La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, en el marco de la operación Taglio, ha detenido a seis personas pertenecientes a un grupo criminal itinerante dedicado al robo en cajeros automáticos utilizando la técnica conocida como “paleta del pizzero”, consistente en la utilización de cargas explosivas para robar los cajeros.

A dos de los detenidos, se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca.

En los registros practicados se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros y 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

Tras el robo en una misma noche de dos cajeros automáticos en la provincia de Granada en junio del 2024, los agentes iniciaron la investigación. Uno de los robos se cometió en localidad de Santa Fe y otro en la capital granadina. En los dos robos, los autores introdujeron cargas explosivas en la ranura de dispensación de los billetes para acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores del dinero. Solamente en estos dos robos, sustrajeron más de 140.000 euros.

Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes, se pudo vincular a dos de los autores de los robos con explosivos con otros robos en cajeros cometidos en diversas provincias.

Los detenidos tenían su residencia en Madrid y Valencia

Los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia, desplazándose desde estas ciudades hasta las provincias donde cometían los robos en los cajeros. Para cometer los robos, sustraían previamente vehículos que posteriormente utilizaban para perpetrar los robos, abandonándolos tras la obtención del botín. Actuaban con el rostro cubierto y regresaban inmediatamente a sus lugares de residencia. El carácter itinerante del grupo criminal, el uso de vehículos robados y las medidas de seguridad que adoptaban para dificultar su identificación incrementaron la complejidad de la investigación.

Una vez identificados todos los integrantes de la organización, se procedió de manera simultánea a la detención de tres personas en Madrid y tres en Valencia como presuntos autores de los robos en cajeros.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, en colaboración con la UDEV Central de la Policía Nacional.

Unos beneficios de 116 millones de euros durante el año pasado y un crecimiento del 14,85% no es precisamente un mal dato para una entidad financiera hoy en día. Pero resulta aún más significativo cuando hablamos de una caja de ahorros que desde hace 60 años sigue funcionando como cooperativa de crédito y que apuesta por tener cajeros en el mundo rural y en los barrios periféricos de las grandes ciudades.

Frente a la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, los numerosos trámites por internet, la atención telefónica robotizada y el cierre masivo de oficinas, Eurocaja Rural lleva años marcando perfil propio al asegurar que su apuesta pasa por la “inclusión financiera”, o lo que es lo mismo, por promover que todas las personas tengan acceso fácilmente y de forma personalizada a sus trámites bancarios. Un gesto tan sencillo como meter una cartilla de ahorros en un cajero para que se actualice es posible todavía en muchos pueblos y barrios de grandes ciudades en los que opera la entidad.

Suena extraterrestre hoy en día, pero su “revolución de los máquinas” (como reconocimiento y apoyo a las personas) frente a “las máquinas”, su último slogan publicitario, está surtiendo efecto y les ha permitido llegar ya a las 500 oficinas en nueve comunidades autónomas y 23 provincias.

Esta entidad financiera no es perfecta. Ejecuta desahucios y no resuelve problemas actuales acuciantes para la gente como el acceso a la vivienda o la subida de precios, pero trata de compensarlo con la “cercanía”. Mientras otras entidades han abandonado muchas oficinas en la España vaciada o en barrios periféricos de las grandes ciudades, ellos han recorrido el camino inverso. Dicen que quieren ser una referencia financiera para el mundo rural y de, hecho, actualmente, es la única para 71 municipios.

Más del 41% de su red de oficinas está implantada en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes. El 30% se ubican en pueblos de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad en localidades con menos de 4.500.

En total, está presente en nueve comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía) y 23 provincias.

La entidad considera que también existe exclusión financiera en barrios de grandes o medianas ciudades, de ahí la apertura de nuevas oficinas en Madrid capital (distrito Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, en calle Princesa y también en barrio de Chamartín) y otra más en Albacete y Valencia capital los últimos años.

La entidad ha constatado que en un momento en que el sector financiero se encuentra cuestionado por una parte de la sociedad tras el cierre masivo de oficinas y la imposición de hacer operaciones en el canal digital o en el cajero, también es rentable apostar por el servicio tradicional, en el que no existen horarios de caja y no se envía a los clientes al cajero

El actual director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, argumenta que la cercanía es un “valor diferencial” y que la tecnología, lejos de reemplazar la interacción humana, debe ser una herramienta complementaria.

"Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos"

Víctor Manuel Martín López — Director general de Eurocaja Rural

“Nosotros decidimos que nuestra revolución la hacen personas. La cercanía es, para nosotros, una ventaja competitiva. Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos. En un momento en el que muchos bancos han priorizado la digitalización en detrimento de la atención personal, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con quienes valoran el trato directo y la cercanía”, añade.

Y frente a la actualidad de las OPA, las fusiones y los cierres de oficinas, el presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, subraya el compromiso con el modelo cooperativo, el arraigo territorial y la lucha contra la exclusión financiera, resaltando la atención cercana como seña de identidad frente a las fusiones y cierres bancarios.

En realidad, Eurocaja Rural no ha descubierto nada nuevo, pero ha sabido implantar un modelo híbrido que “no deje a miles de personas sin atender”. Es una forma de luchar también contra la despoblación , sirviendo de soporte financiero al medio rural, contribuyendo a su desarrollo mediante soluciones de ahorro, inversión y financiación, ayudando así a fijar población.

Una cooperativa de crédito que nace en una década convulsa

También la historia de la entidad resulta muy particular. Aunque sus orígenes se remontan a 1963, celebró su primera Asamblea General el 30 de marzo de 1965 con un ADN cien por cien cooperativo y bajo el nombre de Caja Rural Provincial de Toledo. Su primer presidente fue Antonio Marañón de Mora y su primer director general, Jose María de Pablos Fernández.

Se creó para “aportar soluciones financieras y contribuir a la dinamización de su entorno, con atención prioritaria al sector agrícola”, explica. Por entonces, la foto española de las entidades financieras era principalmente la de bancos comerciales y cajas de ahorros, que se caracterizaban por ser entidades tradicionales y con un fuerte arraigo local.

Las cajas de ahorros, en particular, en plena dictadura franquista se habían concebido como entes con “misión social”, mientras que la banca estaba dominada por un grupo de 'grandes' corporaciones. El sistema en general operaba con un modelo más conservador y menos diversificado que en la actualidad. 

La entonces Caja Rural Provincial de Toledo inició su actividad en unos locales situados en la subida de la calle Carlos V de Toledo, en el Casco Histórico, para posteriormente situar su sede social en la calle Alférez Provisional de la capital.

En 1980 se incorporó a RGA y RSI. Junto al D.G. Bank alemán y otras 24 cajas rurales, constituyó el Banco Cooperativo Español, formando un grupo de cajas rurales españolas.

El 18 de junio de 1985 fue inaugurada la actual sede central de la cooperativa de crédito, situada en el centro de Toledo, en un moderno edificio de cinco plantas con 13.200 metros cuadrados de construcción.

Con la adquisición por absorción de Caja Rural de Guadalajara, la entidad inició su primera fase de expansión supraprovincial, abriendo además sus primeras oficinas en la Comunidad de Madrid y en Ávila.

En 1994, a propuesta del Consejo Rector, se nombró a Rafael Martín Molero como director general. En 1999, la caja puso en marcha su Centro de Bolsa, Valores, Fondos y Patrimonios y en el año 2000, adaptándose a los avances del siglo XXI, comienza a forjar su Grupo Económico, creando Rural Patrimonios Agrupados SICAV, S.A.

CCM versus Caja Rural de Castilla-La Mancha

Entre los años 2000 y 2005, amplió su ámbito pasando a ser un grupo de entidades que complementan las acciones realizadas por la empresa matriz y presentan un balance consolidado. Como añadido, en 2003 nace la Fundación Caja Rural y en 2005 la empresa Castilla-La Mancha Servicios Tecnológicos, S.L.

La supervivencia de esta cooperativa de crédito fue, por entonces, puesta en tela de juicio por la entonces 'todopoderosa' Caja Castilla-La Mancha (CCM). En un encuentro con periodistas, su entonces presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, llegó a calificarla como el “tercer mundo financiero”. No parecía prever que el Banco de España intervendría a CCM en 2009 debido a problemas de liquidez causados por su inversión en el sector de la construcción durante la crisis inmobiliaria.

Caja Rural siguió su camino y no fue hasta 2011 cuando la Asamblea General Ordinaria aprobó por aclamación y unanimidad de los socios el cambio de denominación social de la entidad, que pasó a llamarse Caja Rural de Castilla-La Mancha. En octubre de 2013 se oficializó el acuerdo para la integración de 14 oficinas de Barclays en la entidad, lo que permitió a la cooperativa de crédito extender su área de influencia a otras zonas limítrofes a esta región.

Precisamente, su expansión por otros territorios propició que en 2018, los socios aprobaran por unanimidad el cambio de marca de la cooperativa de crédito, para pasar a denominarse desde entonces Eurocaja Rural.

Su labor social está actualmente muy extendida gracias a su Fundación: la Carrera Solidaria contra la ELA, que cada año bate récords de participantes; las ayudas 'Working' para proyectos de integración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad; la convocatoria de ayudas sociales para personas en riesgo de vulnerabilidad; el proyecto 'Talento artístico' junto a la Asociación Plena Inclusión; o el evento “Empuéblate: historias de éxito para emprender y fijar población en núcleos rurales”, cuya cuarta edición se celebró el pasado mes de febrero, son algunos de los ejemplos de la acción social que les mantiene, además, vinculados al medio rural.

Hace un año, la cooperativa de crédito se solidarizó con los afectados de la dana y activó su protocolo especial de actuación de ayuda a las víctimas, en Castilla-La Mancha, pero especialmente en la Comunitat Valenciana. Los clientes recibieron un SMS informativo con el contacto directo de sus aseguradoras para la cobertura y solución de los daños ocasionados.

Igualmente, informó del espacio concreto habilitado en la web de 'Ayuda Urgente' para asesorar a los damnificados sobre cómo proceder ante esta situación tan excepcional. Desde el área de medios de pago se procedió también a proporcionar soporte a los comercios afectados para agilizar la respuesta y resolver las incidencias acaecidas con motivo del temporal.

Los últimos datos

En Eurocaja Rural presumen de ser “conservadores” en sus decisiones estratégicas. Siempre muy medidas, durante décadas. “Nadamos a contracorriente”, presumía el director general de la entidad esta semana durante un acto para celebrar la apertura de su oficina número 500 en Madrid, en el barrio de San Blas.

El activo de la entidad asciende a 9.888 millones de euros. La cifra del volumen de negocio con clientes alcanzó en 2024 una cifra de 14.449 millones de euros, con un crecimiento anual de más de 1.731 millones y cerró el año con 783 millones de euros de fondos propios.

En cuanto la inversión crediticia, el pasado ejercicio se concedieron un total de 21.429 operaciones de financiación por importe total de 1.752 millones de euros, un 16,26% más que en el ejercicio 2023, de forma que la entidad finalizó el año con un stock vivo total de 5.708 millones de euros en crédito concedido a socios y clientes.

Precisamente, su ratio de morosidad - de la que año tras año sacan pecho- se situó en el 1,62% al cierre de ejercicio, frente al 3,38% de media sectorial. La tasa de cobertura de dichos saldos dudosos se situó en el 140,65%, en contraposición al 69,59% del sector financiero, según el último dato disponible a fecha 30 de septiembre de 2024.

Eurocaja Rural superó los 545.000 clientes al terminar 2024. Sus directivos ya no ven lejos la oficina número 1.000.

El Gobierno de La Rioja ha impulsado el Plan de Inclusión Financiera, bautizado como ‘+ CAR’, que comenzará con las instalación de cajeros automáticos en once localidades riojanas y dos vehículos con cajero automático para recorrer de forma periódica en 117 municipios diferentes, de manera que visitarán cada uno de ellos “al menos dos veces al mes”. Esto significa que los vecinos de los 128 municipios riojanos que en la actualidad no cuentan con oficina bancaria ni cajero dispondrán de este servicio financiero.

“En los últimos años, hemos asistido a una desaparición progresiva tanto de las oficinas bancarias como de cajeros automáticos que ha desfavorecido especialmente a los municipios más despoblados”, ha señalado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés. El Plan +CAR cuenta con un presupuesto de 2.028.000 euros en los próximos 4 años.

En primer lugar, se instalarán cajeros automáticos en 11 localidades riojanas que han sido elegidas en base a su ubicación geográfica dentro de cada valle, y a la disponibilidad de espacios públicos para la habilitación de los cajeros. Estos estarán ubicados en Viniegra de Abajo, Villavelayo y Anguiano, dentro del valle del Alto Najerillla; en Villanueva de Cameros y El Rasillo (Camero Nuevo); en Soto en Cameros y Jalón de Cameros (Camero Viejo); en Santa Engracia del Jubera (Valle del Jubera); en Los Molinos de Ocón (Ocón); en Aguilar del Río Alhama (Valle del Alhama); y en San Millán de la Cogolla (Valle del Cárdenas). 

La actuación será licitada en dos lotes diferentes (uno para los cajeros fijos y otro para los móviles), garantizará el acceso a dinero en efectivo a los habitantes de todos los pueblos riojanos, incluidos los de las zonas más aisladas, mitigando así la incidencia negativa de la exclusión financiera en el desarrollo económico y social del entorno rural y sus repercusiones evidentes sobre el fenómeno de la despoblación.

Osés, que ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos implicados, ha señalado que los cajeros móviles se coordinarán con el ‘ofibus’, que actualmente presta una entidad bancaria, “para que no se solapen en la prestación del servicio”.

Operativos las 24 horas y con cualquier tarjeta

Los cajeros empezarán a funcionar en un plazo máximo de 60 días naturales desde la formalización del contrato. El plazo podrá ampliarse a 90 días naturales por causas debidas al incumplimiento de los plazos de las obras por parte de los ayuntamientos Estos terminales se instalarán preferentemente en el exterior de edificios públicos municipales y abrirán las 24 horas del día durante todo el año. Además, cualquier avería que se produzca tendrá que ser atendida en un máximo de 3 días laborables.

Por su parte, los cajeros automáticos móviles visitarán aquellos municipios que no cuenten con terminales fijos. El servicio dispondrá de dos vehículos con cajero y dará soporte a los usuarios en el funcionamiento y funcionalidades del equipo. La empresa dispondrá de un plazo máximo de 120 días naturales desde la fecha de formalización del contrato para comenzar operar el servicio.

Tanto los cajeros fijos como los móviles, deberán permitir la extracción de efectivo mediante el uso de cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago, la consulta de saldo y últimos movimientos, y el cambio de idioma y de pin. En el caso de los equipos itinerantes, incluirán lectores de tarjetas bancarias, admitiendo lectura por chip, por contactless y a través de tecnología NFC (a través del móvil). 

Además, también se valorará a la hora de adjudicar ambos lotes que los cajeros posibiliten el pago de recibos y tributos y otros ingresos de derecho público emitidos por las administraciones, el ingreso en efectivo, lector de libretas, realización de transferencias y recarga de móviles, entre otras funcionalidades. En los dos casos, los licitadores estarán autorizados por el Banco de España como ‘Entidades de pago’ y los equipamientos deberán cumplir con todos los requisitos de accesibilidad universal que exige la ley en cada caso.

Ha sido uno de los anuncios del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en la primera jornada del Debate sobre el estado de la región celebrada este miércoles en el Parlamento de La Rioja. En concreto, Capellán ha avanzado que La Rioja contará con 11 nuevos cajeros automáticos que se instalarán en 11 municipios riojanos para dar cobertura a los 7 valles. El programa, +CAR, se presentará próximamente y además prevé la prestación de servicio de cajero automático móvil en los pueblos que no cuentan con este servicio porque como ha adelantado Capellán “con este programa hacemos también más comunidad autónoma”.

Así, los presupuestos de este año, cuentan con una partida de 510.000 euros para financiar la instalación de estos cajeros además de un servicio de cajero móvil que favorezca la inclusión financiera del medio rural. “El objetivo es que las personas del medio rural puedan disponer de dinero en efectivo para poder realizar con la modalidad de su preferencia sus compras en los comercios, hostelería, etc. de sus municipios”, ha apuntado Capellán.

Y más anuncios porque el jefe del Ejecutivo regional también se ha referido al centro de salud en Alberite. Así, ha recordado que se ha adjudicado proyecto de urbanización y accesos que tienen un plazo de ejecución de 6 meses. Y en este sentido, Capellán ha anunciado que los presupuestos del próximo año para La Rioja incluirá una partida para la licitación y ejecución del nuevo centro.

Asimismo, y en relación con la salud mental de la juventud, Capellán ha avanzado la puesta en marcha de un servicio de adicciones tecnológicas para menores, adolescentes y sus familiares. Un programa, ha dicho, con el que se pretende asesorar, prevenir e intervenir ante el uso de las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes. Este nuevo servicio tendrá un espacio físico en la calle Muro de la Mata y comenzará con cuatro profesionales: dos psicólogos y dos educadores sociales que ofrecerán a los y las adolescentes, familias y profesionales de diferentes ámbitos (educativo, social, sanitario, etc.) una asistencia dirigida a tres áreas: la prevención, la formación y la intervención.

Y también para la juventud, el Gobierno de La Rioja va a habilitar este verano el Carné Rioja Joven Rural con el que las personas menores de 25 años podrán viajar gratis en los autobuses interurbanos. Una propuesta ha recordado Capellán, que se presentó en las elecciones de 2023 para favorecer la movilidad de las personas jóvenes que viven en el medio rural.

Reforma del Centro Marqués de Vallejo

Asimismo, el Ejecutivo regional tiene previsto reformar el centro de educación especial Marqués de Vallejo. En su exposición, Capellán ha recordado que es el único centro público de educación especial de La Rioja, “un referente de La Rioja en el que el paso del tiempo ha hecho necesaria una reforma y ampliación”. Y así, el Gobierno de La Rioja asumirá todo el plan de actuaciones y los 5,5 millones de euros que se prevén invertir a lo largo de cuatro años.

En una primera fase se invertirán algo más de 2,5 millones de euros en reparaciones y sustituciones de cubiertas del centro y del polideportivo, la adaptación de distintos espacios y equipamientos para personas con movilidad reducida, y una ampliación del comedor y del edificio docente con cuatro nuevas aulas, que además quedará conectado con el Polideportivo por medio de una galería polivalente cubierta. Asimismo, se comenzarán los trabajos para redactar el proyecto de la futura ampliación del Centro, en un espacio disponible dentro de la propia parcela, cuyo presupuesto estimado es de 3 millones de euros. En la actualidad este centro cuenta con 150 personas.

Y también dentro del ámbito educativo, el presidente de La Rioja ha avanzado la creación de una nueva subdirección propia de Infraestructuras Educativas “dado el extraordinario impulso que se está dando a las infraestructuras educativas, así como las destacadas inversiones que se van a realizar”.

Mesa de Aceleración de Proyectos

Y en materia económica, ha avanzado la creación de la Mesa de Aceleración de Proyectos donde las distintas direcciones generales y organismos del Gobierno de La Rioja implicados en el trámite y las autorizaciones de un proyecto puedan actuar de manera coordinada, ágil y efectiva. Así, la mesa tendrá una única dirección única que coordinará y dirigirá todos los órganos administrativos encargados de autorizar un proyecto empresarial y creará una verdadera autopista administrativa para que “los empresarios y los emprendedores solo tengan que preocuparse de crear y crecer”.

Y en este ámbito ha adelantado que en el mes de septiembre llegará al Parlamento de La Rioja la Ley de Simplificación Administrativa y Mercado Única, “una gran demanda del sector empresarial”, ha asegurado Capellán. Y es que, además de la mesa de aceleración proyectos empresariales, desde el Ejecutivo regional insisten en reducir las cargas administrativas “y promover un ambicioso plan de simplificación administrativa porque una administración pública no puede ser útil a los ciudadanos, a las entidades sociales y al tejido productivo si no es confiable, rápida y sencilla”. Así ha justificado esta Ley que dice, “no será la única porque el proceso de simplificación de cargas ha venido para quedarse”.

Vuelos para internacioanles desde desde La Rioja

Y en materia de infraestructuras, Capellán ha hablado de la “necesaria revitalización del aeropuerto de Agoncillo”. Así ha recordado que se han reforzado los vuelos Logroño-Madrid en Semana Santa y con Mallorca en verano, “un primer paso para seguir potenciando una infraestructura determinante para la conectividad aérea de la región”. Pero las pretensiones del Ejecutivo regional van más allá porque “esta misma mañana se ha celebrado un consejo de Administración de La Rioja 360 donde se ha aprobado la tramitación del pliego para poder iniciar una oferta de vuelos internacionales desde La Rioja”.

De esta forma, una vez culminada la tramitación, se procederá, esta misma semana, a publicar en la plataforma de contratación del Gobierno de La Rioja la licitación del contrato para que las compañías de aerolíneas puedan ofertar vuelos regulares semanales con 2 destinos europeos, con una duración de la prestación del servicio que podría extenderse hasta siete años y con un presupuesto máximo de adjudicación de 14 millones de euros. “No creo que sea preciso reiterar aquí lo que los estudios especializados han constatado: los retornos y el destacado efecto multiplicador en términos económicos de la inversión en conectividad y movilidad aérea”.

Los cajeros automáticos se han convertido en una herramienta imprescindible para realizar operaciones bancarias rápidas y cómodas. Sin embargo, en ocasiones pueden surgir situaciones inesperadas, como cuando un cajero retiene alguno de los billetes que se intentan ingresar. Esta retención suele ocurrir cuando el dispositivo detecta que un billete puede ser falso o presenta alguna anomalía que despierta sospechas.

Aunque no es algo habitual, cuando un billete es retenido, el sistema está diseñado para proteger tanto a los usuarios como a las entidades financieras, siguiendo las normativas vigentes sobre la circulación de efectivo. Las entidades tienen la responsabilidad de analizar estos billetes y, en caso de confirmarse su falsedad, retirarlos definitivamente de la circulación para evitar su uso fraudulento.

Para quienes se enfrentan a esta situación, es importante conocer qué pasos seguir, cómo se realiza la comprobación del billete y cuáles son los derechos del usuario durante este proceso. Además, existen mecanismos que permiten hacer seguimiento del estado del billete retenido hasta que se resuelve su validez.

Normativa vigente y obligaciones de las entidades financieras

Las entidades financieras en España están sujetas a una normativa clara y estricta respecto al manejo de billetes sospechosos de falsedad. Según el Reglamento (CE) 1338/2001, bancos, casas de cambio y otros profesionales que manejan efectivo están obligados a retirar de la circulación cualquier billete o moneda en euros que consideren falso o que presente indicios de falsificación. Esta medida busca proteger tanto a los usuarios como al sistema financiero, evitando la circulación de dinero que pueda afectar la economía.

Cuando un cajero automático detecta un billete sospechoso durante un ingreso, debe retenerlo para su análisis posterior. La entidad financiera tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para enviar esos billetes retenidos al Banco de España, donde serán examinados con mayor profundidad. Esta obligación de remisión permite centralizar la verificación y garantizar un control riguroso sobre la autenticidad del efectivo que circula en el país.

Además, la normativa establece que, mientras se realiza el proceso de comprobación, la entidad debe mantener informado al titular del billete retenido, facilitándole un justificante y los datos necesarios en el proceso y permite que el usuario pueda consultar el estado de la revisión en cualquier momento.

Documentación y seguimiento del billete retenido

Cuando un billete es retenido por un cajero automático por sospecha de falsedad, la entidad financiera debe cumplimentar un formulario en una aplicación oficial del Banco de España. En este formulario se registran datos importantes tanto del billete como del titular, incluyendo información personal y el número IBAN de la cuenta bancaria a la que se abonará el importe si se confirma que el billete es auténtico.

Una vez registrado, el sistema genera un justificante con un número de registro único, que el usuario debe conservar para poder hacer el seguimiento del expediente. Este justificante es distinto al que entrega el cajero automático en el momento de la retención, por lo que es importante solicitarlo a la entidad si no se recibe automáticamente.

Para consultar el estado del proceso, el titular puede dirigirse directamente a la entidad financiera que retuvo el billete o usar la aplicación “Consulta del expediente” del Banco de España, donde ingresando el número de registro y su documento de identidad puede verificar el avance y resultado del análisis. Además, es posible contactar con el Centro Nacional de Análisis para solicitar información adicional proporcionando datos identificativos del billete y del expediente.

Resultados y resoluciones del análisis del billete

Una vez que el billete retenido llega al Banco de España, es sometido a un análisis detallado por parte del Centro Nacional de Análisis. Este proceso tiene como objetivo determinar si el billete es auténtico o falsificado, utilizando métodos técnicos y científicos especializados.

Cuando se finaliza el examen, el resultado se comunica tanto al titular del billete como a la entidad financiera que realizó la retención. Si el billete es declarado auténtico, el importe correspondiente se abonará a la cuenta bancaria del usuario, generalmente en un plazo corto una vez confirmado el resultado.

En caso de que el billete sea falso, no se devuelve el importe al usuario, y la comunicación oficial también es enviada a ambas partes. Si durante el proceso no se registraron correctamente los datos del titular, la información y el abono se dirigirán únicamente a la entidad financiera, que deberá informar al cliente de la resolución.

Es importante tener en cuenta que el tiempo para completar este análisis puede variar, ya que las solicitudes se procesan por orden de llegada y no existe un plazo establecido para la resolución definitiva.

Recomendaciones para evitar problemas con billetes falsos

Para reducir el riesgo de que un billete sea retenido por sospecha de falsedad, es fundamental conocer y aplicar algunas recomendaciones básicas. En primer lugar, es aconsejable familiarizarse con las características de los billetes auténticos, utilizando el método “toque, mire, gire”. Este consiste en palpar la textura del billete, observar sus elementos de seguridad a la luz y girarlo para verificar marcas invisibles o relieves.

Además, al recibir billetes en efectivo, es útil compararlos con otros billetes de los mismos valores que se tenga la certeza de que son auténticos. Esto ayuda a detectar posibles irregularidades antes de utilizarlos o ingresarlos en un cajero automático.

Por último, en caso de duda, es mejor no aceptar el billete o acudir a una entidad financiera para su comprobación. Evitar el uso de billetes dañados o con aspecto sospechoso minimiza la probabilidad de que el billete sea retenido, facilitando así las transacciones diarias y evitando posibles inconvenientes.

A partir de este sábado, 28 de junio, todos los cajeros automáticos instalados en España deben cumplir con una nueva normativa que busca garantizar la accesibilidad universal. La Ley 11/2023, publicada en mayo y que transpone la Directiva (UE) 2019/882, establece que estos dispositivos deben ofrecer la información a través de más de un canal sensorial, incorporando opciones auditivas y táctiles además de las visuales ya existentes.

Esta obligación se inscribe en un marco legal que pretende eliminar barreras y facilitar el acceso a productos y servicios a las personas con discapacidad, un colectivo que ha visto limitada su autonomía en el acceso a determinados servicios, entre ellos, el bancario.

El cambio, que afecta a la totalidad de cajeros automáticos distribuidos por todo el territorio nacional, implica que estos aparatos deberán permitir a usuarios con discapacidad visual o auditiva realizar operaciones con independencia y seguridad. Hasta ahora, las instrucciones en pantalla y el uso del teclado convencional limitaban el acceso para personas con ciertas discapacidades sensoriales.

La nueva regulación introduce la necesidad de ofrecer alternativas que permitan una interacción multisensorial, con el fin de garantizar que todas las personas puedan utilizar estos dispositivos sin requerir ayuda externa.

Esta modificación responde a una demanda histórica de mayor inclusión y refleja el compromiso de las instituciones con la igualdad de acceso a los servicios financieros. Además, pone de manifiesto un cambio en la forma en que las entidades bancarias deberán gestionar sus infraestructuras tecnológicas para adaptarse a los estándares internacionales de accesibilidad, un proceso que supone importantes retos y cambios en el sector.

Requisitos de accesibilidad para los cajeros automáticos

La Ley 11/2023 establece que los cajeros automáticos deberán ofrecer información en más de un canal sensorial. Esto significa que, además de las instrucciones visuales en pantalla, también deberán incorporar opciones auditivas (por voz) o táctiles, permitiendo una experiencia inclusiva para personas con discapacidad visual o auditiva.

Además, se especifica que los dispositivos deben ser operables de forma autónoma y segura, sin necesidad de asistencia, garantizando así la igualdad de acceso a los servicios bancarios.

Entre las mejoras previstas, se incluyen interfaces más intuitivas, tipografías legibles y botones accesibles. Estas modificaciones buscan facilitar la interacción con los cajeros, especialmente para personas con limitaciones funcionales, asegurando que puedan realizar operaciones bancarias de manera independiente y sin dificultades.

Plazos de implementación y adaptaciones necesarias

La entrada en vigor de las medidas está prevista para el 28 de junio de 2025. A partir de esa fecha, todos los nuevos productos y servicios deberán cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos. En cuanto a los productos y servicios existentes, la ley establece un período transitorio hasta el 29 de junio de 2030 para adaptarse a las nuevas exigencias. Sin embargo, los cajeros automáticos instalados antes del 28 de junio de 2025 podrán seguir utilizándose hasta agotar su vida útil, sin superar los 10 años desde su puesta en funcionamiento.

Este período transitorio permite a las entidades financieras realizar las adaptaciones necesarias en sus dispositivos, garantizando que todos los cajeros automáticos cumplan con los estándares de accesibilidad establecidos por la ley. Se espera que, durante este tiempo, se lleve a cabo un proceso de renovación y actualización de los equipos, priorizando aquellos que presenten mayores dificultades de acceso para los usuarios.

En un momento en el que las operaciones electrónicas dominan buena parte de las gestiones bancarias, el uso del cajero automático continúa siendo una práctica habitual para miles de personas. Retirar efectivo sigue formando parte de la rutina financiera de muchos ciudadanos, especialmente entre quienes prefieren mantener un mayor control sobre sus gastos o no utilizan medios digitales para sus pagos diarios.

Sin embargo, esta acción aparentemente inocua no está exenta de riesgos, y cada vez son más las advertencias que recuerdan la importancia de extremar las precauciones al utilizar estos dispositivos. La Guardia Civil ha vuelto a poner el foco en este asunto con una campaña informativa a través de sus canales oficiales, donde se alerta de posibles métodos utilizados por delincuentes para obtener datos o clonar tarjetas.

La institución insiste en que, aunque no es necesario generar alarma, sí conviene actuar con sensatez y seguir una serie de pasos básicos para reducir las probabilidades de ser víctima de un fraude. El mensaje es claro: no se trata de tener miedo, sino de incorporar hábitos que ayuden a identificar anomalías y proteger la información personal.

Desde comprobar el estado del cajero hasta proteger el número secreto con la mano al marcarlo, la clave está en la prevención. El contenido se complementa con una lista de recomendaciones prácticas que han sido recogidas también en otras publicaciones del cuerpo, orientadas especialmente a personas mayores o con menos familiaridad con los dispositivos electrónicos.

Revisar el cajero antes de operar

Una de las principales advertencias de la Guardia Civil tiene que ver con la inspección visual del cajero antes de su uso. Se recomienda observar con atención si hay piezas sueltas, ranuras alteradas o dispositivos que parezcan fuera de lugar.

Elementos como teclados poco firmes, cámaras falsas o lectores superpuestos pueden ser señales de que el terminal ha sido manipulado para interceptar datos bancarios. En caso de detectar algo inusual, lo aconsejable es no introducir la tarjeta y avisar al banco.

Proteger el PIN y evitar distracciones

Otra medida esencial es cubrir el teclado al marcar el código personal. Aunque parezca un gesto menor, este hábito puede evitar que terceros consigan grabar el número secreto mediante cámaras ocultas o desde una distancia prudente.

La Guardia Civil recuerda también la importancia de no dejarse distraer durante la operación. En algunos casos, los delincuentes se acercan con excusas o simulaciones de ayuda para obtener información mientras la víctima interactúa con el cajero.

Qué hacer si la tarjeta se queda retenida

En situaciones en las que la tarjeta queda atrapada en el dispositivo o no se entrega el dinero solicitado, la recomendación es no alejarse del cajero sin más. Lo primero es contactar con la entidad bancaria utilizando los teléfonos de atención que suelen figurar en la pantalla o en el propio terminal.

Si existe la sospecha de que el cajero ha sido manipulado, es fundamental anular la tarjeta lo antes posible para evitar su uso fraudulento. Además, se sugiere guardar el comprobante de la operación, si está disponible, como prueba ante posibles reclamaciones.

El objetivo de estas iniciativas no es generar temor, sino promover una cultura de autoprotección ante posibles riesgos. A través de las redes sociales, la Guardia Civil busca llegar a un público amplio con mensajes claros y formatos accesibles.

Esta labor de concienciación es constante y se actualiza con nuevas formas de fraude que van apareciendo. La retirada de efectivo en un cajero es una operación sencilla, pero también puede ser una oportunidad para los delincuentes si no se toman las precauciones adecuadas.

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio identificó a dos posibles delincuentes del método “scalping”. El agente detectó movimientos extraños de dos mujeres en un establecimiento comercial de Logroño y observó cómo se dirigían hacia unos viandantes de una forma que le llamó la atención, por lo que decide intervenir.

A ambas detenidas les consta un largo historial de antecedentes policiales por hechos similares, además de varias requisitorias judiciales en vigor. Han sido puestas a disposición judicial, y se ha ordenado su ingreso en prisión.

Las mujeres habían sido identificadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, como miembros de una organización criminal dedicada a hurtos y estafas. Al lugar acude una dotación de Policía Local de Logroño, que colabora en la detención y traslado a la Jefatura Superior de La Rioja donde se lleva a cabo la investigación.

Agentes de investigación de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja tenían una investigación abierta. Las detenidas, una vez comprobados los hechos y su identidad, resultan ser presuntamente parte de una organización criminal, autoras de diferentes hurtos y estafas cometidos en diferentes localidades españolas, Salamanca, León, San Andrés de Rabanedo, y otros cinco hechos en Logroño.

Actuaban de manera coordinada con un reparto de papeles bien definido. Mientras una de ellas captaba las claves al observar las operaciones con tarjeta realizadas por las víctimas que previamente habían seleccionado, de avanzada edad, otras realizaban el seguimiento de la víctima y le sustraían la cartera con las tarjetas, para después usarlas en cajeros o comercios.

Scalping

Este método delictivo se divide en cuatro fases diferenciadas: Una primera fase dedicada a la elección adecuada de la víctima, generalmente personas de avanzada de edad, que por sus facultades resulten más vulnerables, que se dispongan a operar en un cajero automático haciendo uso de su tarjeta de crédito o vayan a realizar un pago con la misma en un comercio.

La segunda fase, se orientaba la captación discreta, mediante la observación, de los números de la clave pin de la tarjeta cuando la víctima los tecleaba en el cajero o en el comercio.

La tercera fase consistía en la obtención de la tarjeta de la que las presuntas autoras conocían la clave pin, y para ello realizaban un seguimiento a la víctima mientras caminaba tras abandonar el establecimiento o el cajero para abordarla con cualquier excusa sustrayendo la tarjeta o cartera al descuido.

La cuarta fase. Y por último, estando ya en posesión de la tarjeta, realizaban operaciones de extracción de efectivo en cajeros con ellas haciendo uso de las claves pin, o efectuaban compras en diferentes comercios, hasta llegar a agotar el límite del saldo disponible.

Cantabria es las segunda comunidad autónoma con mayor proporción de habitantes sin oficina bancaria, un 12,3%, solo superada por Castilla y León, con un 18,1%, según las conclusiones de estudio 'La inclusión financiera en las áreas rurales de España ante el reto demográfico', publicado por el Instituto de Estudios Económicos y por el profesor y catedrático de la UNED, Luis Alfonso Camarero Rioja.

Estos datos revelan asimismo que Cantabria ha perdido más de la mitad de las oficinas bancarias en un periodo de ocho años, desde 2015 a 2023, al pasar de 424 a 210 (-50,5%). Además, el 9,1% de los habitantes de Cantabria no tiene oficina bancaria ni cajero, nuevamente la proporción más alta tras Castilla y León (16,2%); y un 4,4% de la población regional está sin oficina, ni cajero ni agente, en este caso el cuarto mayor porcentaje.

Asimismo, un 4,4% de la población cántabra no tiene oficina, ni cajero, ni agente, ni oficina móvil --la proporción más alta después de Castilla y León (10,1%) y Navarra (5,2%)--; el 4,1%, además de las citadas carencias, tampoco tiene oficina de Correos --9,1% en Castilla y León y 5,2% en Navarra--; y si se suma el cash-back, es un 2,4% la población de la comunidad sin ninguno de estos servicios.

Finalmente, el 0,7% de los residentes en Cantabria no tiene oficina bancaria, cajero, agente, oficina móvil, oficina de Correos, cash-back ni cajeros gestionados por terceros. En España, el número de municipios sin acceso a servicios financieros presenciales se redujo un 38,4%, pasando de 4.401 a 2.713 localidades, lo que permitió disminuir la población excluida de estos servicios en un 71,5%.

El informe señala que la prestación de servicios bancarios en áreas rurales en España se caracteriza por una “mayor proximidad”, manteniendo una presencia “destacada” en muchas de estas poblaciones en términos comparativos con otros países y otro tipo de servicios públicos y privados.

En este sentido, resalta que España se posiciona como el tercer país con mayor número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes, alcanzando un valor de 3,7 respecto a la densidad de población, lo que coloca al país por encima de la media europea (2,9). Este indicador refleja una mayor presencia de sucursales bancarias en comparación con otros países del continente.

Además, afirma que el acceso a los servicios financieros en las áreas rurales de España tiene una distribución “más equitativa” en comparación con otros servicios públicos esenciales. Según el informe, solo el 0,8% de la población de municipios con menos de 10.000 habitantes carece de un punto de extracción de efectivo como una sucursal, cajero, estafeta o farmacia, lo que es “tan solo ligeramente superior” a la provisión de servicios de atención primaria de salud (0,2%) y “significativamente” menor que la carencia de servicios de atención especializada (45%) o educación básica (2%).

Pone de relieve las “diversas iniciativas” que ha adoptado el sector privado mediante colaboraciones público-privadas y políticas gubernamentales, alineándose “con las mejores prácticas internacionales para combatir la exclusión financiera”.

En particular, destaca el compromiso con la implementación de estrategias como redes de cajeros automáticos compartidos hasta subvenciones públicas y oficinas móviles, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios financieros en todas las regiones. También iniciativas de “éxito” como los puntos de 'cash-back', el uso de oficinas móviles ('ofibuses') y de agentes financieros.

“Estos servicios han proporcionado soluciones bancarias esenciales en comunidades pequeñas, especialmente en municipios con menos de 500”, agrega el informe, que también destaca la colaboración con Correos, que suma cerca de 4.600 puntos en áreas rurales que facilitan la retirada de efectivo y el acceso a servicios financieros básicos a más de 300.000 personas.

A pesar de los avances, el informe también resalta la necesidad de continuar abordando la brecha digital que afecta a las zonas rurales. Al respecto, explica que la cobertura de Internet de alta velocidad presenta una “disparidad considerable” entre las áreas urbanas y rurales. Así, explica que mientras que en las grandes ciudades más del 85% de la población tiene acceso a Internet de alta velocidad, en los municipios más pequeños y dispersos este porcentaje no supera el 50%.

“Esta brecha en conectividad sigue siendo un desafío para el desarrollo de servicios bancarios electrónicos y otros servicios digitales, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la mejora de infraestructuras tecnológicas en estas regiones”, puntualiza.

La Policía Nacioal de La Rioja de una nueva estafa a personas mayores en los cajeros automáticos de las entidades bancarias. Se denomina ‘scalping’ y consiste en prestar ayuda a un anciano que está intentando sacar dinero en un cajero automático. Suelen actuar en grupo y tienen una clara división de papeles dentro de la comisión de este delito. Se trata de grupos itinerantes que viajan por todo el territorio nacional buscando víctimas de avanzada edad. 

Modus operandi de la estafa

El primer delincuente finge asistir a la víctima mientras manipula la tarjeta, quedándosela sin que la persona se dé cuenta. A continuación, un segundo integrante observa disimuladamente el número PIN que la víctima introduce en el cajero, mientras un tercer miembro del grupo permanece vigilante en las inmediaciones para evitar la entrada de otras personas al área del cajero. Antes de que la víctima reaccione y notifique al banco, los delincuentes ya han retirado dinero o realizado compras con la tarjeta robada.

Cómo evitar ser víctima de esta estafa

-Intente acudir a sacar dinero acompañado, así se sentirá más seguro.

-No deje que personas desconocidas se le acerquen cuando está realizando gestiones bancarias en el cajero automático.

-Si necesita ayuda pídala a los empleados de la entidad bancaria y no a personas ajenas o desconocidas. 

-Cuando teclee su número PIN intente poner la mano encima para que personas ajenas no lo puedan ver. Vigile que no haya nadie a su alrededor espiándole a la hora de teclear.

Qué hacer si hemos sido víctimas

-Acuda de inmediato a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja (sita en Calle Serradero nº 26) para interponer una denuncia por los hechos ocurridos. La Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) funciona los 365 días al año y 24 horas al día. 

-Proporcione el mayor número de información o de pruebas de que disponga. Proporcione a los agentes que le toman la denuncia cualquier tipo de información que posea de los delincuentes, por absurda o mínima que le parezca. Cualquier detalle puede ser muy valioso para esclarecer los hechos.

-Cuénteselo a su grupo de amigos y familiares más cercano para evitar que también sean estafados. 

El Gobierno vasco ha habilitado un crédito de 343.442 euros que se destinarán a la dotación de servicios bancarios en poblaciones del medio rural. Este proyecto se enmarca en las actuaciones del Ejecutivo para el desarrollo y diversificación del medio rural y para evitar la pérdida de población en estos entornos.

“En la actualidad, los servicios bancarios están siendo fruto de una gran remodelación derivada de su digitalización, generando un modelo alternativo al de la banca presencial y al uso del dinero en metálico. Asimismo, se constata una progresiva reducción de la presencia de oficinas bancarias y puntos de acceso al efectivo en las zonas rurales de Euskadi, debido a las pérdidas económicas que supone el mantenimiento de dichos servicios a las entidades bancarias en zonas con una exigua utilización de los mismos. Ello significa un problema para determinados segmentos de población, no familiarizados con la banca digital, en especial a las personas de edad avanzada, que deben desplazarse a otras localidades para llevar a cabo sus operaciones bancarias”, se señala desde el Gobierno vasco.

La Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en su reunión de 18 de junio de 2024, aprobó un acuerdo por el que se adoptaba un marco general de cooperación y los criterios para la distribución de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para comunidades y ciudades autónomas, destinados al impuso a iniciativas con cargo al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial. El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de junio de 2024, autorizó la propuesta de distribución territorial, en la que se establece que la cuantía correspondiente a Euskadi asciende a 343.442 euros.

El Gobierno vasco ya abrió en marzo una licitación para adjudicar la subvención de la instalación de cajeros automáticos en zonas rurales de 34 municipios de Bizkaia, veintidós de Gipuzkoa y ocho de Álava. Desde Lanestosa y Zaramillo en Bizkaia hasta Urrestilla y Beizama en Gipuzkoa, pasando por Luiando y San Vicente de Arana en Álava.

La colaboración ciudadana ha permitido a la Policía Nacional detener a un varón de 20 años tras robar a un persona mayor 500 euros que acaba de sacar del cajero. El detenido tiene nueve antecedentes por hechos similares a los relatados, por delitos contra el patrimonio, así como ocho requisitorias ya cesadas.

Tal y como relató la víctima a la Policía Nacional, tras sacar esa cantidad de dinero de un cajero automático del centro de Logroño, sintió cómo una persona se le acercó, se le puso detrás y después, se percató de que el dinero había desaparecido. El hombre de 20 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia porque tras forcejear con la víctima logró sustraer el dinero.

Las investigaciones de la Policía Nacional concluyen que el el autor de los hechos, realizó un seguimiento a la víctima desde el momento en el que salió de su domicilio, le estuvieron observando hasta que vieron que se dirigía a un cajero automático. Así después de sacar “una importante cantidad de dinero se acercó a la víctima y le dio un pequeño empujón, forcejaron e incluso le golpeó con una verja de la calle”. De hecho la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital San Pedro con varias heridas.

Y aunque el autor del robo logró huir en un primer momento, los testigos consiguieron interceptar y retener al ladrón hasta que llegó una patrulla de la Policía Nacional que identificaron y detuvieron al autor de los hechos. En el momento de la detención el autor de los hechos portaba la cartera sustraída si bien el dinero no se encontraba en su poder ya que se lo entregó a otra persona.

Aunque el pago con tarjeta, teléfono móvil o incluso con el reloj, están cada vez más democratizados en comercios, restaurantes y otros servicios, todavía una importante parte de la población siguen optando por el dinero en metálico para realizar pagos. Un gesto que se centra sobre todo entre las personas mayores de 65 años; la población más abundante en el medio rural aragonés. 

En los últimos 15 años, Aragón ha visto desaparecer un total de 953 entidades bancarias diseminadas en todo el territorio (a septiembre del 2023). En 2008 se contabilizaron 1.794 sucursales, en septiembre de 2023 quedaban abiertas 841 entidades, lo que supone una reducción de más del 53%, según un informe publicado por el Banco de España.  

Las cifras muestran como en Aragón, casi el 60% de los municipios no cuentan con cajero automático ni oficina bancaria. Y las previsiones no son positivas. El mismo informe expone que se cierran una media de 2.000 cajeros al año, y estima que en una década habrán desaparecido el 34% de las máquinas que quedan en servicio en toda España. 

Sin embargo, mientras la oferta de oficinas bancarias en los pueblos de Aragón es cada vez menor, y el número de cajeros automáticos en los que poder sacar dinero está en declive, siete de cada diez personas siguen demandando dinero físico de estas máquinas. La media por retirada es de 180 euros, una cifra histórica que demuestra que el interés de los ciudadanos por pagar sus productos y servicios con dinero en metálico sigue siendo “muy alto”, apuntan los informes del Banco de España, especialmente en el medio rural, donde hay una mayor concentración de población que supera los 65 años.

En la provincia de Huesca casi 22.000 personas (un 9,8%) viven en una población sin acceso al dinero en efectivo; 21.000 en Zaragoza (2,1%) y 13.000 personas en Teruel (9,9%) según datos del “Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España” (2021) elaborado por el Banco de España. 

Los datos también detallan que más de 420 municipios en todo Aragón no tienen cajero automático. Municipios como los de la comarca del Maestrazgo en Teruel, la zona más despoblada de Europa, sus vecinos se ven obligados a recorrer hasta 40 kilómetros de sinuosas carreteras de montaña a 1300 metros para poder acceder al servicio de cajero automático. “Estamos en una zona dura en invierno, con nieve y hielo en las carreteras, y personas muy mayores que tienen el mismo derecho que cualquiera a manejar sus finanzas, a tener su cartilla y a sacar su dinero metálico”, apunta el presidente de la comarca Fernando Safón. 

Una furgo-banco rural para todos

La comarca del Maestrazgo cuenta con unos 3.000 habitantes, que viven repartidos en 16 municipios, 6 barrios, y una entidad menor. Con una dispersión territorial de más de 1.200 kilómetros cuadrados es “un territorio tremendamente extenso” apunta el presidente de la comarca, y recuerda que actualmente solo las localidades de La Iglesuela del Cid, Cantavieja y Castellote cuentan con entidad bancaria y cajero automático. La demanda de la vecindad, y la voluntad de la comarca hicieron que este organismo público presentara una propuesta al Gobierno de Aragón para poner en marcha un servicio de banca itinerante. Se trata de un formato que se ha implantado con éxito en numerosos puntos de España, y que va en aumento; entre 2021 y 2022, se habían puesto en marcha 502 ofibúses en todo el país.  

Se espera que “este verano” el nuevo servicio esté ya en funcionamiento, anuncia el presidente comarcal Fernando Safón. La entidad bancaria sufragará el coste de la compra del vehículo, y la comarca y el Gobierno de Aragón, a través del departamento de despoblación, están estudiando cómo plasmar en un convenio “los gastos derivados del servicio, porque la comarca no tiene capacidad económica para asumirlos” apunta Safón. Las negociaciones “llevan buen camino” y “la receptividad del gobierno ha sido buena, porque han entendido la necesidad y la dificultad de la situación de los pueblos del Maestrazgo”, explica su presidente. 

Por el momento se desconoce cuál será el itinerario de este `Ofibús´, y cuántas veces a la semana o al mes recalará en las diferentes localidades de la comarca. “Somos pocos, pero tenemos derecho a tener los mismos servicios que tienen en las ciudades” defiende Safón y añade “las personas mayores tienen la necesidad de sacar su dinero en metálico, de hacer sus gestiones como cualquier otro ciudadano, y este servicio pondrá solución al importante problema que tenemos ahora” haciendo referencia a la desconexión financiera con la que la mayor parte de los pueblos de esta zona de Aragón conviven en su día a día. 

Cerca de 500 kilómetros cuadrados con un solo cajero automático

En el Maestrazgo, zona muy turística, los comercios, bares y restaurantes, hoteles, casas rurales y todas las empresas en general se enfrentan al problema de la falta de velocidad y calidad en la conexión a través de internet. “Esperamos que en algún momento llegue la fibra óptica en condiciones, porque la desconexión hace que sea complicado pagar con tarjeta u otros medios que no sean dinero metálico” expone el presidente de la comarca. De esa dificulta, su necesidad de poner en marcha un sistema de banca itinerante. 

En el otro extremo de la comunidad, en la provincia de Huesca, se encuentra el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Una extensión de 475 km2 de territorio por el que se distribuyen quince municipios y un solo del cajero automático de la entidad bancaria Caja Rural de Aragón. La máquina se encuentra ubicada en un “pequeño espacio de no más de un metro cuadrado” dentro del hotel Santa María de Alquézar. Una hazaña que se logró hace más de dos décadas y, hasta la fecha, “la máquina no se ha movido de allí”, como recuerda la alcaldesa de en esta turística localidad, Ana Blasco Pardina. 

Para la edil, la ausencia de más oferta bancaria física “es una cuestión de rentabilidad, si a los bancos les interesara tener más presencia en esta zona, la tendrían, pero llevamos muchos años así, y tampoco se espera que la situación cambie” apunta y añade que, de momento, con el servicio de este único cajero “ha sido suficiente” para cubrir la necesidad de vecinos y visitantes en toda la zona de cobertura. Blasco, reconoce que, en ocasiones el cajero se queda sin dinero y entonces “entra en fuera de servicio” pero también asegura que “en cuanto damos aviso al banco, vienen y reponen dinero o arreglan el problema bastante rápido, son eficientes”. Un evento que se suele dar sobre todo en fechas estivales, cuando la afluencia de turismo es alta. A pesar de estos “pequeños inconvenientes”, la alcaldesa de Alquézar sostiene que los vecinos de la zona no demandan más servicios bancarios porque “hay otras poblaciones muy próximas como Barbastro que cubren esta necesidad”. Por otra parte, la alcaldesa recuerda que “el pago con tarjeta está ya a la orden del día en todos los establecimientos”. Una desconexión, la de las telecomunicaciones, que no afecta en esta zona de Aragón como sí lo hace poblaciones de Teruel, donde todavía quedan zonas grises, y por eso la demanda de un cajero automático o un servicio itinerante que de respuesta a esta demanda de dinero metálico esta “justificada” y es “necesaria” señala el alcalde de La Iglesuela del Cid. 

Si nadie lo hace, lo hacemos nosotros

En marzo de 2021 la localidad zaragozana de Jaraba se quedó sin oficina bancaria. El Ayuntamiento decidió entonces ponerse manos a la obra instalado un cajero automático para evitar que los vecinos se quedaran sin este servicio. El consistorio adquirió un inmueble próximo al edificio del Ayuntamiento en la Plaza Afán de Rivera. El cajero está operativo para vecinos y visitantes que necesiten sacar e ingresar efectivo, realizar transferencias o actualizar sus cartillas, entre otras gestiones.

Para la implantación de este servicio, el Ayuntamiento llevó a cabo varias negociaciones, hasta que finalmente se formalizó el contrato privado que incluye la instalación de un cajero automático multifunciones, para un periodo de siete años, con cargo del coste por mantenimiento del servicio al consistorio.

Una promesa pendiente

El Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel firmaron un convenio el 18 de febrero de 2022 con el que anunciaron que se iba a extender la red de cajeros automáticos a todos los municipios que no contaran con uno. Desde ese momento “nada se ha movido” explican fuentes de Teruel Existe. 

Esta formación política presentó el Congreso y en el Senado “varias preguntas e interpelaciones sobre este tema” explican, y desde el Gobierno central, aseguran, “contestaron afirmativamente y dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, pero lo cierto es que no se llegó a hacer nada, y sigue igualmente sin hacerse nada”, añaden. Teruel Existe también recuerda que, en Aragón se puso sobre la mesa la posibilidad de estudiar un convenio con Correos, con el fin de paliar los problemas de “exclusión financiera” que viven muchos pueblos en Aragón. Una idea sobre la que desde Aragón Existe aseguran que no les consta que se haya llegado a poner en marcha. Los de la formación turolense exigen que “se pongan en marcha soluciones concretas y que se cumplan los compromisos adquiridos”. 

En este sentido, la Comisión Europea ya ha advertido en numerosas ocasiones sobre la “especial protección que merecen los usuarios bancarios vulnerables por parte de entidades y gobiernos”.

En mayo de este año, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró en las Cortes Generales el informe `Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables´. El texto contiene 32 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a la Sociedad Correos y Telégrafos.

El Defensor del pueblo hace especial referencia a la “paulatina desaparición de oficinas bancarias en núcleos rurales y en la España menos poblada”, y considera que el proceso de cierre de la última sucursal o del último cajero de una población requiere de un “riguroso análisis de impacto y de la proposición de alternativas” para evitar que los ciudadanos queden desasistidos sin poder hacer uso de servicios bancarios. En esta línea, el informe aconseja fomentar modelos de gestión multimarca allí donde la concurrencia de los operadores económicos no la garantice. También, recomienda crear un grupo de trabajo con Correos para ver “la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias”, así como la posibilidad de reproducir ese modelo de agencia con otras entidades con características y niveles de implantación territorial similares.

La creciente digitalización de los servicios financieros y el consiguiente cierre de oficinas bancarias se está dejando sentir “de forma dramática” en numerosas localidades de Castilla-La Mancha, sobre todo en las más pequeñas.

Actualmente existen más de 400 municipios sin servicios financieros, la mitad de ellos en la provincia de Guadalajara, según denuncia la Delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Y es que desde 2007 se han cerrado más de 850 sucursales en la región, con reducciones que van del 49% al 65% según la provincia.

Cuenca está a la cabeza con un un 65% menos de oficinas que en 2007. A continuación se sitúa Albacete, con 344 sedes menos (reducción del 60%; Ciudad Real, con un descenso del 56%; y Toledo, que ha pasado de 648 a 345 (un 53% menos). En Guadalajara apenas hay ya 126 oficinas abiertas (un 49% menos). 

Hay alternativas

Esta organización recuerda que hoy en día existen alternativas a la falta de oficinas bancarias físicas, como la instalación de cajeros en ayuntamientos o gasolineras, un servicio de banca itinerante (oficinas móviles) o la realización de operaciones básicas financieras a través de servicios postales.

“Lamentablemente, el Banco de España advierte un uso minoritario de la banca telefónica y, sobre todo, de los canales alternativos (agentes financieros, ofibuses, cashback, Correos Cash), cuyos porcentajes de uso se sitúan en torno al 8 % y al 1 %, respectivamente”, detalla. 

Frente a ello, OCU Castilla-La Mancha considera vital seguir apostando por estos servicios alternativos para evitar el “éxodo masivo y el abandono de estos territorios”, pero siempre y cuando se facilite su uso a los beneficiarios: que sepan cómo funcionan, cuáles son los servicios que se pueden realizar en ellos, que cuenten con una buena difusión y que se les de confianza acerca del uso de los mismos.

El Gobierno vasco va a abrir a lo largo del próximo mes de marzo una licitación para adjudicar la subvención de la instalación de cajeros automáticos en zonas rurales de 34 municipios de Bizkaia, veintidós de Gipuzkoa y ocho de Álava. Desde Lanestosa y Zaramillo en Bizkaia hasta Urrestilla y Beizama en Gipuzkoa, pasando por Luiando y San Vicente de Arana en Álava. “Se trata de trabajar por una efectiva inclusión financiera, que permita el crecimiento el desarrollo económico de las zonas rurales toda vez que la presencia de entidades que presten servicios bancarios fomenta el ahorro, la inversión de las familias y el desarrollo de proyectos empresariales lo que a su vez contribuye al progreso económico de toda la zona”, ha señalado este jueves en un acto en la localidad alavesa de Navaridas, en la que precisamente se ha inaugurado un nuevo cajero.

¿Qué lugares tendrán cajero nuevo?

En la siguiente tabla, puedes encontrar todas las localidades y barrios rurales en los que se instalarán nuevos cajeros automáticos. Dispones, asimismo, de una cajetilla en la que ir introduciendo letras para agilizar la búsqueda, así como de la posibilidad de cambiar el orden de cada una de las columnas.

En el mapa que se adjunta a continuación, se colorean aquellos municipios en los que habrá un nuevo cajero. Al pulsar o pasar el cursor por encima de uno de estos municipios, se indicará en qué localidad o barrio concreto —si es que se especifica— estará el cajero.

Cantabria ha sido la comunidad autónoma donde más ha reducido la banca su red de oficinas entre junio de 2022 y junio de 2023, un 4,9%, según los datos aportados por el Banco de España, que indican también que, en comparación con junio de 2020, Cantabria fue la tercera comunidad con mayor recorte, un 30,4%.

En el conjunto nacional, la banca española continuó reduciendo su red de sucursales en el segundo trimestre de este año, hasta situarla por debajo de las 17.600.

A cierre de junio, había en España 17.597 sucursales, 55 menos que en marzo y 516 menos que en el mismo mes de 2022. Además, el dato del pasado mes de junio marca el nivel más bajo desde diciembre de 1975, cuando la red se situaba en 17.514 oficinas.

Se ha ralentizado, sin embargo, el ritmo de cierres registrado durante la pandemia de COVID-19, cuando diversas entidades bancarias realizaron reestructuraciones para ganar en eficiencia y optar, en cambio, por la digitalización de parte de sus servicios.

Como ejemplo, a finales de 2019 había 24.004 oficinas, una cifra que contrasta con las 17.735 sucursales de diciembre de 2022. Sin embargo, el peor año fue 2021: en solo un año se había cerrado 3.288, pasando de 22.392 en diciembre de 2020 a 19.104 en diciembre de 2021.

Estos cierres, sin embargo, han llevado a la queja a diversos colectivos, como el de las personas mayores que en febrero de 2022 se sumaron a la petición de Carlos San Juan para frenar el cierre de oficinas y la reducción de servicios presenciales.

De estas quejas surgieron el protocolo de atención a personas mayores y con discapacidad y para zonas rurales, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y firmado por las patronales bancarias donde se comprometían a mantener una atención presencial y personalizada para estos colectivos.

Entre los meses de junio de 2023 y de 2022, las comunidades autónomas que más vieron recortada su red de oficina en términos relativos fueron Cantabria (-4,9%), Castilla-La Mancha (-4,7%), Madrid (-4,4%), Baleares (-4,4%), Extremadura (-3,6%), Comunidad Valenciana (-3,6%), Andalucía (-2,8%), Cataluña (-2,7%), Asturias (-2,5%), la Rioja (-2,3%) y Canarias (-2%). Por detrás se situaron País Vasco (-1,9%), Murcia (-1,5%), Castilla y León (-1,3%), Navarra (-1,2%), Galicia (-1,1%) y Aragón (-0,7%).

Si la comparación se realiza con junio de 2020, más de la mitad de las comunidades autónomas han visto reducida su número de sucursales en más de un 20%. Solo Navarra, con un recorte del 12%, Aragón (-13,5%), Extremadura (-17,4%), País Vasco (-18,2%) y Castilla-La Mancha (-19,7%) se sitúan por debajo.

En cambio, las que mayor recorte registraron son Baleares (-33,12%), Madrid (-32,9%), Cantabria (-30,4%) y Cataluña (-30,2%). Le siguen Murcia (-28,2%), Castilla y León (-27,3%), Comunidad Valenciana (-27,2%), Canarias (-25,9%), La Rioja (-25,3%), Asturias (-23,1%), Galicia (-22,6%) y Andalucía (-21,1%).

La Junta de Extremadura aportará 1.279.000 euros del Fondo de Cohesión Territorial a las medidas para evitar la exclusión financiera en zonas rurales puestas en marcha por las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, actuaciones que se desarrollarán en 103 poblaciones y beneficiarán a 85.000 usuarios.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, y los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Carlos Carlos, respectivamente, han firmado, este lunes en Mérida, el convenio sobre medidas contra la exclusión financiera en zonas rurales de la región. Al acto de firma también ha asistido el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, quien ha destacado que el convenio es “una muestra de cómo debemos acometer la funcionalidad del mundo rural, que debe ser capaz de prestar los servicios esenciales a las personas que viven en él”.

En cuanto a los Fondos de Cohesión Social aportados por el Gobierno central, Boya ha señalado que constituyen una nueva herramienta para “apoyar a las comunidades autónomas y que ellas, a su vez, puedan trabajar con las entidades locales para generar servicios y atender, en este caso, a las personas que se encuentran en una situación de exclusión financiera”.

En este sentido, el secretario general ha anunciado la celebración de una nueva Conferencia Sectorial sobre Reto Demográfico “en breve” que abordará “el reparto de una parte de estos fondos para apoyar las competencias digitales de las personas mayores y de los colectivos en riesgo de exclusión”.

Por su parte, la consejera ha subrayado el trabajo conjunto de la Administración regional y las instituciones provinciales que llegará a más de un centenar de municipios, 68 en la provincia de Cáceres y 35 en la de Badajoz, para la instalación de oficinas bancarias y cajeros automáticos. De esta forma, ha declarado García, “acompañamos a nuestras personas mayores para que tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano de Cáceres, Mérida o Badajoz”.

Así, la aportación de estos fondos dará continuidad a las actuaciones desarrolladas por ambas diputaciones, que en el caso de Cáceres ya han llegado a 65 localidades y beneficiado a 70.000 habitantes para evitar su exclusión financiera que “se convierte en exclusión social”, ha declarado Carlos Carlos.

El presidente de la Diputación cacereña ha recordado que la institución ya ha puesto en marcha tres planes en este objetivo, a los que ha destinado 2.583.000 euros. “Cada provincia es diferente y hay que actuar en función del territorio”, ha apuntado, por su parte, el presidente de la Diputación pacense, quien ha asegurado que el dinero destinado a Badajoz servirá para acompañar el proyecto de exclusión financiera que la institución puso en marcha en 2018.

Según ha expuesto Gallardo, este plan, que suma una inversión de cuatro millones de euros, ha permitido la instalación de 35 cajeros automáticos en diferentes municipios, del que se han beneficiado 15.000 usuarios y que han registrado más de 71.000 operaciones y 6,1 millones de euros en movimientos bancarios.

Cifras que “muestran la capacidad de adaptación de las personas mayores”, puesto que “el mayor reto era que los mayores se pudieran adaptar a este modelo, el cambio de lo analógico a lo digital”, ha dicho.

Tarjeta, bizum, transferencias… Incluso vinculando nuestra tarjeta al móvil y acercando este al datáfono ya tenemos la posibilidad de realizar una compra. Aunque las formas de pago digitales toman cada vez más fuerza, el dinero en efectivo todavía se sigue utilizando a pesar de que su uso es cada vez menos común en nuestra sociedad.

Siempre y cuando dispongamos de dinero en nuestra cuenta bancaria, y con la ayuda de nuestra tarjeta de crédito, será tarea sencilla dirigirnos a un cajero automático en busca de dinero en efectivo. Pero es posible que, en ocasiones, intentemos sacar cierta cantidad y el propio cajero no nos lo haya permitido.

Esto se debe a que existen diversas limitaciones a la hora de sacar grandes cantidades de dinero en efectivo de un cajero, ya sean impuestas por cada entidad bancaria o por la Agencia Tributaria. ¿El objetivo de ambas? Garantizar la seguridad en caso de robo y luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Límite fijado por cada entidad bancaria

El primero de los límites a la hora de sacar dinero de un cajero es establecido por cada entidad bancaria, aunque lo más habitual es que este corresponda a 600 euros al día. 

Un límite que habrá pactado el cliente con su banco a la hora de realizar el contrato con él, que se renovará cada día a partir de las 00:00h y que, además, puede modificarse por el usuario siempre que dicho límite esté dentro de lo establecido por la ley. 

Los motivos por los que se establece son varios: como explican desde Caja Rural del Sur estos van desde “impedir que se agote por completo el dinero en días donde se realizan muchas extracciones” hasta “evitar llevar encima grandes cantidades de efectivo, con la intención de evitar robos o pérdidas de mucho dinero”. 

Esta limitación es, además de una forma de combatir el fraude fiscal, una medida de seguridad, pues otro objetivo es impedir que, en caso de robo o duplicado de tarjeta, el ladrón pueda gastar mucho dinero con dicha tarjeta robada. 

Límite legal establecido por la Agencia Tributaria

Que sean 600 euros el límite que suele estar fijado por los bancos para sacar dinero en efectivo a diario no quiere decir que ese sea el máximo establecido por la ley.

De hecho, la Agencia Tributaria permite una retirada máxima de 3.000 euros, aunque a partir de 1.000 euros nuestro banco ya puede solicitarnos tanto justificación como identificación del usuario si les resulta alarmante o sospechoso ese tipo de extracción en efectivo. 

En el caso de querer sacar una cantidad mayor a los 3.000 euros fijados por Hacienda, deberemos dirigirnos en persona a nuestra entidad bancaria, detallando y justificando el porqué de dicha operación. Posteriormente, el banco enviará dicho justificante a Hacienda y al Banco de España.

Combatir el fraude fiscal: el principal motivo de estas limitaciones

Además de por seguridad ante los robos, el otro motivo de estas limitaciones a la hora de sacar dinero en efectivo se basa en intentar combatir el fraude fiscal.

Como dice el artículo 39 de la Ley 35/2006, del 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, “tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente”.

Este es el motivo por el que acreditar la procedencia de nuestros bienes será imprescindible, a no ser que queramos que Hacienda sospeche que estamos cometiendo algún fraude fiscal como el blanqueo de capitales.

Es probable que salten las alarmas de la Agencia Tributaria si extraemos o incluso hacemos ingresos de grandes cantidades de efectivo, principalmente superiores a 3.000 euros, pero también si entre esos ingresos se encuentran billetes de 500 euros, muy poco comunes. 

Tanta es la lucha contra el fraude fiscal que hace dos años ya se estableció la Ley 11/2021 del 9 de julio, para actualizar e instaurar medidas de prevención y lucha contra el mismo. 

Limitaciones del pago en efectivo

En ella, entre diferentes aspectos dirigidos a asentar parámetros que eviten la elusión fiscal, se establecieron unas limitaciones respecto al límite máximo de dinero que se puede pagar legalmente en efectivo.

En dicha ley se establece que se ha disminuido “el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros”. A la vez que también “se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España” y que anteriormente era de 15.000 euros.

Además, la ley prevé una multa equivalente al 25% del monto pagado en efectivo para quienes excedan ese límite, pudiendo aplicarla a ambas partes, tanto al pagador como al receptor del dinero.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines 

Ya en 2014 la Unión Europea (UE) se planteaba, mediante la Directiva de Cuentas de Pago (Directiva 2014/92/UE de 23 de julio de 2014), la necesidad de garantizar a cualquier persona de la UE el derecho a disponer de una cuenta bancaria que permita realizar transferencias y pagos, y tener una tarjeta de débito. 

El objetivo es evitar la exclusión financiera de las personas en situación de vulnerabilidad, esto es, desde personas en riego de exclusión social o pobreza a estudiantes sin ingresos, trabajadores extranjeros, etc. La idea es que sin una cuenta es imposible tener un desarrollo y un progreso económico que nos proteja.

Tal como explicaba en 2020 Beatriz Fernández Olit, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del colectivo Economistas Sin Fronteras, “este derecho debería apreciarse cuando necesitamos domiciliar un recibo de, por ejemplo, suministros como la electricidad, cuyo derecho de acceso ha tenido mucha más repercusión en el debate público”.

“O cuando se tiene que recibir una ayuda pública”, añade Fernández Olit: “léase una beca de estudios o el ingreso mínimo vital”. Otros casos para los que está pensada la cuenta de pago básica es cuando no se posee una nómina fija o en caso de trabajadores extranjeros.

Cuando se habla de cuenta básica de pago nos referimos a poder tener con cualquier banco una cuenta para recibir dinero, guardar ahorro o pagar gastos y domiciliaciones, con un coste máximo de 3 euros mensuales o, si cumplimos determinados requisitos de vulnerabilidad económica, de modo gratuito. Esto siempre y cuando no tengamos otra cuenta previamente abierta.

Poco interés de los bancos

Olit advertía ya en 2020 del poco interés que tienen los bancos en promocionar este tipo de cuentas, cuando no una sospechada intencionalidad en esconder su existencia, en lo que la economista llamaba “desequilibrio en la información que conoce cada una de las partes”.

“Son las entidades bancarias las que temen que quizá no vayan a ganar lo suficiente con las comisiones cobradas, o con otros servicios asociados a esta cuenta”, apuntaba entonces la economista para explicar la poca difusión de este instrumento contra la exclusión.

Este periódico ya constató en su día que los bancos exigen cada vez más vinculación a sus clientes para poder esquivar las comisiones en sus cuentas; esto es contratación de seguros, domiciliación de nóminas, préstamos, etc. Todo aquello que sustituya, en resumen, el negocio que suponen las crecientes comisiones.

Economistas Sin Fronteras realizó una prospección en entidades de diversos bancos mediante la técnica de mistery shoppers (camuflados de clientes) y determinó que “solo un 23% de las entidades colgaba la información [sobre la cuenta] en el tablón de anuncios”.

Además constataron que “ninguna entidad había desarrollado folletos u otros elementos de publicidad, más allá de los folletos legales, y en solo una sucursal el personal comercial había gestionado y abierto cuentas básicas”.

Sin poder retirar dinero en ventanilla de modo gratuito

Dos años más tarde, la situación parecía no haber cambiado, tal como denunciaba el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que se quejó en febrero del año pasado de que “el Banco de España (BdE) se ha vuelto a posicionar del lado de la banca mediante una forzada interpretación de la normativa con la que pretende dar carta de legalidad a la práctica de negar la retirada de efectivo en ventanilla a los usuarios [de cuentas de pago básicas].

La Directiva 2014/92/UE de 23 de julio de 2014 establece que los usuarios de estas cuentas tienen derecho a sacar efectivo en las oficinas bancarias “en la ventanilla, o en los cajeros automáticos fuera del horario de apertura de la entidad de crédito”.

Según Sánchez, el gobierno de Rajoy eliminó el derecho a retirar el dinero en la ventanilla de modo gratuito al trasponer la directiva al Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, manteniéndolo solo cuando no hubiera la alternativa de un cajero automático, añadiendo así el problema de la exclusión digital.

La prospección de Asufin

Adicionalmente un nuevo estudio de la Asociiación de Usuarios Financieros (Asufin) mediante mistery shoppers ha revelado que el porcentaje de entidades que ofrecen directamente a sus futuros clientes la cuenta básica de pago apenas llega al 15%.

El estudio destaca que en el caso de colectivos declaradamente vulnerables “se ofrece la cuenta básica como primera opción” solo en un 38% de los casos, cuando está especialmente pensada para ellos. Si bien “cuando el usuario da a conocer su situación de vulnerabilidad (marcada por los ingresos en base al IPREM), este porcentaje se eleva al 80% de los casos”.

Además Asufin constata falta de información por parte de los empleados, ya que “en el 23% de los casos se omiten cuestiones importantes como que es gratuita para los colectivos vulnerables y que las condiciones para obtener esta bonificación se revisan cada dos años.”

El estudio también destaca que en el 66% de las ocasiones, en el caso de los jóvenes (que normalmente no tienen una cuenta bancaria y podría suponer un acceso cómodo y gratuito al sistema), se les ofrece la cuenta comercial como primera opción. Y lo mismo le sucede al 63% de las personas del colectivo inmigrante y al 53% de los trabajadores del hogar.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines 

Barcelona tendrá 161 nuevos cajeros automáticos que desplegará hasta finales de este año para garantizar la accesibilidad al dinero efectivo en todos los barrios de la ciudad, sobre todo a la gente mayor, ante la tendencia de cierre de cajeros y oficinas bancarias durante los últimos años.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado en rueda de prensa este miércoles que este despliegue incluye una prueba piloto que el Ayuntamiento, a través de un convenio con el Banc Santander --el único que ha accedido al acuerdo, según él--, está llevando a cabo en cuatro mercados de la ciudad: el del Besòs, Sants, La Llibertat y Sant Antoni.

Collboni ha destacado que esta iniciativa, que se hará extensiva a más mercados si acaba teniendo buenos resultados, presenta beneficios prácticos y de seguridad tanto para clientes como para comerciantes, pues la mayoría de compras en los mercados se realizan en efectivo.

El Ayuntamiento también ha establecido un convenio con los quiosqueros, en concreto con la Associació de Professionals de Venedors de Premsa de la ciudad, y con la startup Urban service Point, para que 125 quioscos instalen un cajero automático.

Sin dinero público

El también titular de Economía del consistorio ha asegurado que no se ha destinado dinero público a estas acciones y ha lamentado que algunas entidades bancarias querían cobrar al Ayuntamiento por poner cajeros y bancos: “Lo que no puede ser es que además pretendan hacer negocio con el dinero público”.

Preguntado por las empresas que instalan cajeros automáticos y que tienen convenios con las distintas entidades bancarias como son los de ATM, ha detallado que no pagarán alquiler del espacio público como incentivo y que operan con comisiones de entre 0,5 y 2,5 euros, en sus cifras.

Entre otras acciones en la ciudad, Transports Metropolitans de Barcelona garantizará 11 nuevos terminales durante el primer semestre de 2023 en las estaciones de Sant Andreu, Mercat Nou, Pompeu Fabra, Canyelles, Roquetes, Alfons X, Trinitat Nova, Ernest Lluch, Vall d'Hebron, Coll Teixonera y Cornellà Centre, que se sumarán a los 21 ya existentes.

“Desertización” bancaria

Collboni ha reconocido que, igual que en el mundo rural, las grandes ciudades tienen un problema de “desertización bancaria” en los barrios porque las entidades consideran que no son rentables y dejan a los vecinos sin servicio y sin efectivo, para él.

En datos del consistorio, Barcelona ha perdido en cuatro años el 40% de los cajeros en vía pública con 497 menos: de los 1.214 de 2018 a los 717 de 2022, y ha destacado la “consiguiente afectación” que conlleva en la ciudadanía.

En cuanto a las medidas estatales que el Ayuntamiento ha reclamado ante esta tendencia de cierre de cajeros en el espacio público, el líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que hay que garantizar el servicio bancario telefónico para las personas mayores y también distribuir más cajeros por todo el territorio.

En paralelo, Barcelona trabaja en aumentar la cultura financiera de los mayores y en reducir la brecha digital para evitar la “exclusión financiera” con cursos formativos, y ha articulado un teléfono contra la desertización bancaria y una guía de consejos de consumo.