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La Audiencia Nacional alumbra ocho años de bloqueo y opacidad ordenada por Feijóo sobre la fusión de las cajas gallegas

Alberto Núñez Feijóo (en el centro) con los directivos de Caixanova, Julio Fernández Gayoso (derecha) y de Caixa Galicia, José Luis Méndez.

El auto de la Audiencia Nacional que responsabiliza a la Xunta de la quiebra de las cajas gallegas ofrece lo que el Partido Popular ha vetado en el Parlamento de Galicia durante casi ocho años: un dictamen sobre lo ocurrido con la desastrosa fusión de Caixanova y Caixa Galicia, operación impulsada en primera persona por Alberto Núñez Feijóo. El bloqueo al que la derecha ha sometido a la comisión de investigación de la Cámara, constituida en 2012 y de nuevo en 2016, lo ha impedido.

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El tribunal, en un documento emitido el pasado 1 de octubre, aseguraba que Caixanova, la caja con sede en Vigo, nunca habría sido intervenida "si no se hubiera vista obligada a fusionarse con Caixa Galicia [con sede en A Coruña], dando lugar a NovaCaixaGalicia". La entidad resultante, que Feijóo publicitó como "gallega y solvente", recibió 9.000 millones de euros en ayudas del Estado. Convertida en banco, no tardó en ser vendida a un banquero venezolano por 1.000. Era 2013 y 8.000 millones de dinero público se había esfumado durante la operación impulsada por la Xunta de Galicia.

Casi en paralelo, a inicios de la legislatura que fue de 2012 a 2016, el Parlamento de Galicia abrió una comisión de investigación sobre las cajas. Por ella pasaron, precisamente a lo largo de la primera mitad de 2013, sus principales directivos, conselleiros implicados o, por vía escrita, el gobernador del Banco de España o Joaquín Almunia, representante de la Comisión Europea. La Xunta remitió alguna documentación y, aunque el PP aseguraba que se trataba de toda la disponible, no era así: se negó a remitir los informes que recomendaban vender la nueva caja tras el fracaso de la fusión.

Pero en el verano de 2013, a la mayoría parlamentaria popular le entró la prisa. Según recuerda un ex parlamentario de izquierdas que participó en la comisión, el PP instó a apurar las comparecencias y cerrarla cuanto antes. Las conclusiones, sin embargo, no llegaron. La legislatura acabó en 2016 y la comisión fue disuelta sin haber finalizado su trabajo. Se volvió a crear otra al comenzar el siguiente período parlamentario, de 2016 a 2020. Fue en el debate que decidió la reapertura, en diciembre del 16, en donde el portavoz parlamentario del Partido Popular, Pedro Puy, reveló qué había pasado.

"Es cierto que hubo una decisión de enfriar el debate. Si hay que pedir disculpas por el retraso, soy yo el responsable", adujo Puy, y a continuación dio una singular explicación: "No quisimos interferir en el proceso de recapitalización del banco y de puesta en marcha del nuevo banco. El hecho de que Abanca pudiese salir sin ruido relacionado con sus actividades, haciendo eso le hicimos un gran servicio al país". Los intereses de la banca privada se sobrepusieron así al derecho del Parlamento gallego –y, por lo tanto, de la ciudadanía a la que representa– a conocer qué había sucedido con las cajas. Puy y el Grupo Popular se comprometieron ese mismo día a que la reactivada comisión haría públicas sus conclusiones en un plazo de seis meses. Han pasado cuatro años y la promesa no se ha cumplido.

La oposición parlamentaria salió este martes, 6 de octubre, en tromba contra Feijóo y su papel en la fusión y posterior liquidación de las cajas gallegas. El BNG aseguró, a través de su diputada Noa Presas, que "intentará por tercera vez que la comisión de investigación se cierre con conclusiones". También los socialistas, estos por boca de su viceportavoz parlamentario Pablo Arangüena, exigieron a Feijóo que "de la cara de inmediato" y acusaron al presidente de "justificar esta operación financiera en un informe de KPMG que nunca hizo público en su totalidad".

Condena a la Xunta por ocultar información

Y es que el oscurantismo presidió no pocas de las acciones que condujeron a la desaparición de las cajas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó al Gobierno gallego en junio justamente por ocultar información al Parlamento. Lo hizo a raíz de un recurso contencioso-administrativo presentado por el ex diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y En Marea Antón Sánchez, que había solicitado, entre otros materiales, los principales documentos políticos de la fusión: el informe-propuesta de la entonces conselleira de Facenda Marta Fernández Currás y el acta de la reunión de secretarios generales del ejecutivo previa a la reunión de la Xunta en que se autorizó la fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova.

El plazo que el alto tribunal gallego dio a la Xunta para entregar los papeles expira a finales de octubre. De no hacerlo, el denunciante podrá pedir la ejecución de la sentencia poniendo en marcha vías más expeditivas para forzar al ejecutivo de Feijóo a entregar los documentos clave del desastre financiero.

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Publicado el
6 de octubre de 2020 - 22:35 h

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