CCOO denuncia “el deterioro” de las instalaciones de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de El Tojo, ubicada en Camargo, que abastece a Santander, y ha advertido del “riesgo de derrumbe”.

El sindicato ha señalado que “el mal estado de la cubierta del edificio, construido en su primera fase en 1967, provoca filtraciones de agua en el interior de las instalaciones”, donde trabajan 18 personas, lo que “agrava el deterioro de la infraestructura y genera una situación de riesgo que podría derivar en problemas estructurales”.

CCOO ha recordado que ya denunció ante la Inspección de Trabajo el estado de conservación de estas dependencias, donde “las goteras afectan incluso a cuadros eléctricos y zonas de trabajo”.

“En 2021 se produjo el derrumbe del techo del depósito de agua, lo que obligó a intervenir de urgencia, pero la cubierta sigue sin recibir el mantenimiento adecuado y las filtraciones continúan produciéndose”, ha explicado en un comunicado el delegado de CCOO en el servicio de aguas de Santander, Manuel Arsenio.

Para el sindicato, la situación es “especialmente preocupante” porque se trata de una infraestructura estratégica para el abastecimiento de la ciudad: “Si se produjera un problema estructural grave en la planta, existe el riesgo real de que Santander se quede sin suministro de agua”, ha advertido Arsenio.

Por ello, ha subrayado que el Ayuntamiento de Santander, propietario de la planta, es el responsable de mantenerlo en buen estado, y le ha exigido que actúe y urja a la empresa concesionaria, FCC Aqualia, para que acometa las obras de mantenimiento necesarias de forma inmediata.

El secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha puesto este viernes el foco directamente en el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, después de que este jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid filtrara los correos electrónicos de la denunciante del presunto acoso por parte del alcalde Móstoles, Manuel Bautista. López ha cuestionado el origen de la revelación de datos personales y ha apuntado a un posible delito, al tratarse de una denunciante que debería haber estado protegida. “Yo quiero saber de dónde salen esas informaciones”, ha asegurado López, “porque otra vez huele todo a Miguel Ángel Rodríguez”.

El dirigente socialista ha apuntado a la gravedad de haber hecho públicos datos personales de una víctima de acoso y ha reclamado explicaciones inmediatas, dejando abierta la vía judicial. “No descartamos ninguna acción”, ha afirmado. “En el día de ayer [por el jueves] se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado sus datos? ¿Está lejos de eso el señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Es muy grave.”

López ve la filtración de los correos como una estrategia de persecución a la víctima, “porque en este caso ha habido una persona que, parece ser, ha sufrido un acoso por parte del alcalde, y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo. Se están filtrando sus datos y se está amparando al acosador”. Por este encubrimiento, el socialista ha reprochado a Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo su “hipocresía” al llevar meses señalando a su partido por el caso Salazar. “Le pido al PP que se aplique todo lo que lleva diciendo durante meses”, ha reclamado.

El líder del PSOE madrileño también ha cargado contra la decisión del PP de dar por cerrado el caso sin escuchar a la denunciante, algo que calificó como un ejemplo de lo que no debe hacerse ante una denuncia por acoso. “Es más, el Partido Popular dice que ha archivado el caso sin haber citado a la denunciante. No la han escuchado a la denunciante. Es que es todo un protocolo de lo que no hay que hacer en un caso de estos. No se escucha a quien denuncia. Se ampara al denunciado”.

La nueva oleada de ciberataques de revelación de identidad que está afectando a responsables políticos en toda España ha alcanzado también a Aragón. Datos personales del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, de cuatro de sus consejeros y del exconsejero de Agricultura de Vox han sido difundidos en un portal especializado en la publicación de bases de datos obtenidas ilegalmente.

En el caso de Azcón, la filtración incluye su DNI, un teléfono fijo, su dirección, su fecha de nacimiento y la entidad bancaria que supuestamente utiliza. También aparecen datos del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, de quien se han publicado el DNI, dos números de teléfono, la fecha de nacimiento y su banco. De la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, figura únicamente su dirección postal.

El consejero de Agricultura, Manuel Blasco Marqués, es otro de los afectados: en su ficha constan su DNI, dos teléfonos —incorrectos según ha podido saber este diario—, su fecha de nacimiento y su domicilio. En el caso del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, se han difundido su dirección, un teléfono fijo también incorrecto, dos correos electrónicos —personal y profesional— y un dato adicional sobre su proveedor de internet. El listado incluye además al exconsejero de Agricultura durante el pacto PP-Vox, Ángel Samper, aunque con un error en su filiación política, ya que figura como miembro del PP. De él se publica su dirección y su año de nacimiento.

Una ofensiva coordinada a nivel estatal

Estos casos se enmarcan en una nueva campaña de doxxeo —término con el que se conoce a la publicación de datos personales con fines de hostigamiento— que está afectando esta semana a presidentes y consejeros de al menos 15 comunidades autónomas. La filtración, difundida por un usuario que se identifica como “Eurogosth”, incluye datos de responsables como Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Carlos Mazón (Comunitat Valenciana), María Guardiola (Extremadura), María Chivite (Navarra) o el lehendakari Imanol Pradales, entre otros.

En total, el listado recoge información de 47 personas, aunque el grado de detalle varía: en algunos casos solo consta un correo electrónico, mientras que en otros aparecen direcciones, matrículas de vehículos, cuentas bancarias o incluso códigos de contadores de gas. Según expertos en ciberseguridad, estos extremos apuntan a que los datos no proceden de ataques individuales, sino de bases de datos previamente robadas y cruzadas. El autor no ha explicitado sus motivaciones, aunque ha anunciado nuevas publicaciones.

Durante 2025, este tipo de ataques se han intensificado contra representantes políticos, periodistas y otras figuras públicas. En verano, una filtración masiva expuso datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de miembros del Ejecutivo y de ciudadanos anónimos afiliados a Podemos. Sus autores aseguraron entonces que se trataba de un “escarmiento” contra la corrupción, aunque la Policía los detuvo pocos días después.

Datos personales de la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, de las vicepresidentas Ana Ollo, de Geroa Bai, y Begoña Alfaro, de Contigo/Zurekin, y del exvicepresidente recién destituido Félix Taberna han sido revelados después de un ciberataque, según la información que ha adelantado elDiario.es.

La filtración se ha llevado a cabo en un portal especializado en publicar este tipo de bases de datos y además de los datos de la presidenta navarra y de otros cargos del Ejecutivo foral, se incluye información personal del lehendakari Imanol Pradales y otros cargos del Gobierno vasco, de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, Jde orge Azcón, presidente de Aragón, de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana y de María Guardiola.

En el caso de Navarra, la filtración incluye datos erróneos sobre María Chivite como su fecha de nacimiento, su DNI, la dirección de su vivienda, su número de teléfono y su banco. Ninguno de los datos aportados con correctos. Sí lo es la información filtrada sobre el exvicepresidente primero recientemente destituido, Félix Taberna, también del PSN. De él se aporta su DNI, su número de teléfono personal y dos direcciones de correo electrónico.

Sobre las vicepresidentas segunda, Ana Ollo, de Geroa Bai (Socialverdes y PNV), y tercera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), únicamente se aporta su dirección.

“Condenamos de manera rotunda este acoso personal que estamos sufriendo, es claramente una persecución”, ha señalado la presidenta María Chivite, que ha considerado que la filtración es “una estrategia perfectamente orquestada por la ultraderecha” para “socavar la democracia”. “Tiene que ver con la participación política, con amedrentarnos para participar en política, que es la base de nuestro sistema democrático”. Y ha avanzado que “el Gobierno de Navarra no se va a quedar parado” y va a “dar un paso adelante para combatir la desinformación”.

También ha anunciado que ya se ha trasladado la filtración a la Policía Foral y a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra para “materializar una denuncia”.

El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco haré la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”, es su único mensaje. Por el momento no ha realizado más publicaciones.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 800 euros que Álvaro García Ortiz impuso a una fiscal el año pasado por filtrar un borrador de una sentencia a un medio de comunicación. Los jueces de la sala tercera avalan la sanción que el entonces fiscal general del Estado —recién condenado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso– impuso a esta fiscal de Barcelona por una infracción grave al entender que extrajo del sistema el borrador de una sentencia de un caso de violencia sexual y se lo hizo llegar a un medio de comunicación.

La sentencia de la sala de lo contencioso considera probado que esta fiscal era la encargada de un caso de violencia sexual juzgado en la Audiencia Provincial de Barcelona y que en 2024, a través de las plataformas informáticas de la Fiscalía, pudo comprobar que el ponente de la sentencia ya había colgado la resolución del caso.

La sancionada pidió el documento a una funcionaria de la Fiscalía y, después, comunicó telefónicamente el sentido condenatorio del fallo a la acusación particular del caso, la víctima de la agresión sexual. Acto seguido, añaden los jueces, hizo llegar el borrador a un medio de comunicación. La sentencia todavía estaba en fase previa y faltaba un voto particular.

Los jueces destacan la principal prueba contra ella: la declaración de una funcionaria del cuerpo de tramitación de la Fiscalía “que dijo haberle comunicado en varias ocasiones que la sentencia no estaba notificada”. Algo que la fiscal siempre ha negado. “No puede sostenerse, más allá de toda duda razonable, que sabía con toda seguridad que la sentencia no estaba notificada a las partes”, alegó sin éxito la fiscal sancionada.

Los jueces confirman la sanción impuesta por el fiscal general porque “irrumpió de forma totalmente improcedente en la actividad ordinaria del órgano judicial revelando a una parte del proceso el sentido de lo que podría ser su decisión, y lo hizo sin saber si ya estaba debidamente notificada y, por tanto, si era pública”. “Dio a conocer los datos sin tener la certeza propia de la existencia de la sentencia y de su notificación a todas las partes”.

Sobre la filtración de ese borrador a un medio, la fiscal critica que sus superiores consideran que ella fue la filtradora por “la inmediatez temporal entre la publicación de la sentencia en el medio periodístico y por la coincidencia entre el texto de la noticia y el borrador de sentencia”. Y alegó que, además, existían otras posibilidades al no ser ella la única con acceso al borrador. “El borrador de la sentencia estaba también a disposición de la funcionaria que se lo entregó, de los magistrados que lo elaboraron y de la abogada de la acusación particular”.

“Solo ella lo hizo llegar al periodista”

La propia Fiscalía rechazó a lo largo del proceso que los filtradores pudieran ser los magistrados de la Audiencia de Barcelona “porque ellos sabían que no era la sentencia definitiva”. No existía prueba directa pero, dijo la Fiscalía al firmar la sanción de 800 euros, sí “una serie de sólidos indicios que, ligados racionalmente entre sí, llevan a la convicción de que dio indebido traslado al medio de comunicación”. “La falta de prueba directa, razonada y razonable, no elimina que se pueda acudir a la acreditación de los hechos por vía de indicios”.

El decreto que firmó García Ortiz para sancionar a esta fiscal concluye que “está cualificadamente acreditado, para llegar a la convicción de que fue ella y sólo ella la que lo hizo llegar al periodista”.

Los jueces del Supremo avalan los argumentos del decreto sancionador firmado por el fiscal general en diciembre del año pasado. “Ninguna de estas afirmaciones tiene entidad suficiente para destruir la cuidada y adecuada valoración de pruebas que contiene la resolución sancionadora”.

Este es el segundo capítulo de nuestra serie de tres entregas sobre cómo el fraude fiscal del novio de Ayuso terminó en condena al fiscal general del Estado. En el primer capítulo contamos los detalles de ese fraude. En este segundo capítulo, asistimos al despliegue de una operación… Una operación exitosa, porque ha pasado un año y medio y todavía no hay fecha para el juicio de Alberto González Amador, pero en estos meses sí ha dado tiempo a levantar de la nada un caso y cerrarlo. Con una condena al fiscal general del Estado. 

Abordamos una operación que pone en marcha el jefe de gabinete Ayuso: Miguel Ángel Rodríguez. Una operación que tiene cuatro pasos. El primero son las amenazas a elDiario.es y, en concreto, a la periodista Esther Palomera. El segundo son los bulos: tanto que periodistas de elDiario.es encapuchados habían asaltado la casa de Ayuso y su pareja como el bulo que da comienzo a la bola de nieve que acaba con la condena a Álvaro García Ortiz. Que había sido la fiscalía, y no Alberto González Amador, pareja de Ayuso la buscó un acuerdo de conformidad.

El paso número tres es la vía judicial. Acusar al fiscal general del Estado de haber expuesto datos privados del novio de Ayuso. El paso número cuatro es que, lo que se vendía desde la Comunidad de Madrid como un ataque a un ciudadano particular, termina por ser la defensa de varios poderes del Estado en defensa de ese ciudadano particular. Analizamos cada uno de estos pasos con el jefe de política y director adjunto de elDiario.es José Manuel Romero.

Este plan termina en una condena, en una sentencia, cuyos argumentos analizaremos en el tercer y último episodio de este serial.

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Ha comenzado el juicio del fiscal general. En esta primera semana, toca escuchar el relato de los testigos en este caso, que investiga si fue él, el fiscal general, el que filtró a la prensa el correo de confesión de Alberto González Amador que tumbaba la versión de Ayuso de que todo era una gran conspiración. Aquí no se juzga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por un presunto fraude fiscal del que ella pudo ser beneficiaria. Aquí se celebra un juicio por algo que sucede todas las semanas. Que alguien relacionado con un caso judicial le pase información confidencial a un periodista. 

Escuchamos a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. A Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. También a nuestro compañero José Precedo, que ha tenido que declarar como testigo. Con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, repasamos las claves de cada una de estas declaraciones.

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En un primer momento fue Reliquia, que se publicó ayer por error en Spotify y se eliminó a la hora de su lanzamiento, pero ahora es todo el disco: multitud de fans de Rosalía de todo el mundo ya están escuchando Lux. El próximo álbum de la cantante, programado para llegar a tiendas y plataformas digitales este viernes, se ha filtrado en su totalidad en internet a dos días de su publicación, como ha podido confirmar elDiario.es. Lo ha hecho a través de canales como X o Telegram, donde se han empezado a difundir en buena calidad las canciones del cuarto proyecto de la artista.

Rosalía permitió a sus seguidores escuchar un primer adelanto del álbum con el single Berghain, que se publicó el lunes de la semana pasada junto a su respectivo videoclip. Sin embargo, no se sabía si se publicaría algún otro tema antes de la salida de Lux. La sorpresa llegó ayer cuando los fans de la cantante se dieron cuenta de que desde Spotify también se podía escuchar Reliquia, la segunda pista del disco. Su publicación había sido atribuida inicialmente a un error de la discográfica matriz de Estados Unidos, según la Agencia EFE, pero este miércoles la discográfica no ha podido precisar ese extremo a pesar de las solicitudes de elDiario.es para conocer qué ha ocurrido.

Antes de que se filtrara todo el álbum, los oyentes de Rosalía solo podían descubrir a qué sonaba Lux leyendo las críticas de numerosos medios internacionales como The Times, Rolling Stone o The Guardian. Un disco que los medios españoles escuchamos este lunes y que, pese a que teníamos prohibido hablar sobre él hasta el momento de su lanzamiento, su discográfica, Sony, ha decidido levantar el embargo este miércoles. Además, muchos fans han tenido acceso a fiestas de escucha en diferentes lugares del planeta para disfrutar de Lux en primicia, por lo que han compartido sus impresiones en redes sociales.

Una campaña de promoción con filtraciones

La filtración definitiva del nuevo proyecto de la intérprete es un error más en una campaña de promoción que tuvo su primer fallo en septiembre: la revista Elle, que publicó ese mes una entrevista con Rosalía, reveló la fecha de salida de Lux para noviembre, un dato que borró horas más tarde y que provocó que la cantante dejara de seguir a la revista en Instagram y eliminara una publicación promocionando la entrevista. Asimismo, el día que Rosalía anunció el título y la portada del disco a través de un directo de TikTok, también se mostró sorprendida al ver en redes sociales las imágenes de la portada proyectada en Nueva York, afirmando entre risas que esa era la sorpresa que tenía planeada dar en Callao.

El álbum está disponible para comprar en preventa desde su presentación en Callao y saldrá en plataformas digitales este viernes 7 de noviembre. Los temas que lo componen se titulan Sexo, Violencia y Llantas, la publicada por error Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio Cristo Piange Diamante, la ya escuchada Berghain, La Perla, Mundo Nuevo, De Madrugá, Dios Es Un Stalker, La Yugular, Sauvignon Blanc, La Rumba Del Perdón, Memória y Magnolias. Ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y, además de Björk e Yves Tumor, cuenta con voces femeninas como Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y Yahritza.

En la carátula del cedé, la artista cita “Ninguna mujer pretendió nunca ser Dios” de la santa musulmana y mística Rabia al Adawiyya y “El amor no es consuelo, es luz” de la filósofa y política activista francesa Simone Weil. De esta forma, Rosalía, que también es la productora ejecutiva de Lux, pretende trazar un “amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno”. Todas las dudas iban a disiparse tras el esperado lanzamiento, pero lo cierto es que muchos seguidores lo están haciendo antes de tiempo.

El exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos ha pedido al magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo que evite su “linchamiento mediático” y que identifique a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que están analizando los dispositivos intervenidos en su casa, a los que acusa de filtrar fotografías de mujeres que habría almacenadas en su interior.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el exministro se queja al magistrado Leopoldo Puente de que “se está facilitando información” a periodistas “por parte de los investigadores que están analizando las memorias que han sido incautadas en las entradas y registros que se han llevado a efecto”.

Por ello, Ábalos pide “requerir al jefe responsable de la unidad investigadora al objeto de prevenirle” por esa presunta filtración de información y que indique el número de identificación personal de los agentes que realizan el volcado de los terminales que se intervinieron en su domicilio el pasado mes de junio. El ex secretario de Organización del PSOE indica que “de la lectura de los documentos que acompañamos, se puede apreciar claramente que han tenido acceso terceras personas y han tomado conocimiento de las actuaciones que se están realizando”.

Solicita, además, que se ordene “el expurgo en cuanto a la documentación, fotografías, o cualquier otro documento que no tenga relación con la presente instrucción, y no se incluya en los informes que se aporten por la UCO en esta causa especial”.

Ábalos reclama “medidas precisas” para “evitar linchamientos mediáticos a los investigados”, ya que alega que, en lugar de “aportar luz a la investigación que se lleva a cabo, se está procurando desdorar la imagen, así como el derecho que todo ciudadano tiene a la intimidad”, en referencia a fotografías tanto suyas como de varias mujeres.

En su opinión, la causa abierta por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos “nada tiene que ver” con las imágenes difundidas por algunos medios, en un nuevo reproche del exministro a la actuación de la UCO, a la que ha llegado a denunciar ante la Fiscalía y a la que ha atribuido “tintes de inquina y venganza”.

El riesgo político para Donald Trump era evidente. Se trataba de una noticia que no solo llamaba la atención sobre sus vínculos con un delincuente sexual condenado, sino que también corría el riesgo de ampliar la brecha entre el presidente y algunos de sus más fieles seguidores. La Casa Blanca no tardó en llegar a la conclusión de que era necesaria una respuesta contundente antes de su publicación.

Martes, 15 de julio. El Wall Street Journal (WSJ) contacta con el equipo del presidente de Estados Unidos para comunicarle su intención de publicar unas acusaciones según las cuales Trump había escrito una dedicatoria grosera y un garabato con la silueta de una mujer en una carta a Epstein por su cumpleaños.

La publicación de la exclusiva habría sido perjudicial en cualquier momento, pero llegó en un momento terrible para el presidente. El asunto Epstein se estaba convirtiendo en la mayor crisis de su presidencia. Los acérrimos partidarios de Trump del movimiento MAGA estaban enfurecidos por la negativa de la Administración Trump a publicar los archivos gubernamentales relacionados con el delincuente sexual, que falleció en su celda poco antes de que se celebrara el juicio por tráfico sexual de menores y conspiración

Trump y su leal secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, tomaron una decisión de alto voltaje. Desde el Air Force One llamaron a la editora jefa del Wall Street Journal, Emma Tucker. El tono de la llamada escaló.

Trump se enfureció y argumentó que la carta era falsa. Argumentó que dibujar no era lo suyo. En la llamada, amenazó a Tucker con demandar al WSJ; una medida que ya había utilizado anteriormente contra otros medios considerados enemigos.

Los hervideros de Washington comenzaron a bullir con rumores de que el WSJ tenía una exclusiva entre manos. Cuando el miércoles el periódico no publicó ninguna noticia bomba, algunas personas del entorno del equipo del presidente percibieron una creciente confianza en que su maniobra de contención había matado la historia. Se equivocaban. Los rumores en Washington alcanzaron su punto álgido el jueves por la tarde. El artículo finalmente apareció cuando ya oscurecía. La ciudad se detuvo en seco para leerlo.

En las horas siguientes a la publicación, la tensión se intensificó. Trump afirmó que se había enfrentado a Tucker y afirmó que la noticia era “falsa, maliciosa y difamatoria”. El viernes presentó una demanda contra el WSJ y sus propietarios por al menos 10000 millones de dólares (8.670 millones de euros).

Tucker pasó a estar en el centro de una vorágine de estrés y presión política. Se trataba del mayor reto al que se había enfrentado en sus dos años y medio al frente del WSJ, pero no era el primero. Dos meses después de llegar al WSJ, lideró una campaña para la liberación del reportero Evan Gershkovich, detenido en una prisión rusa. También había tenido que hacer frente a las quejas de la redacción cuando impulsó una reestructuración que incluía despidos fulminantes. Sus planes se centraban en dar a las noticias un tono más incisivo. Y, en ese sentido, la llamada de Trump era un indicador de que lo estaba consiguiendo.

A lo largo de su meteórica carrera, Tucker ha estado rodeada de un halo de misterio. Sus amigos, colegas e incluso algunos subordinados críticos la describen como una persona amable, divertida y con los pies en la tierra. Muchos consideran extraordinaria su capacidad para mantener esas cualidades en el traicionero terreno del imperio mediático de Murdoch. El enigma se ve agravado por la suposición de que no comparte los posicionamientos conservadores y pro-Brexit de Rupert Murdoch, el legendario magnate de News Corp.

Sin embargo, Murdoch no entregaría las llaves del WSJ a cualquiera. Si bien la cadena Fox News, favorable a Trump, es la gallina de los huevos de oro de su imperio, el WSJ es su posesión más preciada, ya que le da poder y respetabilidad en los círculos políticos más amplios de Estados Unidos, al igual que el Times en el Reino Unido. Entonces, ¿por qué Tucker?

La respuesta, según personas que han trabajado con ella, es que posee dos cualidades muy valoradas por Murdoch: está dispuesta a tomar decisiones impopulares por el bien del negocio y tiene hambre por conseguir polémicas exclusivas políticas.

Lionel Barber, exeditor del Financial Times (FT) que trabajó con Tucker para el FT en Bruselas, señala: “Tiene un olfato muy agudo para las buenas noticias, siempre lo ha tenido”.

Tucker editó la revista estudiantil de la Universidad de Oxford, The Isis, y entró en el FT como becaria. “Era una compañera muy agradable, una gran compañía y muy divertida por la noche, pero sabías que, cuando se trataba de trabajar, lo hacía a la perfección”, recuerda un compañero: “Es muy tenaz”.

Tras pasar por Bruselas y Berlín, consiguió un poderoso aliado en Robert Thomson, entonces editor de internacional del FT. Thomson se hizo muy amigo de Murdoch, también australiano, mientras trabajaba en Estados Unidos para el FT. Thomson abandonó el barco para editar el Times de Londres en 2002 y en 2008 fue enviado a Nueva York para supervisar el recién adquirido WSJ de Murdoch. Antes de irse, Thomson propició que Tucker fuera fichada para el Times. La periodista terminó siendo la subdirectora de este periódico.

De hecho, parece que fue su ascenso a editora jefa del Sunday Times en 2020 lo que impresionó a Murdoch. Tucker demostró que no le temblaba el pulso en el momento de tomar decisiones difíciles en lo relativo a la plantilla y amplió el alcance digital del Sunday Times, reformulando el periódico pro-Brexit para atraer a un público más amplio.

Fue allí donde se ganó la primera enemistad de un líder populista. A los pocos meses de asumir el cargo, el Sunday Times publicó un artículo crítico sobre cómo Boris Johnson, el entonces primer ministro del Reino Unido, había gestionado la pandemia de COVID. Downing Street entró en cólera y tomó la inusual medida de publicar un extenso desmentido en el que denunciaba “falsedades y errores”. El periódico fue calificado como “el más hostil” del Reino Unido hacia el Gobierno de Johnson, a pesar de haberlo apoyado en las elecciones del año anterior.

Rachel Johnson, la hermana del ex primer ministro, era una de las mejores amigas de Tucker. “No creo que (Tucker) cometiera ninguna imprudencia”, indica un empleado del Sunday Times. “Pero sin lugar a duda quería desafiar los límites para publicar todo lo que pudiera”.

Muchos daban por hecho que Tucker acabaría de editora del Times, pero a principios de 2023 fue trasladada a Nueva York para dirigir el WSJ, donde inmediatamente se embarcó en un doloroso proceso de reestructuración de plantilla. Despidieron a veteranos editores. Prescindieron de periodistas que han ganado el premio Pulitzer. La redacción de Washington, la más poderosa, se vio especialmente afectada por los despidos y los cambios en la dirección. Un periodista describe escenas de trabajadores llorando. Otro señala el profundo impacto psicológico del proceso.

La reestructuración dividió a la redacción y dio lugar al extraordinario espectáculo de periodistas que llenaron su oficina vacía con notas adhesivas denunciando los despidos. Algunos trabajadores no cuestionaron la necesidad de recortes, pero sí los métodos. Varios señalaron el uso de “planes de mejora del rendimiento” y los periodistas afirmaron que se les habían asignado objetivos poco realistas pensados para que optaran por marcharse. Uno lo describió como “innecesariamente cruel”.

Según un portavoz del WSJ, “los planes de mejora del rendimiento se utilizan para establecer objetivos claros y crear un plan de desarrollo que proporcione al empleado información y apoyo para alcanzar dichos objetivos. Se están utilizando exactamente como se diseñaron”.

El enigma de Tucker resurgió en el Journal, ya que el personal observó la misma combinación de comportamiento afable, entusiasmo por las noticias, pero también su disposición a hacer recortes.

“Tiene mucha inteligencia emocional, se sitúa en el percentil 99”, afirma una persona del equipo. El estado de ánimo mejoró y el periódico ha hecho nuevos fichajes.

También se produjo un cambio cultural en las noticias, con el diagrama de Tucker Venn como objetivo. En el centro se encuentran las noticias con dos cualidades: cubren áreas de importancia pública y apuntan directamente a temas llamativos con alcance digital.

Para ilustrar qué temas tenían potencial, Tucker dio a los periodistas de investigación los ejemplos de Elon Musk y China. Algunos se quejaron de que los temas eran “clickbait”, es decir, titulares o contenidos diseñados para atraer clics a costa de exagerar o distorsionar la información. Sin embargo, un periodista que tuvo reservas en un primer momento, reconoce que “Elon Musk ha resultado ser un tema bastante bueno”. El uso que Tucker hace de las métricas sobre el tráfico web y el tiempo dedicado a leer una noticia molesta a algunos periodistas.

Con la llegada de Tucker, los titulares han pasado a ser más directos. Se han suprimido los tratamientos honoríficos como “Sr.” y “Sra”. Se han prohibido las historias firmadas por más de tres periodistas. “Ha relajado muchas de las restricciones que teníamos”, indica un trabajador de redacción: “Nos anima a escribir historias más audaces”.

Posicionar al WSJ como un rival contundente del gigante progresista New York Times puede ser un buen plan de negocio, pero hacerlo sin entrar en conflicto con los posicionamientos de Murdoch sigue siendo un equilibrio delicado.

“Ahora mismo es un momento muy particular en el que el Wall Street Journal tiene que demostrar su valía como la organización mediática preeminente en materia de negocios y mercados financieros”, señala Paddy Harverson, que coincidió con Tucker en el FT y ahora trabaja como ejecutivo de comunicaciones. “Se enfrentan a Trump, pero tienen una visión editorial históricamente de centroderecha. Ella ha guiado muy bien al periódico en esa cuerda floja”.

Sus aliados afirman que Tucker dejó clara su intención de publicar artículos impactantes cuando se atrevió a apostar por un artículo sobre el supuesto deterioro cognitivo de Joe Biden. Inicialmente, la Administración Biden lo describió como un “artículo difamatorio”. Algunos ven la historia de Epstein como la demostración definitiva del viraje que quiere hacer Tucker.

Sin embargo, hay periodistas que culpan a la respuesta de Trump por dar a la historia una atención que simplemente no merecía. Otros discrepan sobre la profundidad y alcance de los cambios de Tucker y señalan que el WSJ tiene un largo recorrido en la publicación de noticias polémicas —como la noticia del dinero que Trump pagó a Stormy Daniels a cambio de guardar silencio ante un presunto encuentro sexual con el presidente—. Sin embargo, al final, la saga de la carta sobre Epstein no ha hecho más que poner el foco en el intento de Tucker de cambiar el tono del periódico.

La demanda de Trump significa que la polémica tal vez solo acaba de empezar. Muchas figuras veteranas de los medios de comunicación dan por hecho que Murdoch, que no suele reaccionar bien cuando lo intentan intimidar, no dará marcha atrás. Sin embargo, para ninguno de los dos multimillonarios será un plato de buen gusto tener que enfrentarse a declaraciones y revelaciones. Cualquier acuerdo de Murdoch podría poner presión sobre Tucker, dependiendo de los detalles.

Dow Jones, que publica el Journal, ha dicho que tiene “plena confianza en el rigor y la precisión de los reportajes” y que se defenderá “enérgicamente contra cualquier demanda”. Los tribunales aún pueden desestimar la demanda de Trump.

“No creo que [Murdoch] se vaya a rendir tan fácilmente”, indica Barber. “El problema es que Trump se jactó de haber acabado con la noticia... Para un editor, eso es una provocación. Pero estoy bastante seguro de que [Tucker] no lo habría publicado sin tener fuentes fiables”.

Traducción de Emma Reverter

Estas son las voces de los afganos cuyos datos se incluyeron en una filtración de datos de 2022 del Gobierno británico y que se hizo pública el martes tras levantarse una orden judicial. Todos los nombres han sido cambiados para proteger su identidad.

Azizullah

Trabajé con las fuerzas británicas y de la coalición encabezada por Estados Unidos como intérprete en Helmand y Kandahar durante más de 10 años.

Cuando leí el correo electrónico la mañana del 15 de julio, me quedé paralizado. Sentí que se me helaba la sangre. Descubrir que el Gobierno británico había filtrado por accidente los nombres y datos de personas como yo, afganos que habían trabajado con el ejército del Reino Unido, que habían confiado en el país y que ahora viven con miedo por haberlo hecho.

Lo primero que me vino a la mente no fue mi seguridad. Fue la de mi familia. Mi madre, mi hermano, mi hermana, que ahora mismo están en Turquía esperando. Llevamos cuatro años esperando en virtud de la Política de Reubicación y Asistencia a los Afganos (ARAP, por sus siglas en inglés), enviando un correo electrónico tras otro, aferrándonos a la promesa de que el Reino Unido no nos abandonaría. Y ahora, esto. Esta quiebra. Esta traición.

Yo soy quien se encarga de todos los trámites de mis familiares y el único que sabía hasta ahora de esta filtración. Todavía no se lo he dicho. ¿Cómo voy a hacerlo? Mi familia ya ha sufrido bastante. Si les cuento lo que ha pasado, me aterra pensar en cómo les afectará, no solo emocional, sino también físicamente. Se derrumbarán. Lo sé.

Y no solo ellos. Mi tía y sus hijos se quedaron en Afganistán. Han colaborado mucho con la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, creada por la ONU) y, más tarde, con las fuerzas de la coalición, tanto británicas como estadounidenses. Ahora están escondidos. Si los encuentran, morirán. No me cabe duda. No estamos hablando de un riesgo hipotético. Estamos hablando de personas que están siendo perseguidas, detenidas, torturadas y asesinadas. Y está sucediendo mientras escribo estas líneas.

Van a morir en ese infierno a menos que alguien actúe. Y quiero dejar claro que salvarles es responsabilidad exclusiva del Gobierno británico. Es su error. Nos deben nuestras vidas.

Naser

Trabajé con las fuerzas de la coalición en Afganistán no solo como intérprete, sino también en proyectos de seguridad. Cuando estalló el caos en Abbey Gate en agosto de 2021, tenía un salvoconducto, pero aun así no pude subir a ningún vuelo de evacuación. Desde entonces, he solicitado ayuda una y otra vez a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Incluso me arriesgué a viajar a Pakistán, donde esperé más de un año, sin ingresos y con un miedo constante. Otros compañeros que trabajaban conmigo fueron reubicados en Alemania desde Pakistán. Esperé y vi cómo muchos de mis colegas se marchaban uno tras otro. Pero la vida allí [en Pakistán] era insoportable, y decidí volver a Kabul, porque en ningún otro sitio nos trataban bien.

Ni siquiera sabía que ayer [martes] se enviaron los correos electrónicos. Mi hermano recibió uno y me lo dijo. Los correos electrónicos que enviamos con nuestras solicitudes a lo largo de los años, nuestros archivos, contenían nuestras fotos junto a los soldados de la OTAN, nuestras direcciones y detalles de los proyectos de seguridad en los que trabajábamos. Se envió toda la información que podía ayudarnos a reubicarnos. Estoy aterrorizado. ¿Cómo puede alguien ser tan descuidado con nuestras vidas? Los talibanes persiguen activamente a quienes trabajaron con las fuerzas británicas. ¡No estoy enfadado! Me avergüenza haber puesto en peligro la vida de mis hijos por una potencia extranjera.

Mi familia y yo hemos sido detenidos varias veces a lo largo de los años: mis hermanos, mis primos y yo. En aquel entonces, al menos, esperaba que los talibanes no tuvieran información sobre nuestro pasado como colaboradores. ¿Pero ahora? ¿Cómo nos salvaremos si de repente sacan una lista? ¿Y si lo negamos y nos muestran las pruebas delante de las narices?

Las últimas 24 horas han sido insoportables. Desde 2022, algunas personas han recibido invitaciones del Gobierno británico para entrar en el país, pero nosotros no. Nos sentimos olvidados. Le suplico al Gobierno británico que no solo ayude a los que están atrapados en Pakistán e Irán, sino que también ayude a los que trabajamos con el Reino Unido y estamos atrapados en Afganistán. Mis hijos, mi madre anciana... Solo me tienen a mí. La mayoría de los miembros de mi familia ya se han ido a otros países. Yo sigo en Afganistán. Estoy asustado y confundido.

Nos dijeron [las autoridades británicas] que no respondiéramos a los correos electrónicos, sino que utilizáramos el portal. Cuatro años de espera y la ayuda todavía no ha llegado. ¿Qué esperanza nos queda ahora? Lo perdimos todo en Pakistán: nuestros ahorros, nuestra dignidad. Ahora, sin dinero y sin vuelos de evacuación, con los vecinos echándonos de sus casas, me pregunto: ¿no somos humanos? ¿No merecemos ayuda?

Sameem

Me concedieron el estatuto de refugiado en el Reino Unido en 2013 y desde entonces he trabajado como intérprete autónomo para el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, lo que incluía la formación de soldados británicos. Mi esposa pudo venir también al Reino Unido y solicité el traslado de mi familia —mi padre, mi hermano y mis hermanas— a través del programa ARAP [política de reubicación y asistencia a afganos, por sus siglas en inglés], pero me dijeron que no cumplían los requisitos.

Pero mis familiares corren un gran peligro en Afganistán debido a su trabajo. Mi padre fue fiscal del Gobierno afgano durante muchos años. Los talibanes mataron a uno de mis hermanos en 2011 y otro fue asesinado a tiros delante de sus dos hijos en 2021. Desde que Kabul quedó bajo control de los talibán hace cuatro años, mi familia vive escondida.

Ayer [martes] recibí un correo electrónico del Gobierno británico en el que me informaban de que mis datos podrían haber sido filtrados. Me proporcionaron un enlace para que yo mismo pudiera confirmar que era una de las personas afectadas y pude comprobar que efectivamente así era. Es muy preocupante y frustrante, porque significa que ahora los talibanes pueden localizar fácilmente a mi familia.

Respondí al correo electrónico diciendo: “Mi familia corría un gran peligro en Afganistán y ustedes no les ayudaron a reubicarse, pero ahora han compartido sus datos. Si les pasa algo, ¿quién se hará responsable?”. No han respondido.

El Gobierno británico debe asumir ahora la responsabilidad de esta filtración de datos. Ya he perdido a dos miembros de mi familia. No quiero perder a más.

Shah

Sé que mi nombre figura en la lista filtrada porque el Gobierno británico me notificó que mis datos se habían visto comprometidos en una filtración de datos del Ministerio de Defensa. Mi familia y yo, que vivimos en Afganistán, nos enfrentamos ahora a una amenaza inminente contra nuestras vidas debido a esta filtración. Creo que cuando esos datos caigan en manos de los talibanes, provocarán mi detención, tortura y muerte. Después de que los talibanes tomaran el poder, me escondí porque desempeñé un papel relevante en los tribunales para llevar a los terroristas talibanes capturados por los británicos ante la justicia.

Los talibanes han interrogado a miembros de mi familia para intentar que les proporcionen información sobre mi paradero, por lo que ahora me es demasiado peligroso tener cualquier tipo de contacto con ellos. Me he trasladado a un lugar seguro debido al peligro en el que me encuentro.

En la primavera de 2023, el interés de los talibanes por mí aumentó. Creo que esto puede estar relacionado con la filtración de datos. Localizaron a mi familia, pero yo no estaba en casa porque me había escondido en otro lugar. Desde entonces, han interrogado a muchos miembros de mi familia para obtener más información sobre mi paradero. Contrariamente a lo que dice el Gobierno británico, no creo que los talibanes hayan perdido interés en mí. Lo peor de todo esto es no haber sabido hasta esta semana que mi nombre figuraba en una base de datos filtrada a la que los talibanes podrían haber tenido acceso.

Ahmad

Iba de camino a una cita con el médico para buscar tratamiento para una enfermedad relacionada con el estrés cuando apareció en mi bandeja de entrada el correo electrónico del Gobierno británico. Me sentó fatal. Ya estaba sometido a un estrés enorme debido a la situación de mi familia, pero esto empeoró las cosas.

Entre 2016 y agosto de 2021 trabajé con la NDS-D011, una unidad de la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán que contaba con el apoyo de los servicios de inteligencia británicos. Tras la caída de Kabul y mi evacuación al Reino Unido en 2021, envié los datos personales de mi familia más cercana —mis padres, dos hermanas y tres hermanos— al Ministerio de Defensa como parte de una solicitud de reunificación familiar.

A pesar de que han pasado más de tres años, ni yo ni ninguno de mis aproximadamente 120 colegas que también se trasladaron al Reino Unido hemos conseguido poner a salvo a nuestras familias. Formo parte de un grupo de chat con estas personas y ayer [martes], otras 65 personas informaron de que habían recibido el mismo correo electrónico en el que se reconocía la filtración de datos.

Anoche, todos nos pusimos en contacto con nuestras familias y les advertimos de que tomaran precauciones de seguridad adicionales. Ninguno de nuestros familiares puede vivir libremente ni de forma segura en Afganistán. Dos de mis excompañeros que no pudieron huir del país fueron detenidos por los talibanes hace unos ocho meses y siguen encarcelados. Los talibanes consideran traidores a todos los que han trabajado con gobiernos extranjeros y los castigan por ello. ¿Pueden estos gobiernos [del Reino Unido y los países de la coalición] garantizar que los talibanes mantendrán su promesa de no atacar a nuestras familias?

Una masiva brecha de seguridad en Internet ha derivado en la filtración de más de 16.000 millones de credenciales de inicio de sesión (es decir, usuario y contraseña), dando acceso a ciberdelincuentes a datos personales que pueden usarse para cometer múltiples delitos.

Estos son los datos de una investigación del portal Cybernews, que asegura que la información filtrada abre la puerta “a prácticamente cualquier servicio en línea imaginable”, como Apple, Facebook, Google, Telegram, GitHub y diversos servicios gubernamentales.

De esta forma, desde enero de 2025, más de 30 conjuntos de datos, que incluían cada uno miles de millones de inicios de sesión en redes sociales, VPN y cuentas de usuario de estas grandes tecnológicas, quedaron expuestos a ladrones de información. A pesar de que los investigadores han indicado que los datos estuvieron expuestos “solo por poco tiempo”, recomiendan a los usuarios que se cambien las contraseñas y se aumente la seguridad de inicio de sesión.

Volodymir Diachenko, uno de los autores de la investigación, aclara en el propio artículo que no hubo una filtración de datos centrada en ninguna de estas empresas tecnológicas, pero las credenciales contenían enlaces de inicio de sesión en dichas plataformas.

Los investigadores califican el caso como “una de las mayores filtraciones de datos de la historia” y afirman que es “combustible” para ciberestafas, robos de cuentas, ataques cibernéticos y fraudes electrónicos en los que los delincuentes se hacen pasar por empresas o entidades de confianza para los usuarios para obtener datos personales.

Además, la filtración es especialmente peligrosa para organizaciones que no disponen de autenticación multifactor o medidas de seguridad para proteger la información relativa al inicio de sesión, como contraseñas o claves.

“No se trata solo de una filtración, sino de un proyecto de explotación masiva. Con más de 16.000 millones de registros de inicio de sesión expuestos, los ciberdelincuentes tienen acceso a credenciales personales que pueden utilizarse para la adquisición de cuentas (bancarias), el robo de identidad y ciberestafas”, apuntan los investigadores.

El equipo detrás del artículo de Cybernews, que se va actualizando diariamente con información nueva, destaca que estos datos estuvieron expuestos durante un breve periodo de tiempo y estaban accesibles mediante servidores de búsqueda como Elasticsearch.

Los datos se han filtrado a través de programas malignos y ataques automatizados para robar credenciales, destaca el portal, que incide en que es “imposible” saber cuántas personas o cuentas estuvieron expuestas durante este periodo.

Ocurrió el sábado pasado. Fue un momento tenso. Paseaba por Madrid con mi mujer y mis dos hijos pequeños, empujando una silla de paseo y un carrito de bebé. Íbamos a comer a casa de unos amigos y, en el trayecto, nos topamos en una avenida con un numeroso grupo que regresaba de la concentración contra el Gobierno en la plaza de Colón. Eran unas cuarenta personas y venían coreando cánticos, todavía en modo manifestación. Algunos llevaban banderas de extrema derecha. 

No nos cruzamos de frente con ellos por los pelos: pudimos cambiar de acera en un semáforo y así evitar lo que probablemente habría sido un rato incómodo. Es bastante habitual –por desgracia, me pasa todos los meses– que algunos maleducados me insulten por la calle, incluso cuando me ven con mis hijos. Nada original: el típico “rojo de mierda” y otros improperios igual de creativos. Nada grave, pero sí desagradable. No soy tampoco el único periodista al que le ocurren estas cosas, aunque es algo que ha ido a más en los últimos años, especialmente en el Madrid de la “libertad”. Conozco bien, por mi propia experiencia, los efectos que el clima de polarización creciente está causando en la sociedad. Y con un grupo tan numeroso y exaltado, podríamos haber tenido un problema.

Por suerte, nos pudimos distanciar de los manifestantes. Alguno de ellos me reconoció, pero seis carriles de coches nos separaban y el susto se acabó convirtiendo en una anécdota divertida. El grupo lanzaba gritos contra el Gobierno: “Puteros, puteros”. Una consigna que mi hijo de tres años interpretó a su manera.

–Mira, papá, están diciendo “bomberos, bomberos”.

–Justo eso, cariño –le contesté entre risas.

Hay que entender a mi hijo. Está en ese momento maravilloso donde nada es más fascinante que una ambulancia, un coche de policía, un camión de bomberos o cualquier otro vehículo con luces y sonido. Y hay que entender también a esos manifestantes; la gasolina que alimenta ese fuego. Una mezcla incendiaria hecha de verdades indignantes, pero también de manipulaciones y mentiras. 

La investigación judicial contra el exministro José Luis Ábalos ya ha encontrado serios indicios de comportamientos inaceptables y probablemente delictivos: que su entonces pareja fue colocada en una empresa pública, en un puesto de trabajo al que ni siquiera acudía. O el lujoso piso –2.700 euros al mes– donde vivía esta mujer y que presuntamente pagaba el empresario imputado por corrupción Víctor Aldama. O el chalet, pagado por esa misma trama, donde el entonces ministro veraneó. 

A esto se suman cientos de artículos de prensa –con pruebas ya no tan sólidas y que por ahora no están siquiera acreditadas en la investigación judicial– que han presentado a esta y otras mujeres relacionadas con el ministro como prostitutas. O esa supuesta fiesta de Ábalos y su entonces asesor Koldo García, durante la pandemia, en una suite de la cadena pública Paradores que cambia de lugar según el día –primero Gredos, luego Teruel, ahora dicen que Sigüenza– y de la que el Gobierno niega tener constancia. O acusaciones ya directamente falsas, como desmintió con datos el ministro Ángel Víctor Torres: que Aldama pagaba pisos para “encuentros con señoritas” para otros políticos; unas insidias que el PP dio por ciertas y por las que nadie se ha disculpado.

Los primeros rumores –insisto, aún no probados– de que el exministro Ábalos se relacionaba con prostitutas ni siquiera surgieron de la derecha. Una persona del entorno de Ábalos transmitió esa sospecha a una importante dirigente socialista. Y ella, a su vez, se lo contó a Pedro Sánchez. Fueron estos rumores no confirmados y la desordenada vida privada de Ábalos –no ningún indicio de corrupción– lo que en parte explica su cese como ministro en 2021. 

Pero cuando entramos en la investigación judicial en sí –siendo grave lo que ya conocemos sobre Ábalos–, la realidad es que muchas otras de las acusaciones contra el exministro se han demostrado falsas. Como el enorme error de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que confundió pesos colombianos con dólares, y atribuyó un valor de 2,1 millones a una parcela que había costado 751 euros. O esa otra pifia de confundir los gastos de viajes de todo el gabinete ministerial durante año y medio con un sobresueldo de medio millón de euros para Ábalos.

Por ahora, y ya han mirado mucho al exministro, no han aparecido cuentas en Suiza. Ni dinero oculto. Ni propiedades millonarias. Ni ninguno de los rastros habituales que suele dejar la gran corrupción económica. Tal vez existan y aparezcan más adelante; soy lo bastante mayor como para no poner la mano en el fuego por nadie, menos aún por Ábalos. Pero lo que la derecha quiso presentar como “la punta del iceberg” de una gran trama de corrupción que implicaba directamente a todo el Gobierno y al mismísimo presidente, por ahora, no ha cumplido con esas expectativas. 

Lo que sí ha logrado la oposición es que todo el debate público se haya crispado al extremo –con la excepción de Catalunya y Euskadi, que tienen ecosistemas de medios propios–. El ruido es enorme, acrecentado esta semana con la publicación de varias conversaciones privadas de WhatsApp de José Luis Ábalos con el presidente Pedro Sánchez y varios de sus ministros.

Son, todos ellos, mensajes previos a que Koldo García fuera imputado. O a que Ábalos fuera investigado. Es una diferencia importante, para aquellos que han querido ver en ellos un nuevo “Luis, sé fuerte”, como el que le dedicó Mariano Rajoy a su tesorero Bárcenas, después de que aparecieran sus cuentas millonarias en Suiza. 

No hay en el contenido de esos mensajes entre Sánchez y Ábalos nada especialmente sorprendente. Nada importante que, en su esencia, no supiéramos, aunque no conociéramos la literalidad de estos diálogos privados. 

¿A alguien de verdad le extraña que a Sánchez le “toquen los cojones” las críticas de Javier Lambán o de Emiliano García Page? ¿O que le incomodara compartir el Consejo de Ministros con Pablo Iglesias? ¿O que el Gobierno comentara internamente el rescate de Air Europa? 

Lo raro habría sido otra cosa: que España hubiera rescatado mediante préstamos a una gran aerolínea –como hicieron todos los demás países europeos durante la pandemia– sin que el presidente del Gobierno y el entonces ministro de Transportes hablaran del tema.

No dudo de la relevancia informativa de algunos de estos mensajes; son interesantes, como sin duda también lo serían las conversaciones privadas entre Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado sobre Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón o su socio de gobierno en decenas de ayuntamientos, Santiago Abascal. Ese chat, probablemente, tampoco sería políticamente correcto. Como el WhatsApp de cualquiera.

Tampoco cuestiono el derecho del diario El Mundo a publicarlos –aunque en esta ocasión nadie vaya a ordenar el registro de las oficinas de la UCO, como hicieron con el despacho del fiscal general del Estado, ante la simple sospecha de que se hubieran filtrado desde ahí–.

Sí veo evidente la jugada. Ya está en marcha y, como en la matanza del cochino, todo se aprovecha; todo sirve para cumplir con esa fatua lanzada por Aznar contra el Gobierno de coalición: “El que pueda hacer que haga”.

Manos Limpias ya ha pedido al juez Peinado que incorpore esos mensajes de Sánchez y Ábalos sobre Air Europa a la causa contra Begoña Gómez. A pesar de que la Audiencia de Madrid le ha ordenado varias veces a Peinado –la última ayer– que deje ese tema. A pesar de que esta misma semana el Supremo volvió a repetir que no hay “indicio alguno” de delito de Ábalos por el rescate de Air Europa. A pesar de que el contenido literal de los mensajes –donde Sánchez cuestiona la capacidad de gestión de Javier Hidalgo al frente de la aerolínea– contradice la hipótesis de quienes acusan a la mujer del presidente de estar sobornada por este mismo empresario.

En cuanto al origen de estos mensajes, no tengo tan claro como algunos dan por hecho que en esta ocasión provengan de la UCO. Hay otras posibilidades, y las explicaciones que ha dado el propio Ábalos –reconociendo que difundió parte de esos mensajes– abonan la teoría de que su origen sea el entorno del exministro.

Fuentes conocedoras de las interioridades de este caso –y que aportan muchos detalles– apuntan a Koldo como responsable de esta filtración. Sus sospechas se basan en una serie de recados que el ex asesor de Ábalos trasladó a la cúpula del PSOE, con varias exigencias y la amenaza de filtrar información dañina para el partido si no se le defendía.

En cuanto a Ábalos, sea inocente o culpable, tiene razón en una cosa: cuando denuncia que la exposición de su vida privada no arrancó esta semana, con estos mensajes de WhatsApp. Se ha publicado hasta la foto de su boda. E incluso si es condenado por corrupción, que es posible que lo sea, es sangrante el doble rasero que se aplica en España ante ese delito –revelación de secretos– que solo parece importar si el ofendido es la pareja de Ayuso.

Que media España esté también indignada porque Pedro Sánchez llamase “pájara” a su ministra Margarita Robles –oh, escándalo, alguien que en una conversación privada critica a otra persona del trabajo, ¡dónde se habrá visto!– contrasta con el silencio con el que se despachan otros asuntos infinitamente más graves. Un ejemplo, la increíble historia que publicamos hoy en elDiario.es: la policía del Gobierno de Rajoy intentó implicar al entonces eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, en un falso asunto de narcotráfico, con un invento sobre 40 kilos de cocaína traídos de Venezuela.

¿Te imaginas qué pasaría en España si la policía de un gobierno de izquierdas fabricara un montaje con cocaína contra un eurodiputado del PP o de Vox? ¡Qué dirían! ¡Qué publicarían! 

Por eso hay días que dan ganas de manifestarse por la calle, al grito de “bomberos, bomberos”, como decía mi hijo. No en defensa del Gobierno, sino en contra de ese incendio permanente de la vida pública que tanto está dañando la democracia. 

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por tu apoyo a elDiario.es. Espero que tengas un buen fin de semana. 

El Pentágono va a revisar el uso que hizo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, de la aplicación de mensajería Signal para comunicar los planes para bombardear a los rebeldes hutíes del Yemen, en el marco del escándalo que ha sacudido a la Administración de Donald Trump. La Oficina del Inspector General del Pentágono (un organismo de supervisión interna) ha anunciado este jueves que evaluará tanto a Hegseth como a otros empleados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que revisará “el cumplimiento de los requisitos de clasificación” de la información que fue compartida en ese chat, en el que fue incluido un periodista por equivocación.

Según el periódico The Guardian, la investigación ha sido anunciada después de una petición hecha por el Comité de Servicios Armados del Senado, apoyada por republicanos y demócratas. El presidente de ese comité, el republicano Roger Wicker, y el demócrata Jack Reed solicitaron la investigación después de enterarse de que Jeffrey Goldberg, editor en jefe del medio Atlantic, se encontraba en el chat de Signal.

El anuncio llega mientras el murmullo en los pasillos de la Casa Blanca por el llamdo Signalgate no ha cesado. A pesar de que el presidente estadounidense ha conseguido barrer el escándalo del foco mediático con su “Día de la Liberación” —The Economist lo ha bautizado como el “Día de la Ruina”— a nivel interno no se ha olvidado tan fácilmente. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, decía el lunes que se daba “por cerrado el caso en la Casa Blanca”, pero este miércoles la conspiracionista de la vieja guardia MAGA Laura Loomer se reunió con Trump para pedir dimisiones. Axios ha avanzado este jueves que diversos miembros del Consejo de Seguridad Nacional han sido despedidos. La CNN después ha confirmado que se trata de tres empleados.

La influencer de extrema derecha es de la cuerda de Steve Bannon y forma parte de la vieja guardia del movimiento MAGA (Make America Great Again), que impulsó el despegue político de Trump, y se reunió ayer con el presidente estadounidense en el ala oeste de la Casa Blanca, según informa el periódico New York Times. En la reunión, Loomer exigió que se despidiera a varios miembros del Consejo de Seguridad Nacional, incluido su principal asesor, Michael Waltz, acusándolos de ser desleales. 

Según la CNN, los tres funcionarios son Brian Walsh, director de inteligencia y exasesor principal en el Comité de Inteligencia del Senado para el ahora secretario de Estado, Marco Rubio; Thomas Boodry, director sénior de asuntos legislativos, quien anteriormente fue director legislativo de Waltz en el Congreso; y David Feith, director sénior a cargo de tecnología y seguridad nacional, quien trabajó en el Departamento de Estado durante la primera administración de Trump.

Es relevante que los despidos se hayan producido justo ahora, tras la petición de la activista de extrema derecha, y no después de varios días en que funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono aseguraron que Waltz debía dimitir. Hasta el momento, el presidente había cerrado filas con el consejero de Seguridad Nacional y había descartado públicamente que hubiera consecuencias de este tipo por la filtración del chat de Signal.

En el grupo de Signal donde Waltz incluyó por error a un periodista se compartieron en detalle los planes sobre el bombardeo del 15 de marzo contra objetivos hutíes en Yemen. Se trataba de información altamente sensible que estaba siendo enviada a través de una plataforma comercial y que fácilmente podría haber sido hackeada. Aun así, la Casa Blanca sigue restando importancia a la negligencia y asegura que no se trataba de información clasificada.

Cuando el escándalo del chat de Signal parecía haber quedado atrás, este martes The Washington Post reveló que Waltz también había utilizado sus cuentas personales de Gmail para tratar asuntos gubernamentales, como agendas y documentos de trabajo, información que podría haber sido comprometida por servicios de inteligencia extranjeros. Unas 24 horas después, Politico publicó que Waltz tenía al menos 20 chats más en Signal para coordinar tareas gubernamentales relacionadas con Ucrania, China y Gaza.

La purga dentro del Consejo de Seguridad Nacional también coincide con el momento en que muchos funcionarios del Gobierno y del Pentágono han comenzado a fijarse en el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El ex presentador de Fox fue quien envió los planes de ataque detallados en el grupo de Signal, lo que ha acentuado las dudas sobre su liderazgo. A puerta cerrada, ha crecido la preocupación sobre cómo actuará Hegseth cuando realmente se enfrente a una crisis.

Donald Trump está aplicando con el Signalgate la misma táctica que usó en los enjuiciamientos por el asalto al Capitolio y el intento de interferencia electoral: atacar y negar. Aun así, la campaña de contención de daños para minimizar el primer escándalo de la nueva administración parece que no está funcionando a nivel interno. A puerta cerrada, aliados del presidente estadounidense han empezado a mostrar sus dudas respecto a las capacidades de algunos de los miembros del gabinete que estaban en el chat de Signal que incluyó por error a un periodista en las conversaciones sobre los bombardeos estadounidenses de Yemen.  

El consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, ya se responsabilizó en una entrevista en la Fox por añadir por error al periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, al chat donde se compartieron al detalle los planes para bombardear objetivos hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo. Aun así, Waltz seguía sin saber explicar cómo el periodista acabó por error en el grupo. La Casa Blanca ha confirmado que Elon Musk está ayudando a descubrir cómo se produjo dicho error. En las capturas publicadas por The Atlantic para demostrar que se compartió información confidencial se puede ver claramente la notificación de “Michael Waltz te ha añadido al grupo”.  

Trump, que en un inicio cerró filas y defendió a Waltz, empezó luego a cambiar el tono. “Mike Waltz, supongo que dijo que se atribuyó la responsabilidad —relató Trump el miércoles por la noche— Supongo que nadie más estuvo implicado. Creo que fue Mike, no lo sé”, dijo, al tiempo que trató de exculpar al secretario de Defensa: “¿Cómo involucrar a [Pete] Hegseth? No tuvo nada que ver... Mirad, todo es una caza de brujas”.  

El cambio en el relato llega en medio de comentarios internos por parte de trabajadores de la Casa Blanca y el Pentágono que creen que quien realmente metió la pata fue el secretario de Defensa, Pete Hegseth.  

Cuando salió a la luz el escándalo, a principios de semana, la Casa Blanca descartó ceses. El mismo Trump los desestimaba el martes y el miércoles la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguraba que el presidente seguía “confiando en su equipo de seguridad nacional”. Para entonces, dentro del gobierno, diversos cargos ya decían que era imposible que Waltz sobreviviera a la crisis. 

Pero la publicación íntegra de los mensajes, que revela que Hegseth envió detallada información de los objetivos o los aviones de caza que participarían, entre otros extremos, ha puesto en cuestión su liderazgo al frente del Pentágono. Fuentes de la Casa Blanca explicaban a Politico que “en privado hay mucha preocupación sobre su actuación, más que con Waltz”. Otra persona del entorno expresaba las mismas dudas al medio: “¿Qué sucederá cuando Hegseth necesite gestionar una crisis real?” 

La simpatía de Trump por Hegseth ya quedó más que probada con su nombramiento. Cuando el magnate anunció al presentador de la Fox como candidato a liderar el departamento de Defensa, no pareció importarle el historial de alcoholismo de Hegseth o la denuncia por agresión sexual que se le interpuso en el pasado. Tampoco escuchó aquellas voces que consideraban que, a pesar de que Hegseth había servido como soldado, no tenía experiencia coordinando a grandes grupos. El mismo interesado llegó a reconocer que, a lo sumo, pudo tener a su mando a un centenar de personas.  

El escándalo del Signalgate llega después de que el secretario de Defensa haya protagonizado otros errores importantes, pero menos mediáticos. Entre ellos, unas declaraciones de febrero sobre las negociaciones de la guerra en Ucrania en Bruselas que tuvo que rectificar —dio por hecho que Ucrania no entraría en la OTAN ni recuperaría sus fronteras anteriores a la invasión rusa— y un fallido intento de enviar a miles de migrantes detenidos a la base militar de Guantánamo.

A la ofensiva sin admitir nada

La táctica de atacar y negar por parte de Trump implica que no puede haber dimisiones. Si una sola destitución ya supondría reconocer la gravedad del error, dos (Waltz y Hegseth) pondrían la credibilidad de la actual administración en juego. Aún peor sería la imagen dada si se tiene en cuenta que tan solo se han cumplido dos meses de gobierno. Pero parece que Trump tendrá que hacer un cálculo de daños para salvar las distancias entre sus ideales y la realidad. Más allá de las críticas internas, también hay en marcha una investigación bipartidista sobre el episodio por parte de los líderes del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.  

El senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador demócrata Jack Reed firmaron una carta dirigida al inspector general en funciones del Departamento de Defensa para solicitar una investigación sobre el uso de plataformas no clasificadas para discutir información sensible y secreta. Por no hablar de la iniciativa que han puesto en marcha los legisladores demócratas que exigen la dimisión del secretario de Defensa. Incluso han aparecido campañas en sitios web progresistas para pedir que se investigue al jefe del Pentágono.  

Paralelamente, el gobierno Trump también está acorralado por los tribunales. El caso Signalgate ha empezado su recorrido judicial y la causa ha ido a parar a manos del juez federal James Boasberg. Se trata del mismo magistrado a quien Trump quiere que se destituya por bloquear el uso de la ley de enemigos extranjeros en las deportaciones de venezolanos a El Salvador. 

El juez federal aún está determinando si Trump ignoró su orden judicial al deportar 200 migrantes venezolanos a El Salvador el pasado 15 de marzo. La Casa Blanca ha rehusado informarle de a qué hora partió el avión —y así entorpecer la investigación— con el argumento de que se trata de un secreto de estado, pero Boasberg tendrá ahora que escuchar que los detalles para bombardear los hutíes no eran información clasificada.  

Por el momento, el juez ya ha ordenado al gobierno Trump que conserve los mensajes enviados entre el 11 de marzo y el 15 de marzo en el chat de Signal. La medida exige que las agencias federales cuyos líderes participaron en la conversación mantengan todos los mensajes enviados a través de la aplicación. Un abogado de la administración Trump ha declarado que las agencias federales ya están trabajando para concretar qué registros se conservan todavía. 

En esta batalla legal, la Casa Blanca ya se está cubriendo las espaldas. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, dijo en la cadena Fox News que es poco probable que se produzca una investigación criminal por el caso. Además, advirtió de que Boasberg no debería involucrarse en el caso Signal ni en otros que impliquen al presidente, y acusó al magistrado de tratar de “entorpecer la agenda de Donald Trump” y de no ser “objetivo”.

Un error de seguridad en los dos primeros meses de Donald Trump al mando del país amenaza con convertirse en uno de los primeros grandes escándalos de su nuevo gobierno. La filtración de planes militares, provocada por la inclusión accidental del editor de The Atlantic en un grupo de Signal donde se discutían bombardeos contra objetivos hutíes, ha desatado una tormenta en Washington. El Consejo de Seguridad Nacional ya ha confirmado la filtración y está investigando lo ocurrido.

En el ojo del huracán está el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien añadió al periodista por error al grupo. El presidente estadounidense ya ha salido en su defensa y ha minimizado la crisis.

“Michael Waltz ha aprendido la lección y es un buen hombre”, afirmó Trump este martes en declaraciones a la cadena NBC News. El presidente ha reducido la filtración a un “error” por haber añadido al periodista Jeffrey Goldberg al chat de Signal y ha culpado a su equipo del fallo.

En una reunión en la sala de gabinete, Trump ha vuelto a desestimar la gravedad de la filtración del chat de Signal. Incluso se ha permitido hacer broma con el caso y ha asegurado que lo que allí se discutía era “tan aburrido” que incluso el periodista de The Atlantic abandonó el grupo. “No hubo peligros, no hay despidos”, ha afirmado

Cuando uno de los periodistas le ha preguntado quién le había dicho que la información que se discutió en el grupo no era clasificada, el presidente ha evitado responder: “Siguiente pregunta por favor”.

Trump ha seguido con el cierre de filas entorno a Waltz y ha defendido que es “un muy buen hombre y que continuará haciendo un buen trabajo”. El comentario quiere disipar los rumores internos sobre la posibilidad de la destitución del consejero de Seguridad Nacional en el escándalo.

La detallada discusión sobre los planes militares a través de una aplicación comercial —cuando en principio debería haberse realizado por canales de comunicación internos para evitar hackeos— ha provocado una crisis dentro de la Casa Blanca. Varios funcionarios consideran que es imposible que Waltz sobreviva al escándalo.

Según Politico, en la Casa Blanca hay discusiones sobre la posibilidad de cesar a Waltz. “La mitad no cree que pueda sobrevivir al escándalo”, explica un funcionario del gobierno, que califica de “imprudente” no haber revisado el chat. A pesar de la crisis interna, la última palabra sobre el destino del consejero de Seguridad Nacional la tiene el presidente, quien ya ha cerrado filas con él. Hace menos de 24 horas, Trump había negado conocer el caso y criticó a la revista, asegurando que “se va a la quiebra”.

En el chat también participaban otros altos cargos de la administración: el vicepresidente JD Vance, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el director de la CIA, John Ratcliffe, la jefa de gabinete, Susie Wiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor presidencial, Stephen Miller, y el enviado especial Steve Wiktoff. Ninguno de ellos revisó en ningún momento quién estaba en el chat donde, según The Atlantic, se compartió información detallada sobre los bombardeos del 15 de marzo en Yemen, lo que podría haber comprometido la seguridad nacional.

El escándalo ha coincidido con el comité anual de inteligencia del Senado, donde Gabbard y Ratcliffe han comparecido. El vicepresidente del comité, el demócrata Mark Warner, inició su intervención refiriéndose al caso y describiéndolo como un hecho “simplemente alucinante”.

“Dejando de lado por un momento que la información clasificada nunca debería discutirse en un sistema no clasificado, también me resulta abrumador que todas estas personas de alto nivel estuvieran en esta conversación y que nadie se molestara ni siquiera en comprobarlo —dijo Warner—. Seguridad básica 101: ¿quiénes son todos estos nombres? Pues, al parecer, entre ellos había un periodista”.

Mientras que The Atlantic ha señalado que el nivel de detalle discutido en el grupo de Signal podría haber comprometido la seguridad del país, no ha revelado la información en cuestión para evitar problemas. La gran incógnita ahora es si los altos cargos en el chat estaban compartiendo información clasificada. De ser así, la gravedad del escándalo aumentaría considerablemente.

La nueva administración Trump también ha emprendido medidas más agresivas para frenar las filtraciones a la prensa, incrementando la presión sobre los periodistas.

Durante la sesión en el Senado, Gabbard evitó responder directamente a la pregunta de si la información discutida en el chat de Signal era clasificada o no.

“No recuerdo que se mencionara ningún objetivo específico”, respondió Gabbard ante la pregunta del senador demócrata de Arizona, Mark Kelly.

“¿Y ningún objetivo en general?”, repreguntó Kelly.

Tras unos segundos de duda, Gabbard respondió: “Creo que se discutieron objetivos en términos generales”.

En un post publicado en X el pasado 14 de marzo, un día antes del bombardeo contra los hutíes discutido en el chat de Signal, Gabbard escribió: “Cualquier divulgación no autorizada de información clasificada es una violación de la ley y será tratada como tal”.

El director de la CIA también evitó responder directamente sobre si se compartió información clasificada: “Las deliberaciones sobre ataques decisivos deberían llevarse a cabo a través de canales clasificados”. Ratcliffe, por su parte, negó que la filtración del chat de guerra fuera un “gran error”.

La Casa Blanca ya se está moviendo rápidamente para rebajar el escándalo y ha enviado un comunicado de emergencia a la prensa. En él, acusan a los demócratas y “sus medios de comunicación aliados” de querer desviar la atención de la “exitosa” operación del presidente y su equipo.

“Este es un esfuerzo coordinado para distraer la atención de las exitosas acciones del presidente Trump y su administración para hacer que los enemigos de Estados Unidos paguen y mantener a los estadounidenses seguros”, señala el comunicado enviado este martes, en el que también se critica la gestión del expresidente Joe Biden.

En su artículo, el periodista Jeffrey Goldberg explicó que ya sabía que se producirían los bombardeos en Yemen dos horas antes de que ocurrieran gracias a ese chat. Aunque no ha revelado qué información se compartió, Goldberg asegura que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dio detalles operativos sobre los próximos ataques en Yemen, incluyendo información sobre los objetivos, las armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia de los ataques.

“El contenido de estos mensajes, si hubiera sido leído por un adversario de EE UU, podría haber sido utilizado para dañar al personal militar y de inteligencia estadounidense, particularmente en el amplio Oriente Medio”, advierte Goldberg.

Signal se ha convertido en un canal de comunicación frecuente para periodistas y funcionarios en Washington debido a la encriptación de sus chats. Sin embargo, a pesar de ofrecer más garantías de privacidad que otras plataformas, los protocolos establecen que los funcionarios deben utilizar canales internos de la administración para discutir información clasificada y así evitar comprometer la seguridad nacional.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue la filtración a la prensa de los vídeos de su declaración, la de su ex asesor en el ministerio Koldo García y la del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ante el “juicio paralelo” que dice sufrir.

En un escrito de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera 'número tres' del PSOE se refiere a las grabaciones que prestaron él de forma voluntaria y Koldo y Aldama como imputados los días 12, 16 y 17 de diciembre, y que se conocieron este jueves por la tarde.

“Se está pudiendo observar a través de los medios de comunicación y, concretamente, en las distintas cadenas de televisión, el juicio paralelo al que está siendo sometido mi defendido en la presente causa”, defiende su abogado.

La defensa se declara indignada por el hecho de que las declaraciones se hayan publicado en prensa cuando el exministro todavía no ha recibido estas grabaciones. “Quien primero debe tener conocimiento de las mismas son el Ministerio Fiscal y las partes personadas y no los medios de comunicación, como así ha ocurrido”, sostiene.

Por ello, el exdirigente socialista pide al instructor del caso, Leopoldo Puente, que “proceda a aperturar una investigación sobre la filtración que se ha producido y que también se ha estado produciendo con anterioridad”.

El propio Ábalos ha anunciado la presentación de este escrito en la red social X (antes Twitter), pero denunciando que ya llega “tarde” porque “el propio escrito ya ha sido filtrado a los medios”.

“Ahora que tanto se habla de 'filtraciones' y como ya vengo sufriendo desde hace tiempo, hoy me he visto en la necesidad de solicitar al magistrado Leopoldo Puente, la apertura de una investigación sobre la filtración a los medios de comunicación de las imágenes de mi declaración en el Tribunal Supremo el pasado 12 de diciembre sin que, a día de hoy, todavía no se le haya dado traslado a mi defensa en el 'Caso Delorme'”, ha asegurado.

“Desde el inicio de esta causa, todo ha sido una continua sucesión de filtraciones de elementos de una investigación que es reservada con el ánimo de generar un juicio mediático paralelo y mi descrédito personal, social y político. Resulta muy lamentable comprobar que esto no se ha detenido cuando en otros casos bien conocidos parece que son un crimen de 'lesa humanidad'”, añade.

Un nuevo recurso de nulidad

Por otro lado, Ábalos ha presentado un recurso de súplica donde pide la nulidad de la investigación alegando que la Sala de lo Penal del Supremo solicitó formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados sin dar margen para que la defensa recurriera.

Así, explica que el día 18 de diciembre el magistrado Puente decidió pedir el suplicatorio a la Cámara Baja y al día siguiente la Sala Segunda lo tramitó. Sin embargo, la decisión del instructor le fue notificada el mismo 19 de diciembre y la recurrió el día 20, aduciendo igualmente “nulidad absoluta” por entender que “se había vulnerado el derecho a la inmunidad parlamentaria” de Ábalos.

Entre otras razones, en ese primer recurso el exministro de Transportes esgrimía que había sido objeto de una investigación ilegal por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque interceptó un sobre dirigido a él cuando ya investigaba el 'caso Koldo' pero sin que pudiera dirigirse contra él por ser aforado.

“Pues bien, este recurso no fue estimado o desestimado (hasta la presente fecha) por el magistrado instructor, por ende, existe una vulneración a la tutela judicial efectiva”, afirma la defensa en este recurso de súplica.

La acusación popular ejercida por el Partido Popular ya ha mostrado su oposición a este primer recurso de Ábalos. Los populares recalcan que el exministro “no ha sido objeto de ni una sola de las medidas limitativas de derechos fundamentales acordadas en el seno” de la causa, “respetándose rigurosamente las prerrogativas que su condición de diputado lleva aparejadas”.

La pareja de Ayuso comete fraude fiscal, de los beneficios irregulares de ese fraude también disfruta Ayuso y elDiario.es lo publica. La propia Ayuso dice que todo es mentira, que su novio es inocente y ella una víctima. Su jefe de gabinete dice que en realidad todo es una conspiración de Hacienda y que de hecho la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo para no llegar a juicio. Y a determinados medios les pasa parte de los correos como para demostrar esa teoría. Y ahí pasan dos cosas: la Fiscalía hace una nota de prensa para desmentirle: ellos no han ofrecido nada, fue el novio de Ayuso el que se ofreció a pactar. Y dos, que aparece en varios medios de comunicación el correo de la discordia: la confesión que había hecho dos meses antes la pareja de Ayuso y que demostraba que el fraude era cierto y que además Ayuso había mentido. 

Con eso, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, activa una operación contra el fiscal general del Estado, al que acusa de haber filtrado todo. Y el Tribunal Supremo imputa como presunto filtrador al fiscal general del estado. 

Un enorme lío institucional, político, jurídico, todo por una pregunta muy sencilla: ¿Quién fue el que filtró la información? Lo abordamos con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre las últimas críticas de la dirección del PSOE al sistema judicial aconsejándoles evitar estas referencias porque, aunque cree que “es legítimo pensar eso hacia adentro”, cree que en público “es preferible no ocupar ese papel de víctimas”.

Así se ha pronunciado Page en declaraciones a los periodistas desde el 41º Congreso Federal de Sevilla sobre las últimas críticas que han lanzado distintos dirigentes sociales al sistema judicial por las últimas polémicas.

“Es legítimo pensarlo y, si se piensa así, combatirlo, pero creo que es preferible no ocupar ese papel de víctimas”, ha proclamado Page en este sentido, apostillando que “el victimismo es el último recurso de cualquier proyecto político”.

“Y no solo es el último recurso, sino que además el victimismo puede tener algún entendimiento, puede tener una lógica cuando va precedido de una dosis enorme de autocrítica”, ha añadido Emiliano García-Page, justo después de la comida que ha mantenido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el resto de líderes socialistas autonómicos.

En este contexto, Page además ha dicho que los españoles “verían bien que en algún momento el PSOE pudiera decir hacia afuera que en algunas cosas” se puede equivocar: “Eso también daría credibilidad a todas las acusaciones infundadas que se nos están haciendo”.

Contra los acuerdos con Junts

En su argumentación, Page ha vuelto a criticar públicamente los acuerdos con EH Bildu y Junts, partido al que ha definido como “extrema derecha, encima independentista y en algunos aspectos xenófobos”, a la vez que ha puesto en cuestión los insultos al PP porque, según ha dicho, “los insultos no dan votos”.

El presidente castellano-manchego también ha hablado sobre el 41º Congreso Federal del PSOE, destacando que su mayor preocupación tiene que ver con el debate de ideas y más concretamente sobre la financiación singular para Cataluña.

En este contexto, Page ha afeado que no se haya sometido a discusión el acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común de financiación: “Es una cosa que ha firmado el PSC, pero el PSOE no lo va a reafirmar, no lo va a validar. Eso no está planteado. Y el propio Partido Socialista de Cataluña no ha presentado enmiendas en materia de financiación”.