El PP gallego se lanza a una campaña para demonizar el derecho de manifestación

Hasta una simple manifestación que reclama medidas para atender la creciente diversidad en las aulas gallegas -una demanda extendida entre la comunidad educativa- puede convertirse en objetivo político del Partido Popular de Galicia, que sostiene el Gobierno de Alfonso Rueda en la Xunta. Sucedió la pasada semana, cuando su secretaria general, Paula Prado, arremetió contra la protesta convocada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público con argumentos últimamente habituales en el discurso de su formación: “Es una manifestación absolutamente politizada, manipulada, convocada, organizada y pagada por el BNG y su sindicato afín, la CIG”. La retórica de la demonización de la protesta ha echado raíces en la derecha gallega, sobre todo en sus sectores más desaforados.

Las declaraciones de Prado sobre la manifestación no reparaban en límites. “No es una manifestación espontánea de la ciudadanía galega que tenga dificultades en el ámbito de la educación”, decía, “la ponen en marcha el BNG y la CIG con una red de autobuses y una carta a padres y a madres y un sistema de orden propio de un sistema comunista”. Nada que no habilite su propia organización, el PP, cuando convoca protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo.

Al día siguiente, en las redes sociales, insistía en las mismas ideas trufadas de falsedades tras enlazar informaciones de la prensa afín. “Ver para creer el manual de instrucciones del independentismo gallego […] instrucciones más propias de un sistema comunista”, volvía a la carga.

El acto de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público -un ente nucleado por la CIG, la central más representativa en la educación gallega, y del que forman parte otras organizaciones nacionalistas y algunas federaciones de ANPA- transcurrió con normalidad. Los convocantes denunciaban que el aumento de alumnado con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo había aumentado sensiblemente en los últimos años hasta alcanzar el 17,5% del total (65.259 niños y niñas en términos absolutos), pero no lo había hecho en la misma medida el personal especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, orientación, auxiliares cuidadores, ni los docentes para desdobles. Para el PP gallego en boca de su número dos, era reclamaciones “manipuladas”.

Su número uno y además presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, suele distanciarse del extremismo dialéctico de Prado. Aun así, para él, el derecho a manifestación va como mínimo por barrios. Si quien llama a ello es Alberto Núñez Feijóo y se dirige contra el Ejecutivo de Sánchez, se trata de trasladar “lo que opinan muchas personas y no solo votantes del PP, que la situación es insostenible”. Si quien lo hace es el BNG o los sindicatos, el objetivo “es crear tensión”. Sobre las grandes movilizaciones contra el proyecto de macrocelulosa impulsado por Altri, y que han acabado por declinar su fracaso, le gustaba diferenciar entre “manifestantes de buena fe” y “manifestantes politizados”. Por el BNG y los socialistas, se entiende. Lo mismo respondía antes las multitudinarias marchas que protestan contra el deterioro de la sanidad pública iniciado ya por las políticas de los años Feijóo.

La huelga y la kale borroka

En la táctica del PP, la doble vara de medir de Rueda complementa el estruendo de su secretaria general. “El BNG basa su estrategia únicamente en la MANIFESTACION y en el ALBOROTO”, escribía esta en su cuenta de X, antes Twitter, el pasado 13 de febrero, algo a lo que también ha recurrido Rueda en sus debates con la oposición durante las sesiones de control. Una vez más, no ha alcanzado los extremos de su segunda, que ha llegado a comparar el derecho a manifestación con la kale borroka. Según su versión, remitida a los medios de comunicación, el BNG se lanzó a las calles tras una reunión con Bildu, a los que Prado tildó de “herederos de ETA”. “¿Cuáles son las soluciones [de los nacionalistas] en materia de sanidad, de educación, de vivienda, de política social...? Pues la conflictividad, la manifestación, la contestación social... en definitiva, la kale borroka”, afirmó justo antes de dos jornadas de huelga en la educación, convocadas por la CIG.

Solo dos semanas más tarde, Prado se apoyaba en su prensa de referencia para hacerse la sorprendida respecto a la existencia de la llamada caja de resistencia de la central sindical. Esta la había activado para respaldar a los afiliados que habían secundado los numerosos paros de este curso en una educación pública sometida a recortes presupuestarios y de personal. Según la secretaria general de los populares gallegos, la herramienta -un mecanismo histórico de la lucha sindical- era el método del “Bloque Negacionista Galego de pagar para que haya más manifestación y alboroto, pancartas y algarada”.

Reducir todo malestar social a los planes de la izquierda nacionalista partidaria es otro de los lugares comunes del último PP. La prueba más reciente sucedió en el pleno municipal de Santiago de Compostela de la pasada semana. Debatía sobre una resolución unánime del Consello Escolar -órgano en el que están representadas las docentes, las familias, el alumnado, el personal de servicios y el ayuntamiento- del colegio público Apóstolo Santiago para cambiar su nombre por el del barrio donde se ubica, Almáciga. Lo que recibió la propuesta fue un ataque furibundo del portavoz popular, Borja Verea, y la acusación de ser títeres de la alcaldesa del bloque, Goretti Sanmartín. El voto en contra del PP y la abstención de cuatro expulsados del Partido Socialista acabó por tumbar la iniciativa.

La trama de los bots rusos que “hablaban mal de Rueda”

Las estridencias argumentales y propagandísticas del PP gallego contra la oposición no son, en todo caso, una novedad. Ya durante la última campaña electoral al Parlamento gallego la misma Paula Prado que ahora deslegitima el derecho a manifestación armó una rueda de prensa para revelar “una red de bots rusos, chinos o filipinos vinculada a la oposición para hablar mal de Rueda”. Sobre la trama y su descripción no aportó pruebas, pero sí calificativos: “Una red nacional de perfiles falsos, ocultos en la cobardía, trabajando desde la mentira, al servicio” de BNG y Partido Socialista. También afirmó que su formación estudiaba poner la información recabada “a disposición de la Fiscalía”. Nunca lo hizo.