Los cuatro tripulantes del pesquero 'Nuevo Monteveo' han sido rescatados este lunes después de que se declarara un incendio a bordo cuando se encontraba faenando a unas ocho millas de la playa de la Franca, en el concejo asturiano de Ribadedeva.

Otro pesquero que se encontraba en la zona ha auxiliado a los tripulantes y los ha trasladado a San Vicente de la Barquera, en Cantabria, donde les esperaba una ambulancia para ser examinados por los facultativos y comprobar su estado de salud. A expensas de su resultado, en principio no presentaban heridas de gravedad.

Una llamada de alerta activó el rescate

Salvamento Marítimo ha comunicado el rescate de los tripulantes junto a una imagen donde se puede apreciar el momento en que se registró el incendio. A continuación, reproducimos el post difundido a través de su perfil en la red social X.

Una llamada de alerta, sobre las nueve horas de esta mañana, a Salvamento Marítimo activó el operativo de rescate. El interlocutor comunicaba la presencia de una balsa salvavidas a la deriva, así como de un pesquero que se estaba incendiando.

Labores de extinción

El pesquero incendiado es el 'Nuevo Monteveo', que tiene una eslora de 13 metros. Su base está en el puerto de Bustio, en Ribadedeva.

El Centro de Control de Salvamento Marítimo de Gijón movilizó una embarcación para realizar labores de extinción. 

En un principio, los tripulantes se encuentran en buen estado aunque habrá que esperar a que se confirme oficialmente una vez examinados por los facultativos.

El artículo 'Qué baratas están las gambas', de Antonio Aguilera, publicado en elDiario.es Andalucía el 31 de diciembre de 2024, ha sido galardonado este martes por la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras como 'Mejor artículo del sector pesquero andaluz' en la cuarta edición de los Premios de Periodismo que organiza la FAAPE. Según el jurado, el texto de Aguilera es “un ejemplo sobresaliente de periodismo comprometido con el mar, la verdad y las personas que viven de él”. 

Los Premios de Periodismo del Sector Pesquero Andaluz de FAAPE, entregados en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Sevilla, reconocen a profesionales de la información por sus trabajos periodísticos en tres categorías: sector pesquero andaluz, sostenibilidad y medioambiente en el sector pesquero andaluz y gastronomía del mar. Los galardones a medios de comunicación distinguen, por su parte, la mejor labor de difusión en las dos primeras categorías citadas antes, y este año han recaído en las cabeceras Diario de Almería y La Voz del Sur.

Antonio Aguilera Nieves es natural de Isla Cristina (Huelva). Economista y naturalista, EMBA por el II San Telmo y secretario general de la Fundación Savia, es experto en gobernanza territorial, economía verde y modelo agroalimentario, y ha colaborado con diversos artículos en la sección de opinión En Abierto de elDiario.es Andalucía. Su artículo 'Qué baratas están las gambas' “logra plasmar con sensibilidad, rigor y humanidad la realidad del sector pesquero andaluz”, apunta el jurado.

“Aguilera consigue trasladar al lector a la cubierta del barco, haciéndole sentir el frío, el esfuerzo y la soledad de quienes salen a la mar cada madrugada. Su relato dignifica una profesión tan esencial como invisible, poniendo rostro y voz a los hombres que, con valentía y sacrificio, mantienen viva una actividad que forma parte de la identidad colectiva de Andalucía y de España. El trabajo combina una narración literaria de gran calidad con un mensaje social de profundo calado: la denuncia de la injusta desproporción entre el esfuerzo de los pescadores y el valor que finalmente recibe su producto. Al hacerlo, contribuye a sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de reconocer el verdadero precio de la pesca y proteger el futuro de nuestras comunidades marineras”, argumenta el jurado.

Durante su breve intervención tras recoger el reconocimiento, Aguilera ha agradecido a la Fundación Savia, a elDiario.es Andalucía, a la FAAPE y, principalmente, al patrón, José Antonio Carrillo y a toda la tripulación del buque CARRYMAR de Isla Cristina, pesquero desde el que pudo recabar la información para escribir su artículo, por sus respectivas aportaciones a la consecución del premio. También ha defendido la labor de los pescadores andaluces y ha animado a los presentes “a trabajar todos por que el sector primario pueda vivir dignamente de su oficio”, resaltando que el trabajo en la mar es “muy sacrificado y muy desconocido”. Asimismo ha mostrado el atún de porcelana que portaba en su solapa, de la Asociación de Amigos del Atún, animando en ese sentido a “recuperar la almadraba para Huelva”.

Galardones y reconocimientos

El acto de entrega lo ha presidido el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha subrayado la importante labor que realizan los profesionales de un sector, el pesquero y acuícola, que ejerce como “elemento estructural de la economía local de más de 60 municipios andaluces”. Sobre estos ámbitos, ha explicado que “la pesca y la acuicultura dan empleo a más de 20.000 andaluces sumando a quienes trabajan en barcos y en industrias asociadas al sector”.

Sobre los galardones, ha aplaudido que este certamen reconozca tanto la gran labor que realizan los profesionales de la pesca y la acuicultura; como el papel que desempeñan los periodistas. “Es importante que se hable de la pesca y la acuicultura de Andalucía para que todos los ciudadanos sepan cómo se trabaja en este sector económico que es sinónimo de sostenibilidad y que tiene tanto peso económico y social en esta tierra”, ha afirmado.

El consejero ha aprovechado su participación en el acto para dar la enhorabuena a todos los premiados y reafirmar la disponibilidad del Gobierno andaluz para seguir poniendo en marcha actuaciones que respalden sus intereses. “Día a día, los profesionales de la pesca y la acuicultura demostráis vuestra resiliencia ante situaciones muy complejas y en la Consejería somos conscientes de lo duro que trabajáis; por eso hemos estado y seguiremos estando a vuestro lado para apoyaros siempre”, ha recalcado.

A modo de ejemplo, Ramón Fernández-Pacheco ha hecho referencia al rechazo de Andalucía a que “la Política Pesquera Común pueda quedar diluida con la integración de los fondos en un instrumento único”. Además, ha recordado que esta región reclama un Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) que “mantenga su autonomía, su financiación y su especificidad para poder dar respuesta a las necesidades del sector”.

Entre otros galardonados, Francisco Méndez (vidascompartidas.es) ha sido premiado con el galardón a la ‘Mejor Pieza Informativa Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Sector Pesquero Andaluz’ por ‘Del mar a la mesa. Sosteniendo la Esperanza’. Por último, FAAPE reconoce este año también a Susana Abella y al chef Enrique Sánchez (programa ‘Cómetelo’ de Canal Sur) como ‘Mejor Pieza Informativa sobre Gastronomía del Mar’ por el reportaje titulado ‘La quisquilla, el plato estrella del puerto pesquero de Motril’.

Por otro lado, los medios de comunicación galardonados en esta edición son Diario de Almería como ‘Mejor Labor de Difusión Sector Pesquero Andaluz’ y La Voz del Sur como ‘Mejor Labor de Difusión Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Sector Pesquero Andaluz’.

Por último, los reconocimientos de la categoría ‘Trayectoria Profesional’ han recaído este año en Antonio Romero Buzón, ligado al sector del Golfo de Cádiz; Lorenzo Rodríguez Jódar, en el caso del Mediterráneo; y José Bermúdez Benítez, armador de Barbate (Cádiz) al que se ha concedido un ‘Reconocimiento Especial’ de estos premios del sector pesquero.

Tres ciudadanos españoles figuran entre los 21 rescatados tras el hundimiento del 'Tafra 3', un pesquero de capital gallego en aguas de Mauritania, y los otros cinco, de nacionalidad mauritana, permanecen desaparecidos, según han informado a la agencia EFE fuentes del servicio de Salvamento Marítimo.

La información facilitada por las autoridades mauritanas a Salvamento Marítimo indica que el 'Tafra 3' —pesquero español desde 2001 hasta 2021, cuando pasó a tener bandera mauritana— llevaba 26 personas a bordo. Se ha hundido tras una colisión registrada este viernes, a las 20.40 horas española, con el también pesquero 'Right Whale', con pabellón de Gambia.

Cinco personas permanecen desaparecidas, todas ellas de origen mauritano. Los tres españoles han sido rescatados y se encuentran en buen estado, según informa Europa Press

El choque se ha producido en una zona marítima cercana al puerto de Nuadibú, la segunda mayor ciudad de Mauritania, considerada como la capital comercial del país, y cercana a la frontera del Sahara Occidental, donde operan varios barcos de pesca gallegos para capturar pulpo. La colisión del buque 'Right Whale', de capital ruso, provocó una gran brecha en el costado de estribor del 'Tafra 3', que se encontraba en medio de una maniobra, lo que hizo que se hundiese de una manera muy rápida.

Varios barcos de capital gallego que se encuentran trabajando en la zona están colaborando en la búsqueda de los desaparecidos. Salvamento Marítimo ha solititado a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización de las operaciones de búsqueda y está a la espera de recibir información sobre el operativo.

Por su parte, el consulado está en contacto desde el primer momento para facilitar todos los trámites necesarios para que puedan volver a España.

El día de la festividad de la Virgen del Carmen, el pasado 16 de julio, hubo un 'milagro' en el Barrio Pesquero de Santander. El puente levadizo estropeado desde hace meses levantó una de sus hojas para que los barcos pudieran salir en procesión. Los pescadores, escépticos, no siguieron a Moisés cruzando las aguas separadas del Mar Rojo. Se negaron a participar en la tradicional salida al mar como protesta.

Y es que el puente se abrió de forma excepcional para una doble operación: salió un barco que se ha vendido y entró una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera que yace en seco, en la rampa de Varadero, de donde en primavera ya se ordenó retirar 13 embarcaciones abandonadas desde hace tiempo. De paso, las autoridades portuarias y municipales comunicaron a la Cofradía de Pescadores que podían sacar a la virgen en procesión por el mar y, en cierta manera, sirvió para sofocar la polémica por la ausencia este año de la tradición marinera. Es decir, la hoja del puente se elevó para matar varios pájaros de un tiro y ha vuelto a sellarse dejando aislado de la bahía al pequeño perímetro del Barrio Pesquero.

En el poblado de pescadores dejaron a la virgen en tierra porque están hartos de no poder entrar y salir con los barcos a la lonja. Llevan meses atrapados en su pequeño puerto por esta barrera artificial, un puente levadizo que enlaza el barrio de casas con la orilla de enfrente donde se ubica la lonja. Una infraestructura que construyó en 2009 el Puerto de Santander -costó 16 millones de euros- para el tráfico de camiones de mercancías pesadas entre el muelle de Maliaño y el espigón norte de Raos, pero que limita la altura de los barcos que salen a la bahía. Los mástiles más altos de los barcos pesqueros no pasan por debajo de un puente -imprescindible para alcanzar la lonja donde se subasta el pescado- cuya función era aliviar el tráfico urbano. Aunque parece que ha sido a costa de complicar el marítimo.

Esta circunstancia ha generado un conflicto prácticamente permanente desde entonces, desde hace 16 años. La Autoridad Portuaria de Santander se comprometió a cerrar el puente durante todo el día, desde las seis y media de la mañana a las once de la noche, con algunas excepciones: se abriría a demanda de las embarcaciones que lo necesitasen. Bastaba, en teoría, con avisar una hora antes del inicio de la maniobra e intentar -dice la normativa- no superar las siete aperturas al día.

La realidad es que las averías han sido más frecuentes de lo esperado y que la Cofradía de Pescadores de Santander achaca a un deficiente mantenimiento. Los patrones pesqueros se quejan de que los barcos no pueden entrar a la lonja a vender el pescado. De hecho, se ha improvisado una zona de atraque exterior para los pesqueros que recalan en Santander después de faenar.

Es una solución transitoria que provoca severos inconvenientes: les obliga a descargar las cajas de pescado y trasladarlas por su cuenta en furgonetas hasta la lonja. Muchos barcos han optado por descargar en otros puertos. “Aquí cada vez descargan menos, dicen que se están yendo a Santoña”, lamenta un vecino.

Hasta las rederas, otro atractivo, que hacían su faena delante del muelle sentadas en sillas de madera y mimbre, han desaparecido del paisaje desnudo, también, de embarcaciones y barcas de pesca

Por eso, los pescadores renunciaron a hacer la tradicional procesión marítima por la bahía. Cuando la noticia se hizo pública, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y el Puerto anunciaron que excepcionalmente se iba a abrir el puente. Un milagro, porque desde febrero les decían que era imposible. Así que ellos se mantuvieron firmes en su decisión: si el puente no se abre para faenar, tampoco para sacar a la virgen. El día del Carmen se celebró en tierra. “Han hecho bien” -remacha Mari, una vecina de la zona: “Si no se puede abrir para una cosa tampoco para la otra. ¿O qué tomadura de pelo es ésta?”, exclama.

El secretario de la Confradía de Pescadores de Santander, Agustín Trueba, explica que en principio el Puerto ha anunciado que una de las hojas del puente estará reparada en septiembre y después se arreglará la otra. En el proyecto inicial se incluía un tren que nunca se hizo realidad, del que solo queda el recuerdo y la vía sobre el puente por la que nunca ha circulado ningún ferrocarril.

Recelos en el barrio

Pero algunos vecinos van más allá. Detrás de estas trabas para levantar el puente ven una intención de que acabar con la ya escasa actividad pesquera del barrio, el lugar más emblemático y pintoresco de Santander. Un barrio que cada vez tiene menos aroma pesquero. Hasta las rederas, otro atractivo, que hacían su faena delante del muelle sentadas en sillas de madera y mimbre, han desaparecido del paisaje desnudo, también, de embarcaciones y barcas de pesca.

Los pantalanes están llenos de pequeños barcos de recreo. “Lo que quieren es acabar con la poca pesca que queda porque han puesto los ojos en esta zona para convertirla en un lugar de ocio”, opina Miguel Ángel, otro vecino, mientras señala dónde estaba la vieja lonja, derribada en 2006 en medio de una fuerte polémica.

La presencia en la rampa de Varadero de una patrullera del Servicio de Aduanas -Alcaraván I- en apariencia abandonada también contribuye a alimentar comentarios. Algunos dicen que está allí para ser desguazada. Algo improbable puesto que ese lugar no está homologado para hacer estas operaciones. En cualquier caso, ha quedado varada en la orilla.

La Lonja santanderina era entonces una de las más importantes de la Cornisa Cantábrica, tras las de Avilés y Pasajes, pero el edificio tenía algunas deficiencias para hacer las subastas: había poco espacio sobre todo los días en que coindicían descargando más de diez barcos de altura. Ahora, casi 20 años después, habita una sede más amplia y mejor dotada. Pero ahora el problema es otro: el puente no abre y los barcos no llegan.

Expulsados de Puertochico

El único barrio de pescadores que queda en Santander está en peligro de extinción. Hay más de un centenar de barcos atracados en esta pequeña península aislada del corazón de la ciudad que en realidad se llama Poblado Pesquero de Sotileza. Aquí desterraron, tras el incendio de Santander en 1941, a los pescadores que habitaban las zonas de Puertochico o Tetuán.

Las autoridades de la dictadura aprovecharon para hacer una depuración social y reservar el centro de la ciudad a una clase media alta. A los vecinos que habitaban el antiguo Santander se les expulsó al extrarradio. Para culminar esa operación, tras la reconstrucción de Santander, en 1943 se les echó de Puertochico, que quedó al servicio de los barcos de recreo.

Para eso se construyó un poblado de pescadores en lo que se conocía como el ensache de Maliaño. Se proyectaron 550 viviendas, de las que solo se construyeron 270, en edificios de tres plantas organizados en manzanas con patios, insuficientes para las 600 familias de pescadores que aproximadamente había entonces en Santander.

Tanto tiempo despueés, los vecinos miran ahora con recelo al puente que de alguna manera simboliza una barrera, una frontera con el mar, en un barrio que va olvidando su pasado, en el que resiste aún la avenida de restaurantes típicos marineros con algunas mesas cubiertas con manteles de papel. Aun quedan tendales en la calle. Mástil de sábanas blancas que agita el viento del pasado.

Durante muchos años, la ciencia agrícola se centró en buscar componentes tecnológicos que mejorasen la productividad de las explotaciones donde los regímenes de mercado e institucionales establecidos por el Estado eran las principales causas de la adopción de nueva tecnología. El modelo general ha consistido en innovar continuamente, reducir los precios en la explotación agrícola y externalizar los costos.

Este modelo hizo posibles los extraordinarios logros del sistema CCTA (Conocimientos, Ciencia y Tecnología Agrícolas) en los países industrializados después de la Segunda Guerra Mundial y la difusión de la Revolución Verde a comienzos de los años sesenta. Ahora bien, dados los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos hoy, cada vez se reconoce más en las organizaciones oficiales del ámbito de la ciencia y la tecnología que debe revisarse el modelo actual de CCTA.

Las actividades habituales han dejado de ser válidas. Ello conduce a replantear el papel que pueden desempeñar los CCTA en la consecución de los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, un papel que implica un mayor compromiso desde diversas perspectivas mundiales y enfoques posiblemente contradictorios de modo que orienten y propongan estrategias de acción que permitan las múltiples funciones de la agricultura.

Muchos profesionales del campo denuncian un exceso de burocracia, falta de claridad en los requisitos ecológicos y una distribución desigual de las ayudas

En un contexto global de cambio acelerado, el sector primario —que comprende la agricultura, la ganadería y la pesca— se encuentra en una encrucijada decisiva. A pesar de ser la base de la seguridad alimentaria y del equilibrio territorial, este sector afronta retos crecientes que amenazan su sostenibilidad económica, social y ambiental.

1. Las políticas europeas: entre la regulación y la burocracia

La Política Agraria Común (PAC) ha sido durante décadas un pilar fundamental para los productores europeos. Sin embargo, las últimas reformas han generado tensiones. Por un lado, se busca una transición hacia modelos más sostenibles; por otro, muchos profesionales del campo denuncian un exceso de burocracia, falta de claridad en los requisitos ecológicos y una distribución desigual de las ayudas. La necesidad de adaptar explotaciones a criterios medioambientales estrictos, sin un acompañamiento técnico y financiero suficiente, está suponiendo un freno, especialmente para pequeños y medianos productores.

2. La competencia internacional y las tensiones con Estados Unidos

Los acuerdos comerciales y los vaivenes geopolíticos están reconfigurando los mercados. Estados Unidos, con políticas proteccionistas y subsidios estratégicos, representa tanto un socio como un competidor formidable. Las diferencias en estándares de producción, los aranceles y las disputas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) añaden incertidumbre a los precios y a las exportaciones. A esto se suma la creciente presión de países emergentes que ofrecen productos a bajo coste, dificultando la competitividad de las producciones locales.

Adaptarse exige inversiones en tecnología, infraestructuras de riego eficiente, razas más resilientes y una gestión más inteligente de los recursos hídricos

3. El cambio climático y la escasez de recursos

Pocas actividades dependen tanto del clima como el campo y el mar. La agricultura sufre los efectos de sequías prolongadas, olas de calor, heladas tardías y eventos extremos que comprometen las cosechas. En ganadería, el estrés térmico afecta a la salud animal y a la productividad. En el mar, la sobrepesca y el calentamiento de las aguas están modificando las rutas migratorias de especies y reduciendo las capturas. Adaptarse exige inversiones en tecnología, infraestructuras de riego eficiente, razas más resilientes y una gestión más inteligente de los recursos hídricos.

4. La sequía: una amenaza persistente

España, como otros países del sur de Europa, vive una sequía estructural agravada por el cambio climático. La falta de lluvias compromete tanto los cultivos de secano como los de regadío, y pone en jaque la disponibilidad de pastos y agua para el ganado. La planificación hidrológica, el uso de aguas regeneradas y la digitalización de los sistemas de riego son algunas de las claves para hacer frente a este desafío. Pero sin una inversión decidida y una gobernanza eficiente del agua, los conflictos por este recurso irán en aumento.

Sin campo no hay futuro, y sin futuro en el campo, el conjunto de la sociedad también pierde

5. El relevo generacional y la despoblación rural

Más allá de lo climático y lo económico, hay un reto humano: cada vez menos jóvenes ven atractivo dedicarse al campo o al mar. La falta de servicios en el medio rural, la baja rentabilidad y la incertidumbre regulatoria disuaden a las nuevas generaciones. Sin relevo, el futuro del sector está en peligro. Fomentar la innovación, mejorar las condiciones laborales y dignificar la imagen del sector son pasos necesarios para revertir esta tendencia.

Conclusión: transformación o resignación

El sector primario no está condenado, pero sí obligado a transformarse. Las soluciones pasan por una mayor coherencia entre las políticas agrarias y medioambientales, un apoyo decidido a la innovación y un reconocimiento social al valor estratégico de la producción de alimentos. Sin campo no hay futuro, y sin futuro en el campo, el conjunto de la sociedad también pierde.

Hay que reconocer y atribuir más importancia a la multifuncionalidad de la agricultura, teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas agropecuarios en contextos sociales y ecológicos diversos.

La preciada gamba blanca de Huelva se cría al borde de la plataforma continental, a una profundidad de entre 60 y 120 brazas, a más de 20 millas náuticas de la línea de costa. Su captura, mediante técnicas de arrastre es una de las actividades pesqueras más duras que requiere un enorme reto tecnológico y esfuerzo humano. 

Para coger gambas hay que levantarse a las dos de la madrugada, preparar las provisiones y arranchar el barco para soltar amarras a las tres y poner rumbo a la noche marina. Por delante, una jornada de duro trabajo de 16-17 horas. Si las condiciones meteorológicas del invierno lo permiten, cinco días a la semana. En alta mar, cada día, la faena hay que realizarla a merced de las olas, el viento, la lluvia, el sol. Es, sin duda, uno de los oficios más duros y penosos que existen. Solo así puede entenderse el carácter curtido de los marineros. La briega con los artes de redes, los cabos, el penduleo del barco, la lucha con las jarcias, la humedad que todo lo invade, el aire cargado de salitre, queda retratado en sus rostros y gestos. Gente de raza valiente, aseguran que solo los mejores aguantan el tirón. Cuando conoces de cerca de esa vida, lo entiendes. Pocos aguantan, para la juventud se ha convertido en trabajo de último recurso. Razonable: durísimo, invisible, escaso reconocimiento social, mal pagado. 

Lo he visto, lo he vivido. Aunque no hagas nada, el simple hecho de pasar el día en el barco, te sacude los huesos y te vuelve loco el oído interno. En el barco mandan todo el rato el patrón y la faena. El primero decide el rumbo, el lugar y los tiempos de pesca, la faena todo lo demás, los ritmos e intensidad de trabajo, las tareas prioritarias, el número de horas de no levantar cabeza. El descanso, o la hora del bocadillo, puede que no llegue en todo el día. También pude comprobarlo. 

El barco llega a “pesquero” y la actividad, ruda, comienza con el gigante tintineo de las enormes cadenas al rodar sobre las poleas mientras el rodillo empieza a soltar cable. El sonido nos lleva hasta la bajada de los puentes levadizos de los castillos. En realidad es la red de más de 40 metros, sus cabos, cadenas, plomos y boyas que se arrastran por cubierta hasta el foso que es el océano Atlántico. 

Los seis hombres que componen la tripulación tienen siempre tarea. Hoy la faena es en el pesquero del 8, el de profundidad, la mar de fondo hace exigente el simple hecho de mantenerse en pie. El patrón tiene que poner toda la atención en el rumbo de la corrida, la marea es fuerte, la deriva puede traer problemas, el gobierno exige la máxima astucia y atención. Los desniveles del fondo hacen misión imposible mantener estable la velocidad adecuada para que el arte, 300 metros atrás de cable del barco, mantenga el dibujo triangular que permita al mojino (la boca del arte) realizar su misión, caminar cerca del fondo en el que vive el marisco. 

Es alta mar, agua y cielo. Inmensidad que es soledad. Para combatirla están el radar, la radio, a veces la vista. En la zona son varios los buques faenando que mantienen contacto para ir siguiendo la faena, avisar de incidencias, prestarse ayuda mutua en caso de ser necesario. Un grupo diverso de compañeros, amigos. En la mar cuesta recordar los nombres oficiales que se ponen en los papeles, el lenguaje allí es propio. Sin contacto físico, sin verse las caras, saben que los de la Punta, los de la Banda de Fuera, los de la Manzanilla, son todos hermanos e hijos de las mismas penurias. 

Todo debe estar en perfecto orden para la venta, porque después de todo el esfuerzo, el trabajo cada día se valora mediante subasta en la que los compradores fijan el precio del producto y por tanto el valor del trabajo de los pescadores

En el barco, más que sentirme polizón, traté de no molestar en las operaciones delicadas y de ser útil cuando tenía oportunidad. Me acogieron como a un niño, todos. Estaban atentos, no paraban de repetir, por aquí con cuidado, sin cortarte, no hay prisa, seguridad ante todo, come algo, café, ahora puedes subir al puente, bajar a cubierta. Sigo abrumado por un trato exquisito en un ambiente que parece obligado a ser rudo. También lo son cuando hace falta, en momentos críticos donde un fallo puede ser un desastre mayúsculo. 

Levar el arte desde el fondo es el momento cumbre. Hace falta pericia, técnica, fuerza, sincronía, que todas las máquinas y hombres pongan lo mejor de sí. Tras más de cuatro horas de corrida (lance), que la corona llegue a cubierta con la pesca en el menor tiempo posible y en el mejor estado es el único objetivo. Recoger los centenares de metros de cable, asegurar las puertas, poner el rumbo y la velocidad que la red y la marea exijan. Todo a la mayor velocidad posible para desembolsar el marisco y volver a echar la red al agua. En cada jornada son dos o tres las corridas que hay que hacer antes de hacer el último viraje y poner rumbo a puerto para llegar a la mejor hora posible para la venta. Según los días, hasta la regatita de vuelta se convierte en una compleja estrategia pues según el pescado y marisco cogido, interesa llegar a lonja en un momento concreto lo que hace que, como remate, el trabajo se convierta en un sprint para toda la tripulación de varias horas de limpiar, seleccionar marisco, encajar. Todo debe estar en perfecto orden para la venta, porque después de todo el esfuerzo, el trabajo cada día se valora mediante subasta en la que los compradores fijan el precio del producto y por tanto el valor del trabajo de los pescadores. 

Atracamos al “solpuesto”, el solsticio achica los días. Quince horas de navegación, casi doce de trabajo ininterrumpido. El patrón, sin descanso. En lonja ya, aún quedaba más de una hora de limpiar y seleccionar marisco, echar nieve, cajear, arranchar, reponer combustible, revisar el arte…. Porque a las tres de la mañana hay que volver a salir, si el tiempo lo permite. 

El sector primario es el más sacrificado, el más penoso, el más exigente y el más castigado por la cadena de valor de los alimentos que es, a todas luces, injusta en la distribución de rentas y márgenes

Me bajo del barco y tres horas después, en la ducha, compruebo que el oído interno aún sigue en el vaivén del barco. Al tiempo, me propongo seguir la pista de las gambas. Son noticia estos días por su elevado precio. Efectivamente, en las paradas del mercado están subiditas por aquello de que no pueden faltar en una buena mesa. Las miro en las bandejas y las veo con otros ojos. Ahora soy más consciente de lo que supone que lleguen al plato. 

Constato que su precio se ha quintuplicado respecto al que tuvieron en lonja, y eso que el patrón me dijo, “estos días no son malos de venta”. Con todo, la renta que reciben los armadores, pequeños empresarios al fin y al cabo, y el sueldo de los marineros está muy por debajo de las exigencias y riesgos de esta actividad. El sector primario es el más sacrificado, el más penoso, el más exigente y el más castigado por la cadena de valor de los alimentos que es, a todas luces, injusta en la distribución de rentas y márgenes.

La Unión Europea tiene en proceso de revisión las técnicas de pesca en sus aguas. Es necesario y perfectamente adecuado que se establezcan requisitos y criterios que permitan la sostenibilidad, la riqueza y biodiversidad de los fondos marinos. También es, absolutamente imprescindible que se pongan idénticas exigencias para todos los productos marinos que se importan en la Unión Europea, que se considere que poco tiene que ver la pesca artesanal, el tamaño de los buques y las técnicas que se utilizan en Andalucía con los enormes buques factoría que operan en el norte y que la regulación, por tanto, no puede ser la misma. Sobre todo, deben equipararse las directrices respecto a otras actividades primarias en las que se ha puesto de manifiesto que la gobernanza es un objetivo crucial. 

En todo ello, los pescadores de Andalucía son excepcionales: porque conocen a la perfección su oficio, porque son los más interesados en mantener la sostenibilidad del caladero y así lo vienen demostrando desde hace años, porque es un sector que genera miles de trabajo directos, y sobre todo indirectos. Y, sobre todo, porque proporcionan a la dieta andaluza toda una serie de productos de la máxima frescura y calidad que todos apreciamos, agradecemos y disfrutamos. Visto así, afirmo con toda convicción, ¡qué baratas están las gambas!

“Vine a España buscándome la vida. Yo quería seguir siendo pescador. Gracias a eso mi familia tiene ahora una casa donde vivir”. Cuando en el año 2006 Elhadji Madiop dejó su vida en Senegal y llegó en cayuco a Tenerife solo tenía una cosa en mente: continuar dedicándose a la pesca, el negocio familiar -y nacional- que se había visto gravemente mermado a causa de los arrastreros europeos que por aquel entonces comenzaron a faenar frente a la costa del país africano tras un acuerdo comercial rubricado con la Unión Europea.

Las poblaciones de peces en los caladeros senegaleses caían en picado. Los pescadores locales se quedaban sin ingresos. En aquel año comenzó el éxodo: más de 30.000 senegaleses optaron por arriesgar su vida atravesando una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. “Los mismos cayucos que ya no nos servían para pescar nos sirvieron para llegar aquí”, dice Madiop.

A día de hoy, el sector pesquero español languidece ante la ausencia de relevo generacional. Los titulares alertan desde hace varios años sobre la desaparición de numerosas flotas por falta de personal. Según el Informe 03/2022 sobre la pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España, un 42% de los pescadores supera los 50 años de edad. El estudio afirma que “los alumnos de programas de formación en materias marítimo-pesqueras prefieren dedicarse a la marina mercante o de recreo”.

En lugares como Cartagena, donde el gremio acumula varios siglos de antigüedad, la veteranía de los trabajadores salta a la vista. Muchos de ellos se encuentran al borde de la jubilación. Sin apenas soluciones en el horizonte, la contratación de pescadores procedentes de Senegal se ha erigido no solo en Cartagena, sino en todo el país, como la gran alternativa.

“Nuestra vida está en el mar. Es un trabajo duro, pero nos encanta. Lo hacemos desde niños y estamos acostumbrados. Lo queremos seguir haciendo siempre”, confiesa Madiop. 

Las personas que ostentan los cargos directivos de la industria son los primeros en reconocerlo. El patrón mayor de la Cofradía de Cartagena y presidente de la Federación regional de cofradías, Bartolomé Navarro, destaca la incorporación de migrantes como “la solución” a un futuro que se preveía poco halagüeño.

“En todo el Mediterráneo los barcos salen cada día gracias a los pescadores senegaleses”. “Son personas que conocen el trabajo como la palma de su mano”. “Lo llevan en la sangre y nos están sosteniendo”, asevera. Desde su despacho, la vista del muelle pesquero de Cartagena es privilegiada. Constantemente atracan y zarpan embarcaciones pilotadas por marineros africanos.

Uno de ellos, Madiop vacía cubos colmados de camarones en el interior del barco en el que ha pasado gran parte de la noche y de la mañana. Es un mediodía nublado en la ciudad portuaria. Salió a pescar a las tres de la madrugada, acompañado, como de costumbre, por otros tres pescadores senegaleses. Todos vuelcan a la vez las gambas en cajas de plástico. La necesidad de su contratación para asegurar la supervivencia del gremio pesquero saca a la palestra, no obstante, las realidades poliédricas que lleva consigo cada uno de ellos.

Algunos pocos, como Elhadji Madiop, han tenido la fortuna de encontrar un trabajo temprano y de regularizar su situación con celeridad, en solo unos pocos años, y han ganado el suficiente dinero como para mantener a su familia en Senegal y traer a España a sus parejas y a sus hijos.

Pero otros tardaron más de una década, algunos casi dos, en poder ejercer legalmente como pescadores. Muchos ni siquiera han podido hacerlo, enfrentados sin remedio al sistema, a las trabas administrativas y a la crueldad esclavista con la que ciertos empresarios se aprovechan de las personas indocumentadas.

La oportunidad de labrar un futuro

“En mi país ya no se podía pescar. Era imposible ganarse la vida”, recalca Madiop. Se calcula que casi un 20% de la población activa de Senegal se dedica a la pesca. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el sector emplea a unas 600.000 personas.

Cuando llegó a España, Madiop tenía 30 años. Se sacó los papeles en 2009, y se pagó el curso de marinero gracias a un trabajo clandestino que consiguió remendando redes en el puerto de Fuengirola. Estuvo unos años pescando en Almería. Ahora lleva diez haciéndolo en Cartagena. Es plenamente consciente de que la suerte que él corrió no suele ser lo común. Sabe que muchos de los suyos se quedan en el camino. Alguno de sus compañeros estuvo a punto de hacerlo.

Los pescadores, como ellos, que se dedican a la captura del camarón en la ciudad portuaria -aunque los datos pueden extrapolarse a la de cualquier tipo de pescado o marisco- ganan, de media, en torno a 1.200 euros al mes. Su salario depende el número de ejemplares que traigan a puerto cada semana.

En los meses más prolíficos, los del verano, llegan a facturar cerca de 2.000 euros. Ahora, en otoño, apenas superan los mil. Durante dos meses al año, enero y febrero -esto sí varía en función de la especie-, están obligados a cobrar el paro. No pueden salir a navegar debido a las restricciones comunitarias que protegen los caladeros.

Cada uno de los marineros que acompaña a Madiop en el barco lleva en la cara, escrito, aun 18 años después de haber llegado a España -todos son parte de la diáspora de 2006-, el desarraigo del exilio, el sufrimiento de saberse en ninguna parte y de tener un objetivo que quizás puede no cumplirse.

Su historia es la historia de miles de personas que tal vez mueren ahogadas, enfermas o hambrientas. Ahora les reconforta haber encontrado en la situación pesquera española un reducto para labrar su futuro. “La pesca en este puerto, y en muchos otros, depende de nosotros, los pescadores senegaleses. Nosotros sacamos adelante estos barcos”, señala Baye Diagne, de 45 años. La base de Cartagena cuenta con un total de 33 embarcaciones.

Diagne conoce muy bien el gremio porque ha pescado en A Coruña, donde los migrantes también tienen su lugar de trabajo y la flota es más extensa. Pero su vida ha pendido, en todo momento, de un hilo delgadísimo. Le costó más de diez años llegar a ser pescador en España.

“Nuestra supervivencia depende de nuestros jefes, de que no quieran aprovecharse de nuestra necesidad. Necesitamos trabajar, de lo que sea. Pero les salimos más baratos sin contrato, aunque eso sea ilegal. Nuestra vida y la de nuestra familia se sustentan de nuestro trabajo. Pero sin contrato es imposible conseguir papeles”, afirma, metido en una bodega de la que va sacando pesadas bolsas de hielo que esparce por las cajas de camarones.

A su lado, Idrissa Diagne es el marinero más joven de los que trabajan en este pesquero, y quien más sufrió las consecuencias de la precariedad a la que todos ellos están sometidos. Llegó con solo 20 años a España, pero hasta que no cumplió los 37, el año pasado, no pudo sentir de nuevo el gusto de estar en medio del mar y de sumergir las redes en las profundidades. “Fue realmente duro. Un proceso muy largo, pasando por muchos trabajos, cobrando en negro. Pero yo nunca lo dudé. Mi profesión está aquí”.

En el puente de mando del barco, que es un cubículo angosto con varios monitores, conexiones eléctricas y mucho desorden, hay un colchón estrecho y desgastado y una manta. Una portezuela de madera da paso a un camarote claustrofóbico donde se apelotonan otros dos colchones. “Si nos vamos muy lejos, a veces dormimos ahí”, dice Elhadji Madiop.

“Pasamos muchas horas embarcados y nos esforzamos mucho. En la pesca uno sabe cuándo sale, pero no cuándo vuelve. Dormimos poquísimo. Pero lo llevamos haciendo toda la vida”, continúa Idrissa Diagne.

Tal y como sostiene el informe que avisa de la falta de relevo generacional, la “percepción sobre la peligrosidad y dureza de la actividad, los prolongados periodos de tiempo en los que es necesario ausentarse del hogar y la creencia de que no está suficientemente remunerada” disuaden a los jóvenes españoles de optar por la pesca como modo de ganarse la vida.

“Si no estamos nosotros, ¿quién va a estar?”

Pero los jóvenes senegaleses que reciben al fin la oportunidad de ser pescadores no la desaprovechan. El marinero Ebrima Ceesay zarpó del muelle a las ocho de la tarde del día anterior y ha regresado a las doce del mediodía. Ha pescado caballas, doradas y salmonetes. Acumula ya, dice, cuatro años sin tomarse ni una sola semana de vacaciones.

Enumera uno a uno a los pescadores que él ha conocido durante el lustro que lleva trabajando en el puerto de Cartagena. “Casi todos se han ido jubilando o están a punto”, explica. “Aquí, dentro de diez años o un poco más, no va a haber casi ningún español trabajando. Si no estamos nosotros, ¿quién va a estar?”, se pregunta.

Ceesay procede de Bettenty, un pequeño pueblo emplazado en la costa sur de Senegal. Comenzó a pescar a los siete años. Acompañaba a su padre en el cayuco al salir de la escuela. A los doce abandonó el colegio para ayudarle a tiempo completo. Han pasado tres décadas desde entonces. Llegó a España recién cumplidos los 26. Su familia poseía tres embarcaciones. No podían vivir de la pesca.

Cuando pisó por primera vez el suelo de Tenerife ni siquiera tenía zapatos. Vivió durante años en una casa maltrecha de Almería que daba cobijo a más de diez africanos. Vendía cualquier cosa en el mercadillo público para costearse los alimentos básicos. De casualidad, más de diez años después de llegar, y sin haber enlazado ni un contrato ni la posibilidad de tener papeles, un conocido le llamó desde Cádiz porque estaban buscando un marinero durante un corto periodo de tiempo. Allí se sacó el curso y regularizó su situación.

Se dio cuenta de que su trabajo era necesario. De regreso a Almería, cuando se le acabó el contrato en la bahía gaditana, la casualidad volvió a interponerse en el transcurso de su vida: un pesquero de Cartagena estaba amarrado en el puerto. Allí se enteró de que andaba falto de pescadores. Le dijeron que si quería trabajar no tenía más que desplazarse a la ciudad portuaria. Al día siguiente cogió un Blablacar y se plantó allí.

“Es muy difícil conseguir tus objetivos, llegar a ser lo que quieres ser en la vida, en un país que no es el tuyo. Conozco a mucha gente en la situación que yo pasé. Mi hermano pequeño, que también está en España, no tiene papeles. Está como loco por embarcar conmigo aquí, pero no puedo hacer nada”, relata. Habla con una energía desbordante y lleva más de 15 horas seguidas trabajando. Está agradecido por haber encontrado en Cartagena un empleo en el que se siente valorado.

“El mar para mí lo es todo. Me imagino trabajando en una oficina y me pregunto: ¿Qué voy a hacer yo ahí? Mi sitio es este”, confiesa Ceesay, que reclama más facilidades administrativas para que la gente de África evite jugarse la vida cada día en el océano, y para que sean contratados en origen y puedan desplazarse en avión. “Somos importantes -los migrantes-. Muchos países se han hecho grandes gracias a nosotros”, manifiesta.

La migración es un proceso global que se mide en fríos flujos como de corriente marítima, en cifras aproximadas. Pero cada persona lleva tras de sí una historia, un lugar del que tuvo que irse, una travesía escalofriante y peligrosa a la que sobrevivió por un golpe de suerte. Desde hace casi veinte años, dos de cada tres senegaleses que llegan a España son pescadores. Sin embargo, un amplio porcentaje no conseguirá nunca legalizar su estancia, y sentirá que se ha jugado la vida para nada.

Veinte años de clandestinidad 

A sus 42 años, Ousmane -nombre ficticio- remienda redes de pesca seis días a la semana de ocho a tres de la tarde. Libra los domingos. Trabaja ligeramente apartado del ajetreo del muelle, en una esquina, junto a una furgoneta blanca con la chapa medio oxidada. Los hilos de nylon se deslizan por sus manos agrietadas con una pericia experta. Lleva en Cartagena ocho años. No tiene contrato ni papeles.

Ousmane es pescador, pero no pesca desde que llegó al país, también en 2006. Soportó una década trabajando irregularmente en los invernaderos de Almería. Fue la etapa más traumática de su vida.

“Vivíamos todos los compañeros en una habitación enana. Ganábamos tan poco que no podíamos permitirnos otra cosa. Nos pagaban 33 euros al día, por once o doce horas de trabajo. A veces no descansábamos ni un solo día en toda la semana. Estábamos a 40 grados dentro del plástico de los invernaderos. Acabábamos exhaustos. Con lo poco que ganábamos teníamos que comer y mandar dinero a la familia”, cuenta.

Tiene la voz ronca y lenta. Su situación, ahora, en Cartagena, no ha mejorado mucho, tanto tiempo después. Ousmane es descendiente de una larga generación de pescadores. La llegada de barcos europeos dejó al mar, dice, “sin vida”. “Tras meses sin pescar nada ya no teníamos ahorros, y había que seguir comprando comida y gasolina. Es ahí cuando piensas en tu futuro, en el de tu familia. Un día lo hablé con mis hermanos. Les dije: me voy a Europa a buscar una vida mejor”.

Sin embargo, nada de eso ha sucedido. La vida mejor, para Ousmane, no existe. Arregla redes medio escondido por 500 euros al mes. Comparte a medias el dormitorio de un piso en un barrio periférico de la ciudad portuaria. Envía la mayor parte del dinero a su madre, a sus dos hijos. Tuvo un tercero, pero murió cuando él ya llevaba unos años en España. No llegó a conocerlo en persona.

Ha dormido en la calle y en albergues gestionados por organizaciones caritativas. Vive cada día dándole vueltas a la posibilidad de regresar. “En Senegal creemos que Europa y España son una tierra de oportunidades. Pero no es verdad. Cuando le digo a mis hermanos que es mejor que se queden allí no me creen”, afirma.

No le creen cuando les dice que trabaja en unas condiciones pésimas, sin derechos, desde hace casi veinte años. Que no hay momento en que no se sienta un extraño. Que cuando acabó el primer día en los invernaderos de Almería se quería morir. Que, si pudiera retroceder en el tiempo y volver a 2006, nunca se embarcaría en un cayuco.

“El Gobierno -de España- nos dice: si entras aquí no tienes derecho a trabajar. Pero para conseguir los papeles tenemos que tener un contrato de trabajo, y no nos dan facilidades. Es un sinsentido”, denuncia Ousmane.

Personas como él o como el resto de senegaleses que finalizan la jornada en la Cofradía de Cartagena son víctimas de una feroz desigualdad que condena sus vidas al desarraigo y al sufrimiento. Pero también son parte indiscutible del futuro del sector pesquero español. Decenas de marineros que han necesitado años de incertidumbre para poder trabajar de lo suyo van abandonando la lonja hasta el día siguiente. Se gastan bromas y se ríen, con el alivio del trabajo recién concluido.

Ousmane, sin embargo, sigue sentado junto a la furgoneta blanca. Aún le quedan un par de horas para marcharse a su casa. Teme que el momento de colocarse el chubasquero y las botas de goma sintética nunca llegue. Todavía tiene que formalizar los papeles y que sacarse el curso que le dé permiso para embarcar. Cuesta 850 euros y tendrá que pagarlos de su bolsillo. Ha perdido la cuenta del tiempo que lleva intentando tachar de su lista ambas tareas. “Es muy desagradecido”, dice, al tiempo que suelta la red. “A veces pienso en dejarlo. Pero qué hago si no. Qué como. Qué dinero mando a mi familia. Yo lo que quiero es pescar, y llevo veinte años sin hacerlo”.

El Gobierno del Principado no ha presentado alegaciones al real decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, según ha avanzado este lunes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí.

“Estamos de acuerdo en la regulación”, ha dicho la consejera en comisión parlamentaria, donde ha defendido que el proyecto de real decreto, en información pública hasta mañana, martes, adjudica concursos de implantación con “numerosos criterios”, entre ellos, la incidencia sobre la navegación o el apoyo a sectores como la pesca.

La consejera ha señalado que el Principado trabajará para que se compatibilice el desarrollo “ordenado” de la energía eólica marina con la “preservación de los ecosistemas y la actividad pesquera”.

“Generará una importante actividad económica. Más de 40.000 puestos, muchos de ellos en Asturias”, ha recalcado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Vox Gonzalo Centeno.

El propósito de Ejecutivo regional es afianzar la región como un “importante centro de exportación internacional, de desarrollo industrial y de innovación tecnológica en este campo”.

Las nuevas directrices

Por su parte, Centeno ha advertido de que en este asunto hay “dos trenes a punto de colisionar, puesto que, por un lado, están las empresas eléctricas que ven ”una gran oportunidad para su cuenta de resultados“ y, por otro, el sector pesquero.

En la comisión, el PP ha preguntado a la consejera sobre el proceso de revisión de las directrices de equipamiento comercial, que tendrá un trámite “muy garantista”, en cuanto a la participación ciudadana y la evaluación de impacto ambiental y territorial, ha dicho Roqueñí.

Según ha apuntado, se está elaborando, junto a la Consejería de Ordenación de Territorio, el documento de avance de la mano de representantes del sector comercial, las Cámaras de Comercio, las administraciones locales y las organizaciones sindicales para alcanzar una “visión consensuada”.

El diputado del PP Andrés Ruiz ha aventurado que las nuevas directrices se publicarán con retraso, mientras muchas personas “están esperando a invertir” en la comunidad.

El informe pericial elaborado tras analizar las imágenes de la bajada al pecio del 'Villa de Pitanxo' desmonta la versión del capitán del barco, Juan Padín, apuntando hacia un “error humano” del marinero como “causa más probable” del hundimiento del buque.

Las conclusiones de este documento, a las que ha tenido acceso Europa Press, señalan que, de acuerdo a “datos objetivos” y a las circunstancias analizadas, “se concluye que la causa más probable del hundimiento del buque fue un error humano del capitán, por la falta de percepción cabal del riesgo de hundimiento que suponía la maniobra que realizó para librar el embarre del aparejo del fondo marino”.

Según este informe elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), Padín puso en “grave riesgo la seguridad del buque y sus tripulantes” al realizar esa maniobra, “con la mar y el viento de popa y la tolva de descarga de desperdicios abierta”.

En segundo lugar, los peritos consideran un factor contribuyente del accidente la demora con la que el capitán dio la orden de abandono del buque a la tripulación, “lo que condicionó que pudieran realizar el abandono de forma ordenada y con alguna probabilidad de éxito”.

El texto explica que otro factor clave habría sido la “falta de familiarización de los tripulantes con sus obligaciones y funciones atribuidas en el cuadro orgánico para situaciones de emergencia”, además de con el uso de dispositivos de salvamento.

Esto, a juicio de los expertos, “pone de manifiesto la falta de formación a bordo y la falta de realización de ejercicios periódicos de abandono de buque”.

La ausencia de una escalera en estribor, desde la cubierta superior a la cubierta de oficiales, también sería otro factor contribuyente a la tragedia, ya que hubiese sido un “medio rápido de evacuación desde la cubierta expuesta a la intemperie y a la mar hacia las balsas salvavidas”.

“En quinto lugar, se considera factor contribuyente del accidente las adversas condiciones marítimas y meteorológicas que había en el lugar que, si bien no eran de una extrema dureza como para aconsejar haberse puesto a la capa en espera de una mejoría, sin duda dificultaron la maniobra para librar el embarre”, añaden las conclusiones.

“Nos da la razón”

Las familias de las 21 víctimas mortales han celebrado este informe, apuntando que “les da la razón”, agradeciendo a los medios de comunicación su apoyo ya que, según han dicho, sin la prensa no se hubiese conseguido que finalmente se bajase al barco el pasado mes de mayo.

“Ha valido la pena bajar al barco. Nos da la razón a lo que siempre dijimos”, ha dicho la portavoz de los familiares, María José de Pazo.

“Teníamos razón las familias, mereció la pena toda la lucha. Era necesario bajar al barco para tener pruebas y mostrar el camino de la verdad de lo ocurrido en el naufragio”, ha añadido. Según ella, el informe dice que la versión del superviviente Samuel Kwesi es la “verosimil”.

Cabe recordar que la investigación judicial se inició después de que la declaración de Kwesi contradijese la expuesta por Padín y su sobrino, Eduardo Rial, únicos supervivientes a la tragedia. El ghanés apuntaría hacia posibles negligencias por parte del capitán que habrían desencadenado el hundimiento, asegurando que el motor del barco no se paró de forma repentina, sino que el buque se embarró (se engancharon las redes al fondo marino) y el capitán trató de desembarrarlo, provocando lo ocurrido. Sin embargo, Padín siempre insistió en que el barco se quedó sin motor a la deriva.

En la misma línea ha hablado el abogado de las familias, Manuel Lampón, quien ha defendido que el informe recoge que el motor no se habría parado de forma repentina, sino que estuvo activo prácticamente hasta el hundimiento del barco.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lampón ha dicho que la valoración del documento es “muy positiva”, porque apunta hacia la “clara responsabilidad” de Padín y de la armadora, Grupo Nores. “El informe corrobora que la versión de Samuel es la correcta y que fue todo responsabilidad de Padín”, ha reivindicado, explicando que se acredita que el motor no se paró, como defendió siempre Padín.

“Confirma la responsabilidad del capitán clarísimamente. Corrobora todo lo que hemos defendido en la instrucción”, ha añadido, destacando como “fundamental” y “determinante” la bajada al barco para tener estas conclusiones.

“El informe va en la línea de darle credibilidad a la versión de Samuel y lo que dijo es que el capitán no dio la orden como la hay que dar, no llevó a cabo las labores que como capitán le son exigibles”, ha insistido. “Se corrobora que la versión de Samuel es la correcta y ahora no solo por las manifestaciones de Samuel, sino que se soporta en un informe de peritos judiciales, soportado a su vez por las imágenes de la bajada al barco y otros elementos probatorios que han ido obtenido en a lo largo de todos estos meses”, ha sentenciado.

El naufragio

El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han iniciado una serie de acciones para tratar de esclarecer los hechos, por lo que siempre han pedido que se bajase al pecio para encontrar pruebas de lo que pudo haber ocurrido.

Durante la instrucción, el juez ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín --en calidad de imputado--, a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, como testigos, al ser los únicos supervivientes del naufragio. También han acudido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga lo ocurrido, directivos de la armadora Grupo Nores, así como antiguos marineros del barco, entre otros.

La investigación judicial se debe a que Samuel Kwesi ofreció una versión que contradice la expuesta por Padín y Rial, y que apuntaría a posibles negligencias por parte de éstos que habrían desencadenado en la tragedia.

Tras tomarles declaración, el magistrado prohibió salir de España al patrón del pesquero, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar de comparecer cada quince días en sede judicial y permanecer localizado.

Teté Costales Obaya, de 65 años, es una superviviente de un oficio en peligro de extinción. Desde hace más de tres décadas trabaja como redera en Lastres, una localidad costera de la zona oriental asturiana. Este domingo recibirá el premio como “Mujer Rural de Asturias 2023' que otorga la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).

Ella se autodefine como una redera un poco atípica porque ni es hija de pescador, ni nació en un pueblo de puerto de mar. Su padre era carpintero y ella nació en Tornon, una parroquia del concejo asturiano de Villaviciosa que en el censo de 2020 no llegaba a 200 habitantes.

El matrimonio con un marinero de Lastres, una localidad costera situada en el concejo asturiano de Colunga, acercó a Teté al arte de las redes, un oficio que está en peligro de extinción ante la falta de relevo generacional y donde ella destaca como mujer emprendedora.

Su jornada de trabajo empieza a las nueve de la mañana y termina a las nueve de la noche. Su vida transcurre en el almacén donde cose y repara las redes y en la tienda anexa donde vende los productos marineros a los turistas llegados de todas partes de España y el extranjero. En el almacén incluso cocina y almuerza para aprovechar todas las horas del día.

Del puesto en la plaza a coser redes

La 'Mujer Rural de Asturias 2023' desembarcó en Lastres con la idea de “echar una mano” a su hermano Jose en el bar Marbella que abrió en el pueblo y donde conoció a un pescador llamado Eugenio, con el que contrajo matrimonio y formó una familia.

Sus primeros trabajos fueron en un hotel y en una tienda pero su vida dio un giro cuando entró a trabajar en una pescadería durante tres días a la semana y se tenía que desplazar hasta la localidad asturiana de Pola de Siero, donde vendía el pescado en un puesto de la plaza.

“Siempre me había llamado la atención ver cómo se cosían las redes. La Cofradía de Pescadores organizó un curso restringido a socias que eran hijas de pescadores y como yo no lo era me quedé sin plaza. Tenía muchas ganas de aprender el oficio y cuando el ayuntamiento organizó otro curso, abierto a todo el mundo hace unos 30 años, conseguí un puesto y ya no volví a soltarlo nunca más”, explica.

El trabajo es su pasión y lamenta que económicamente no esté bien remunerado a pesar de que es un oficio imprescindible para la actividad pesquera.

“Económicamente no se puede vivir únicamente de coser redes. A día de hoy los pescadores están muy en precario también, no tienen una economía muy boyante. Es un trabajo que no está muy bien pagado, pero hay que dar otros valores a la vida, no solo el económico. En mi caso, me siento una parte imprescindible en el sector porque si no hay redes, no hay pesca”, señala.

Las rederas trabajan distintos artes de pesca. En su caso, Teté hace la red de cerco, que es con la que empezó a trabajar, aunque comenta a elDiario.es Asturias que cada vez hay menos barcos en Asturias y, en consecuencia, muy poco trabajo de esta especialidad.

También realiza artes de bajura, volanta, miños y rasgos que, aunque tienen más demanda, económicamente son menos rentables. Cualquiera de estas redes son para la pesca de bajura aunque especifica: “la volanta es para la merluza, los rasgos son para el rape y los miños son para la pesca de salmonete, lenguado e incluso de marisco”.

Diversificar la actividad

Cuando los barcos marchaban desde Asturias al País Vasco a la costera del bocarte, durante casi dos meses, disminuía el trabajo y apenas llegaban encargos porque no rompían las redes, por lo que ella empezó a pensar en diversificar su actividad porque no llegaban los ingresos y a finales de mes tenía que hacer frente igual a los gastos de autónomos y al alquiler del local.

Para mantenerse económicamente, Teté abrió una tienda de productos marineros y artesanía que confeccionaba ella misma aprovechando unas ayudas económicas que concedía la Unión Europea (UE) para incentivar que la gente de la mar no abandonara los pueblos.

“Empecé a consultar revistas y se me ocurrió abrir una tienda y confeccionar llaveros y pulseras durante el tiempo que estaba parada. En verano sacaba un caballete delante del almacén y los vendía a los turistas”, comenta.

Reconoce que lo que menos le gusta es la “cantidad de papeleo” que se necesita para solicitar las subvenciones aunque ella particularmente ha tenido la ayuda de la Comarca de la Sidra y de la Dirección de Pesca, que le asesoraba con las gestiones.

Vivir exclusivamente de coser redes es imposible, asegura, pero ella, que es optimista, anima a las mujeres que quieran emprender a que no tiren la toalla.

“El camino es difícil, pero a fuerza de buscar ayudas y de diversificar con alguna actividad más, al final se consigue y aunque yo lo conseguí a fuerza de años, añade, estoy en el lugar que quiero y haciendo lo que realmente quiero”.

Coso redes y tengo una tienda de productos pesqueros y artesanía al lado del almacén. Ahora trabajo todos los días de nueve de la mañana a nueve de la noche. A casa solo voy a dormir, pero soy una mujer totalmente feliz

Teté Costales — Redera. Elegida 'Mujer Rural de Asturias 2023'

Teté dice abiertamente que es una mujer totalmente feliz al poder desarrollar un trabajo que es totalmente vocacional: “Cuando empecé a coser redes trabajaba de lunes a viernes. Ahora que además de coser atiendo la tienda de productos pesqueros y artesanía trabajo todos los días, de lunes a lunes siguiente, de nueve de la mañana a nueve de la noche. A casa voy a dormir, pero soy una mujer totalmente feliz”.

Cuidar la vista, las manos y las muñecas

Mantener un cuidado especial con la vista, las manos y la muñeca es una de las prioridades de las rederas para llevar a cabo un buen trabajo. Tendinitis y problemas de columna por las malas posturas con las que cose y repara las redes son algunas de las enfermedades más habituales.

“En invierno, con el frío, las manos se me agrietan y ya voy probando muchísimas cremas, pero da igual. Yo trabajo sin guantes y es difícil de tratar porque antes de que termine de sanarte una herida ya salió otra”, ratifica.

Apenas quedan rederas en activo en Asturias. Poco a poco se han ido jubilando y no sabemos cuántas siguen en el oficio porque no hay un censo oficial

Apenas quedan rederas en activo en Asturias. En 2015, después de dos años intentando encontrar a las rederas que trabajaban en otros puertos, Teté consiguió formar la asociación Areva de rederas de bajura en el Principado, que actualmente ya no tiene prácticamente actividad.

Llegaron a ser ocho mujeres y se repartían entre las localidades costeras de Lastres y Luarca, pero poco a poco se han ido jubilando y ella desconoce cuántas siguen en el oficio porque no hay un censo oficial.

Teté impartió el año pasado un curso a nueve alumnas en Lastres e incluso un taller como clase extraescolar a niños para tratar de que el oficio no se pierda.

Dice que el principal problema es que se exige un certificado de profesionalidad para desarrollar la actividad y con la burocracia existente tardan mucho en entregarlo, por lo que todo se ralentiza.

Teté reivindica la necesidad de que el trabajo de las rederas se visibilice porque, según sostiene, está muy poco valorado.

“La mayoría de la gente piensa que las redes vienen de la fábrica. No existe ningún arte de pesca que no lleve un trabajo artesanal detrás. Las cuerdas sí se hacen en las fábricas, pero el montaje siempre es manual al igual que las reparaciones cuando se rompen”, explica.

La ayuda de los pescadores jubilados de la mar

Las redes que prepara son de varios tamaños. No trabaja con un tamaño estándar. Hay redes que miden 600 metros de largo y en esos casos cuenta con la ayuda de pescadores jubilados de la mar. Al trabajo programado se suman las llamadas de emergencia de última hora.

“Hay veces que los barcos salen por la noche a la mar, entran de madrugada al puerto y por la mañana temprano me suena el teléfono avisando que se rompió la red. Pueden ser redes de 100 ó 200 metros. Nunca se sabe. Entonces estos jubilados de la mar que saben coser son los que me ayudan. Nos desplazamos a pie de puerto y cosemos todo el día y a la tarde-noche la red vuelve al barco. Si finalmente no dio tiempo a coserlo se puede hacer un apaño y siguen trabajando con la red”, describe.

Teté no sólo cose en el almacén, otras veces debe reparar alguna red desplazándose a los puertos generalmente de Avilés o de Gijón. Si la avería es muy grande y no se puede terminar el trabajo en un día, entonces optan por transportar la red en un camión y se la llevan al puerto de Lastres, donde la extienden y la cosen los días que sea necesario, a veces incluso semanas, y cuando ya está lista la recogen y la llevan al puerto de origen.

Las redes se suelen romper por varias causas. Según sus explicaciones, pueden romperse si al caer la red al mar choca contra alguna roca que esté en el fondo. Unas veces, porque la dejan caer demasiado; otras por la misma corriente de la mar que la arrastra hasta las piedras. Si lo engancha va rasgando igual que una tela y al final se rompe.

En otras ocasiones, la propia hélice del barco engancha la red, con lo cual ya se complica más el trabajo porque tienen que recurrir a la ayuda de un buzo para cortar la red. Al estar cortada ya le falta un trozo que luego Teté tiene que recortar bien y sustituirlo para que quede perfecto.

Otras veces, las redes se rompen o se rasgan al engancharse a un tronco de madera que esté flotando en el agua en el momento en que se levanta la red.

Habitualmente todas las redes rotas pueden arreglarse y si ve que están muy deterioradas o en mal estado que calcula que va a ser más costoso emplear muchas horas de trabajo opta por su sustitución.

"No me planteé todavía la jubilación porque me encuentro bien. A veces me paro a pensar cómo es posible que siga queriendo realizar tantos proyectos con 65 años recién cumplidos. Todavía tengo facultades para seguir y me encanta lo que hago

Teté no se ha planteado retirarse del oficio y seguir una vida más tranquila en casa con su familia. Cuenta que este pasado verano incluso le llevaban a sus dos nietos, de tres y seis años, al almacén, que es donde transcurre su amplia jornada laboral.

“No me planteé todavía la jubilación porque me encuentro bien. A veces me paro a pensar cómo es posible que siga queriendo realizar tantos proyectos con 65 años recién cumplidos. Pero todavía tengo facultades para seguir y me encanta lo que hago”, asegura mientras sigue preparando la red.

Este domingo recibirá el premio como 'Mujer Rural de Asturias 2023' y en el acto improvisará su discurso contando su trayectoria en este oficio que le da tanto trabajo y a la vez tantas satisfacciones, mientras apela a la necesidad de que llegue pronto un relevo generacional para que no se extinga.

De dependienta en Sevilla a redera en Asturias

Alicia Rodríguez Calero, de 49 años, aún conserva el acento sevillano de su ciudad natal de Alcalá de Guadaira a pesar de que hace 20 años que abandonó su tierra. Su vida cambió cuando conoció a un hombre llamado Lolín que vivía en el pueblo de Bustio, en Asturias, y que se dedicaba a la pesca, siguiendo la tradición de su padre Lolo y un tío paterno. Lolín acabó convirtiéndose en su marido y padre de sus tres hijos, de 17, 13 y nueve años.

El cambio fue radical. En Sevilla capital trabajaba como dependienta en un supermercado en un centro comercial y en Bustio, este pequeño pueblo marinero situado en un recodo ribereño de la Ría de Tina Mayor, en la frontera natural entre Asturias y Cantabria, aprendió los entresijos del sector pesquero hasta especializarse en el oficio de redera.

A diferencia de Teté, Alicia se ocupa de los dos barcos de la empresa familiar y por su experiencia como administrativa también lleva la contabilidad. Su marido es el armador.

“A mi marido le apasiona su profesión, pero no le he visto en mi vida hacer una red, es la parte que no le gusta. Si hay mala mar y no pueden salir a pescar, él, su padre y su tío vienen a la bodega pero mientras ellos están armando las volantas mi marido está pintando o arreglando como mecánico cualquier cosa para los barcos. Todo con tal de no hacer redes que lo ve una tarea muy aburrida”, dice entre risas.

Ella acude puntual todas las mañanas a la bodega a armar las volantas. Para ella, el trabajo más difícil es el de coser. Cuando se estropean las redes explica que el experto es su suegro que repara las costuras: “Mi suegro es una maravilla”, ensalza.

Disfruta con su trabajo porque, entre otras ventajas, ella es su propia jefa. Ella y Teté tienen la suerte de que trabajan en un local bajo techo, en su caso se denomina bodega y en el de la redera de Lastres se llama almacén. Otras rederas tienen que coser el cerco a pie de muelle e incluso dentro de los propios barcos, destaca Alicia.

Ella está seis horas seguidas armando la red y mientras trabaja está entretenida con la radio y a su aire. Lo peor que tiene su trabajo es que durante las seis horas de jornada está de pie y eso se traduce en dolores de espalda, pero sobre todo, de las manos. Y a pesar de la tendinitis que tiene en el codo, ella sigue a buen ritmo con la tarea y siempre risueña porque si algo la caracteriza es que trabaja de buen humor.

La empresa familiar cuenta con dos barcos, pero uno de ellos lo tienen parado porque, según manifiesta, no hay gente para ir a la mar, siendo la falta de personal uno de los mayores problemas actuales.

“Hoy en día no se encuentran marineros pescadores. Mi hijo mayor quiere ser soldador y sacar el título de tornero y fresador, afirma, pero ante la falta de personal se apuntó a un curso de marinero pescador que impartían en Avilés. Ya sacó la parte de formación básica. Yo le enseñé a hacer redes y estuvo este verano ayudándome y espero que el verano que viene pueda ir a la mar con su padre”.

Alicia comenta que en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, también hay barcos parados porque en la comunidad autónoma vecina tampoco hay gente suficiente para salir a la mar :“Si seguimos así, llegará un momento en que si no hay barcos vendrán de otros países”, lamenta.

A mí me han enseñado a ahorrar todo lo que se gane desde Semana Santa, que empieza la temporada de 'xarda', hasta el otoño porque después llega el invierno y si no pueden salir a la mar no cobran

Alicia Rodríguez Calero — Redera en Bustio (Ribadedeva)

Su formación como administrativa y su doble trabajo llevando la contabilidad de la empresa le han servido para valorar lo importante que es ahorrar y como mujer previsora que es procura guardar los ahorros en tiempos de vacas gordas para estar cubierta cuando llegue el tiempo de las vacas flacas.

“En el verano si se les da bien la jornada pueden ganar dinero, pero en el invierno esto afloja. A mí me han enseñado a ahorrar todo lo que se gane desde Semana Santa, que empieza la temporada de 'xarda', hasta el otoño porque después llega el invierno y si no pueden salir a la mar no cobran”, ilustra.

El precio disparado del combustible tampoco ayuda a la economía familiar y, según cuenta, en su caso llevan un año esperando a cobrar la subvención estatal al gasóleo.

Alicia advierte que hoy en día se están cargando la pesca artesanal y culpa especialmente a los arrastreros porque, en su opinión, destrozan los fondos marinos. La pesca artesanal, por el contrario, no estropea ni destroza el fondo marino.

La falta de relevo generacional puede llevar a la extinción de su oficio. Alicia considera que uno de los principales obstáculos para que haya más mujeres dispuestas a seguir su camino es el trámite burocrático que acompaña a la obtención del certificado de profesionalidad que se les exige para ejercer.

“Yo trabajé como redera cinco años con anterioridad antes de hacer un parón para criar a mis tres hijos. Me convalidaron esas horas, pero apenas dan facilidades. Antiguamente te daban de alta como bodeguera y ahí se incluía todo lo que hacía tanto de bodeguera como de redera. Sin embargo, ahora yo llevo un año intentando darme de alta en la Seguridad Social para cotizar y figurar como redera y no hay manera.”

El cambio climático también les está afectando tanto porque el agua está muy caliente como por las basuras que hay en la mar. Pone de ejemplo el caso del rape que casi ha desaparecido o el pulpo, que también escasea.

La excesiva burocratización es, a su juicio, una de las principales trabas que hay hoy en día. Comenta que hace tiempo, cuando salían a faenar los barcos, se podía ir “a todo”, pero últimamente se precisa un permiso específico para cada especialidad, de tal forma que “si van a pescar rasgos o miños tiene que figurar expresamente que los permisos son para rasgos o para miños”.

El barco familiar tiene su base de atraque en el puerto de Llanes, en la zona oriental asturiana. Al terminar la jornada laboral, su marido y sus familiares llevan la pesca capturada a la lonja local, ahí descargan el pescado y se vende directamente en la lonja.

Una parte de las capturas se queda en Asturias y otra parte la venden fuera de la comunidad autónoma. Tienen encargos de empresas radicadas en Barcelona y hasta la Ciudad Condal envían en camiones la merluza y el rape que han pescado. En verano, suelen vender a los restaurantes y a las pescaderías locales de Lastres.

Alicia, al igual que Teté, es una mujer feliz. Está convencida de que el cambio que dio a su vida fue muy positivo. En 2019, su madre también dejó atrás su vida en Andalucía y se trasladó a vivir cerca de ella.

La familia está asentada en Unquera, la localidad del municipio de Val de San Vicente, en Cantabria, que linda con Asturias y situada junto a la ría de Tina Mayor, en la desembocadura del río  Deva.

Su oficio de redera no lo cambiaría por nada. Tampoco Unquera, ni Bustio: “Aquí tienes que coger el coche para todo, pero no cambio vivir aquí por nada del mundo. Mis hijos tienen una gran calidad de vida y a mí me gusta venir a mi almacén, poner la radio y armar las redes”, ratifica con una gran sonrisa.

Toda una declaración de intenciones que hacen que Alicia, junto a Teté Costales, sean dos auténticas supervivientes de un oficio donde ellas son la resistencia.

Salvamento Marítimo ha trasladado una actualización de la información de las labores de búsqueda de la tripulación del pesquero 'Villa de Pitanxo', en base a una actualización del Centro de Coordinación de Rescate de Halifax, y ha confirmado que los cuerpos de marineros fallecidos que han sido recuperados hasta el momento son nueve. Los supervivientes son tres y se mantiene la búsqueda de otros 12 marineros desaparecidos, de una tripulación conformada por 24 personas, en unas condiciones muy difíciles.

Fuentes de la Xunta y de la delegación del Gobierno han confirmado a Europa Press que se les ha notificado esta actualización de la información de los medios de rescate movilizados para las tareas de rescate del pesquero hundido en aguas de Terranova. En una primera contabilización, las autoridades hablaron de 10 muertos confirmados y 11 desparecidos. Ahora esa cifra se varía tras comprobar que el número de cadáveres recuperados en menor de lo estimado en un principio.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está haciendo todo lo posible y no escatima esfuerzos para esclarecer el naufragio ocurrido frente a Terranova (Canadá) del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo'. “Estamos en contacto con nuestra Embajada y estamos haciendo todo lo posible” para poder “ofrecer a las familias todos los detalles” sobre el naufragio y esclarecerlo, ha señalado Albares en declaraciones a Europa Press.

El cónsul general en Montreal se encuentra actualmente en Saint John de Terranova para “mantener contacto directo con las autoridades canadienses de salvamento, prestar asistencia consular y mantener informadas a las familias de las víctimas”.

Mientras, desde Madrid el jefe de la diplomacia española ha asegurado que los pescadores son “gente que trabaja en condiciones muy difíciles”. En este sentido, ha indicado que se irán dando a conocer los detalles a medida que los haya, en primer lugar a las familias de los afectados. Por el momento, el naufragio ocurrido en la noche del martes a 450 kilómetros al este de la isla de Terranova, deja nueve muertos y once desaparecidos, mientras que tres de los tripulantes, entre ellos el patrón, Juan Padín, y su sobrino, fueron rescatados con vida y se encuentran a bordo del pesquero 'Playa de Menduíña Dos'.

Tanto la Embajada de España en Ottawa como el cónsul general de España en Montreal mantienen “un contacto permanente y constante con las autoridades canadienses”, según trasladan fuentes del Ministerio de Exteriores.

La experiencia del Alvia

Autoridades de diversos ámbitos reunidas en Marín (Pontevedra) han acordado en la mañana de este miércoles la puesta en marcha de un protocolo similar al activado en el trágico accidente ferroviario del Alvia, en Santiago, para la atención y comunicación de información a las familias de las víctimas del naufragio 'Villa de Pitanxo'.

Así lo ha trasladado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con el presidente de la Autoridad Portuaria, alcaldes de la zona -María Ramallo (Marín), Victoria Portas (Cangas), Félix Juncal (Bueu) y Leticia Santos (Moaña)--, representantes de la armadora, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. En el encuentro también ha participado la conselleira do Mar, Rosa Quintana.

Según el protocolo y en la línea de lo que ya había avanzado en la pasada jornada el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, serán los psicólogos de la Comunidad autónoma -reforzados si fuera preciso por especialistas de la Cruz Roja- los que notifiquen a las familias de las víctimas cualquier novedad.

“Una vez que la familia y el armador (al que se le proporcionará también inmediatamente los datos) tengan la información, daremos los nombres y apellidos a los medios de comunicación”, ha transmitido Feijóo, quien ha apelado a la prudencia y al respeto a las familias de las víctimas, ya que hay que “gestionar el dolor”.

En esta historia, los que protestan defienden la ley vigente. Frente a ellos, el sistema: especuladores temerarios, políticos cómplices o timoratos, abogados a sueldo del urbanismo salvaje. El objeto de la disputa, la propia historia de Cangas, un pueblo marinero de larga y combativa tradición sindical. O, lo que es lo mismo, el destino del Gran Casino de la Sardina, en su día la mayor fábrica de conservas de Europa y hoy un enorme predio con más de un kilómetro de salida al mar y la hermosa arquitectura modernista de la factoría Massó. En el duro y prolongado conflicto que decidió su suerte, a inicios de este siglo, venció la desobediencia civil, apoyada en el estallido de la burbuja inmobiliaria. El veterano periodista Primitivo Carbajo lo relata en Salgheirón (Morgante, 2021), una crónica ejemplar que acaba recorriendo la historia del capitalismo en Galicia a la vez que sintetiza todo lo que estuvo mal durante los años dorados del neoliberalismo.

“Entendí que se trataba de un botón de muestra no solo en Galicia sino en toda España de lo que había sido la crisis inmobiliaria. Derroche de dinero público, corrupción política, falta de previsión económica para el bien común. Fue muy representativo, al tiempo que contiene elementos singulares”, acierta a resumir Carbajo las razones que lo llevaron a profundizar en unos sucesos que, en parte, había cubierto como redactor para El País. Y que consistieron básicamente en la abortada urbanización de unos 190.000 metros cuadrados de terrenos a pie de mar, promovida por empresas de quita y pon comandadas por lo que el escritor denomina tiburones. El beneplácito político partió, en primera instancia, del ayuntamiento, entonces en manos del Partido Popular de Enrique Sotelo. A él se sumó la Autoridad Portuaria de Vigo, de quien dependía la autorización para construir un puerto deportivo. Pero la mancha se fue extendiendo y acabó “pringando a todos”, señala Carbajo, en referencia a socialistas y BNG.

El proyecto terminó por descarrilar gracias sobre todo a un tenaz, incansable movimiento vecinal, ayudado por la izquierda comunista e independentista, y por el ecologismo organizado. Cambios en las mayorías partidistas de las instituciones y 2008, el año que hizo crac, también contribuyeron. Pero, ¿cómo se había llegado a ese punto?

La acumulación originaria

“En aquellos paisajes del abandono, convenía no olvidarlo, latía el trabajo y mucha vida de varias generaciones de cangueses”, escribe Carbajo en su libro, “que lo mostraban a los visitantes con el orgullo del tiempo en que ahí había residido una industria de nivel tecnológico de primera línea mundial. Ese valor patrimonial y de identidad debería ser más valioso para el ayuntamiento que los globos de los especuladores y marchantes que querían expoliarlo”. Salvador Massó Palau no pertenecía a las primeras generaciones de catalanes que arribaron a Galicia para ensayar la conserva de los productos del mar. Estas se instalaron ya en el siglo XVIII, y Massó Palau lo hizo en 1816. Pero enseguida se incorporó a una industria incipiente que los historiadores económicos consideran la principal vía de instauración de las relaciones capitalistas en Galicia.

El negocio despegó. Y evolucionó tecnológicamente. En la segunda mitad del XIX, la salazón comenzaba a quedar atrás. Se imponía el estilo de Nantes, cocer el producto, enlatarlo herméticamente y esterilizar después las latas. La conserva tal y como hoy en día se conoce. Se importaron nuevas artes de pesca, como la xávega (arrastre), que desplazó al xeito (cerco), no sin resistencias y acusaciones de esquilmar. El progreso y la barbarie como caras de la misma moneda. Las fábricas se ampliaron. Era la producción en serie, con mano de obra femenina, “más barata y [entonces] menos conflictiva para los empresarios”. El gran salto adelante no tardaría: la Primera Guerra Mundial. El abastecimiento de las tropas que iban a morir al frente de la guerra interimperialista tiraba de la demanda. A Hermanos Massó “les puso en bandeja una explosión de beneficios”. Se convirtieron en un holding de empresas, con iniciativas en los tranvías de Pontevedra, una metalúrgica en Vigo, en los carbones de Barcelona. Al frente ya se encontraban los nietos del fundador, los Massó García. Son los protagonistas velados de Los gozos y las sombras, de Torrente Ballester, casado en Bueu. Bajo su mando -especialmente el de Gaspar- la compañía alcanzaría las más altas cotas.

Las simbolizó el Gran Casino de la Sardina, una de las catedrales del patrimonio industrial gallego y entonces -comenzó a funcionar en 1941- el núcleo del imperio Massó. Estos se habían instalado en O Salgueirón, en Cangas, en 1928. La gran factoría inició su construcción en plena Guerra Civil. Al igual que la práctica totalidad del empresariado del sector, los Massó tomaron partido por el alzamiento fascista. No con entusiasmo desmedido pero tampoco con reticencias expresas. Porque, en todo caso, el dinero manda, y enseguida se arrimaron al nuevo poder. Gaspar Massó era habitual del séquito del dictador cuando éste visitaba la comarca. Fueron los mejores años: los beneficios de multiplicaban y las condiciones laborales superaban a las de la competencia. El propietario paternalista y la factoría total, que incluía comedor decorado por el pintor Urbano Lugrís, guardería para los hijos de las trabajadoras, duchas para las operarias cuando en muchas aldeas de Cangas ni siquiera existía traída. Massó contaba incluso con flota propia, y, desde 1955, con una ballenera que les proporcionó no pocos ingresos. Hasta que se jodió el Perú.

Las causas fueron múltiples. Algunas imponderables, como la crisis del petróleo en los 70, el aceite de colza en los 80 -que cerró su filial en Avilés (Asturias)- o la moratoria en la caza de ballenas. Otras, a decir de Carbajo más decisivas, internas: “Su propia inanidad e incompetencia”, derivada, en no poca medida, de la endogamia en la cúpula directiva ocupada por la cuarta generación de la familia. A comienzos de 1995, el Gran Casino de la Sardina cerró sus puertas. Y dejó un rastro de salarios adeudados y protestas sindicales que tardaría mucho en borrarse. Hubo sangre. Y los tiburones la olieron.

El proyecto de pelotazo

La liquidación de todo aquel patrimonio fue desordenada. Hasta el punto de que los acreedores -bancos- “saquearon la maquinaria de la fábrica para venderla como chatarra”. “Maquinaria excelente, operativa y en partes exclusiva, a precio de chatarra”, escribe Carbajo. Fue un aviso. Lo que se liquidaba en Cangas era también una memoria, la del trabajo y sus lugares, y eso también formó parte de la disputa que comenzaría en el lugar con el siglo XXI. Pero la propiedad llegó a la conclusión de que, fracasada en la economía productiva, la única manera de seguir extrayendo plusvalía era por la vía urbanística. Recalificar el terreno industrial, construir vivienda con vistas al mar, un centro comercial y un puerto deportivo. Ganar dinero mediante enrevesadas operaciones de compraventa y cuentos de la lechera a unos años vista. Todo en el centro de Cangas, en el corazón de la ría de Vigo y con las imponentes Illas Cíes de fondo.

El relato pormenorizado de este último tramo de la peripecia de Massó ocupa las dos terceras partes de Salgheirón. Las triquiñuelas documentales de ayuntamiento y constructoras amigas, el papel facilitador de instituciones y representantes de los partidos políticos, los intereses de asesores presuntamente neutrales, los insospechadas puertas de atrás por la que se introducen ilegalidades que pasan inadvertidas, el insondable plan general de ordenación urbana de Cangas, la influencia y la arrogancia de Caixanova. Y Norman Foster, claro, el arquitecto estrella con el que los especuladores pretendieron dar el golpe de gracia a la resistencia popular a la operación, a través del espectáculo mercadotécnico.

La sociedad Complejo Residencial Marina Atlántica, constituida por Ubaldino Rodríguez y Caixanova -quebrada voluntariamente en 2012-, vendía “darle a Cangas una proyección internacional” con su proyecto. Y para ello utilizaron una estrategia muy propia de la época, tirar de arquitecto estrella. Norman Foster aterrizó en la ría, primero de incógnito, visitó el lugar desde un barco, y realizó un diseño. No un plano, tampoco un proyecto: un diseño en forma de palmera, con apartamentos y un enorme centro comercial. Y un puerto deportivo, claro. La prensa asumió la causa con entusiasmo, y las páginas sobre el maná que se cernía sobre Cangas abundaron. Solo vecinos, muchos de ellos marineros de la cofradía alarmados por las consecuencias del muelle deportivo para su medio de vida, no se fiaron. El Foro Social de la localidad aglutinó la protesta y organizó vigilancia sobre la finca. El lío de permisos y autorizaciones les dio una baza, y durante meses impidieron trabajar a la maquinaria.

“La mayor lección que yo extraigo de todo esto es que cuando un pueblo se moviliza sí se consiguen cosas”, dice Carbajo, “en última instancia, una señal de tráfico: 'Por aquí no pasas, me cago en tal”. Literalmente. Cuando Puentes y Calzadas, una empresa de construcción bien conectada con el poder político, asumió las obras, el gobierno local elegido en 2007 -más bien una de sus patas, la Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE); el papel de socialistas y BNG es mucho más ambiguo en lo que respecta a todo el caso Salgueirón- se dio cuenta de que el camino por el que entraban los camiones era de su competencia. Colocó una señal de dirección prohibida y, no sin tensiones, consiguió ralentizar el proceso. En 2009 y ante las dificultades, Puentes y Calzadas desistía unilateralmente de continuar con las obras. Los promotores no se rindieron, pero el tiempo ganado por la movilización social fue precioso: la crisis de Lehman Brothers y la violenta reestructuración del sistema financiero español acudieron en su ayuda.

“Caixanova tenía que afrontar otras urgencias lo que, sumado a las restricciones urbanísticas determinadas por el Plan de Ordenación do Litoral promulgado por la Xunta en 2011 y continuación de la moratoria dictada por el bipartito [de PSdeG y BNG] rompieron sin solución la supuesta hoja de palmera de Norman Foster”, afirma el autor en el libro. Aunque el PP y Enrique Sotelo habían regresado a la alcaldía, a sus planes la realidad se les hizo cuesta arriba. Salgheirón entra en su fase final con un relato del interminable periplo judicial, decenas de denuncias a los activistas incluidas, y el estado de latencia del conflicto. La finca es ahora propiedad de Abanca, la entidad resultante de la fusión inicial de Caixa Galicia y Caixanova y su posterior y nunca del todo aclarada bancarización y venta. Y esta no le ha explicado a Carbajo qué piensa hacer con ese pedazo de historia situada en dominio público marítimo terrestre con escasos visos de recalificación. “La parcela le iría muy bien a Cangas como zona verde, de las que tiene carencia. Podría ser una cesión al ayuntamiento”, considera Carbajo, aunque no es optimista. Porque lo que él vio y escribió en su crónica fue, no lo duda, un crimen. “Un crimen múltiple: cultural, económico, de alienación y abandono que, sin embargo, no ha agotado sus latidos. De momento sigue siendo un crimen en grado de tentativa”, concluye el libro.

El pesquero de Santoña incendiado esta pasada madrugada frente a la costa de Armintza (Bizkaia) se ha hundido finalmente tras las labores realizadas para extinguir el fuego, según ha informado la subdelegación del Gobierno en Bizkaia y recoge Europa Press.

Alrededor de la una de la madrugada se ha declarado un incendio a bordo del pesquero 'Siempre al Alba', de 27 metros de eslora, que se encontraba faenando a unas seis millas al norte de Armintza.

Los once tripulantes de la embarcación han sido rescatados por el pesquero 'Nuevo Terreño', que se encontraba en la zona. Capitanía Marítima de Bilbao ha dirigido la operación de extinción del incendio y rescate del pesquero, coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo en Bilbao (Sasemar).

No obstante, y tras las labores llevadas a cabo durante toda la noche y la mañana de este viernes para extinguir el incendio a bordo, el buque pesquero se ha hundido a unas 10 millas al norte de cabo Villano, zona que tiene una profundidad de más de 500 metros.

El hundimiento se ha producido tras los trabajos realizados y dirigidos por Capitanía Marítima de Bilbao, en coordinación con el Centro de Salvamento Marítimo en Bilbao, en los que han participado el remolcador de Salvamento Marítimo 'María de Maeztu' y, en las últimas horas, el remolcador del Puerto de Bilbao 'Ibaizabal Seis', apoyados por las embarcaciones 'Salvamar Alcyone', 'Salvamar Monte Gorbea' y la unidad de la Cruz Roja de la base de Arriluze 'Dhube'.

“Capitanía Marítima de Bilbao y Sasemar han trabajado intensamente, priorizando en todo momento que la operación evitara cualquier riesgo para las personas o la navegación en la zona”, ha agradecido el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes.

La especie de guerra civil desatada en el sector pesquero de Canarias a cuenta de cómo se deben repartir entre las embarcaciones locales la cuota regional de capturas de atún rojo (Thunnus thynnus) para este año (438,5 toneladas) vuelve a demostrar que en el archipiélago, mucho más en el identificado como sector primario, casi nunca llueve a gusto de todos los intereses en liza.

Canarias recibió hace pocas semanas con aplausos generales el aumento del 71% en los derechos de pesca del conocido como atún patudo (el atún rojo o Thunnus thynnus) para la actual campaña (de las 255 toneladas de 2018 a las 438,5 consolidadas este año, además con las 51 toneladas desembarcadas de más el año pasado ya perdonadas).

Pasado muy poco tiempo desde esa celebración casi unánime, el disenso ha vuelto a brotar entre los propios pescadores y entre una parte de estos, los integrados en las dos organizaciones de productores de la pesca (OPP) autorizadas en las islas (Optuna, en Arrecife, e IslaTuna, en la capital tinerfeña), que se sienten marginados, y la Consejería de Pesca, o mejor, el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, que así mismo lo personalizó Vicente Rivero, portavoz de IslaTuna para esta cuestión y uno de sus directivos principales.

Los atuneros con embarcaciones más grandes, de más eslora y con más empleos, y también los que han capturado más del 60% de la cuota de atún rojo en los últimos años (incluso en 2018), no comparten el acuerdo alcanzado hace pocos meses entre la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias y las cofradías de pescadores, sus dos federaciones provinciales y la regional (esta última presidida por el herreño Fernando Gutiérrez), acerca de cómo debe ser el reparto por barcos de esa cuota regional de atún rojo: las 438,5 toneladas.

Ese pacto, del que informó en su momento el departamento autonómico del que es responsable el también herreño Narvay Quintero, se vendió como un logro al haberse alcanzado un consenso sobre cómo distribuir la cuota de atún rojo de 2019 (y se entiende que las de años posteriores), las 438 toneladas que Canarias podrá capturar en la actual campaña.

En esencia, el acuerdo establecía que la mitad de la cuota anual de 2019 y en adelante se repartiera entre las embarcaciones más pequeñas, de litoral y con licencia de artes menores, y la otra parte se dejara para los barcos mayores, los atuneros con más eslora y con licencia de cañeros (los que practican el arte de caña, anzuelo y cebo vivo casi siempre en bermeanos).

Este primer aspecto ya levantó la oposición de la OPP IslaTuna, pues consideraba que el binomio a aplicar debía ser el 60% para los cañeros y el 40% para los artes menores (el que más se aproxima a la realidad oficial), pero se cerró al 50%.

No fue el único “desagravio”, tal y como considera Vicente Rivero, para los armadores de la tinerfeña IslaTuna, debido a que además se decidió dentro de ese pacto que esos dos 50% se repartirían entre los barcos (unos 200 de artes menores -de estos, 113 sin jamás haber pescado atún rojo- y unos 50 cañeros) definiendo previamente unos porcentajes de participación en las dos mitades a partir del histórico de capturas de los últimos cinco años con registros oficiales, pero no solo para el atún rojo, ¡no!, sino para todas las especies de túnidos capturadas en ese periodo por cada embarcación.

Sin duda, era la manera de asignar derechos de atún rojo a embarcaciones pequeñas que antes no los tenían y también de dar más opciones de capturas a otras. Esto tampoco lo vio bien IslaTuna ni Optuna. La OPP lanzaroteña es la que tiene embarcaciones atuneras de más eslora y con más GT (tonelaje).

Previa definición de ese modelo y tras la aceptación de este por parte del Ministerio de Pesca, a petición del Gobierno de Canarias y según ya se recoge en el borrador de resolución redactado por Madrid (ahora en proceso abierto de alegaciones hasta ese jueves), las aguas han vuelto a estar revueltas en el sector extractivo local, con dos planteamientos enfrentados: el de las OPP, que quieren participar en más del 50% de la cuota de 438 toneladas para 2019 (según el histórico de capturas de atún rojo, y solo de esta especie), y el de las embarcaciones más pequeñas de litoral, representadas de manera más uniforme por las federaciones de cofradías y a las que la Viceconsejería del Sector Primario mima con más empeño. También según dijo Rivero, “a las OPP ni se las ha consultado en estos días”, y eso que solo IslaTuna capturó en 2018 en torno al 60% de todo el atún rojo llevado a cubierta por la flota de las islas (IslaTuna posee 80 barcos, entre cañeros de bajura y de litoral).

Lo que pase al final con esta polémica está por ver, pero sí es verdad que las aguas no bajan tranquilas en el río de las capturas reglamentadas del atún rojo. Como ya se ha dicho, este jueves es el último día para presentar alegaciones al borrador de resolución del Ministerio, e IslaTuna, la parte que defiende los intereses de los cañeros -con Optuna-, va a trasladar su criterio a Madrid. La Consejería y las federaciones de cofradías también harán lo mismo.

Con todos esos argumentos ya en manos de la Secretaría General de Pesca, se verá si la resolución publicada en el BOE se parece más a la del primer borrador consultado al sector pesquero de las islas y al Ejecutivo autonómico o quizá termina inclinándose la balanza hacia los intereses de los atuneros cañeros.

El borrador de resolución para la distribución de derechos

El borrador de reparto de la cuota de atún rojo de 438 toneladas que corresponde a Canarias en 2019 recoge casi todo lo pedido por el Gobierno autonómico (y así se indica en el texto del Ministerio) atendiendo al pacto alcanzado sobre el reparto de derechos por barcos junto a las federaciones de cofradías (hasta el año 2018, el atún rojo se pescaba según el modelo olímpico, sin derechos por barco o armador y contabilizando todas las descargas legales hasta llegar al máximo permitido).

En efecto, así es, como también establece los periodos de capturas de atún rojo, con dos etapas: la primera, con inicio este 1 de marzo y final el 15 de mayo, y una segunda oportunidad del 26 de mayo al 6 de junio. En este caso, solo podrán ir a las capturas las 100 embarcaciones con el mayor número de toneladas descargadas en la primera parte de la zafra.

Aparte de esas dos aperturas de veda, el borrador de resolución fija un nivel máximo de capturas para el 50% de la cuota global destinada a los barcos de artes menores, en 1.044 kilos, y otro para los atuneros cañeros, en 5.480 kilos.

La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha presentado este miércoles en las Corts la nueva Ley de Pesca Marítima y Acuicultura de la Comunitat Valenciana, una norma “ágil” que vela por la sostenibilidad y por dar “seguridad” a pescadores y consumidores.

Así lo ha indicado Cebrián en las Corts, donde ha recordado que la prioridad del Consell es la transición ecológica de la economía, algo que es especialmente aplicable en el sector de la pesca “porque su supervivencia depende del buen estado del mar” y, por tanto, se deben cuidar los recursos pesqueros y el medio marino.

Según ha dicho, esta actividad genera aproximadamente 4.400 puestos de trabajo y las capturas desembarcadas en los puertos valencianos suponen anualmente un valor aproximado de 100 millones de euros.

La nueva ley pretende actualizar, revisar en profundidad y refundir en un único texto la actual Ley de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana y la Ley sobre defensa de los recursos pesqueros, donde se regula el régimen sancionador. Se trata, ha afirmado Cebrián, de ofrecer al sector “una regulación única que abarque sus necesidades, ágil, efectiva y sin burocracia innecesaria”.

La consellera ha justificado la iniciativa también en la adaptación a la nueva política pesquera comunitaria para disponer de una legislación “que ofrezca al consumidor información y transparencia sobre el producto” y que “dé seguridad a los profesionales que trabajan en el sector”.

Además, ha destacado que la nueva ley ordena el sector pesquero de forma integral, teniendo en cuenta todo el proceso económico de la actividad pesquera desde la extracción hasta la comercialización, y en este punto, regula desde el desembarco hasta la primera venta.

También regula las organizaciones de productores y agentes económicos afectados, así como la pesca recreativa, y contempla la diversificación pesquera, de forma que facilite nuevas fórmulas de negocio como el turismo pesquero o el turismo acuícola.

La ley regula también la actividad pesquera de manera que se adapte a las particularidades del litoral valenciano y, como novedad, establece el marco normativo básico para la extracción y cultivo de algas, y se trata el marisqueo como actividad profesional.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado este jueves oficialmente el programa de ayudas al sector pesquero hasta 2023, por valor de 1.558 millones de euros, de los que 82,9 millones corresponderán a Canarias.

Del total de ayudas, 1.161,6 millones procederán del presupuesto de la UE, ya que se trata del “programa operativo” del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), que financia los apoyos a la pesca y la acuicultura, con España como primer país receptor.

Con este plan, el sector percibirá en los próximos ocho años un total de 1.558 millones de euros, de los que una gran parte proceden de las arcas comunitarias y 396 millones de la Administración General del Estado y de las autonomías, según ha detallado el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, durante su presentación.

Si se añade la contribución privada, la “inversión global” ascenderá a 2.200 millones de euros, ha añadido Hermida.

El FEMP tiene como objetivos mejorar la competitividad de las empresas de la pesca y la acuicultura, favorecer una actividad sostenible desde el punto de vista ambiental y económico, aumentar el empleo y fomentar la comercialización de productos del mar.

Dentro de la dotación comunitaria (1.161,6 millones), las autonomías gestionarán 829,6 millones y la Administración del General del Estado, 332 millones.

De los fondos que manejarán las autonomías, Galicia recibirá 371 millones (44,7 % del total); Andalucía, 140,5 millones (16 %); Canarias, 82,9 millones (9,9 %) y el País Vasco, 74,1 millones (8,9 %).

La Comunidad Valenciana percibirá 39,1 millones; Cataluña, 38,2 millones; Asturias, 24,6 millones; Murcia, 15,8 millones; Cantabria, 15,8 millones; Baleares, 7,4 millones; Castilla y León, 6,8 millones; Castilla-La Mancha, 3,1 millones, Aragón, 2,23 millones; Madrid, 2,1 millones, Ceuta, 1,6 millones; Extremadura 897.133 euros Navarra, 774.259 euros, y La Rioja, 121.985 euros.

Dentro de las prioridades del programa del FEMP, las medidas para fomentar una pesca sostenible y competitiva supondrán el 30 % del total, con una ayuda pública de 352,5 millones; la comercialización y transformación, un 23,6 %, con 274,4 millones; y el respaldo a la acuicultura, un 17,7 %, con 205,9 millones.

El programa incluye también una dotación de 274,4 millones para incentivar a la industria a asumir los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC), y otra para cohesión territorial y el empleo, por 107,6 millones.

Gobierno y autonomías han empezado esta misma semana a aprobar decisiones enmarcadas en el FEMP, en concreto un régimen de ayuda a paradas temporales acordado en la Conferencia Sectorial de Pesca este lunes.

Hermida ha animado a los operadores del sector a preparar sus proyectos y ha confiado en que, una vez completados los últimos trámites, el programa esté “perfectamente lanzado” durante el primer trimestre 2016.

El secretario general de Pesca ha recordado que la puesta en marcha de esas ayudas se ha retrasado y 2016 será un año de inicio de su aplicación, de manera que en 2017, cuando esté “toda la estructura engrasada” se desarrollará con normalidad.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Restinga, Fernando Gutiérrez, estará este sábado en Arguineguín realizando una charla para los pescadores de Gran Canaria con el objetivo de poner en marcha una estrategia para la “autodefensa” que garantice mínimamente el futuro de este sector.

Gutiérrez se desplazará hasta Gran Canaria con el fin de “despertar” a los pescadores de la isla, quien en su opinión han sido manipulados por el presidente de la Federación de Cofradías de Las Palmas, Gabriel Jiménez, en varias ocasiones. La primera vez en 2014 con las prospecciones petrolíferas, cuando “se puso del lado de una multinacional que ponía en grave peligro el medio de vida y subsistencia de los pescadores canarios y sus familias”.

La otra ocasión que el patrón mayor recuerda de “deslealtad” es en la posición que mantiene con la cuota del atún rojo en Canarias. “Ha llegado a afirmar públicamente que pedir más de 100 o 150 toneladas para Canarias es hacer demagogia cuando en realidad por derechos históricos, sociales y medioambientales nos corresponden más de 900, que nos han robado durante más de siete años, de los cuales personajes como este son verdaderos cómplices de este atropello”, expone Gutiérrez.

Así, ahora en Gran Canaria se dan las condiciones “mínimas” para tratar de despertar a un sector al cual se le ha tenido “dormido, ignorado y además indirectamente utilizado políticamente”, pero que gracias al cambio en las administraciones en las últimas elecciones se “abren las puertas a que este sector junto con el resto de los pescadores del Archipiélago podamos desde la unidad demandar nuestros históricos y justos derechos en materia pesquera”.

Así mismo, cree que en Canarias en todo el Archipiélago hay opciones de una mejora del sector “con el nuevo despertar de la sociedad en general, unido al hecho fundamental de que Narvay Quintero sea el máximo responsable pesquero”, lo que “abre una gran puerta a la esperanza”, aclara.

Y es que el patrón herreño rememora que Quintero “fue el único senador canario que alzó la voz en el Senado” por una cuota justa de atún rojo para los pescadores canarios.

“El nuevo responsable de los sectores primarios ha demostrado como mínimo tener sensibilidad y atención con este tipo de problemas en nuestra tierra, no en vano se convirtió en la voz de Canarias en el Senado nacional”, concluye Gutiérrez.

El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania, interrumpido desde finales de 2014, ha sido renovado en Nuakchot para los próximos cuatro años, según comunicaron este viernes los negociadores.

El acuerdo nada dice sobre la posibilidad de que los pesqueros descarguen su capturas en el Puerto de La Luz en lugar de en el Nuadibú, como anunció el año pasado el entonces presidente canario Paulino Rivero, y las descargas seguirán haciéndose en puertos mauritanos.

El nuevo texto fue rubricado por los dos negociadores jefes, el consejero del ministro mauritano de Pesca y Economía marítima, Cheij uld Baya, y el director de Asuntos Internacionales en la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea, Stephaan Depypere.

El acuerdo, renovado la pasada noche en la capital mauritana, supone una reducción de la contrapartida financiera hasta los 55 millones de euros anuales (frente a los 67 anteriores) y una reducción igualmente del volumen de capturas hasta las 225.000 toneladas anuales (frente a las 300.000 anteriores).

En cuanto al número de barcos que podrán pedir licencia según el nuevo acuerdo (que en el anterior acuerdo bianual eran 65, básicamente españoles), será definido posteriormente.

Una de las mayores reivindicaciones del sector pesquero español, principalmente el gallego, era la vuelta de los cefalopoderos al caladero mauritano, del que habían sido excluidos en el acuerdo que expiró en diciembre, pero los mauritanos se han mostrado inflexibles.

Tampoco han cedido en la cuestión de los marinos locales, que seguirán siendo un 60 % de la tripulación total, un porcentaje que los negociadores no han conseguido reducir.

Las especies que el acuerdo autoriza son los pequeños pelágicos, la gamba, el atún (cuyo precio se duplica hasta los 70 euros la tonelada), la merluza y los llamados “pescados de escama”.

Queda por ver ahora cual será la valoración del acuerdo del sector pesquero español, que consideraba el anterior 2013-2014 como uno de los peores negociados por la UE y muy desventajoso para el sector.

Las negociaciones para este acuerdo han durado casi un año y han mostrado la dureza de las posiciones de Mauritania, que parece haber seguido los pasos de su vecino del norte, Marruecos, y poner condiciones cada vez más leoninas para la extracción de su pesca.

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley de Nueva Canarias de restituir los horarios de apertura de la oficina del Instituto Social de la Marina en la playa de Mogán, al sur de Gran Canaria. Así, los votos en contra del PP, quienes tampoco han aceptado la enmienda planteada por el PSOE de pedir al Gobierno que se comprometa a mantener la oficina abierta, ha provocado que se niegue la ampliación de horarios de atención a los marineros del Sur de Gran Canaria.

El diputado de Nueva Canarias (NC-CC) Pedro Quevedo ha planteado esta proposición después de que la dirección del Instituto Social de la Marina redujese el horario de apertura de la oficina en la playa de Mogán, dentro de la localidad de Arguineguín, y tras consensuar el documento con los patrones mayores de las cofradías de El Castillo del Romeral, Arguineguín y Playa de Mogán.

Según Quevedo, el recorte del horario ha provocado que muchos de los usuarios del Instituto tengan que desplazarse hasta la oficina situada en Las Palmas de Gran Canaria y ha perjudicado “seriamente” al sector pesquero de la zona, pues los días que los armadores deben realizar las gestiones en la capital Gran Canaria, no pueden salir a faenar.

El diputado del PP Guillermo Mariscal ha negado que la oficina se haya cerrado y, aunque ha reconocido el valor de la institución en la zona, ha precisado que el colectivo al que ampara se ha reducido en un 20% en los últimos años por lo que, a su juicio, “no es necesario que se abra el mismo número de horas” para garantizar el servicio. Así mismo enfatizó, que tras consultar con el alcalde de Mogán, este le ha manifestado que los marineros no tienen mal estar alguno con este recorte horario en la oficina del Instituto Social de la Marina de Arguineguín.

Ha precisado además que el Instituto ha desarrollado un sistema tecnológico para que los usuarios no tengan que acudir presencialmente a la oficina y ha negado que los usuarios tengan que desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria para hacer uso de sus servicios, lo cual supone, un claro desconocimiento del día a día al que deben hacer frente los marineros del Sur de Gran Canaria.

El Instituto Social de la Marina, según ha recordado Quevedo, es un organismo público que se encarga de tareas como gestionar la seguridad social de los trabajadores en el mar, prestarles asistencia médica o coordinar un servicio de prestación para el desempleo. Su actividad es indispensable para el sector pesquero, marítimo y turístico en el Sur de la Isla “y su cierre supondría ”un daño irreparable en la zona“, ha añadido el diputado de Nueva Canarias.