPV, Compromís y Podemos ya daba al IVF algunas competencias en materia de funcionamiento, pero las peculiaridades de la operación con EPI dejaban muchas sombras legales en la misma. Por eso la aprobación del reglamento vía decreto ha sido fundamental.

Y es que el reglamento aprobado en el pleno del Consell el pasado 15 de mayo y llamado “reglamento de desarrollo de las políticas de actuación del IVF, y de la gestión y alienación de los bienes y derechos adquiridos en el ejercicio de su actividad crediticia” permite al banco público que dirige Manuel Illuega funcionar como una entidad privada, asumiendo toda la responsabilidad el Gobierno valenciano.

De hecho, el artículo 10 del reglamento es el que ha permitido al IVF adherirse al convenio de la banca privada y perdonar 1,3 millones de euros. Sin este punto, el banco público valenciano habría tenido muy difícil entrar a esta quita del 70 % de la deuda que ha permitido a EPI adquirir Grupo Zeta y convertirse en uno de los principales grupos de comunicación de España.

Y eso que, en un primer momento y según fuentes de la banca presentes en la negociación, en el banco público valenciano no querían ni oír hablar de quitas porque podría generar agravios respecto a otros deudores a quienes no se dan condiciones tan ventajosas.

La operación de perdón de la deuda, que se aprobó días después de entrar en vigor el reglamento, se ha seguido con lupa desde Presidencia de la Generalitat. Y no es para menos, puesto que un mismo grupo de comunicación controla ya los tres principales periódicos de papel de la Comunitat Valenciana. Levante-EMV, líder en la provincia de Valencia; Información, con más del 60 % de la cuota de mercado en Alicante; y Mediterráneo, periódico casi hegemónico en Castelló.

Fuentes del PP han mostrado su estupefacción por la quita de la deuda a un grupo mediático de toda solvencia económica y dirigentes de Compromís y Podemos consultados por este medio se enteraron por la prensa de que el IVF perdonará el 70 % de la deuda. Eso sí, según la agenda pública de la Conselleria de Transparencia, el director general de Economía, Francisco Álvarez, sí que estuvo en el consejo del banco público que certificó la operación.

Si la Comisión Nacional de la Competencia no se opone, EPI y Zeta se convertirán en el principal grupo de comunicación presente en la Comunitat Valenciana.

Un decret del Govern valencià aprovat el 15 de març passat –en plena setmana fallera– ha permés a l’Institut Valencià de Finances (IVF) sumar-se a la banca privada i perdonar el 70% dels diners que li devia Grupo Zeta per a permetre la compra d’Editorial Prensa Ibérica (EPI), el grup editor, entre altres, de Levante-EMV i Información. L’operació per la qual la companyia presidida per Javier Moll aconsegueix Mediterráneo, El Periódico de Catalunya o Sport costarà als valencians 1,33 milions d’euros.

perdonar el 70% dels diners que li devia Grupo Zeta per a permetre la compra d’Editorial Prensa Ibérica (EPI)Levante-EMVInformaciónMediterráneo, El Periódico de CatalunyaSportL’adquisició del Grup Zeta per part d’EPI es va anunciar el 18 d’abril passat –dijous sant–, encara que les negociacions han durat més d’un any i s’han jugat a moltes bandes. Ha sigut clau la intervenció de CaixaBank , el creditor principal, perquè els altres bancs propietaris tots junts de més del 80% dels 99,2 milions d’euros del forat de Zeta assumiren una quitació del 70%. El rival d’EPI en la licitació, Jaume Roures, oferia unes condicions millors, però no comptava amb el beneplàcit de la gran banca i es va descartar.

En acceptar la majoria dels bancs la quitació, l’IVF tenia dues opcions. Mantindre el pols i cobrar tot el deute –amb el risc consegüent per a l’operació global– o sumar-se al conveni signat per tota la banca. Legalment l’IVF no podria haver oferit amb totes les garanties una quitació a EPI, però el decret aprovat el 15 de març passat li ha aplanat el camí.

És cert que la Llei d’acompanyament del 2019 aprovada per PSPV, Compromís i Podem ja donava a l’IVF algunes competències en matèria de funcionament, però les peculiaritats de l’operació amb EPI hi deixaven moltes ombres legals. Per això l’aprovació del reglament via decret ha sigut fonamental.

I és que el reglament aprovat en el ple del Consell el 15 de maig passat i anomenat “reglament de desenvolupament de les polítiques d’actuació de l’IVF, i de la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l’exercici de la seua activitat creditícia” permet al banc públic que dirigeix Manuel Illueca funcionar com una entitat privada, assumint tota la responsabilitat el Govern valencià.

De fet, l’article 10 del reglament és el que ha permés a l’IVF adherir-se al conveni de la banca privada i perdonar 1,3 milions d’euros. Sense aquest punt, el banc públic valencià hauria tingut molt difícil entrar a aquesta quitació del 70% del deute que ha permés a EPI adquirir el Grupo Zeta i convertir-se en un dels principals grups de comunicació d’Espanya.

I això que, en un primer moment i segons fonts de la banca presents en la negociació, en el banc públic valencià no volien ni sentir a parlar de quitacions, perquè podria generar greuges respecte d’altres deutors a qui no es donen condicions tan avantatjoses.

L’operació de perdó del deute, que es va aprovar dies després d’entrar en vigor el reglament, s’ha seguit amb lupa des de Presidència de la Generalitat. I n’hi ha per a això, ja que un mateix grup de comunicació controla ja els tres principals periòdics de paper de la Comunitat Valenciana. Levante-EMV, líder a la província de València; Información, amb més del 60% de la quota de mercat a Alacant; i Mediterráneo, periòdic quasi hegemònic a Castelló.

Fonts del PP han mostrat estupefacció per la quitació del deute a un grup mediàtic de tota solvència econòmica i dirigents de Compromís i Podem consultats per aquest mitjà van saber per la premsa que l’IVF perdonarà el 70% del deute. Això sí, segons l’agenda pública de la Conselleria de Transparència, el director general d’Economia, Francisco Álvarez, sí que va estar en el consell del banc públic que va certificar l’operació.

Si la Comissió Nacional de la Competència no s’hi oposa, EPI i Zeta esdevindran en el principal grup de comunicació present a la Comunitat Valenciana.

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha llegado este jueves a un acuerdo con el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, para la adquisición del grupo de comunicación editor de El Periódico de Catalunya y el diario deportivo Sport.

Prensa Ibérica, editor de Faro de Vigo, Levante o Diario de Mallorca, ha anunciado la culminación de la compra de Zeta al firmar el contrato de compraventa, poniendo fin a una “larga negociación”, mediante una nota de prensa.

Ninguna de las dos partes ha desvelado por el momento la cuantía de la operación, si bien, tal y como publicó eldiario.es en febrero, el grupo presidido por Javier Moll cerró un acuerdo con los bancos acreedores de Zeta para lograr una quita del 70% de los 90 millones de la deuda de la compañía. Prensa Ibérica habría ofrecido 30 millones a ese grupo de bancos, encabezado por Santander y Caixabank, y otros 10 millones a Antonio Asensio.

La compra ya estuvo a punto de cerrarse justo antes de las pasadas Navidades, cuando una oferta de Mediapro, el conglomerado mediático de Jaume Roures, frustró la operación. Mediapro ha seguido pujando por la compañía en los últimos meses, pero ha sido finalmente Prensa Ibérica quien se ha hecho con la editora de El Periódico de Catalunya.

Zeta se encuentra desde hace varios años en una complicada situación financiera, que le ha llevado a realizar varios ERE que han afectado a decenas de trabajadores en sus compañías, vender activos como Ediciones B o cerrar algunos de sus medios como las revistas Tiempo e Interviú. En los últimos años, grupos como Vocento –editora de ABC y El Correo– o Henneo –propietaria de Heraldo de Aragón o 20 Minutos– se han interesado por hacerse con la compañía.

Un conglomerado de diarios regionales

Según han señalado desde Prensa Ibérica, la incorporación de los medios del Grupo Zeta permite a la empresa superar los 2,25 millones de lectores diarios en papel y rozar los 300.000 ejemplares diarios. Los medios del grupo alcanzan los 25 millones de usuarios únicos y los 525 millones de páginas vistas al mes en digital, según Comscore.

Prensa Ibérica, que contaba hasta ahora con una red de diecisiete periódicos regionales y locales incorpora tras la operación a El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, La Crónica de Badajoz, Córdoba, Mediterráneo, Sport y La Grada.

Con todo, la operación está todavía supeditada a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De completarse, supondría además la incorporación a Prensa Ibérica de doce revistas especializadas, entre las que figuran Woman, Cuore, Rumore o Viajar.

La adquisición del Grupo Zeta permite a Prensa Ibérica extender su negocio a Extremadura y Aragón, dos comunidades en las que no tenía presencia. Además, supone un refuerzo de su posicionamiento en Catalunya y en la Comunidad Valenciana.

Grupo Zeta, cuya cabecera insigne es El Periódico de Catalunya, lleva meses en venta. La situación financiera del grupo de comunicación es muy delicada y las ventas del rotativo catalán han descendido por encima de la media del conjunto de la prensa española y de su competidor directo, La Vanguardia. El editor, Asensio Mosbah, hijo

del fundador del grupo, tira la toalla definitivamente al no poder hacer frente a sus deudas con los bancos y proveedores.

No sé si es fruto de la mala suerte, de decisiones equivocadas, de errores editoriales o de una mezcla de todo ello, pero sí sé que el hijo del fundador de Zeta nunca tuvo interés por los medios de comunicación. Hace ya más de trece años puso a la venta su empresa y, seguramente mal aconsejado, despreció cifras mareantes del entorno de 400 millones de euros que hoy, según lo publicado, apenas llegará al diez por ciento de aquellas ofertas.

Hace trece años aún tenía cierta libertad para elegir a su comprador y hasta el precio, pero parece que hoy son los bancos y los intereses políticos los que van a decantar la venta a favor de Prensa Ibérica, propiedad del presidente de AMI y editor de diarios regionales Javier Moll, incluso en contra de un mejor postor como es Jaume Roures de Mediapro.

La debilidad financiera y editorial de El Periódico condicionarán la línea e independencia del grupo, incluso a la hora de venderlo a un tercero.

No soy periodista, pero he aprendido que es importante cuando alguien opina, como es este caso, que el lector conozca la filiación y los intereses del opinante. Fui consejero delegado de Zeta hasta final del 2002, año en que presenté mi dimisión al actual editor de Zeta por discrepancias en la estrategia de la gestión. Dirigía, entonces, uno de los mejores equipos de profesionales de la prensa en este país y eso se tradujo en buenos resultados económicos y en las ventas de ejemplares de las diferentes publicaciones que editábamos.

Hoy, en Zeta hay grandes profesionales, muy buenos periodistas, pero desmotivados por la falta de dirección y por los continuos recortes salariales y de medios que han venido sufriendo en los últimos años. Me alegraría que Zeta acabara en manos de alguien que se sienta editor, que anime a hacer buen periodismo, que esté libre de cargas financieras y compromisos políticos y, sobre todo, que sea capaz de anteponer la mayoría de las veces los intereses de los lectores a los suyos propios. ¿Una utopía?

Es una lástima que los dos en liza, Moll y Roures, lleguen a hacerse con Zeta mediante una negociación política: de un lado la de los intereses gubernamentales y de otro la de los intereses catalanistas-independentistas, en la que los bancos acreedores parecen dispuestos a hacer una quita u otra de la deuda en función también de criterios políticos. Asunto extraño en cualquier otro tipo de operación

financiera de compraventa.

En cualquier caso, ojalá la nueva propiedad refuerce lo que queda del grupo de comunicación que un día de 1976 fundó un editor controvertido, Antonio Asensio, que quiso llamar a su empresa Z, como la última letra del abecedario, como la brillante película de Costa-Gavras y cuyo significado en griego antiguo es “estoy vivo”. Ojalá viva el periodismo en los nuevos propietarios a pesar de todo.

Mediapro ha contraofertado este martes con 40 millones a la banca para hacerse con el Grupo Zeta, según fuentes conocedoras de la operación. La propuesta de la compañía de Jaume Roures se ha conocido pocas horas después de que Prensa Ibérica haya cerrado una oferta vinculante de opción de compra para hacerse con la mayor parte de la deuda bancaria del grupo de comunicación editor de El periódico de Catalunya, el diario deportivo Sporty un grupo de diarios regionales, según adelantó Crónica Global.

Los bancos habrían cerrado el acuerdo con Prensa Ibérica con una quita del 70% de los más de 90 millones de euros que adeuda Zeta a un pool financiero encabezado por el Santander y Caixabank. A este acuerdo no se habría sumado el Institut Català de Finances al que el grupo de medios catalán adeuda algo más de siete millones de euros.

Fuentes conocedoras de la operación señalan que la oferta de la compañía de Jaume Roures es 10 millones superior a la propuesta que le ha hecho Prensa Ibérica al sindicato bancario que tiene el pasivo del Grupo Zeta, además de una cantidad sin confirmar a Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta. La empresa de Javier Moll habría ofrecido 30 millones a la banca y 10 millones a Asensio.

No es la primera vez que Mediapro puja por el grupo de medios catalanes. Justo antes de las pasadas Navidades frustró la operación a la compañía de Javier Moll cuando prácticamente estaban cerrando la compra del Grupo Zeta. En esta ocasión, sin embargo, fuentes conocedoras de la operación apuntan que Asensio habría dado su brazo a torcer a favor de Prensa Ibérica ante le pésima situación financiera de la compañía. “Otra cosa es cómo los bancos explican a sus accionistas que han aceptado una oferta menor”, apuntan fuentes relacionadas con las negociación.

La pugna podría acabar en los tribunales o en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). De hecho, fuentes de Prensa Ibérica han recalcado que la operación está supeditada a que los acuerdos tengan la autorización del organismo regulador.

La quita de la deuda es un elemento fundamental para que la operación pueda tener éxito. La banca no era renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades. Con esta quita, las entidades podrían cobrar una parte de la deuda que de otra manera sería difícil recuperar. Asensio ya vendió una de las joyas de la compañía con la que suavizó la presión financiera: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017.

Tras la operación frustrada de Navidad, Prensa Ibérica se volvió a colocar como uno de los candidatos a comprar el Grupo Zeta a mediados de enero. Fuentes conocedoras de la operación explicaron entonces a eldiario.es que directivos de la compañía que preside Javier Moll, tras sendas reuniones en Madrid y Barcelona, pidieron que se les dieran “quince días para acabar de estudiar las cuentas y poder hacer una oferta vinculante” por la compañía de Asensio que se ha conocido hoy.

Hasta que Prensa Ibérica retomó la operación, hubo un intento por parte de directivos de Henneo, empresa editora del Heraldo de Aragón, de abordar una posible operación en connivencia con Vocento para tratar comprar Zeta, aunque fuentes conocedoras de las negociaciones admiten la falta de músculo financiero para que el grupo aragonés consiguiera finalizar con éxito la compra.

Operación en terreno político

La operación se ha jugado también en el terreno político. Moll se reunió en Moncloa con varios dirigentes del más alto nivel, que se interesaron por la negociación. El objetivo de la reunión era mostrar la preocupación que mostraron varios miembros del Gobierno porque uno de los principales grupos de medios en Catalunya pudiera pasar a manos de empresarios del ámbito independentista.

Roures y su socio Tatxo Benet sí cuentan con el beneplácito de los partidos independentistas en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, especialmente con el apoyo de dirigentes de ERC. Fuentes conocedoras de la operación apuntan que estos empresarios catalanes buscan crear un grupo mediático que haría la competencia al diario Ara y a las cabeceras digitales aparecidas al albur del independentismo.

Además del interés político por controlar un medio con la influencia del El Periódico de Catalunya, en la jugada entraría la posibilidad de que Benet se presente como candidato a la presidencia del FC Barcelona, por lo que contaría con el respaldo mediático del periódico deportivo, aunque fuentes de Mediapro aseguran que “es un bulo sin fundamento”.

Prensa Ibérica ha vuelto a colocarse como uno de los candidatos a comprar el Grupo Zeta. Fuentes conocedoras de la operación han explicado a eldiario.es que directivos de la compañía que preside Javier Moll, tras sendas reuniones en Madrid y Barcelona, pidieron la semana pasada que se les dieran “quince días para acabar de estudiar las cuentas y poder hacer una oferta vinculante” por la compañía de Antonio Asensio.

Moll había desistido de hacerse con la editora de El Periódico de Catalunya, Sport y una serie de diarios regionales a pesar del interés de Moncloa para que el empresario zaragozano llevara a buen puerto la operación. La razón del frenazo fue el golpe en la mesa que pegaron Jaume Roures y Tatxo Benet con una bolsa de millones a través de la compañía Mediapro para llevarse el conglomerado de medios catalán. 

Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que Prensa Ibérica ofreció 35 millones tras una ardua ronda de negociaciones, una profunda due dilligence y el cierre de un acuerdo con la banca para cerrar una quita de la deuda que podría estar entre el 50% y el 60% de los más de 90 millones que estrangulan a Zeta. Roures y Benet se limitaron a esperar a conocer la propuesta de Moll para contraofertar con 65 millones. 

“No es fácil que gane esta partida pero ha vuelto a la partida, aunque no es una opción preferente. Tiene que hacer una oferta que sea buena para los bancos y para Asensio”, argumenta un directivo conocedor del proceso de venta. Las razones que explican que Prensa Ibérica no se convierta en la oferta preferente se basan en la necesidad de contentar al presidente de Zeta, ya que Moll tiene el beneplácito para una quita de los principales bancos que lideran el pool de la deuda de la empresa catalana, especialmente de Caixabank.

Antonio Asensio solo busca sacar la mayor tajada para su bolsillo, unos 20 millones de euros, según fuentes que siguen la negociación, y se ha convertido en uno de los principales escollos para que la operación se cierre como prefiere Moncloa.  Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto asistir a la entrega de unos premios empresariales organizados por El Periódico de Catalunya, donde se esperaba que en su encuentro con Asensio le mandase un mensaje claro para que facilite la operación con Moll, pero la tensión política con la Generalitat de Catalunya ha provocado que Moncloa cancele la participación del presidente.

En estos momentos Prensa Ibérica mantiene una estrategia de crecimiento. El pasado viernes se conoció que la compañía había alcanzado un acuerdo con Mercedes Rodríguez, editora y directora del grupo El Día, y su hija Adriana para la compra de la participación mayoritaria que ambas poseen en Editorial Leoncio Rodríguez, la sociedad editora de la centenaria cabecera tinerfeña.  De esta manera, Prensa Ibérica controla en las Islas Canarias El Día además de La Opinión de Tenerife yLa Provincia/DLP. La compañía de Moll edita 17 periódicos en nueve comunidades autónomas y daría un salto de influencia con un medio como El Periódico de Catalunya.

Esta estrategia de crecimiento, el interés político de que Zeta no caiga en manos de empresarios vinculados al independentismo catalán y la falta de empuje de otros grupos editoriales —los intentos de que Henneo y Vocento entren en el juego no se consolidan— hacen que Prensa Ibérica de vuelva a colocar como principal actor en la compra de la editora de El Periódico de Catalunya.

Mientras, Roures y Benet se mantienen expectantes. El pasado 24 de enero Roures hacía una entrevista en el programa Adiario, de Radio Marca en la que señalaba: “Nosotros estamos interesados en el Grupo Zeta. Tenemos negociaciones serias con ellos… con muchas interferencias. No solo hay interferencias en el mundo del fútbol, sino que hay mucho poder fáctico que no ve con buenos ojos esa operación”.

“Seguiremos insistiendo. Creo que nuestra oferta no solo es la mejor, sino que es la más beneficiosa para la gente que trabaja ahí. Entrar en otra dinámica laboral como la que ha vivido la redacción los últimos años no es lo más recomendable. Nosotros somos una productora, un grupo fuerte, que es lo que puede dar más continuidad a ese negocio, pero las fuerzas oscuras actúan”, sentenciaba el empresario catalán.

Sin embargo, Roures no hizo ninguna alusión a otras fuerzas políticas como los partidos independentistas en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, especialmente de dirigentes de ERC, que lo respaldan para hacerse con el Grupo Zeta. Los planes de Roures pasan por la creación de un grupo mediático catalán que haría la competencia al diario Ara y a las cabeceras digitales aparecidas al albur del independentismo.

En el caso de Benet, que está al frente de la negociación, la compra del diario económico Sport le serviría como cabeza de puente para su asalto a la presidencia del FC Barcelona.

La venta del Grupo Zeta, editora de El Periódico de Catalunya, Sport y una serie de diarios regionales, entra en la recta final con otro protagonista: el grupo Henneo. Directivos de la empresa editora del Heraldo de Aragón se reúnen este viernes con representantes de Caixabank, entidad financiera que lidera el pool de bancos a los que Zeta adeuda más de 100 millones de euros, para abordar la operación. Enrique Goñi, adjunto a la presidencia de CriteriaCaixa, el holding empresarial de Caixabank, dirige una negociación donde los bancos están dispuestos a realizar una quita de más del 50% de la deuda para una venta que tiene como principal obstáculo los 20 millones que exige el presidente de Zeta, Antonio Asensio.

La reunión responde al fallido intento de Prensa Ibérica por hacerse con el Grupo Zeta. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, se reunió esta semana en Moncloa con varios dirigentes del más alto nivel, que se interesaron por la negociación. Pese a la preocupación que mostraron varios miembros del Gobierno porque uno de los principales grupos de medios en Catalunya pudiera pasar a manos de empresarios del ámbito independentista, Moll rechazó la posibilidad de subir su oferta por Zeta ante la entrada en la puja de Mediapro.

Esta negativa ha acelerado la aparición de Henneo como figura protagonista de la operación. Fuentes conocedoras de la operación apuntan a que el grupo aragonés se quedaría con El Periódico de Catalunya y Sport mientras que el editor de ABC y El Correo adquiriría los diarios regionales de Zeta: El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, Mediterráneo, Córdoba y La Crónica de Badajoz. La participación de Vocento está pendiente de la aprobación por un consejo de administración que tendrá lugar en un par de semanas.

Henneo, compañía de la familia Yarza, lleva unos años en plena expansión. En 2016 la empresa adquirió el gratuito 20minutos y el digital La Información, y posteriormente estuvo negociando sin éxito con Prisa la compra del diario económico Cinco Días.

La venta de Zeta ha tenido varios vaivenes y saltos en los últimos meses. Aunque parecía que iba a ser Prensa Ibérica la compañía que iba a absorber al grupo de medios catalán la negociación se trabó tras la contraoferta que presentaron Jaume Roures y Tatxo Benet, a través de Mediapro.

Tras meses de negociaciones, una profunda due dilligence y el cierre de un acuerdo con la banca para cerrar la quita de la deuda que estrangula a Zeta, Javier Moll puso sobre la mesa 35 millones de euros. Sin embargo, la entrada en juego de Roures y Benet desestabilizó el tablero con una propuesta de 65 millones de euros por el Grupo Zeta.

Fuentes conocedoras de la operación apuntan que Asensio solo se moverá ante la mejor oferta para él, pero la quita de la deuda es un elemento fundamental para que la venta del grupo pueda tener éxito. La banca no era renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades. Ahora Henneo y Vocento pasan a ser los actores preferentes para la banca.

Para paliar la presión de la deuda Asensio ya vendió una de las joyas de Zeta: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017. Estos ingresos solventaron temporalmente la situación del grupo pero la realidad es que la falta de liquidez está dejando sin oxígeno a la empresa catalana. Pese al cierre de revistas como Interviú y Tiempo, ajustes de personal y medidas laborales como un ERTE, un directivo conocedor de las cuentas internas de Zeta asegura que en la actualidad la compañía debe seis millones de euros a proveedores, que no ha conseguido abonar una deuda con la banca de nueve millones que tenía que solventar antes del 31 de diciembre de 2018 así como otros pagos con Hacienda.

El mismo directivo asegura que si no hay una solución que termine con la venta de Zeta este año el grupo empresarial entrará en concurso de acreedores a finales de 2019. Los movimientos se han acelerado. Prueba de ello es la oferta que le ha hecho Rosa María Mateo, la administradora única de RTVE, a Enric Hernàndez, hasta ahora máximo responsable de El Periódico de Catalunya, para que se ocupe de la dirección de Televisión Española.

El grupo mediático de Roures

Roures y Benet sí cuentan con el beneplácito de los partidos independentistas en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, especialmente con el apoyo de dirigentes de ERC. Fuentes conocedoras de la operación apuntan que estos empresarios catalanes buscan crear un grupo mediático que haría la competencia al diario Ara y a las cabeceras digitales aparecidas al albur del independentismo.

Benet está conduciendo la operación para la compra de Zeta. Además del interés político por controlar un medio con la influencia del El Periódico de Catalunya, en la jugada entraría la posibilidad de que Benet se presente como candidato a la presidencia del FC Barcelona, por lo que contaría con el respaldo mediático del periódico deportivo Sport.

Los planes de Roures para la creación de un grupo mediático catalán pasan además por la puesta en marcha de una radio en Catalunya, que también contaría con la bendición administrativa de la actual Generalitat.

El empresario Jaume Roures ha frenado la última operación corporativa del año en el sector de los medios de comunicación: la compra del Grupo Zeta por Prensa Ibérica. Tras meses de negociaciones y una profunda due dilligence para conocer la situación del grupo editorial de El Periódico de Catalunya, una oferta de última hora del empresario catalán ha paralizado temporalmente una operación anhelada por el presidente del grupo de medios regionales Javier Moll.

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que la compra del Grupo Zeta por Prensa Ibérica se iba a anunciar antes de Navidad una vez que se habían solventado algunos de los principales obstáculos. La compañía de Moll ya había hecho un sólido análisis de los libros contables de la empresa que preside Antonio Asensio Mosbah y puesto un precio sobre la mesa. Ni Prensa Ibérica ni Mediapro, empresa de Roures, han querido hacer declaraciones al respecto.

Una fuente del Grupo Zeta que prefiere no ser identificada explica que Roures no iba a dedicarse a hacer números ni a escudriñar las cuentas de la empresa en venta, solo ha esperado a conocer la oferta de Prensa Ibérica para presentar su contraoferta. Las negociaciones para adquirir el Grupo las está llevando, según la misma fuente, el socio de Roures, Tatxo Benet.

Roures ha lanzado su oferta una vez que Moll había hecho el trabajo duro de negociar una quita de la deuda que estrangula al Grupo Zeta con una decena de bancos. Aunque este grupo de bancos, liderado por Caixabank y Santander, acordaron con Zeta el verano de 2017 una refinanciación de los casi 100 millones de deuda, en esta etapa las entidades financieras han cerrado el grifo a Asensio, según fuentes conocedoras de la operación, como medida de presión para que se mueva y cierre la operación con la oferta de Moll. El cierre de revistas como Interviú y Tiempo, ajustes de personal y medidas laborales como un ERTE han sido el día a día del Grupo Zeta los últimos años.

La quita de la deuda es un elemento fundamental para que la operación pueda tener éxito. La banca no es renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades, ya que podría cobrar una parte de la deuda que de otra manera sería difícil recuperar, una vez que Asensio ya vendió una de las joyas de la compañía con la que suavizó la presión financiera: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017.

Se está barajando una quita del 50% con lo que la operación podría ascender a el pago de 50 millones destinados a amortizar la deuda más unos 20 millones por los activos del grupo: El Periódico de Catalunya, Sport, El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, Mediterráneo, Córdoba y La Crónica de Badajoz, además de un grupo de revistas.

Moll también había desactivado los intentos de Asensio por asegurarse el mantenimiento de un puesto en la compañía absorbida por Prensa Ibérica con su correspondiente salario de alto ejecutivo, por lo que la contraoferta de Roures le ha llegado al presidente de Zeta en el momento justo. Un directivo conocedor de la operación concluye que a Asensio solo lo moverá la mejor oferta para él, solo venderá al mejor postor.

Los representantes de los trabajadores de Gráficas de Prensa Diaria (Grupo Zeta) –las rotativas que imprimían El Periódico de Catalunya y el diario Sport, entre otras cabeceras– convocaron una huelga en 2013 que suscribieron los 104 empleados de la imprenta. Reivindicaban a la dirección de la compañía el reconocimiento de una serie de acuerdos de convenio en relación al salario y al mantenimiento de la plantilla en su totalidad, además de conocer los resultados económicos de la entidad.

Durante el período que duró la huelga –siete días repartidos en dos semanas– la dirección de las dos cabeceras afectadas: el diario Sport y el Periódico de Catalunya encargó la impresión de los periódicos a un grupo de empresas ajenas. Hecho que permitió que las publicaciones salieran con normalidad al mercado y, por consiguiente, que llegaran a los consumidores “sin que la opinión pública llegara a conocer la existencia del conflicto”, explica la sentencia.

El sindicato CGT, representante de los trabajadores, ante esta decisión, interpuso una demanda en un juzgado de primera instancia de Barcelona contra el Grupo Zeta, Gráficas de Prensa Diaria y además, también denunció a sus dos cabeceras: Sport y El Periódico de Catalunya,  al considerar que se estaba atentando contra el derecho de huelga de los empleados.

El tribunal dictó sentencia a su favor, declarando que las compañías habían vulnerado el derecho fundamental de la plantilla y, por ello, les condenaba a indemnizar al sindicato con 6.000 euros por daños morales. El conflicto ha llegado ahora al Tribunal Supremo –que ha fallado a favor de los empleados– tras los recursos interpuestos por el Grupo Zeta y la compañía de rotativas, que no fueron admitidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya.

La abogada que representó al sindicato, Sandra Puig, experta en derecho laboral en Puig Gonell Advocades, explica a eldiario.es que durante los días de huelga la empresa “retrajo los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados que estaban ejerciendo su derecho”. Por ello, emprenderán acciones legales de nuevo de manera individual. Así lo constata también Chema Bernal, presidente del comité de empresa de Gráficas de Prensa Diaria.

El derecho de huelga, protegido en la Constitución

Los demandados –que no han realizado declaraciones sobre este tema a eldiario.es– basaron algunos de sus argumentos en una sentencia del TSJ catalán de 2014, que daba la razón al grupo Godó en un caso similar. En este supuesto, el tribunal consideró que no se había lesionado el derecho a huelga “ya que las empresas habían ejercido su derecho a la libertad de empresa”, señala la sentencia del Supremo.

En el caso del Grupo Zeta, el Alto Tribunal basa su fallo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que constata en una sentencia de 2011 que “la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea de Estado social y democrático de derecho establecido en el artículo 1.1 de la Constitución”. El Constitucional recuerda que la norma suprema “legitima medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes”.

En esta línea, el Constitucional reconoce el derecho a huelga como un “instrumento de presión necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos”. Y subraya que “un sindicato sin derecho al ejercicio de huelga quedaría –en una sociedad democrática– vacío de contenido”.

El Alto Tribunal también se acoge a su propia doctrina, en una sentencia de un caso idéntico del Grupo Prisa. En este caso, el demandado “priva de repercusión a la huelga, arrebatándole su finalidad de medio de presión y de exteriorización de sus efectos al presentar una apariencia de normalidad contraria al derecho de huelga”.

El Supremo –que recuerda a las empresas demandadas que no han aportado una “justificación objetiva y razonable”– concluye que existen “indicios más que suficientes para aplicar la doctrina en relación al derecho de huelga, ya que no cabe duda entre la conexión entre el derecho fundamental ejercitado por parte de los trabajadores y la propia existencia del grupo empresarial”.

El Grupo Zeta ha anunciado un ERE para recortar un 45% la masa salarial de los casi de 400 empleados que suman entre la redacción y los departamentos de administración, sistemas, publicidad y logística del diario, tal y como lo adelantaron varios medios hace unos días. El comité de empresa ha confirmado este lunes las intenciones del grupo, que aduce causas organizativas y de producción. Los representantes de los trabajadores se oponen a la reestructuración.

Hace dos semanas, el Grupo Zeta anunciaba el cierre de Interviú y Tiempo, tanto en su edición semanal en papel como las webs de ambas. El motivo que esgrime la empresa para justificar el fin de estas dos publicaciones históricas es “la imposibilidad de sostener las importantes pérdidas generadas por ambas publicaciones”. De esta clausura total se libra parcialmente la web de Interviú, que según Zeta continuará activa como “uno de los fondos documentales periodísticos más importantes”.

Detrás de Interviú había mucho talento y muchas horas de debates entre los profesionales de la comunicación. Los consejos de redacción los presidía el propio Asensio que marcaba su impronta, pero dejaba absoluta libertad a los periodistas

Ando a primera hora de la tarde por el centro de Barcelona en busca de un quiosco de prensa donde comprar los últimos números que se publicarán de las revistas Interviú y Tiempo. Según ha comunicado el Grupo Zeta dejan de editarse por falta de ventas y de rentabilidad. No tengo suerte, dos quioscos están cerrados y el tercero, en la Plaza de Urquinaona, no las tiene, de hecho no tiene muchas publicaciones impresas y la mayoría son extranjeras; al parecer le es más rentable venderle a los turistas los souvenirs que cuelgan de las estanterías donde antes exhibían diarios y revistas.

Interviú fue el origen de Grupo Zeta, la revista emblemática que sirvió de palanca para que el editor Antonio Asensio, fallecido en 2001, impulsara un grupo mediático compuesto por decenas de revistas, periódicos regionales y hasta una televisión, Antena 3, que tuvo que vender a Telefónica presionado por el Gobierno de Aznar.

Interviú fue la revista madre que albergó en su vientre otras publicaciones, entre ellas el suplemento político Tiempo que alumbró en el kiosco al cabo de unos meses y que ahora se muere al mismo tiempo que la madre.

Interviú llegó a vender a los pocos meses de nacer, en 1976, cerca de un millón de ejemplares en cuya portada aparecía un desnudo de la actriz Marisol fotografiada por el gran César Lucas, pero durante años su circulación no bajó del medio millón. Era una buena razón para utilizar el cuaderno central de la revista para difundir los contenidos de índole política bajo la cabecera Tiempo y hacerla crecer hasta que se ganara su puesto en el quiosco.

Detrás de Interviú había mucho talento y muchas horas de debates entre los profesionales de la comunicación. Los consejos de redacción los presidía el propio Asensio que marcaba su impronta, pero dejaba absoluta libertad a los periodistas. No había más censura que los contenidos que no fueran verídicos y el apoyo a los periodistas frente a las presiones del poder fue total e indiscutible por parte del editor.

A Asensio se le criticó hasta llamarle pornógrafo por aprovechar el llamado “destape” de mujeres desnudas en las portadas de la revista en una época en la que la democracia y la libertad de expresión eran muy débiles, pero muchos lectores valoraron también el “destape” informativo que Interviú aportó a una España que, con la dictadura, había carecido de la más elemental libertad de información.

Interviú fue secuestrada varias veces por orden gubernamental, la ultraderecha llegó a quemar kioscos cuando Xavier Vinader publicó informaciones comprometidas sobre los GAL que acabaron en una condena a prisión que le obligó a exiliarse.

No todo se hacía bien, se cometieron muchos errores, pero detrás de Interviú había uno de los mejores equipos de investigación periodística al que el editor dotó de todos los medios posibles. Contrató a los mejores de entonces, recuerdo las crónicas de Manolo Vázquez Montalbán, los artículos de Paco Umbral y Raúl del Pozo, las investigaciones de Antonio Rubio y Manolo Cerdán, el humor de Perich y tantos y tantos que pasaron por sus páginas de distintas ideologías y opinión.

En fin, parece que los quioscos siguen sin abrir. Me he dado otra vuelta y mantienen la persiana bajada, quizás están cerrados para siempre. Eso puede haber influido en la desaparición de Interviú, eso y que la gente ya no busca en el papel lo que puede encontrar en los digitales. No lo sé, pero seguro que también hay otras razones. Se me ocurre que antes había un editor que se interesaba por su oficio, que buscaba a los mejores y que innovaba frente a los cambios y costumbres de la sociedad. Interviú se muere sola, abandonada por los millones de lectores de otra época, pero también por no tener un editor que la haya querido salvar desde hace años. Una pena.

Los trabajadores de Interviú y Tiempo no se enteraron del cierre de las revistas a través de un responsable del Grupo Zeta. El encargado de comunicárselo fue el delegado sindical, que sí fue avisado por la empresa de lo que iba a ocurrir. Una comunicación que llegó tras una reunión de apenas 10 minutos por los directivo de la empresa editora de las dos publicaciones históricas, según aseguran los aún empleados.

Estas son algunas de las denuncias de los trabajadores de las históricas revistas a través de un comunicado remitido a los medios. Según manifiestan, haberse enterado así del fin de las revistas supone “una actitud desconsiderada y muy alejada del reconocimiento a los trabajadores que hacía la empresa en su comunicado”.

Entre las críticas a la empresa, reprochan que ésta justifique la decisión con los malos resultados económicos, al ser ellos “los únicos que han asumido los costes de intentar salvar las publicaciones”, ya sea a través de “despidos, ERE, ERTE y bajadas de sueldo”. Una situación que vivirán de nuevo tras el cierre, como ha confirmado Interviú a través de un tuit.

Además, rechazan que Zeta esté llevando a cabo “la necesaria transformación digital” a la que alude en su anuncio del cierre de las revistas. Según sus empleados, “no se ha hecho absolutamente nada” en ese sentido, a pesar de que la empresa lleva “años hablando de supuestas estrategias digitales”.

Los trabajadores de Interviú y Tiempo también aseguran que tanto la directora de publicaciones como el director de recursos humanos de Zeta les han dicho que, “en aplicación de la ley”, no les habían advertido directamente de los cierres porque “no veían necesidad” de comunicárselo.

Interviú y Tiempo ya son historia del periodismo. El Grupo Zeta ha anunciado que cierra las dos revistas, tanto en su edición semanal en papel como las webs de ambas. El motivo que esgrime la empresa para justificar el fin de estas dos publicaciones históricas es “la imposibilidad de sostener las importantes pérdidas generadas por ambas publicaciones”. De esta clausura total se libra parcialmente la web de Interviú, que según Zeta continuará activa como “uno de los fondos documentales periodísticos más importantes”. 

La empresa editora de las dos revistas ha anunciado la decisión en un comunicado este lunes, donde asegura que las pérdidas de ediciones Zeta son de siete millones de euros en los últimos cinco años. En el mismo periodo, la difusión de ejemplares ha caído un 65%, cifra que aumenta hasta el 90% en la última década.

Lo que no aparece en el anuncio de Zeta es qué ocurrirá con los trabajadores. Éstos ya han rechazado la decisión en otro comunicado, donde aseguran que la decisión de cerrar se tomó “en 10 minutos”.

A esta situación se ha referido la cuenta oficial de Interviú en Twitter, que ha anunciado que la compañía quiere “despedir a todos sus trabajadores”.

La plantilla de las dos revistas, integradas en ediciones Zeta, ha sufrido varios despidos y bajas incentivadas en los años de la crisis económica. Además, han visto cómo sus salarios se reducían en el mismo periodo. El último recorte salarial fue en mayo de 2017, cuando acordaron cobrar un 16% menos con la empresa, que llegó a ofrecer que la rebaja fuese del 40%. Una situación que no es exclusiva de esta parte de la empresa, ya que hace unas semanas despidió al 35% de la plantilla del diario deportivo Sport.

Décadas de periodismo

Interviú nació en la primavera de 1976, y ha publicado numerosos reportajes de investigación o exclusivas de temas de todo tipo. Sus portadas con mujeres semidesnudas también eran una seña de identidad de la revista.

La revista Tiempo fue lanzada en 1982, tiempo después de surgir como suplemento de Interviú. Hasta ahora, era de los pocos semanarios especializados en política y economía que seguía publicándose.

Casi la mitad de la tarta de la publicidad institucional que la Generalitat de Catalunya ha repartido en los últimos años se la llevan dos grupos: Godó y Zeta. Así lo ha revelado el diario ABC, que ha publicado el grueso de la inserción publicitaria de la Generalitat durante los últimos 6 años. Según sus datos, El Periódico de Catalunya es la cabecera más agraciada, con hasta 17,4 millones de euros desde la llegada al poder de Artur Mas.

El reinado absoluto de El Periódico marca también la fuerte captación de publicidad de su grupo editor. Así, Zeta ha ingresado cerca de 19,6 millones si se cuenta el diario Sport además de El Periódico. Mientras, el grupo Godó ingresó 25,3 millones de euros, repartidos sobre todo entre el diario La Vanguardia –7,6 millones–, líder en difusión según OJD, y las cadenas de radio cuyo buque insignia es Rac1 –5,3 millones–. Para Godó hay que contar además las inserciones en su diario Mundo Deportivo.

La suma de ambos grupos representa el 44,5% del total repartido desde la Generalitat, que desde 2011 suman algo menos que 100 millones. Otro de los grupos que se lleva un buen porcentaje es Hermes Comunicacions, la editora de El Punt Avui, que facturó unos 13 millones, siempre según el diario ABC. Tras ellos se sitúa el grupo Ara, con más de 7,3 millones, contando las ediciones del diario Ara en papel y digital en Catalunya y en las Baleares.

El grupo radiofónico Flaix, por su parte, habría ingresado 2,7 millones de euros, repartidos entre las radios Flaix Fm y Flaixbac, mientras que el grupo Prisa, entre el rotativo El País y la cadena Ser, hubieran accedido a 1,3 millones de euros. La cifra de prisa queda casi a la par del grupo Prensa Ibérica, editor de prensa local como el Diari de Girona o el Regió7, que según el ABC ha alcanzado los 1,2 millones en captación de publicidad institucional.

Mientras los grupos que disponen de rotativos en papel y radios sumaban los anteriores montos, la prensa en internet queda muy por debajo. El líder de la web catalana, Nació Digital, recibió en concepto publicitario más de un millón de euros, mientras que el digital E-notícies tuvo algo más de 800.000 euros. En la parte baja de la tabla Vilaweb, con 693.454 euros desde 2011, El Món, que superó por poco el medio millón de euros, y El Nacional, que en solo dos años de vida ha recibido 453.332 euros de publicidad institucional. 

“No hay ninguna razón, ni en mi conciencia ni en mi acción u omisión que me haga siquiera pensar en presentar la dimisión”. La agenda parlamentaria provocó este viernes que la conselleira de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, tuviera que acudir a la comisión de Presupuestos a explicar las cuentas de su departamento para 2015 en plena tormenta política por las revelaciones del sumario de la Operación Zeta, la presunta trama de fraude de contratos y subvenciones para la formación procedentes de esta Consellería. Como era de esperar, a Mato le llovieron las peticiones de explicaciones desde toda la oposición y, desde dos grupos, AGE y BNG, se reclamó directamente su dimisión. Unos y otros obtuvieron pocas respuestas, pero sí llevaron una buena reprimenda.

Tras la primera explicación del presupuesto, la nacionalista Montse Prado comenzó reclamando el cese de Mato en su cargo “por dignidad e higiene democrática”, ya que “no está legitimada” para seguir gestionando fondos públicos, dice. Desde Alternativa, el diputado Juan Farjado concordó en que Mato “tiene que presentar su dimisión” y también “aclarar” la “cadena de intercambio de favores” lubricada con “dinero de todos los gallegos”, las comunicaciones telefónicas con los presuntos líderes de la trama e incluso el “bolso que recibió” como regalo. “La única garantía para salir del desempleo es tener un carné del PP o ser amigo del PP”, lamenta.

Tras la intervención de Prado y Fajardo y después de que también la socialista Carmen Gallego reclamara saber si Mato “puede asegurar” que el dinero de la trama no se “empleó para financiar a su partido”, la conselleira replicó de manera furiosa. Para Mato, es “absolutamente lamentable” que AGE y BNG centraran sus intervenciones en la petición de explicaciones y no en los Presupuestos. “No voy a contestar a otra cosa que no sean los Presupuestos”, afirmó, si bien a continuación le recomendó a Fajardo que cese en su “teatrillo” y abandone el Parlamento para “dejarle paso a otro que crea en la democracia”.

“Sería gravísimo que hiciéramos como que no pasa nada”, reiteró la portavoz del Bloque en su segunda intervención. “En la calle hay alarma social, quieren que expliquen cómo usan el dinero público”, agregó el parlamentario de AGE, quien destaca que hace falta “hablar de que existió un fraude brutal” del que Mato, “si no fue cómplice”, fue “absolutamente ineficaz” por no frenarlo. “Usted es la matriz de este caso” y “amiga íntima” de estas personas. A lo mejor, sugirió Fajardo, Mato no ofrece explicaciones porque “sabe que lo que puede decir la va a implicar más de lo que ya está”.

Ni Prado ni Fajardo ni tampoco Gallego, quien reclama “comparecencias, explicaciones, documentos y no más mentiras” para “luchar contra la corrupción”, lograron mover un milímetro las tesis de la consejera. Aunque el propio sumario del caso refleja que la investigación comenzó a raíz de la denuncia de dos trabajadoras, Mato insiste en que los “mecanismos de control” instaurados por el actual Gobierno son los que permiten que “aparezcan casos de fraude” y “esta Consellería sea protagonista de denunciar el caso ante la Fiscalía”. “No sirve de nada sembrar cualquier duda”, asegura, para culminar desdeñando a “los diputados de AGE y BNG” porque está “evidentemente claro cuáles son los objetivos de estas formaciones”, especialmente en el caso de Alternativa, toda vez que “IU se dedica a asaltar supermercados”. Mato tuvo tiempo, además, para “pedir perdón”, pero “por lo que acaba de decir la portavoz del BNG”.

El alcalde de A Coruña y presidente del PP en la provincia, Carlos Negreira, negó este mismo miércoles en una entrevista en Radio Coruña tener alguna vinculación con el empresario Gerardo Crespo, el líder de la trama de corrupción de cursos falsos que investiga la operación Zeta, “más allá de la que se mantiene con cualquier otro representante de vecinos”. No opinan lo mismo los investigadores, que en el sumario –al que ha tenido acceso este diario– dan cuenta del “nivel de relaciones” que tiene el empresario con importantes cargos públicos, entre ellos el regidor coruñés, a quien llega para “realizar funciones de intermediación de su agenda”.

Llega a esta conclusión la policía después de que Crespo ejerciera de intermediario entre el responsable del sindicato USO en Galicia y el alcalde de A Coruña para lograrle al primero de ellos una cita con el regidor. “Que hablaremos, le dije... Esta semana estoy a tope”, le responde al líder de la trama Carlos Negreira, que admite que existen en el sumario once mensajes telefónicos enviadas por Crespo a su teléfono, “la mayoría no contestados”. Este, sí.

“Me dejó tirado cuando comenzaron las escuchas”, revela Crespo sobre Negreira en una entrevista em el diario local La Opinión A Coruña. Es cierto que el sumario no da cuenta de una relación demasiado fluida, pero sí deja entrever una anterior mucho más estrecha. Son los investigadores los que hablan de una “posible labor de intermediación” por parte del empresario entre las personas interesadas en contactar con el alcalde y el propio regidor. En una conversación grabada, le ofrece colaboración a un conocido para hacer “gestiones con Carlos [Negreira] y con quien veas”. “Tras tu reunión con Negreira, ¿puedo yo mantener la mía?”, le pregunta el interlocutor.

La confianza y la petición de favores era tal que Gerardo Crespo llama directamente a la secretaria del alcalde de A Coruña para informarla de la situación de diferentes procesos de adjudicación de servicios municipales, advirtiéndole de que su empresa se presentó a uno de Consumo “Para que lo sepa”, le dice. “Hay un proceso negociado que durante años estábamos llevando nosotros, el de bibliotecas, y no nos han invitado. Cuando nos hemos enterado... Se lo han dado a otra empresa [...] y el técnico del ayuntamiento es el primer sorprendido. Ahora nos hemos presentado a otro tema de la Oficina de Consumo, para que lo sepa”.

Antes, el empresario ya se había encargado de mandarle un SMS al regidor: “Hola. Desde hace años llevamos los cursos de bibliotecas del ayunt. y siempre nos invitaban al negociado; lo sabe el técnico... Y este año no. Un abrazo”.

Tan solo unos días más tarde, y según las conversaciones telefónicas intervenidas, los propios investigadores advierten de que se intenta “arreglar” un proceso de adjudicación “de un servicio vinculado con Consumo, a realizar a través de un procedimiento negociado sin publicidad y en el que se va a presentar alguna de las empresas de Gerardo Crespo”. Se refieren a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Tal y como revela la policía, la idea es presentar a otras dos “empresas amigas” para “formalizar una apariencia de concurrencia en un proceso de adjudicación ya decidido, que finalmente recaerá presuntamente a favor de la empresa de Gerardo”.

La conversación es entre una empleada de su empresa y el propio Crespo. “Estamos con el tema de Consumo y nos piden dos empresas más [...] Nos vamos a presentar nosotros y dos empresas más... amigas”, admite, suponiendo que es en el propio Ayuntamiento donde se lo solicitan. De hecho, los investigadores aseguran que esta llamada “hay que ponerla en relación con los sms enviados por Gerardo Crespo a Negreira y con la llamada de ese mesmo día mantenida entre el propio Crespo y la secretaria del alcalde”.

Dos horas “con el señor alcalde de La Coruña”

La CoruñaAdemás, Eliseo Calviño, otro de los implicados en la operación Zeta –responsable de Caype y otro de los líderes de la trama–, presume también de su relación con Negreira. En una llamada a su amigo y socio, Gerardo Crespo, le anuncia que estuvo “como de los horas y media con nuestro amigo... Con Carlos, con el señor alcalde de La Coruña” y lo hace “mostrando su satisfacción”, tal y como dicen los investigadores. “¿De dos horas y media, eh? Muy bien, él muy bien como siempre, lo que pasa es que, claro, él tiene que ser muy bien, pues con todos. Yo creo que hay algunas cosas que le quedaron claras, eh... De alguna le sorprendió mucho... Y vamos a ver... Pero ya hablaremos de eso”.

La reunión entre Negreira y Calviño, así como la conversación telefónica con su socio, tienen lugar pocos días después de que Gerardo Crespo advierta a la secretaria del alcalde de que una de sus compañías se presentó a un proceso de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y tan solo unos días antes de que una empleada advierta al empresario de que hay que presentar “dos empresas amigas” a un proceso de adjudicación. Según conversaciones posteriores, el líder de la trama lamenta que no lograra la adjudicación de este proceso y así se lo recrimina a responsables del Ayuntamiento.

Según otras informaciones ya publicadas, este no es el primer intento de amaño de contratos relacionados con instituciones de Consumo por parte de Crespo. Correos encontrados por la policía demuestran cómo responsables del Instituto Galego de Consumo amañaron contratos con Crespo, que pactaba las condiciones para que sus empresas fueran las adjudicatarias.

Lo que es evidente para los investigadores es que Crespo pasa tiempo “presionando” a Carlos Negreira “con el objeto de conseguir más adjudicaciones”. “Me siento abandonado [...] Abrazos”, le dice el empresario, después de que el líder de la trama advierta en el Ayuntamiento de que no está siendo informado de diferentes concursos. Poco después, el regidor le envía otro SMS: “Ok Gerardo... Abrazos”. En otra conversación posterior con responsables en María Pita, el líder de la trama asegura que “al alcalde le joroba” que él no sea informado de diferentes procesos.

Después de que el líder de la trama corrupta insista en varias conversaciones con personal del Ayuntamiento pŕoximo al alcalde, decide enviarle otro mensaje telefónico a Negreira. “Me siento amparado y muy feliz del alcalde amigo que tengo”, le pone en uno de esos sms. Los investigadores entienden que Crespo “parece estar más contento con el alcalde” después de contactar con la administración local, “aunque este no le contesta”. No lo hace en ese momento, pero sí horas después: “Abrazos... le paso el mensaje a ”programación“... Nos vemos pronto!! Buen fin de semana!!”. Una relación que parece demasiado cordial para ser la que se mantiene “con cualquier dirigente vecinal”.

El alcalde de A Coruña, en la entrevista en Radio Coruña, le pide a Crespo que deje “el resentimiento y remordimiento” y que se centre “en su defensa”. El empresario, por su parte, asegura en la entrevista en La Opinión A Coruña que hizo muchos favores políticos y carga con dureza contra el alcalde, advirtiendo además de que dará cuenta de todo al juez cuando sea llamado a declarar.

“Un sistema organizado y coordinado para conseguir fondos públicos, falseando requisitos, condiciones y documentos con tal fin, y una vez obtenidos estos fondos, malversándolos con pactos ilícitos para su reparto y posterior uso privativo”. Así resume la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía la base de la Operación Zeta, la presunta trama de “fraude premeditado” de subvenciones y contratos públicos que, supuestamente, tenía como núcleo las empresas y asociaciones del empresario coruñés Gerardo Crespo. Esta “operativa ilícita” giró “permanentemente en torno a un fraude premeditado” basada en “falsedades” que, para los investigadores, estuvo facilitada en buena medida por la “inacción en el control” por parte de las Administraciones públicas, tanto de las estatales como, especialmente, de la Xunta.

La investigación del caso tiene conocimiento de esta “comisión de conductas fraudulentas de naturaleza penal”, que da por “plenamente confirmadas”, tras la denuncia de dos ex empleadas de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (CAYPE). Tal como consta en el sumario del caso, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, el caso explota no por la actuación del Gobierno gallego ante la Fiscalía, como está sugiriendo el presidente de la Xunta en los últimos días, sino por la exposición “de un conjunto de irregularidades” observadas por estas personas “en la obtención y justificación de subvenciones públicas” que llevó a los agentes hasta el grupo Azetanet, encabezado por Gerardo Crespo.

Con estas primeras piezas sobre la mesa, los siguientes pasos le sirvieron a la UDEF para considerar que Crespo “gestionaba un conjunto de fundaciones o asociaciones de defensa de autónomos discapacitados”, supuestamente sin ánimo de lucro, que realmente tenían como “única actividad ser solicitantes y beneficiarias directas de subvenciones”. El dinero público era solicitado por entes como la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad (FUNDEFO), la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia (AED Galicia) o la Asociación de Trabajadores Autónomos Discapacitados de España (ATRADE), entre otras. Los pinchazos telefónicos, dicen los agentes, muestran cómo Crespo “daba órdenes a sus empleados para crear nuevas entidades asociativas ficticias” que estaban, en última instancia, bajo su “permanente supervisión”.

El 'modus operandi'

En este contexto, las siglas de unas y otras entidades eran, prácticamente, lo de menos. Siempre según los informes contenidos en el sumario, las organizaciones sin ánimo de lucro que presidía Crespo obtenían subsidios para la formación y, acto seguido, sus propias empresas “ejecutaban de manera subcontratada la formación subvencionada”, lo que para la Policía es una “clara contravención” de la ley de subvenciones. Esta manera de proceder era “un medio de alimentar la actividad del grupo empresarial” de Crespo “y por lo tanto, su patrimonio final”, toda vez que “todos los ingresos de unas y otras iban a la misma caja”. Como CAYPE, resaltan, “estas entidades no tenían ninguna actividad asociativa”. Su “verdadero propósito” era “la caza de dinero público”.

Junto a este circuito entre empresas y asociaciones de Crespo, figuran otras piezas de la supuesta trama: los “clientes externos”. Se trata de entidades receptoras de subvenciones para la formación, que la contrataban con las empresas de Crespo. Estas, por su parte, les devolvían una parte de lo que inicialmente les cobraban, toda vez que no les habían prestado “ningún servicio”. Lo que iba y venía era, en todo caso, dinero público, si bien las “devoluciones” tenían formas diversas: “en metálico”, con la “emisión de facturas falsas” o en “dádivas de distinta especie” que llegaban hasta el 50% del total de la subvención, lo que “le permitiría a Gerardo captar clientes receptores de sustanciosas subvenciones periódicas y a estos, la obtención de importantes cantidades económicas procedentes inicialmente del erario”.

Y, ¿quiénes eran estos clientes? Asociaciones de autónomos como CAYPE, donde comenzó todo, la Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA), la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, la Asociación de Hostelería de la Provincia de A Coruña, la Federación de Clínicas Privadas o “sindicatos como USO Galicia”. La trama pudo crecer, dicen los agentes, porque “todos los clientes que ejecutaban subvenciones con Azetanet recibían devoluciones ilícitas”. De todo esto se derivaba el “enriquecimiento” de Crespo y el aumento del dinero guardado en su “caja *B”, apodada por el empresario como “la KGB”.

Una “farsa” asociativa sin control

La Policía llega a estas conclusiones, entre otras vías, a través de las conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos líderes de la trama, “en muchas ocasiones tan explícitas que no dejaban margen para la interpretación”. Así, por ejemplo, Crespo y sus colaboradores, como el presidente de CAYPE, Eliseo Calviño, y el presidente de FEAGA, Francisco Pérez Bello, “reconocen abiertamente que las asociaciones de autónomos” que recibían “decenas de millones de euros” eran “un montaje o una farsa” y que “mentían como un cosaco”. En las conversaciones se llega a mencionar “la falta de auténticos autónomos asociados” a estas entidades, una carencia que se cubría con la “compra de bases de datos de autónomos a empresas de Internet” o el “uso de sedes ficticias”.

Para poder cometer estos “múltiples ilícitos penales”, la Policía ve fundamental el recurrente contacto entre Gerardo Crespo y “relevantes cargos políticos”. En las escuchas, dice la UDEF, Crespo “reconocía que la Administración autonómica nunca le había controlado la ejecución de sus cursos” hasta marzo de 2012 cuando, con la investigación ya en marcha a raíz de la denuncia de las dos empleadas, Trabajo le “revocó cinco planes integrales de empleo”. Las relaciones de Crespo con los políticos tenían la “finalidad de facilitar la concesión de cursos y subvenciones o el levantamiento de trabas a las mismas”, así como el “presunto amaño de procedimientos de adjudicación negociados”. Para llegar con fluidez a las autoridades, dice la investigación, Crespo se apoyaba en buena medida en Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, empresario madrileño imputado en el caso y que supuestamente recibía “dinero por la práctica de gestiones” y que, según detalló El País, es amigo personal del presidente de la Xunta.

Feijóo se defiende atacando. Ante las diferentes informaciones del sumario de la operación Zeta -que investiga la trama de los cursos falsos de empleo- que lo salpican, el presidente de la Xunta presume de liderar junto a su Gobierno la lucha contra la corrupción e incluso asegura que la investigación que se está llevando a cabo es gracias a las denuncias que hizo su Ejecutivo. En la sesión de control en el Parlamento deste miércoles nada especificó de que medidas tomar contra este y otros casos, pero sí llegó a utilizar una frase en la que sale citado en el sumario para advertir que él será “clave” en esa supuesta lucha contra las prácticas corruptas.

“Gerardo, el jueves 7. A las 5,30 en Génova, despacho Ana Pastor. Marga [directiva de las empresas investigadas] y tú. Un saludo. Feijóo vana a ser clave”. Así se puede leer en el sumario de la operación Zeta en una conversación extraída de un mensaje enviado a Gerardo Crespo, presunto líder de la trama, por Pachi Lucas, reconocido amigo del presidente de la Xunta y supuesto “conseguidor” de la red corrupta. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, mostró también en la sesión una fotografía en la que Lucas aparece junto a Mariano Rajoy, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, el vicrepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el propio Núñez Feijóo en la plaza de toros de Pontevedra. Pero la respuesta fue siempre a misma: presumir de integridad y atacar al bipartito de PSdeG y Bloque que gobernó la Xunta entre 2005 y 2009.

Feijóo y Rajoy, en los toros con el presunto conseguidor de la trama (arriba, aplaudiendo), en una imagen difundida por el BNG

“Este gobierno es el único que puso en conocimiento del fiscal lo que pasaba, mientras ustedes (en referencia al bipartito) dieron un 30% más de ayudas a estas empresas, hasta seis millones de euros; se suma a esta actuación impecable desde el punto de vista de la Fiscalía”, le llegó a responder Feijóo a Jorquera después de que este le mostrara la fotografía y pidiera incluso su dimisión ante el descubrimiento de la que considera una “trama de financiación irregular” del PP y después de que el sumario desvelara también cómo la contable de Crespo admitía que sacó dinero de la caja B para pagar en sobres a los populares.

El BNG, al igual que otros grupos, le recordó a Feijóo el montón de cargos y militantes del PP citados en el sumario, pero el presidente se empeñó en presumir de eficacia contra la corrupción. “Hoy por hoy todos los cursos de formación son investigados y en 2010 se creó un servicio para investigarlos, algo que antes no existía”, dijo, asegurando que “no es normal” que este sumario “no saliera en la anterior legislatura”. “Todo el mundo miró para otro lado hasta que este Gobierno quiso investigarlo”, añadió.

Pero Jorquera le recordó que fueron funcionarios y ex trabajadores los que desvelaron la trama corrupta de los cursos de formación que implica a Romay Beccaría o Carlos Negreira y que aún en 2013 la Xunta se los concedió a las empresas implicadas. Feijóo contestó acusando al bipartito de adjudicar también cursos con el gobierno en funciones e incluso aludiendo a correos que en el sumario desvelarían conversaciones entre miembros del anterior ejecutivo de coalición y directivos de las compañías investigadas. “Seguiré actuando afecte a quien afecte”, volvió a presumir el presidente, que nada dijo, no obstante, de qué nueva medidas pretende tomar. “Si ustedes hubieran actuado en la anterior legislatura, esto se habría parado”, aseguró antes de que la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, le preguntara si él es “el hombre X” de esta trama.