El Director General de Casa África, Luis Padrón, y todo el personal de la institución ha querido mostrar su pesar por el fallecimiento el pasado domingo del escritor Antonio Lozano.

Para Casa África, dice la institución en un comunicado, “Antonio ha sido una persona trascendental y su colaboración durante estos años de actividad ha sido una enorme fuente de inspiración y aprendizaje”.

El escritor, y también profesor, “fue desde el inicio de nuestra actividad miembro del Consejo Asesor de la institución”, explica la nota. Fue, además, “el coordinador de nuestro programa Letras Africanas, y sin su saber y conocimiento, este no hubiese alcanzado desde sus inicios las cotas de calidad por la que se nos ha reconocido”.

Casa África también ha mencionado a su Club de Lectura, que “le estará siempre en deuda, ya que no solo lo coordinó en sus inicios sino que durante su existencia lo ha acompañado y cuidado, de todas las formas posibles”.

La figura de Antonio Lozano es considerada en Casa África como la de “un maestro y un pionero en su empeño por dar a conocer las realidades africanas menos conocidas”, “un portavoz fundamental para descubrirnos toda la riqueza cultural del continente y dar voz a muchos de sus intelectuales y figuras destacadas, para nosotros ya amigos y amigas de esta institución”.

“Además de un grandísimo profesional, magnífico escritor, incansable africanista e impulsor en el sureste de Gran Canaria del imprescindible Festival Encuentro Teatral Tres Continentes-Festival del Sur con el que desde nuestra creación hemos sido cómplices y colaboradores, queremos incidir especialmente en la huella que como persona ha dejado entre todos nosotros”, expresa Casa África.

“Sentimos muchísimo su pérdida y trataremos de mantener vivo su legado”, concluye la nota.

El escritor y profesor Antonio Lozano, hijo adoptivo de Agüimes, ha fallecido este domingo a los 63 años. Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter el alcalde de dicha localidad, Óscar Hernández.

Lozano, nacido en Marruecos en 1956, se trasladó en 1984 a Gran Canaria. Allí se licenció en Traducción e Interpretación por la ULPGC y en 1987 se unió al equipo de gobierno municipal de Agüimes como concejal de Cultura y Desarrollo Local.

Fue el encargado de poner en marcha el Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes, un evento que reúne a compañías de África, América y Europa con el fin de crear un espacio para el encuentro y el diálogo entre las culturas de los tres continentes vinculados al archipiélago canario y que dirigió hasta la vigésimo segunda edición, ocupándose actualmente de la programación de actividades paralelas.

Antonio Lozano puso en marcha igualmente el Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüimes.

Tras abandonar la concejalía en el año 2003, Lozano se incorporó al Instituto Joaquín Artiles de Agüimes como profesor de francés.

Su labor en la promoción cultural en las Islas Canarias como nexo con América y África han hecho de Lozano una figura fundamental en el ámbito cultural, social y artístico.

Entre sus obras más destacadas se encuentran Harraga (Zoela, 2002, Las cenizas de Bagdad, que ganó la XXIII edición del premio de novela Benito Pérez Armas, o su última novela, Nelson Mandela. El camino a la libertad, publicada por Anaya en febrero de 2018.

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Los directores generales de Presupuestos de la Junta entre 2002 y 2012, Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, han recurrido su segunda imputación en el caso de los ERE. La jueza Alaya, después de que la Audiencia revocara el auto del pasado junio, volvió a imputarles e intentó tomarles declaración este mismo lunes, a lo que se volvieron a negar. Ahora, en su recurso, son ellos los que lanzan las preguntas, hasta un total de once concretas sobre su supuesta participación delictiva.

Ambos se negaron a prestar declaración, alegando que Alaya, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ya no es la competente para seguir investigando la causa ya que debe enviarla al Tribunal Supremo. Ninguna de las partes solicitó en esta ocasión medidas cautelares contra los imputados. “Los directores generales de Presupuestos no tienen facultades para ordenar nada respecto a la formación del Presupuesto de las distintas consejerías, ni de impedir que se introduzca ninguna clase de crédito, ni de dictar resoluciones, ni de realizar ninguna tarea de control sobre la legalidad de los gastos”, señala su abogado con contundencia.

El largo recurso de apelación, de 115 folios, se centra en cuestionar que “no resulta concretada, de modo constitucionalmente satisfactorio, la participación que tendrían los imputados en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les atribuye”, añadiendo que el auto de imputación “incurre en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la no indefensión por manifiesta falta de hechos típicos que especifiquen qué concreta participación tuvieron” tanto Lozano como Aguilera.

“¿Cuál hubiera sido el comportamiento exigible por parte de los directores generales de Presupuestos, impedir o cambiar el Anteproyecto, el Proyecto o la Ley de Presupuestos en cuya formalización y aprobación mis representados no tenían ninguna facultad?” ¿Actuar con frontal oposición (suponiendo que fuera ilícita) a la inclusión en los Anteproyectos de las transferencias de financiación? ¿Negarse a tramitar las modificaciones presupuestarias?“, pregunta el letrado José María Mohedano en el escrito dirigido a la Audiencia.

Añaden que, “suponiendo que ello se hubiese dado y aún que hubieran permanecido en el ejercicio de sus cargos, ¿ello habría impedido que el Parlamento no se hubiese encontrado con un Anteproyecto de Presupuestos que hubiera incluido esa partida, por ejemplo a través de la vía de enmienda? ¿Se hubiera imputado entonces al Diputado que había formulado la enmienda o a todos los que la hubieran votado favoreciendo su inclusión en la Ley? ¿Qué soberanía o atribuciones tenía Antonio Lozano para impedir la consignación de partidas presupuestarias en las transferencias de financiación, primero en el Anteproyecto, luego en el Proyecto y finalmente en la Ley de Presupuestos?”.

“¿En qué norma legal se establece que la Dirección General de Presupuestos constituye un órgano de control?”

“Y en todo caso, ¿qué clase de resolución con carácter decisorio o fuerza ejecutiva es el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos, Anteproyecto, que, por otro lado, mis representados ni aprobaron ni firmaron porque no estaba dentro de sus competencias hacerlo? ¿Con qué rigor se puede afirmar que mis representados intervinieron en la inclusión de esta partida supuestamente inadecuada (las transferencias de financiación) en el Presupuesto? ¿Qué atribuciones tenían Lozano y Aguilera para introducir partidas supuestamente ilegales en el Presupuesto?”, peguntándose principalmente “¿en qué norma legal se establece que la Dirección General de Presupuestos constituye un órgano de control o policía del Presupuesto en formación, hasta que el Parlamento lo aprueba, y tampoco de la Ley de Presupuestos aprobada y susceptible de modificación ulterior por el propio parlamento o mediante actos de variación de los créditos de diversos órganos competentes?

“¿Qué idea tiene el juzgado de lo que es un Parlamento Democrático que no sólo se deja introducir partidas ilegales y que además es susceptible de ser engañado mediante el encubrimiento del destino final que se quería dar a la autorización del crédito con el fin de otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal?”, insiste el recurso de los exdirectores.

El recurso apunta que el auto enuncia los delitos pero no establece la necesaria conexión entre los elementos típicos de estos delitos con los hechos atribuidos a los exdirectores de Presupuestos y que la instrucción, en el denominado 'procedimiento específico', padece de “una clara confusión de dos realidades bien diferenciadas en el Derecho Presupuestario: crédito y gasto”.

En el escrito, complejo técnicamente, defiende que “las transferencias de financiación están presentes en el ordenamiento estatal, autonómico y local” y que “no es una singularidad de Andalucía que permita demonizarlas, como dice la instructora”. Asimismo, detalla el proceso de elaboración del Presupuesto y el papel del Parlamento en la elaboración del mismo, así como la modificación en 2010 de la aplicación presupuestaria y la instrucción 1/2009, que “no pueden ser constitutivas de delito porque afecta a los créditos no a la ejecución del gasto y por tanto no tienen obligación de ser gastados. Solo supone una habilitación que modifica el límite máximo de crédito. Igual que

lo aprobado por el Parlamento“.

Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, exdirectores de Presupuestos de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2012 e imputados en el caso de los ERE por presunta malversación y prevaricación, se han negado a declarar por segunda vez ante Alaya porque, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, entienden que la jueza ya no es la competente para seguir investigando la causa ya que debe enviarla al Tribunal Supremo. Ninguna de las partes ha solicitado en esta ocasión medidas cautelares contra los imputados.

Ni siquiera Lozano y Aguilera se han ratificado en las declaraciones que tuvieron lugar el pasado septiembre alegando que ni conocían entonces los cargos que se les imputaban ni sabían de la presencia en el caso de determinados informes, fundamentales a juicio de su defensa, principalmente el de los interventores de la Junta en la que señalaban que las transferencias de financiación no eran un instrumento ilegal.

Anticorrupción ha pedido en varias ocasiones en las últimas semanas que el juzgado que dirige Alaya debería despiezar el caso y enviar la causa o parte de ella al Supremo por la posible presencia de personas aforadas. La jueza, aunque hasta el momento se ha resistido a ello, ha comunicado recientemente que acabaría “en breve plazo” la instrucción.

El abogado de los exaltos cargos, José María Mohedano, ha destacado el hecho de que este lunes “ni las acusaciones populares” han pedido medidas cautelares y que, si la jueza Alaya acordara alguna, “se produciría indefensión y se pondría en duda el principio de imparcialidad”. Asimismo, ha recordo que el segundo auto de imputación contra sus clientes está recurrido en la Audiencia (al igual que lo estaba el de Magdalena Álvarez, ahora ratificado). Ha comentado que el caso de los ERE “está siendo aprovechado políticamente” y que se está “criminalizando” un procedimiento en el que pudiera haber “discrepancias presupuestarias” o “algunas acciones presuntamente delictivas”, defendiendo la “inocencia” de los exaltos cargos que representa.

La Audiencia de Sevilla había anulado en abril el auto de comienzos del verano pasado en el que imputó a Lozano y a su sucesor, Buenaventura Aguilera. La Audiencia entendió que la jueza no había concretado los hechos por los que estarían implicados en los ERE. Tanto en un reciente auto como en la comparecencia de este lunes de ambos, Alaya ha reproducido la declaración que les fue leida con carácter previo a sus declaraciones, que se produjeron los pasados 19 de septiembre y 24 de septiembre pasados.

La secretaria judicial del juzgado que investiga el caso de los ERE ha dictado un decreto por el cual devuelve a Antonio Lozano, exdirector de Presupuestos de la Junta, la cantidad de 618,17 euros de sus saldos bancarios que había depositado en la cuenta de depósito y consignaciones del juzgado, junto a un par de bienes inmuebles, para hacer frente a la fianza civil de 46,6 millones que se le impuso. La medida del juzgado de Alaya se toma después de que la Audiencia de Sevilla anulara su imputación en un auto conocido este martes, sobre el que Alaya aún no se ha pronunciado.

La jueza alza igualmente los embargos trabados sobre los bienes inmuebles designados por Lozano como el embargo telemático de las devoluciones de la agencia tributaria y los saldos bancarios de Lozano. Los bienes son una finca urbana en Málaga y una tercera parte de una finca urbana en Andújar (Jaén).

El juzgado solicita que se expida el correspondiente mandamiento de devolución a favor de Lozano por importe de 618,17 euros en concepto de devolución de las cantidades embargadas a cuenta de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento que instruye la jueza.

Consideran que les produjo "una grave indefensión" que la declaración del exinterventor delegado de Empleo y documentos anexos trascendieran a las partes 14 meses después de haberse producido.

La defensa de Lozano y Aguilera insiste en que "una posible discrepancia técnica o presupuestaria sobre cuál es el instrumento presupuestario más adecuado no puede servir de base a una imputación penal".

El informe de los cuatro interventores de la Junta que ratificaba el uso impropio de las transferencias de financiación, pero no ilegal, y que vio la luz entre las partes 14 meses después de su emisión, está siendo recuperado por aquellos que creen que su “ocultación” les ha podido perjudicar. La defensa de los exdirectores de Presupuestos imputados en los ERE, Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, han pedido la nulidad de las declaraciones que prestaron en sede judicial los pasados 19 y 24 de septiembre, y las consuecuentes fianzas de responsabilidad civil a las han de hacer frente (que suman más de 47 millones de euros) porque el hecho de no saber de la existencia del informe, conocido por la jueza Mercedes Alaya, les produjo “una grave indefensión”.

En un escrito dirigido al juzgado, el letrado José María Mohedano dice que Alaya tuvo en su poder y dispuso de la declaración de julio de 2012 de Juan Luque Alfonso, interventor delegado de la Consejería de Empleo, y la utilizó expresamente en la declaración del exinterventor general Manuel Gómez Martínez el 25 de julio de 2013. “Pero la defensa de mis representados no pudo hacer preguntas en relación con aquella declaración y documentación porque se había sustraído a su conocimiento, sin que nada justifique que la declaración del señor Luque y documentos anexos se presentara en el juzgado por la Guardia Civil 14 meses después y también dos meses después de que una de las partes en este proceso hubiera puesto de manifiesto por escrito que la juez la había tenido a su disposición, sin que la conocieran las partes”, denuncia esta defensa.

El hecho de que Alaya, sin entregar a las partes dicha declaración y documentos anexos, tomara declaración y resolviera sobre la adopción de medidas cautelares, supone “una grave vulneración” para el derecho a la defensa, ya que en ellos se basaba para interrogar a los imputados y para adoptar resoluciones de imputación “sin que las partes dispongan de las mismas”. En este caso, a juicio del abogado, “la declaración del señor Luque tiene una relevancia fundamental, si consideramos cual es la tesis incriminatoria que ha traído a mis mandantes al presente procedimiento”.

Teniendo en cuenta que la imputación de Lozano y Aguilera se basa en el uso inadecuado las transferencias de financiación en el proceso de elaboración del anteproyecto de los Presupuestos y de modificación de los mismos, “el carácter inadecuado del uso de las transferencias de financiación está contradicho por la documentación aportada por el señor Luque, de la que disponía la jueza al interrogar al señor Lozano y al dictar contra el mismo el auto de medidas cautelares, pero que no se puso a disposición de las partes con anterioridad”, insiste Mohedano, que añade en la línea general de defensa que “una posible discrepancia técnica o presupuestaria sobre cual es el instrumento presupuestario más adecuado no puede servir de base a una imputación penal”.

Según el escrito, lo relevante es tener en cuenta que la tesis incriminatoria del auto de 28 de junio, en el que se imputaba a una veintena de exaltos cargos de la Junta, entre ellos estos dos exdirectores de Presupuestos, parte de la implícita consideración de que ha existido un uso indebido de un mecanismo presupuestario concreto, como son las transferencias de financiación. Entiende la defensa que Alaya siempre ha preguntado sobre la adecuación del uso del mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación y en algún caso, como el del señor Lozano, todas las imputaciones y preguntas estaban claramente vinculadas a las transferencias de financiación.

Por eso, el abogado de los exaltos cargos entiende que dicha circunstancia les produjo una grave indefensión, ya no sólo en el acto de sus propias declaraciones sino también en la declaración de los demás imputados, pues se les privó de la posibilidad de preguntar sobre dicha documentación, entre otros, al que fuera interventor general Manuel Gómez y, por supuesto, se les privó también de la posibilidad de utilizar el contenido de dicho documento en sus alegaciones en la oposición a las medidas cautelares.

Antonio Lozano, cesado este viernes a petición propia, declara como imputado este jueves por tener, explica la jueza de instrucción Alaya, una "importante intervención" en las modificaciones presupuestarias que se investigan en el caso de los ERE.

El abogado de Lozano denuncia que la jueza ni ha resuelto ni ha trasladado a la Audiencia el recurso al auto de imputación interpuesto hace ya dos meses.

Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia con tres consejeros, está citado este jueves por la jueza del caso de los ERE para declarar como imputado por su supuesto conimiento de los hechos cuando fue director general de Presupuestos, entre los años 2002 y 2009. Lozano recurrió su imputación pero, según su abogado, su escrito está “paralizado” por Mercedes Alaya, que “no le ha dado traslado a la Audiencia ni tampoco lo ha resuelto”. El día en que declara, este jueves 19 de septiembre, se cumplirán justamente dos meses desde la interposición del recurso, presentado el 19 de julio.

Lozano, según el auto de imputación del 28 de junio, tuvo una “importante intervención” en las modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza, “donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito para el pago de las subvenciones laborales de la partida 3.1.L”.

La defensa del que fuera viceconsejero de Presidencia hasta este pasado viernes, cesado a petición propia, señala en su recurso de reforma y subisidiario de apelación que Alaya “parece desconocer que la preparación de las distintas partidas presupuestarias y de los presupuestos corresponde a los distintos departamentos de la Administración, por lo que no hay ninguna duda en afirmar que esos programas no son elaborados por la Dirección General de Presupuestos, que se limitan a componer la información que le es remitida por los distintos departamentos del Gobierno”.

El abogado José María Mohedano, que se ha mostrado en contra de las actitudes de la jueza, tachando de “inquisitoriales” sus formas ante imputados y letrados, argumentaba en su recurso que el auto de imputación “no narra ni siquiera indiciariamente hechos punibles y es absolutamente incompleto e incumple el derecho de los imputados a conocer la imputación”, sin que se mencione “ni un artículo del Código Penal”, lo cual “genera ya de entrada una flagrante indefensión”, “sin designar infracción o describirla”.

El recurso, presentado en representación de Lozano y también de su sucesor en Presupuestos, Buenaventura Aguilera, promueve la nulidad del auto porque los hechos narrados “no serían constitutivos de ninguna infracción penal”. Sobre las transferencias de financiación se detiene pormenorizadamente. Por ejemplo, dice el recurso que son presentadas como “actos de clara significación penal por el juzgado por el solo hecho de su supuesto carácter extraordinario cual si eso significara prohibido”. Es una materia sobre la que Alaya “carece totalmente de competencia para pronunciarse”, entiende el abogado José María Mohedano.

En este punto, Mohedano apoya la tesis de la Junta relativa a que la herramienta era legal porque la sustentaban las sucesivas leyes de presupuestos, si bien “la instructora se atribuye tácitamente nada menos que la competencia para juzgar los actos del Poder Legislativo”, comenta el escrito presentado ante la Audiencia, que califica de “vago discurso” que subyace en su resolución a la hora de “atribuir un comportamiento delictivo a la Cámara”, algo “inapropiado y fuera de lugar”.

La juez Alaya, por otro lado, dictó recientemente un auto en el que prohíbe a una serie de letrados asumir la defensa de dos cargos o ex altos cargos de la Junta al mismo tiempo, todo ello con el objetivo de “impedir la indefensión que la disparidad en las situaciones procesales de las partes produciría”. Al respecto, Mohedano ha explicado que sus dos clientes siguen queriendo que les asista en sus declaraciones como imputados. La de Buenaventura Aguilera está prevista para el próximo 24 de septiembre.

La instrucción del caso de los ERE por parte de la jueza Alaya vuelve a ser cuestionada por la no imputación de ninguna persona aforada. En este caso, a la defensa de los directores generales de Presupuestos de la Junta en el período 2002-2012 le llama “poderosamente la atención” que “salve” a determinados altos cargos en según qué períodos y denuncia muy explícitamente que haga una “selectiva imputación”.

El viceconsejero de Presidencia e Igualdad de Susana Díaz, Antonio Lozano, exdirector general de Presupuestos (2002-2009), y su sucesor, Buenaventura Aguilera (2009-2012), han recurrido su imputación después de que fueran incluidos en la lista de una veintena personas con alta responsabilidad en la Junta en esos años y con presunta participación en el caso.

En el recurso, el abogado José María Mohedano, en representación de ambos, hace hincapié en dicho aspecto, incidiendo directamente en que “ningún aforado está imputado y prácticamente todos los no aforados están imputados”. “No se entienden las razones de tan selectiva imputación pero lo que evidencia es que las imputaciones no están motivadas” y que las personas aforadas “no han sido, incomprensiblemente, imputadas”.

El letrado se apoya en un auto de abril de 2012 en el que se menciona a José Antonio Viera como superior jerárquico del entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, apuntando que “no dirige la imputación contra Viera en nuestra opinión porque se trata de un aforado y a lo largo de toda la instrucción ha intentado eludir la imputación de cualquier aforado”.

También critica la imputación en general de determinadas personas señalando que Alaya extiende “el radio de posibles responsables prácticamente a todo aquel que hubiera tenido una relación aunque fuera simplemente burocrática con los implicados”.

El recurso incide en que Alaya no explicita los hechos por los que se les imputa, una posición que han trasladado en varias ocasiones representantes de la Junta de Andalucía, como el propio presidente cuando se le preguntó sobre el tema, algo que genera indefensión, según los recurrentes, pues “mal puede defenderse una persona de una imputación que no conoce”.

“El auto que se impugna adolece de nulidad de pleno derecho y de los defectos de forma en los actos procesales que implican ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin por lo que determina una efectiva indefensión”. Según consta en el recurso, “el auto no narra ni siquiera indiciariamente hechos punibles y es absolutamente incompleto e incumple el derecho de los imputados a conocer la imputación”, sin que se mencione “ni un artículo del Código Penal”, lo cual “genera ya de entrada una flagrante indefensión”, “sin designar infracción o describirla”.

Alaya “se atribuye la competencia para juzgar los actos del Poder Legislativo”

El recurso ante la Audiencia promueve la nulidad del auto de imputación de los dos exdirectores de Presupuestos de la Junta porque los hechos narrados “no serían constitutivos de ninguna infracción penal”. Sobre las transferencias de financiación se detiene pormenorizadamente. Por ejemplo, dice el recurso que son presentadas como “actos de clara significación penal por el juzgado por el solo hecho de su supuesto carácter extraordinario cual si eso significara prohibido”. Es una materia sobre la que Alaya “carece totalmente de competencia para pronunciarse”, entiende el abogado José María Mohedano.

El recurso, en este punto, apoya la tesis de la Junta relativa a que la herramienta era legal porque la sustentaban las sucesivas leyes de presupuestos, si bien “la instructora se atribuye tácitamente nada menos que la competencia para juzgar los actos del Poder Legislativo”, comenta el escrito presentado ante la Audiencia, que califica de “vago discurso” que subyace en su resolución a la hora de “atribuir un comportamiento delictivo a la Cámara”, algo “inapropiado y fuera de lugar”.

Recoge también lo dicho por el exinterventor general Manuel Gómez en la comisión parlamentaria y en su declaración judicialsu declaración judicial sobre el “rango de ley” de la figura de la transferencia de financiación. Al respecto cita la “controversia contable” a la que se refirió Gómez. El recurso dice “que la señora instructora convierta en su resolución una controversia contable en una sospecha de ilegalidad de la actuación de todos los altos cargos de la Junta de Andalucía -todavía sólo los no aforados- en las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda y que invada las competencias del Parlamento andaluz dudando de las decisiones de aquel y de la propia Ley de Presupuestos es algo intolerable e inaceptable en un miembro del Poder Judicial”.

“La instructora parece desconocer que la preparación de las distintas partidas presupuestarias y de los presupuestos corresponde a los distintos departamentos de la Administración, por lo que no hay ninguna duda en afirmar que esos programas no son elaborados por la Dirección General de Presupuestos, que se limitan a componer la información que le es remitida por los distintos departamentos del Gobierno”, explica el representante judicial de estos dos imputados.

“Perjuicio en la buena fama y dimensión pública”

El recurso también destaca el supuesto daño que se le ha ocasionado a Lozano y Aguilera en su imagen. “Ya bastantes consecuencias han sufrido desde el 28 de junio”, fecha del auto, “en su imagen pública y en su reputación las personas que, ocupando cargos públicos o no, se han visto relacionadas con este procedimiento penal sin haber tenido previamente ninguna comunicación del juzgado”. En opinión del abogado, esto ha causado un “perjuicio en la buena fama y dimensión pública de los afectados en forma de deterioro de su imagen pública y menoscabo de su honor”, algo que “no es algo absolutamente ajeno al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla”.

El contenido del auto fue “divulgado antes de que tengan la más mínima posibilidad de defenderse”, antes de que fueran notificados, respectivamente, el 13 y el 15 de julio. “Al estar comprometido el corazón mismo de derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías”, consideran que “las carencias argumentales son palmarias”.

“No es posible imaginar una mayor y más radical muestra de indefensión que la presente, que recuerda las llamadas a juicio en tiempos anteriores al Estado de Derecho”, concluye el recurso presentado por los dos altos cargos.

El abogado José María Mohedano, que se ha personado en el caso de los ERE en representación del viceconsejero de Presidencia e Igualdad, Antonio Lozano, y del también exdirector general de Presupuestos de la Junta, Buenaventura Aguilera, ha denunciado ante los medios las formas en que la jueza Mercedes Alaya interroga a los imputados, diciendo que son “más propios de un juez inquisitorial y preconstitucional que de uno constitucional” y que, además, “cercena la espontaneidad del imputado”.

Es la primera vez que Mohedano se presenta en el juzgado que investiga el caso de los ERE, en representación de dos exaltos cargos de la Junta, y ha criticado que Alaya haya contemplado “incompatibilidad” a la hora de preguntar durante la declaración del exinterventor general de la Junta por el hecho de defender a dos personas al tiempo (Lozano y Aguilera), lo que supone “un elemento más de vulneración del derecho a la defensa”.

Sobre la actitud de Alaya ha criticado también que use “permanentes desmentidos y reconvenciones” en el imputado, que impida a los letrados hacer uso del móvil dentro de la sala de declaraciones (Mohedano se ha negado en principio por considerarlo una “falta de dignidad” aunque ha tenido que entregarlo) y que “cuando dice algo que no le gusta, la jueza intenta que lo diga hasta escuchar lo que quiere oír”.

Según ha detallado el abogado ante los medios, la jueza “ha considerado impertinente” una pregunta acerca de lo que dijo el imputado Manuel Gómez en la comisión parlamentaria de investigación, cuestionado en aquel momento por el Grupo Popular, acerca del uso legal o no de las transferencias de financiación porque, según Alaya, “ya se había preguntado antes”. Al respecto ha pedido que constara en acta su queja formal en este aspecto y también en lo relativo a que no pueda preguntar por representar a dos personas a la vez.

También se ha quejado públicamente Mohedano de que la jueza esté “continuamente interrumpiendo” al declarante, en este caso Gómez Martínez, y “reformulando su respuesta”, llegando a equivocar al imputado en momentos “en los que no sabe qué está respondiendo”. Según ha asegurado, cuando les llegue el turno de declarar como imputados a sus clientes, a mitad del próximo mes de septiembre, pedirá que “se graben” los interrogatorios. “¿Por qué no quiere que se grabe?”, se ha preguntado el abogado.

Asimismo, Mohedano considera “inadmisible” que hayan tenido que esperar “una hora y 45 minutos”, lo que “vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ya que, además, “no refleja en el acta cuándo empieza ni cuanto dura realmente la declaración”.

Antonio Lozano Peña y Buenaventura Aguilera Díaz fueron directores generales de Presupuestos (2002-2009 y 2009-2012, respectivamente) y han recurrido su imputación ante la Audiencia Provincial, según ha informado su abogado, quien también se ha lamentado de que su escrito “aún esté en el juzgado, que no lo ha elevado ante la Audiencia”, argumentando también este punto “indefensión” para sus clientes.