La Delegación del Gobierno ha cambiado la ubicación de inicio del “tour” preelectoral de Vito Quiles, 'Mafia o patria', tal y como ha comunicado el agitador a través de sus redes sociales. Según las fuentes consultadas por este periódico, la concentración se ha trasladado a la plaza Yamaguchi porque el activista ultraderechista la comunicó tarde a la Delegación del Gobierno de Navarra y en la plaza del Castillo ya había una convocatoria establecida. Según la versión de Vito Quiles, el cambio de ubicación responde a “la presencia de terroristas callejeros y grupos ultras”.

El autodenominado Movimiento Socialista de Euskal Herria, disidente de la izquierda abertzale que se describe así mismo como antifascista y socialista, convocó a comienzos de semana una movilización en la plaza del Castillo una hora y media antes de la llegada del agitador. Para que “la clase obrera” pueda “hacer frente al fascismo y el autotarismo de los estados”, la “unión del antifascismo es imprescindible”, ha clamado el Movimiento Socialista de Euskal Herria en sus redes sociales.

Según ha comunicado a este medio la Delegación del Gobierno de Navarra, al haber una concentración comunicada en la plaza del Castillo, que además ha sido “anunciada en una rueda de prensa”, la policía ha emitido un informe en el que se recomienda “mover la convocatoria de Vito Quiles a la plaza de Yamaguchi”. Desde el órgano han insistido que “técnicamente las concentraciones no se autorizan, se comunican”, puesto que “el derecho de reunión no está sujeto a autorización previa”. Pero si “colisiona con otra concentración previamente comunicada” se tiene que cambiar “la ubicación de una de ellas”.

Hasta el momento, a pesar de haber publicitado el encuentro, Vito Quiles no había comunicado a la Delegación del Gobierno de Navarra la celebración de su acto en Pamplona, por lo que se ha registrado notificado antes la contramanifestación que la manifestación del agitador.

El agitador de ultraderecha, que el pasado año convocó una concentración en la Universidad de Navarra, pero no apareció ante el riesgo de disturbios después de que grupos antifascistas y de la izquierda abertzale anunciaran una contramanifestación —y donde a media tarde se registraron importantes altercados que se saldaron con más de 30 detenidos—, ha asegurado que la concentración de este jueves “es legal y segura”. “Vamos a inundar Pamplona”, ha arengado.

En su nueva gira, que tiene como lema 'Mafia o patria', Quiles trata de influir en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta ocasión no celebrará sus actos en universidades, sino en puntos más públicos como es el caso de Pamplona.

El agitador de extrema derecha Vito Quiles ha anunciado a través de sus redes sociales que este jueves comenzará una segunda gira de charlas como la que organizó el año pasado. Lo hará con una convocatoria en la Plaza del Castillo de Pamplona para la que no ha solicitado autorización a la Delegación del Gobierno, según confirman fuentes consultadas por elDiario.es. En paralelo, varios colectivos, sindicatos, movimientos juveniles y de pensionistas ha convocado en el mismo lugar una concentración para “conformar un nuevo muro de contención antifascista”.

La elección de Pamplona como la primera parada de su nuevo tour no parece casual. Fue en la capital navarra donde el agitador ultra tuvo que cancelar a última hora su acto el año pasado por la convocatoria de protestas anunciada por colectivos antifascistas y de la izquierda abertzale. Pese a que finalmente Vito Quiles no dio su charla en la Universidad de Navarra, del Opus Dei y que no le había autorizado la convocatoria, ese día se registraron importantes disturbios en la ciudad y más de una treintena de personas fueron detenidas.

En su nueva gira, que tiene como lema 'Mafia o patria', Quiles trata de influir en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta ocasión no celebrará sus actos en universidades, sino que, en el caso de Pamplona por ejemplo, ha elegido la céntrica Plaza del Castillo.

Desde la Delegación del Gobierno confirman a este periódico que por el momento Quiles no ha solicitado la pertinente autorización para la celebración de su acto en Pamplona y que ya ha anunciado a través de sus redes sociales. Dado los plazos, de hacerlo ahora debería solicitarla por vía de urgencia. Por esta vía, el plazo mínimo son 24 horas y se tendría que justificar la urgencia.

En paralelo, varios colectivos, así como sindicatos y movimientos juveniles, han anunciado una convocatoria el jueves en la Plaza del Castillo a las 17:30 horas (media hora antes de la convocatoria de Quiles) “contra el fascismo”. “En estos momentos estamos viviendo una ola reaccionaria que busca, por una parte, recortar en derechos poniendo en el punto de mira los sectores más precarizados y, por otra parte, incidir en la operación nacional de Euskal Herria, con el objetivo de oprimir a las clases populares tanto social como nacionalmente. En este contexto es importante desnormalizar la presencia de personajes que legitiman y refuerzas estas ideas”, señalan en un comunicado.

Así, hacen un llamamiento “a toda la sociedad” de la Comarca de Pamplona para que “se movilice” el jueves 15 de octubre para levantar “un muro de contención llenando la Plaza del Castillo de antifascismo”.

La delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado la “cercanía”, “profesionalidad”, “entrega”, “capacidad de prevención” y, especialmente, la “vocación de cuidar de las personas cuando más lo necesitan” de los miembros de la Guardia Civil. Así lo ha afirmado en su discurso institucional con motivo de la festividad de la patrona del Instituto, la Virgen del Pilar, que se ha llevado a cabo este domingo en las dependencias oficiales de la Comandancia de La Rioja, en Logroño.

En sus palabras, la de este lunes es “una jornada de celebración, sí, pero también una jornada para reconocer, agradecer y poner en valor una forma de entender el servicio público que tiene una enorme importancia para nuestra sociedad”. “Y creo -ha afirmado- que, cuando hablamos de la Guardia Civil en La Rioja, hay una palabra que resume especialmente bien vuestra relación con nuestra tierra: cercanía”.

Cercanía, ha añadido, “porque estáis en nuestros pueblos, en nuestras carreteras, en nuestros campos, en nuestros caminos y en nuestros espacios naturales; cercanía porque muchas veces sois el primer rostro de la Administración que encuentra una persona cuando necesita ayuda; y cercanía porque detrás del uniforme hay hombres y mujeres que conocen nuestro territorio, que conocen a sus vecinos y vecinas y que entienden que proteger a una sociedad también significa acompañarla”.

Ha subraydo la delegada además la importancia de la seguridad y de la prevención porque “muchas veces el mejor resultado de una actuación policial es precisamente aquello que no llega a suceder”. “Una Guardia Civil cercana no es solamente una Guardia Civil que está físicamente cerca. Es una Guardia Civil que escucha, atiende, orienta, auxilia y responde. Y eso nos lleva a una palabra todavía más importante: cuidar”, ha apuntado.

Y es que, a su juicio, entre otras cosas, “cuidar es también mirar hacia el futuro, anticiparse a las nuevas amenazas y preparar al Cuerpo para responder a los desafíos que plantea nuestra sociedad”, algo en lo que la Guardia Civil “ha demostrado su capacidad de adaptación”, para hacer frente a fenómenos como la violencia de género, la ciberdelincuencia o los delitos de odio.

Para Arraiz, actuaciones que se resumen en el “compromiso” que “hacéis por las personas”, ante lo que ha trasladado a los presentes “en nombre del Gobierno de España, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento”, teniendo también unas palabras para las familias de los guardias.

“Gracias por vuestra profesionalidad. Gracias por vuestra entrega. Gracias por vuestra capacidad de prevención. Gracias por vuestra cercanía. Y gracias, especialmente, por esa dimensión de vuestro trabajo que quizá no siempre aparece en las estadísticas, pero que tiene un enorme valor: la capacidad de cuidar a las personas cuando más lo necesitan”, ha incidido, señalando que “todo eso también es seguridad, y eso también es Estado”.

Por eso, y tras reafirmar “el compromiso del Gobierno de España con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, de manera muy especial, con la Guardia Civil”, la delegada ha querido finalizar su alocución “hablando de personas”.

“De los guardias civiles que cada día se ponen el uniforme. De quienes salen a patrullar mientras otros duermen. De quienes acuden cuando alguien pide ayuda. De quienes investigan un delito. De quienes previenen que se produzca. De quienes auxilian. De quienes rescatan. De quienes acompañan. De quienes protegen. Y de quienes, en definitiva, cuidan. A todos vosotros y vosotras, gracias”, ha concluido.

En el mismo también ha tomado la palabra el coronel jefe de la 10 Zona de la Guardia Civil de La Rioja, Enrique Moure. Además también han asistido autoridades regionales, como el consejero de Política Local, Daniel Osés, y locales los concejales Francisco Iglesias, Celia Sanz Miguel Sáinz; la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP Cuca Gamarra; o la eurodiputada Esther Herranz, entre otras personalidades.

Tras la incorporación de la Enseña Nacional, revista de la formación e imposición de condecoraciones -10 al Mérito del Cuerpo con Distintivo Blanco; 5 al Mérito Militar con Distintivo Blanco; una de San Hermenegildo; una Cruz a la Constancia; la mención a la Federación Riojana de Municipios; y tres diplomas de reconocimiento por la colaboración con el Cuerpo-, ha sido Enrique Moure quien ha tomado la palabra, que ha querido comenzar dando las gracias a los agentes “por vuestra profesionalidad y por vuestra permanente vocación de servicio”.

Y ha querido resumir “algunos de los valores que mejor identifican a nuestra institución: la serenidad ante la dificultad, la firmeza en el cumplimiento del deber y el respeto que nace del ejemplo y servicio a los demás”.

158 días sin víctimas mortales en las carreteras de La Rioja

“Nuestra comunidad -ha resaltado- continúa siendo una de las más seguras. Este hecho es fruto del esfuerzo diario y de la profesionalidad de todos los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil en La Rioja, así como de la colaboración permanente con el resto de instituciones y servicios públicos, policías locales, policía nacional, fuerzas armadas, servicios de emergencia, seguridad privada y cuantos trabajan junto a nosotros con la seguridad de los ciudadanos”.

Algo, ha subrayado que “que conlleva el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley, con escrupuloso respeto a las garantías y el derecho de las personas, actuando bajo las órdenes de magistrados, jueces y fiscales”.

Misión, ha señalado, que, más allá de algunas cifras se traduce en algunas cifras -más de 3.000 auxilios directos, 200.000 llamadas de ciudadanos que demandaban atención o más de 100.000 pruebas de alcohol y drogas en carreteras-, en la que ha querido reconocer espescialmente la labor de Tráfico, traducido en un récord: “158 días consecutivos sin víctimas mortales” en las carreteras riojanas.

Ha querido también reconocer que “los desafíos evolucionan y nosotros debemos evolucionar con ellos”, sobre todo en el ámbito digital, que “exige preparación y adaptación, además de una formación constante”. “Porque la seguridad -ha afirmado- no es un fin en sí mismo, es la condición necesaria para la libertad, la convivencia y el progreso de nuestra sociedad”.

“El reconocimiento de los ciudadanos no se impone, se gana cada día mediante la cercanía, el compromiso y el ejemplo. Invertir en Guardia Civil es invertir en seguridad, en cohesión territorial y en el futuro de nuestros pueblos”, ha finalizado Enrique Moure, que ha querido concluir con agradecimientos y recuerdos para los condecorados hoy, para quienes han pasado a la reserva, para los compañeros fallecidos y para las familias de los guardias.

“Podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una institución que ha sabido evolucionar con los tiempos sin renunciar a sus principios. Un legado que nos honra y que nos obliga a seguir sirviendo a España y a La Rioja con la misma entrega, lealtad y vocación de servicio que quienes nos precedieron. Sigamos siendo merecedores de la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros”, ha finalizado.

Tras las dos intervenciones institucionales, se ha procedido al intercambio de pergaminos conmemorativos y a la entrega por parte de la UAR de un banderín institucional con motivo del XXV aniversario de su Hermanamiento con el Centro de Entrenamiento de Fuerzas de Gendarmería francesa -CNEFG-.

Para finalizar, ha tenido lugar uno de los momentos más emotivos del acto, con el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España. Finalmente ha sonado el himno de la Guardia Civil y el acto ha concluido con la retirada de la Enseña Nacional de formación.

La Delegación del Gobierno en Cantabria reivindica la diversidad del colectivo LGTBI+ a través de la expresión artística acogiendo una muestra organizada por Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA).

La exposición 'Arte sin armarios' permanece desde este jueves en la Sala Juan de la Cosa de la sede de la institución, en la calle Calvo Sotelo 25 de Santander, donde podrá visitarse hasta el 22 de octubre.

Acoge obras de 12 artistas que tratan de dar visibilidad al colectivo LGTBI+ a través de diferentes formatos de expresión artística. Así, se incluyen pinturas, fotografías u obras digitales.

La exposición, que cuenta con la colaboración de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Consejo de la Juventud de Cantabria, es la antesala de las 'XXIV Jornadas de Jóvenes sin Armarios' organizadas por la federación estatal y financiadas por el Instituto de la Juventud (INJUVE), que se celebrarán en la Delegación del Gobierno entre el sábado, 10 de octubre, y el lunes, día 12.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha inaugurado la muestra junto al presidente de ALEGA, Víctor Manuel Pérez Brezmes, y ha destacado la importancia de seguir construyendo “una España y una Cantabria en diversidad, con inclusión y con igualdad”.

También ha puesto en valor el trabajo que lleva desarrollando ALEGA en Cantabria durante más de tres décadas en defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y ha reivindicado la necesidad de continuar defendiendo “una sociedad abierta, tolerante y libre”.

“Son muchas las conquistas sociales y los avances en la lucha por los derechos LGTBI+ pero debemos trabajar para mantener ese impulso y seguir alcanzando nuevos derechos”, ha defendido el representante del Estado en la comunidad autónoma.

Y también ha insistido en la necesidad de que desde todas las instituciones públicas “se luche contra cualquier signo de discriminación, se pongan en marcha políticas que reconozcan esa diversidad de la sociedad desde el respeto y el reconocimiento social y jurídico a todos los derechos y también para condenar el odio y las fobias”.

La Policía Nacional detuvo este jueves por la noche a dos hombres por saltarse el cordón policial que protege la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La detención se produjo durante un piquete nocturno en la acampada instalada en la Puerta del Sol, alrededor de las 22.00 horas, después de la cacerolada convocada frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles.

El incidente se produjo cuando los dos hombres rebasaron el dispositivo de seguridad y los agentes les requirieron para que regresaran. Según una publicación en redes sociales de la Coordinadora Juvenil Socialista de Madrid, los policías golpearon y detuvieron a los manifestantes y los introdujeron en el edificio de la Presidencia, “para que no veamos lo que ocurre”, sostiene la organización.

En los vídeos difundidos por la Coordinadora se observa cómo varios agentes introducen por la fuerza en el edificio a los dos hombres, de 32 y 58 años. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han confirmado a este periódico la detención de ambos, aunque no han aportado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo ni sobre su situación posterior.

Por su parte, fuentes policiales señalan que fueron los manifestantes quienes agredieron a los agentes durante el incidente y que varios policías sufrieron lesiones leves y alguna contusión. Según estas mismas fuentes, los dos hombres fueron detenidos ante la posibilidad de que hubieran cometido un delito de atentado contra agente de la autoridad. Confirman además que se trataban de dos hombres, uno español y otro de origen colombiano.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid asegura desconocer los detalles del incidente y las circunstancias concretas en las que se produjeron las detenciones.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha salido en defensa de los nuevos decretos de vivienda y cree que los dos “deben de salir adelante”. Además, ha asegurado respetar la opinión del presidente regional, Emiliano García-Page, pero le ha respondido que las medidas sobre alquiler no son un “parche”.

Así ha reaccionado Sabrido al ser preguntado por las declaraciones de García-Page este miércoles en las que afirmaba que los decretos son “un torniquete” ante la “hemorragia” causada por el desahucio de Maricarmen.

“Yo respeto mucho al presidente Page, pero tengo que decir en primer lugar que el Gobierno de España ya en el 2024 aprobó la ley de vivienda. Ley de vivienda que por motivos ideológicos o por los motivos que fueran no se están aplicando en las comunidades autónomas”, ha censurado Sabrido.

Según ha argumentado, son las comunidades autónomas --que tienen competencia exclusiva en materia de vivienda--, las que tienen que decir cuántas viviendas y cuánto han ofrecido a cada uno de los ciudadanos de su comunidad autónoma.

Dicho esto, el delegado del Gobierno considera que la sociedad lo que está haciendo en este momento es confiar en el PSOE y en el Gobierno de España “porque saben que cuando hay grandes problemas, este partido es el que tiene la fuerza y la voluntad de solucionar los problemas”.

Es por ello que opina que “los que tienen el problema están entendiendo que estamos dando una solución y cuando se da una solución no es un parche, es una solución”, ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado de que los dos decretos deben salir adelante. “Soy marcadamente optimista y creo que se hacen con la voluntad de que los dos aprueben. Así lo demanda la sociedad y los parlamentarios que son los representantes de esta sociedad, yo creo que no van a defraudar y los van a aprobar”.

Los “cuchillos de grandes dimensiones” cuya existencia denunció este miércoles el alcalde de Madrid han llegado a Delegación del Gobierno en forma de informe municipal y de una foto probatoria en la que se puede observar un cuchillo de cocina situado entre varios trozos de pan cortado, junto a un envase con lo que parece ser hummus. El Ayuntamiento lo considera “una clara amenaza a la seguridad ciudadana”, según el escrito firmado por la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, al que ha tenido acceso este periódico.

El texto habla de “artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos que pueden ser empleados como arma para causar lesiones a las personas que allí permanecen y transitan, o a los miembros de los Cuerpos de Seguridad”. En las imágenes que lo acompañan también se incluyen otras de adoquines de obra que están siendo usados por los campistas para lastrar las tiendas sobre el suelo. “El posible uso de cualquiera de esos elementos en enfrentamientos o disputas supone una clara amenaza para la seguridad ciudadana, competencia de esa Delegación del Gobierno y de los Cuerpos y Fuerzas que de ella dependen”, añade el informe municipal.

Almeida había hablado horas antes del envío de este informe de “cuchillos que no son necesarios para cortar un bocadillo”, aunque la única prueba mandada por el Ayuntamiento de este tipo de objetos parece demostrar que su función es precisamente esa: la de utensilio de cocina en la acampada. También aseguró que “se han producido altercados ya violentos” que “todos hemos visto”, expresión que también recoge el informe aunque sin detallar estos episodios. Durante los días de acampada varios agitadores de la ultraderecha han acudido a la plaza, de la que han sido expulsados por sus integrantes. Uno de ellos, Bertrán Ndongo, fue despojado de un spray con gas pimienta que blandió delante de varios activistas.

El envío del citado informe municipal es parte de la estrategia del Ayuntamiento de Madrid para forzar un desalojo en la Puerta del Sol por parte de Delegación del Gobierno, para lo que es necesario demostrar las actitudes violentas de los allí acampados. El delegado Francisco Martín aseguró que solo intervendría si se produjeran amenazas contra la seguridad.

También se queja el alcalde del “vandalismo” sobre la estatua del Oso y el Madroño, que había sido decorada con un chaleco del Sindicato de Inquilinas y un pañuelo palestino. En su peana se habían colocado pegatinas y se leen varias pintadas con los lemas Ayuso cuidado o Eat the rich (cómete a los ricos). Este jueves por la mañana el monumento amanecía vallado para evitar nuevas intervenciones.

En este sentido, el informe municipal asegura que “se han constatado graves actos vandálicos contra diversos bienes históricos y patrimoniales allí existentes y pintadas sobre los mismos, incluso en tono de amenaza hacia dirigentes políticos de esta región”, además del “uso incívico del mobiliario urbano y de las infraestructuras de la zona”.

Delegación respetará “el derecho de reunión”

El Sindicato de Inquilinas calificó ayer por la tarde de “bulos” las afirmaciones del alcalde. “Es normal que el alcalde esté nervioso y tenga que inventarse bulos tan tristes como ese de los cuchillos y los adoquines para intentar deslegitimar la acampada de Sol, porque le señala directamente a él y a la señora Ayuso como culpables de este despropósito que vivimos en Madrid”.

Por su parte, Delegación del Gobierno ha restado importancia este jueves al ultimátum de 48 horas “que ha creado la propia Comunidad de Madrid” para levantar la acampada. En declaraciones a los medios antes de un acto, el delegado Francisco Martín ha dicho que “vamos a seguir cumpliendo las actuaciones procedentes, siempre en cumplimiento estricto del marco normativo y en particular con respecto al ejercicio del derecho de reunión”.

En un comunicado posterior, Delegación asegura haber emitido sendos acuses de recibo de los requerimientos comunicados por el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. En ellos señala que “resulta de aplicación el régimen previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa [el procedimiento que rige los requerimientos], y que se continúan desarrollando las actuaciones que resultan procedentes en relación con la situación existente en la Puerta del Sol, de acuerdo con las circunstancias concurrentes y con pleno respeto al ordenamiento jurídico”.

Los seis guardias civiles del grupo que atribuyó falsamente al Gobierno la propagación de la Covid-19 han dado un paso más hacia el banquillo de los acusados por otra actuación irregular: la colocación de dispositivos de seguimiento sin autorización judicial en un caso de presunto narcotráfico. Las autoridades francesas han remitido al juzgado de Madrid que investiga a los agentes la información recabada a la empresa fabricante de una de las balizas empleadas por los guardias civiles y, con ello, la confirmación de que el dispositivo ilegal estuvo en la Comandancia del instituto armado en Tres Cantos (Madrid) y en el domicilio de uno de los imputados.

elDiario.es ha accedido a la respuesta de Francia a la Orden Europea de Investigación (OEI). En la misma, la Policía Judicial francesa remite la información recabada de la compañía Invoxia. Según los datos facilitados, un cliente apodado “Paulaner” activó el dispositivo el 4 de febrero de 2023 a las 21.21.56. La información contiene todo el uso de la baliza, colocada en “una motocicleta” y cuya señal de ubicación se actualizaba “cada 5 minutos”.

Los datos aportados por Francia incluyen el momento y lugar de la activación de la baliza, coincidente con el domicilio del guardia civil que actuó como secretario de las actuaciones en el caso de narcotráfico investigado. Con posterioridad, el dispositivo se geolocaliza en la Comandancia de la Guardia Civil, sede del Grupo de Delitos Económicos al que pertenecen los imputados, según ha constatado la defensa del denunciante. En esta sede de la Guardia Civil, la baliza tuvo 54 posicionamientos, 43 de ellas dentro de las parcelas de la propia Comandancia. Todo ello en 14 fechas que van del 6 de febrero al 28 de marzo de 2023, coincidente con el periodo de los hechos investigados.

En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados de otro caso, el que sirvió para imputar al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel había escogido a este grupo de la Guardia Civil de Madrid para que actuara como policía judicial. Antes, la magistrada había admitido a trámite la querella de un abogado abonado a las tesis conspiranoicas y que dos años después ingresaría en prisión por estafar a clientes.

Los guardias civiles trufaron sus atestados de bulos, opiniones sesgadas y mantras de la extrema derecha para atribuir al Gobierno la responsabilidad de la expansión del Covid por autorizar la manifestación feminista del 8M. El contenido de aquellos informes policiales supuso un terremoto político sobre la gestión de la tragedia. Su escasa fiabilidad provocó a la postre que la causa fuera archivada por la jueza. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó cesar al coronel jefe de la Comandancia, Diego Pérez de los Cobos, por no haber informado a la cadena de mando de los avances de la investigación del caso 8M. Pérez de los Cobos siempre defendió que sus agentes solo reportaban a la jueza por orden expresa de esta. La justicia terminó por restituirle en su puesto.

Sin embargo, los guardias civiles que firmaban los atestados y su jefe no tuvieron que asumir ninguna responsabilidad. La investigación abierta por la propia Guardia Civil por la filtración de los informes a un medio sensacionalista de la derecha acabó sin ningún sancionado.

Los mismos guardias civiles del 8M actuaron después a las órdenes del juez Santiago Pedraz en el caso denominado 'Águila-Frozen' contra una red de narcotraficantes. En el transcurso de la causa, la defensa de uno de los investigados presentó el testimonio de una mujer que había grabado a uno de los guardias civiles confesando los métodos ilegales que utilizaba el grupo. Pedraz abrió una pieza separada e imputó al brigada. El magistrado también ordenó un informe a la Policía Nacional, que motivó que la investigación se ampliara a otros cinco guardias civiles en el juzgado de Madrid, que pasó a ser el competente para investigar.

Los policías nacionales pusieron en marcha la Operación Bali 23. En poco tiempo identificaron el locutorio donde se habían comprado, con un DNI perdido por su dueño, dos tarjetas telefónicas utilizadas en los seguimientos ilegales. El presunto narcotraficante encontró esas balizas en su Audi A3 y una moto Kawasaki Ninja.

Los policías detallaban en su atestado el contacto de los guardias civiles con la baliza hallada en el coche, a través del posicionamiento de los móviles de los agentes. A la investigación le faltaba la información de la otra baliza, que solo podía entregar Francia. En la motocicleta había oculto un pequeño dispositivo perteneciente a la marca Invoxia, con sede en Francia, la misma que ha facilitado los datos al Juzgado de Madrid que investiga a los agentes.

Investigados desde hace dos años, los agentes prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 54 asistidos de un letrado particular, después de que la Abogacía del Estado, siguiendo la recomendación de la Dirección General de la Guardia Civil, renunciara a ejercer la defensa, como los guardias civiles pretendían. Fuentes del caso sitúan la investigación en su tramo final antes de que la magistrada dicte el auto del fin de la instrucción y proponga juzgar a los agentes por un delito contra la intimidad.

El coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete, cesará en su destino el próximo mes de octubre y será relevado por el coronel Gabriel Flores.

El edificio Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha en Toledo ha celebrado el acto 'Día de la Delegación', para conmemorar los 31 años de servicio y el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Jose Pablo Sabrido, ha aprovechado para agradecer a Juan Luis Vizuete su labor. Ha estado en el puesto desde 2020.

Tras seis años al frente de la Delegación, ha destacado la conmemoración del 450 Aniversario de la Batalla de Lepanto o las jornadas de Seguridad y Defensa para Docentes y Orientadores en las que han participado 130 profesores en sus tres ediciones, en Toledo y Albacete.

En el ámbito provincial, ha mencionado los dos conciertos de música militar realizados en esta sede la participación de 65 centros educativos en el concurso literario escolar 'Carta a un Militar Español', las 405 charlas sobre Fuerzas Armadas en colegios e institutos de secundaria, la realización de las pruebas selectivas para el acceso a Militar de Tropa y Marinería por 6150 aspirantes con una tasa de aprobados del 28,3% de los presentados, y que la implantación de la administración electrónica ha permitido reducir el consumo de papel en un 70%, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha prohibido a la plataforma Viviendas Sociales en Lucha, que representa a gran parte de los más de 3.000 adjudicatarios del II Plan de Vivienda del Archipiélago (1992-1995), el uso de dispositivos que emitan “sonidos estridentes o de elevada intensidad” durante las protestas que han convocado ante el edificio institucional Usos Múltiples I, situado en la plaza de los Derechos Humanos, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los manifestantes reclaman el acceso a la propiedad de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las que residen desde hace más de treinta años y cuya entrega en propiedad fue prometida por el Ejecutivo regional desde el principio. Entre julio y agosto realizaron un total de quince protestas y habían previsto once más para este mes de septiembre (ya se han celebrado tres).

Sin embargo, poco después del inicio del curso lectivo, el 9 de septiembre, la dirección del CEIP Iberia, situado a unos 80-100 metros del lugar de las manifestaciones, escribió a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Las Palmas para exponer “la difícil situación” que el centro a diario “debido a los altos niveles de ruido generados por las concentraciones en las inmediaciones”.

La Subdelegación ha reaccionado prohibiendo “el empleo de pitos, vuvuzelas, bocinas de aire comprimido, sirenas, dispositivos que reproduzcan señales acústicas de alarma o emergencia y otros elementos de similares características que produzcan sonidos estridentes o de elevada intensidad”, a causa de la “afección acústica” que las concentraciones han generado “en el entorno y, especialmente, sobre el normal desarrollo de la actividad lectiva del CEIP Iberia”.

La presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha, Araceli Refoyo, ha asegurado a Canarias Ahora que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que la medida vulnera el derecho de reunión. Añade que ninguna resolución anterior le había impuesto restricciones sobre el ruido de las protestas.

En un escrito firmado este mismo lunes, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas recuerda que el derecho de reunión, recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, no es ilimitado y debe conciliarse con el derecho a la educación del alumnado y el derecho al trabajo del entorno, que figuran en los artículos 27 y 35 de la Carta magna, respectivamente.

El órgano señala que las quejas del centro escolar no responden a una “mera hipótesis o previsión de una eventual afección”, sino que se ha constatado “la producción efectiva de molestias y afecciones acústicas”. Para justificarlo, menciona un informe de la Policía Nacional sobre el desarrollo de las protestas, en el que consta que los manifestantes utilizan “silbatos, botellas de plástico vacías que golpean entre sí, y unas bocinas de aire comprimido [que Refoyo dice que son manuales], también conocidas como bocinas de estadio […], además de un megáfono que utilizan para proclamar eslóganes, con función sirena, que activan de vez en cuando, emitiendo un fuerte sonido estridente”.

La Subdelegación puntualiza que la acumulación de convocatorias (15 en verano y 11 en septiembre) rompe con la “transitoriedad o temporalidad que debe configurar” el derecho de reunión. Añade que esta “reiteración en días y horas” puede suponer “un agravante al ponerse en relación con los perjuicios reiterados que se causan en la zona afectada para quien tiene allí su domicilio, desarrolla su trabajo o recibe una jornada lectiva”.

El escrito indica que el derecho de reunión “puede verse sometido a ciertas modulaciones o límites” para evitar que un ejercicio “extralimitado” del mismo pueda entrar en colisión con otros derechos. Y matiza que no busca impedir su disfrute, sino “determinar las condiciones que permitan compatibilizar su ejercicio con el normal desarrollo de la actividad lectiva”, en este caso.

La Subdelegación del Gobierno en Las Palmas dice que valoró la posibilidad de adoptar medidas “de mayor incidencia”, como la modificación del horario o del lugar de celebración de las protestas. Pero considera que prohibir directamente el uso de elementos que emitan sonidos elevados es una alternativa “menos restrictiva” que va a la “fuente concreta de la afección constatada”.

Esta decisión, agrega el órgano, “permite mantener el lugar, las fechas, el horario, la duración y el objeto reivindicativo” de las protestas, así como el derecho a expresarse mediante “la voz, consignas, pancartas, carteles y demás medios ordinarios de expresión”.

Protestas idénticas en 2024

No es la primera vez que estas manifestaciones contra el Gobierno de Canarias, en concreto contra la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), son restringidas por exceso de ruido.

Una “idéntica situación” se vivió en 2024, recuerda la Subdelegación en su informe, en la que se llegó a modificar el horario de las concentraciones “con el fin de garantizar la conciliación entre el ejercicio del derecho de reunión y el derecho a la educación” de los alumnos del colegio. La medida fue avalada por el TSJC.

El alto tribunal canario, no obstante, reprochó en dos sentencias anteriores la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas al prohibir las manifestaciones convocadas para determinados días de marzo de 2024 e inadmitir la comunicación previa de concentración para otras jornadas de ese mismo mes. Ambos fallos remarcan que lo que tendría que haber hecho el órgano era modificar la fecha, el lugar o la duración de las protestas para permitir su celebración.

En esta ocasión, la Subdelegación remarca que ya había advertido el día 4 de septiembre de que actuaría si el ruido continuaba con el inicio del curso escolar. El 10 de septiembre, la dirección del CEIP Iberia denunció los hechos. Y el órgano estatal considera, por tanto, que “se ha constatado el empleo reiterado de determinados elementos acústicos susceptibles de generar sonidos de elevada intensidad y carácter estridente, existiendo además una afectación expresamente puesta de manifiesto” una vez iniciada la actividad lectiva.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha descartado que los ocho diputados socialistas que representan a la comunidad autónoma vayan a romper la disciplina de voto en el Congreso cuando tengan que pronunciarse sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Desde su punto de vista eso no es “razonable”.

Hoy ha sido preguntado por los medios sobre esta cuestión después de que en los últimos días se deslizase esta idea desde diversos ámbitos políticos e institucionales vinculados al PSOE castellanomanchego. Sabrido ha dicho contemplar “muchas cuestiones” aunque ninguna de ellas le lleva “a pensar, ni siquiera remotamente, que pudiera haber un acto de indisciplina en el Congreso los Diputados de Castilla-La Mancha”.

“En el Congreso se podrá debatir el modelo de financiación. Por ello, a priori, decir que no se va a votar o se va a votar me parece inoportuno. En segundo lugar, yo a los que conozco personalmente y políticamente, no creo que estén en esa clave”, ha dicho en alusión a eso ocho parlamentarios, entre los que se encuentra el actual secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez.

“No creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”

El delegado se ha explayado hoy en sus declaraciones, después de hacer evidente las tensiones internas en los últimos días, en una entrevista concedida a elDiario.es Castilla-La Mancha.

“En tercer lugar no me parece razonable, y es que como no lo contemplo ni me parece razonable, no creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”.

“Entiendo que los diputados en el Congreso de los Diputados, de los que yo me siento muy orgulloso, fueron elegidos dentro de una lista encabezada a nivel nacional por Pedro Sánchez, votada fundamentalmente por gente progresista. Y votar en contra de Pedro Sánchez en el Congreso sería defraudar a los que votaron a Pedro Sánchez y satisfacer a la derecha y a la extrema derecha, que desde hace mucho tiempo abogan por derribar a Pedro Sánchez”, ha zanjado.

El Gobierno de Page insiste: “Nos opondremos de todas todas”

En paralelo, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto hoy a rechazar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo español.

“No es un buen sistema de financiación para Castilla-La Mancha”, es más, ha dicho el vicepresidente, es “un pésimo sistema de financiación para Castilla-La Mancha” y “no vale decir que vamos a recibir más dinero del que recibimos actualmente”. “Faltaría más que, después de 12 años en aprobar un sistema de financiación, que el Estado no pusiera más recursos para las comunidades autónomas”.

Según el vicepresidente socialista, “no se trata de que recibamos más dinero” sino que “se trata de cómo se distribuye ese dinero” porque con la propuesta que se hace de distribución “salimos más perjudicados que con el actual sistema”.

Según ha explicado José Luis Martínez Guijarro, un castellanomanchego va a recibir todos los años algo más de 200 euros menos que un catalán para financiar los servicios públicos. “¿Por qué?”, se ha preguntado el vicepresidente.

“No se trata de que haya más dinero en el sistema de financiación, sino de cómo se reparte y esto lo provoca el criterio de ordinalidad”, que a su juicio es “una barbaridad” porque “quien más tiene, tiene más derechos”. “Eso es inaceptable; el delegado del Gobierno tendrá el mandato de defenderlo pero es indefendible desde una óptica progresista”, ha apostillado.

En todo caso, matizaba, desde el gobierno de Emiliano García-Page van a seguir oponiéndonos “de todas todas” a ese sistema de financiación y esperan que “no salga”.

“Esperamos que el Gobierno de España le entre un poco de cordura y acabe no presentándolo y que nos sentemos todas las comunidades autónomas porque es un sistema que está avalado por dos comunidades autónomas: por Catalunya, que es la gran beneficiada, y por Canarias, que tiene un régimen especial, y por lo tanto el sistema de financiación no se le aplica de una misma manera que al resto de las comunidades autónomas”. Es un argumento similar al que mantiene el Gobierno castellanomanchego en la última década.

La defensa de Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de València, ha recurrido su procesamiento en el 'caso Azud' al considerar que el presunto cohecho que se le imputa estaría prescrito. El escrito, al que ha tenido acceso este diario, pide el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento y alega que la jueza instructora no “individualiza una dádiva, favor, retribución, ofrecimiento o promesa efectivamente recibida, solicitada o aceptada por él”.

Virgilio Latorre, letrado de Rubio, también desliza que las iniciales “R” o “RR” vinculadas a supuestas mordidas que constan anotadas en la documentación intervenida al empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama, no prueban por sí solas la entrega al investigado de 300.000 euros, tal como sostiene la instructora, “ni el pacto corrupto”.

Además, el recurso también reprocha que el importe de la supuesta mordida ha ido variando en el marco de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, oscilando finalmente en una amplia horquilla de entre 300.000 y 750.000 euros.

La UCO mantiene la tesis de que Rafael Rubio habría cobrado durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de València la supuesta mordida a cambio de callar o de aflojar las críticas contra una de las operaciones urbanísticas vinculadas a la presunta trama. Rubio fue detenido en 2021, cuando era subdelegado del Gobierno en València.

El escrito también desliza que las iniciales de “R” o “RR” cuenta con unas variables “infinitas” de atribución a una persona en concreto. La defensa de Rafael Rubio desliza —“sin ánimo de causar perjuicios a nadie”— que una de las personas investigadas en el 'caso Azud' fue “Ricardo Rubio” y otra de las personas “sospechosas” fue un individuo apellidado “Ramírez”.

Por otro lado, el recurso asegura que la defensa desconoce la finalidad y a quién estaban dirigidas las cantidades anotadas en las tablas de costes de Febrer. “O a quien se pretendía hacer creer con las mismas lo que quiera que allí se anotó”, apostilla.

Por el contrario, el letrado alude a la “absoluta seguridad” por parte del expolítico socialista de que “no existió acto de ofrecimiento ni aceptación de dádiva alguna en relación al objeto de la imputación cuya formulación se pretende autorizar”.

La defensa tilda la instrucción del 'caso Azud' de “policial” y “no judicial”, habiendo asumido “aquella información e interpretación que aparece en los informes como dogmas de fe, sin la más mínima fiscalización ni cuestionamiento propio”. El auto de procedimiento abreviado, que procesa a un total de 38 personas, se erige en “una suerte de resumen o compendio de diversos informes” de la UCO, agrega.

La defensa ve meras “especulaciones de terceros”

“No consta identificada una transferencia, entrega, intermediario, soporte documental de pago o comunicación atribuible a mi mandante que cierre la cadena inferencial de la proposición y aceptación de la recepción de una dádiva concreta”, argumenta el recurso.

Además, la defensa también niega la “realidad material” de las citas entre Rafael Rubio, el abogado José Luis Vera y Jaime Febrer reseñadas en la agenda del empresario.

El escrito ve una acumulación de “sospechas”, de “hipótesis no contrastadas” y de “especulaciones de terceros”, aunque “sin individualizar el elemento nuclear del cohecho” imputado indiciariamente a Rubio.

Por otro lado, también cuestiona que los regalos navideños de Febrer acrediten la supuesta comisión de 300.000 euros “ni el pacto de silencio o de omisión funcional que se pretende conectar a la operación de las parcelas”, una de las subtramas de la causa.

La defensa de Rafael Rubio, exsubdelegat del Govern i exregidor socialista a l’Ajuntament de València, ha recorregut el seu processament en el cas Assut en considerar que el presumpte suborn que se li imputa estaria prescrit. L’escrit, al qual ha tingut accés aquest diari, demana el sobreseïment lliure i l’arxivament del procediment i al·lega que la jutgessa instructora no “individualitza un regal, favor, retribució, oferiment o promesa efectivament rebuda, sol·licitada o acceptada per ell”.

Virgilio Latorre, lletrat de Rubio, també apunta que les inicials “R” o “RR” vinculades a suposades mossegades que consten anotades en la documentació intervinguda a l’empresari Jaime Febrer, considerat el presumpte corruptor de la trama, no proven per si soles l’entrega a l’investigat de 300.000 euros, tal com sosté la instructora, “ni el pacte corrupte”.

A més, el recurs també retreu que l’import de la suposada mossegada ha anat variant en el marc de la investigació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, oscil·lant finalment en una àmplia forqueta d’entre 300.000 i 750.000 euros.

L’UCO manté la tesi que Rafael Rubio hauria cobrat durant la seua etapa de regidor a l’Ajuntament de València la suposada mossegada a canvi de callar o d’afluixar les crítiques contra una de les operacions urbanístiques vinculades a la presumpta trama. Rubio va ser detingut el 2021, quan era subdelegat del Govern a València.

L’escrit també apunta que les inicials “R” o “RR” compten amb unes variables “infinites” d’atribució a una persona en concret. La defensa de Rafael Rubio assenyala —“sense ànim de causar perjudicis a ningú”— que una de les persones investigades en el cas Assut va ser “Ricardo Rubio” i una altra de les persones “sospitoses” va ser un individu cognomenat “Ramírez”.

D’altra banda, el recurs assegura que la defensa desconeix la finalitat i a qui anaven dirigides les quantitats anotades en les taules de costos de Febrer. “O a qui es pretenia fer creure amb aquestes el que fora que allí s’anotara”, afig.

Per contra, el lletrat al·ludeix a l’“absoluta seguretat” per part de l’expolític socialista que “no va existir cap acte d’oferiment ni d’acceptació de cap regal en relació amb l’objecte de la imputació la formulació de la qual es pretén autoritzar”.

La defensa qualifica la instrucció del cas Assut de “policial” i “no judicial”, en haver assumit “aquella informació i interpretació que apareix en els informes com a dogmes de fe, sense gens ni mica de fiscalització ni qüestionament propi”. La interlocutòria de procediment abreujat, que processa un total de 38 persones, es converteix en “una mena de resum o compendi de diversos informes” de l’UCO, afig.

La defensa veu meres “especulacions de tercers”

“No consta identificada una transferència, entrega, intermediari, suport documental de pagament o comunicació atribuïble al meu representat que tanque la cadena inferencial de la proposició i acceptació de la recepció d’un regal concret”, argumenta el recurs.

A més, la defensa també nega la “realitat material” de les cites entre Rafael Rubio, l’advocat José Luis Vera i Jaime Febrer ressenyades en l’agenda de l’empresari.

L’escrit veu una acumulació de “sospites”, d’“hipòtesis no contrastades” i d’“especulacions de tercers”, encara que “sense individualitzar l’element nuclear del suborn” imputat indiciàriament a Rubio.

D’altra banda, també qüestiona que els regals de Nadal de Febrer acrediten la suposada comissió de 300.000 euros “ni el pacte de silenci o d’omissió funcional que es pretén connectar a l’operació de les parcel·les”, una de les subtrames de la causa.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha recibido hoy a Antonia Mayol, afectada, junto a otros miembros de su familia, por una orden de desahucio de su vivienda en Alcantarilla prevista para el próximo 22 de septiembre.

Durante el encuentro, al que han asistido representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Jose Antonio Vives, Francisco Morote y Joaquín Sánchez, el delegado del Gobierno les ha transmitido todo su “apoyo” y el “compromiso de trabajar” para intentar avanzar en una solución al problema habitacional ocasionado por el desahucio.

Lucas ha informado que realizará diversas gestiones para intentar aplazar el desahucio y, al mismo tiempo, hablar con el Ministerio de Vivienda y la SAREB por si existiera alguna solución que permita realojar a los afectados.

Tanto la familia como los representantes de la Plataforma han agradecido el interés del delegado del Gobierno por este asunto y han mostrado su deseo y confianza en que se pueda encontrar una solución satisfactoria.

Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

La Guardia Civil ha perseguido e interceptado a la altura de Cabo Cope una embarcación con dos motores cargada con 20 garrafas de gasolina y dedicada al traslado de inmigrantes irregulares a las costas de la Región de Murcia.

El delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha valorado el dispositivo marítimo, aéreo y terrestre desplegado en una operación saldada con la detención de sus dos patrones: “El trabajo y el seguimiento a los miembros de estas mafias es continuo, y la coordinación de todas las unidades de la Guardia Civil ha permitido culminar con éxito una operación que llevaba semanas preparándose. Quiero agradecer una vez más, y felicitar, a todos los miembros de la Guardia Civil y el Servicio Marítimo”.

Estas detenciones se unen a las dos efectuadas el lunes pasado en Cartagena, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil sorprendieron otra embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas.

El delegado del Gobierno ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la seguridad de nuestras costas y la lucha contra las mafias que trafican con personas: “Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y pedirles que confíen en la Guardia Civil y el trabajo que realiza. Nuestras fronteras son seguras, nuestra Región es una de las más seguras de España, y les garantizo que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional seguirán trabajando por su seguridad, tranquilidad y calidad de vida”, ha concluido.

La Guardia Civil ha interceptado, a 12 millas al sureste de Monte Cenizas en Cartagena, una embarcación con cuatro motores dedicada al traslado de inmigrantes irregulares. Los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han sorprendido esta mañana a esta embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas, después de que hubiera desembarcado a 59 inmigrantes irregulares en Calblanque y que fueron interceptados por patrullas territoriales desplegadas en la zona.

Tal y como ha informado Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, también se ha detenido a los dos patrones de la embarcación: “Seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias”, ha afirmado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala.

“La dimensión y potencia de la embarcación intervenida da muestra de la complejidad del reto al que se enfrentan diariamente la Guardia Civil y su Servicio Marítimo Provincial. Ha sido una operación de mucho mérito, diseñada con rigor y profesionalidad, lejos del ruido social y político, esperando el momento oportuno para sorprenderles sin comprometer la seguridad de los agentes”, ha explicado Francisco Lucas.

El delegado del Gobierno ha reafirmado el “compromiso” del Gobierno de España con la seguridad de nuestras costas y la lucha contra las mafias que trafican con persona: “Los tiempos de la Guardia Civil son distintos a los tiempos de las redes sociales y de los mensajes políticos alarmistas, y sólo los marca la viabilidad y el éxito de las operaciones y la seguridad de los propios agentes”. En este sentido ha apelado a la “responsabilidad” de todos y reclamado “dejar trabajar con calma a los profesionales de la Guardia Civil”.

“Los que durante estos días siguen utilizando este tema políticamente también se han enfrentado al mismo reto, y saben que a las mafias se les combate con lealtad, cooperación y dejando trabajar a la Guardia Civil y la Policía Nacional, no desestabilizando a diario y generando una innecesaria alarma social”, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha indicado que los refuerzos materiales de los últimos días están dando sus frutos, pues esta operación se ha realizado con la semirrígida S-40 que entró en funcionamiento el viernes, a la que se le pusieron motores más potentes.

Esta misma embarcación de la Guardia Civil interceptó en la noche de ayer en alta mar otra embarcación con diez inmigrantes irregulares, que fueron trasladados a Cartagena, reconocidos por Cruz Roja y entregados a Policía Nacional.

En las últimas dos semanas cinco pateras han llegado a las costas de la Región de Murcia, la última desembarcó este pasado domingo. En el mes de agosto, unos 200 migrantes han llegado a la comunidad autónoma.

La Región de Murcia recupera para la vigilancia de sus costas una embarcación semirrígida S-40, que hasta este viernes permanecía averiada. Además, desde el pasado 13 de agosto, un Buque de Altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex (Operación Indalo) desarrolla su actividad con carácter exclusivo en aguas de la Región de Murcia. Su propósito es reforzar los medios del Servicio Marítimo Provincial en su lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y el rescate de inmigrantes.

“La presencia permanente de este medio naval mejora sustancialmente la cobertura marítima e incrementa las posibilidades de detección temprana, vigilancia de amplias áreas marítimas, interceptación de embarcaciones, lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y apoyo a los restantes medios marítimos desplegados en la zona”, ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. También, desde el pasado domingo, la Guardia Civil cuenta con una Patrullera Media de Navegación Sostenida enviada desde Barcelona.

Ante las informaciones publicadas y las críticas vertidas desde algunos sectores políticos y sindicales, el delegado del Gobierno ha defendido el esfuerzo del Ministerio del Interior por enviar nuevos recursos a la Región y la operatividad de esta embarcación: “La experiencia acumulada demuestra que las redes dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes adoptan comportamientos para dificultar la actuación policial cuando perciben la inminencia de una interceptación y llegan a arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables. Por eso, en muchos casos, la interceptación se convierte en un rescate. En ese contexto, estas embarcaciones proporcionan mejores capacidades de permanencia en zona, seguridad de navegación, recuperación de náufragos, asistencia humanitaria inicial y coordinación de dispositivos de rescate”, ha explicado.

Lucas ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población, y ha asegurado que la llegada de embarcaciones con inmigrantes irregulares no es nada nuevo en la Región de Murcia. “Tampoco es nuevo el uso partidista que algunos hacen del tema. Pero eso no quiere decir que estemos sufriendo una avalancha ni una oleada de pateras. Ni que, como dice el presidente regional, los inmigrantes de Ceuta vengan hacia aquí. Esta es una región segura en la que combatimos con eficacia a las mafias y, al mismo tiempo, damos cobertura humanitaria a los más vulnerables”, ha añadido Lucas.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha lamentado el rechazo del presidente regional a mantener una reunión para coordinar esfuerzos en este sentido: “Mi petición responde exclusivamente a un ejercicio de responsabilidad, no porque comparta esa visión distorsionada e interesada que hace el presidente de la situación de la inmigración irregular en la Región de Murcia. Su negativa, argumentando que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno de España, cosa que es falsa, evidencia su escaso compromiso y, fundamentalmente, que no le importa la seguridad de la Región o el bienestar de los ciudadanos, sino el uso de este asunto como otra excusa más para atacar al Gobierno de España”, ha concluido.

Una embarcación con medio centenar de personas a bordo ha desembarcado este miércoles en el Parque Nacional de Calblanque, en el municipio de Cartagena. Los migrantes han llegado alrededor de las siete de la mañana, a Cala de los Dentoles, conocida como Cala Dorada, ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque.

“La Guardia Civil ha monitorizado su trayectoria y ha activado un dispositivo para interceptar a sus ocupantes”, han explicado desde Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. “Próximamente, serán puestos a disposición de la Policía Nacional”.

Se trata del tercer desembarco en dos semanas de características similares en la Región de Murcia. El pasado 19 de agosto, una lancha rápida dejó a 62 personas en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso. Tres días después, el 22 de agosto, otra embarcación alcanzó Cala Dentoles, en Calblanque con 49 personas a bordo, nueve de ellas menores.

Tras la llegada de este miércoles, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que se reunirá el Consejo de Gobierno este jueves: “Otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la Región con total impunidad”, ha denunciado.

Estas llegadas recientes, junto a la situación de Ceuta, han reavivado el debate político de las llegadas de migrantes por mar en esta Comunidad. Esta semana, López Miras exigió por carta a Pedro Sánchez más medios policiales para hacer frente a las mafias que se mueven “sin control” en las costas murcianas. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo regional, el presidente del Gobierno aún no ha respondido a su misiva.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, solicitó este martes una reunión con López Miras, una “oportunidad de demostrar su colaboración para combatir la inmigración irregular”. Una mano tendida que, por el momento, el Gobierno regional ha optado por ignorar: “El Gobierno regional siempre está abierto al diálogo, pero esperamos también conocer la disposición del presidente del Gobierno de España porque es quien tiene las competencias en materia de seguridad e inmigración”, han señalado fuentes de la Comunidad al diario local La Opinión.

Desde Podemos han afeado el “discurso alarmista” alimentado por el Gobierno Regional: “No estamos ante una invasión, por mucho que al Gobierno regional y a la ultraderecha de Vox les interese repetirlo una y otra vez. Ellos solo quieren hablar sobre inmigración para no hablar, por ejemplo, de la vuelta al cole a colegios sin aire acondicionado, de las listas de espera de la sanidad pública o de los incendios que hemos padecido este verano y que sí son de su responsabilidad”, ha denunciado el portavoz morado Víctor Egío.

Egío ha recordado que la Región está aún “muy lejos” de las llegadas de migrantes de los años 2020 y 2021, cuando arribaron a las costas regionales en torno a 4.000 personas. “En 2026 no hemos llegado ni a la mitad”, ha proseguido. Podemos ha exigido, en este sentido, “mecanismos de solidaridad” entre todas las comunidades autónomas “para la acogida de estas personas mientras se tramitan sus solicitudes de asilo”.

“No tiene sentido que el Gobierno regional bloquee todas las iniciativas para el reparto de los menores de Ceuta cuando la Región de Murcia es otro punto principal en las rutas migratorias, y nosotros también podemos vernos en la necesidad de repartir algunos de los migrantes que llegan a nuestras costas y van a seguir llegando”, ha concluido el portavoz.

La delegada del Gobierno en La Rioja se sienta en El Hedonista para responder al cuestionario de verano de Rioja2 junto a un vino blanco seco. En una conversación distendida, analiza la actualidad política y social, desvela con qué ministro se tomaría una copa, confiesa qué superpoder elegiría para desconectar y reivindica los avances en derechos sociales antes de brindar por el futuro del país.

¿Con quién le gustaría compartir esta copa?

Hay una persona que me resultaría tremendamente interesante que es el ministro Carlos Cuerpo. Me resulta interesante, creo que tiene muchas cosas que contar... me gustaría.

¿A quién no invitaría nunca a tomar esta copa?

Yo creo que a personajes como Netanyahu, quizás Donald Trump y no quisiera extrapolar a nivel nacional a ningún perfil de este tipo, pero desde luego son personas con las que no me interesaría nada tomarme ni un vino ni nada.

¿Cuál es el día más esperado de este verano?

Pues como supongo que el de todo el mundo, el primer día de vacaciones, marcharse con la familia unos días... Ese prmer día yo creo que lo esperamos todos con mucho interés .

¿Por qué le gustaría poder brindar antes de acabar el año?

Aunque sea un poco tópico, sí que me gustaría poder brindar por la paz, y sobre todo por la paz en Oriente Medio. Creo que es una guerra injusta, tremendamente cruel, y me gustaría poder brindar por eso.

Si pudiera elegir un superpoder para estos meses de verano, ¿cuál elegiría?

No sé si queda bien, pero igual la invisibilidad. Ser invisible un tiempo tiene que dar muchas oportunidades.

Si existiera una IA que pudiera liberarle de una sola obligación este verano, ¿cuál elegiría?

Pues es que no se yo si me fío mucho de la IA para cosas de este tipo. No lo tengo claro eso.

Y si le pidiéramos a esa IA que diseñara sus vacaciones ideales con tres ingredientes, ¿cuáles elegiría si la tiene bien entrenada?

Los tres ingredientes que le incluiría a la inteligencia artificial para que me preparara las vacaciones ideales tendrían mar, una buena lectura y, sin duda alguna, buenos amigos.

¿Es capaz de ponerse en modo avión en vacaciones o siempre hay un ratito diario para la conexión al correo o las redes sociales?

A ver, yo soy capaz de ponerme en modo avión con mucha facilidad, desconecto. Pero es cierto que al final las responsabilidades que tienes hacen que de vez en cuando tengas que estar mirando el correo, tengas que hacer alguna llamada. Pero bueno, soy perfectamente capaz de desconectar y disfrutar.

¿Cuál es el primer lugar al que llevaría un amigo que venga a visitar La Rioja?

Yo vivo en Navarrete, y yo creo que lo llevaría a la Plaza de las Pilas de Navarrete, a tomarme un vino blanco para empezar.

Un brindis para terminar...

Pues yo brindo porque España hoy por hoy es un país donde se está trabajando mucho por garantizar derechos a los ciudadanos, se está avanzando muchísimo en materia de derechos sociales. Yo brindo por un país así. No me gusta otro tipo de país.