La cap de Protecció Civil de la Delegació del Govern, Patricia García, va alertar una alta funcionària del Centre de Coordinació d’Emergències sobre la situació del barranc de Poio mitja hora abans de l’enviament de l’Es-Alert el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. Això es desprén d’un missatge de WhatsApp aportat per García a la jutgessa de la dana, a què ha tingut accés elDiario.es. 

El WhatsApp, acarat per la lletrada de l’Administració de Justícia (LAJ), es va enviar a les 19.42 per García, que va declarar dilluns com a testimoni, a la funcionària Immaculada Piles. La responsable de Protecció Civil informava la seua interlocutora sobre una telefonada de l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, en què alertava de la situació al carrer de l’Almassereta del municipi de la comarca de l’Horta Sud, situada “a prop [del] barranc de Poio”. Els veïns d’unes “cases baixes” no podien pujar en altura i el 112, el telèfon d’emergències de la Generalitat, “no els atén”. 

“Inma, intenteu respondre a això”, pregava la funcionària de la Delegació del Govern, que postil·lava que la Guàrdia Civil estava “desbordada”. “Doncs, estem tots desbordats, a veure què pot fer-se”, va contestar Inmaculada Piles. “Ja ho sé, Inma. El que es puga”, va intervindre Patricia García. 

Es tracta de la mateixa funcionària de la Delegació del Govern que va demanar que s’enviara l’Es-Alert amb una hora i mitja d’antelació, segons un missatge de WhatsApp que consta en el procediment. 

García també va declarar davant la jutgessa instructora que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va advertir en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la situació a Paiporta, una altra localitat afectada greument pel desbordament del barranc de Poio. 

Un Es-Alert “molt tardà” i “erroni”

La jutgessa, en una interlocutòria dictada dilluns, va reiterar que l’Es-Alert, enviat a les 20.11 (quan “ja hi havia un gran nombre de morts, i altres lluitaven per salvar la seua vida de l’ofegament que va arribar poc després”) va ser “molt tardà” i “erroni en el text”, que ni tan sols demanava a la població que es refugiara en altura.

De fet, Patricia García va explicar en la seua testifical que el Cecopi va acordar enviar un primer Es-Alert a les poblacions aigua avall de la presa de Forata i de l’Horta Sud, recomanant buscar refugi en altura, i un segon missatge als mòbils a tota la província de València, sol·licitant a la població que romanguera en els seus domicilis. 

“Jo sempre vaig pensar que aniria primer el de plantes altes i no vaig entendre que enviaren primer el de la província”, va manifestar García

La jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Patricia García, alertó a una alta funcionaria del Centro de Coordinación de Emergencias sobre la situación del barranco del Poyo media hora antes del envío del Es-Alert el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así se desprende de un mensaje de WhatsApp aportado por García a la jueza de la dana, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El whatsapp, cotejado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), fue enviado a las 19.42 por García, que declaró este lunes como testigo, a la funcionaria Inmaculada Piles. La responsable de Protección Civil informaba a su interlocutora sobre una llamada del alcalde de Picanya, Josep Almenar, alertando sobre la situación en la calle de la Almassereta del municipio de la comarca de l'Horta Sud, situada “cerca [del] barranco del Poyo”. Los vecinos de unas “casas bajas” no podían subir en altura y el 112, el teléfono de emergencias de la Generalitat, “no les atiende”.

“Inma intentad responder a esto”, rogaba la funcionaria de la Delegación del Gobierno, que apostillaba que la Guardia Civil estaba “desbordada”. “Porque estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse”, contestó Inmaculada Piles. “Ya lo sé Inma. Lo que se pueda”, terció Patricia García.

Se trata de la misma funcionaria de la Delegación del Gobierno que pidió que se enviara el Es-Alert con una hora y media de antelación, según un mensaje de WhatsApp que consta en el procedimiento.

García también declaró ante la jueza instructora que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, advirtió en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la situación en Paiporta, otra localidad gravemente afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Un Es-Alert “muy tardío” y “erróneo”

La jueza, en un auto dictado este lunes, reiteró que el Es-Alert, enviado a las 20.11 (cuando “ya había un gran número de fallecidos, y otros luchaban por salvar su vida del ahogamiento que llegó poco después”) fue “muy tardío” y “erróneo en su texto”, que ni siquiera pedía a la población que se refugiara en altura.

De hecho, Patricia García explicó en su testifical que el Cecopi acordó enviar un primer Es-Alert a las poblaciones aguas abajo de la presa de Forata y de l'Horta Sud, recomendando buscar refugio en altura, y un segundo mensaje a los móviles a toda la provincia de Valencia, solicitando a la población que permaneciera en sus domicilios.

“Yo siempre pensé que iba a ir primero era el de plantas altas y no entendí que mandaran primero el de la provincia”, manifestó García.

La jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en València, Patricia García, pidió el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, que se enviara el Es-Alert. Así lo ha declarado García este lunes ante la jueza de la dana, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical. La testigo ha explicado que, en la primera pausa de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), recibió una llamada de la Dirección General de Protección Civil de Madrid en la que le preguntaron por qué no se enviaba el Es-Alert. “Estoy preocupada porque no sé cómo se va a avisar la población”, ha relatado García.

García ha situado la llamada sobre las 18.25. “Le digo: es una locura, es todo muy rápido, se nos dice que incluso se puede romper la presa [de Forata]”. “Pero no saben cómo puede actuar si se socava la base de la presa y empieza a aliviar por coronación y estoy preocupada porque no sé cómo se va a avisar la población y me dice, pero por qué no usan el Es-Alert”. La funcionaria respondió a su interlocutor: “Voy a avisarles inmediatamente para recordarles el Es-Alert”.

“Se habla de avisar a la población, pero no sabía cómo. Por eso, cuando mi compañero de Madrid me dice lo del Es-Alert se me abre el cielo, no era un recurso que tuviéramos usado”, ha explicado.

La testigo ha detallado las llamadas que hizo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, para insistir en la posibilidad de enviar el mensaje automático a los móviles.

Cuando consiguió hablar con Inmaculada Piles, jefa de servicio de Emergencias, la funcionara le dijo: “·Estamos todos desbordados”. La testifical de Patricia García confirma la declaración de Piles del pasado 28 de octubre. Ésta última escribió un mensaje de WhatsApp a Suárez, que consta en el procedimiento, informándole de que la Delegación del Gobierno recordaba la posibilidad de enviar el Es-Alert.

Pidió que se recomendara subir a plantas altas

La idea inicial del Cecopi, según ha afirmado, era enviar un mensaje a las poblaciones aguas abajo de la presa de Forata y de la comarca de l'Horta Sud pidiendo a la población que subiera a “plantas altas” y un segundo Es-Alert a toda la provincia de Valencia solicitando a los receptores que se quedaran en casa. “Hubo debate”, ha manifestado.

“Yo siempre pensé que iba a ir primero era el de plantas altas y no entendí que mandaran primero el de la provincia”, ha declarado Patricia García. De hecho, la funcionaria intervino en el Cecopi “para que pusieran lo de subir a plantas altas”.

También ha confirmado que la delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, comentó en el Cecopi la situación en Paiporta. Bernabé, según la testigo, dijo que “le habían llamado y que se estaban inundando” la localidad de l'Horta Sud. Aunque también ha aclarado que no se habló, específicamente, del barranco del Poyo.

Por otro lado, Patricia García también propuso usar la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) ante los problemas de la cobertura telefónica. La entonces consellera Salomé Pradas dijo que “claro” y que “cuantas más posibilidades de llegar a la población” mejor que mejor. Por otro lado, la testigo ha dicho que fue Pradas quien ordenó que se hiciera una pausa en el Cecopi.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha estimado que esta comunidad autónoma se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria. Estas personas ya pueden empezar a solicitar su cita previa, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes 20.

El delegado del Gobierno en la región ha informado de que en Castilla-La Mancha habrá 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del INSS en las distintas provincias, así como ocho oficinas de correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

Sabrido ha defendido que esta regularización responde fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, ha dicho, a la normalización ya que “estamos hablando de personas que ya viven con nosotros”. En segundo lugar, ha recalcado, es “un asunto de justicia” y en tercer lugar, es “una cuestión de necesidad”.

Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros

José Pablo Sabrido — Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

ç“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, quien ha recalcado que “el 50 del empleo que se crea en Europa es en España”. “Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros”, ha dicho.

Además, ha hecho hincapié en que “esta situación está regulada no para introducir problemas a España”, sino que “está para introducir soluciones”. Ha recordado que solo podrán ser regularizados los que a 1 de enero estuvieran ya en España, “con lo cual no se está abriendo las puertas a nueva gente que venga”. Además, a la fecha de la solicitud tienen que llevar cinco meses sin interrupción en España.

“No nos vamos a llenar, como alguien pretende, de delincuentes. Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

Ha subrayado que en ningún caso podrán ser regularizados los que tengan antecedentes penales en España o en su país de origen, al mismo tiempo que ha manifestado que el hecho de estar regularizados en España no supone que se puedan desplazar a trabajar a otros países de la Unión Europea.

En cuanto al certificado de penales, se pedirá de oficio por parte de la Administración.esde el portal puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si los interesados disponen de certificado electrónico y solicitar cita previa.

El mencionado portal web cuenta con información detallada del proceso: en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

Además, las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.

El portal también destaca la verificación de requisitos, desde donde se puede hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos que permiten acceder a la regularización.

Atención en oficinas el 20 de abril

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes, día 20 de abril.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si el interesado dispone de Cl@ve, desde la web del ministerio podrá acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo los datos de la persona interesada.

La segunda forma es a través de un formulario que aparece en la web. Por esta vía se asignará la cita más próxima a las preferencias que se indiquen. Si bien, desde el Ministerio avisan que la asignación por formulario “no será inmediata” y que llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita. Mientras, la tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09.30 a 14,00 y de 16.30 a 19.30.

Solicitud telemática

Desde el mismo portal, puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Por otro lado, si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes.

Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, aparecen contactos de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.

Además, la web ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que han acreditado tener al menos dos años de experiencia y ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso. Estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.

Un proyecto pionero a nivel nacional puesto en marcha entre la Delegación del Gobierno en Cantabria y la Consejería de Educación contempla dotar a todos los centros educativos de la región de un punto violeta para ofrecer información y apoyo al alumnado contra la violencia machista.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha presentado este martes el proyecto piloto que arrancará en ocho institutos de Cantabria y en la Escuela Oficial de Idiomas, junto a la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones, quien ha subrayado que actualmente hay 10 menores cántabras registradas en el sistema VioGén de protección de víctimas de violencia machista.

Antes de participar en una jornada formativa con representantes de los centros educativos, Casares ha explicado a los periodistas que el objetivo es alcanzar de lleno a la juventud de Cantabria “donde empiezan a formarse las identidades de los hombres y de las mujeres del mañana, para concienciar e informar sobre la violencia machista y ofrecer un espacio seguro”.

La propuesta, ha detallado, nace en ocho institutos de Santander, Torrelavega, Reinosa, Santoña, Cabezón de la Sal, Camargo y también en la Escuela Oficial de Idiomas.

“La idea es empezar hoy la puesta en marcha de ese proyecto piloto que es pionero en toda España. Es la primera vez que la Delegación del Gobierno y la Consejería de Educación, de forma estructurada, se plantean llevar a todos los centros educativos de la comunidad autónoma la extensión de la red de puntos violeta”, ha apuntado Casares.

La jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno ha recordado que las chicas más jóvenes “minimizan en muchas ocasiones lo que les está pasando y no quieren identificarse como víctimas”.

Y ha subrayado que en los puntos violeta van a encontrar un entorno seguro con personal preparado, formado y especializado para derivar situaciones de violencia con ellas a los fuerzas y cuerpos de seguridad o para que reciban apoyo psicológico en centros de atención a la mujer.

“Lo que pretendemos es que no les falten herramientas, mecanismos y recursos a la comunidad educativa para identificar situaciones y, sobre todo, para derivarlas a fuerzas y cuerpos de seguridad”, ha ahondado Diana Mirones.

1.600 cántabras en VioGén

Mirones ha incidido en la coordinación institucional para acabar con la violencia machista y ha recordado que actualmente en Cantabria hay 1.600 mujeres registradas en el sistema VioGén, aunque ha advertido de que “son muchísimas más” las que están sufriendo esa situación, entre ellas muchas menores de edad.

Con este proyecto, ha añadido, lo que se pretende es colaborar con la comunidad educativa para que puedan detectar, ayudar y colaborar en la protección de las menores.

“Estamos aquí para ellas. Hoy es el ejemplo claro de que estamos unidos y unidas las diferentes instituciones y administraciones para y por las mujeres y las chicas de Cantabria para que no tengan miedo de comunicar estas situaciones a la comunidad educativa”, ha resumido Mirones.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y Plena inclusión Castilla-La Mancha han formalizado un convenio de colaboración para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la formación y la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El documento ha sido suscrito por el delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, así como en la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa de sus dependencias, procedimientos y materiales.

Además parte de la premisa de “una especial necesidad de atención y acompañamiento adecuado” a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que sean víctimas, testigos o aquellas que participen en procedimientos administrativos o judiciales, tal y como recoge la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

Coordinación para garantizar derechos

El delegado del Gobierno ha agradecido a todas las organizaciones que se dedican a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, destacando que “realizan una labor fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que, de no ser por el asociacionismo, el avance para la consecución de la igualdad real iría a otro ritmo.

Además, Sabrido querido destacar que este acuerdo pone en evidencia el compromiso del Gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad y que, por ende, “nadie puede quedar atrás en el ejercicio de los derechos, todos somos iguales y vamos todos avanzando de la mano”.

Por último, el delegado del Gobierno ha elogiado la labor de integración de las personas con discapacidad, que cumplen con sus deberes y cuyos derechos hay que garantizar tras el trabajo conjunto entre todas las administraciones y asociaciones.

Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado ha valorado este acuerdo como un “paso adelante” fundamental en la coordinación dentro de Castilla-La Mancha, agradeciendo el compromiso de la Delegación y de las plantillas de Policía y Guardia Civil.

“Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos cuando estos han sido vulnerados o cuando la persona ha podido ser responsable de una presunta falta o delito”, ha explicado Collado.

Por ello, el protocolo establece un marco de actuación coordinada para desarrollar medidas destinadas a garantizar la accesibilidad cognitiva en depedencias, procedimientos y documentos de uso público y administrativo; la formación y sensibilización del personal de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región; la atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la coordinación institucional para promover una seguridad ciudadana inclusiva.

Ámbitos de colaboración

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra, principalmente, en los siguientes ejes operativos dentro del territorio castellanomanchego:

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

En pleno cruce de reproches con la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que desplegará 10.000 efectivos durante la visita del Papa a la capital, entre el 6 el 9 de junio. Así lo ha detallado este martes la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, cuyo departamento será el que transfiera a los agentes. “Toda la plantilla va a estar absolutamente implicada”, aseguró la también vicealcaldesa en declaraciones que recoge Europa Press. Incluye en el saco a los equipos de de SAMUR-Protección Civil o el Cuerpo de Bomberos.

El mismo día se ha celebrado una reunión institucional para ultimar la visita del Papa, presidida por la Delegación del Gobierno y sobre la que Sanz ha resumido un tono “cordial” y un carácter puramente organizativo. Como resultado de la cita se ha pactado constituir una mesa de coordinación y cooperación entre instituciones, incluyendo a a la Archidiócesis, que dejará todo a punto para el aterrizaje de León XIV. Sin embargo, a la par hubo un cruce de reproches entre la representación del Estado en la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha espetado al delegado Francisco Martín que se dedique a “criticar cosas un poco espurias” en lugar de “estar a la altura y dedicarse a lo importante para la llegada de León XIV. La representante autonómica hacía así referencia a unas declaraciones de Martín, que cuando convocó a equipos municipales, regionales o episcopales aludió a que los primeros (Ayuntamiento y Comunidad) no habían respondido previamente a su llamada para coordinar conjuntamente la visita del Papa. La propia Inmaculada Sanz reprochó en declaraciones públicas las palabras del delegado, sobre el que dijo estar ”muy necesitado de polémica“.

En la reunión entre administraciones, acudió por parte del consistorio el jefe de gabinete del alcalde, Diego Lozano. La vicealcaldesa ha asegurado que ya hubo encuentros previos en materia de seguridad. “A medida que se vayan concretando todas y cada una de las visitas se irán haciendo planes concretos”, ha subrayado la delegada del Área.

“El Ayuntamiento de Madrid se va a volcar para que esta visita sea un éxito y para que los madrileños y todos los que vengan de fuera la disfruten. Se ha hablado de seguir manteniendo estas reuniones en las próximas semanas y por lo tanto entiendo que habrá alguna otra convocatoria, pero los representantes que han estado en esta reunión entiendo que serán los que acudan a las siguientes reuniones. No hay ningún tipo de polémica”, ha recalcado, tratando de zafarse del ruido por las tensiones con Delegación.

En esta entrevista reciente con Somos Madrid, Francisco Martín reconoció que aún continuaban “aterrizando la agenda y la logística” en torno al acontecimiento, considerándolo una “gran oportunidad” para Madrid. “Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido. [...] Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien”, deslizó ya entonces.

El Gobierno de España va a invertir más de 23 millones de euros en la modernización del Centro de Adiestramientos Especiales, ubicado en Logroño. La delegada del Gobierno en La. Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha explicado que estas obras de modernización se enmarcan dentro de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Segurida del Estado, conocido como PLISE y su objetivo es “mejorar la infraestructura para poder realizar otro tipo de prácticas de adiestramiento”.

Y además de estos trabajos, la Delegada del Gobierno en La Rioja ha repasado otras intervenciones como “las obras de eficiencia energética realizadas en el acuartelamiento de Cervera del Río Alhama, unos trabajos cuya inversión ronda el millón de euros y que han sido sufragados con fonos europeos Next Generation”. O las obras en el cuartel de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua en el que se han invertido 12,6 millones de euros y que aún se están ejecutando.

Al margen de estas actuaciones, Arraiz ha destacado el número de efectivos en La Rioja que “se sitúa por encima de la media nacional en el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, con un aumento de un 11 por ciento respecto al año 2018”. Arraiz lo ha comparado con el periodo 2011-2018 en el que “nuestra región perdió 233 efectivos” mientras que desde 2018 hasta la actualidad, “se han ganado 163”.

Este refuerzo, ha precisado la delegada del Gobierno “tiene un impacto directo en los resultados”, ya que La Rioja “mantiene una tasa de criminalidad significativamente inferior a la media nacional, con 36,7 infracciones por cada mil habitantes frente a más de 50 en el conjunto de España”. Datos que demuestran “que La Rioja es una tierra segura, y que lo es gracias al trabajo constante de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha concluido Arraiz.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha negado este viernes que la polémica actuación policial que el jueves acabó con la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye fuera racista. “No, y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria”, ha explicado Martín en conversación con este diario. “Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, ha añadido.

Mbaye fue arrestado en su barrio este jueves por la tarde durante una operación policial en la que también fueron detenidas otras seis personas. Mbaye salió de madrugada de la comisaría y denunció una actuación de “racismo puro y duro” y una persecución “en contra de las personas racializadas”. El vídeo del momento, publicado por El Salto, muestra un despliegue violento y cómo las vecinas ruegan a los agentes que “paren”, que son “vecinos” y recuerdan que “hay niños”. “No puede respirar”, insisten varias veces sobre un hombre al que retienen contra el suelo.

Martín, cuyo departamento ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, asegura que, a su juicio, “hay dos máximas indiscutibles: colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada”. “Si se apreciara que alguna actuación puntual pudiera haberse apartado de los protocolos establecidos, por supuesto, serán los mecanismos internos y los cauces legalmente previstos los que permitan esclarecer exactamente qué ocurrió y, en su caso, actuar en consecuencia”, ha añadido.

“Desde esta Delegación del Gobierno y desde la Policía Nacional seguiremos trabajando para garantizar la plena adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, siempre con respeto escrupuloso a los derechos y deberes de la ciudadanía propios de un Estado social y democrático de derecho”, ha remachado.

Horas antes, Mbaye consideraba “obvio” que la detención que le realizó el jueves la Policía en una polémica actuación de fuerza fue por su “color de piel”. “Y lo hacen a diario. Paran a la gente de forma discriminada en el metro o en la calle por su color de piel”, ha remarcado, en una entrevista en TVE. “La Policía siempre tiene una excusa para detenerme”, ha lamentado Mbayé, que ha vinculado esta actuación policial con el hecho de que él vaya a ser uno de los candidatos de Podemos a las próximas elecciones europeas.

“Están intentando a toda costa que me condenen pero no van a tener ninguna prueba”, ha remarcado. El exparlamentario ha asegurado no estar bien por lo ocurrido y ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía se sitúe “del lado del antirracismo”.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de Castilla-La Mancha reconoce en el Día Meteorológico Mundial a los observadores, técnicos y predictores, cuya labor resulta “clave en la protección y gestión de emergencias, así como en la protección de personas y bienes”. De esta manera, se ha condecorado a tres observadores de la región.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha querido poner en valor “la importancia de la observación meteorológica para anticipar riesgos, salvar vidas y proteger el bienestar de la ciudadanía”.

Sabrido ha felicitado “a las personas que hoy recibís un merecido homenaje y reconocimiento por vuestra profesionalidad, por vuestro compromiso y por poner vuestra vocación a disposición del servicio público que supone la investigación y la información meteorológica”.

Reconocimiento a los observadores colaboradores

El acto, celebrado en la Delegación del Gobierno en Toledo, ha incluido la entrega de diplomas a tres observadores colaboradores de AEMET en Castilla-La Mancha, en reconocimiento a su labor y compromiso con la recogida de datos meteorológicos:

Pedro Berlinches Bravo, observador en la estación del aeródromo de Ocaña (Toledo), Ernesto Sanz Higes, observador en la estación del Embalse de la Tajera (Sotillo, Guadalajara) -aunque no ha sido él quien lo ha recogido- y Virgilio Navarro García, observador en la estación de Los Cortijos de Arriba (Ciudad Real).

Sabrido ha querido destacar especialmente “la labor silenciosa pero imprescindible” de estos colaboradores, señalando que “su contribución diaria enriquece la red de observación y refuerza un servicio público fundamental para la seguridad y el bienestar de la sociedad”.

Asimismo, ha puesto en valor la implicación de estos observadores voluntarios, “personas que, por vocación, contribuyen con datos fiables y de gran utilidad para el conjunto del sistema de predicción meteorológica”.

El acto, inaugurado por el delegado territorial de AEMET en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, también ha contado con la participación del meteorólogo de AEMET e investigador del consorcio internacional EC-Earth, José Antonio Parodi Perdomo, quien ha ofrecido la conferencia titulada Los modelos del tiempo, una ventana al futuro.

“Observar hoy para proteger el mañana”

Sabrido ha subrayado el lema de este año, 'Observar hoy para proteger el mañana', destacando que “detrás de cada predicción meteorológica hay un esfuerzo colectivo enorme, basado en miles de observaciones realizadas en todo el mundo y en el intercambio constante de datos”.

El delegado ha expresado además su experiencia reciente al inicio de su etapa al frente de la Delegación del Gobierno, marcada por un intenso episodio de borrascas, en el que “toda la información comenzaba con las previsiones meteorológicas”, fundamentales para que organismos como Protección Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los responsables de carreteras pudieran adoptar las medidas necesarias.

El delegado ha incidido en que estas observaciones “permiten anticiparse a fenómenos extremos, cada vez más frecuentes en un contexto de cambio climático, y son esenciales para la toma de decisiones en ámbitos clave como la agricultura, el transporte, la energía o la gestión del agua”.

En este contexto, ha subrayado que el cambio climático “es ciencia y no ideología” y que sus efectos, como olas de calor, lluvias torrenciales, temporales o sequías, hacen que estas herramientas de predicción sean “más necesarias que nunca”.

En este sentido, ha advertido de que “sin datos fiables no hay predicción; sin predicción no hay alerta temprana; y sin alerta temprana no hay resiliencia para nuestras comunidades”.

Organización Meteorológica Mundial

Cada 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, una efeméride impulsada por la Organización Meteorológica Mundial desde 1950. Su objetivo es poner en valor la contribución esencial de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a la seguridad y bienestar de la sociedad.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma, Román García, han participado este viernes en un evento con agricultores, empresas del sector y de trabajo temporal para informar sobre las condiciones de contratación de los temporeros y así “dar garantía y seguridad jurídica” tanto a trabajadores, la mayoría migrantes, como a los agricultores que les dan empleo durante la campaña agrícola, que comienza ahora y se prolongará hasta el mes de octubre.

En un acto organizado por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que ha clausurado la subdelegada, Noelia Herrero, Beltrán ha indicado a los medios de comunicación que Aragón es “una de las regiones productoras más importantes de Europa, por ejemplo en fruta de hueso” y que el sector agroalimentario representa el 10% de la economía de la Comunidad Autónoma.

Durante la próxima campaña agrícola trabajarán entre 20.000 y 25.000 personas, “de manera que es un movimiento económico importantísimo, con un fortísimo impacto en el territorio, sobre todo en las áreas despobladas”.

Uno de los aspectos a abordar es “la prevención de la trata, que en algunos casos existe”, ha continuado Beltrán, recordando que “en Aragón se han hecho intervenciones policiales al respecto” para erradicar “condiciones laborales cercanas a la esclavitud” y que constituyen casos de explotación laboral. Ha explicado que la Ley de Extranjería y el reglamento que la desarrolla van experimentando mejoras “paulatinamente” para “facilitar la integración de las personas migrantes en el mundo laboral”.

“Esta integración en el mundo laboral es una demanda que venimos escuchando del mundo empresarial y sindical, con lo cual ese reglamento de extranjería trata de acortar los plazos” mediante la simplificación administrativa, trabajando de la mano la Unidad de Extranjería que depende de la Delegación del Gobierno, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y la Guardia Civil: “Tenemos a todas las Administraciones implicadas, también a la Inspección de Trabajo, que se ocupa 'in situ' de velar porque esas condiciones se desarrollen con normalidad”.

Los migrantes representan, aproximadamente, el 15% de los trabajadores activos en Aragón, ha indicado el delegado del Gobierno, recordando que pronto se iniciará un proceso de regularización masiva, que se ha explicado en el evento: “Va a suponer un beneficio económico y social para nuestro territorio”.

En otro orden de cosas, Beltrán ha recordado que la prevención de riesgos laborales “es una obligación” y tiene que estar presente “en todas las empresas”.

Fernando Beltrán ha negado que la regularización de migrantes guarde relación con el terrorismo islámico: “Nada más lejos de la realidad”. Ha rechazado estos “bulos”.

El Gobierno de España “sigue trabajando por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por el mundo rural, por mejorar las condiciones de los empresarios” mientras “el Gobierno de Aragón no comparece, no sabemos absolutamente nada de su posicionamiento ni de los tipos de problemática que quiere resolver” y vive en “la parálisis”, ha lamentado Beltrán, recordando que la campaña agrícola atañe a todas las Administraciones públicas

Sobre la regularización masiva, el delegado ha indicado que, a falta del informe del Consejo de Estado, “se va a tener en cuenta a aquellas personas que ya están viviendo y trabajando con nosotros en el territorio español”, en alusión a “todos aquellos que puedan demostrar que han estado cinco meses antes del final del año pasado y todos los que solicitaron protección internacional antes del 31 de diciembre”.

“Las personas que sacan de paseo a nuestras personas mayores o que trabajan en residencias de ancianos, las personas que nos reparten la paquetería, que recogen la fruta, que están en los mataderos, son personas llamadas a ser regularizadas, ese es el perfil que se está buscando, porque ya están entre nosotros, ya viven con nosotros, ya están buscándose la vida y la demanda empresarial y sindical los requiere; ya que los tenemos aquí, ya que tienen ganas de trabajar, ya que conocen los sectores, vamos a por ellos”.

Responsabilidades laborales

Román García ha explicado a empresarios y sindicatos “las obligaciones fundamentales” en materia de extranjería “y sobre todo las responsabilidades”, comentando que “no hay ninguna novedad” al respecto.

García ha asegurado que el proceso de regularización que ahora comienza “es una oportunidad, no un problema” y puede beneficiar a los empresarios, que pueden recurrir a a las personas que ya están documentadas o que están “en proceso” de llevarlo a cabo.

En cuanto a la inspecciones de trabajo, ha explicado el director territorial, el 90% de los supuestos de incumplimiento que encuentran los inspectores de trabajo afectan a personas que “están sin autorización de ningún tipo para trabajar”. En el último año se ha detectado en el conjunto de sectores a 900 personas sin autorización para trabajar, sumando más de 9 millones de euros en sanciones administrativas. En el caso concreto de la agricultura y las campañas agrícolas son 101 sanciones que han supuesto más de un millón de euros.

“No sale a cuenta ocupar a una persona en situación irregular porque las consecuencias son muy importantes” respecto a las sanciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y por los accidentes, recalcando que “cualquier trabajador que está ocupado tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente, a que se le proteja su seguridad y salud con independencia de la situación administrativa que tenga en España”.

Las sanciones de la Inspección de Trabajo van desde los 10.000 a los 225.000 euros “por cada uno de ellos” y si se ocupa un número determinado de trabajadores en situación irregular puede constituir delito. La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social trabaja en este ámbito junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para “detectar estas acciones y atajarlas”, ha concluido Román García.

No habrá público en el partido de Euroliga que disputarán el próximo martes el Real Madrid y el Hapoel de Tel Aviv, cuya celebración tendrá lugar en el Palacio de los Deportes. La Delegación del Gobierno ha acordado en la reunión de coordinación celebrada este jueves por la mañana que el encuentro será declarado de “alto riesgo” y que se jugará a puerta cerrada “por motivos de seguridad”, apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno.

Esta declaración implica un dispositivo de seguridad reforzado, ante la posibilidad de que se convoquen protestas similares a las que tuvieron lugar hace dos meses, durante la visita del Maccabi de Tel Aviv, en la misma competición. Entonces, más de un centenar de manifestantes se reunieron frente al Movistar Arena con banderas palestinas y cánticos contra la presencia del equipo israelí.

Los mandatarios del PP en la región se pronunciaron en contra de la disputa del partido a puerta cerrada y el propio alcalde Almeida acusó al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de usar esta decisión como “reclamo político”.

Ahora, la situación bélica se ha complicado por los ataques de Israel en su ofensiva contra Irán y Líbano. La participación de Israel en competiciones internacionales lleva meses cuestionada por la presión social. En septiembre se canceló la última etapa de la Vuelta Ciclista a España por la inclusión del Israel-Premier Tech y varios países se han retirado de Eurovisión, entre ellos España, por la presencia de la delegación israelí.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que la Policía Nacional mantiene abierta desde la mañana de este martes la denominada operación 'Bonalt' contra cultivos ilegales de marihuana en el Polígono Sur de Sevilla.

Según ha indicado en un audio remitido a Europa Press, unos 100 agentes del cuerpo están participando en la operación, que “aún está abierta”.

Por el momento, se han practicado cuatro registros domiciliarios y no hay constancia de personas detenidas.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha excusado este lunes su ausencia a lo largo de toda la semana pasada durante el dispositivo de emergencias llevado a cabo en El Bocal, organizado para dar respuesta al accidente en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela de la senda costera de Santander, y ha justificado que se encontraba en un “viaje de trabajo en México”.

Casares, que también es el secretario general del PSOE de Cantabria, ha subrayado que el motivo de su viaje a México era “la exhumación de los restos de Matilde de la Torre y de su hermano Carlos, dando cumplimiento a su deseo de volver a España en el 80 aniversario de su fallecimiento”. En este sentido, ha remarcado que “no era un viaje de placer, como lamentablemente he podido leer en algún medio de comunicación”.

“Lamentablemente estaba en un viaje de trabajo en México y cuando se producen estos hechos el martes, por las distintas combinaciones que había, no hubiera llegado aquí hasta el jueves, cuando ya estaba toda la actuación policial, incluso todos los cuerpos de las víctimas rescatados”, ha explicado a preguntas de los medios de comunicación sobre el motivo por el que no adelantó la fecha de su vuelta tras el accidente.

Sobre su ausencia en el transcurso de la tragedia, el delegado del Gobierno ha asegurado que “desde el primer momento” mantuvo contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica. “Tuve la oportunidad también de hablar varias veces con el secretario de Estado de Medio Ambiente, quien se trasladó a la zona y estuvo dos días en Santander”, ha dicho. “Y he estado también en coordinación con el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Estado del Interior y con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con mi equipo en la Delegación del Gobierno y, por supuesto, con los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria”, ha reiterado.

Sin comunicación con la alcaldesa

Sin embargo, Casares ha reconocido no haber hablado aún con la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), pero sí su predisposición a hacerlo “por si requieren de alguna cosa en la que podamos ayudar”. Posteriormente, se ha mostrado muy crítico con las declaraciones de la regidora municipal y, preguntado por la acusación vertida por su parte hacia la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, como responsable del mantenimiento del puente colapsado, ha señalado que “en este momento lo importante es saber, esperar y tener toda la documentación para ver de quién es finalmente la responsabilidad del mantenimiento de esta infraestructura en el término municipal de Santander”.

Como conclusión, y preguntado sobre si Costas reparó parte de la senda costera dos años antes, en 2024, Casares ha reconocido desconocerlo pero “estar seguro” de que el Ministerio para la Transición Ecológica “cuando tenga toda la información y documentación, en ese ejercicio de transparencia que ya anunció el secretario de Estado, lo dará a conocer a los distintos medios de comunicación”.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de la “unidad” y la “coordinación” entre las administraciones para esclarecer los hechos y las responsabilidades, enfatizando “la necesidad de esperar la documentación judicial y evitar culpar a las administraciones, destacando la importancia de conocer la verdad para ayudar a las familias afectadas”.

“Está judicializado, como saben, y por tanto, lo más probable es que todo esto se dirima en los tribunales de justicia sobre la responsabilidad y, sobre todo, a mí, insisto, me parece muy importante pensar en las familias”, ha concluido. En la misma línea ha insistido en que “no va de echarnos los trastos unas administraciones a otras” y que “no va a contribuir a esa espiral de declaraciones públicas en la línea de lo que hizo la alcaldesa de Santander”, ha incidido.

De otro lado, ha dicho que el Ministerio será el que aclare qué cuestiones de las que dijo la alcaldesa de Santander en la rueda de prensa del pasado viernes “no se corresponden con la realidad”, como ya adelantó este departamento ese mismo día. Al respecto de la documentación requerida por la magistrada instructora del caso, Casares ha asegurado que desde el Gobierno de España “van a facilitar toda la documentación requerida”.

Sobre si Costas ha procedido a retirar alguna de las plataformas restantes, Casares ha dicho que “se han precintado simplemente por parte de la Policía Local y del Ayuntamiento de Santander, que es quien debe hacerlo, pero, en cualquier caso, si no se ha hecho, que se haga cuanto antes para evitar cualquier otro incidente o cualquier otra desgracia”.

El delegado de Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria ha atendido a los medios este lunes tras la firma con el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), del protocolo de actuación para suprimir los pasos a nivel del municipio cántabro de Los Corrales de Buelna.

CSIF alerta de que hay un “colapso de mas de 1.000 expedientes pendientes de tramitación en la Oficina de Extranjería de La Rioja, algunos de julio de 2025”. De hecho denuncian el “bloqueo operativo” tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en mayo del año pasado. Advierten además de un “empeoramiento” debido al próximo proceso de regularización extraordinario. La formación tilda de “insostenible” la situación de los trabajadores de esta Oficina “desde hace meses” y recuerda que ya reclamaron mejoras laborales para los trabajadores tras la entrada en vigor del nuevo reglamento el año pasado “que ha supuesto en la práctica una elevada carga de trabajo inasumible por la plantilla”.

Y a esto añaden una “gran afluencia de personas” que acuden a las oficinas a pedir información sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria. “El volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros. Están saturados tanto de manera presencial como telemática por falta de personal además de los fallos en la aplicación de extranjería por sobrecarga en la demanda”.

Por todo ello piden un “refuerzo inmediato, suficiente y planficiado” y solicitan a la Delegación del Gobierno que “tomen medidas previas de planificación y organización a la entrada de la normativa”. Y además rechazan la subcontratación anunciada por la Delegación por la “externalización y privatización de servicios públicos y el deterioro de la calidad de la atención al ciudadano y precarización del empleo público”.

Y concluyen: “sin planificación, recuresos y claridad normativa el proceso extraordinario podría convertirse en un cuello de botella no solo en las oficinas de extranjería sino que también afectará a los empleados públicos y a miles de ciudadanos en situación administrativa vulnerable ya que los tiempos de espera en la Comisarías se pueden disparar, tanto en expedientes como en emisión de documentación y se pondrá ”en riesgo“ la atención al ciudadano, tanto a personas extranjeras como a nacionales que soliciten DNI, pasaporte u otros trámites dependientes de la DGP”.

De acuerdo al Balance de Criminalidad correspondiente al año 2025, la tasa de criminalidad se situó en 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes en La Rioja, por debajo de la media de España que fue de 50,4. De este modo, la región se mantiene con la misma tasa que al concluir el 2024 y continúa como la cuarta comunidad autónoma más segura del país.

Este Balance de Criminalidad, publicado en la página web del Ministerio del Interior, recoge la evolución de las infracciones penales registradas por Policía Nacional y Guardia Civil en La Rioja.

Durante el año 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento en La Rioja de 12.004 infracciones penales. De acuerdo al desglose según el tipo de criminalidad, mientras que la convencional ha descendido un –5,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (año 2024: 9.627 infracciones penales conocidas; año 2025: 9.094), es significativo una vez más el fuerte incremento de la cibercriminalidad con una variación de +26,8% (año 2024: 2.312 infracciones penales cometidas en/por medio ciber; en el año 2025: 2.932).

De este modo, al igual que en los tres primeros trimestres del 2025, el aumento de la cibercriminalidad ha repercutido directamente en los datos de la tasa de criminalidad en la comunidad autónoma. En cuanto a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, se ha registrado un descenso sustancial en los primeros nueve meses del año en La Rioja: 148 en el año 2024 por 111 en el año 2025.

Por otro lado, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en este periodo fue del 44,2% frente al 42,1% al concluir 2024. Además, la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 299, lo que supone 8 puntos más que en 2024.

Logroño y Calahorra

Este Balance de Criminalidad ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes.

Con respecto a los datos de criminalidad registrada en la capital riojana, la tasa de criminalidad se incrementa hasta el 39,4%, cifra superior a la registrada al concluir el año 2024 (37,0%).

A lo largo del 2025, en Logroño se registró un mínimo descenso (-0,1%) de criminalidad convencional con respecto al mismo periodo de 2024 (4.448 delitos en 2024 y 4.445 en 2025).

Frente a esta leve variación negativa, la cibercriminalidad ha aumentado considerablemente al concluir el año 2025 con un 36,3%: 1.142 infracciones penales cometidas en/por medio ciber en el año 2024 por 1.557 en 2025.

Por su parte, destaca que la tasa de criminalidad de Calahorra ha descendido un trimestre más, lo que implica una evolución positiva en esta localidad de La Rioja Baja; al cierre de 2024, se situaba en el 54,8, mientras que en el año 2025 queda fijada en 46,5%.

En Calahorra, si comparamos respecto al año 2024, la criminalidad convencional ha bajado un 19% (1.194 al cierre del 2024 frente a las 967 en 2025). Por el contrario, la cibercriminalidad ha aumentado un 17,8%, 180 delitos cometidos en/por medio ciber en 2024 frente a 212 en este mismo periodo durante el presente ejercicio.

El que va començar amb un avís d'aturada per part de la Guàrdia Civil per excés de velocitat ha derivat en l'obertura d'un expedient sancionador contra la batlessa de Felanitx, Catalina Soler (PP), per encarar-se amb quatre agents que li van ordenar aturar el seu vehicle mentre travessava una rotonda. L'expedient, al qual ha tingut accés elDiario.es, recull que durant l'actuació policial es va enfrontar als funcionaris i va qüestionar la seva tasca amb frases com “no mereixeu vestir aquest uniforme”, “no sabeu fer la vostra feina” i “aquesta terra no exigeix molt”. La primera edil, tanmateix, assegura que no els va faltar al respecte i ha interposat recurs d'alçada davant el Ministeri de l'Interior.

Els fets, avançats per la Cadena Ser, van tenir lloc l'agost de 2025, quan els agents es trobaven prestant servei de prevenció de la seguretat ciutadana a la glorieta que convergeix amb la carretera que uneix els municipis de Felanitx i Campos (MA-5120). D'acord amb l'ofici de l'Institut Armat, els efectius van donar l'alto al cotxe que conduïa Soler per circular “a una velocitat ostensiblement superior a la permesa” en un tram limitat a 40 km/h. L'edil, segons el relat policial, va profegir aleshores expressions que haurien desacreditat la intervenció dels agents, els quals asseguren, a més, que Soler va insistir, “en to amenaçant”, en la seva condició de batlessa, “pressionant la força actuant en el desenvolupament de la seva funció”.

Després de tenir coneixement de l'obertura de l'expedient, la primera edil va titllar d'“absolutament fals” haver faltat al respecte als efectius de la Guàrdia Civil, assegurant que en cap moment va profegir expressions ofensives o injurioses i que el seu comportament va ser correcte en tot moment, limitant-se a interessar-se pel motiu de la intervenció: “Em sorprèn profundament que s'hagi pogut interpretar el meu comportament com una falta de respecte”, incideix la històrica dirigent del PP, qui assegura ser “plenament conscient del respecte que mereix l'autoritat”.

La batlessa assenyala que, en canvi, sí que es va sentir “intimidada per un abús de poder per part dels agents”, els quals –sempre segons la versió de Soler– van mostrar “un comportament i un to de veu” amb què, diu, no es va sentir “còmoda en cap moment”. Assegura que la situació es va tensar quan va sol·licitar realitzar una trucada telefònica i no se li va permetre fer-la, un extrem que els funcionaris neguen de pla. Aquests precisen que, després de preguntar-los si podia fer la trucada, li van informar que “degut a que es troba en un control policial, a efectes de que es desenvolupi el mateix en el menor temps possible se li recomana que procedeixi una vegada el mateix hagi finalitzat”.

La primera edil qüestiona fins i tot el motiu inicial de l'ordre d'aturada: assevera que circulava a la velocitat permesa, relliscant tot seguit: “Quin és el mitjà probatori que demostra aquesta 'velocitat ostensiblement superior' a la permesa que indiquen els agents?”. Soler incideix en què el procediment sancionador “es basa exclusivament en la versió dels agents actuants” i que no hi ha gravacions, testimonis independents ni altres elements objectius que corroborin els fets.

En un altre escrit, l'alt càrrec del PP reitera que “en cap moment va existir intenció d'eludir l'autoritat ni de posar en perill la integritat dels agents”, si bé argumenta que, en cas que s'haguessin produït manifestacions verbals crítiques, aquestes estarien emparades pel dret a la llibertat d'expressió, “màxim si aquestes expressions no incorren en insult o menyspreu directes, sinó que reflecteixen una opinió crítica o una protesta personal”.

Multa de 100 euros

Després de rebre les al·legacions de l'edil, la Delegació del Govern va donar trasllat als quatre agents, els quals van ratificar per escrit la seva versió i van deixar constància que “sense cap mena de dubte” havien escoltat els comentaris ofensius de Soler contra ells. La posterior resolució de l'organisme dependent de l'Executiu central considera acreditats els fets sobre la base d'aquesta ratificació i recorda que les denúncies dels agents gaudeixen de presumpció de veracitat, llevat de prova en contra, per la qual cosa va decidir imposar una multa de 100 euros a la batlessa en considerar acreditades les “faltes de respecte i consideració” cap als efectius de la Benemèrita.

El document, signat l'agost de 2025, conclou que els fets encaixen en l'article 37.4 de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que tipifica com a infracció lleu les faltes de respecte a membres de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions. La primera edil va decidir interposar un recurs d'alçada en el qual qüestiona la proporcionalitat de la sanció i denuncia la “comissió de proves sol·licitades”, entre elles la declaració individual dels agents actuants i la incorporació de qualsevol suport gràfic o documental que pogués existir.

Després que la Cadena Ser informés sobre l'expedient, Soler ha sortit al pas a les xarxes socials assegurant que la multa de 100 euros és “de trànsit”, malgrat que la pròpia resolució de la Delegació del Govern, que l'alcaldessa va adjuntar juntament amb el seu recurs d'alçada, la tipifica explícitament com una sanció per faltar al respecte als agents. “Jo, a Delegació del Govern només tinc, que jo sàpiga, una multa de trànsit. Es veu que la Cadena Ser ha rebut informació de Delegació de Govern esbiaixada sobre aquesta multa amb l'ànim de fer-me mal, personal i políticament. Si és així, és un delicte”, conclou en una publicació a X. L'expedient continua ara la seva tramitació en via administrativa a l'espera de la resolució del seu recurs.

Es dóna la circumstància que Soler va ser recentment investigada arran de la denúncia que un policia local de Felanitx va interposar contra ella per suposada resistència i desobediència a agent de l'autoritat. El Jutjat d'Instrucció número 1 de Manacor, tanmateix, va acordar el sobreseïment provisional i arxiu de la causa en considerar que els fets denunciats no van quedar degudament justificats.

La denúncia s'emmarcava en el creuament d'acusacions que el funcionari i la batlessa van protagonitzar l'estiu passat arran d'un informe redactat pel primer, en el qual acusava Soler d'haver-la amenaçat durant la celebració de la Festa del Vi de Portocolom del passat 12 de juliol. Des del primer moment, la primera edil va negar els fets relatats per l'oficial, inclòs que fos “borratxa”. “Vaig beure una copa de vi en tota la nit”, va assegurar en la compareixença que va oferir davant els mitjans després que l'oposició reclamés la seva dimissió.

Lo que comenzó con un alto de la Guardia Civil por exceso de velocidad ha derivado en la apertura de un expediente sancionador contra la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), por encararse con cuatro agentes que le ordenaron detener su vehículo mientras atravesaba una rotonda. El expediente, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que durante la actuación policial se enfrentó a los funcionarios y cuestionó su labor con frases como “no merecéis vestir ese uniforme”, “no sabéis hacer vuestro trabajo” y “esta tierra no exige mucho”. La primera edil, sin embargo, asegura que no les faltó al respeto y ha interpuesto recurso de alzada ante el Ministerio del Interior.

Los hechos, avanzados por la Cadena Ser, tuvieron lugar en agosto de 2025, cuando los agentes se encontraban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana en la glorieta que converge con la carretera que une los municipios de Felanitx y Campos (MA-5120). De acuerdo al oficio del Instituto Armado, los efectivos dieron el alto al coche que conducía Soler por circular “a una velocidad ostensiblemente superior a la permitida” en un tramo limitado a 40 km/h. La alcaldesa, según el relato policial, profirió entonces expresiones que habrían desacreditado la intervención de los agentes, quienes aseguran, además, que Soler insistió, “en tono amenazante”, en su condición de alcaldesa, “presionando a la fuerza actuante en el desempeño de su función”.

Tras tener conocimiento de la apertura del expediente, la primera edil tildó de “absolutamente falso” haber faltado respeto a los efectivos de la Guardia Civil, asegurando que en ningún momento profirió expresiones ofensivas o injuriosas y que su comportamiento fue correcto en todo momento, limitándose a interesarse por el motivo de la intervención: “Me sorprende profundamente que se haya podido interpretar mi comportamiento como una falta de respeto”, incide la histórica dirigente del PP, quien asegura ser “plenamente consciente del respeto que merece la autoridad”.

La alcaldesa señala que, en cambio, sí que se sintió “intimidada por un abuso de poder por parte de los agentes”, quienes -siempre según la versión de Soler- mostraron “un comportamiento y un tono de voz” con lo que, dice, no se sintió “cómoda en ningún momento”. Asegura que la situación se tensó cuando solicitó realizar una llamada telefónica y no se le permitió hacerla, un extremo que los funcionarios niegan de plano. Éstos precisan que, tras preguntarles si podía efectuar la llamada, le informaron de que “debido a que se encuentra en un control policial, a efectos de que se desarrolle el mismo en el menor tiempo posible se le recomienda que proceda una vez el mismo haya finalizado”.

La primera edil cuestiona incluso el motivo inicial del alto: asevera que circulaba a la velocidad permitida, deslizando a continuación: “¿Cuál es el medio probatorio que demuestra esta 'velocidad ostensiblemente superior' a la permitida que indican los agentes?”. Soler incide en que el procedimiento sancionador “se basa exclusivamente en la versión de los agentes actuantes” y que no hay grabaciones, testigos independientes ni otros elementos objetivos que corroboren los hechos.

En otro escrito, la alto cargo del PP reitera que “en ningún momento existió intención de eludir la autoridad ni de poner en peligro la integridad de los agentes”, si bien argumenta que, en caso de que se hubieran producido manifestaciones verbales críticas, éstas estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión, “máxima si dichas expresiones no incurren en insulto o desprecio directos, sino que reflejan una opinión crítica o una protesta personal”.

Multa de 100 euros

Tras recibir las alegaciones de la edil, la Delegación del Gobierno dio traslado a los cuatro agentes, quienes ratificaron por escrito su versión y dejaron constancia de que “sin lugar a dudas” habían escuchado los comentarios ofensivos de Soler contra ellos. La posterior resolución del organismo dependiente del Ejecutivo central considera acreditados los hechos sobre la base de dicha ratificación y recuerda que las denuncias de los agentes gozan de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, por lo que decidió imponer una multa de 100 euros a la alcaldesa al considerar acreditadas las “faltas de respeto y consideración” hacia los efectivos de la Benemérita.

El documento, firmado en agosto de 2025, concluye que los hechos encajan en el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción leve las faltas de respeto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. La primera edil decidió interponer un recurso de alzada en el que cuestiona la proporcionalidad de la sanción y denuncia la “omisión de pruebas solicitadas”, entre ellas la declaración individual de los agentes actuantes y la incorporación de cualquier soporte gráfico o documental que pudiera existir.

Después de la Cadena Ser informase sobre el expediente, Soler ha salido al paso en redes sociales asegurando que la multa de 100 euros es “de tráfico”, a pesar de que la propia resolución de la Delegación del Gobierno, que la alcaldesa adjuntó junto a su recurso de alzada, la tipifica explícitamente como una sanción por faltar al respeto a los agentes. “Yo, en Delegación del Gobierno solo tengo, que sepa, una multa de tráfico. Se ve que la Cadena Ser ha recibido información de Delegación de Gobierno sesgada sobre esta multa con el ánimo de hacerme daño, personal y políticamente. Si es así, es un delito”, concluye en una publicación en X. El expediente continúa ahora su tramitación en vía administrativa a la espera de la resolución de su recurso.

Se da la circunstancia de que Soler fue recientemente investigada a raíz de la denuncia que un policía local de Felanitx interpuso contra ella por supuesta resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. El Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, sin embargo, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que los hechos denunciados no quedaron debidamente justificados.

La denuncia se enmarcaba en el cruce de acusaciones que el funcionario y la alcaldesa protagonizaron el pasado verano a raíz de un informe redactado por el primero, en el que acusaba a Soler de haberla amenazado durante la celebración de la Festa del Vi de Portocolom del pasado 12 de julio. Desde el primer momento, la primera edil negó los hechos relatados por el oficial, incluido que fuera “borracha”. “Bebí una copa de vino en toda la noche”, aseguró en la comparecencia que ofreció ante los medios después de que la oposición reclamara su dimisión.

La Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja promueve la campaña de redes sociales “Identifica las señales. Si duele no es amor”, en la que se abordan distintos comportamientos que revelan control, manipulación o violencia psicológica, sobre todo en las relaciones entre adolescentes.

En las ilustraciones se escenifican distintos comportamientos que pueden sufrir las mujeres y que son claros ejemplos de red flags o banderas rojas. Estas señales deben alertar a las propias víctimas o a las personas del entorno de que estas relaciones están basadas en comportamientos tóxicos que no deben producirse en las parejas.

Revisar el móvil, el control de lo que se hace en cada momento o de su ubicación, el aislamiento de las amistades o familiares y hacerla sentirse culpable de comportamientos o agresiones machistas son señales claras que requieren ser identificadas a tiempo para no normalizarlas.

La campaña “Identifica las señales. Si duele no es amor” de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer ha contado con la colaboración de los profesionales riojanos Beatriz Castro, ilustradora, y la animación de Carlos Tobes, de Distrito 101, especializado en producción audiovisual y motion graphics.

Esta campaña se publicará en las redes sociales de la Delegación del Gobierno en La Rioja, así como en las charlas que imparte la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, previstas en el Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, con el fin de que el alumnado de la ESO y Bachillerato conozca e identifique las banderas rojas que no deben producirse en las relaciones basadas en el respeto y la igualdad