Una orientadora para mil alumnos, el horario postcrisis o la privatización de FP: razones de la huelga educativa en Galicia

Habría que retrotraerse a la década de los 80 para encontrar una convocatoria de huelga de dos días consecutivos en la educación gallega como los que tendrán lugar este martes y este miércoles, 28 y 29. La iniciativa partió de los sindicatos CIG—el mayoritario, con una representatividad del 60%— y la también central nacionalista STEG, a los que se sumó la CUT. La movilización, que el primer día rodeará la sede de la Xunta en Santiago y el segundo se repartirá por las cuatro provincias gallegas, llega tras el paro del pasado 25 de septiembre, en el que los convocantes elevaron el seguimiento por encima del 60% mientras Educación lo dejaba a las puertas del 15%. CCOO, UGT y ANPE, que firmaron un acuerdo con la consellería a finales de 2023, no respaldan la protesta.

La huelga demanda una bajada de ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo ejercicio 26/27. Reclaman que se recupere el horario lectivo ampliad por la crisis, en 2011 y 2012 —21 horas en primaria e infantil y 18 en el resto—, ya que Galicia es, a día de hoy, la única comunidad que aún no lo ha hecho. Solicitan medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad, un plan real para la eliminación de la burocracia, con más horario para equipos directivos, coordinaciones y tutorías y la contratación de más personal administrativo. Añaden mejoras retributivas para recuperar el poder adquisitivo perdido, que estiman en más de un 20% en los últimos 15 años, o la reducción de la jornada para los mayores de 55 años.

Por encima de las reivindiciones genéricas, elDiario.es ha hablado con cuatro docentes —una orientadora, un profesor de secundaria, una profesora de infantil y otra de FP— para conocer el día a día real de sus centros y los motivos para secundar la huelga.

La impotencia de la orientadora

“El trabajo es inabarcable y la situación, de impotencia”. Martina Martínez es la presidenta de la Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público. Su plaza está en el IES de Brión (8.200 habitantes, en el área metropolitana de Santiago de Compostela), donde ella sola atiende a 516 alumnos. Con resignación, admite que su caso no es de los peores: conoce compañeras que llegan a tener 1.079 en secundaria o centros de FP en la capital gallega donde se alcanzan los 1.500. El límite es el de la matrícula de cada centro, porque los orientadores no tienen ratio.

“No hay ratio y somos uno por centro, en el mejor de los casos, porque en ocasiones es compartido”. Martínez invoca como “objetivo” las recomendaciones de la UNESCO que hablan de un profesional por cada 250 alumnos, sin ponderar sus necesidades. A efectos de ratio de aula, un pequeño con una discapacidad del 33% cuenta por dos; con más del 66% lo hace por tres. El de la UNESCO —como hace la Xunta en muchas ocasiones a la hora de asignar grupos— sólo cuenta cabezas.

Su relato en primera persona refleja una realidad que se repite centro a centro. “Yo empiezo el día con mi plan de trabajo, pero de repente llama a la puerta una alumna con crisis de ansiedad. Mientras estoy con ella llega una familia a denunciar un problema de acoso y, en ese momento, aparece el conserje porque hubo un conflicto en un aula y uno de los implicados es un alumno con trastorno del espectro autista. Cuando acaba la jornada, tu plan de trabajo ni lo tocaste, sumas lo que apareció durante el día y lo que vienes arrastrando”. Lo que viene arrastrando es, por ejemplo, la docena de alumnos que aguardan la valoración de sus dificultades de aprendizaje. “Tengo una lista de espera que parezco el SERGAS [Servizo Galego de Saúde]”, narra con un punto de amarga ironía mientras comprende el enfado de las familias que siguen sin conocer los resultados.

A todo esto se suma la carga burocrática, un sinfín de papeleos e informes, cargados de datos y porcentajes que “en muchos casos son repetidos: los diste una vez y los tienes que volver a dar”. Y, mientras, nadie “racionaliza” las funciones de las oreientadoras. “Hace un año, un grupo de compañeras recopilaron en un documento todas las funciones que se nos encomendaban en los diferentes protocolos, planes y programas: el documento tiene 49 páginas”.

Mientras, la postura de la Xunta pasa por considerar la orientación algo “transversal” al conjunto del centro en lugar de reforzar el departamento específico. Martínez cree necesaria una combinación de las dos cosas: aumentar la plantilla de profesionales y formar al profesorado de forma obligatoria, ya no voluntaria. “Mucha gente no sabe cómo tratar a un alumno con necesidades o, simplemente, no tiene tiempo material para hacerlo con treinta alumnos en el aula: como estamos tan sobrepasados, lo que intentamos es cubrir mínimos”.

El profe de Mate y las alertas de suicidio

La atención a la diversidad es la primera preocupación de Suso Abalo. Y eso que este ingeniero de telecomunicaciones que, tras ocho años en el sector, quiso hacer “algo bueno por el mundo” y se metió en la docencia, no pertenece a esa especialidad. Tras cuatro años en centros privados y concertados, ya lleva otros tantos con plaza como profesor de Matemáticas. Actualmente la tiene en el IES Castelao de Vigo y, aunque como ingeniero supo lo que era pasar noches enteras en blanco para entregar proyectos a tiempo, rompe un mito: “Nunca trabajé tanto como desde que soy profesor”.

Empieza por la atención a la diversidad después de dudar entre los múltiples frentes abiertos en secundaria: “Es como si te dicen: 'hay que acabar con el cambio climático' y tú piensas... pero con el hambre, también”. Una medida conseguiría atacar ambas necesidades: “una reducción de las ratios permitiría mejorar esa atención”. Suso considera “alucinante” que Galicia sea “la única comunidad que no recuperó el horario de antes de la crisis de 2008”, aunque el aumento de horas lectivas llegase como consecuencia unos años más tarde.

“No es que vayas a trabajar menos: yo doy por hecho que, al igual que ahora, pasaré todas las tardes preparando clases, pero si preparo 18 las prepararé mejor que si tengo que preparar 20”. Eso conecta de nuevo con la atención a la diversidad. “Tengo que preparar material específico para alumnado con necesidades y eso requiere muchas horas” si el objetivo final es “lo que queremos: atenderlos bien, lo mejor posible”.

El docente reclama también mayor apoyo a la orientación y le parece “increíble” que non tenga ratio. “La de nuestro centro, una sola para más de 600 alumnos, está desbordada”. No son sólo los grandes números, también el trabajo de cada alumno es mayor: “Antes, si no estabas bien, te decían que te apañases, que dejases de estudiar... y había muchas cuestiones personales que no se llevaban a la escuela”.

Suso tuvo la prueba de esto cuando en clase hablaban de la otra huelga de este martes, la que ha convocado el Sindicato de Estudiantes por la muerte de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar. En medio del maremagnum de opiniones cruzadas, una alumna le confesó que había tenido ya dos intentos de suicidio. “Esto ahora te lo cuentan; antes, seguramente, el profesor no te daría el espacio para hacerlo”. Al salir de clase, se lo contó a la orientadora. “Me dijo: 'mañana mismo hablo con ella...'”. Con más de 600 alumnos, era fácil imaginar cómo era ese día de “mañana” al que tendría que sumar una urgencia de ese calado.

Esa falta de tiempo es la que padecen los tutores. Suso este año no lo es, pero recuerda que el pasado, en la misma hora semanal que tiene ahora, tenía que ocuparse de todo lo que pudiesen necesitar los 30 alumnos de su tutoría: informes, atención a las familias... “Les dedicaba muchísimo tiempo, con la misma disponibilidad que ahora y sin ningún reconocimiento económico”. Y aunque él ese considera un privilegiado porque en su entorno nadie dice que los profesores “no dan golpe y viven como dios”, ironiza con que todavía tiene compañeros que tienen que escuchar cómo el camarero que les pone el café cada día les dice que, si van a la huelga, es porque “los tienen cuadrados”.

El cole inclusivo al que no le dejan serlo

Elvira Fernández es profesora de música en el CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos, también en la comarca de Vigo, donde comparte tutoría con el director del centro y desarrolla proyectos de innovación “con menos horas de las que necesito”, apunta. El colegio fue un centro de atención preferente a alumnado con necesidad motórica y hoy los es para la atención del alumnado con trastorno del espectro autista. Presumen de un modelo educativo de inclusión “real”, premiado en varias ocasiones por la propia Xunta pero que, ahora mismo, ha quedado en el filo de la navaja: el curso ha empezado con cuatro docentes menos de los necesarios y, a los que están en plantilla, “las fuerzas no nos dan”.

“Llevábamos varios años con recortes, pero lo de éste ha sido sangrante”, asegura Elvira que cree que la situación “va a explotar”. “Hay momentos en los que no disponemos ni siquiera de un profesor de guardia”. El centro ha comenzado a movilizarse semanalmente con la convocatoria de “Martes Negros” bajo el lema: “La inclusión real necesita personal”. “No sólo se necesita tecnología”, le dice a la Xunta, “también hacen falta personas: algunos alumnos necesitan a una sólo para ellos”.

El centro ha contabilizado las necesidades: de las más de 100 horas que precisan en Pedagogía Terapéutica (PT) no disponen ni siquiera de 50, “menos de la mitad”. Y, mientras, la consellería sólo ofrece parches, como un tutor a media jornada. Esta modalidad, la de la media jornada, se ha disparado en este curso y permite que la Xunta hable de número récord de docentes aunque a veces hagan falta dos para sumar las horas que hace apenas un año hacía uno solo. “Además, tanto al ANPA como a nosotros nos han prometido otro PT, pero hoy lunes hemos sabido que no va a venir”.

Cuando ve al conselleiro Román Rodríguez presumir de que, mientras cae el número de alumnos, el de profesorado aumenta, Elvira cree que, simplemente, “no conoce la realidad”. Y cuando la administración se aferra al catálogo del centro, responden que esos catálogos están “desactualizados” y que en su proyecto inclusivo basado en la codocencia, hay pequeños que no llegan a ser vistos por el PT. “No les preocupan las necesidades de esos niños”.

FP: la privada, presencial; la pública, a distancia

María Rodríguez es profesora en FP desde hace casi dos décadas y asegura no recordar un inicio de curso tan “caótico” como el actual. “Ha sido el peor, con mucha diferencia”. Relata casos de compañeros que todavía recibieron el horario definitivo “la semana pasada”, más de mes y medio después del inicio del período lectivo, un tiempo en el que los grupos de alumnos han estado “bailando” entra aulas y “recibiendo formación en módulos que non son los suyos”. Culpa de esa situación a las prisas de la Consellería para empezar muy pronto las clases —el 8 de septiembre— mientras aumenta la “burocracia”.

Tras unos años en los que la formación profesional “se dignificó”, la reforma que comenzó el pasado curso y que en este se generaliza la está “haciendo involucionar”. La apuesta de la Xunta por la FP Dual ha disparado a 500 horas las prácticas en empresas lo que supone “casi un mes menos de clase” sin revisión de los contenidos. Su conclusión, que el alumnado saldrá peor formado. Una consecuencia más de la “privatización” que, según denuncia, está afectando a esta enseñanza. Por un lado, por la autorización de ciclos a centros privados; por otro, por la apertura de los centros públicos a docentes nombrados por esas mismas empresas.

“Vienen a dar clase a los institutos pasando por alto los principios de igualdad, mérito y capacidad que se nos exigen en las oposiciones. Cómo no va a ser la FP la niña de los ojos del conselleiro cuando puede eleiminar profesorado público para contratar a amigos de empresas privadas”. Como ejemplo representativo señala lo sucedido con el módulo de sostenibilidad, donde las clases son impartidas por representantes de Repsol. “No puede haber esta reducción de horas en módulos prácticos y específicos para que venga una empresa privada y nos suelte su charla”.

La otra variante es más perversa: se elimina la presencialidad de los ciclos en centros públicos mientras se autoriza en los privados. Otra muestra: el ciclo superior de Integración Social que se imparte en su centro. Hasta hace tres años era presencial y estaba completo, con sus 30 alumnos. Ahora, se ha modificado para ofrecer formación a distancia, “con 50 alumnos y los mismo profesores”. En ese tiempo, se ha concedido a dos colegios privados que sí pueden impartirlo de forma presencial. “En Vigo no hay ningún centro público que pueda hacerlo”.

“Es una estrategia, no es casual que se elimine la presencialidad en los públicos”, asevera convencida María. Esa amplia matrícula permite que Educación pueda “alardear de números, con miles de alumnos”, pero esta docente del IES de Chapela –en Redondela, a un paso de la mayor ciudad de Galicia– se centra en los resultados. “La gente que titula es un 20%. Lo tienen muy difícil, porque son gente que trabaja, que tiene que estudiar a distancia...”.

Mientras, en la privada, para quien pueda pagarlo, “se abrió la veda”. En la FP “hay mucho dinero y permite hacer muchos favores; puedes hacer lo que quieras”. Rodríguez no oculta que la situación actual le da “pena”. “Siempre digo que los alumnos salen adelante a pesar de la consellería”, gracias a “la involucración completa del profesorado”.

La cuentas de Educación

Este lunes, víspera de la huelga, ha sido el día elegido por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para presentar en el Parlamento sus presupuestos para el próximo año, que llegarán a los 3.090 millones, casi 44 más que en 2025, lo que supone una subida porcentual de apenas el 1,5%, varias décimas por debajo del crecimiento medio de las cuentas autonómicas, que alcanzar el 21,%.

Rodríguez anunció la convocatoria en 2026 de unas 1.500 plazas docentes, lo que supondría “cubrir de nuevo el 120% de las plazas autorizadas por el Gobierno del Estado”. Asegura que, desde el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT en vísperas de la convocatoria de elecciones autonómicas, el presupuesto destinado a personal se ha incrementado en 160 millones e euros. La tres centrales —con una representatividad conjunta que ronda el 40% del profesorado— han llevado ante la justicia el pacto por los incumplimientos de Educación.

Los números del conselleiro no han convencido a la oposición. Según recoge Europa Press, la diputada del BNG María Cristina Fernández ha considerado “penoso” que para Rodríguez “sea un récord disponer de 3.000 millones euros de presupuesto” y, en puertas de la huelga, lamentó que “el PP prescinda de partidas suficientes para disponer de lo más básico, de personal”. Por su parte, el socialista Aitor Bouza denunció que los presupuestos “no responden a las necesidades que tiene la educación en Galicia” y que la inversión “decrece” respecto al total.