El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso con el que Carles Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. El pleno, con el voto en contra de cuatro magistrados del sector conservador, acepta estudiar durante los próximos meses la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito alegando que la malversación del procés sí supuso un enriquecimiento para Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

El tribunal entiende que en estos recursos existe una “especial trascendencia constitucional” que avala su admisión a trámite “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. Los magistrados rechazan la petición de medidas urgentes de estos recursos, que pedían que se amnistiara la malversación de forma cautelarísima.

La ley de amnistía, que desde su entrada en vigor hace más de un año ha beneficiado a más de 300 personas entre activistas, policías y políticos, recibió el aval del Constitucional hace unos meses, cuando la mayoría progresista del pleno rechazó de forma casi íntegra el recurso del PP. Este nuevo recurso de Puigdemont y sus dos exconsellers ataca la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación que les atribuye desde 2017 el juez Pablo Llarena.

En la práctica, esta imputación es la que impide que Puigdemont pueda regresar a España sin arriesgarse a ser arrestado por orden del Tribunal Supremo, una de las principales reivindicaciones del independentismo a la hora de negociar esta norma. La Sala de lo Penal entendió que el hecho de que los líderes del procés usaran medios públicos para organizar el referéndum independentista de 2017 implicaba que no habían tenido que ponerlo de su bolsillo y, por tanto, había constituido un enriquecimiento ilícito que no perdona la ley de amnistía.

La admisión a trámite ubica una posible decisión del Constitucional sobre el caso de Puigdemont dentro de varios meses. El Supremo, que además de rechazar la amnistía para la malversación del procés impugnó la propia ley ante el Constitucional, no fue unánime en este criterio: la magistrada Ana Ferrer votó a favor de amnistiar la malversación y la Fiscalía y la Abogacía del Estado también se pronunciaron en sentido contrario.

El pleno del tribunal de garantías analiza esta semana varios aspectos relacionados con la amnistía después de rechazar el recurso del PP y avalar la norma en sus líneas fundamentales. Los magistrados tienen previsto rechazar las impugnaciones presentadas por el gobierno de Aragón y por el propio Tribunal Supremo.

El 7 de diciembre es la fecha fijada para que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí comparezcan ante la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que es la encargada de abordar el suplicatorio de los tres eurodiputados y que este lunes ha celebrado su primera reunión sobre el caso. Así lo ha comunicado el presidente de la comisión, Adrián Vázquez (Ciudadanos/Renew Europe): “Luego vendría la presentación del informe y, después, la votación. La comparecencia es una invitación, pueden comparecer o no, pero el proceso no se para por eso”. Según diversos cálculos, no se votará el suplicatorio antes del pleno del Parlamento Europeo en febrero.

“El 7 de diciembre se cumplen tres años de la gran manifestación Omplim Brussel·les. Un buen día para salir a defender nuestros derechos en el corazón de la institución más importante de la democracia europea: su Parlamento”, ha respondido Puigdemont.

La semipresencialidad a causa de la pandemia de la COVID-19 dejó en suspenso el suplicatorio del ex president catalán y los ex consellers. El procedimiento requiere de sesiones a puerta cerrada en la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), lo que detuvo el caso en marzo. Pero ahora se ha reactivado este lunes con una primera reunión, toda vez que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han avalado que puedan celebrarse las sesiones de forma híbrida, con eurodiputados en la Eurcámara y otros conectados telemáticamente en las oficinas locales de los diferentes países. La comparecencia del 7 de diciembre ha sido convocada de forma presencial.

En todo caso, los servicios jurídicos piden que los asistentes a sesiones híbridas se limite a las personas imprescindibles, y establece que las responsabilidades por la violación de la confidencialidad son las mismas que si la reunión fuera presencial.

El pasado 27 de octubre el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (PD/S&D), estableció, a causa del avance de la pandemia en Bruselas, que “las reuniones de los órganos de gobierno del Parlamento, las comisiones plenarias, ordinarias y extraordinarias y los grupos políticos se realizarán de forma remota sin la presencia física de personas distintas de la presidencia, personal indispensable de la secretaría y apoyo técnico”.

“La justicia sigue sus cauces, este proceso parlamentario también”, decía Adrián Vázquez hace unas semanas sobre el suplicatorio: “El proceso de suplicatorio no se ha parado y todo el trabajo de campo y de análisis de la documentación está avanzado”.

“Está en juego el prestigio de la institución”, decía Vázquez: “Quiero ser escrupulosamente garantista, es un tema que afecta a derechos fundamentales, y no permitiré que nadie convierta esto en un circo o en un acto electoral que pretenda desprestigiar Europa”.

Verdes e Izquierda Unitaria han mostrado sus dudas sobre el uso de la vía telemática para este tipo de procedimientos que requieren confidencialidad, ha adelantado La Vanguardia, y que, en la primera sesión, ya se han producido problemas de conexión y desconexión de los eurodiputados a los que la presidencia de la comisión no ha dado importancia y ha calificado de “normales”.

“La primera reunión ha transcurrido dentro de la máxima normalidad, produciéndose el primer intercambio de puntos de vista entre los diputados pertenecientes al Comité tras la exposición llevada a cabo por el ponente. Se ha acordado proceder con la siguiente fase, que sería la audiencia a los diputados afectados”, han explicado fuentes de la presidencia.

La sesión ha sido “acalorada”, explican otras fuentes, mientras el croata Mislav Kolakusic, eurodiputado no inscrito, que ha afirmado que había “un fondo político” en el proceso.

La estrategia de la defensa

Los abogados de los eurodiputados de Junts-Lliures per Europa, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí alegarán que hay “pruebas sólidas de persecución política, que en la mayoría de países de la UE el delito de sedición no existe y la incompetencia del Tribunal Supremo” en el procedimiento para responder a los suplicatorios cursados por el Alto Tribunal para levantarles la inmunidad parlamentaria, según han informado fuentes de JxCat-Lliures.

En los tres expedientes, el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). “Es un sistema rotatorio y me tengo que ajustar a las normas”, ha dicho Vázquez.

Fuentes del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber un ponente “para cada expediente de inmunidad”, así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox.

Tras explicar que el procedimiento consta de cuatro pasos y puede durar un mínimo de cuatro meses, la defensa del expresident calcula que pueda alargarse más allá de febrero.

“Fue una decisión que se tomó también en en febrero y, básicamente, al ser los tres informes sobre prácticamente la misma situación, se decidió concentrar los tres en el mismo para no generar un agravio comparativo entre diputados. Es una cosa que nosotros vemos natural y que en su día ningún grupo se opuso. Eso es algo que le compete al Comité y sobre todo al ponente decidir”, afirma Vázquez, quien añade: “Entiendo que los tres diputados querrán influir en el resultado de las deliberaciones. Así lo están haciendo a través de su abogado, enviando ese tipo de correos que yo no sé exactamente qué finalidad tienen, porque con cosas que nosotros no podemos analizar, ni debatir, ni explicar. Nosotros realmente no podemos entrar en eso. No podemos entrar en el fondo ni en la forma del asunto. Soy una persona que siempre ha respetado la ley y creo que la ley es fundamental y que la norma se tiene que respetar. Punto por punto. Y ese es mi único cometido aquí. E intentaré, por supuesto, que dentro del comité, que es donde yo tengo cierta autoridad, pues aquello no se convierta en un circo. Nada más”. 

Posteriormente a la comparecencia de los eurodiputados, se deberá presentar un borrador de la ponencia para ser debatido, cuya redacción final tendrá que someterse a votación por parte de los 25 miembros de la comisión, cinco de los cuales son españoles –el presidente es de Ciudadanos, dos eurodiputados del PP y dos del PSOE–, más tres suplentes –Vox, PP y Ciudadanos–.

Fuentes de Junts-Lliures aseguran que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo es la que tiene un porcentaje mayor de eurodiputados españoles, especialmente de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, una cuestión que quieren evidenciar porque son partidos que han manifestado abiertamente que quieren la “extradición de los eurodiputados, y esto tiene implicaciones en la imparcialidad del procedimiento”.

Una vez superados estos pasos, llegará al pleno del Parlamento Europeo, donde se votará, y fuentes del equipo jurídico recalcan que, pase lo que pase con el suplicatorio, los eurodiputados “seguirán siendo eurodiputados” pese a perder la inmunidad.

Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de fumus persecutionis, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es “perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución”.

Así, la base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí será argumentar que hay “persecución política” y que, como consecuencia, se quieren impedir que ejerzan de eurodiputados. También pondrán sobre la mesa que el Tribunal Supremo “no es un órgano competente” en todo ello, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto. “Hay tribunales europeos que ya han dicho que la sedición no existe, que los hechos no son constitutivos de delito, como Alemania”, apuntan desde el equipo jurídico, que avisa de que, en función de cómo se desarrolle todo el procedimiento, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero Vázquez ha explicado que no están atendiendo las quejas.

Competencia del Supremo en cuestión

Ahora el Parlamento Europeo se encuentra ante un fallo judicial previo: la justicia belga ha rechazado en agosto en primera instancia la euroorden de Lluís Puig, exconseller de Cultura de Puigdemont, por considerar que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales al entender que el Supremo no es el órgano competente para cursarla, en tanto que no es un aforado ante este tribunal.

Si el Parlamento Europeo sigue con la tramitación, la defensa podrá recurrir ante el TJUE, y ahí la institución que se arriesga a perder sería la Eurocámara, no el Supremo.

Para hacerlo, recordaba la ACN, la defensa de Puigdemont cuenta con la jurisprudencia, cuando en 2008 el tribunal de primera instancia de la UE declaró la admisibilidad de un recurso que impugnaba el levantamiento de la inmunidad contra el eurodiputado británico Ashley Neil Mote. En aquel momento, Luxemburgo defendía que la tramitación de un suplicatorio en el Parlamento Europeo debía “ser objeto de un control de la legalidad por parte del juez comunitario”. Al final, el tribunal terminó desestimando el recurso porque no veía pruebas suficientes, pero no por ello dejó de analizar el caso en curso.

Por otro lado, si el suplicatorio termina votándose en el pleno y se levanta la inmunidad para los tres, la defensa podría ir al juez belga Jan Coopens, quien lleva el caso de los tres eurodiputados en primera instancia y falló a favor de Puig. Y Coopens, por analogía, es previsible que volviera a decir que el Supremo no es competente, por lo que los eurodiputados volverían al Parlamento con todos sus derechos.

La tesis recogida en la sentencia de Coopens es que se ha vulnerado el derecho fundamental a que la causa sea conocida por el juez natural, tal y como entendía el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para los casos de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los pasos del suplicatorio

Si las autoridades nacionales solicitan al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de un diputado, cosa que ya ha pasado en los casos de Puigdemont, Comín y Ponsatí, el presidente del Parlamento comunica –como ya ha hecho– en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remite a la comisión parlamentaria competente, que es la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI).

La comisión podrá pedir toda información o explicación que considere necesaria. Y Puigdemont, Comín y Ponsatí tendrán la oportunidad de ser oídos y podrán presentar documentos o cualquier otra prueba escrita.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento –elaborado por el utraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox, pero también de los aliados flamencos de Puigdemont, N-VA)– en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad de los tres eurodiputados.

Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará la decisión a los tres interesados, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión.

Todo indica que los populares, socialistas y liberales podrán sumar mayorías en cada votación a favor de la concesión de los suplicatorios. Pero hay que votar. Y el voto no será sólo sí o no a su entrega a la justicia española, o sí o no al independentismo: los eurodiputados sabrán que si votan sí al suplicatorio pueden estar enviando a Puigdemont, Comín y Ponsatí a la cárcel al menos 12 o 13 años por el 1-O, en función de la sentencia del procés del Tribunal Supremo. O todo lo contrario: pueden estar tomando una decisión que posteriormente enmiende el juez Coopens. Y es que aun en el caso de que la Eurocámara aprobara el suplicatorio, quedaría pendiente la aprobación de la euroorden por parte de la justicia belga que, de momento, cuestiona que sea competencia del Supremo.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime denegar la suspensión de las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y del exconsejero Antoni Comín que fueron acordadas por el instructor del la causa del 'procés', Pablo Llarena, después de que ambos fueran elegidos eurodiputados.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, explica que la suspensión solicitada por los líderes independentistas acarrearía una “perturbación de la función jurisdiccional”, y supondría una injerencia en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria.

Añade que asuntos como este ha de ser abordado “con suma cautela, caso a caso”, para evitar que el Constitucional acabe desempeñando funciones que le están constitucionalmente vedadas por ser propias del juez ordinario del caso.

La petición por parte de Puigdemont y Comín, argumentada por el abogado Gonzalo Boye, calificaba la decisión de Llarena de “manifiestamente arbitraria” y se presentó en contra de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que confirmó el criterio inicial del instructor.

Para la Sala, para aplicar la inmunidad a Puigdemont y Comín no bastaba su condición de europarlamentarios electos sino que es obligatorio haber adquirido la condición de eurodiputado, lo que no había sucedido aún en ese momento.

No habrá pregunta al TJUE

Los recurrentes también solicitaban al TC que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el sentido de que era contrario al Derecho de la Unión y a la jurisprudencia del TJUE que no se suspendiera el procedimiento penal como consecuencia de su elección como parlamentarios europeos y conseguir la inmunidad correspondiente.

El TC rechaza tal petición porque no se pone en relación una norma de la Unión Europea con una norma nacional sino con un eventual criterio aplicativo de esta y, además, se trata de una petición condicionada que no puede admitirse en este trámite incidental porque “equivaldría a una resolución anticipada del fondo del recurso de amparo”.

También razona el Constitucional que la solicitud de los recurrentes es contraria a la jurisprudencia consolidada por el Tribunal de Luxemburgo. Recuerda que las resoluciones judiciales impugnadas en amparo fueron adoptadas tras procesar por delitos graves a Puigdemont y Comín que, desde el mes de julio de 2018, han sido declarados procesalmente rebeldes por no haber concurrido a ninguno de los llamamientos judiciales que les han formulado.

El Tribunal Constitucional concluye afirmando que “si levantara las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento pese a haberles reconocido la adquisición de las prerrogativas e inmunidades que les corresponden como parlamentarios europeos”.

Para Boye, sin embargo, la postura adoptada por el Supremo y ahora confirmada por el Tribunal Constitucional es contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoció la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio de 2019 y que podría tener incidencia en sus clientes.

Carles Puigdemont ha presentado la lista a las elecciones europeas de Junts per Catalunya en Bruselas. Y ha querido lanzar dos mensajes: está dispuesto a ceder el número 1 de la lista a Oriol Junqueras, quien ya tiene una candidatura armada con ERC, EH Bildu y BNG, en aras de la “unidad republicana”. Y, por otro lado, ha expresado su convencimiento de que podrá tomar posesión del acta si es elegido eurodiputado. “Las instituciones europeas respetarán el resultado de las urnas”, ha afirmado ante el debate jurídico sobre si la inmunidad le ampara desde que es elegido o desde que toma posesión, o si para tomar posesión es imprescindible o no acudir a España a recoger el acta.

Puigdemont ha presentado la candidatura en el mismo lugar en el que, hace año y medio, se presentó por primera vez en Bruselas: el Club Internacional de Prensa. Y casi 12 meses después de haber sido detenido en Alemania y posteriormente dejado en libertad. “Europa es nuestro espacio de libertad, donde hemos podido expresar en libertad nuestro mensaje por la república catalana. Hemos sido ciudadanos libres circulando por Europa, y es el valor que queremos dar a nuestra campaña”.

“Es el comienzo de una nueva etapa”, ha explicado Puigdemont, “que confirma el trabajo hecho en el exilio. Si algo hemos demostrado, es que cuando empezamos en esta sala, en condiciones difíciles hace año y medio, no nos han podido callar. Y ahora lo podemos hacer en mejores condiciones si podemos trabajar desde el espacio que más representa al ciudadano europeo, el Parlamento Europeo, que es nuestra casa”.

El expresident ha estado acompañado por otros componentes de la lista: los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, además de los independientes Erika Casajoana y Gorka Knörr –ex eurodiputado de EA y exvicepresidente del Parlamento vasco–.

Comín elegido diputado catalán el 21 de diciembre de 2017 en las listas de ERC, ahora competirá con la candidatura de Ahora Repúblicas de Oriol Junqueras: “Siempre he estado en el mismo sitio: de izquierdas y catalanista. Y ahora a nadie se le escapa que es un momento extraordinario, y nuestra situación personal es un ejemplo de eso. No podemos dejar de luchar para salvar la democracia en Catalunya, y salvar la democracia en Catalunya es salvarla en España y en Europa. Si de mí dependiese, habría una lista unitaria con el número 1 para Junqueras y el 2, para Puigdemont”.

Könr se ha mostrado contento de “estar junto a dirigentes responsables políticos en el exilio: pongo al servicio haber sido miembro del Parlamento Europeo en 1999, la única institución elegida por los ciudadanos, y desde allí luchar contra la inquisición judicial española”. Mientras, Casajoana, se ha reivindicado como “feminista, ex militante de Unió, y miembro de la ACN y PDeCAT”. “Quiero ver libre mi país de presos políticos”, ha afirmado.

La exconsellera Ponsatí, por su parte, ha recordado su “plácida vida académica cuando respondí a la llamada del president Puigdemont para ser miembro del Govern. Aquella llamada me ha cambiado la vida. El president me ha vuelto a llamar y entendí que sólo podía dar una respuesta afirmativa. La candidatura será una gran herramienta para mantener viva nuestra lucha por la libertad. Pediremos el voto a los catalanes y a los españoles que tengan ganas de tener voces libres en Europa, voces que el reino de España y el juez Marchena temen”.

“Esta candidatura que es una continuidad a la experiencia de este año en el exilio”, ha afirmado Comín: “Nuestra tarea y obligación fundamental es la internacionalización: conseguir ganar el combate democrático de la autodeterminación de Catalunya. La candidatura tiene un hilo, a partir de que los abogados nos convencen de que hay opciones reales de que podemos ejercer como eurodiputados. La causa no se puede permitir el lujo de que los miembros del Govern en el exilio renunciemos al Parlamento Europeo. Nuestra prioridad es la tarea internacional: ¿tiene sentido renunciar a ello? Tiene sentido aprovecharla”.

Comín ha proseguido: “No iremos sólo a Europa para decir que es parte de la solución al problema catalán, es que Catalunya es parte de la solución, porque es un problema de democracia. Hay un dilema entre si queremos una salida al impasse por el autoritarismo o por la profundización democrática. Cuando colapsa el progreso social al continente hay que elegir entre la salida autoritaria o democrática. Y Catalunya es uno de los escenarios de este dilema y del conflicto europeo. Ganar la causa de la democracia en Catalunya, es ganar la causa de la democracia en Europa”.

En este sentido, Puigdemont ha subrayado: “Europa es nuestra casa, porque si podemos aspirar a representar a los catalanes es porque nos beneficiamos del mar de libertad de la UE. Es imperfecto, pero es el espacio de libertad más poderoso. Europa nos garantiza una libertad a una gente que si no fuera por esta Europa, estaríamos en el banquillo de los acusados y en prisión”.

“Los Estados comunicarán al Parlamento Europeo los resultados de las elecciones”, ha dicho Puigdemont: “Si  salimos elegidos eurodiputados, seremos eurodiputados, porque todos los precedentes dicen que la inmunidad es desde que eres electo. Cualquier intento de aplicar en Europa las prevaricaciones y abusos del sufragio pasivo se enfrentará a unas garantías que queremos ejercer”.

Ésta es la primera vez desde 1999 que el PDeCAT no se presenta a unas elecciones europeas con el PNV: “Está hablado con ellos, que con la excepcionalidad de la situación en Catalunya necesitábamos una voz de Catalunya por la república independiente. Agradezco su disposición a colaborar. Hemos querido centrarnos en dar más potencia a esta voz en la candidatura”.

El conflicto político entre Cataluña y España es eso, un “conflicto” y “político”. Eludir la realidad no la cambiará, ni resolverá nada; no se trata de delincuencia, ni de criminalidad, ni de código penal, prisiones y exilios. La necesidad de una solución política es inexcusable; es el deber de los demócratas.

Desde el primer día de exilio, además de defender nuestros derechos, hemos continuado haciendo política, trabajando para buscar soluciones. El trabajo realizado con las herramientas y recursos limitados de que hemos dispuesto es en parte conocida por la opinión pública, y en parte se mantiene aún en la necesaria discreción. Pero es un trabajo que tiene sólo un objetivo: contribuir a resolver el conflicto entre Cataluña y España. Con la dosis de autocrítica y el análisis más reposado, desde la distancia a veces reparadora y a veces limitadora, con la conciencia plena de todas las carencias y de todos los activos que hemos acumulado en esta fase de nuestra historia. Y con la mirada puesta cada día encima de los efectos de la represión que persiste con una tozudez enfermiza, que tiene encarcelados a amigos y compañeros, juzgados por delitos inexistentes, y que persigue representantes electos, activistas y ciudadanos comprometidos en general.

En el ciclo electoral que se inicia con las elecciones españolas del 28 de abril, la necesidad de hacer política se acentúa y será determinante en las decisiones que debe tomar el movimiento independentista catalán. Somos conscientes por un lado que una gran parte de la sociedad catalana reclama persistentemente la unidad política y por el otro de las dificultades que encuentran determinados actores políticos para hacerla realidad. Desde la perspectiva de la responsabilidad asumida hasta ahora, y ante los retos que nos plantea este nuevo ciclo, esta demanda de unidad nos compromete y nos interpela todos. La unidad se expresa con claridad en la sociedad civil, que sigue movilizada con fuerza y determinación a pesar de dificultades y adversidades. Difícilmente afrontaremos los retos que tenemos ahora delante, si no respondemos a la unidad de la gente también con la máxima unidad política.

La llamada “crisis catalana” es ya un asunto europeo. Aquella Europa que nos ignoraba y quisiera mirar hacia el otro lado cuando el Reino de España vulnera derechos y violenta principios democráticos ya no tiene más remedio que prestar atención y mirar con rigor todos los aspectos de esta crisis y de hacerlo consciente de que es algo que la concierne directamente. Los catalanes nos hemos hecho visibles, hemos ganado el derecho a ser reconocidos; somos una realidad política de hecho. Se ha roto el pacto de silencio que existía en Europa ante el conflicto entre Cataluña y España. Van surgiendo iniciativas inimaginables hace apenas un par de años, vinculadas a la necesidad de defender principios fundamentales ante vulneraciones flagrantes por parte de un Estado miembro de la Unión.

Es la hora de que la voz de esta Cataluña que se mantiene movilizada, que se siente representada por las ideas de radicalidad democrática, de progreso social y libertad nacional en una Europa de los pueblos, se haga oír alta y clara en el nuevo Parlamento Europeo. De todas las elecciones que vienen, en ninguna hay más necesidad de actuar unidos que en los comicios europeos. Ahora que en Europa se empiezan a levantar voces largamente esperadas, ahora que la internacionalización del conflicto entre Cataluña y España es un hecho incontrovertible, ahora que España se ve forzada a dar explicaciones por actitudes y decisiones que incomodan a muchos ciudadanos europeos, ahora es el mejor momento para que la Cataluña que quiere su libertad nacional irrumpa en el Parlamento europeo.

Proponemos, por tanto, con más convicción que nunca, una lista conjunta a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo día 26 de mayo. Una candidatura que recoja toda diversidad del movimiento independentista, que pueda ganar con claridad las elecciones, y enviar un mensaje inequívoco a Europa y al mundo. Una candidatura que ponga el derecho a la autodeterminación de los pueblos en el centro de la agenda política europea y haga crecer la solidaridad internacional que el ejercicio de este derecho necesita.

Hagámoslo, tenemos más razones que nunca. Hagamos un último esfuerzo para conseguir que la voz de Cataluña -que tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y los populistas de Vox y Ciudadanos querrían silenciar en Europa- tenga la fuerza histórica que esta hora requiere. Nos jugamos el futuro como república, como nación de libertades, como nación europea.

En este esfuerzo nos necesitamos todos, no sobra nadie. Y lo tenemos que hacer con toda la generosidad que el momento nos exige. Por eso reiteramos las ofertas que, para facilitar esta lista unitaria al Parlamento Europeo, hemos realizado desde hace meses. Aún estamos a tiempo.

Este es un artículo publicado conjuntamente en eldiario.es, Vilaweb y El Punt Avui.

La defensa de los exconsellers Antoni Comin y Meritxell Serret acaba de solicitar al Tribunal Supremo que anule la causa abierta contra ellos por sedición, rebelión y malversación por estar plagada de irregularidades que se resumen en que la instrucción de Pablo Llarena, y antes de Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, se realiza “a espaldas” de sus clientes.

En el escrito presentado por el abogado Gonzalo Boye se explia que el juez Llarena le ha impedido acceder al sumario y a las declaraciones de otros imputados con el argumento de que Comin y Serret están huidos de la Justicia. “No puede imponerse como condición previa para el ejercicio del derecho de defensa la comparecencia personal del investigado, ya que tal decisión no concordaría con el juicio constitucional de proporcionalidad entre los bienes jurídicos concurrentes”, alega el letrado.

En cuanto a la negativa de que la representación legal de los huidos participe en las declaraciones de otros imputados, el escrito dice: “Se nos está impidiendo interrogar o hacer interrogar a quienes puedan o no declarar en contra de mi representado”.

Tampoco conocen con posterioridad lo que han dicho los investigados y testigos porque no se les da traslado. Eso provoca, escribe el lerado Boye que “esta parte desconoce a fecha de hoy si los investigados que acudieron a declarar hicieron alguna referencia a mis mandantes, ya sea en contra o a su favor”.

La defensa de los exconsellers hace contrastar el argumento del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional con lo que la jueza de este último Carmen Lamela trasladó a las autoridades belgas cuando éstas se interesaron por las garantías del proceso en España. “Los reclamados de entrega y sus abogados tienen acceso directo al expediente sin limitación o restricción alguna y pueden proponer y aportar todas las pruebas que consideren oportunas”, decía entonces la jueza. “Es inexplicable que se informe en estos términos a un fiscal belga y se haga lo contrario en el procedimiento”, replica ahora su abogado.

“Se está aprovechando la ausencia de mis defendidos para causarles una auténtica y efectiva indefensión, y ello sobre una base que no encuentra apoyo legal: no se les ha declarado en rebeldía pero se está impidiendo a su defensa actuar por encontrarse ausentes del territorio nacional”, añade.

Respecto a su situación en Bruselas, el letrado afirma que “no parece conforme a las normas que regula la Unión Europea que se penalice a unos ciudadanos que, simplemente, han hecho uso de algo que todos los países europeos le han reconocido como un derecho: circular libremente por ese territorio”.

La consecuencia, añade, es que se está instruyendo la causa “a espaldas” de sus representados y que eso les causa “efectiva indefensión, prescindiendo absolutamente de las normas de procedimiento, lo que conlleva una nulidad de pleno derecho de todo lo actuado desde el momento desde el 2 de noviembre”.

“Obviamente no solo se están vulnerando las normas citadas sino avanzando peligrosamente hacia un completo alejamiento de nuestro entorno jurídico, judicial, político y económico al desconfiarse de la justicia, no ya de Bélgica, sino también de Dinamarca y Reino Unido, renunciándose a la utilización de instrumentos legales establecidos, justamente, para casos como el que nos ocupa”, añade.

Antoni Comín (Barcelona, 1971) es uno de los consellers del Govern de Puigdemont que optó por marcharse a Bruselas. Explica que está mentalmente fuerte y que no siente resentimiento pero sí tristeza. Ha ocupado el número siete en la lista de ERC y como el president cesado asegura que sólo regresará si puede seguir ejerciendo su cargo en condiciones.

Comín insiste en que el resultado del 21D es la prueba de que una mayoría de catalanes quiere que se restituya el Govern que Rajoy destituyó en aplicación del artículo 155. Y eso, añade, es incompatible con los procesos judiciales abiertos contra los principales dirigentes independentistas.

¿Tiene previsto regresar a Catalunya?

Nosotros siempre hemos dicho que nuestra voluntad es regresar con garantías.

¿Qué garantías?

El Gobierno español tiene que decidir si respeta el resultado electoral o no. El resultado electoral es técnica y políticamente incompatible con la causa abierta en el Supremo. El Estado, sus instituciones, el Gobierno, el Supremo, deben decidir si permiten el cumplimiento del mandato electoral y anular automáticamente la causa. Esta causa judicial es incompatible con el mandato electoral del 21D.

Lo que usted propone supone saltarse la separación de poderes.

No, quien se salta la separación de poderes desde el primer día es el PP y su gobierno. La separación de poderes y la presunción de inocencia. Es una querella anómala porque en un Estado de Derecho normal no se mezcla la justicia constitucional con la penal. Si el Gobierno tenía algo en contra de la declaración que aprobó el Parlament tenía que ir a la justicia constitucional, que es la que permite dirimir un conflicto político.

En una democracia normal no se utiliza una querella penal para combatir a tus contrincantes políticos. Esto es el abecé de la democracia. Por lo tanto, el fiscal, a quien nombra el Gobierno, nunca debería haber presentado la querella. Y nunca debería haber sido admitida a trámite por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo porque no en un Estado de derecho no tiene ningún sentido admitir una querella de esta naturaleza. Al admitirla se está vulnerando el principio de la separación de poderes. Construyen artificialmente el delito de rebelión porque no existe y construyen artificialmente el de sedición porque no ha habido violencia.

El 21 de diciembre los ciudadanos decidieron que nosotros tenemos la mayoría parlamentaria y que tenemos que gobernar. Ejercer nuestras funciones de gobierno es incompatible con estar en la cárcel porque no se pueden gobernar el país desde la cárcel y por lo tanto hay que anular una causa judicial que nunca debería haberse iniciado. La separación de poderes se vulnera en el momento en que se inicia la causa. Una causa que se inicia sin respetar la separación de poderes ahora es incompatible con el mandato electoral. Así que si Rajoy quiere respetar el mandato electoral tienen que retirar la causa judicial. Si no la retiran tendrán que explicar ante Europa y el mundo por qué se saltan el mandato electoral.

Puigdemont también corre el riesgo de ser encarcelado. Si decide no volver, ¿quién debe ser investido como presidente?

Nosostros exigimos respeto por el resultado electoral y que nos permitan gobernar a aquellos a quienes los ciudadanos han escogido para gobernar. Eso es lo normal en una democracia. Es una obviedad. Tenemos que exigir que gobiernen aquellos a los que los ciudadanos han escogido. 

Lo que pasa es que es probable que eso no sea así. La justicia sigue su camino.

No, la justicia hace el camino que le marca el Gobierno tal y como admitió públicamente Soraya Sáenz de Santamaría, que por cierto tiene una querella por haber reconocido que todo el proceso judicial está comandada directamente por ellos. Explicó en un acto de campaña que la prisión y el exilio eran una decisión del señor Rajoy. Gracias a las decisiones del señor Rajoy está descabezado, con un líder en el exilio y el otro en la cárcel.

O sea que no contempla otro escenario que el de la anulación de su causa judicial.

No. Bueno, habría un escenario alternativo y es que España reconozca ante la Unión Europea que no es un Estado democrático. Solo hay dos escenarios: o se retira la causa o España admite ante la Unión Europea que no es un Estado democrático.

En sus primeras declaraciones tras el 21D no parece que las instituciones europeas se hayan movido de su guión.

He visto las declaraciones de la portavoz del Gobierno alemán en las que pide respeto por el resultado electoral y eso quiere decir que los que han ganado puedan gobernar. Es imposible que podamos gobernar con la causa viva. La misma portavoz también pide que haya un diálogo en el marco de la Constitución española y en este sentido le recordaría que el artículo 92 permite hacer un referéndum consultivo sobre la independencia mañana mismo. O sea que tenemos que abrir un diálogo con el Gobierno alemán sobre el artículo 92. 

¿Con el Gobierno alemán?

Con las instituciones europeas. Siempre hemos reclamado un referéndum y ellos nos responden con Constitución, Constitución. Pues les tenemos que hacer saber algo que probablemente el Gobierno español no les ha explicado y es que hoy no hace falta reformar la Constitución para hacer un referéndum. La otra reflexión que tenemos que compartir con las instituciones europeas es la que ha formulado el catedrático Javier Pérez Royo de manera inapelable y es que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 técnicamente es un golpe de estado contra la Constitución Española. Esa sentencia es la voladura de la Constitución. Le recuerdo que esa sentencia la redactó un tribunal con una mayoría nombrada por el gobierno de Aznar.

¿Qué lección extrae el independentismo del hecho de que Ciudadanos haya obtenido una victoria tanto en votos como en escaños? ¿Les condicionará en su estrategia?

La lección es que con una participación del 82%, siete puntos más, inédita en el Estado español, en Catalunya y en términos europeos, el independentismo mantiene su porcentaje de voto intacto. Es cierto que en referencia al 2015 el bloque de la equidistancia reduce su porcentaje y eso ha permitido que el bloque del 155 haya incrementado su peso relativo. Lo que ha habido es una redistribución entre el bloque unionista y el bloque equidistante. 

Arrimadas gana en votos y escaños pero el independentismo mantiene su 47'5 %. Esto es muy relevante. Porque es en unas elecciones convocadas de manera abusiva, con todo en contra para el independentismo, en desigualdad de condiciones evidentes, con candidatos en la cárcel, con los medios de comunicación españoles implicados como nunca. Pese a la falta de equidad en las reglas de juego de esta competición electoral y con este aumento de la participación, mantenemos el mismo apoyo. Lo que se demuestra es que el independentismo es mayoritario y es una roca.

Este domingo escucharemos de nuevo al Rey. Su último discurso sobre Catalunya fue muy polémico. ¿Qué espera esta vez?

Por desgracia espero muy poco por no decir nada. Que la Monarquía española haya ligado su destino a una deriva autoritaria del Estado español es una muy mala noticia para la Monarquía española. 

¿Cree que Catalunya a la larga puede poner en peligro la Monarquía?

El hecho de que la Monarquía haya avalado una deriva autoritaria es una pésima noticia de cara a su futuro porque tarde o pronto en un entorno europeo una deriva autoritaria no es sostenible.

“Un proceso de carácter inquisitorial”. Así describe la defensa de los exconsellers Antoni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura), que permanecen en Bruselas en libertad provisional, la investigación por rebelión, sedición y malversación que mantiene abierta contra ellos la Audiencia Nacional.

Los exconsellers, defendidos por el letrado Gonzalo Boye, han presentado este lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden europea de detención y entrega que emitió contra ellos el viernes la magistrada Carmen Lamela.

Alegan los consellers cesados por el 155 que la investigación que dirige contra ellos la Audiencia Nacional vulnera hasta cuatro derechos fundamentales. En concreto, conculca su inmunidad y su inviolabilidad parlamentaria, esto es, su derecho a no ser perseguidos por sus opiniones o votos expresados en el Parlament –como por ejemplo votar la DUI y otras resoluciones independentistas.

Ambos dirigentes también creen que la magistrada ha vulnerado su derecho a un juez imparcial porque la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar un presunto delito de rebelión. Además, alegan que Lamela, en su orden de detención, incluyó los delitos de desobediencia y prevaricación, cuando en la querella del fiscal y en el auto por la que la admitió a trámite sólo constaban los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Los exconsellers ven además “inmotivada y carente de fundamento” la denegación por parte de Lamela de su petición de declarar desde Bruselas por videoconferencia, rechazo que considera “sumamente grave”.

“No se encuentran fugados”, recalca el letrado Boye sobre los exconsellers, que recuerda que se han personado en la causa y la magistrada, al negarles declarar desde Bruselas, ha “impedido su derecho de defensa” y les ha dejado en una situación de “indefensión flagrante”.

“Nos preguntamos cómo es posible que pese una orden de detención e ingreso en prisión contra mis defendidos por los mismos hechos que un juez belga ha decretado su libertad”, abunda el recurso, que incide en las diferencias que, por el momento, una misma causa ha comportado para los exconsellers en Bruselas –libertad con obligación de no salir de Bélgica– y para los que se quedaron en España –prisión incondicional.

Por todo ello, la defensa solicita que la Audiencia Nacional deje sin efecto la orden europea de detención y entrega y que los exconsellers declaren ante la jueza Lamela desde Bruselas por videoconferencia. Dicha petición ya fue solicitada la semana pasada por las defensas, pero la magistrada la rechazó.

Exdiputado del PSC, independiente de la órbita de ERC presente en las negociaciones entre JxSí y la CUP, Antoni Comín (Barcelona, 1972), gestiona la cartera con más presupuesto de la Generalitat de Catalunya: Sanidad. Comín tiene un perfil de izquierdas y está dispuesto a garantizar que no se haga negocio con la sanidad pública, según aseguraba en una entrevista publicada por este medio. El que se presentó como número 11 en la lista de Junts pel Sí ha estado siempre vinculado a las izquierdas –su padre era Alfonso Comín, dirigente del PSUC– pero no siempre al independentismo, al que llegó como “vía para garantizar un Estado del Bienestar”.

Comín defiende que la independencia de Catalunya es una “catástrofe política” para España, pero que puede convertirse en “oportunidad para que en España se ponga fin a las castas y élites extractivas”.

¿Va a haber una independencia unilateral al cumplirse los 18 meses desde las elecciones, como plantea la hoja de ruta?la hoja de ruta

Si no hay disposición por parte del Gobierno español de poner encima de la mesa un referéndum, el que sea, una pregunta clara y con una fecha razonable, nuestro propósito es cumplir con la hoja de ruta que prevé el programa electoral. Ahí no hablamos de una independencia unilateral. Ahí hablamos de hacer las cosas bien hechas. El adjetivo unilateral da más pie a confusión que a otra cosa. Reconvierto, con permiso, la pregunta: ¿Vamos a intentar llegar a la independencia aunque el Gobierno español no lo quiera y aunque el Gobierno español no ponga encima de la mesa el referéndum? Y la respuesta es sí.

¿Cómo se hace esa independencia contra la legislación española y sin apoyo de la Unión Europea y sin tampoco una mayoría todavía clara de catalanes? Porque ustedes tienen la mayoría parlamentaria pero siguen sin tener una mayoría, como la que exige cualquier referéndum, por encima del 50% de los votos.

Los propios partidos catalanes de Catalunya Sí que es Pot [Podemos, ICV, EUiA, Equo] y UDC reclamaron no ser contados en el no ni en el sí. Y nosotros contamos síes y noes, y hay una gran diferencia entre los votos de los partidos que se reclamaron especialmente con el sí [JxS y CUP] en relación con los votos de los partidos del no [Ciudadanos, PSC y PP]. Nosotros no podemos contar de otra manera que no sea ésta. Si alguien quiere dirimir qué pasa con este 12% de votos de CSQP y UDC, pues que nos permita hacer un referéndum y una pregunta binaria de sí o no.

Con la fórmula que nosotros desearíamos, que es el referéndum a la escocesa, será muy fácil saber exactamente si tenemos mayoría o no. Quien no ha permitido una fórmula de referéndum clara es el Gobierno español. Nosotros queríamos saber cuál es la voluntad de la gente y lo hemos hecho de la única manera que nos quedaba disponible, que eran las elecciones plebiscitarias. Y la manera honesta de contar el resultado de estas elecciones es reconocer que los partidos que defendieron el no sacaron el 39%.

Los partidos del sí sacaron el 48 %. Y el resto no se sabe que hubiera votado en un referéndum a la escocesa. Si queremos saber el “no se sabe”, hagamos un referéndum con pregunta binaria. Mientras no se nos permita sabemos que tenemos 9 puntos más de síes que de noes.

El número de votos netamente independentista de Catalunya no llega al 50% del censo pero tampoco llega al 50% de los participantes en las consultas.

Si en Escocia, en el referéndum escocés, en el cómputo total de votos emitidos válidos hubiera habido más síes que noes, habría habido independencia. Nosotros decimos: 'En el caso de las elecciones plebiscitarias en Catalunya, el voto emitido válido del sí es el voto de los partidos que defendían el sí. El voto emitido válido del no es de los partidos que defendían el no'. Estamos haciendo un simulacro de referéndum, pero no por voluntad propia. El voto válido emitido del no es del 39%, inferior al del sí. La única lectura política posible que podemos hacer es esta.

Reformulo la pregunta. ¿No requiere la independencia una mayoría más amplia? Es decir, ustedes tienen una mayoría parlamentaria que no les sirve siquiera para modificar el Estatut.

Vamos a plantearlo en términos muy teóricos: ¿Por qué el statu quo tiene que tener preferencia normativa por encima del cambio? ¿Por qué, para cambiar, necesitas una mayoría reforzada y para mantener el statu quo, no se necesita? ¿Por qué a los partidarios del status quo no habría q exigirles una mayoría reforzada para llevar a cabo su proyecto y a los partidarios del cambio sí habría que exigírsela?

Bueno, responde a la idea de garantizar la convivencia.

¿Por qué el statu quo es mejor para la convivencia? Eso es una presunción. Lo que pone en riesgo la convivencia en Catalunya es que no se pueda desbloquear este debate por una vía democrática. El statu quo, impuesto al margen de la democracia, esto sí que es un riesgo para la convivencia.

Por tanto, vuelvo al principio. En Escocia, nadie les pidió una mayoría reforzada a los independentistas. Una democracia contrastada, sólida, estable y de las más antiguas del mundo. En Canadá, para el caso del Quebec, se habla de una mayoría clara, pero no se habla de que sea reforzada, y es una democracia sólida, clara, estable. Las democracias normales dirimen democráticamente este debate y dirimirlo democráticamente quiere decir “mayoría absoluta de los votos emitidos válidos”. Si no, estás diciendo –y es una posición, inconscientemente, muy conservadora– que el statu quo tiene que estar más protegido jurídicamente que el cambio.

¿Por qué el statu quo tiene preferencia normativa? Es una posición totalmente ideológica dar preferencia normativa al status quo sobre el cambio.

¿Se puede hacer esa independencia sin obligar a los funcionarios a desobedecer una legislación a la que están sometidos? Habrá dos legitimidades: la legitimidad del Parlamento español y la legitimidad del Parlamento catalán.

El Parlamento catalán es un poder constituido legítimo.

Si no existe ese acuerdo entre los dos Gobiernos de esas dos legitimidades habrá un choque de legitimidades.

Si nosotros consideramos que el pueblo de Catalunya está legitimado para tomar por sí mismo la decisión sobre la independencia –y la decisión que toma el pueblo de Catalunya afecta a un territorio, porque los Estados, como es bien sabido, se conforman por el hecho de tener un poder, un territorio y una población– pues entonces, efectivamente, las administraciones de la República catalana y sus funcionarios estarán sometidos a la legalidad derivada de la decisión que haya tomado el pueblo de Catalunya en relación con si tenemos que ser una república independiente o no. Quien quiera ser funcionario de las instituciones de la República catalana, tendrá que estar dentro del marco legal propio de esta República. Es muy sencillo. Quien quiera no estar dentro de estas instituciones, tendrá toda la libertad del mundo para dejar de estar en ellas. Lo que no será posible es que, en caso de que gane la independencia, haya una administración pública española, con sus funcionarios, dentro de la República catalana. En ningún estado del mundo hay funcionarios del estado vecino, más allá de las embajadas.

Nosotros entendemos que, en cuanto al choque de legitimidades –y en esto, hemos sido muy claros desde el principio– hay una legitimidad preferente, que es la legitimidad que se deriva de la voluntad del pueblo catalán. Las instituciones derivadas de esta voluntad, para nosotros, tendrán toda la legitimidad para determinar las leyes que correspondan y, a partir de aquí, los funcionarios ya elegirán lo que quieran, como es propio de una democracia: si quieren seguir encuadrados en este régimen político-institucional o no.

Si el Gobierno español permitiese un referéndum o fijase un calendario o unas condiciones para un referéndum, ¿se pararía este proceso hasta después?

Lo pone el programa electoral del Junts pel Sí, del cual yo soy diputado en el Parlamento de Catalunya. Nosotros estamos a la expectativa. Estamos dispuestos a atender cualquier propuesta de referéndum que se nos haga desde las instituciones españolas.

Lo que no vamos a hacer es pedir este referéndum una vez más porque ya lo hemos pedido muchísimas veces, incontables. Nosotros somos los 'prorreferéndum', los que hemos querido la solución escocesa. Quien no ha querido la solución escocesa ha sido el Gobierno español. Seguimos queriendo la solución escocesa, pero no vamos a pedirlo más. Mientras tanto, nosotros tenemos un plan –que es público– que es la hoja de ruta mediante la cual intentaremos construir la República democráticamente, aun cuando no haya un referéndum pactado. Es decir, si alguien piensa que por el hecho de no tener un referéndum pactado nos vamos a detener, pues simplemente no ha leído el programa electoral de Junts pel Sí.

Y esto no es un desafío, simplemente es una exposición honesta y sincera de cuál es nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político es intentar hacer una república independiente de forma pactada con España, y si no es posible hacerlo de forma pactada con España, hacerlo igualmente.

Entonces, ¿qué espacio hay para el diálogo?

Podemos ha dado una gran lección a toda la sociedad española: no poner como condición del diálogo con los partidos catalanes negarse a hablar de la soberanía del pueblo de Catalunya, que es la condición que ponen el PSOE y el PP. Podemos ha entendido que la democracia está por encima de la unidad de España y Podemos ha dicho que está dispuesto a hacer un referéndum donde los catalanes decidamos si vamos a seguir dentro de España o no. Si el resto de partidos políticos españoles nos permiten dialogar sobre esto, igual como es posible hacerlo con Podemos, entonces queda todo el espacio para el diálogo. Si el resto de partidos políticos españoles, excluyendo Podemos, dicen: 'Se puede hablar de todo pero no de la soberanía del pueblo catalán', entonces no queda espacio para el diálogo. Pero en este caso la falta de diálogo no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de que no quede espacio para el diálogo será de  aquellos partidos que nos dicen que no podemos hablar de lo que hay que hablar.

A partir de aquí, mi aproximación al proceso catalán –y esta es, probablemente, una aproximación muy particular, muy personal– es que la independencia de Catalunya es la mejor oportunidad que tiene hoy la sociedad española.

¿Por qué?

Yo he explicado siempre que, para mí, España no es Francia. Cuando voy a Zaragoza, hay una avenida que lleva el nombre de Alfonso Comín, cuando voy a Málaga, hay una plaza que lleva el nombre de Alfonso Comín y cuando voy a París, no. O a Lyon o a Burdeos o a una ciudad italiana. Mi padre, de los 20 libros que escribió, dos llevan la palabra 'España' en el título. Para mí, insisto, no es lo mismo España que Francia que Italia. Yo no tengo ninguna desconexión afectiva, ni siquiera ideológica en relación a España. Yo soy muy pro-español, digámoslo así. Y yo me hice independentista cuando pensé que la independencia era imprescindible para la sociedad catalana. Pero en este primer momento, mi apuesta por la independencia tenía una pesadumbre: pensaba que siendo necesaria para Catalunya, podía ser perjudicial para España. Luego, he visto que es buena para los dos, también para España. Y por esto mi apuesta es todavía más convencida, ya no tiene pesadumbre alguna.

¿En qué momento fue?

Después de la declaración de Granada del PSOE, julio de 2013. El día en que leí la Declaración de Granada, dije: 'Basta, se ha acabado'. No podemos seguir viviendo en la ficción falsa de que el PSOE, algún día, aceptará el referéndum. El derecho de autodeterminación del pueblo catalán es algo a lo que la corriente catalanista del socialismo catalán nunca había renunciado. Sin autodeterminación, no hay verdadero federalismo plurinacional. Y sin federalismo plurinacional, yo no quiero seguir en España. Ese proceso fue primero. Más adelante, acabé llegando a la conclusión de que la independencia no solo era una necesidad legítima para Catalunya, sino que era la mejor oportunidad para España. Y no lo digo para hacerme el simpático, porque este es un tema sobre el que he reflexionado mucho.

¿Por qué cree que es una oportunidad?

Hay quien ha hablado hasta de las élites extractivas, Podemos habla de “la casta”. Dilo como quieras. El diagnóstico viene a ser el mismo y me parece bastante correcto. Hay una gente en el barrio de Salamanca, –por hablar metafóricamente– que tienen un poco secuestrado el modelo productivo español. Tenemos un modelo productivo en España que no permite el despegue económico del sur de España, de Andalucía, de Extremadura, lo cual no permite disponer de los niveles de productividad que son necesarios para construir un Estado del Bienestar homologable a los del resto de Europa. La casta no permite que España tenga un Estado del bienestar normal. Pero las clases medias españolas, sus clases trabajadoras, tienen todo el derecho del mundo a construir un  Estado del Bienestar de más calidad, como los que son normales en buena parte de Europa. Pero esto no se puede hacer sin quitar de en medio –y en esto comparto el diagnóstico de Podemos– a la 'casta'.

Y llegados a este punto la pregunta es: ¿Quién tiene capacidad para tumbar a la casta? Algunos amigos y compañeros de la izquierda española se han dado cuenta antes que nosotros –yo creo que muy lúcidamente– hasta qué punto el actor que tiene la fuerza suficiente para dejar a “la casta” fuera de juego, por desgracia, no son las clases trabajadoras del sur de España, ellas solas, o las clases trabajadoras de la periferia española, ellas solas.

Un movimiento como el movimiento soberanista catalán, interclasista, en el que las clases medias catalanas, tradicionalmente acomodadas, hoy se han vuelto un poco revolucionarias, en estos momentos es un actor dispuesto a enfrentarse abiertamente a esta casta. Este movimiento incluye el mundo trabajador y las clases medias catalanas y una parte de su burguesía, incluso. Y este movimiento catalán, justamente por el hecho de que es muy interclasista, sí que tiene capacidad para ganarle el pulso a la casta y dejarla fuera de juego. Y por tanto, de repente, esta élite económica, política, administrativa del Estado español, que le ha hecho tanto daño a la democracia española porque no la ha dejado crecer en estos últimos 30 años como la sociedad española merecía, de pronto tiene enfrente un rival diferente, un rival nuevo, que es realmente importante.

Por lo tanto, recapitulando el argumento, yo creo que no hay regeneración de España sin independencia de Catalunya. Porque no puede haber regeneración española sin apartar antes “la casta”; y a “la casta” no se la puede sacar de escena sin el concurso del movimiento soberanista catalán. No hay proceso constituyente en España si no es como consecuencia del hecho de que Catalunya hace previamente su proceso constituyente. Yo creo, planteada en estos términos, entonces la independencia sí que puede ser claramente un win-win.

Si yo digo: la independencia es buena para España. El problema de esta frase es que “España”, así a secas, no quiere decir nada. Si España es el Barrio de Salamanca, entonces la independencia es mala para España, ciertamente. Si España es el IBEX 35, la independencia es mala para España. Pero si España son las clases medias de Murcia para abajo y de Murcia para arriba, sus clases trabajadoras y las clases populares, entonces yo digo que sí, que es buena para España, que es una oportunidad para estas clases trabajadoras. A mí, me gustaría que la izquierda española viese en la independencia de Catalunya una oportunidad para España.

¿Cómo puede ser una oportunidad si se pierden los recursos económicos que aporta una región rica como Catalunya? ¿Cómo sostener el Estado del Bienestar actual? 

Ahí está la clave. Para mí, ahí está la clave del argumento. ¿Por qué pensamos que Catalunya es una zona rica, como si fuese una fatalidad que nunca va a cambiar, y que el sur es una zona pobre, como una fatalidad que nunca cambiará? Yo creería un poquito más en España y en sus clases medias, ¿no? Hoy las sociedades contemporáneas estamos pasando de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento: las clases medias llamadas a ser el motor de este cambio –al mismo tiempo que están siendo, de momento, sus principales víctimas–. Dejando las consideraciones sociológicas a un lado, a mí me parece que todos deberíamos creer un poco más en el futuro de las clases medias del conjunto del Estado y pensaría que con unas élites distintas la sociedad española será capaz de articular un modelo productivo que genere la misma riqueza per cápita que genera el modelo productivo austríaco, holandés, alemán o francés, por poner tres o cuatro ejemplos. Quienes no permiten que se despliegue este modelo productivo son unas determinadas élites que tienen secuestrado el sistema productivo español. Es lo que intentaba explicar al principio de mi argumento. Hay que cambiarlas. Estas élites son las primeras interesadas en que las clases populares españolas crean que no se pueden pagar por sí mismas ese Estado del bienestar que se merecen, que crean que son impotentes y que necesitan a Catalunya para sostener el poco de Estado del bienestar que tienen hoy.

¿La independencia de Catalunya va a ayudar?

Sí. Yo creo que es condición sine qua non. Porque es un golpe muy duro para estas élites.

Cada vez que España pierde un territorio lo que ha ocurrido es que se han fortalecido esas élites. Pasó con Filipinas y con Cuba.

Al principio. Pero no después. O, mejor dicho, sí en términos políticos a corto plazo, pero no en términos culturales a medio plazo. Porque gracias al desastre del 98 viene la generación literaria del 98, y viene el regeneracionismo, y viene Machado, y luego viene Ortega, y gracias a todo esto, gracias al fin definitivo del proyecto imperial, acaba llegando el poco de liberalismo que tiene hoy la sociedad española, en términos culturales e institucionales, un poco que tampoco es mucho.

Con el debate de investidura constato hasta qué punto, en estos momentos, no hay energías interiores suficientes, en la sociedad española, capaces de abrir un proceso de regeneración. El sistema institucional español ha caído en un bloqueo: lo viejo no acaba de morir; lo nuevo no acaba de nacer. Y esto diría que confirma mi tesis: ¿De dónde tiene que venir el impulso para que se abra un proceso de regeneración institucional, económica, moral, cultural… de España? Sin un impacto externo, no va a ser posible.

Pero, siguiendo con esa tesis, ¿cómo va a ganar la izquierda unas elecciones sin Catalunya?

Si tu piensas la salida de Catalunya de España desde el punto de vista de los flujos financieros a corto plazo, entonces es evidente que este proceso no cuadra con la tesis de que la independencia catalana es buena para España. Si miras este proceso desde el punto de vista de las mayorías electorales, tampoco cuadra, en efecto.  Cuando yo he discutido esta tesis con amigos de Podemos, lógicamente me han salido con este argumento: ¿cómo ganaremos nunca las elecciones las izquierdas españolas sin Catalunya? Pero lo que yo intento explicar es otra cosa más profunda. Yo estoy hablando de facilitar, de desencadenar en la sociedad española un cambio profundo, que sobre todo tiene que ser un cambio cultural, que llegue como consecuencia de lo que podríamos llamar –técnicamente- una “catástrofe” política.

Sería una catástrofe.

Creo que la izquierda española debería tener la inteligencia suficiente para gestionar la post-catástrofe en favor suyo. Quizá creo yo más en España que muchos españoles y, por esto, a mí no me dan miedo las consecuencias que pueda tener la independencia para España y a muchos españoles sí, aun siendo de izquierdas. Quizás yo creo mucho más en España que ellos. Porque creer en España es creer que es capaz de financiarse el derecho a la salud y la educación de sus clases medias sin tener que recurrir a los ingresos de las regiones ricas. ¿Por qué no se debería poder pagar un Estado del bienestar decente la sociedad española, sin contar con Catalunya?

Fíjate: ¿cuál es el esquema que ha construido aquella élite de la que hablábamos antes? Su idea es: hay unas regiones de las que nos aprovechamos para nuestro rentismo, para nuestra dinámica extractiva, pero no permitimos que despeguen económicamente. Por otro lado, hay un norte industrial. Esta élite sabe que, desde mediados del siglo XX, es imposible tener una democracia si no garantizas algunos derechos sociales básicos. Pues bien, la élite extractiva cuadra el círculo así: con el superávit fiscal de las regiones ricas del norte pagamos parte de los servicios públicos de las regiones del sur que no se pueden financiar enteramente por sí mismas los servicios públicos porque nosotros las tenemos postradas económicamente a causa de un modelo económico que nos aprovecha a nosotros pero que las perjudica a ellas. La idea es esta: el 'drenaje fiscal del noreste español' viene a ser como un calmante que evita que la enfermedad –que es el modelo productivo impuesto por la casta– se manifieste. Sin este cataplasma, la enfermedad de fondo dolería mucho más: el dolor sería la ausencia de unos servicios públicos, del mismo modo que la enfermedad es el déficit de productividad que está en el origen del dolor. Con el calmante, el dolor desaparece: los servicios públicos están garantizados. Pero la enfermedad permanece. Y como no duele no la curamos. Gracias a los recursos procedentes de las regiones ricas, las regiones menos ricas que hoy tienen superávit fiscal no ha tenido la necesidad imperiosa de reaccionar.

¿En qué medida la salida de Catalunya ayudaría a la regeneración de España? Si al dolor le quitas el calmante, aparece la enfermedad. Entonces, quizá vayamos a buscar la causa de la enfermedad y entonces quizás la vamos a curar. Estamos calmando un mal muy estructural con una especie de calmante que no resuelve el problema de fondo, que se llama 'déficit fiscal catalán'. Y balear, por cierto.

Y madrileño.

Esto es más discutible. Depende de cómo lo contemos. Pero la solución que merece Extremadura y que merece Andalucía no es que su Estado del bienestar lo sigan pagando, ni que sea parcialmente, las clases medias catalanas y baleares. La solución es que ellos tengan un modelo productivo capaz de financiar por sí mismos su Estado del bienestar.

¿Pero no es similar ese argumento al que podría decir un alemán sobre el sur de Europa?

Es que los Fondos de Cohesión de la UE estaban construidos basándose en la lógica de que los países del norte de la UE financiaban parte del gasto de los países del Sur, pero no a perpetuidad. El pacto entre el norte y el sur de la UE era este: nosotros –el norte– financiamos para que ustedes -el Sur- despeguen; no para que sigan dependiendo eternamente de nosotros.

Si en Catalunya finalmente acaba habiendo independencia, me parece bien que durante unos años se mantuviese una contribución fiscal con el resto de España, con lo que entonces ya sería el Estado vecino, Estado con el que yo quiero una relación no sólo de amistad, sino de alianza estratégica estrechísima. Durante unos años, se puede tener un pacto de contribución financiera. A menudo, medio en serio medio en broma, digo que lo más importante de la independencia es el TAC: el Tratado de Amistad y Cooperación, entre España y Catalunya, que debería ser ejemplar, un Tratado que debería ser un referente de cooperación interestatal a nivel mundial. 

Dicho de otro modo, la independencia para mí no es una manera de irse de España, es una manera de quedarse, pero una manera de quedarse mucho mejor que la actual. ¿Mejor para quién? Para los dos, para Catalunya, por supuesto, pero también para España.

Vamos a negociar en el TAC si esta contribución financiera es del 2%, o si es del 3% del PIB, lo que corresponda, vamos a negociar si es para 5 años, para 10 o para 15, de acuerdo, pero en cualquier caso tiene que ser una contribución condicionada: no la vamos a hacer para que se aprovechen de ella las grandes constructoras, no la haremos para que se aproveche de ella una élite que hace un mapa de infraestructuras a mayor gloria de sólo una parte del empresariado español, etc., etc.. Nosotros estaríamos encantados de poner dinero como sociedad catalana en pro del desarrollo real del sur de España. Lo que no nos parece que tenga ningún sentido es tener un déficit fiscal del 8% para que luego dentro de la economía española, se lucre quien se está lucrando, y a costa de quien lo está haciendo. Esto no tiene sentido.

Si Catalunya se independiza, yo creo que la izquierda española tiene una gran oportunidad porque la sociedad española sabrá que, seguramente, la cooperación financiera de Catalunya, si gobierna la izquierda, será mayor. Porque nos fiaremos de que esta contribución fiscal estará al servicio del desarrollo real de las clases populares. Y si no gobernase la izquierda y en España gobernase quien gobierna hoy, quizás en una República catalana independiente la gente diría: “Miren, lo siento mucho, pero yo no contribuyo porque, no me fío de que esta contribución sirva realmente para el desarrollo económico de su país”.

Con lo cual, creo que deberíamos darle la vuelta al debate y formularlo en los siguientes términos: ¿La izquierda española es capaz de entender que la independencia de Catalunya es una oportunidad para hacer en España todo lo que la izquierda española está soñando desde hace tiempo? Vamos a abrir este debate. ¿Por qué hoy no ponemos esta opción, esta tesis, por disparatada que parezca a primera vista, en el diálogo del independentismo catalán y una parte de la izquierda española? Quizá ahí hay un escenario que realmente nos conviene a todos.

Pero también parte del desarrollo industrial del norte de España y de Catalunya tiene que ver con inversiones que vienen de las zonas más subdesarrolladas, y sobre todo, mano de obra que venía, fundamentalmente, de Andalucía y de Extremadura y de las Castillas. En todos los países, el mayor desarrollo de unas zonas frente a otras tiene también que ver con las migraciones.

¿Y el actual marco? ¿El actual marco –basado en el drenaje fiscal de Catalunya- está sirviendo para que el sur de España despegue como merece?

España nunca ha estado bien, pero hoy está ahora que hace treinta, cuarenta años.

Claro, económicamente está mejor. Mucho mejor, sí.

Es decir, los últimos cuarenta años de unidad democrática española han sido los de mayor prosperidad económica incluso si contamos los últimos años de la crisis.

Sí.

¿No tiene Catalunya ninguna deuda con el resto del Estado?

No.

¿Ninguna deuda histórica?

No.

¿Ni con todos los trabajadores andaluces que han estado en Catalunya?

No, porque ellos son los primeros que te contestarán que no. Te dirán, si acaso, que ellos están muy agradecidos a una sociedad de la que han sido capaces de ser coartífices y constructores y de la que ellos son protagonistas. Pero ellos nunca te dirán que Catalunya, la sociedad que les acogió y donde han hecho su vida, tenga ninguna deuda con el resto del Estado. Para nada.

Si hablamos de deuda, la deuda sería si acaso en sentido inverso: la deuda acumulada de España con Catalunya durante no sé cuántas décadas de abuso fiscal. Por esto yo prefiero no hablar de deudas, porque si vamos al nivel contable, la deuda es en sentido inverso. Lo miras en términos comparados y no hay caso de déficit fiscal comparable en el conjunto de la Unión Europea. Ya sé que el debate sobre el déficit fiscal catalán y sus métodos de cálculo es infinito. Pero yo, que me he dedicado un poquito a estudiar este tema, comparto las conclusiones de una mayoría de expertos que consideran que el déficit fiscal catalán es anormal dentro del conjunto de la UE.

¿Una oportunidad a raíz de una catástrofe, como antes lo ha calificado?

La historia de las sociedades está llena de ejemplos de este tipo.

Las catástrofes no siempre conducen a algo mejor. Ahí están la catástrofe de Cuba, la catástrofe de Filipinas, la catástrofe de Latinoamérica…

Pero mira Cuba a largo plazo. El fin del imperio. Es la entrada, finalmente, con cien años de retraso respecto del resto de Europa, del pensamiento liberal y solo hay que ver lo que fue la Generación del 98. Es esto. Una situación de crisis convertida en una oportunidad. Lo poco de europeización que tiene España viene de ahí, precisamente.

Pero si ha habido un periodo durante el cual no ha habido catástrofes ha sido la época democrática.

Sí, pero fíjate en una cosa. ¿Por qué Pasqual [Maragall] se lió la manta a la cabeza y se metió a presidente de la Generalitat? Yo, por cierto, empecé en política con él y porque él me convenció. A mí, me vino a buscar él, yo estaba tan tranquilo en mi despacho de Universidad, y él me metió y ya no he salido. O, mejor dicho, he salido y vuelto a entrar…

Consideraciones personales a un lado, Maragall hizo el intento del Estatut y de la reforma federal de España no por capricho, sino porque había un problema pendiente. Un problema que lleva ahí más de cien años: porque el catalanismo político tiene más de cien años. A mí, una pregunta que me habéis hecho a menudo desde Madrid es: ¿Por qué en el momento en que tenéis más autogobierno que nunca es cuando la habéis liado como nunca? ¿Por qué pedís la independencia justo ahora que estáis mejor que nunca, políticamente hablando? Y para responder explico una metáfora: esto es como un tío que tiene una enfermedad y la intenta curar con un médico del barrio. Y ve que con este médico no la puede curar. Bueno, pues iré a un médico de Barcelona, se dice. No, con este tampoco he podido. Pero mantengo la esperanza porque hay una clínica excelente en Estados Unidos y ahí sé que sí me van a curar. Y el tío llega a Estados Unidos y resulta que ahí tampoco le curan.

¿Qué quiero decir? Que el catalanismo siempre ha estado esperando una oportunidad mejor para resolver el contencioso entre Catalunya y España. Primero Catalunya no podía resolver su encaje, su problema de libertad nacional, porque no había democracia. La esperanza estaba depositada en la llegada de la democracia –como el enfermo que viene del barrio y tiene su esperanza depositada en el médico de Barcelona-. Luego llega la democracia pero entonces el problema es que gobierna la derecha en España. Pues esperemos a que llegue la izquierda. Y llega el PSOE, pero entonces el problema es que en Catalunya estaba Pujol. Y, claro, la izquierda española y la derecha catalana no se pueden entender. Pues esperemos a que algún día gobierne la izquierda en Catalunya y en España. Esto sería como ir a curarse a Estados Unidos. Y llega este día: cuando estaba un federalista de izquierdas en el Gobierno de España  llamado Zapatero y un socialista federal en el Gobierno de la Generalitat llamado Maragall.

Cuando las condiciones son óptimas y nosotros estamos convencidos de que en España mandaba un federalista que entendía la plurinacionalidad, y cuando en la Generalitat había un socialista que tenía las máximas ganas posibles de cerrar un acuerdo federal -¡vaya si las tenía!-… resulta que en estas condiciones tampoco somos capaces de resolver el problema secular de Catalunya y España.

Esto es como el momento en que el paciente se va a que sé yo, al Mount Sinaí de Nueva York y se dice: 'Ahí sí me van a curar'. Y resulta que no. Que llegas al Mount Sinaí y resulta que tampoco te curan. Y te dicen: 'Mire ese tumor, con la medicina clásica, oficial, no tiene solución'. Entonces, se dice: 'Pues me paso a la medicina alternativa'. ¿Me explico? Quiero decir que mucha gente en Catalunya ha perdido la esperanza en la solución clásica, tradicional, del problema catalán, que era el encaje federal, o confederal, y hoy sólo cree en la única alternativa disponible, que es la independencia.

Yo, como toda esta gente, ya no creo más en un arreglo federal porque, si en las mejores condiciones posibles no ha habido arreglo federal y el PSOE ha fallado estrepitosamente como entendemos que nos falló con la tramitación del Estatut, pues ya no seguimos creyendo en esta solución. Nos vamos a la solución alternativa, que hasta el 2010 estaba a un lado, que es la independencia.

¿Pero falló el PSOE o falló el Tribunal Constitucional y el Partido Popular cuando se puso el recurso? Porque lo que crea un gran trauma del Estatut no es tanto su aprobación, ni su apoyo parlamentario ni su 'peinado'. Sino la sentencia de un Tribunal Constitucional que está en funciones por el recurso del PP.

Las dos cosas. Porque, de entrada, cuando gobernaba Zapatero había margen legislativo para reformar el Constitucional más de lo que se renovó, despolitizar el Tribunal, y evitar la catástrofe de la sentencia.

Además, había un paso previo, que era intentar ganar la batalla por la hegemonía ideológica, que no le facilitase al PP las marranadas que llegó a hacer con el Estatut. Porque con el Estatut, el PP hizo las marranadas que hizo porque tuvo las condiciones políticas para hacerlas. Y estas condiciones, para mí, son consecuencia de la dejación de funciones del PSOE, que responde a sus equilibrios internos que le impidieron construir una hegemonía ideológica favorable al modelo federal. Sí, sí, yo creo que el PSOE falló estrepitosamente con el Estatut. Y esto que tengo amigos ahí a los que quiero un montón.

Y el papel del PSOE después de la sentencia del TC sobre el Estatut me parece inaceptable. Mi decepción, cuando leí la Declaración de Granada, no es sólo que no estuviese el reconocimiento del derecho al referéndum, que ya es grave, o que no estuviese el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, que es más grave todavía. Mi decepción viene, por ejemplo, del hecho que en la Declaración no figura ni siquiera el principio de ordinalidad: así, por su nombre, con todas las letras. Este principio es un criterio básico del federalismo simétrico. No ya del federalismo asimétrico, que es el que pedíamos nosotros, desde el catalanismo socialista, en la época de Maragall. El principio de ordinalidad es una condición básica del federalismo simétrico, del alemán. ¿Y la Declaración de Granada no es capaz de comprometerse abierta y claramente ni siquiera con esto? Pues apaga y vámonos.

Esta reflexión me sirve, por cierto, para aclarar una cosa muy importante: la gente cuyo compromiso político responde fundamentalmente a los valores de la izquierda y es por esto que estamos en política, hemos vivido tanto el federalismo como la independencia en términos instrumentales. Nos hemos desplazado desde el federalismo hacia la independencia porque, de hecho, nuestra identidad política no es ni el federalismo ni el independentismo. Mi identidad política es el socialismo, está vinculada a los derechos sociales, la igualdad, la lucha contra la pobreza, el Estado del bienestar, etc.

Maragall llega al federalismo porque entiende que un Estado federal en España es una condición sine qua non para hacer, en Catalunya, un Estado del bienestar de primera división. Necesitamos autogobierno, necesitamos competencias y necesitamos una financiación mejor porque nosotros, en Catalunya, queremos llegar a los niveles de bienestar social de Dinamarca. Y sin un modelo federal en España, entiende Maragall, Catalunya nunca podrá ser como Dinamarca. El federalismo de Maragall era social, y ahí lo sustantivo es el adjetivo social y no el nombre.

Desde esta lógica, si el federalismo es instrumental y si no te sirve este camino para llegar a ser como Dinamarca, te buscas otro. Si para ser como Dinamarca, los catalanes no podemos hacerlo por la vía de un Estado federal, pues vamos a intentar ser como Dinamarca por la vía de una república independiente. La independencia es un instrumento, al igual que lo era el federalismo. Mi independentismo, como el de mucha gente en Catalunya, es social: por esto es un independentismo instrumental.

Cuando alguien del PSC nos dice: “Habéis dejado de ser federalistas para haceros independentistas y, por lo tanto, os habéis vendido el alma”, yo respondo: “Es que mi alma nunca fue federalista Mi alma es socialista, no federalista”. De hecho me vienen ganas de preguntarles: “¿Qué os llamáis Partido Federalista de Catalunya? Porque yo, con quien colaboraba era con el Partido Socialista de Catalunya. Si sois el Partido Federalista, y no el Partido Socialista, entonces avisad y no vendré, porque el federalismo para mi es instrumental y no sustancial. Entender esto, desde mi punto de vista, es muy importante.

¿Y la independencia también lo es, instrumental?

Claro.

¿Entonces es una cuestión de dinero?

No. Esperaba esta pregunta. Mira, los diez mejores Estados del bienestar de Europa son aquellos que tienen el PIB per cápita más alto y el Gini más igualitario: países a la vez prósperos económicamente y justos socialmente. Pues bien, de estos diez Estados, 9 de 10 son Estados medianos o pequeños, en términos de población: Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, Holanda, etc. Hoy, los economistas, los sociólogos y los historiadores nos explican muy bien que para hacer el Estado del bienestar de primera división necesitamos tamaños de población medios o pequeños.

Yo me pregunto: ¿el proyecto de la socialdemocracia española es ante todo la unidad de España o es hacer en España un Estado de bienestar primera división? Que me lo expliquen, porque entonces sabré si son mis aliados políticos o no lo son. La tesis de Maragall –nunca suficientemente bien explicada, desde mi punto de vista– era ésta: hay que hacer una España federal porque es la única manera de hacer Estados de bienestar de primera división. Es como tener 17 pequeñas repúblicas, juntas en un único Estado, y desde esta lógica, sí que podremos hacer el Estado del bienestar de mayor calidad. Maragall nos hizo entender esto: si el PSOE quiere hacer un Estado del bienestar único a escala española construido desde el centro, va a ser un Estado del bienestar de segunda, como el que tenemos ahora. La única manera de tener en España un Estado del bienestar comparable a los del norte de Europa es con la descentralización política y financiera, es decir, con el federalismo. Porque se ha demostrado históricamente, y lo saben los científicos sociales, que solo se construyen unos servicios públicos potentes, para garantizar los derechos sociales, en comunidades sociales pequeñas o medias, donde a los ciudadanos les sea más fácil reconocerse mutuamente.

El proyecto de hacer en Catalunya un Estado del bienestar de primera división, aunque un modelo verdaderamente federal en España se haya demostrado imposible, lo vamos a hacer igualmente. A esto, desde Catalunya y especialmente desde la izquierda catalana, sí que no vamos a renunciar. Ni a esto ni a la lengua. No queremos renunciar a nuestro proyecto social de siempre: sabiendo que podemos tener un Estado del bienestar como los nórdicos, no queremos renunciar a hacerlo. Y si para esto hay que hacer la independencia, se hace. Y por esto el independentismo empieza a tener una mayoría social importante en Catalunya, por esta aspiración a hacer un Estado del bienestar de primera división.

En la campaña del 27-S, yo repetía a menudo que nosotros, con la independencia, le estábamos haciendo un favor a España, porque imagínate lo positivo que sería para España encontrarse con una especie de Dinamarca del sur al lado. Una Catalunya socialmente desarrollada va a ser un referente para la sociedad española. Igual que Dinamarca es un referente para Alemania. ¿A la izquierda alemana le va bien tener un Estado como Dinamarca al lado, que es un referente en términos de desarrollo social? ¡Pues claro! Y Dinamarca, en el pasado, también formó parte de Prusia, de donde surge luego Alemania. Pero ahora ayuda más a la mejora social de Alemania desde fuera que desde dentro, sin duda.

Yo aspiro a que Catalunya desempeñe este rol para la sociedad española y para la izquierda española: si salimos del Estado español y hacemos una república que es un ejemplo como estado del bienestar, que seamos un referente que tire del desarrollo social de España desde fuera. Porque yo hubiera querido tirar desde dentro, pero visto que es tan complicado y que no podemos, entonces vamos a tirar desde fuera. Yo no renuncio al papel tractor de Catalunya en relación con el conjunto de la sociedad española. Tractor en términos de desarrollo social. No renuncio, pero ya no puedo hacerlo desde dentro.

Usted hablaba antes de la derecha española y las élites extractivas españolas. ¿No están gobernando ustedes con la derecha y las élites extractivas catalanas?

La derecha y las élites extractivas catalanas están en contra de la independencia y lo sabemos todos.

Pero también en Convergència, que está fundado por una persona como Jordi Pujol, y con un Gobierno en el cual estaba gran parte de Convergència.

Es que en relación con CDC siempre he dicho que hay una serie de errores de análisis en los que uno debería intentar no caer. Y esto hace años que lo digo. ¿Cómo lo resumiré? Diría que son dos posibles errores. Uno es entender CDC como un partido socialdemócrata homologable a lo que es la socialdemocracia europea. Oiga, no: en CDC hay socialdemócratas y gente que no lo es. Y otro es entender CDC como un partido de derechas estándar, como lo son la derecha alemana, francesa o española. Pues tampoco. Mire usted, por suerte o por desgracia, los fundadores de CDC consiguieron hacer un invento rarísimo donde conviven el centroderecha, el centro liberal, socialdemócratas… Ahí dentro conviven muchas cosas. Si me dice que durante estos 30 años de democracia en Catalunya ha ocupado el espacio político que normalmente ocupa la derecha. Le responderé que sí. Pero CDC no es un partido de derechas al uso. Entonces, esto explica que CDC haya aguantado en el poder 23 años en una sociedad fundamentalmente de izquierdas. Para mi es un tema de rigor científico –quizás porque soy politólogo– reconocer CDC en su complejidad. Yo esta tesis la he sostenido siempre, cuando era estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas, y también cuando militaba en un movimiento como el movimiento antiglobalización.

CDC ahora es menos de derechas que antes porque se ha separado de UDC, la UDC de Duran, que representaba, en buena medida, el alma más conservadora de la coalición. Representaba, en parte, a estas élites empresariales catalanas que están en contra de la independencia. Y se han ido de la coalición precisamente porque están en contra de la independencia. La ruptura entre Convergència i Unió es la confirmación de que las élites empresariales catalanas están en contra de la independencia, porque su vínculo fundamental con Convergència i Unió era Unió.

¿Está Jordi Pujol entre esas élites extractivas? ¿La familia Pujol?

Yo diría que el concepto de “elite extractiva”, en el sentido en el que lo he utilizado al principio de la entrevista, es una cosa más estructural. Lo que ha hecho la familia Pujol, o algunos miembros de la familia Pujol, de confirmarse en los juzgados, sería una cosa más bien de tipo particular.

¿Peor que la élite extractiva?

Es distinto. La idea de élite extractiva nos lleva a pensar en un sistema estructurado, que implica toda una clase social, no en un caso particular.

¿En eso era distinto Catalunya al resto de España? ¿Había mucha diferencia entre el 3% catalán y el 3% español?

Es que yo, cuando pienso en una élite extractiva en España, estoy pensando en la distribución de la tierra en Extremadura, en Andalucía, en un sistema productivo. Pujol aprovechó... permitió que su familia se aprovechase de los presupuestos públicos.

En cualquier caso, Junts pel Sí es un poco como el compromiso histórico del PCI y la DC en la Italia de los años 70 en nombre de un objetivo superior, en este caso la independencia, en virtud del cual pactan dos fuerzas políticas distintas –ERC y CDC, más los independientes– para intentar llevar este objetivo adelante. Con esto no quiero justificar nada, ni maquillar nada. La corrupción ha sido un mal estructural de la democracia española desde la transición –incluida Catalunya– en el que se han visto involucrados el PSOE, el PP o CiU, en grados distintos. Hay casos que ya han sido demostrados en los tribunales y otros que están por demostrar. Que hablen los jueces, que son los primeros que tienen que hablar en relación a estos temas. En cualquier caso, Pasqual Maragall no tuvo un solo caso de corrupción en los Juegos Olímpicos y gestionó la mayor obra pública de España durante los años noventa. Por tanto, quien no quiere corrupción...

Pero no solo Convergència es Pujol. El candidato a la presidencia de la Generalitat, hasta que no lo pudo ser por la CUP, era Artur Mas, que era número dos de Pujol, puesto por Pujol, que lideraba una Convergència que todavía hoy tiene su sede embargada. No hablamos solamente de los Pujol, sino de la Convergència actual y de quien era el candidato actual que viene de esa Convergència. ¿Convergència está por encima de la corrupción?

Si esta pregunta significa si nuestro acuerdo con CDC deja de lado las cuestiones relativas a la corrupción, la respuesta es no: no está por encima de la corrupción, en absoluto. El programa electoral de Junts pel Sí era contundente en relación con la corrupción. Es fácil de comprobar. Y no tendría sentido hacer una república independiente si, entre otras, no sirve para cambiar esta cultura que ha permitido los casos de corrupción en España y en Catalunya en los últimos 30 años, y para hacer una república que tenga un nivel de transparencia comparable a las más transparentes del mundo. Yo quiero que, si hacemos la independencia, Catalunya salga en la lista de Transparencia Internacional al lado de los países nórdicos, que siempre salen los primeros de la lista.

Una pregunta sobre su Departamento. Se ha hecho cargo del Departamento que ha sufrido más recortes presupuestarios durante los últimos cuatro años.

En términos absolutos.

¿Todo es responsabilidad única del problema de financiación de Catalunya o es responsabilidad de la gestión del Gobierno anterior? ¿La privatización de hospitales, por ejemplo?

El tamaño del presupuesto es responsabilidad del modelo de financiación de Catalunya. ¿Hay alguna medida fiscal que se podría haber hecho y que no se ha hecho? Hombre, es que hay que separar la etapa de PP-Convergència de la etapa de Convergència-Esquerra Republicana. Es decir: entre 2010 y 2012, la política fiscal es una; entre 2012 y 2015 es otra.

Entre 2012 y 2015 hubo un giro fiscal importante, aunque quizás se explicó poco: se reintrodujo el impuesto de sucesiones, entre otros. De hecho, en otoño yo estuve negociando personalmente el plan de choque social con la CUP y nos estuvimos mirando todas las propuestas fiscales que nos hizo la propia CUP; y todas las que son viables técnicamente y razonables económicamente las hemos asumido. Y eran muy pocas. Con esto quiero decir que prácticamente todo el margen fiscal que tiene hoy la Generalitat para hacer un sistema fiscal más progresivo ya lo apuró ERC en la legislatura 2012-2015. A día de hoy, decisiones que estén bajo la soberanía del Parlamento de Catalunya y que nos permitan obtener más ingresos hay poquísimas.

Por lo tanto, el tamaño del presupuesto es responsabilidad, visto que no hay margen fiscal, fundamentalmente del modelo de financiación. Hoy el peso del Departamento de Salud en el presupuesto de la Generalitat es del 40%, como en las épocas de mayor expansión del gasto social. Cuando llegó la crisis, como en términos absolutos disminuyó el presupuesto de todos los Departamentos, también disminuyó el de Salud, pero en términos relativos ha seguido siendo del 40%.

¿Cómo se distribuyen estos fondos, este presupuesto del Departamento de Salud, entre los distintos proveedores del sistema sanitario? Ahí sí que hay margen para cambiar las cosas. Mi primera decisión estratégica ha sido desprivatizar: voy a hacer la desprivatización más importante que se ha hecho en Catalunya en 35 años. Este Gobierno presidido por un militante de CDC llamado Carles Puigdemont tiene un consejero de Salud que va a hacer la desprivatización más importante que se ha hecho en Catalunya en 35 años. No se hizo una desprivatización así durante los años del tripartito. Yo era diputado del tripartito. Y en aquel momento te puedo asegurar que en Salud no se hizo nada comparable. Paradojas de la historia. Pero tiene que ver con lo que intentaba explicar antes: el sistema de partidos catalán es un poco más complejo de lo que uno se imagina cuando lo observa desde fuera.

En resumen, si algún Gobierno está haciendo políticas de izquierdas en términos de salud en Catalunya desde la restauración de la democracia es éste. El presupuesto público de Salud se puede distribuir entre proveedores públicos, proveedores del tercer sector y economía social, o proveedores puramente privados. Y Junts pel Sí ha asumido el compromiso de priorizar, en el nivel hospitalario, los proveedores públicos y del tercer sector, renunciando a los privados.

Durante las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP la formación anticapitalista aseguró que una de sus líneas rojas era que consellers como Felip Puig o Boi Ruiz no podían repetir y se apuntaba que en el caso de que se llegara a un acuerdo la cartera de Salud sería una de las que quedaría en manos de Esquerra y no de Convergència. Quién será el sucesor de Ruiz en el cargo, Toni Comín, tiene poco que ver con el hasta ahora conseller.

Mientras que Boi Ruiz ha estado al frente de la conselleria de Salud por Convergencia Democràtica de Catalunya y ha sido uno de los hombres fuertes de Mas, Comín tiene un perfil de izquierdas y está dispuesto a garantizar que no se haga negocio con la sanidad pública, según aseguraba en una entrevista publicada el martes por este medio. El que se presentó como número 11 en la lista de Junts pel Sí, independiente de la órbita de ERC, ha estado siempre vinculado a las izquierdas -su padre es el ex dirigente del PSUC Alfonso Comín- pero no siempre al independentismo.

El nuevo conseller fue diputado independiente por las listas del PSC-Ciutadans pel Canvi durante los años del Tripartito, pero al igual que otros diputados como la exconsellera de Salud Marina Geli, se ha alejado del federalismo. Es uno de los fundadores de la plataforma 'Socialisme, Catalunya i Llibertat', un espacio de encuentro de gente de izquierdas constituido a finales de 2013 y adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir a principios del 2014. El mismo año Comín, que aún militaba en el PSC, rompió el carné del partido, y sonaba como uno de los posibles nombres a la lista de ERC a las elecciones europeas aunque no fue candidato. Finalmente ha sido en las elecciones del 27-S y con la formación de Junts pel Sí donde Comín ha encontrado su lugar y un cargo. “Quiero un estado social de primera división y para eso hace falta un Estado”, explicaba en verano para justificar su incorporación a las listas de la candidatura transversal. Fuentes cercanas a su labor como diputado apuntan a que es un hombre “ambicioso” y, según éstas, lo demuestra el hecho de “que haya ido rodando de partido hasta lograr un cargo”.

Otra diferencia más allá del perfil político de uno y del otro, es la trayectoria profesional. Mientras que Ruiz es doctor en medicina y ha estado tradicionalmente vinculado con el mundo sanitario -por ejemplo como presidente de la patronal Unión Catalana de Entidades sanitarias- antes de ostentar el cargo de conseller de Salud, Comín es licenciado en filosofía y ciencias políticas, ejerce de profesor adjunto en la escuela de negocios ESADE y no ha estado previamente ligado al mundo sanitario. Tampoco durante los años que fue diputado en el Parlament estuvo en la primera línea de temas de salud aunque sí que participó en la mesa de conversaciones con el colectivo afectado por Síndromes de Sensibilización Central, durante la ILP Fibromialgia-Síndrome de Fatiga Crónica, cuando Geli lo situó en el diálogo con la comisión promotora de la ILP.

Después de estar presente en la mesa de negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP en cuanto el plan de choque y las medidas sobre sanidad, Comín tiene ahora la responsabilidad de gestionar una cartera que representa un 40% de los presupuestos de la Generalitat pese a no tener experiencia previa en el ámbito sanitario, lo que por un lado, le libra de prejuicios de intereses pero por otro puede ser una desventaja. Además, también tiene el reto de devolver a la sanidad pública una confianza que ha disminuido en los cinco años de Boi Ruiz, periodo en el que se ha recortado en más de 1.300 millones de euros el presupuesto de Salut y han salido a la luz escándalos sanitarios como el 'Caso Innova', de macrocorrupción sanitaria, que a su vez ha llevado a destapar casos como el de las prótesis caducadas de Traiber.

Habrá que esperar para saber si el nuevo conseller mantiene el entorno de confianza creado por Boi Ruiz o, por el contrario, decide cambiar los directores del ICS, Pere Soley, del CatSalut, Josep Maria Padrosa o del Aquas, Josep Maria Argimon, éste último firme defensor del proyecto VISC+. Entre las propuestas más ambiciosas de Junts pel Sí para esta legislatura está la eliminación de centros privados con ánimo de lucro de la red hospitalaria de utilización pública. En un artículo publicado por este diario fuentes de JxSí explicaban que era muy positivo y citaban como ejemplo que la Clínica del Vallès o el Hospital Sagrado Corazón -del grupo Quironsalud (antigua IDC) - serían “desprivatitzades”. Las mismas fuentes aseguraban también que la idea es “revertir las extrernalizaciones injustificadas”, como el servicio de alergología del Hospital Doctor Josep Trueta (Girona), uno de los ocho hospitales públicos del ICS. Cómo se hará y qué inversión de dinero público supondrá está por ver.