El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel cuenta actualmente con 1.400 hectáreas encharcadas sobre una capacidad máxima de 1.750 hectáreas, por lo que se encuentran al 80% de su capacidad.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que ha visitado este Parque Nacional para conocer el estado de las obras del Centro de Visitantes, que se convertirá en un museo.

“Están a un gran nivel, aunque todavía el nivel del subsuelo está muy pobre”, explicaba el delegado, alertando de los peligros que conlleva para el medio ambiente la sequía, el cambio climático o la sobreexplotación del agua, por lo que ha animado a cuidar la naturaleza y el entorno rural y a “estar atentos de esta problemática”.

“Ojalá consigamos que en algún momento el subsuelo de Las Tablas se pueda ir rellenando y en el futuro tener garantizado el agua”, ha añadido.

75.000 visitantes al año

Con respecto a las obras del Centro de Visitantes, que se convertirá en un museo mediante una inversión de 1.327.000 euros, Sabrido ha explicado que permitirán una mejor interpretación del Parque Nacional desde una perspectiva científica y sensorial, concienciar sobre la conservación del agua y la biodiversidad y conectar al visitante con el territorio manchego.

Al hilo de esto, el delegado del Gobierno ha destacado la importancia del agua como “valor esencial” y “requisito imprescindible para la vida”, a la vez que alertaba sobre la necesidad de que haya unanimidad para “cuidarla y mantenerla”.

Además, las inversiones del Gobierno de España en Las Tablas de Daimiel también contemplan la construcción de un centro de cría de aves acuáticas amenazadas, por un valor de 557.535,58 euros. Esto permitirá incorporar nuevas especies a programas de conservación, como la focha moruna, la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca o el porrón pardo.

En total, la inversión del Gobierno de España en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel supera los 2,4 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation. Con todo ello, el objetivo es poder aumentar el flujo de visitantes que atrae el Parque Nacional, que actualmente se encuentra en torno a los 75.000 anuales y se pretende que se puedan alcanzar los 100.000.

La Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada este lunes en Zaragoza ha concluido con el compromiso de reforzar la presencia policial en barrios zaragozanos de Delicias y Las Fuentes y avanzar en la puesta en marcha del sistema VioGen en la capital aragonesa. Policía Nacional y Policía Local intensificarán la coordinación operativa tras el repunte de robos registrado durante las últimas semanas.

El encuentro ha permitido analizar el desarrollo de la operación Mangosta, desplegada por Policía Nacional tras detectarse una sucesión de robos cometidos mediante el método del 'alcantarillazo', consistente en utilizar tapas de registro o alcantarillas para fracturar escaparates y acceder a comercios durante la noche.

Según el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el operativo acumula ya más de 40 detenidos y alrededor de 50 hechos esclarecidos y continuará activo, reforzando especialmente en horario nocturno mediante una reorganización de turnos y una mayor coordinación entre Policía Nacional y Policía Local.

Entre las medidas acordadas figura el incremento de patrullas entre la una y las seis de la madrugada, la franja en la que se concentraban la mayoría de los delitos. También se estudiará la combinación de vehículos uniformados y patrullas de paisano para mejorar tanto la capacidad preventiva como las detenciones.

Además, el Ayuntamiento ha avanzado que continuará ampliando la red de cámaras de videovigilancia y que los barrios más afectados por estos robos estarán entre las zonas prioritarias para futuras instalaciones.

'Pullitas' cordiales

La reunión entre la alcaldesa de Zaragoza y el delegado del Gobierno en Aragón llegaba precedida de semanas de reproches cruzados a golpe de declaración y comparecencia pública. Y aunque ambos dirigentes se esforzaron este lunes en subrayar la “cordialidad” del encuentro tras la Junta extraordinaria de Seguridad, las diferencias volvieron a asomar entre líneas, con varios recados lanzados en formato institucional y sonrisa diplomática.

Natalia Chueca abrió su intervención reivindicando el papel del Ayuntamiento en la convocatoria de la reunión y dejando claro desde el primer minuto quién había movido ficha. La alcaldesa recordó que fue ella quien solicitó el pasado 6 de mayo la Junta Local de Seguridad ante el aumento de delitos en Delicias y Las Fuentes para “conocer los medios que se están poniendo” por parte de quienes tienen las competencias en seguridad ciudadana, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil.

La respuesta de Fernando Beltrán llegó pocos minutos después y con puntualización incluida. El delegado del Gobierno quiso dejar claro que la maquinaria policial ya estaba en marcha antes de recibir la carta de la alcaldesa. “La operación arranca incluso antes de recibir la carta de la alcaldesa, ya se sabía que estaban esos hechos delictivos en marcha”, subrayó al detallar la operación Mangosta. Traducido al lenguaje político: gracias por la preocupación, pero nosotros ya estábamos trabajando en ello.

Beltrán también aprovechó para recordar el reparto competencial en materia de seguridad cuando explicaba que la ley atribuye al Estado la responsabilidad de la seguridad ciudadana, pero añadió que ese trabajo se desarrolla “con otro conjunto de instrumentos” en los que participan también las policías autonómicas, las policías locales e incluso la seguridad privada.

Ni siquiera el debate sobre cómo reforzar la vigilancia nocturna escapó a ese pequeño pulso institucional. Mientras desde el Ayuntamiento se defendía una mayor presencia visible de patrullas, el delegado del Gobierno bajó el asunto “al terreno muy técnico” para explicar que los coches rotulados tranquilizan al ciudadano… pero también alertan a los delincuentes. Según Beltrán, los vehículos camuflados permiten “muchísimo mejor la identificación y las detenciones”. Una forma elegante de decir que no todo se arregla con más luces azules.

El intercambio más fino llegó, sin embargo, al final de la comparecencia. Preguntado por las diferencias mantenidas en las últimas semanas sobre inmigración y regularización, Beltrán despachó el asunto con rapidez: “No lo hemos tocado en esta Junta Local de Seguridad, porque en este momento no produce problemas en materia de seguridad ciudadana”.

La frase parecía destinada a cerrar el debate, pero la alcaldesa recogió el guante poco después, cuando fue preguntada por el futuro del Real Zaragoza tras el descenso. Chueca defendió que la situación deportiva del club no debía mezclarse con el proyecto de la Nueva Romareda y aprovechó la explicación para deslizar una réplica indirecta: “Igual que ahora no hemos hablado de la seguridad en esta Junta Local de Seguridad y no hemos hablado del proceso de regulación de inmigrantes, porque si lo mezclásemos todo sería todo más complicado”.

Otro de los enfrentamientos entre ambas administraciones residía en la implantación del sistema VioGen que permitirá a la Policía Local colaborar en el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Durante los últimos meses, la alcaldesa había reclamado públicamente en varias ocasiones la incorporación de Zaragoza al sistema estatal de seguimiento de víctimas de violencia de género, llegando incluso a reprochar al Gobierno central la lentitud del proceso. Sin embargo, este lunes la pelota quedaba en el propio Ayuntamiento. El delegado del Gobierno se ha limitado a esperar hasta que Chueca designe los efectivos, mientras la alcaldesa ha explicado que las negociaciones con los sindicatos sobre las condiciones de la nueva unidad se encuentran ya en su fase final y que la previsión es iniciar la formación en las próximas semanas.

Pero no todo han sido pullas. Ambos responsables institucionales han coincidido, aunque no con Vox, en trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, subrayando que Zaragoza sigue siendo una de las ciudades más seguras de España y que los recientes episodios delictivos registrados en algunos barrios responden a situaciones coyunturales y no estructurales. En este sentido, el delegado del Gobierno ha destacado que la capital aragonesa presenta índices de criminalidad “10, 15 o incluso 20 puntos por debajo” de otras ciudades españolas de tamaño similar, mientras que la alcaldesa insistió en que Zaragoza mantiene “un índice de delitos reducido en proporción a su población”.

“El Gobierno de España volverá a asegura la financiación del Plan Corresponsables a pesar del grado de ejecución del Gobierno de La Rioja”. Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, además de hacer público el grado de ejecución de dicho programa por parte del Gobierno de La Rioja, “un 31,5 por ciento”.

Aun así, el Gobierno de España “vuelve a asegurar la financiación del Plan Corresponsables con la transferencia al Gobierno de La Rioja de 2,29 millones de euros para su desarrollo durante este año, pese a que el año pasado el Gobierno autonómico ”redujera la inversión al solo ejecutar un 31,5 por ciento“, ha reiterado. Es más, ha asegurado que ”La Rioja es la única comunidad autónoma que ha dejado de ejecutar recursos económicos y que ha planteado problemas“.

Los problemas de La Rioja

Y es que “uno de los requisitos establecidos por el Gobierno de La Rioja para acceder a estse programa”, ha explicado la delegada, “era disponer de certificado de empadronamiento, condición que el Gobierno de España considera que no se puede exigir como condición de acceso porque el modelo pretende garantizar la equidad y no la exclusión”.

Y además, el Ejecutivo regional planteó la posibilidad de que los ayuntamientos “pudieran establecer tasas por utilizar los servicios del Plan”. Algo que, ha aclarado Arraiz, “sí pueden hacer los consistorios, pero a cambio deberán devolver el dinero o invertirlo de nuevo en el propio Plan Corresponsables porque la tasa nunca puede ser algo que impida el acceso a la ciudadanía”.

Y es que, ha recordado que el Plan Corresponsables “tiene como objetivo garantizar facilitar la conciliación de la vida laboral familiar y personal mediante la creación de una red de servicios de cuidado para menores de hasta 16 años. El Gobierno de España financia el 75 por ciento de los fondos y el Gobierno de La Rioja asume el 25 por ciento restante”.

El Plan llega a La Rioja en 2021, con el gobierno socialista

El Plan Corresponsables llegó a La Rioja en 2021 con el gobierno socialista de Andreu. Se trata de una política pública impulsada por el Ministerio de Igualdad dirigida al cuidado de niños y niñas menores de 14 años que se aprobó en el Consejo de Ministros de 9 de marzo de ese año con una dotación presupuestaria de 190 millones de euros. Este primer año llegó a La Rioja algo más de 3,3 millones. “Una ayuda dirigida a los municipios y mancomunidades de La Rioja para que impulsen servicios en favor de la conciliación de la vida personal familiar y laboral, fundamentalmente en el ámbito rural, desde un enfoque feminista, promoviendo la corresponsabilidad y la creación de un empleo de calidad en el sector de los cuidados”, se aseguraba en la presentación.

El Plan Corresponsables es un servicio de cuidado para niños y niñas menores de 14 años puede prestarse de varias formas, en función de las necesidades de conciliación del municipio:

Estos servicios de cuidado serán fundamentalmente gratuitos y se dirigirán a todas las familias, si bien tendrán preferencia:

La Delegación del Gobierno ha confirmado la muerte de una mujer mayor y de su hijo, cuyos cuerpos han sido hallados en el interior de la vivienda en la que residían en la calle Almería de Albacete, tal y como ha adelantado CMMedia.

Fuentes gubernamentales han confirmado que ambos podrían haber fallecido por muerte natural, aunque se ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de su defunción, que se podría haber producido hace varios días.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que tras recibir una llamada sobre las 14.50 horas de este viernes, recursos sanitarios se han movilizado hasta la vivienda, donde han hallado a los dos fallecidos.

El edificio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, situado en la céntrica plaza de Zocodover en Toledo, volverá a vivir --por segundo año consecutivo-- un Corpus Christi sin invitados por las obras de rehabilitación que se están realizando en esta sede.

En una entrevista concedida a Europa Press, el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha querido poner de manifiesto su compromiso con esta festividad. “El Corpus es una fiesta religiosa en la que yo me siento a gusto”, ha sentenciado.

Recuerda que el Corpus de Toledo está declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y es “una fiesta digna de participar en ella”, ha subrayado, por lo que Sabrido asistirá “orgulloso” a la procesión del Corpus 2026, que tendrá lugar el 4 de junio.

Es tradición que los balcones de la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha se llenen ese día de autoridades políticas y civiles para observar el paso de la Custodia de Arfe entrando a la plaza de Zocodover. El año pasado fue el primer año, debido a las obras, que no hubo invitados en la balconada.

“No acometeremos ninguna actuación que ponga en riesgo a los ciudadanos”, ha destacado Sabrido, quien ha señalado que si alguna autoridad solicita acudir a la Delegación, se le atenderá ofreciéndoles alguna de las sillas que corresponden a esta institución.

De otro lado, el delegado ha confirmado que la fachada de la Delegación del Gobierno lucirá engalanada también este año con el objetivo de que el Corpus “brille” también en la plaza de Zocodover.

Asimismo, ha informado de que aunque en la actual sede de la Delegación, situada en la plaza de San Vicente, no tiene la visibilidad de la plaza de Zocodover, sí que lucirá una decoración especial con motivo de esta festividad. También recibirá a una representación del Corpus de Lagartera con el fin de “hacer visible” el Corpus en las distintas localidades de Castilla-La Mancha.

Las obras en Zocodover, hasta finales de 2027

Sabrido ha aprovechado para recordar las obras de rehabilitación que se están acometiendo en la sede de la Delegación en la plaza de Zocodover. Ha admitido que este edificio tiene “unos déficits estructurales” desde hace muchísimo tiempo y “probablemente” nunca se tuvo que esperar tanto tiempo para cometer la reforma.

“Si probablemente esta reforma se hubiera llevado a cabo hace ocho, diez o doce años, que también hubiera hecho falta, hoy tendríamos una Delegación del Gobierno espléndida”. Unas obras que el delegado estima concluyan a finales de 2027.

La inauguración de la escultura 'Adam' de Martina Lasry en el Museo Sefardí, un mural participativo de grandes dimensiones en el Museo del Greco de la ilustradora Alicia Warhola o una jornada de puertas abiertas en el Archivo Histórico de la Nobleza son algunas de las actividades que la ciudad de Toledo acogerán en estos enclaves con motivo del 'Día de los Museos'.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, junto a los representantes de los espacios museísticos, ha presentado esta iniciativas de carácter estatal con motivo de esta efeméride, que se conmemora el 18 de mayo, y que este año cuenta con el lema 'Museos, uniendo un mundo dividido'.

La directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez Nogales, ha explicado que el próximo lunes 18 de mayo se presentará la escultura 'Adam', de Marina Lasry, una miembro importante de la Comunidad Judía de Madrid, autora de todas las esculturas que el Museo Sefardí expone en su patio.

Por su parte, la directora del Museo del Greco, Carolina Tobella, ha indicado que la ilustración de grandes dimensiones realizada por la ilustradora Alicia Warhola se va a poder ver el lunes 18 de mayo, mostrando “el viaje que realizó el Greco desde Creta hasta Toledo” en una unión de “las dos Europas, oriental y occidental”.

En esta ilustración se podrán ver “todas las obras más importantes que están repartidas por todo el mundo, para ver hasta dónde ha llegado el pintor” y además, los visitantes podrán plasmar en él “de dónde vienen” para trasladar esa idea de unión que fraguan los museos, ha afirmado la directora del Museo del Greco.

Asimismo, el jefe de Difusión del Archivo Histórico de la Nobleza, Alejandro Sierra, ha explicado que el domingo 16 de mayo se celebrará una jornada de puertas abiertas mediante dos pases, a las 20.00 y a las 22.00 horas. En estas jornadas se mostrará el patio del Hospital Tavera, también la sala de investigadores y quizá “los depósitos donde se custodia la documentación histórica y en la que se hará una muestra de algunos de los documentos más importantes del Archivo”. La visita correrá a cargo de un técnico del archivo pero además va a ser amenizada por actores que harán que la visita conjugue la didáctica con la teatralización.

El director del Museo del Ejército, el general de brigada Francisco Germán Martínez, ha señalado que el espacio que dirige se centrará en la exposición temporal 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación'. También, el sábado 23 el Museo del Ejército albergará otros actos, como el relevo de la guardia y un arriado de bandera, “más enfocado al Día de las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, tal y como ha explicado la directora del Museo Sefardí, se va presentar un “recorrido virtual por el patrimonio de Toledo” denominado 'Palabras Antiguas, Diálogos Presentes, de Toledo medieval hasta hoy', y será un viaje por el patrimonio de los museos, que podría estar listo en este mes de mayo, para “intentar” que se pueda ver por el público “en cada uno de los espacios” en la semana con motivo del Día de los Museos.

También el Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará el próximo 18 de mayo el Día Internacional de los Museos bajo el lema, con una programación compuesta por 60 actividades repartidas por las cinco provincias.

Lo ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, quien ha señalado que las propuestas, organizadas por los museos dependientes de la Junta, se desarrollan entre los días 9 y 29 de mayo y convertirán a estos espacios culturales en “puntos de encuentro, reflexión y participación ciudadana”.

Actividades el museos de titularidad autonómica

La programación incluye exposiciones temporales, visitas guiadas y teatralizadas, talleres, conferencias, conciertos, recitales, actividades didácticas, espectáculos, presentaciones de libros e itinerarios expositivos vinculados a temáticas como la arqueología, la memoria histórica, la fotografía, la cerámica, la paleontología, la música, la astronomía, la literatura o el patrimonio medieval. Todo ello desde una perspectiva educativa y participativa que busca acercar la cultura a públicos de todas las edades.

En la provincia de Albacete, el Museo de Albacete acogerá actividades como el recital ‘Piezas comentadas’, la inauguración de la exposición ‘Historia de una amistad’ y el recorrido musical por sus salas de arqueología y bellas artes. Además, la Colección Museográfica de la Infancia Juan Peralta ofrecerá visitas familiares y teatralizadas centradas en la historia educativa y social del siglo XX.

En Ciudad Real, el Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced desarrollará talleres de caligrafía, visitas sobre el legado romano, espectáculos de magia y distintas exposiciones vinculadas a la fotografía histórica, las bellas artes y la arqueología. También se celebrarán visitas temáticas sobre piezas arqueológicas llegadas de lugares remotos y representaciones teatrales dirigidas al público escolar.

La programación de Cuenca combinará arqueología, música y divulgación científica. El Museo de Cuenca organizará conferencias sobre arte rupestre y antigüedad tardía, conciertos y visitas guiadas a su colección permanente. Por su parte, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha celebrará actividades centradas en la observación de eclipses y astronomía, mientras que el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha desarrollará propuestas didácticas dirigidas al público infantil.

En Guadalajara, el Museo de Guadalajara concentrará una intensa programación con visitas guiadas a la exposición ‘Las civilizaciones del bronce en el suroeste de China’, conferencias históricas y numismáticas, talleres de escritura, conciertos y presentaciones de libros. Entre las actividades más destacadas figura la presentación de las monedas de la antigua Ceca de Guadalajara y un concierto de música sefardita en el Patio de los Leones.

Por último, la provincia de Toledo será la que reúna el mayor número de actividades. El Museo Ruiz de Luna desarrollará talleres de cerámica y creatividad, además de inaugurar la exposición De Évora a Ébora. Un viaje cerámico. En la capital regional, el Museo de Santa Cruz, el Museo de los Concilios y el Taller del Moro organizarán exposiciones, visitas teatralizadas, conciertos, itinerarios patrimoniales y aperturas extraordinarias con motivo de la Noche de los Museos. Destacan especialmente la exposición Los mapas y la primera vuelta al mundo y el itinerario expositivo Palabras pasadas, diálogos presentes.

Todas las actividades y dossier pueden consultarse en este enlace.

“Pero, ¿esto es legal?”. La pregunta es de Montse, que atraviesa la Puerta del Sol un viernes por la noche. El policía al que se la formula da un sí escueto y continúa vigilando la marcha, que tan rápidamente había captado su atención. Hacia ellos se dirigen decenas de personas, 400 según la Delegación del Gobierno, que zarandean banderas de España al grito de “Pedro Sánchez, hijo de puta” y entre alabanzas a Primo de Rivera, entonando el Cara al Sol o exigiendo “más nación y menos Constitución”. Aunque una de sus consignas resonó por encima del resto: “Frente a su invasión, ¡remigración!”. Son la Falange Española y de las JONS, herederos de un partido fundado en los años 30 por José Antonio Primo de Rivera y previo a la sublevación Franquista. Esta misma semana ha obtenido un permiso estatal para concentrarse en Callao. Una hora antes y a pocos metros de allí, otros gritan justo lo contrario. Lanzan una advertencia en clave histórica: “¡No pasarán!”.

Con idea de contraprogramar la convocatoria, un colectivo antifascista de Madrid decidió organizar su propia marcha en Tirso de Molina. A modo de némesis, esbozó un lema opuesto al de la organización falangista. “¡Fuera racistas de nuestros barrios!”, coreaba al unísono otra multitud paralela, cifrada en 350 personas. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, mantuvo hasta el último minuto la incógnita sobre si permitiría o no la protesta de Falange, a la que accedió un día antes de la cita. Sin embargo, el recorrido sufrió varias modificaciones para no cruzarse a la alternativa crítica con sus postulados.

El lema escogido para el acto de Falange tampoco es casual. En las últimas semanas, las oficinas de Extranjería y otros centros habilitados en Correos o la Seguridad Social se han visto colapsados por los trámites para la regularización masiva de migrantes, un proceso extraordinario que formalizará la situación administrativa de, aproximadamente, medio millón de extranjeros sin papeles en España. El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la norma a mediados de abril, después de un largo periplo parlamentario. En realidad, el motor de la regularización fue una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) impulsada por grupos ciudadanos, que comenzó a gestarse en 2020 y en pocos años presentó más de 700.000 firmas.

Como la medida no se ha aprobado hasta este año, solo permitirá formalizar su situación a los migrantes llegados a España antes del 1 de enero. En estos casos, se podrá aspirar a un permiso de residencia y trabajo con un año de duración y opción a prórroga. Es decir: les abrirá las puertas de la regularización. Con esto, el Estado pretende favorecer la integración laboral y social de quienes ya viven aquí para contribuir a la economía nacional. Sin embargo, la inmigración irregular ha sido y es un importante caldo de cultivo para grupos ultraconservadores o de extrema derecha, como Falange Española y Vox.

Estos últimos, sin ir más lejos, llegaron a abandonar todos los gobiernos autonómicos de los que formaban parte a raíz de un desacuerdo con el PP, su aliado mayoritario, por el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades. En la manifestación que ahora defiende la regularización de medio millón de migrantes se ven muchas caras jóvenes, aunque también a hombres y mujeres de entre 40 y 50 años. Algunos ondean banderas con el símbolo comunista o frases escritas en cirílico.

Una marcha en vilo hasta el último momento

“Lamentablemente hace buen tiempo”, ironizaba, del otro lado, el presidente de Falange Española, Norberto Pico. También estaba presente en la manifestación racista de Callao. “No hubiese estado que mal que les cayera un poco de agua a esos guarros”, añadía ante el júbilo de su público, eminentemente joven, para referirse a la Coordinadora Antifascista de Madrid, la entidad que les había contraprogramado. Un representante de las Juventudes de Falange llegó a advertir que su generación estaba siendo laboralmente sustituida por “esclavos africanos”, y que las ayudas sociales iban dirigidas principalmente a “delincuentes” extranjeros.

Sin embargo, el mensaje que corona la manifestación de Falange no se ajusta a la realidad. El diccionario de la Real Academia Española define invadir como irrumpir o entrar por la fuerza en un lugar. Otras acepciones válidas serían “ocupar anormal o irregularmente”, cuando el lema Frente a su invasión: Remigración surge poco después de una normativa que ha sido aprobada en las Cortes Generales y que, antes de eso, ya había sido motivada por una base sólida de apoyo ciudadano.

“Estamos aquí para defender la regularización”, detalla uno de los militantes de la Coordinadora Antifascista, en declaraciones a Somos Madrid. Cuando supieron de la manifestación organizada por Falange, que aún no había sido aprobada, decidieron concentrarse el mismo día y casi a la misma hora. No temían que eso diera un altavoz mayor a sus rivales, pues “lo normal es que sus actos resuenen mucho y nunca sean replicados”. “Preferimos no dejar más discursos racistas sin respuestas”, determinan los organizadores, que no solicitaron formalmente un permiso para manifestarse y llamaron a la “concentración espontánea” en redes.

Antes de empezar, sobre las 19.00 horas, ya había al menos siete furgones de la Policía Nacional y algunos coches de la Municipal junto a la avenida que hay pegada a la plaza. Ataviados con chalecos protectores y porras para controlar posibles altercados, los agentes ejercían una presión implícita. Entre los asistentes a la contramanifestación también estaba Serigne Mbaye, activista antirracista, miembro de la plataforma Lavapiés al Límite y exdiputado regional de Podemos. Un mes antes, a finales de marzo, fue detenido frente a su casa acusado de desobediencia grave y un delito resistencia a la autoridad. Nada más salir de comisaría, Mbaye habló de “racismo puro y duro”.

Así que ha decidido acudir a contrarrestar una manifestación que pide la “remigración” de extranjeros. Que sea Falange Española quien dio este paso también ha levantado sus alarmas. Un día antes de la convocatoria, a sabiendas de ese día se habría otra protesta antifascista y podían coincidir, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid accedió a permitir la marcha falangista, aunque obligando a limitar su recorrido original. Inicialmente iba a llegar hasta Tirso de Molina, pero es este lugar donde una hora antes tenía previsto comenzar la manifestación antifascista. Falange presentó un recurso contra la decisión del delegado. Poco antes de su cita, terminó desestimándose y el recorrido se acotó hasta Sol.

Delegación quería que Falange se quedara a las puertas de Lavapiés, sin llegar a entrar hasta la plaza de Tirso. La previsión inicial de los organizadores también era empezar la concentración en Callao, aunque cruzando parte del centro hasta desembocar en Tirso de Molina. El recorrido debía haber llegado parte alta de Lavapiés y los convocantes llevaban días caldeando las redes con mensajes xenófobos, como el de un avión sobrevolando las cuatro torres de Madrid bajo una marca ficticia: Remigration Airlines. Finalmente, el recorrido quedó reducido por un cordón policial, desplegado en la frontera entre ambas manifestaciones.

En la de los falangistas, programada a las 20.30 junto a los Cines Callao, pudieron verse banderas de todo tipo: primaba la rojigualda, pero sobre ella también podían leerse mensajes críticos contra el Gobierno o apreciar la silueta estampada de un toro de Osborne. Otros estandartes enseñaban el logo de Falange Española, que continúa inscrita como formación legal en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. “¡Ayuso, payasa, los menas a tu casa!”, gritaron repetidas veces sus adeptos, que repartieron igualmente dardos hacia el PP y la “derechita cobarde”.

La convocatoria de este viernes surge en un contexto de tensión política y social, después de episodios recientes en los que grupos falangistas arremetieron contra colectivos. El precedente más inmediato fue un ataque en la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo lugar en marzo. Un grupo de militantes vinculados a Falange irrumpió en facultades del campus de Somosaguas durante actos previos al 8M para arrancar la cartelería feminista o desplegar pancartas con otros lemas. La Policía Nacional, que lo consideró una actuación “coordinada”, detuvo luego a 13 personas y puso a seis menores a disposición de la Fiscalía correspondiente.

No hay ninguna persona procedente de Castilla-La Mancha a bordo del crucero MV Hondius en el que se han registrado varios casos de hantavirus, según ha dado a conocer este jueves la delegación del Gobierno de España en esta comunidad autónoma.

La institución ha facilitado además información sobre el hantavirus, un grupo de virus que viven de forma natural en roedores, sin enfermarlos. Sobre si se pueden o no transmitir a las personas, se detalla que la infección puede producirse principalmente al inhalar aerosoles compuestos a partir de las heces, orina o saliva de roedores infectados.

Los entornos de mayor riesgo son rurales y cerrados: cabañas, graneros, leñeras o desvanes con presencia de ratones. La transmisión entre personas es “excepcional”, subraya la misma información, y se ha documentado únicamente con una cepa: el virus Andes. Esta cepa es originaria de la Patagonia argentina y chilena, y es la que ha originado el brote a bordo del MV Hondius.

¿Se puede transmitir a las personas?

Sobre si las personas pueden infectarse, los estudios demuestran que este virus se replica en las glándulas salivales submandibulares y en el epitelio pulmonar, lo que explica que el contagio se produzca por saliva y gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar a corta distancia.

Este contagio ocurre si hay un contacto estrecho y prolongado durante en los primeros días de enfermedad, cuando los síntomas todavía se confunden con los de una gripe común.

Si estos virus llegan a las personas pueden causar cuadros de gravedad muy variable, desde síntomas leves parecidos a una gripe hasta enfermedades graves.

¿Cómo se desarrolla esta enfermedad?

El curso clínico tiene típicamente dos fases y su duración y gravedad dependen de la cepa. La fase inicial dura aproximadamente entre tres y cinco días con fiebre, malestar general, escalofríos, dolor muscular intenso, cefalea y a menudo síntomas digestivos (náuseas, vómitos, diarrea). Esta fase es indistinguible de cualquier cuadro vírico común.

La fase más grave llega después, con progresión rápida a insuficiencia respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones e hipotensión, que puede derivar en shock. Es en esta fase donde se concentra la mortalidad y donde se requiere ingreso en cuidados intensivos.

¿Cuál es el periodo de incubación del hantavirus?

Sin síntomas, por lo general es de 1 hasta 8 semanas, con un rango de 3 a 45 días. Es importante señalar que existen casos de personas infectadas de manera asintomática, es decir, sin producir la enfermedad o con cuadros leves.

A día de hoy, no existe tratamiento específico ni vacunas aprobadas. La atención médica se centra en aliviar los síntomas y ayudar a mantener la respiración y las constantes vitales estables: oxigenoterapia, ventilación mecánica si es necesaria y estabilización hemodinámica en cuidados intensivos. El diagnóstico temprano es clave para aumentar las probabilidades de recuperación.

La prevención es clave: evitar el contacto con roedores y sus excrementos, ventilar los espacios cerrados antes de entrar, no barrer en seco zonas potencialmente contaminadas, eliminar objetos en desuso que puedan servir de refugio y gestionar adecuadamente los residuos para impedir su acumulación.

¿Ha habido otros casos antes?

No es algo nuevo. El hantavirus se conoce desde los años 50 y se aísla por primera vez en los 70 del pasado siglo XX. Cada año hay casos en muchos países. Son pocos comparados con otras enfermedades infecciosas, pero suficientes para que esté en vigilancia continua en Europa, América y Asia.

La OMS estima que hay entre 10.000 y 100.000 infecciones anuales, concentradas sobre todo en Asia oriental (China y Corea del Sur, donde la fiebre hemorrágica con 2 06/05/2026 síndrome renal lleva décadas siendo un problema sanitario relevante) y en el norte y centro de Europa, donde la enfermedad es endémica, pero generalmente leve. En América, los casos son mucho menos numerosos (apenas unos cientos al año en todo el continente), pero más graves, con una letalidad de entre el 30 y el 50%.

¿Cuántos casos se conocen en Europa?

En 2023 se notificaron 1.885 casos en 28 países de la UE/EEE, con una tasa de 0,4 por 100.000 habitantes. El 96% corresponde al virus Puumala, una variante leve que provoca fiebre y daño renal pasajero, raramente mortal (letalidad 1%).

Finlandia y Alemania concentran más del 60% de todos los casos europeos, seguidos a distancia por Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Austria. El número de casos sigue ciclos plurianuales ligados a las poblaciones de roedores. 2021 fue un año pico con casi 5.000 casos, mientras que 2023 fue uno de los más bajos. La transmisión 'persona a persona' no se ha documentado nunca con los hantavirus europeos.

España no ha notificado ningún caso autóctono a la red europea de vigilancia en el período 2019-2023. El caso más documentado en la literatura científica española es el de un viajero atendido en el hospital de Vall d’Hebrón en 2018 tras volver de Nepal con síndrome cardiopulmonar compatible con el virus tipo Puumala. Es decir, un caso importado, no autóctono.

También se ha dado cuenta sobre la situación actual del brote. El 2 de mayo de 2026, la OMS recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo de un buque de pasaje por el Atlántico Sur.

Un crucero (MV Hondius) procedente de Argentina con 147 personas entre pasajeros y tripulantes (14 de ellas de nacionalidad española) ha registrado ocho casos de enfermedad respiratoria grave, de los cuales tres han resultado mortales.

Durante una escala en Sudáfrica se realizaron análisis y uno de los fallecidos dio positivo en hantavirus. Es posible que estas personas se contagiaran en la propia embarcación, aunque no es descartable que algún pasajero se contagiase en tierra y luego propagase el virus dentro de buque, una vez comenzaron los síntomas.

El Ministerio de Sanidad está en contacto continuo con la OMS, las autoridades del barco, el Gobierno de Canarias y las de Países Bajos (el país de bandera del crucero) y Reino Unido.

El martes 5 de mayo, la OMS, en coordinación con la UE, solicitó al Gobierno de España acoger la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.

El miércoles 6 de mayo, tras la reunión de gestión de crisis del Gobierno de España, se decidió proseguir con el atraco del barco en España, concretamente en el puerto secundario de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. Medidas adoptadas En el marco del Reglamento Sanitario Internacional y del Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, la respuesta internacional coordinada abarca distintas medidas:

✓ Puesta en marcha de los mecanismos de notificación con las autoridades europeas y los Estados miembros.

✓ Recomendación a las personas a bordo de permanecer en sus camarotes siempre que sea posible.

✓ Investigación epidemiológica a bordo para clasificar las personas en contactos de alto y bajo riesgo, para orientar posibles medidas adicionales antes de su evacuación o desembarco.

✓ Realización de pruebas de laboratorio a los casos sospechosos y caracterización del virus (en este caso, se ha confirmado la cepa del virus Andes).

✓ Evacuación de los casos sospechosos que permanecen a bordo en aviones medicalizados a unidades de alto aislamiento para su tratamiento. Los tres casos sintomáticos están siendo evacuados a Países Bajos desde Cabo Verde.

✓ El resto seguirán rumbo a Canarias, donde esperan llegar en el plazo de 3 o 4 días. Canarias es el territorio más cercano de un país con suficiente capacidad para gestionar esta situación con garantías de seguridad.

✓ Una vez en Canarias, se pondrá en marcha un proceso de evaluación sanitaria y de repatriación a todos los miembros extranjeros asintomáticos a través de un Mecanismo Europeo de Protección Civil, salvo que su condición sanitaria lo impida.

✓ Los pasajeros de nacionalidad española serán evaluados y trasladados en avión militar a la Base Militar de Torrejón, y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que dispone de las condiciones de seguridad para que guarden cuarentena.

✓ Ambos procesos contarán con todas las garantías de seguridad. Tanto la atención médica como los desplazamientos se realizarán en espacios y medios de transporte ad hoc, para evitar el contacto con la población local en todo momento.

“Llamamiento a la tranquilidad”

“El llamamiento a la ciudadanía es de tranquilidad”, ha difundido la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha asegurando que nuestro país “ha gestionado diversas crisis y está plenamente preparada para dar respuesta a las necesidades de atención de los pasajeros y tripulación del barco”.

Además subraya que “la transmisión entre humanos es prácticamente inexistente”. Hasta ahora se habían registrado episodios puntuales de transmisión ‘persona a persona’ en 1996 y 2018, con una cepa, el virus Andes. Es la misma presente en el barco, pero el contagio ocurre en los primeros días de la enfermedad y solo es posible mediante un contacto sostenido y estrecho.

El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias.

Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, “evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”, zanjan.

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que realice su informe sobre las peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El alto tribunal da curso al procedimiento tras haber recibido el 21 de abril el llamado informe de conducta de la subdelegación del Gobierno en Madrid.

Ese documento es un requisito recogido en la ley del indulto, que dice en su artículo 24 que el tribunal sentenciador pedirá “informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquel se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad”, como ocurre en este caso. Después, prevé que solicitará el informe a la Fiscalía y a la parte agraviada, que en este procedimiento es el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

El Ministerio de Justicia activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz y solicitó al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, el informe preceptivo. Un mes después, el 25 de febrero, el alto tribunal envió su petición de informe a la Subdelegación del Gobierno, que tardó casi dos meses en responder. Su respuesta llegó el 21 de abril. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de los “plazos habituales” de trámites de indulto. 

Con todo lo recabado —informe de conducta y de la Fiscalía—, el Tribunal Supremo fijará su posición que, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El indulto total depende del Supremo

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En todo caso, el posible indulto a García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del recurso de amparo que ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario, procesado por dos delitos fiscales. 

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Posible recurso de González Amador

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal del Supremo será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

El proceso extraordinario de regularización de migrantes ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. Este martes la Federación de Municipios, presidida por el popular Víctor López, y el representante del Ejecutivo estatal en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, han protagonizado un duro cruce de acusaciones. El encontronazo ha tenido lugar tras el grupo de trabajo entre los consistorios locales para abordar y mejorar la respuesta de los Servicios Sociales municipales en la gestión de los trámites de regularización.

El presidente de la Federación de Municipios ha abandonado de forma abrupta el encuentro, calificándolo de “una falta de respeto”: “Nos han puesto un PowerPoint para explicarnos el Real Decreto, cuando llevamos casi dos semanas aplicándolo y solucionando las dudas por nuestra cuenta”, ha lamentado al diario local La Verdad.

También ha afeado la ausencia de Lucas Ayala, aunque fuentes de Delegación han aclarado que debido a la naturaleza técnica de este encuentro asistieron la jefa de Extranjería y la secretaria general de la representación del Ejecutivo estatal en la Comunidad.

Por su parte el delegado del Gobierno ha defendido que las oficinas habilitadas están funcionando “con total normalidad”: “El sistema de citas previas y los refuerzos también están funcionando correctamente”, ha explicado.

Lucas Ayala ha apuntado a que en ayuntamientos socialistas de la Región, como Alhama de Murcia, el proceso de regularización se está llevando “sin ningún tipo de problemas”, mientras que los del Partido Popular “están boicoteando el proceso de regularización”.

“El proceso de regularización es un hito histórico y es un proceso de justicia necesario. Estamos hablando de conceder derechos y obligaciones a personas que ya viven y trabajan en la Región de Murcia”, ha subrayado el delegado.

Por último, ha invitado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a demostrar “el verdadero cristianismo y humanidad”: “Siempre lo vemos cuando llegan las procesiones. Le emplazo a que se deje de confrontar y de utilizar este proceso de regularización y que se ponga a trabajar”.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha participado en el minuto de silencio institucional para mostrar la repulsa de toda la sociedad por el último asesinato machista, el de Alejandra Maryvin, en Seseña (Toledo). Ha aprovechado para apelar a toda la sociedad a “denunciar estas situaciones” siempre que se tenga conocimiento de ellas y con el objetivo de evitar más muertes.

“No se puede consentir, una democracia no puede admitirlo, no podemos blanquearlo. Por eso, tras transmitir el pésame a su familia y amigos, quiero hacer una llamada a los ciudadanos para que, ante esta lacra, seamos implacables”.

El delegado ha denunciado el machismo que considera a la mujer “inferior”. No se trata de “violencia”, sino de “asesinatos machistas, una violencia que todos tienen la obligación de denunciar”.

Ha pedido a la ciudadanía que siempre que pueda denuncie los posibles casos de violencia que puedan presenciar, bien en el 062 de Guardia Civil, en el 091 de Policía Nacional, en el 016 de atención a víctimas o al propio 112 de gestión de emergencias.

En todo caso, ha mostrado su confianza en el sistema VioGén, con cerca de 5.500 víctimas atendidas en Castilla-La Mancha y solo un asesinato este año. “Se puede seguir mejorando, pero no podemos fiarlo todo al sistema, hay que confiar en la sociedad y en los tribunales”.

Tensión este viernes en la reunión de la Junta de Seguridad Local. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha cargado al inicio de la reunión contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por copresidir la junta a pesar de que hace solo unos días un juzgado ha admitido a trámite la querella de la exconcejala de la misma localidad contra el edil por presunto acoso sexual y laboral. “Este señor tras lo que ha hecho no debe presidir una comisión como la que hemos celebrado en la que se habla de seguridad”, ha afeado Martín en declaraciones a elDiario.es.

Tras las palabras de Martín, Manuel Bautista ha anunciado que presentará una querella contra el delegado del Gobierno por supuesta vulneración del honor. Una querella que Martín considera que es un intento para “despistar”: “No hay que caer en esa estrategia por la que está intentando distraernos a todos”, ha criticado, para insistir en que “no debe ser él quien esté al frente de una reunión de esta naturaleza, tendría que haber dimitido hace mucho”.

El delegado considera que sería “hipócrita” que criticara este punto al salir de la reunión y no en la misma, aunque el Partido Popular ha tildado lo sucedido de “falta de respeto”, “indignidad” y de “no tener ningún tipo de escrúpulos”. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado al delegado de ir “al ayuntamiento de un alcalde a insultarle y a faltarle el honor”. “No vamos a recibir ningún tipo de lecciones de este elemento que pertenece a un Gobierno corrupto”, ha añadido.

Sin embargo, para Martín se trataba de una “cuestión de orden”: “Hay que recordar que él ha sido acusado por la que era su número dos. No es una campaña de ningún partido”, ha añadido. La exedil denunció de forma interna un supuesto caso de acoso sexual que se convirtió en acoso laboral, aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se llegó a reunir con ella. Con quien sí se reunió fue precisamente con el alcalde de Móstoles cinco días después de conocer el caso.

Ahora, el delegado del Gobierno denuncia que el partido del alcalde le “está amparando y protegiendo”. Fuentes de Delegación aseguran que no le dan “mayor importancia” al anuncio de la querella por parte de Bautista: “Bastantes explicaciones tendrá que dar” a la Justicia.

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha señalado que el Gobierno de La Rioja ha enviado tres cartas a la Delegación del Gobierno de La Rioja para pedir la Finca de Ribavellosa, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Transición Ecológica), para alojar a menores migrantes. En concreto, ha explicado que la petición se hizo en febrero, cuando supieron que llegarían más menores a La Rioja y creyeron que los recursos “se iban a colapsar”, por lo que pidieron que prorroguen los plazos y que les dejen las instalaciones de Ribavellosa “mientras terminaban unas obras” para poder instalar a los menores si llegaban más. “Todavía no hemos recibido respuesta”, ha dicho Martín.

La Finca Ribavellosa es un espacio natural protegido que gestiona desde el año de 2000 el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Se encuentra enclavado en pleno monte a 20 minutos del núcleo urbano más cercano, Torrecilla en Cameros y a 45 de Logroño. Es un espacio dedicado al turismo familiar y de naturaleza, con instalaciones deportivos, senderos y merenderos.

Esta intención de utilizar Ribavellosa de forma provisional para la acogida de menores ha despertado críticas de la oposición. La portavoz de IU, Henar Moreno, le ha respondido a la consejera: ¿Qué integración pretende? ¿Que se relacionen solo entre ellos, fuera del entorno social en el que deben integrarse?. También contundente se ha mostrado la socialista María Somalo, que le ha dicho a la consejera que “se ha vuelto a echar al monte”. “¿Ha vuelto a buscar un monte?”, ha dicho en referencia a la compra de un convento a las afueras de Logroño para el mismo fin. “¿Esa es la solución que le va a dar?”.

Acogida de menores migrantes

Especialmente bronco ha sido este debate conjunto de dos interpelaciones relacionadas con los menores migrantes. En concreto, Podemos-IU había registrado una sobre la política general del Gobierno en materia de Protección de Menores, Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia, Promoción y Atención a la Familia y Atención a la Mujer y el PSOE otra más genérica sobre la política general del Gobierno en materia de Protección de Menores. La oposición ha criticado sus políticas pidiéndoles “más medios, menos excusas y más trabajo” para ofrecerles una atención integral.

La consejera de Salud y Políticas Sociales ha dicho que el Gobierno de La Rioja “está cumpliendo la Ley” en esta materia a pesar “de no estar de acuerdo”. “Nos estamos dedicando única y exclusivamente a ayudar a estos menores que están llegando a La Rioja” a pesar de que “ni siquiera sabemos cuántos van a ser”, ha dicho. En este sentido, Martín ha recordado que “no fue hasta que se firmó el decreto cuando supimos que eran 174, eso fue en agosto de 2025”.

A ello ha respondido IU, “Siempre han tirado balones fuera y han dicho que no tienen información, pero ¿cómo van a tener información si se dedican a boicotear las conferencias sectoriales y no acuden?, según le ha respondido Moreno.

IU ha mostrado interés también por conocer la planificación del Gobierno de La Rioja ante la mayoría de edad que alcanzarán unos 40 llegados a La Rioja. “¿Qué van a hacer con ellos?, ¿qué previsión tiene el Gobierno de La Rioja?. No tienen ningún recurso previsto para que puedan acceder a la FP en sectores demandados para garantizar su acceso a la vida laboral”. También ha querido saber cuántas plazas de Transición a la Vida Adulta están previstas o si tienen previstas algunas alternativas residenciales para cuando cumplan 18 años.

Por su parte, la diputada del PSOE, María Somalo, ha recordado que la competencia en la tutela y protección de menores la tiene el Gobierno de La Rioja con acogimiento familiar o acogimiento residencial. Tras criticar la “oposición sistemática” que hicieron, les ha afeado que firman una Declaración Institucional de Emergencia Migratoria“ cuando ”claramente La Rioja no está en esta situación“. Después, ”se dedicaron a comprar pisos, 5 entre octubre y noviembre de 2025, pero no lo hicieron porque fueran solidarios sino porque tenían que gastar los fondos europeos. Y como aún les sobraba dinero compraron un convento. Un convento que todo el mundo sabe donde está para que gente de Vox vaya a grabarse discurso de odio“, ha lamentado.

La cap de Protecció Civil de la Delegació del Govern, Patricia García, va alertar una alta funcionària del Centre de Coordinació d’Emergències sobre la situació del barranc de Poio mitja hora abans de l’enviament de l’Es-Alert el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. Això es desprén d’un missatge de WhatsApp aportat per García a la jutgessa de la dana, a què ha tingut accés elDiario.es. 

El WhatsApp, acarat per la lletrada de l’Administració de Justícia (LAJ), es va enviar a les 19.42 per García, que va declarar dilluns com a testimoni, a la funcionària Immaculada Piles. La responsable de Protecció Civil informava la seua interlocutora sobre una telefonada de l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, en què alertava de la situació al carrer de l’Almassereta del municipi de la comarca de l’Horta Sud, situada “a prop [del] barranc de Poio”. Els veïns d’unes “cases baixes” no podien pujar en altura i el 112, el telèfon d’emergències de la Generalitat, “no els atén”. 

“Inma, intenteu respondre a això”, pregava la funcionària de la Delegació del Govern, que postil·lava que la Guàrdia Civil estava “desbordada”. “Doncs, estem tots desbordats, a veure què pot fer-se”, va contestar Inmaculada Piles. “Ja ho sé, Inma. El que es puga”, va intervindre Patricia García. 

Es tracta de la mateixa funcionària de la Delegació del Govern que va demanar que s’enviara l’Es-Alert amb una hora i mitja d’antelació, segons un missatge de WhatsApp que consta en el procediment. 

García també va declarar davant la jutgessa instructora que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va advertir en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la situació a Paiporta, una altra localitat afectada greument pel desbordament del barranc de Poio. 

Un Es-Alert “molt tardà” i “erroni”

La jutgessa, en una interlocutòria dictada dilluns, va reiterar que l’Es-Alert, enviat a les 20.11 (quan “ja hi havia un gran nombre de morts, i altres lluitaven per salvar la seua vida de l’ofegament que va arribar poc després”) va ser “molt tardà” i “erroni en el text”, que ni tan sols demanava a la població que es refugiara en altura.

De fet, Patricia García va explicar en la seua testifical que el Cecopi va acordar enviar un primer Es-Alert a les poblacions aigua avall de la presa de Forata i de l’Horta Sud, recomanant buscar refugi en altura, i un segon missatge als mòbils a tota la província de València, sol·licitant a la població que romanguera en els seus domicilis. 

“Jo sempre vaig pensar que aniria primer el de plantes altes i no vaig entendre que enviaren primer el de la província”, va manifestar García

La jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Patricia García, alertó a una alta funcionaria del Centro de Coordinación de Emergencias sobre la situación del barranco del Poyo media hora antes del envío del Es-Alert el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así se desprende de un mensaje de WhatsApp aportado por García a la jueza de la dana, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El whatsapp, cotejado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), fue enviado a las 19.42 por García, que declaró este lunes como testigo, a la funcionaria Inmaculada Piles. La responsable de Protección Civil informaba a su interlocutora sobre una llamada del alcalde de Picanya, Josep Almenar, alertando sobre la situación en la calle de la Almassereta del municipio de la comarca de l'Horta Sud, situada “cerca [del] barranco del Poyo”. Los vecinos de unas “casas bajas” no podían subir en altura y el 112, el teléfono de emergencias de la Generalitat, “no les atiende”.

“Inma intentad responder a esto”, rogaba la funcionaria de la Delegación del Gobierno, que apostillaba que la Guardia Civil estaba “desbordada”. “Porque estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse”, contestó Inmaculada Piles. “Ya lo sé Inma. Lo que se pueda”, terció Patricia García.

Se trata de la misma funcionaria de la Delegación del Gobierno que pidió que se enviara el Es-Alert con una hora y media de antelación, según un mensaje de WhatsApp que consta en el procedimiento.

García también declaró ante la jueza instructora que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, advirtió en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la situación en Paiporta, otra localidad gravemente afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Un Es-Alert “muy tardío” y “erróneo”

La jueza, en un auto dictado este lunes, reiteró que el Es-Alert, enviado a las 20.11 (cuando “ya había un gran número de fallecidos, y otros luchaban por salvar su vida del ahogamiento que llegó poco después”) fue “muy tardío” y “erróneo en su texto”, que ni siquiera pedía a la población que se refugiara en altura.

De hecho, Patricia García explicó en su testifical que el Cecopi acordó enviar un primer Es-Alert a las poblaciones aguas abajo de la presa de Forata y de l'Horta Sud, recomendando buscar refugio en altura, y un segundo mensaje a los móviles a toda la provincia de Valencia, solicitando a la población que permaneciera en sus domicilios.

“Yo siempre pensé que iba a ir primero era el de plantas altas y no entendí que mandaran primero el de la provincia”, manifestó García.

La jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en València, Patricia García, pidió el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, que se enviara el Es-Alert. Así lo ha declarado García este lunes ante la jueza de la dana, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical. La testigo ha explicado que, en la primera pausa de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), recibió una llamada de la Dirección General de Protección Civil de Madrid en la que le preguntaron por qué no se enviaba el Es-Alert. “Estoy preocupada porque no sé cómo se va a avisar la población”, ha relatado García.

García ha situado la llamada sobre las 18.25. “Le digo: es una locura, es todo muy rápido, se nos dice que incluso se puede romper la presa [de Forata]”. “Pero no saben cómo puede actuar si se socava la base de la presa y empieza a aliviar por coronación y estoy preocupada porque no sé cómo se va a avisar la población y me dice, pero por qué no usan el Es-Alert”. La funcionaria respondió a su interlocutor: “Voy a avisarles inmediatamente para recordarles el Es-Alert”.

“Se habla de avisar a la población, pero no sabía cómo. Por eso, cuando mi compañero de Madrid me dice lo del Es-Alert se me abre el cielo, no era un recurso que tuviéramos usado”, ha explicado.

La testigo ha detallado las llamadas que hizo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, para insistir en la posibilidad de enviar el mensaje automático a los móviles.

Cuando consiguió hablar con Inmaculada Piles, jefa de servicio de Emergencias, la funcionara le dijo: “·Estamos todos desbordados”. La testifical de Patricia García confirma la declaración de Piles del pasado 28 de octubre. Ésta última escribió un mensaje de WhatsApp a Suárez, que consta en el procedimiento, informándole de que la Delegación del Gobierno recordaba la posibilidad de enviar el Es-Alert.

Pidió que se recomendara subir a plantas altas

La idea inicial del Cecopi, según ha afirmado, era enviar un mensaje a las poblaciones aguas abajo de la presa de Forata y de la comarca de l'Horta Sud pidiendo a la población que subiera a “plantas altas” y un segundo Es-Alert a toda la provincia de Valencia solicitando a los receptores que se quedaran en casa. “Hubo debate”, ha manifestado.

“Yo siempre pensé que iba a ir primero era el de plantas altas y no entendí que mandaran primero el de la provincia”, ha declarado Patricia García. De hecho, la funcionaria intervino en el Cecopi “para que pusieran lo de subir a plantas altas”.

También ha confirmado que la delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, comentó en el Cecopi la situación en Paiporta. Bernabé, según la testigo, dijo que “le habían llamado y que se estaban inundando” la localidad de l'Horta Sud. Aunque también ha aclarado que no se habló, específicamente, del barranco del Poyo.

Por otro lado, Patricia García también propuso usar la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) ante los problemas de la cobertura telefónica. La entonces consellera Salomé Pradas dijo que “claro” y que “cuantas más posibilidades de llegar a la población” mejor que mejor. Por otro lado, la testigo ha dicho que fue Pradas quien ordenó que se hiciera una pausa en el Cecopi.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha estimado que esta comunidad autónoma se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria. Estas personas ya pueden empezar a solicitar su cita previa, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes 20.

El delegado del Gobierno en la región ha informado de que en Castilla-La Mancha habrá 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del INSS en las distintas provincias, así como ocho oficinas de correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

Sabrido ha defendido que esta regularización responde fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, ha dicho, a la normalización ya que “estamos hablando de personas que ya viven con nosotros”. En segundo lugar, ha recalcado, es “un asunto de justicia” y en tercer lugar, es “una cuestión de necesidad”.

Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros

José Pablo Sabrido — Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

ç“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, quien ha recalcado que “el 50 del empleo que se crea en Europa es en España”. “Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros”, ha dicho.

Además, ha hecho hincapié en que “esta situación está regulada no para introducir problemas a España”, sino que “está para introducir soluciones”. Ha recordado que solo podrán ser regularizados los que a 1 de enero estuvieran ya en España, “con lo cual no se está abriendo las puertas a nueva gente que venga”. Además, a la fecha de la solicitud tienen que llevar cinco meses sin interrupción en España.

“No nos vamos a llenar, como alguien pretende, de delincuentes. Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

Ha subrayado que en ningún caso podrán ser regularizados los que tengan antecedentes penales en España o en su país de origen, al mismo tiempo que ha manifestado que el hecho de estar regularizados en España no supone que se puedan desplazar a trabajar a otros países de la Unión Europea.

En cuanto al certificado de penales, se pedirá de oficio por parte de la Administración.esde el portal puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si los interesados disponen de certificado electrónico y solicitar cita previa.

El mencionado portal web cuenta con información detallada del proceso: en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

Además, las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.

El portal también destaca la verificación de requisitos, desde donde se puede hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos que permiten acceder a la regularización.

Atención en oficinas el 20 de abril

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes, día 20 de abril.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si el interesado dispone de Cl@ve, desde la web del ministerio podrá acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo los datos de la persona interesada.

La segunda forma es a través de un formulario que aparece en la web. Por esta vía se asignará la cita más próxima a las preferencias que se indiquen. Si bien, desde el Ministerio avisan que la asignación por formulario “no será inmediata” y que llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita. Mientras, la tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09.30 a 14,00 y de 16.30 a 19.30.

Solicitud telemática

Desde el mismo portal, puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Por otro lado, si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes.

Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, aparecen contactos de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.

Además, la web ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que han acreditado tener al menos dos años de experiencia y ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso. Estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.

Un proyecto pionero a nivel nacional puesto en marcha entre la Delegación del Gobierno en Cantabria y la Consejería de Educación contempla dotar a todos los centros educativos de la región de un punto violeta para ofrecer información y apoyo al alumnado contra la violencia machista.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha presentado este martes el proyecto piloto que arrancará en ocho institutos de Cantabria y en la Escuela Oficial de Idiomas, junto a la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones, quien ha subrayado que actualmente hay 10 menores cántabras registradas en el sistema VioGén de protección de víctimas de violencia machista.

Antes de participar en una jornada formativa con representantes de los centros educativos, Casares ha explicado a los periodistas que el objetivo es alcanzar de lleno a la juventud de Cantabria “donde empiezan a formarse las identidades de los hombres y de las mujeres del mañana, para concienciar e informar sobre la violencia machista y ofrecer un espacio seguro”.

La propuesta, ha detallado, nace en ocho institutos de Santander, Torrelavega, Reinosa, Santoña, Cabezón de la Sal, Camargo y también en la Escuela Oficial de Idiomas.

“La idea es empezar hoy la puesta en marcha de ese proyecto piloto que es pionero en toda España. Es la primera vez que la Delegación del Gobierno y la Consejería de Educación, de forma estructurada, se plantean llevar a todos los centros educativos de la comunidad autónoma la extensión de la red de puntos violeta”, ha apuntado Casares.

La jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno ha recordado que las chicas más jóvenes “minimizan en muchas ocasiones lo que les está pasando y no quieren identificarse como víctimas”.

Y ha subrayado que en los puntos violeta van a encontrar un entorno seguro con personal preparado, formado y especializado para derivar situaciones de violencia con ellas a los fuerzas y cuerpos de seguridad o para que reciban apoyo psicológico en centros de atención a la mujer.

“Lo que pretendemos es que no les falten herramientas, mecanismos y recursos a la comunidad educativa para identificar situaciones y, sobre todo, para derivarlas a fuerzas y cuerpos de seguridad”, ha ahondado Diana Mirones.

1.600 cántabras en VioGén

Mirones ha incidido en la coordinación institucional para acabar con la violencia machista y ha recordado que actualmente en Cantabria hay 1.600 mujeres registradas en el sistema VioGén, aunque ha advertido de que “son muchísimas más” las que están sufriendo esa situación, entre ellas muchas menores de edad.

Con este proyecto, ha añadido, lo que se pretende es colaborar con la comunidad educativa para que puedan detectar, ayudar y colaborar en la protección de las menores.

“Estamos aquí para ellas. Hoy es el ejemplo claro de que estamos unidos y unidas las diferentes instituciones y administraciones para y por las mujeres y las chicas de Cantabria para que no tengan miedo de comunicar estas situaciones a la comunidad educativa”, ha resumido Mirones.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y Plena inclusión Castilla-La Mancha han formalizado un convenio de colaboración para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la formación y la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El documento ha sido suscrito por el delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, así como en la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa de sus dependencias, procedimientos y materiales.

Además parte de la premisa de “una especial necesidad de atención y acompañamiento adecuado” a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que sean víctimas, testigos o aquellas que participen en procedimientos administrativos o judiciales, tal y como recoge la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

Coordinación para garantizar derechos

El delegado del Gobierno ha agradecido a todas las organizaciones que se dedican a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, destacando que “realizan una labor fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que, de no ser por el asociacionismo, el avance para la consecución de la igualdad real iría a otro ritmo.

Además, Sabrido querido destacar que este acuerdo pone en evidencia el compromiso del Gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad y que, por ende, “nadie puede quedar atrás en el ejercicio de los derechos, todos somos iguales y vamos todos avanzando de la mano”.

Por último, el delegado del Gobierno ha elogiado la labor de integración de las personas con discapacidad, que cumplen con sus deberes y cuyos derechos hay que garantizar tras el trabajo conjunto entre todas las administraciones y asociaciones.

Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado ha valorado este acuerdo como un “paso adelante” fundamental en la coordinación dentro de Castilla-La Mancha, agradeciendo el compromiso de la Delegación y de las plantillas de Policía y Guardia Civil.

“Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos cuando estos han sido vulnerados o cuando la persona ha podido ser responsable de una presunta falta o delito”, ha explicado Collado.

Por ello, el protocolo establece un marco de actuación coordinada para desarrollar medidas destinadas a garantizar la accesibilidad cognitiva en depedencias, procedimientos y documentos de uso público y administrativo; la formación y sensibilización del personal de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región; la atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la coordinación institucional para promover una seguridad ciudadana inclusiva.

Ámbitos de colaboración

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra, principalmente, en los siguientes ejes operativos dentro del territorio castellanomanchego:

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

En pleno cruce de reproches con la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que desplegará 10.000 efectivos durante la visita del Papa a la capital, entre el 6 el 9 de junio. Así lo ha detallado este martes la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, cuyo departamento será el que transfiera a los agentes. “Toda la plantilla va a estar absolutamente implicada”, aseguró la también vicealcaldesa en declaraciones que recoge Europa Press. Incluye en el saco a los equipos de de SAMUR-Protección Civil o el Cuerpo de Bomberos.

El mismo día se ha celebrado una reunión institucional para ultimar la visita del Papa, presidida por la Delegación del Gobierno y sobre la que Sanz ha resumido un tono “cordial” y un carácter puramente organizativo. Como resultado de la cita se ha pactado constituir una mesa de coordinación y cooperación entre instituciones, incluyendo a a la Archidiócesis, que dejará todo a punto para el aterrizaje de León XIV. Sin embargo, a la par hubo un cruce de reproches entre la representación del Estado en la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha espetado al delegado Francisco Martín que se dedique a “criticar cosas un poco espurias” en lugar de “estar a la altura y dedicarse a lo importante para la llegada de León XIV. La representante autonómica hacía así referencia a unas declaraciones de Martín, que cuando convocó a equipos municipales, regionales o episcopales aludió a que los primeros (Ayuntamiento y Comunidad) no habían respondido previamente a su llamada para coordinar conjuntamente la visita del Papa. La propia Inmaculada Sanz reprochó en declaraciones públicas las palabras del delegado, sobre el que dijo estar ”muy necesitado de polémica“.

En la reunión entre administraciones, acudió por parte del consistorio el jefe de gabinete del alcalde, Diego Lozano. La vicealcaldesa ha asegurado que ya hubo encuentros previos en materia de seguridad. “A medida que se vayan concretando todas y cada una de las visitas se irán haciendo planes concretos”, ha subrayado la delegada del Área.

“El Ayuntamiento de Madrid se va a volcar para que esta visita sea un éxito y para que los madrileños y todos los que vengan de fuera la disfruten. Se ha hablado de seguir manteniendo estas reuniones en las próximas semanas y por lo tanto entiendo que habrá alguna otra convocatoria, pero los representantes que han estado en esta reunión entiendo que serán los que acudan a las siguientes reuniones. No hay ningún tipo de polémica”, ha recalcado, tratando de zafarse del ruido por las tensiones con Delegación.

En esta entrevista reciente con Somos Madrid, Francisco Martín reconoció que aún continuaban “aterrizando la agenda y la logística” en torno al acontecimiento, considerándolo una “gran oportunidad” para Madrid. “Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido. [...] Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien”, deslizó ya entonces.