El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ha muerto este miércoles en su casa de Lima a los 86 años por un cáncer. Fujimori salió en diciembre pasado de la cárcel en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad beneficiado por un indulto.

Fujimori nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000. Su primeria victoria fue contra el escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.

Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, después de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.

Durante su mandato se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría. Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.

El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.

Durante los últimos años, fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.

Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.

La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko. En octubre de 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar. A esas enfermedades sumó un nuevo tumor maligno que le fue detectado en mayo pasado.

Su muerte ha interrumpido también otros juicios abiertos en su contra y por los que miles de víctimas siguen esperando reparación. Entre ellas, las esterilizaciones forzosas, la masacre de seis campesinos, la venta de armas a las desmovilizadas FARC y un caso de corrupción.

Las esterilizaciones forzosas

En el régimen de Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.

Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo “cuotas” para los médicos a cargo de las operaciones.

Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables, a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.

En agosto pasado, la Justicia peruana confirmó la anulación de la acusación penal contra el expresidente, lo que dejó sin efecto todas las diligencias y actos procesales realizadas entre 2021 y 2023. Esta decisión, según reportaron entonces medios locales, ratificó que el caso debía regresar hasta la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía, es decir hasta marzo de 2019.

El caso Pativilca

Eternamente asociado a Fujimori queda para la historia su exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de su gobierno, que fue condenado en enero pasado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

La jueza Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, precisó entonces que esta condena se considera “compurgada” (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la “autoría mediata” (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.

La Fiscalía pidió que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión.

Los demás procesados no aceptaron acogerse a la figura jurídica de la “conclusión anticipada” por lo cual debían seguir siendo enjuiciados.

Venta de armas a las FARC

Fujimori, que renunció en el 2000 por fax desde Japón, país natal de sus padres y cuya nacionalidad reclamó, no podía ser trasladado a Perú, puesto que el país asiático no extradita a sus connacionales. Por eso, el exmandatario fue arrestado durante una inesperada visita a Chile.

Desde ese momento, cualquier causa nueva debía contar con el visto bueno de los tribunales chilenos. La Procuraduría peruana anunció en enero pasado que la Corte Suprema del país austral había aprobado una petición para ampliar los delitos por los que Fujimori fue extraditado en 2007.

Pese a que no aclaró de qué delitos se trataba, medios locales indicaron que figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999.

En este caso es acusado de los presuntos delitos contra la seguridad pública (suministro ilegal de armas de fuego) y contra la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir).

Chavimochic

Tal y como ha recordado el diario El Comercio, también ha pesado una acusación contra Fujimori por el 'Caso Chavimochic'. En este proceso, el exmandatario era acusado de haber autorizado el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que un amigo suyo, Augusto Miyagusuku, comprara terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en el norteño departamento de La Libertad.

Siempre según el rotativo que citó a la acusación fiscal, la compra de los terrenos “fueron producto directo de las actividades delictivas en las que participó el procesado Miyagusuku y Alberto Fujimori, siendo que el primero actuó como testaferro de este último”.

Adicionalmente y con menos recorrido hasta el momento, Fujimori era reclamado por otros casos como los de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro (1992) y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima (1997) o el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo Colina.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) volverá a postular a la jefatura de Estado de Perú en las elecciones generales de 2026, anunció este domingo su hija Keiko Fujimori. “Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, afirmó la líder del partido Fuerza Popular en un breve mensaje publicado en la red social X.

Keiko Fujimori hizo el anuncio después de que el diario El Comercio publicara este domingo una entrevista en la que afirma que está segura de que si su padre participa en unas nuevas elecciones pasaría a una segunda vuelta presidencial.

Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

En sus declaraciones a El Comercio, Keiko Fujimori aseguró que su padre le dijo “que quería participar en política, que él sabía a los riesgos que se exponía” y añadió que “tiene muchísima experiencia” y apoyaría su decisión final.

“Consciente de la edad”

La líder de Fuerza Popular señaló que es “consciente de la edad” y de los problemas de salud que afronta su padre, entre los que recordó que padece un cáncer en la lengua y ha sido sometido a una operación de cadera, de la que está en proceso de recuperación.

Keiko aseguró, además, que “varios abogados” le han dicho “que sí podría ser candidato”, a pesar de que juristas y políticos señalan que está impedido por su condición de condenado por un delito doloso, tal como establece el artículo 34-A de la Constitución peruana y la Ley Orgánica de Elecciones. En la entrevista, Keiko Fujimori dijo que aún no sabe si ella postulará como candidata al Senado, pero aseguró que no irá en la fórmula presidencial de su padre.

El pasado 4 de julio, el Poder Judicial de Perú rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos abierto contra Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y los ex altos mandos militares Nicoláás de Bari Hermoza y Luis Péérez Documet.

La decisión fue tomada en el proceso que sigue contra los imputados por su presunta intervención en los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a un total de 16 personas en 1992.

Mientras que la Fiscalía ha pedido condenas a un mínimo de 25 años de prisión, el pasado 31 de enero Montesinos recibió una sentencia a 19 años y 8 meses de cárcel tras haberse acogido a la figura jurídica de la conclusión anticipada, al aceptar su responsabilidad.

Al ser consultado en una anterior audiencia, el expresidente anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que en enero se analizó una petición de la Fiscalía para que se le impongan 18 meses de arresto domiciliario, que finalmente fue rechazada.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional y a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) había pedido a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.

Fujimori ha abandonado el penal de Barbadillo con unas gafas nasales que proveen de oxígeno, un día después de que se conociera que el Constitucional había dispuesto “la inmediata libertad del favorecido” al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En el momento de sus salida del centro penitenciario, el expresidente saludó a algunos de los presentes cercanos a la familia, a la defensa y al partido, y entró en un vehículo gris con sus hijos y su nuera.

Cuando el ex jefe de Estado dejó atrás el último control del penal, decenas de seguidores que lo esperaron durante toda la jornada lo recibieron con vítores, música y fuegos artificiales. La expectación era tal que el coche quedó retenido durante cerca de 30 minutos sin apenas poder avanzar por las calles próximas, rodeado de seguidores, policías y prensa.

La liberación de Fujimori se retrasó durante varias horas por un problema biométrico en el penal de Barbadillo, donde también están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este martes la libertad inmediata de Fujimori y la resolución, que fue firmada por tres de sus seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”.

El Constitucional tomó esta decisión después de que un juzgado de la región sureña de Ica declarara el viernes pasado improcedente una primera resolución suya que restablecía el indulto.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) había publicado este miércoles una resolución en la que requería al Estado peruano que se abstuviera de liberar al exgobernante. El tribunal aseguraba que tomada esta decisión con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La resolución, firmada por el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, requería a Perú que no liberase a Fujimori hasta que la Corte Interamericana “cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022”.

En abril de 2022, la CorteIDH había ordenado a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) saldrá en libertad en los próximos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo este jueves que restituye el indulto humanitario que recibió en 2017, cuando el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski negoció supuestamente ese favor a cambio de los votos de parlamentarios fujimoristas para no ser destituido de su cargo.

La resolución del organismo no solo le abrirá las puertas de la prisión al exmandatario, de 83 años y condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, sino que ha enfrentado nuevamente a sus seguidores y detractores. La división se ha trasladado al propio tribunal, que ha aprobado la excarcelación por el voto decisivo de su presidente, Augusto Ferrero, tras un empate de tres votos a favor y tres en contra.

En las altas esferas del poder también fue recibida con indignación y rechazo, al punto que el Gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a organismos internacionales para intentar revertirla.

En medio de esa polémica, Fujimori puede ser excarcelado el lunes o martes próximo, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales para acatar la resolución, según adelanto su abogado defensor, Cesar Nakazaki.

Mientras que los seguidores del exgobernante celebraron la decisión, y decenas de ellos llegaron hasta las afueras de la cárcel de Lima en la que cumple su condena, su hija mayor, Keiko Fujimori, afirmó que la medida “es de justicia” y que la familia esperará “los siguientes pasos” para que el Poder Judicial cumpla con la resolución del TC.

La tres veces candidata presidencial también dijo que no comentará por ahora “las diversas opiniones que han escuchado” en contra de la liberación de su padre, pero aseguró que los opositores a la medida “están en su derecho”.

El voto dirimente de Ferrero decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de “habeas corpus” que solicitó esa medida quedara empatada en tres votos a favor y tres en contra.

En ese sentido, el TC declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El Poder Judicial había anulado ese indulto por considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.

Actualmente, el indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.

En ese sentido, la decisión del TC también generó el rechazo de cientos de ciudadanos, que se reunieron en el centro histórico de Lima para protestar de manera pacífica, junto con los familiares de las víctimas de los crímenes por las que fue sentenciado Fujimori.

“Como familiares de las víctimas del caso Cantuta, en particular, y de todos los casos de la dictadura de Alberto Fujimori, estamos indignados por esta situación que resuelve darle libertad de forma ilegal”, aseguró a Efe la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, quien es hermana de uno de los estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos en la universidad limeña La Cantuta en 1992.

En un primer momento, la resolución también motivó el rechazo del presidente Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres, una posición que luego fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

Tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el gobernante, Carrasco adelantó que el Ejecutivo acudirá “a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para, a través de estos medios, revertir este fallo” 

Landa, un reconocido constitucionalista que presidió el TC entre 2006 y 2008, sostuvo, por su parte, que la decisión “no es válida, pues va en contra de las decisiones” de la CorteIDH y, por tanto, “correspondería ser revertida” por ese tribunal.

Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.

Un cuarto de siglo han tenido que esperar las supervivientes de esterilizaciones forzadas en Perú para ver una luz al final del túnel. El 11 de diciembre, el juez Rafael Martínez abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por su presunta responsabilidad en esas prácticas realizadas a 1.317 mujeres, la mayoría campesinas sin recursos, durante su mandato.

La Justicia también ha decidido investigar por este caso a los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga —actual legislador—, como “presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos”.

Pese a la demora, las supervivientes consideran que se ha dado un gran paso en este largo proceso. Su valentía al denunciar y el esfuerzo de todos estos años empieza a dar sus frutos. 

“Una puerta nueva”

“Se ha abierto una puerta nueva porque hemos pasado del Ministerio Público al poder judicial y eso supone una luz de esperanza para las miles de víctimas, no solo para las 1.317 denunciantes de este proceso penal que se va a investigar judicialmente, sino para todas, ya que se trata de los mismos delitos”, dice a elDiario.es María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). 

El Ministerio Público, añade Cedano, “tiene otros dos expedientes más con al menos otras 2.000 personas denunciantes y tiene la posibilidad de solicitar al poder judicial que se sumen estas víctimas”.

Pero antes de que comience el proceso penal, aún queda otro paso. La Corte Suprema de Justicia de Chile tiene que aceptar la ampliación de los cargos de extradición que aprobaron en 2005, después de que Fujimori fuera detenido en un lujoso hotel de Santiago, según informa Efe.

El exmandatario se encuentra preso en Perú desde 2009, cumpliendo una condena de 25 años por violación de los derechos humanos durante su Gobierno.

El juicio podría tardar

Esta última decisión del juez Rafael Martínez tampoco significa que se vaya a celebrar un juicio contra Fujimori y sus exministros a corto plazo. El camino aún es largo.

“No estamos en un juicio, ni siquiera estamos cerca. La investigación judicial es una oportunidad para que se actúe en todas las pruebas existentes y para que se busquen nuevas”, aclara la abogada peruana. Asegura que lucharán “para que se haga justicia con las mayores penas posibles”, porque si la investigación solo concluye que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, sostiene, “las penas pueden ser ínfimas, y en realidad se trata de un crimen de lesa humanidad”. 

Cedano considera que los implicados deberían ser llevados a juicio por homicidio, por negligencia, por coerción y secuestro, pues “no solo se dañaron y lesionaron los cuerpos de las víctimas, sino que se violó su voluntad al no informarles adecuadamente y no permitirles decidir libremente”.

Y ese juicio podría demorarse mucho, teniendo en cuenta problemas tan arraigados en Perú como son, indica Cedano, “la corrupción en el sistema de justicia y la falta de independencia a nivel de magistrados”.

“Se tardaría menos si la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, y la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, crearan una fiscalía ad hoc para investigar judicialmente este caso”, dice.

Esta investigación, además, se ha intentado archivar en varias ocasiones y el proceso judicial se ha dilatado durante años. 

25 años de sufrimiento

Se estima que entre los años 1996 y 2000, bajo el segundo mandato de Fujimori, más de 300.000 mujeres y cerca de 22.000 hombres fueron esterilizados en contra de su voluntad en Perú.

Estas prácticas se llevaron a cabo en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar con el objetivo de frenar la natalidad de las personas de escasos recursos. La mayoría eran jóvenes provenientes de comunidades indígenas quechua.

Bajo engaños y amenazas del personal sanitario, la mayoría de las víctimas eran conducidas hasta lugares insalubres donde se les operaba sin anestesia general. Tras realizarles ligaduras de trompas y vasectomías irreversibles, nunca tuvieron ni cuidados postoperatorios ni seguimiento médico. Las lesiones, tanto físicas como psicológicas, aún permanecen.

“Han sido 25 años de vergüenza para la Justicia peruana, pero también para los cinco gobiernos que dieron la espalda en democracia a miles de mujeres pese a sus reclamos”, dice a elDiario.es María Esther Mogollón, asesora y portavoz de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

Independientemente del color político, ninguno de los cinco presidentes que ha gobernado Perú en las últimas tres décadas —Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra– atendió las necesidades de las miles de víctimas que fueron brutalmente esterilizadas. 

Para las mujeres indígenas, además, no poder tener hijos supone un estigma social, y muchas sufrieron el rechazo de su comunidad. La revictimización, explican, es constante.

“Una cosa fue la operación y otra lo que vino después. Han sido 25 años de sufrimiento, de limitaciones respecto a su propio trabajo comunitario, ya que la cultura andina se desarrolla en ámbitos comunitarios. Sus propias comunidades las han rechazado, muchos no han entendido la gravedad de lo que les hicieron y creen que no han querido tener hijos para no colaborar con la comunidad”, lamenta la portavoz de AMPAEF.

Las supervivientes también sufren a menudo el racismo y la discriminación, sobre todo de la sociedad limeña y actualmente más de 1.000 víctimas no disponen de abogados defensores. “Estamos preocupadas porque no tienen defensa ni suficientes recursos, y a veces es muy difícil hacerles llegar información”, dice Mogollón.

¿Y el Gobierno de Castillo?

La asesora se muestra algo más esperanzada con el Gobierno de Pedro Castillo, el ex maestro rural que asumió la presidencia de Perú el pasado mes de julio. Al menos, indica Mogollón, durante su campaña electoral se solidarizó con la lucha de las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas e incluso explicó que dentro de su propia familia habían sufrido estas terribles prácticas.

Pero la asociación de mujeres AMPAEF ha enviado varias cartas para solicitar una reunión tanto al presidente, como al ministro de Sanidad, Hernando Cevallos, y al de Justicia, Aníbal Torres, y aún no han recibido respuesta. Las activistas han sido recibidas por la ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Anahí Durand.

Como en tantos otros pueblos andinos de Perú, hasta mediados de los años 90 las familias campesinas de Chovinillo, en el centro del país, jamás habían recibido la visita de un profesional sanitario. De ahí la sorpresa de Gloria Basilio al ver cómo dos enfermeras se presentaban en su casa. Acudieron hasta en tres ocasiones y no precisamente para interesarse por su salud, sino para convencerla de que se sometiera a una ligadura de trompas para no tener más hijos. “¿Qué futuro vas a dar a los que ya tienes siendo campesina?”, le repetían. Era 1996 y Gloria tan solo tenía 25 años. Confundida, les dijo a las enfermeras que lo pensaría, pero cuando acudieron a su casa por tercera vez, no le dejaron opción. “Tienes que venir sí o sí”, zanjaron, y ahí empezó su calvario.

Obligaron a Gloria, y a otras muchas mujeres del pueblo, a subir a una camioneta y las trasladaron hasta un hospital en un viaje interminable de tres horas por un camino de tierra. En ese centro de salud público primero las mandaron a la ducha para después entrar en la sala de operaciones. “Me aplicaron anestesia local y vi cómo me cortaban el vientre con un serrucho, parecía que iban a matar a una vaca. Había dos médicos y dos enfermeras, y yo solo quería correr, pero me amarraron de los brazos y las piernas. Después ya solo recuerdo que me desperté en una sala y, cuando reaccioné a base de cachetazos en la cara, solo pude llorar”, cuenta a elDiario.es en conversación telefónica desde Perú. “Al día siguiente nos volvieron a subir como animales en la misma camioneta. Éramos unas 20 mujeres y el dolor era insoportable, todas gritábamos”, recuerda.

Ninguna de ellas volvió a recibir en su casa la visita de un profesional sanitario. Nunca hubo un seguimiento médico pese a las graves lesiones que sufrieron, tanto físicas como psicológicas, y que aún arrastran a día de hoy.

Gloria Basilio es una superviviente, una de las más de 300.000 mujeres que fueron esterilizadas forzosamente en Perú durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una medida con la que el Estado pretendía luchar contra la pobreza. Estas prácticas afectaron principalmente a mujeres de procedencia indígena, con escasos recursos económicos, de zonas rurales y urbano populares. También fueron esterilizados en contra de su voluntad unos 24.000 hombres.

“Se trata de un crimen de lesa humanidad. Vulneraron derechos humanos, derechos reproductivos, el derecho a la planificación familiar, al acceso a una gama más amplia de anticonceptivos, el derecho al consentimiento previo libre e informado y por escrito, tratándose de métodos irreversibles”, explica a este medio María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

En esta política de Estado, continúa Cedano, hubo una cadena de mando donde se ejecutaron órdenes. Un aparato de poder institucionalizado. “Se dio un patrón sistemático y generalizado contra una población civil determinada con conocimiento de la vulneración de derechos”.

La mayoría de las víctimas de las esterilizaciones forzadas en Perú eran jóvenes, indígenas, pobres y en muchos casos tampoco sabían leer ni escribir. Fueron engañadas, amenazadas, chantajeadas y humilladas. La mayoría operadas en lugares insalubres, sin anestesia general y sin ningún tipo de cuidado posoperatorio. Fueron abandonadas por el Estado.

A pesar de que han pasado 25 años, los responsables de la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar –Fujimori y sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Mariano Costa– aún no han sido juzgados. Defienden que el objetivo era reducir la pobreza, pero tampoco lo lograron. De hecho, la situación económica de las mujeres esterilizadas en contra de su voluntad sigue siendo muy precaria a día de hoy y en numerosos casos sus hijos tampoco han podido progresar como consecuencia de todo lo sufrido.

Esta investigación, además, se ha intentado archivar en varias ocasiones, aunque finalmente se logró que el Ministerio Público denunciara ante el Poder Judicial.

El proceso judicial se ha dilatado durante años e incluso el pasado mes de enero se suspendió una audiencia contra Fujimori y sus exministros de Salud antes de la posible apertura oficial de juicio por falta de traductores que hablasen variantes del quechua. Si no hay nuevas sorpresas, esa misma audiencia se celebrará este lunes 1 de marzo y debe ser pública.

“Solo habrá juicio si la investigación judicial concluye en una acusación del Ministerio Público. El juez ahora tiene que investigar a fondo, averiguar si hubo responsabilidad penal en los promotores de esta política. Queremos que Fujimori, los exministros de Salud y jefes médicos de estos delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves –en contexto de conflicto armado interno– que configuraron este crimen de lesa humanidad puedan ser acusados y llevados a juicio”, aclara la abogada.

“El problema es que no solo nos enfrentamos a una justicia patriarcal, clasista y racista, sino a poderes de facto, a una cultura judicial que debe ser reformada. Se trata de fuerzas políticas que han gobernado el país durante los 80 y 90 y que pretenden seguir gobernándolo”, asegura Cedano. Prueba de ello es la fuerza que aún sigue teniendo el Fujimorismo en el país, con la propia hija de Alberto Fujimori, Keiko, como candidata a la presidencia y líder del partido Fuerza Popular.

Fujimori, por su parte, cumple desde 2009 una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su gobierno.

Consecuencias de por vida

Desde las asociaciones que acompañan a las víctimas de esterilizaciones forzadas recuerdan que en Perú aún hay que explicar que estas prácticas atroces “no fueron un mito ni un error” y que las personas afectadas necesitan justicia y reparación.

“Todavía escuchamos decir: ‘Pero si fue un cortecito de nada de dos puntos, no sé por qué exageran tanto’, cuando la realidad es que miles de mujeres sufrieron graves infecciones, e incluso muertes, y su salud mental se vio seriamente afectada de por vida. Es increíble la falta de sensibilidad de autoridades, funcionarios y parte de la sociedad civil”, lamenta María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas por Esterilizaciones Forzadas (GREF).

Uno de los casos más significativos fue el de Mamérita Mestanza, una campesina indígena que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada. Llegó a recibir cerca de 10 visitas de funcionarios del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar hasta que fue operada sin su consentimiento. En 2003 su caso llegó a la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) y el Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas. La Fiscalía llegó a archivar el caso en varias ocasiones, aunque finalmente fue reabierto. Los responsables, eso sí, siguen sin ser juzgados.

“¿Pero qué más pruebas quieren?”, se pregunta Gloria, como si fuera poco el hecho de que su mente y su cuerpo ya no sean los mismos. Como si fuera poco ese dolor punzante que sigue sintiendo y que prácticamente le impide tener relaciones sexuales. O que su trabajo como campesina se viera seriamente perjudicado al no poder agacharse, por no hablar de las infecciones de ovario, los sangrados frecuentes y el prolapso uterino que padece desde que fue brutalmente esterilizada.

Hace ya tiempo que Gloria se trasladó a vivir a Lima tratando de buscar una vida menos dura que la del campo, pero debido a la pandemia perdió su empleo como ayudante de cocina y ahora ni siquiera puede acudir al médico. Perú ha sido uno de los países de América Latina donde el coronavirus ha golpeado con más fuerza, ya que con una población de unos 32 millones de habitantes acumula cerca de 1,3 millones de contagios y más de 45.000 fallecidos.

Por si fuera poco, además de la grave crisis política que atraviesa el país después de que en noviembre el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra, un nuevo escándalo ha salido a la luz en las últimas semanas, el llamado “Vacunagate”. Cientos de personas influyentes como políticos, empresarios o altos funcionarios se vacunaron anticipadamente en secreto, incluyendo al propio Vizcarra y algunos de sus familiares.

Método irreversible

Dependiendo de cómo se haya realizado el procedimiento, la ligadura de trompas puede ser reversible. Sin embargo, el programa de Fujimori no contempló esa opción y las mujeres esterilizadas –muchas de ellas todavía no habían tenido hijos– ya no pudieron quedarse embarazadas. Para las mujeres andinas no poder tener hijos supone además un estigma social: muchas fueron abandonadas por sus maridos, rechazadas en sus comunidades y, en definitiva, marginadas de la sociedad.

Así lo vivió María Elena Carbajal, quien a diferencia de muchas afectadas, ella residía en Lima y la esterilizaron cuando fue a dar a luz a su cuarto hijo, en 1996. Tras el parto, el personal médico le preguntó cuántos hijos tenía y qué método anticonceptivo utilizaba. Al responder que no usaba ninguno, le ligaron las trompas. “Yo estaba preocupada porque ya habían pasado muchas horas desde el parto y aún no tenía a mi hijo. Me di cuenta de que no me lo entregarían hasta que diera mi consentimiento (para la esterilización) y tenía miedo porque también había habido casos de bebés robados”, relata esta mujer de 50 años, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones de Lima y Callao.

“Cuando mi marido acudió al hospital y le expliqué lo ocurrido, se enojó porque pensaba que me había operado para tener otras parejas y nos abandonó”, añade María Elena.

Tenía 26 años y a partir de ahí comenzó su particular “vía crucis”: madre soltera con cuatro hijos y con una salud muy delicada. “Me quedé con prolapso uterino y muchos dolores y eso condicionó toda mi vida”. Es más, años más tarde, a los 31, cuando María Elena tenía una nueva pareja, acudió al hospital pensando que la ligadura de trompas podría ser reversible, pero ahí le informaron de que ya no podría volver a quedarse embarazada nunca más. Al no poder tener más hijos, esa segunda pareja también la dejó.

“No solo fue lo que ocurrió hace 25 años, sino todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo. Esto nos ha marcado la vida, la nuestra y la de nuestros hijos y no haber tenido el compromiso de ningún gobierno es vergonzoso. Es nuestro cuerpo de lo que hablamos, son nuestros testimonios, nuestras cicatrices. Esto ocurrió y cada año que pasa hay más mujeres enfermas. ¿Cuánto más debemos esperar?”, se pregunta María Elena.

Modificación del Plan Integral de Reparaciones

Su rabia es más que entendible porque, independientemente del signo político, ninguno de los cinco presidentes que han gobernado Perú en los últimos 30 años –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra– han indemnizado a las personas afectadas por estas prácticas.

El pasado 8 de febrero varios medios de comunicación publicaron que las víctimas de esterilizaciones forzosas bajo el mandato de Fujimori serían finalmente indemnizadas por el Estado peruano tras aprobar una norma que modifica la Ley 28592, mediante la cual se creó el Plan Integral de Reparaciones (PIR), y que reconoce la violencia sexual en todas sus formas. Sin embargo, el Gobierno del presidente interino Francisco Sagasti aún no ha emitido un comunicado oficial sobre esa modificación ni ha hablado de que se vaya a reparar económicamente a estas mujeres.

“No hemos escuchado un anuncio oficial del Gobierno sobre los alcances y medidas de esta modificación y eso solo ha hecho que aumente la preocupación de las víctimas”, explica la abogada Cedano. “Si bien se ha producido un hecho histórico al aprobar la modificación de la ley PIR para reconocer el derecho a reparaciones a las víctimas de violencia sexual en todas sus formas y abre la puerta para el acceso a los programas de reparación vigentes, inclusive la reparación económica, no se ha aplicado hasta la fecha”, añade.

Ahora corresponde al Consejo de Reparaciones, un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que tiene a cargo la elaboración del Registro Único de Víctimas, evaluar el contenido total de la norma y analizar su forma de aplicación, porque de momento, tal y como está planteada la ley, no se podría indemnizar económicamente a las víctimas de esterilizaciones forzadas.

En ese sentido, la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer considera que una aplicación de la ley conforme a los derechos humanos debe incluir a todas las víctimas de violencia sexual en todas sus formas, incluyendo a las de las esterilizaciones forzadas. Las supervivientes, por su parte, tienen claro que van a continuar luchando hasta el último momento.

Hay que estar mal de la cabeza para ser presidente del Perú. En este momento hay dos presidentes presos (Fujimori, Toledo), uno con prisión domiciliaria (PPK), uno con comparecencia restringida (Humala) y otro (Alan) se suicidó para evadir la justicia. Al que gobernaba hace un mes (Vizcarra), un congreso lleno de mafiosos le asestó un golpe legislativo aprovechando que también estaba siendo imputado por corrupción cuando le quedaban solo cinco meses para terminar su gobierno y en plena pandemia. Pero el presidente ilegítimo (Merino) no duró ni una semana gracias a una movilización popular y es de esperarse que esté pronto en búsqueda y captura. Ahora tenemos un nuevo presidente (Sagasti), que va a gobernar transitoriamente hasta las elecciones solo por ocho meses, que nos parece una eternidad para el ritmo que llevamos. 

Me encanta hacer este recuento, cada vez que puedo lo hago para mis amigas internacionales. Qué vergüenza tener esos presidentes mafiosos, pero qué orgullo tener presidentes pagando por sus crímenes en un mundo en que casi todos se van de rositas (Rajoy). Somos la envidia del mundo.

El día que el gobierno usurpador en el Perú escogió como su jefe de gabinete a lo más rancio de la vieja política, un conocido homófobo, machista y racista decrépito del Opus, Flores Araoz, que hace unos años había intentado ser presidente lanzando el reguetón del “gato fiero” (quizá lo único trascendente que haya hecho en su vida), miles de veinteañeros que se habían enterado por TikTok de la convocatoria a una segunda gran marcha nacional corrieron a las calles y se juntaron con todos los demás. La nueva política comenzaba a funcionar. Al día siguiente ya sabían desactivar lacrimógenas, incluyendo a la brigada feminista de desactivadoras de bombas que ocupaba la ya célebre primera línea. A los dos días del golpe, la policía y la terna (la policía secreta del país) había metido más palos que en todo el año, arrinconando a la multitud, y se había llevado a decenas de personas que permanecieron desaparecidas durante días. Ayer apareció el último chico. Pero Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22) no volvieron más, la policía del Perú los asesinó brutalmente como parte de la asonada represiva. La gente en la calle, indignada, dolida y desesperada, obligó a renunciar a los golpistas y a nombrar un gobierno de salvación de la institucionalidad. 

La democracia es un concepto laxo en mi país. Siendo estrictos, en el Perú se acabó cuando el Estado fue reemplazado sistemáticamente por la mafia bajo la dictadura de Fujimori. Venía de antes, pero es durante esa dictadura que ese mecanismo parasitario se consolidó e infectó todo el sistema. Sí, después hemos tenido elecciones, pero han sido unas elecciones prácticamente saturadas de los capos de la mafia y sus títeres de turno. Los que algunas vez fueron partidos políticos, se terminaron de degenerar gracias al fujimorismo, y todos ellos son los que han parido a los facinerosos que hoy llenan el Congreso y quieren ser presidentes. ¿Acaso es democracia tener la facultad de elegir entre el que roba más y el que roba menos porque las pocas alternativas que intentan hacerles frente son perseguidas, acosadas, silenciadas o sepultadas en avalanchas de desprestigio pagadas con dinero sucio?

El pueblo no salió con semejante potencia esta última semana para defender esa farsa de democracia. No ha salido a defender con sus cuerpos y a recibir perdigones para que vuelvan a entrar los mismos. En el año 2000 el pueblo sacó a Fujimori. Yo tenía 25 años y lo sacamos. Pero ni el gobierno de transición de entonces ni ninguno de los gobiernos que continuaron logró arrancarlo de las entrañas del sistema. Más bien se valió de éste perversamente. Hoy Fujimori todavía es el sistema y lo será mientras su mayor y más funesto legado siga mandado sobre la gente y la Constitución del 93, la suya, la de la dictadura: aquella que convierte los derechos en negocios; que entrega a manos llenas las pensiones de la gente a empresas privadas, su salud, su educación, nuestros recursos y territorios para ser explotados por privados; que le quita soberanía a las comunidades originarias y al Estado; que esclaviza a los jóvenes trabajadores; que nos quita a todas y todos participación y voz. Esos 80 mil muertos de la pandemia no son solo culpa del COVID, también de los que llevan satanizando lo público, precarizándolo y, directamente, haciéndolo desaparecer para vendérnoslo muy caro.

Por eso, aunque el gobierno ilegítimo fue expulsado y hay uno nuevo elegido por ese mismo Congreso presionado por la calle, la gente no ha dejado de salir para exigir, además de justicia para los responsables, reparación para las víctimas de la violencia, reforma de la policía y desaparición de la secreta, nuevas reglas de juego, un nuevo pacto, la refundación del país. Por fin se ha levantado el largo veto que pesaba sobre la necesidad de hablar de una asamblea constituyente y la gente ya no tiene miedo a pedir nueva constitución, como cuando acusaban de terrorista al primero que hablaba contra el régimen. Los pueblos indígenas del Perú, a través de un comunicado, han demandado una asamblea constituyente, popular, soberana, plurinacional y paritaria para construir un nuevo Estado. Y ojalá.

Lo que pasó, lo que sigue pasando en el Perú, no es una cruzada por la democracia, es una revuelta social contra esa manera de entender la democracia, de corromper el mandato popular. Y los esfuerzos de los jóvenes y sus mayores en las calles se dirigen a evitar que el movimiento social sea secuestrado, neutralizado y descafeinado por los que pretenden quitarle su componente transformador, con el viejo método de fagocitar el descontento y desmantelar los procesos autónomos. El peligro es que esta nueva etapa que se abre con vocación conciliadora y normalizadora haga languidecer la protesta y se vuelva a dormir lo que había despertado. Si hay algo que desean los que no quieren que cambie nada, los que quieren que la historia se repita ad nauseam, que todo vuelva a su cauce y todo se mantenga así. Que llegue el pacificador. Que se instale la calma de la parálisis. Que lleguemos a las elecciones de abril de 2021 convencidos de que necesitamos a los mismos del poder económico detrás de la cara nueva de un supuesto independiente. Pero me temo que tendrán que seguir viendo cómo su mundo se extingue porque la regeneración democrática ya no pasa por ellos.   

Por ahora se sale, menos mal. Todavía se sale a la calle. El movimiento está vivo y lleno de juventud y feministas (que son los que nos gustan), organizándose, creando asambleas e iniciativas de resistencia. Dependerá de lo que se haga en estos meses y de lo que emane de la inteligencia colectiva que se impulse, por fin, un proceso constituyente para una consulta popular y diversa en pos de una nueva carta que se refleje en una democracia real. Ese es el verdadero proceso en ciernes en Perú. Y a lo que debemos estar atentas.

Con el suicidio del expresidente Alan García cuando iba a ser detenido, Perú se ha convertido en un país cuyos últimos cinco expresidentes –que han gobernado entre 1990 y 2018– están encarcelados, investigados por corrupción o se encuentran prófugos de la justicia. García ocupó la presidencia en dos periodos: del 85 al 90 y de 2006 a 2011.

Alberto Fujimori: condenado a 25 años

Albereto Fujimori lideró Perú durante 10 años. Se convirtió en presidente en 1990 y dos años después desencadenó el llamado autogolpe de 1992 en el que se disolvió el Congreso y el poder Judicial.

A finales del año 2000, rodeado por varios escándalos de corrupción y derechos humanos, viajó a Japón, país del que también posee la nacionalidad, y desde allí anunció su dimisión. Fujimori logró huir de la justicia hasta 2005 gracias a su autoexilio en Japón. Tras un viaje a Chile en 2005 fue detenido, pasó seis meses en la cárcel y posteriormente fue extraditado a Perú, donde estaba acusado de 12 cargos diferentes por corrupción y graves violaciones de derechos humanos.

La primera condena contra el presidente se produjo en 2007 por ordenar a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de la esposa de su exasesor. Fue condenado a seis años de prisión. Dos años más tarde, Fujimori fue condenado a 25 años por su papel en la matanza de Barrios Altos (1991), en la que 15 personas fueron asesinadas, y la Cantuta (1992) en la que murieron nueve estudiantes y un profesor. También fue condenado por el secuestro de un periodista y un empresario. Ese mismo año, el presidente también reconoció haber malversado 15 millones de dólares. En 2015, otras dos condenas: una de seis años por comprar a congresistas tránsfugas, pagar a medios de comunicación y por espionaje telefónico y otra de ocho años por desviar fondos de las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia para financiar a medios que apoyaron su segunda reelección. Además, Fujimori ha sido acusado de haber ordenado la esterilización forzosa de unas 331.600 mujeres indígenas.

Fujimori gozó de un pequeño periodo de libertad tras ser indultado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la justicia peruana revocó el indulto en octubre de 2018.

Alejandro Toledo Manrique: prófugo de la justicia

Alejandro Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, es un prófugo de la justicia desde 2017. Toledo vive actualmente en Estados Unidos. En 2017, la Fiscalía peruana le acusó de haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht para supuestamente favorecerla en la licitación de una obra. Según la orden de detención emitida por la Fiscalía, Toledo le hizo prometer al exrepresentante de Odebrecht en su país el pago de 36 millones de dólares a cambio de la concesión de un proyecto. Su testaferro ha reconocido que recibió de la constructora más de 17 millones de dólares destinados al expresidente.

El mes pasado, Toledo fue detenido en California en estado ebrio, pero fue puesto en libertad unas horas después. El caso de extradición se encuentra actualmente en manos del Departamento de Justicia, según informó la Fiscalía peruana.

Alan García: intento de suicidio tras orden de detención

El expresidente Alan García, que gobernó Perú ente 1985 y 1990 y posteriormente entre 2006 y 2011, se ha suicidado este miércoles disparándose en la cabeza poco después de que se hiciera oficial la orden de detención por el caso de corrupción Odebrecht y justo cuando la Policía se dirigía a su domicilio para detenerle. García había sido vinculado a una trama de sobornos. La justicia le había prohibido salir del país en noviembre de 2018.

Ollanta Humala: 300 días en prisión e investigado

El sucesor de Alan García, Ollanta Humala (2011-2016) está siendo actualmente investigado junto a su esposa por blanqueo de capitales y vinculación con la inmensa trama de corrupción de la constructora Odebrecht. La Fiscalía acusa al matrimonio de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que le hizo ganar las elecciones y hacerse con la presidencia. Humala y su esposa pasaron más de 300 días en prisión preventiva entre julio de 2017 y abril de 2018, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su liberación (sin retirar los cargos).

Pedro Pablo Kuczynski: detenido e investigado

Kuczynski, el presidente que concedió el indulto a Fujimori y que gobernó el país entre 2016 y 2018, fue detenido el miércoles pasado a petición del equipo Lava Jato que le investiga por delitos de corrupción supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Administración del expresidente Toledo. La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva. Kuczynski dimitió en marzo de 2018 por el escándalo que generó la divulgación de los pagos por haber ejercido como consultor de Odebrecht mientras era ministro. El expresidente fue ingresado en el hospital este martes por un cuadro de presión arterial alta.

Kuczynski fue muy criticado por conceder el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Muchos calificaron la decisión como un canje político porque la decisión se dio poco después de que los diputados fujimoristas evitasen en el último momento que el Congreso destituyese al presidente tras salir a la luz sus vínculos con la constructora brasileña.

Una sala de la Corte Suprema de Perú ha anulado este miércoles el indulto humanitario que en diciembre pasado recibió el expresidente Alberto Fujimori y ordenó su captura para ser ingresado en una prisión.

El magistrado Hugo Núñez Julca, del juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, consideró fundada una petición civil para que no se aplique el indulto humanitario que Fujimori (1990-2000) recibió en diciembre pasado, según ha señalado el Poder Judicial peruano en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter.

El mismo juez ordenó, según otro mensaje, la “ubicación y captura” de Fujimori para que “sea reingresado al establecimiento penitenciario” que determine la autoridad a cargo. La decisión, emitida en una sentencia de 225 páginas, la resolución de indulto que otorgó el 24 de diciembre de 2017 el ya expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori por razones humanitarias “carece de efectos jurídicos”

Al respecto, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez, ha declarado que su cliente está “bastante consternado” con la orden judicial, aunque ha señalado que el fallo “es acatable” desde el punto de vista jurídico, “pero es cuestionable”. “Está muy preocupado, me ha dicho que si eso es legal. Eso teóricamente no era posible. Incluso había un informe de un expresidente del Tribunal Constitucional que nos daba la razón”,ha explicado Pérez.

Fujimori deberá volver al penal de la Policía Nacional en el distrito limeño de Ate, donde, antes de ser indultado por Kucynzki, cumplió 9 de sus una condena a 25 años de condena penitenciaria por delitos de lesa humanidad. Pérez ha asegurado que apelará la sentencia, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha señalado este año que “la vía correcta” para definir el caso se debe tomar en el marco constitucional y “no penal”.

“Es apelable, porque es un pedido que se hace en una primera instancia, en todo momento dijimos que esta resolución, que el control de convencionalidad era prevaricadora. Toda vez que en el proceso dice que está vigente. Son temas de procedimiento”, ha indicado.

El exministro de Justicia Enrique Mendoza, que firmó el indulto otorgado el año pasado por Kuczynski, ha declarado este miércoles en la emisora RPP Noticias que el perdón fue “otorgado honestamente dentro de las facultad que tiene el presidente”.

“Kuczynski tomó en consideración una serie de cuestiones de orden médico. Constitucionalmente el presidente está facultado. Me ratifico que es un indulto convencional y legal y atiende razones de orden internacional que son las razones humanitarias”, ha afirmado

Al indultar a Fujimori, Kuczynski alegó “razones humanitarias” debido a las dolencias que afectan al exgobernante, de 80 años, quien padece de lesiones precancerígenas en la lengua, además de hipertensión y dolencias estomacales.

Sin embargo, la decisión fue cuestionada porque estaba cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad y fue otorgado poco después de que un grupo de legisladores disidentes del fujimorismo liderados por Kenji, el hijo menor del exmandatario, evitaran que se aprobase un pedido de destitución de Kuczynski por el Congreso.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, respectivamente, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en abril de 1992.

El expresidente peruano Alberto Fujimori ha asegurado este miércoles que no teme una posible revocación del indulto humanitario que recibió en diciembre porque considera que “está sustentado médicamente”.

Tras acudir a un control médico en una clínica de Lima, al ser consultado sobre la revisión en el Poder Judicial peruano del indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, como lo planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Fujimori ha dicho que confía en que la Justicia reconozca que tiene una enfermedad.

“Está sustentado médicamente que tengo fibrilación auricular paroxística y es una enfermedad riesgosa. Van a reconocer que tengo efectivamente la enfermedad”, ha declarado el exmandatario, de 80 años, en declaraciones a la emisora RPP Noticias a su ingreso a una clínica local.

Fujimori recibió el indulto el 24 de diciembre pasado en medio de fuertes críticas a Kuczynski porque se produjo tres días después de que una facción del partido Fuerza Popular, liderada por su hijo y congresista Kenji Fujimori, se abstuvo de votar a favor de la destitución del entonces mandatario por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Desde su excarcelación, Fujimori ha dado detalles sobre su estado de salud a la prensa y en abril pasado indicó que tenía un pequeño tumor en el pulmón, que tiene que controlar cada cuatro meses.

Fujimori ha asegurado este miércoles que en tanto se “mantenga en control”, estará “estable”, “procurando que no se produzca la fibrilación auricular paroxística”, una dolencia cardiológica también conocida como arritmia paroxística.

La Corte dio de plazo hasta el 29 de octubre próximo para que Perú presente avances sobre el análisis de la legalidad del indulto y aclaró que tiene la potestad de pronunciarse “posteriormente”, en caso de que lo considere necesario.

Los jueces interamericanos aseguraron que corresponde a las autoridades nacionales “analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori”, en caso de que “realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida”.

Fujimori fue condenado en 2009 por la Justicia peruana a 25 años de cárcel por la autoría mediata de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Esto es graciosísimo, o sea, en realidad no tiene ni puñetera gracia, pero dicho así, como estoy a punto de decirlo, lo que le pasa al Perú con sus presidentes es de traca. Y, por qué no, vale como una especie de laboratorio muy gráfico de los truculentos senderos del poder aplicable casi a cualquier contexto. Por eso os cuento: hay un expresidente que está ahora mismo en la cárcel y también su primera dama. Sobre otro expresidente pesa ahora mismo una orden de extradición y debe entrar en prisión preventiva en cualquier momento. Un tercer expresidente está siendo investigado por los mismos asuntos que los dos anteriores pero, a diferencia de los dos primeros, se las ha arreglado entre tanto para ser vecino de Madrid y tan ancho. Además, hasta hace poco el Perú podía presumir de haber metido a un exdictador en la cárcel por crímenes de Estado y violación de derechos humanos, hasta que el presidente, también investigado, indultó a ese dictador como una especie de canje político, para evitar que lo echaran a él del Gobierno a causa de sus negocios sucios y lo libró así de una pena de 25 años de la que solo había cumplido diez. Al indultador, sin embargo, le salió el tiro por la culata y el Congreso intentó destituirlo otra vez por incapacidad moral y porque francamente era un presidente que no servía para nada. En un giro sin precedentes, se hizo público un video en el que se evidenciaba un intento de compra de votos para evitar su inminente vacancia. Y ese presidente dejó de ser presidente.

Si mi país tiene un sello propio, que ya es parte de su folclore político, es que los mandatarios caigan por videos. Así como lo oyen. Las grabaciones de cámara escondida tienen la larga tradición de tumbarse régimenes en el Perú. Por eso se acuñó la frase local “videito manda”. Hace 18 años un video que revelaba la compra de congresistas tránsfugas y todo un aparato de inteligencia estatal corruptor para sobornar y chantajear autoridades corruptas –un plan organizado y puntillosamente documentado por el Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo del asesor presidencial, Valdimiro Montesinos en sus (vladi) videos de cámara escondida– obligó a Alberto Fujimori a fugarse y renunciar por fax. Hoy se repite la historia. Los hijos de Fujimori, estratégicamente enfrentados pero ambos herederos directos del fujimontesinismo, con los mismos métodos que hicieron caer a su padre en el 2000, se tumbaban esta vez a Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar en un mensaje a la nación. Durante unas horas nos quedamos sin presidente. Hoy lunes, el recién nombrado presidente, Martín Vizcarra, presentará a su flamante gabinete.

Como en muchos lugares, en el Perú la justicia es una línea torcida que se intercepta en varios tramos con la absoluta impunidad. En ese rosario de componendas, y en tres décadas de gobiernos consecutivos, al menos algunos presidentes han pisado el talego y otros podrían hacerlo en poco tiempo. Si se llegara a probar la tira de denuncias de cohecho, colusión, sobornos y corrupción de diverso calado de estos señores –y el gobierno del Perú acatara la próxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todo indica rechazará el indulto humanitario a Fujimori–, podríamos llegar a batir como país un récord sin lugar a dudas mundial con cinco jefes de Estado metidos simultáneamente en prisión: Humala, Toledo, García, Fujimori y Kuczynski. Algo que me produce un morbo inconcebible.

La pregunta de por qué cada vez que un presidente deja el poder en el Perú acaba en la cárcel se la ha hecho hasta el Papa. No es un misterio bíblico, claro. Recuerdo mucho unas esculturas de varios presidentes peruanos entre rejas que encontré un día en el jardín de un restaurante de mi barrio en Lima. La idea de que esa ficción pueda hacerse realidad un día no muy lejano hace que se nos pinte en la cara de desengaño un rictus de estúpida esperanza institucional. Que en un país del sur andino, amazónico, excolonia, haya algunos presidentes en la cárcel, puede verse por un lado como un fracaso del sistema político, un relativo triunfo del sistema de justicia, a veces como un auténtico ejemplo de una ciudadanía vigilante, consciente de sus derechos, al menos en parte (como en el caso del fin de la dictadura de Fujimori) y otras como producto de una encarnizada batalla por el poder entre mafias (el caso de los Fujimori y Kuczynski).

Pero si ocurre que hay presidentes que han cometido crímenes, los han apañado y siguen viviendo en la completa impunidad solo puede tratarse de un fracaso orquestado, y ese fracaso salpica y responsabiliza a todos los poderes, también al ciudadano. El otro día se me ocurrió pensar qué hubiera pasado si todas las más clamorosas acusaciones contra los presidentes de España hubieran tenido un videito en el que apoyarse. Se lo dije a una amiga, incluso, bromeando, “a ustedes lo que les falta son sus videitos...”. Entonces, quizá, con un videito que mande, Felipe González tendría que haber explicado más acerca de los asesinatos de los GAL. Aznar no hubiera salido tan ileso de los primeros pasitos de la trama Gürtel que ya se dieron con él en el poder. Tal vez se le hubiera hecho caso a la Fiscalía cuando aseguró en un dictamen que el Partido Popular era “una organización para delinquir”. Y Rajoy habría tenido una oportunidad de renunciar a la presidencia por cada videito que hubiera aparecido de los casos de Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo, y siguen nombres, sobre todo por sus sobres llenos de dinero de la caja B. Y lo más importante, a lo mejor todos los presidentes y el monarca que pactaron la Ley de Amnistía del 77 y los que no se atrevieron a derogarla –y mira que hasta la ONU lo exigió– tendrían que ir al banquillo a dar explicaciones sobre unos cuantos miles de crímenes de lesa humanidad.

Pero qué diablos, yo creo que ni siquiera un video mandaría en España o nada nos asegura que la prueba del delito flagrante sirva ya para hacer justicia. Sin ir muy lejos, hace ya tiempo que desfila ante nuestras narices la trama del PP al desnudo. Los jueces a dedo que vetan investigaciones, los jueces dignos que son apartados de los principales casos, los aliados de los malhechores enquistados en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía General, las enmiendas oportunistas a la Constitución y la reforma del código penal que cierra el círculo reprimiendo, la oposición tibia que tiene también algo que esconder, los pactos bajo la mesa para protegerse entre ellos, garantizan la inmunidad de un presidente que no sirve para nada y su renuncia que nunca llega y que ya huele. Y entonces, recuerdo, que claro que aquí tenemos videitos que mandan, que desenmascaran. Son los videos de la brutalidad policial, la prueba de que quien hoy ostenta el monopolio de la violencia tiene todo atado y bien atado para perpetuarse en el poder. Pero no olvidar que lo que intenta anular la potencia revulsiva de la gente, lo que hoy amordaza, mañana subleva.

Las historias son idénticas desde Piura, al norte de Perú, hasta Cuzco, al sur. Y cada vez más mujeres deciden hablar. Lo narran con dolor y con rabia, cuidadosamente, como si hubiera sucedido ayer. “La enfermera me llevó con ella. No me dejó salir. Me dio algo. Desperté. Me dolía mucho el vientre. No sabía qué había pasado. Me dieron una pastillita y me mandaron a mi casa. Se me me infectaron las heridas. Me habían ligado”.

“En Perú hay quien defiende que las hemos adiestrado para decir esto. Es de locos”, señala Raquel Reynoso, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilización Forzada. Los relatos se cuentan por miles: más de 100.000 mujeres, en su mayoría indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori. Más de 20 años después, siguen exigiendo justicia y una reparación que no llega.

Lo gritarán en las calles de Lima, durante la marcha que el movimiento feminista ha convocado para el próximo 8 de marzo. Una semana después, la capital será escenario de un encuentro de supervivientes de esterilizaciones forzadas de diferentes regiones del país. “Estas mujeres se sienten abandonadas, marginadas y olvidadas. Una y otra vez se han atropellado sus derechos”, critica Reynoso.

La asociación que preside, Servicios Educativos Rurales (SER), brinda apoyo a mujeres indígenas en la lucha por sus reivindicaciones. Reynoso ha visitado España con motivo del lanzamiento de la campaña anual de Manos Unidas, ONG socia con la que trabaja.

Las trabas en el registro de víctimas

El primer paso para que estas mujeres sean reconocidas como víctimas de esterilización forzada es obtener el papel que las reconoce como tal. A finales de 2015, el Gobierno peruano creó un registro, el Reviesfo, donde hasta octubre apenas se habían inscrito 8.000 víctimas. Esto se debe en parte, a su juicio, a las trabas que deben superar las mujeres para registrarse, ya que tienen que bajar a las oficinas de las capitales desde la montaña.

“Son mujeres con pocos recursos y tienen que gastarse dinero en ir. Eso, las que lo saben, porque el Estado no invirtió dinero en difundir que este registro existe. Es una labor que hacemos nosotras”. Así, explica, algunas deciden recorrer el camino a pie o en mula para denunciar que ellas también fueron esterilizadas contra su voluntad.

“El Estado exigió al personal médico cuotas de esterilización y se les decía que fueran a buscarlas a lo más hondo y profundo de las comunidades andinas. Sin embargo, ahora, las mujeres tienen que ir a las ciudades”, denuncia Reynoso. “Es como si se hubiera creado para salir del paso, no se dota de recursos suficientes y se encarga a funcionarios que no están acostumbrados a atender estos casos”.

Sin fondos para atención psicológica

Uno de los golpes más duros para las supervivientes vino el pasado diciembre, cuando el Ministerio de la Mujer (MIMP) suspendió la asesoría psicológica argumentando falta de presupuesto. “En las postas médicas les dan para todo paracetamol, ibuprofeno… Cuando lo que ellas necesitan es una atención psicológica. Empezaba a darse, pero ya lo han cortado. Y les impide seguir avanzando”.

Esta es una de las reclamaciones clave cuando las mujeres esterilizadas por la fuerza demandan una “reparación integral”. Por ejemplo, en Lima, sostiene Reynoso, hay muchas desplazadas por el conflicto interno que “han perdido su vida” por haber sido sometidas a estas intervenciones quirúrgicas.

“Han sido muy estigmatizadas en sus propias comunidades. Les decían de todo, las llamaban 'caponas' [animales castrados], 'machonas', las agredían verbalmente. Hay mujeres que fueron abandonadas por sus maridos, a otras las maltrataron físicamente”.

En muchos casos, estas mujeres también han quedado incapacitadas para poder ganarse la vida como siempre lo habían hecho, sobre todo en el campo o bordando tejidos tradicionales. “Hay mujeres con inflamaciones, dolores en la cintura o a las que se les hincha el pie. Siguen con ese trauma por todo lo que perdieron y dejaron de hacer. Algunas siguen llorando cuando lo recuerdan. Muchas se encerraron en sí mismas y quieren olvidarse de lo que ocurrió. Ha roto con todas sus formas de vida y no se les repara. Tampoco económicamente. Nada. No es justo”, recalca.

En ocasiones, los dolores físicos son la secuela principal de la falta de información tras las operaciones: “Muchas eran analfabetas y, frente a los chantajes, no les quedaba más remedio que ceder. Pero no les contaron cómo tenían que cuidarse tras la cirugía y en ningún momento les dijeron que era permanente”.

Es el caso de María (nombre ficticio), quien iba acompañando a su tía a un control tras el embarazo y se encontró con una operación de ligadura de trompas, según relata la activista. “Mientras sostenía al bebé, la captó una enfermera y la esterilizó. Era soltera y joven. Ahora tiene 35 años, se ha casado, pero no puede tener hijos. Tiene un dolor y una pena... Pregunta si le pueden operar para poder tener hijos y quiere ir a juicio, pero no tiene recursos suficientes”. Esta falta de recursos económicos, asegura Reynoso, impide que muchas puedan llevar su caso a juicio.

El indulto a Fujimori, el último mazazo

Las supervivientes siguen peleando por un “juicio justo” contra Fujimori y los exaltos cargos responsables de estas prácticas. El caso de las esterilizaciones forzadas ha sido archivado en varias ocasiones. El último mazazo llegó la pasada Nochebuena, con el indulto al expresidente que le exime de cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, aunque no por las esterilizaciones. También recibió el derecho de gracia, que impide que sea juzgado en un futuro.

“Estamos muy indignados y convencidos de que fue negociado por los casos de corrupción del Gobierno. Hemos sido engañados vilmente y no se puede tolerar, salimos marcha tras marcha, porque denunciamos que esto fue una política de Estado que se aplicó de forma sistemática”, comenta Reynoso.

Las víctimas de esterilizaciones han pedido una audiencia estos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Perú “cumpla” con juzgar a Fujimori por estos casos.

Pero no desisten. Cada vez son más, están más organizadas y suman fuerzas en encuentros estatales como el que se celebrará el 15 y 16 de marzo en Lima. Mientras, en las comunidades de los Andes donde trabaja Reynoso, las mujeres organizan talleres para llegar a las que están más lejos y lograr que se registren. Otras hacen de traductoras entre los abogados y las víctimas, que solo hablan quechua, para que se conozca su testimonio.

Creían que no iban a hablar y lo hicieron. “Muchas han despertado y reclaman no solo sus derechos, sino los del resto”. En una semana, muchas mujeres pararán y se manifestarán en Perú con un listado de reivindicaciones con motivo del 8M. Entre ellas, que se haga justicia y se repare todo el dolor causado a estas mujeres. Y que nunca se vuelva a repetir.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo en su primer mensaje a la nación ante el pueblo peruano que “en el año 2021, año del bicentenario, nuestro país será reconocido en el mundo como una democracia en donde se respetan los derechos humanos”. Poco favor ha hecho para cumplir con este compromiso al indultar, a puertas de la noche buena del año pasado, a Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de cárcel por su participación como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y la Universidad de la Cantuta, considerados crímenes de lesa humanidad, además de otras condenas por secuestro agravado y actos de corrupción.

Este anuncio dejó fue una bofetada para las familias de las víctimas

de los casos mencionados, quienes pedían ser recibidas por el Presidente desde el mes de julio del año pasado, cuando por primera vez hiciera declaraciones sobre un posible indulto. Sin embargo, nunca fueron recibidas. Si lo hubiese hecho, el Presidente habría escuchado a Carolina Oyague -cuya hermana fue desaparecida en la Universidad de la Cantuta- decir que le ha costado muchos años perdonar, pero que eso no significa olvidar y mucho menos estar a favor de la impunidad. Habría escuchado a Rosa Rojas, quien perdió a su hijo Javier de 8 años en la matanza de Barrios Altos, gritando que es injusto que se burlen de su dolor, que podrán indultar a Fujimori pero que ella nunca olvidará a su hijo asesinado.

El juicio a Alberto Fujimori, con una aplicación impecable del debido proceso, fue un ejemplo a nivel mundial sobre cómo juzgar en el propio país a un ex presidente por graves violaciones a los derechos humanos. Hoy, este triunfo del estado de derecho sobre la impunidad ha sido fulminado por la concesión del indulto y de la gracia presidencial.

Poco se ha hablado sobre la medida de gracia adoptada en la misma resolución presidencial, esta medida no sólo invalida los efectos de la pena impuesta, sino que impide que continúen los juicios que Alberto Fujimori tiene pendientes.

Este viernes 26 de enero se revisa en la sala penal nacional si Alberto Fujimori, quien tiene un proceso pendiente por el asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca el 29 de enero de 1992, puede ser juzgado por estos hechos. Si la medida de gracia otorgada por el presidente Kuczynski  se aplica, se negaría el derecho a la verdad, la justicia y reparación de los familiares y de todo el pueblo peruano. Es clave para el Perú que Fujimori sea juzgado por los crímenes que se le imputan.

Es importante recordar que el proceso del indulto está sembrado de dudas sobre su transparencia, objetividad y el respeto a las reglas del debido proceso. Por un lado vino acompañado de múltiples declaraciones contradictorias por parte del gobierno; por otro lado, se produjo solo tres días después de que el Presidente Kuckzynski estuvo a punto de ser destituido por el Congreso y se salvó por los votos de diez parlamentarios fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo del indultado.

El proceso del indulto ha sido acelerado y con serias dudas sobre la gravedad de la salud de Fujimori. De hecho, si Alberto Fujimori tuviera una enfermedad terminal, nadie, ni las propias víctimas se opondría a que se le otorgaran medidas humanitarias, como el arresto hospitalario o domiciliario para cuidar su salud.

Esta decisión no ha dejado indiferente a la comunidad internacional. Además de Amnistía Internacional, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han rechazado el indulto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya anunció que revisará a inicios de febrero el cumplimiento de su sentencia por los casos Cantuta y Barrios Altos a raíz de estos hechos. Pero la mayor oposición ha venido de la ciudadanía peruana con manifestaciones multitudinarias encabezadas por los familiares de los desaparecidos y asesinados en Barrios Altos y la Cantuta.

El indulto ha sido una bofetada a la memoria y a la lucha por lograr verdad y justicia en Perú. En otras palabras, un verdadero insulto a los familiares que durante más de 25 años no han cesado de luchar contra la impunidad. El presidente Kuczynski, incumpliendo su promesa de campaña, demuestra que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no importan a su gobierno. Queda pendiente conocer este viernes 26 de enero la decisión del colegiado B de la Sala Penal Nacional si acata el derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori o lo declara inadmisible en el caso Pativilca y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de Perú con sus obligaciones internacionales en DDHH.

La lucha contra la impunidad en Perú tiene para rato.

En los días más oscuros de la guerra civil peruana, Melissa Alfaro esperaba transformar su país con el periodismo. A los 23 años había obtenido su primer empleo a jornada completa en Cambio, un semanario de izquierda, pero sus sueños se verían truncados cuando el Estado peruano del entonces presidente Alberto Fujimori combatió el terror con más terror.

Tras pasar la mañana cubriendo el Congreso, el jueves 10 de octubre Alfaro volvió a la redacción de la revista. Se detuvo en la puerta del edificio para que el conserje le entregara el correo. Momentos después, sus colegas oyeron una explosión.

“La encontraron muerta, había abierto una carta bomba que le había explotado en la cara; la destruyó”, recuerda su madre, Norma Méndez, de 71 años, a la que todavía se le saltan las lágrimas con el recuerdo.

Una investigación reveló después que el gel explosivo de la bomba era utilizado exclusivamente por los militares peruanos. Era el mismo material que se había usado en varios ataques contra personalidades de la izquierda a las que acusaban de simpatizar con los rebeldes.

Pero para Norma Méndez, el hombre responsable del asesinato de su hija es uno: Fujimori.

Al igual que muchos otros en Perú, la madre de Melissa Alfaro se vio obligada a revivir el trauma cuando el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un indulto humanitario al que fue el hombre fuerte del país.

Protestas contra el indulto

El anuncio de Nochebuena desató una ola de indignación: decenas de miles de personas protestaron en Lima contra el indulto que permitió a Fujimori, de 79 años, ser liberado cuando sólo ha cumplido la mitad de una sentencia de 25 años por corrupción y por la autorización de los escuadrones de la muerte.

Muchos peruanos creen que Fujimori nunca debería haber sido perdonado, no sólo por la gravedad de los crímenes con que fue condenado, sino por las muchas más presuntas violaciones a los derechos humanos para las que nunca hubo juicio y probablemente nunca lo haya.

Según la abogada especializada en derechos humanos Gloria Cano, “hay muchos casos relacionados con la política antisubversiva de Fujimori que no han sido considerados y en los cuales Fujimori tendría responsabilidad como perpetrador indirecto”.

En el año 2000, a medida que crecían las pruebas de fraude electoral y chanchullos fuera de control, Fujimori huyó a Japón. Pero durante un viaje a Chile en 2005 fue arrestado y dos años después lo extraditaron a Perú para ser juzgado.

Por fin, Norma Méndez veía posible que se hiciera justicia por el asesinato de su hija.

Pero Fujimori sólo pudo ser juzgado por los casos para los que había sido concedida la extradición, entre ellos los dos asesinatos más notorios de su escuadrón de la muerte: la masacre de Barrios Altos en 1991 (15 personas, entre ellas un niño de ocho años, asesinadas a tiros) y el secuestro y asesinato en 1992 de nueve estudiantes universitarios y su profesor.

Visto por muchos como un acuerdo de trastienda para proteger a Kuczynski frente a una moción de censura por corrupción, el perdón a Fujimori es un indulto humanitario concedido por razones de salud y a la vez un perdón presidencial. En teoría, eso elimina cualquier posibilidad de revisión en el futuro.

Pero según Cano, que representa a las familias de seis campesinos torturados y asesinados en el pueblo rural de Pativilca (1992), Fujimori podría enfrentarse a otro caso relacionado con los derechos humanos gracias a un tecnicismo.

Una posibilidad de justicia

El caso Pativilca se abrió en febrero de 2017 después de que la Corte Suprema de Chile lo sumara a su expediente de extradición. El caso debe permanecer abierto durante 24 meses y eso abre la posibilidad de que un juez exija a Fujimori asistir a una audiencia, revocando así el perdón presidencial.

Según Diego García-Sayán, exministro de Justicia, no hay precedentes de un indulto como el concedido a Fujimori en la Corte Internacional de Derechos Humanos: “Es la primera vez que a una persona condenada por violaciones graves contra los derechos humanos se le concede un indulto humanitario en los más de 30 años de existencia del tribunal”.

Para Norma Méndez, el perdón de Kuczynski fue un “acto de traición”. La única persona acusada por el asesinato de su hija fue un capitán del ejército que en 2004 admitió haber preparado las cartas bomba, aunque después lo liberaron porque el caso no llegó a juicio.

Así que aunque Fujimori nunca fue juzgado por el asesinato de su hija, su condena en 2009 le trajo “algo de consuelo”. “Ahora este año nuevo parece 1992 otra vez”, dice Norma. “Vivimos esos 10 años [del gobierno de Fujimori] aterrorizados; si estabas en contra del gobierno eras un terrorista”.

Norma Méndez contó que tras el asesinato de su hija, los soldados aparcaban frente a la casa de su familia y preguntaban a los vecinos dónde vivían. Para empeorar aún más las cosas, a medida que aumentaban las pruebas de los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte bajo su mandato, Fujimori promulgó en 1995 una ley de amnistía que eximió al personal militar de encarcelamiento o procesamiento por delitos cometidos contra los derechos humanos en los 15 años anteriores.

Ahora Norma Méndez lleva un cartel con una foto de su hija en blanco y negro. “Ese día, antes de salir de la casa, me dijo: 'Mamá, siempre estaré contigo'”.

Traducido por Francisco de Zarate

El último sismo político en Perú tuvo su origen en la otra orilla de Sudamérica, Brasil, el epicentro del Caso Lava Jato, el episodio de corrupción más impactante de los últimos tiempos en la región. Desde allí ha llegado una onda expansiva de revelaciones de tal magnitud que ha causado el envío a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa, una orden de captura internacional contra el también expresidente Alejandro Toledo, una investigación al exmandatario Alan García y en las últimas semanas estuvo a punto de causar la destitución del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en lo que puede ser la crisis más grave de la era democrática iniciada a comienzos de este siglo.

El país que hasta hace poco era considerado una estrella de la economía latinoamericana se encuentra envuelto ahora en una compleja trama de intrigas políticas que, paradójicamente, ha terminado por beneficiar a quien un estudio de Transparencia Internacional del 2004 asignó el séptimo lugar en una lista de diez gobernantes corruptos del mundo: la víspera de Navidad, el exdictador Alberto Fujimori recibió un sorpresivo indulto humanitario que diversos observadores han señalado como fruto de un pacto político entre PPK y una facción de la poderosa bancada fujimorista que apenas tres días antes estuvo a punto de removerlo del poder.

El indulto ha causado un acomodo del tablero político, pero está lejos de ser el punto final de la crisis: por estos días, nuevas revelaciones del Caso Lava Jato siguen agitando a toda la clase política del país: el testimonio del magnate Marcelo Odebrecht, el principal inculpado del caso, ha reforzado indicios de la presunta entrega de dinero ilegal a las campañas políticas de candidatos presidenciales y congresistas; y el pago de sobornos a altos funcionarios públicos.

Destitución express

expressEl estallido de la crisis se produjo a mediados de diciembre pasado, cuando la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el Caso Lava Jato, la fujimorista Rosa Bartra, hizo pública una carta en que la constructora Odebrecht revelaba pagos por US$782 mil a una consultora de PPK. Según ese documento, entre 2004 y 2007 la constructora brasileña le había hecho transferencias por presuntas asesorías financieras vinculadas a los proyectos Trasvase Olmos y la carretera Interoceánica, dos gigantescas obras adjudicadas a Odebrecht. Ambos proyectos habían sido impulsados desde la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que dependía del despacho de Kuczynski mientras fue ministro de Economía y Finanzas.

El documento reveló que una segunda consultora vinculada a Kuczynski -y a su socio, el banquero de inversión chileno Gerardo Sepúlveda-, también hizo varias asesorías a empresas de Odebrecht por algo más de 4 millones de dólares, durante 7 años.

La difusión de esos papeles -una respuesta de la mayoría opositora del Parlamento al allanamiento del local partidario de Keiko Fujimori por la Fiscalía, en el marco de la investigación Lava Jato- tuvo como efecto el instantáneo reclamo de la renuncia de Kuczynski por diversas bancadas, de izquierda a derecha, bajo la amenaza de declarar la destitución presidencial por “incapacidad moral permanente”. Algunos ministros también aconsejaron al presidente que renunciara. Sin embargo, a través de un mensaje en video, el mandatario informó que no dimitiría.

Kuczynski envió una carta a la comisión Lava Jato en la que ofrecía recibirla para dar sus descargos el viernes 22 de diciembre en Palacio de Gobierno. La oposición se le adelantó: aprobó iniciar el proceso de destitución en la sesión plenaria del jueves 21.

Ese día se movieron todas las fichas del tablero. En el Perú de estos días, eso incluía las fricciones al interior de la familia más disfuncional de la política peruana: los propios Fujimori. Al historial de conflictos internos -que incluye el ya lejano divorcio de los padres entre acusaciones mutuas de torturas y corrupción-, se sumaba ahora la aparente división de los dos hijos de Alberto Fujimori que participan en política: Keiko, la hija mayor y lideresa del partido Fuerza Popular, promotora de un implacable boicot al Gobierno gracias a su mayoría parlamentaria; y Kenji, el hijo menor y congresista de la República, quien llevaba meses en un abierto acercamiento al presidente Kuczynski y en posturas moderadas que con frecuencia lo habían enfrentado a las decisiones de su partido.

Lo que pasó entonces ha quedado registrado como una de la maniobras políticas más descarnadas de los últimos tiempos: mientras conseguía la adhesión de distintas personalidades ante lo que se consideraba un golpe de Estado incitado por el fujimorismo más recalcitrante, Kuczynski aceleró negociaciones secretas con Kenji Fujimori para obtener votos que lo salvaran de la destitución a cambio de acelerar el proceso de indulto que venía evaluando desde meses atrás. En un dramático mensaje a la Nación, el presidente llegó a decir que “la Constitución y la democracia están bajo amenaza” y, tras pedir disculpas por llevar en desorden sus cuentas -una excusa insólita en un antiguo banquero de Wall Street-, convocó a las fuerzas democráticas para evitar su remoción del poder.

El día del debate, el jueves 21 de diciembre, hubo ácidas intervenciones que reclamaban la cabeza del presidente por haber mentido reiteradamente sobre sus relaciones con la nave nodriza de la corrupción corporativa latinoamericana. En las redes sociales, el cálculo voto a voto se mantuvo por horas con una incertidumbre de infarto. Hacia media jornada, la intriga se agudizó con la aparición de un presunto certificado médico que recomendaba el indulto a Alberto Fujimori. Algunos pensaron que se trataba de un psicosocial salido desde el propio fujimorismo para acrecentar la indignación de la izquierda contra el presidente y así sumar sus votos a la moción de destitución. El Ministerio de Justicia y la propia premier Mercedes Aráoz respondieron de inmediato que la información no era cierta. En realidad era la primera señal de lo que pasaba entre bastidores.

En ese clima, cerca de la medianoche, la votación dio un giro sorprendente: la moción de destitución quedó diez votos debajo del mínimo requerido, precisamente los votos en abstención de diez congresistas fujimoristas encabezados por Kenji Fujimori. Por la televisión se vio un contraste decisivo en la mayoría fujimorista: mientras los partidarios de Keiko despotricaban de quien se les pusiera al frente, Kenji lucía conmovido y hasta derramó unas lágrimas. Era la segunda señal.

Indulto de Navidad

Horas antes de la última Nochebuena, PPK cumplió su parte del pacto y firmó el indulto a Alberto Fujimori “por razones humanitarias”. El proceso ha sido cuestionado por varias razones: desde la participación de un médico personal de Fujimori en la junta médica que recomendó su liberación hasta los presuntos síntomas que ponían en riesgo su vida. “Las arritmias cardiacas y los cuadros de depresión, evidentemente, se pueden presentar en ciertos internos, adultos mayores, como consecuencia del encierro. Pero, en ningún caso, estas características han justificado un indulto humanitario”, ha dicho Roger Rodríguez, quien renunció al cargo de director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al conocerse la noticia.

“El ex reo tenía las mejores condiciones carcelarias que podía tener un interno en el país”, dijo el funcionario en relación a otro de los argumentos de los promotores del indulto.

Las críticas arreciaron cuando Fujimori dio un mensaje desde la clínica donde había sido internado justamente en las horas previas a recibir el indulto. Se suponía que estaba en una unidad de cuidados intensivos, pero en medio de numerosas visitas tuvo ocasión de leer un texto ante alguien que registraba todo desde un celular al pie de su cama. “Antes de que grabe este video alguien debió avisarle a Fujimori que uno de los informes médicos por los que fue liberado dice que ‘su dolencia le limita la fluidez de una pronunciación correcta’”, ironizó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Los comentarios paródicos han venido de todas partes.

También hay quien lo considera su primer anuncio de retorno a la política.

La paradoja de esta trama es que deja a Kuczynski más debilitado que al presunto autócrata en estado terminal. El estigma de haber traicionado a sus allegados más cercanos lo deja expuesto al endeble soporte de quienes estuvieron a punto de derrocarlo. “Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuczynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras”, escribió el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien le advirtió en varias ocasiones sobre las consecuencias de que otorgara el indulto al responsable de 25 ejecuciones extrajudiciales y cabeza del gobierno más corrupto de la historia del Perú. El Nobel habla del presidente en un tono tan demoledor que era impensable una semana antes. Esa opinión está lejos de ser un encono personal: las críticas a esta decisión han venido hasta de las Naciones Unidas.

Kuczynski arranca el 2018 en un estado que empieza a parecer al de los últimos días de cualquier gobierno, con multitudes en las calles que piden su renuncia y una imagen internacional resquebrajada al nivel de los regímenes más polémicos de la región. Si algo no precipita las cosas en estos días agitados para la política peruana, la próxima escena clave ocurrirá el próximo 2 de febrero, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúe la validez del indulto en una audiencia a solicitud los familiares de las víctimas del régimen de Fujimori. Es una carambola de resultados impredecibles.

La reciente excarcelación de Fujimori no ha dejado a nadie indiferente y, por sorprendente que parezca, las críticas han surgido tanto de la izquierda como de la derecha; las causas argumentadas para indultarle han sido de carácter “humanitario” debido a su avanzada edad, a su estado de salud y a los 10 años de prisión efectiva que ya ha cumplido por una serie de delitos muy graves, incluidos hechos que bien pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad tal cual recuerda el texto de la Sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú:“los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad”“los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad

Los crímenes de Fujimori no sólo son aquellos por los que fue Juzgado y condenado sino otros muchos que se solaparon o encubrieron en una supuesta lucha contra el terrorismo, guerra en la cual las primeras víctimas fueron tanto el propio estado democrático y de derecho como los derechos humanos de sus enemigos. Los muertos, torturados y detenidos fueron muchos...entre ellos algunos buenos y recordados amigos.

Las condiciones en las que cumplió prisión Fujimori distan mucho de ser aquellas que han padecido y padecen sus opositores. Es inaceptable comparar las condiciones de cautiverio sufridas por Fujimori a las que sigue padeciendo, por ejemplo, Víctor Polay desde 1992 así como tantos otros que llevan décadas encarcelados en condiciones que repugnan a un entendimiento democrático de lo que ha de ser el cumplimiento penal.

Polay, al igual que otros muchos opositores a Fujimori, continúa cumpliendo condena en condiciones inhumanas dentro de celdas de 1,80 metros de ancho por 2 de largo y 3 de alto a las que sus propios guardianes denominan “Némesis” (la diosa griega de la venganza) y con un régimen penitenciario impropio de cualquier democracia. Nada de eso lo ha sufrido el expresidente ahora excarcelado.

En cuanto a las garantías procesales con las que fue enjuiciado Fujimori, obviamente, nada tienen que ver con las sufridas por sus opositores que fueron, incluso, enjuiciados por los denominados "jueces sin rostro"; que fue una figura creada por el propio expresidente, en 1992, para perseguir a todos aquellos a los que su siniestro régimen denominó terroristas, traidores a la patria, etc. Las principales características de esos tribunales eran dos: los jueces cubrían sus rostros para enjuiciar desde el más absoluto anonimato y las garantías procesales (entre ellas la presunción de inocencia) brillaban por su ausencia. Recuperada la senda democrática esas sentencias han sido anuladas si bien no así sus consecuencias encontrándose muchas de esas personas aún en prisión.

Fujimori fue todo menos un demócrata, usó y abusó del poder que le entregó, en su día, la ciudadanía peruana transformando dicho país en un sistema macabro en el cual todo pasaba por sus manos y por las de otro siniestro personaje que hoy también cumple condena: Vladimiro Montesinos... tan ladrón y criminal como Fujimori.

Mientras Fujimori hacía todo esto, la Audiencia Nacional, de forma acrítica, colaboraba con ese sistema tanto a nivel de investigaciones y obtención de pruebas como con la entrega de reclamados en extradición negando, incluso, la existencia de Tribunales especiales y de una sistemática de vulneración de derechos fundamentales.

La propia concesión del indulto no puede dejarnos indiferentes, especialmente si tenemos en consideración que existen serias dudas sobre las auténticas motivaciones que ha tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski para acordar tal medida apuntándose, claramente, a un interés personalísimo por esquivar una acusación constitucional que le impediría seguir en el poder.

Tampoco puede obviarse que Fujimori, una vez excarcelado, sufra una repentina mejoría como la vivida por Pinochet después de ser denegada su extradición a España por parte del Reino Unido; no es nuevo el uso de las denominadas “razones humanitarias” para librar de la cárcel a destacados tiranos y criminales.

Peor aún, no puede descartarse que “el Chino”, que es como se le denominaba a pesar de ser de origen japonés, vuelva a jugar algún tipo de papel político bien directamente o a través de sus hijos; este riesgo existe y va directamente ligado a la veracidad o no de esas “razones humanitarias” en que se ha sustentado su indulto.

Dicho todo lo anterior, creo que el auténtico tema a discutir no es el indulto a Fujimori sino un tema mucho más profundo que afecta a derechos fundamentales, a la comprensión que tenemos del Derecho Penal y, sobre todo, del sentido de las penas y la forma en que las mismas se han de cumplir.

No estoy de acuerdo con que se haya tenido que indultar a Fujimori, el camino no era ese sino el de contar con un sistema penal y penitenciario que impida que personas de esa edad (79 años) sigan en prisión porque las penas han de tener un sentido mucho más allá del meramente retributivo. La humanización del cumplimiento penal tiene un costo, pero también muchos beneficios, tanto tangibles como intangibles, y muchas veces se nos olvida una gran reflexión de Dostoievski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.

No podemos confundir la condena, la imposición de una pena y la forma en que la misma ha de cumplirse. Un sistema penitenciario inadecuado, injusto e inhumano genera situaciones indeseadas como la que ahora se está viviendo con el caso de Fujimori. Indultarle fue una salida política para solucionar un problema individual, la auténtica solución era otra: humanizar el cumplimiento penal y que, a partir de determinada edad, o circunstancias personales (salud, etc.) nadie pueda estar en prisión, ni él ni sus enemigos ni ningún ser humano.

Fujimori, a diferencia de muchos de sus enemigos y de la mayoría de los presos peruanos, se ha beneficiado de una inexplicable “individualización del cumplimiento penal”; sin embargo, no creo que él, ni nadie de su edad, deba estar en una prisión porque a partir de un determinado momento el cumplimiento de la pena pierde todo su sentido arrastrándonos, como sociedad, a un lugar del que difícilmente se regresa.

Tampoco creo que se deban aplicar criterios penales y/o penitenciarios diferenciados en función del cargo que se haya ocupado. A los dictadores, a los genocidas y a esos grandes criminales que han delinquido a partir de la posición de poder que han ocupado, hay que aplicarles la legislación vigente, respetarles sus derechos fundamentales y garantizar que sus sentencias resistan el paso del tiempo y el peso de los recursos porque contra ellos tampoco existen atajos.

El desafío que tiene Perú no es el cómo afronta las consecuencias de la excarcelación de Fujimori sino el cómo se avanza para crear un sistema penal y penitenciario en que la excarcelación de septuagenarios y enfermos no sea la excepción sino la regla. En definitiva, el reto consiste en cómo se humanizan las penas y se construye un sistema penal y penitenciario moderno y justo para que los derechos humanos no sean patrimonio de unos pocos sino de todos, sin olvidar que al enemigo también hay que respetarle sus derechos para no incurrir, justamente, en aquello que estamos combatiendo... y que en el castigo no perdamos la legitimidad.

En cierta ocasión, le pregunté a Pablo Iglesias qué demonios es “el poder” y Pablo me contestó algo así como que el poder son relaciones en un determinado contexto. Si esta definición la llevamos a latinoamérica -y en especial a Perú- podemos afirmar que el poder son relaciones de impunidad. Dicho de otra manera: “hoy te tapo a ti para que mañana tú me tapes a mí”. La noticia de la concesión de un indulto humanitario al que fuera jefe del Estado peruano Alberto Fujimori, es un ejemplo más de que la impunidad es sinónimo de poder, incluso cuando se trata de emplear el lenguaje equivocado pues nunca puede ser humanitario un indulto cuando el indultado ha sido antes violador de los derechos humanos. No sé si me explico.

En el otro lado del infierno, tenemos la historia oficial que no es otra cosa que la historia real “desescrita” por el olvido. El pueblo peruano se resiste a ella pues no olvida que fue ofrecido como una mercancía al mejor postor; “un producto” –en palabras del mismo Alberto Fujimori– puesto en bandeja a los mercados tras privatizar los derechos humanos para alimentar el hambre de un capitalismo siempre insatisfecho. De esta manera la política de Fujimori no sólo aumentó la crisis económica en la que Perú ya estaba sumido a inicios de los años 90, sino que la distancia entre estratos sociales se hizo mayor aún.

Todo apunta a que el actual presidente de Perú, Kuczynski tomó la decisión de indultar a Fujimori a cambio del voto de Kenji Fujimori –hijo del Alberto Fujimori–para que le salvase de ser destituido por el Congreso. En definitiva, un trapicheo donde la impunidad es una mercancía más en un Estado que ha sido absorbido por la tendencia mercantil.  Con estas cosas, el otro día Pablo Iglesias apareció con un tuit que se unió a la ola de protestas contra el indulto.

Con la espuma de su denuncia, Iglesias dejaba claro que el indulto a Fujimori ha sido un regalo indigno. Tal vez, a estas alturas sea ya hora de ampliar el concepto de poder y extenderlo hasta la impunidad. Mientras tanto, el pueblo peruano que no está dispuesto a que queden impunes los crímenes de un genocida, sale a la calle para escribir la historia real y de manera tan digna se planta a hacer memoria.

Estamos de su parte.

La rabia y el desasosiego. Eso siento cuando leo la carta y al pie los nombres de algunos de sus firmantes. Y pienso en el cinismo de esos firmantes, sobre todo de quienes viven y escriben en España desde hace ya mucho tiempo, incluso en el franquismo, como es el caso particular de Vargas Llosa. Leo el párrafo que encabeza este artículo y me pregunto si todo él no es válido para enjuiciar la dictadura franquista. Sólo hay que cambiar el nombre de Fujimori por el de Franco y el párrafo vendría como anillo al dedo. La diferencia fundamental es que aquí Franco no fue condenado como Fujimori. De ahí la rabia y el desasosiego que me provoca la carta hecha pública por los intelectuales peruanos denunciando algo que en España pasó y sigue pasando y a muchos de ellos les importa un pito. O peor aún: lo que defienden en España algunos de esos firmantes es precisamente el olvido de las tropelías franquistas contra el derecho a la memoria que sí que defienden en el caso del Perú y Fujimori.

El cinismo que nos invade. Lo que vale para unos sitios no vale para otros. Los dictadores no son lo mismo según el cristal con que se los mire. Fujimori es para Vargas Llosa un monstruo (un monstruo, por cierto, que le ganó las elecciones en su país en 1990), pero cuando se le habla de Franco y del franquismo calla o defiende actitudes de equidistancia, que es una manera de absolver el golpe de Estado fascista equiparándolo a la legitimidad de la II República en julio de 1936. Las palabras mienten, aunque esas mentiras se escondan ahora con ese absurdo y engañoso palabro que se llama posverdad. Defienden los firmantes de la carta peruana la dignidad, la igualdad ante la ley y el derecho a la memoria. Recuerdo aquí los versos de Keats: “Ante el largo horizonte de los años que vengan, / no permitas que muera el honor de mi pueblo”. Esos firmantes pueden aplicarse los versos de Keats cuando hablan de su país, de Fujimori y de su cruelísima dictadura de diez años. Pero Vargas Llosa y algunos de sus amigos no aplican esos mismos versos cuando toca hablar de España, de Franco y de su cruelísima dictadura de cuarenta años.

La memoria es necesaria en Perú, pero en España lo que es necesario es el olvido. Eso dice Vargas Llosa jugando a una carta en su país de origen y a otra bien distinta cuando la partida se juega en su país de adopción entre el franquismo aún demasiado vivo entre nosotros y una memoria democrática secuestrada impunemente por los herederos de la dictadura que nos gobiernan y sus políticas ilegales a la hora de cumplir la tan frágil Ley de Memoria de 2007.

A ver cuándo el Premio Nobel de Literatura se anima a encabezar una carta con el párrafo que inicia este artículo: sólo tendría que cambiar el nombre de Fujimori por el de Franco. Pues no sé, pero me va por la cabeza que va a ser que no. ¿Ustedes qué piensan?

El hombre que convirtió a cientos de miles de campesinas pobres en víctimas de esterilizaciones forzadas está libre. Está fuera de la cárcel el jefe que accionó ese aberrante mecanismo de control demográfico diseñado décadas antes por el primer mundo para el tercero y para ser aplicado como política de Estado por gobiernos afines al FMI y al Banco Mundial, violentando los cuerpos de las mujeres. Está en la calle quien dio la orden de despojar a tantas de su derecho fundamental, tratándolas como si fueran cifras en una estadística, dejando atrás heridas abiertas, tierras baldías, territorios yermos. El que mandó a torturar a su esposa. El que dejó sin justicia a miles de víctimas de violación. El que hizo secuestrar y maltratar a sus propias agentes de inteligencia. El cabecilla de una banda que mandaba sobres bombas a mujeres periodistas y dejaba dinamita en la puerta de las casas de activistas feministas. El que desconoció el dolor de las madres que buscaban a sus hijos muertos.

Alberto Fujimori está libre. El actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), acaba de soltarlo, en lo que ha sido a todas luces un canje político disfrazado de indulto humanitario. Días atrás, la revelación de los vínculos entre una empresa propiedad de PPK y la empresa constructora y corrupta Oderbrecht, durante la época en que el primero era ministro de economía, lo puso al filo de la vacancia presidencial por incapacidad moral, pero a última hora el Congreso, mayoritariamente fujimorista, decidió la votación a favor de la permanencia del presidente. Lo que pocos sabían es que PPK se quedaba porque había negociado con ellos debajo de la mesa la libertad y el perdón del reo más famoso del Perú.

El indulto humanitario para el ex dictador viene con derecho de gracia, eso quiere decir que Fujimori –quien ayer publicaba un video en sus redes sin rastro de padecer una enfermedad terminal– ha sido exculpado también de los procesos que tiene abiertos y juicios pendientes, como el de las esterilizaciones forzadas, una de las violaciones de derechos más graves en la historia peruana cometida contra las mujeres, que continuaba en investigación fiscal y ahora podría quedar impune, salvo que prosperen los recursos de nulidad.

Yerma en los Andes

Entre 1995 y 2000, los años más duros de la dictadura de Alberto Fujimori, se estima que fueron esterilizadas contra su voluntad 331.600 mujeres indígenas en el Perú. Esto es, que muchas veces mediante engaños, otras recurriendo directamente a la violencia, cientos de miles de mujeres no solo se vieron privadas de su derecho a concebir sino que han arrastrado durante años las secuelas psicológicas del abuso al que fueron sometidas e incluso el estigma que las persiguió en sus lugares de origen, casi siempre pueblos de los Andes, donde el dictador y sus cómplices se creían con más derecho a aplicar su “Programa Nacional de Planificación Familiar”.

¿Cómo se llevaba a cabo este programa? Según informes de Amnistía Internacional algunas de las prácticas iban desde imponer a los médicos un sistema de cuotas o “metas numéricas” para la práctica de estos procedimientos (además de “estímulos” si cumplían las metas), la amenaza de practicarles abortos a las mujeres embarazadas si no accedían a ligarse las trompas, campañas engañosas en las que se ofrecía la ligadura como cualquier otro método anticonceptivo no permanente, el secuestro, el chantaje a los maridos para que firmasen “autorizaciones” o el uso de la fuerza.

El presidente que nos odiaba

Alberto Fujimori demostró, durante todo su Gobierno, su misoginia radical y una dinámica perversa en su relación con las mujeres. Fue el único presidente del mundo que acudió a la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995, pero luego de ofrecerse como un defensor de la causa femenina, puso en marcha el programa de control de la natalidad en los Andes. “A Fujimori en realidad no le importaban las mujeres –cuenta hoy Rocío Silva Santisteban, ex directora de la Coordinadora de Derechos Humanos en el Perú– sino el dinero que el Banco Mundial había ofrecido a cambio de un decidido apoyo del Gobierno a la política de control poblacional. Esa política se entroncaba con el famoso Plan Verde de los militares: controlar a la población indígena, rural y pobre para evitar la proliferación de ”terroristas“. Las esterilizaciones forzadas son la punta de lanza de ese plan.” En ese proceso usó también a algunas ONG que trabajaban con colectivos de mujeres y que gestionaron el programa. Se hizo, explica Ana María Vidal, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora, “en el marco de una política de salud pública, y utilizó como fachada un discurso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para luego enviar a cientos de médicos por las regiones más pobres del país con la orden de esterilizar”.

Muchas feministas se opusieron duramente, como la abogada Gina Vargas, que acuñó la frase: “Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres”. Otra activista feminista histórica, Giulia Tamayo, publicó el informe “Nada Personal”, denunciando las ligaduras de trompas ilegales y al poco tiempo el grupo Colina –el comando paramilitar de Fujimori y Montesinos– le colocó una bomba en la puerta de su casa y tuvo que refugiarse en España.

Las agresiones sexuales también fueron banalizadas durante esos años, y aunque el Estado les entregó muchos años después del Gobierno de Fujimori un certificado de víctimas a las 5 mil mujeres violadas, también en su mayoría indígenas –lo que prueba el cariz doblemente discriminatorio de estas prácticas violentas–, que se atrevieron a denunciar (deben ser muchísimas más), solo hay una sentencia en el poder judicial en la que se sanciona al violador, el de una mujer identificada como “MMM”, las demás nunca fueron juzgadas.

Esto ocurre en el mismo país en que la ley de violencia de género sirve para poco, donde siete de cada diez mujeres ha sufrido agresiones, en el que el aborto sigue siendo ilegal, incluso en caso de violación y en donde el Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani es capaz de declarar que “los abortos no se deben a que han abusado de las niñas sino a que la mujer se pone como en un escaparate provocando”.

Las Geishas

En otro despliegue de falsa empatía, Fujimori creó también el primer Ministerio de la Mujer de la historia del Perú, pero nació con sello clientelista y manipulador. La primera ministra, Luisa Cuculiza, era una señora autoritaria y ultraconservadora. Fujimori se caracterizó por rodearse de mujeres que apañaban sus latrocinios, que lo defendían en los medios, todas desfeminizadas, cómplices. Les llamaban “las martas”, entre ellas estaba la congresistas Marta Chávez, de verbo violento y endemoniado, y Marta Hildebrandt, presidenta de la Academia de la Lengua en el Perú y presidenta del Congreso de la época, quien llegó a decir en una entrevista que ella estaba “a favor del autoritarismo, no de la autoridad”. Otra, Luz Salgado, fue hasta hace poco presidenta del actual Congreso.

En esta especie de “fiesta del Chivo” a la peruana, Fujimori ejerció idéntica influencia en las periodistas que cubrían Palacio de Gobierno, a quienes se les llamó las “geishas del japonés” y que fueron inmortalizadas en videos que las muestran dándose baños en las pozas de aguas termales que le encantaban al presidente y en una cama de hotel en Londres con el entonces todopoderoso Fujimori. Su principal animadora y groupie en la televisión fue la inefable presentadora Laura Bozzo, que acabó en arresto domiciliario por comprobarse que había sostenido reuniones con Vladimiro Montesinos con el fin de hacer campaña por el fujimorismo en sus programas. “Las mujeres autoritarias y/o genuflexas ante el poder del patriarca marcaron el estilo de su Gobierno”, afirma Silva Santisteban.

La esposa torturada

Dejamos de verla por un tiempo y cuando reapareció su salud estaba muy deteriorada, necesitaba de silla de ruedas y no podía hablar con claridad. Una de las primeras denuncias impunes de una mujer contra Alberto Fujimori fue la de su esposa, la entonces primera dama Susana Higuchi. Ella denunció haber sufrido secuestro y tortura en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, con constantes sesiones de electroshocks para evitar que hablara de lo que estaba pasando dentro del Gobierno, incluso llegó a enseñar sus quemaduras. Los medios comprados por el aparato propagandístico de la dictadura se encargaron de desprestigiarla, de hacerla pasar por loca y así lograron acallarla.

El fujimorismo necesitaba su silencio, luego supimos por qué: Fujimori en esos días habría dado la orden para las matanzas de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y la de los 15 habitantes de una quinta de Barrios Altos, incluyendo a un niño de 8 años. Crímenes de lesa humanidad. Sería condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Era, además, un gran corrupto: a Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia, le entregó a espuertas los fondos del Estado para corromper a jueces, militares, congresistas, periodistas, comprando las líneas editoriales de periódicos y canales de televisión, por lo que le cayeron otros seis años más. Compró a la prensa amarilla, desde donde difamó a sus rivales políticos y sumaron seis años más de prisión. Por todos estos casos estaba sentenciado cuando PPK lo indultó. También por desaparecer los videos que grabó el propio asesor y que probaban sus fechorías. Y le quedaban un buen puñado de casos por juzgar.

El de Higuchi, como el de las esterilizaciones forzadas sigue abierto y podría quedarse sin sentencia si el indulto sigue adelante. Ante la comisión congresal que investigó el caso de la ex primera dama años después, su propia hija, Keiko Fujimori, fue la primera en negar la tortura. Luego de ver a su madre expulsada del Palacio de Gobierno aceptó convertirse en la hija-Primera Dama de Fujimori. Hoy es la candidata del partido fujimorista, líder de la oposición, la que perdió la presidencia en las dos últimas elecciones, primero ante Humala y después ante PPK, pero no acepta que no es presidenta. Es otra de las investigadas en el caso de Oderbrecht por recibir millonarias sumas para sus campañas y por ello en las últimas semanas hemos vuelto a ver las viejas maniobras de los fujimoristas: persecución política a fiscales y amedrentamiento del Tribunal Constitucional.

En el año 2000, Alberto Fujimori huyó a Japón y renunció a la presidencia del Perú vía fax, ante la evidencia de los casos de corrupción de su Gobierno. Allí fue protegido por una poderosa empresaria hotelera, Satomi Kataoka, conocida por sus vínculos con el fascismo japonés, y con quien, ya divorciado de Higuchi, se casó como parte de su estrategia de inmunidad. Quiso empezar una nueva vida junto a ella, postulando a diputado, haciendo valer su nacionalidad japonesa que siempre había negado, pero no pudo evitar su extradición en septiembre de 2007. Al poco tiempo de ser encarcelado, perdieron el vínculo. Una vez más instrumentalizaba a una mujer para sus oscuros fines.

Mujeres de batalla

Tampoco parece que vaya a pagar por los crímenes contra las agentes de inteligencia Mariella Barreto, asesinada y descuartizada; y Leonor la Rosa, superviviente de tortura, solo porque sabían demasiado de las prácticas ilegales de los comandos que estaban a la orden de Montesinos y Fujimori. Todas fueron clave en el desenmascaramiento del régimen. Hubo heroínas también en los medios. La periodista Melissa Alfaro, jefa de informaciones del semanario Cambio, que cada tanto presentaba informes para atizar al Gobierno, abrió el sobre bomba que el servicio de inteligencia había enviado a nombre de su director y murió en el acto.

Pero sin duda, las mujeres que más guerra han dado y siguen dando contra el tirano son las madres y hermanas e hijas, los familiares de las víctimas. Ayer, la madre del niño asesinado en Barrios Altos, Rosa Rojas, rodeada de la gente que protestaba contra la medida y contra las explicaciones de PPK –que intenta apuntalar una falsa campaña de “reconciliación nacional”–, clamaba: “No es fácil decir pasemos la página, que tengamos un nuevo comienzo. Yo traje al mundo a mi hijo y aún no lo puedo olvidar. Hoy él tendría 35 años y aquí estoy. Seguiré luchando hasta el último día. Se burló de mi dolor. Un dolor que hasta ahora tengo en el alma. No puedo olvidar a mi hijo especialmente hoy que es Navidad. Estoy en la calle cuando debería estar en casa con mi familia. No es justo que PPK haga esto”, dijo. Los años de lucha por mantener la memoria y aplacar el dolor de miles de mujeres que aún esperan justicia no pueden quedar impunes.

(Vídeo de Javier Corcuera Andrino, director de documentales peruano).

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha indultado al exmandatario Alberto Fujimori tres días después de evitar su destitución en el Congreso, en una decisión que ha generado manifestaciones de protesta por un lado y celebraciones por otro.

“El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición”, anunció la Presidencia de la República.

Fujimori, de 79 años, presentó la solicitud de indulto y derecho de gracia el pasado 11 de diciembre, y una junta médica lo evaluó y determinó que padece de una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, según la información oficial. Agregó, asimismo, que las condiciones carcelarias implicaban un grave riesgo a su vida, salud e integridad.

El exmandatario fue internado el viernes en una clínica de Lima por problemas de presión arterial y ahora, tras el anuncio de su indulto, sus simpatizantes se acercaron a los exteriores del centro médico con carteles para celebrar el indulto.

El congresista Kenji Fujimori, el hijo menor del exgobernante que fue decisivo para que se archivara en el Congreso la destitución de Kuczynski, informó de que su progenitor va a continuar “en la unidad de cuidados intensivos hasta su total recuperación”. Asimismo, añadió que su padre “disfrutará en unos días de la libertad que se merece. Y les hace llegar sus mejores deseos en esta navidad”. Kenji agradeció a Kuczynski “por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario” a su padre y dijo que estarán “eternamente agradecidos” con él.

Su hermana Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, también llegó junto a sus hermanos Hiro y Sachi a visitar a su padre y expresó su satisfacción por el indulto. “Es una noche de gran alegría para nuestra familia, para el fujimorismo, han sido más de diez años de espera en los que mi padre estuvo privado de su libertad, finalmente se hace justicia”, declaró.

Sin embargo, la decisión de Kuczynski ha generado el rechazo de diversos sectores, incluido el oficialismo, donde anunciaron su renuncia los congresistas Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde, lo que deja al grupo oficialista con solo 16 parlamentarios.

Existe, además, la posibilidad de que se produzcan más dimisiones, ya que el también congresista oficialista Juan Sheput declaró que la decisión del indulto fue tomada sin la participación de su bancada, por lo que esta se reunirá en las próximas horas para tomar una postura conjunta.

A su turno, el congresista del partido centrista Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que hubo un “pacto infame” para otorgar el indultado a cambio de que el fujimorismo no destituyera al gobernante el pasado jueves en el parlamento.

La líder del izquierdista Nuevo Perú, Verónica Mendoza, afirmó, a su turno, que Kuczynski “acaba de hacer una vil traición a la Patria”.

Por su parte, cientos de manifestantes, entre ellos familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado Fujimori, se concentraron en la céntrica plaza San Martín para denunciar que el indulto es un acto de impunidad.

Los parientes de los asesinados y desaparecidos anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para anular el indulto y que Fujimori cumpla la totalidad de la condena a la que fue sentenciado. En la movilización se exhibieron pancartas que calificaron el indulto como un “insulto” y a Kuczynski como un “traidor” y “cómplice del criminal”.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1991, uno de los casos por los que Fujimori fue sentenciado, escribió un dolido mensaje al mandatario en su cuenta en Twitter.

“Señor Presidente, acaba usted de robarnos nuestra tranquilidad y derecho a la justicia al regalarle inmerecido indulto a Fujimori. Hace 25 años no tenemos navidades y hay ausencias dolorosas. Cargue con eso hoy”, expresó.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, con un total de 25 muertos, y el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.