El 97 por ciento de la superficie forestal pública de la comunidad autónoma cuenta con un plan técnico de gestión forestal sostenible, lo que de acuerdo con Gobierno regional coloca a la Región de Murcia a la cabeza de España en cuanto a porcentaje de superficie forestal pública ordenada.  

Además, gracias a las ayudas a montes privados, cofinanciadas por la Comunidad Autónoma y fondos FEADER, se ha redactado un “número notable” de planes técnicos de gestión forestal sostenible en montes privados. De forma que, en los últimos años, se ha hecho “un importante esfuerzo para garantizar la gestión forestal sostenible de los montes de la Región”, según manifestó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en el acto de entrega de diplomas de adhesión a gestores de montes y empresas forestales de la Región. 

La certificación como garantía de que los productos derivados de los bosques responden a un modelo de gestión forestal responsable es el objetivo del Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal sobre el que viene trabajando la Comunidad Autónoma a través de la Consejería. 

Luengo ha asegurado que la certificación forestal se ha convertido en los últimos años “en la mejor garante de la trazabilidad de los productos derivados de los bosques desde su punto de origen, pasando por transformaciones, fabricaciones y distribuciones, hasta el usuario final”. Subrayó que “no es una cuestión menor en nuestros días, cuando las exigencias en materia de sostenibilidad se convierten en una verdadera necesidad que ha de ser afrontada con plena convicción y verdadero sentido del compromiso y la responsabilidad”. 

De acuerdo con la consejería, la certificación forestal cuenta con unos claros beneficios, tanto ambientales como sociales, como son la prevención de talas ilegales y el control de trazabilidad de los productos forestales; el fomento de la gestión forestal sostenible en los montes que son objeto de aprovechamiento; la contribución a una economía baja en carbono; el acceso a nuevos mercados y un mejor posicionamiento en licitaciones públicas; o el fomento del desarrollo rural y la reducción de la despoblación en zonas rurales. 

Asimismo, la certificación de una gestión forestal sostenible se traduce en una concatenación de certificaciones: montes certificados, de los que empresas certificadas extraen productos que obtendrán, a su vez, su certificación. 

Certificaciones 

En los últimos años, se han certificado 23 montes, de los cuales 16 son públicos y siete privados, de modo que todos los productos obtenidos de los mismos son potencialmente certificables. Para llegar a ese punto, las empresas involucradas en el desarrollo de trabajos de aprovechamiento y comercialización de biomasa también deben estar certificadas. Por ello, el Grupo Operativo Biomasmur estableció entre sus objetivos la certificación en cadena de custodia de 11 empresas forestales de la Región de Murcia. 

Además, el pasado año se creó el Grupo Operativo Biofomento, que aglutina a ocho de las empresas forestales certificadas y que ha trabajado en la creación de un centro logístico en el que se comenzará a producir biomasa certificada bajo el sello del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal. “Así, las empresas certificadas pueden acceder a nuevos mercados en condiciones de revalorización económica del producto y también se garantiza la sostenibilidad de los mismos, ya que se asegura que proceden de montes certificados, cerrando de este modo un círculo virtuoso”, concluyó Luengo. 

“Muy complicada”. Así describe Antonio Luengo, director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha la situación que se encontró hace poco menos de cuatro años, al recibir el cargo de manos del PP. Están, por un lado, las cuestiones que han llegado abiertamente a la opinión pública, como el “célebre” memorándum del río Tajo, que “hipotecaba” la situación del río en su cabecera. Por otro lado, hubo otras más alejadas que suponían un retroceso difícil de atajar, como entrar después de que se cumpliera el plazo para poner alegaciones a los planes de cuenca.

“En Castilla-La Mancha, salvo el Miño, tenemos todas las cuencas importantes del país”, recalca Luengo. Esta, recuerda, fue una “limitación importantísima”, con temas como el plan especial del Alto Guadiana, el Centro de Intercambio de Derechos del mismo río, o lo que ocurría en el río Júcar. “Todas las cuencas intracomunitarias estaban dentro de la demarcación del Júcar y esto lo hipotecaba”, explica. “Es el río más castellano-manchego, por así decirlo, y esto iba en favor de ríos de fuera de la región como el Vinalopó o el Turia y por eso tuvimos que trabajar mucho, fue un desafío”.

Pero no sólo fueron estos ríos “hipotecados”, sino que también hubo otra cuestión “dantesca”: la depuración. “Habían parado todo el programa de la depuración, de la construcción de depuradoras que eran ineludibles”, asegura Luengo. Entre ellas, más de setenta municipios que se enfrentaban a procedimientos de sanción europea por no contar con una depuración “conveniente”. En cifras, se trataba de 157 depuradoras y 215 millones de euros. “Evidentemente tuvimos que empezar a retomarlo y esto fue un problema”, asegura. 

Logro social del agua

Sin embargo, no todo fue negativo. Y de hecho, existen éxitos que sí quieren celebrar desde la Agencia del agua, especialmente lo que consideran un “logro social” que fue poner encima de la mesa la necesidad de la defensa del agua y su importancia en cuanto a la riqueza, al desarrollo y la evolución socioeconómica de la región. “La gente tiene que tener conciencia y hablo no sólo del Tajo-Segura, sino de todo. Del Guadiana, del Tajo, del Júcar, del Segura”, recalca. 

Para ello, recuerda que han trabajado dialogando con asociaciones de “todo tipo”, desde los regantes hasta los ecologistas, pasando también por las autoridades municipales. “Esto ha sido de lo más importante que hemos hecho”, afirma. Pero este tipo de trabajo se complementa atacando los principales problemas que se han encontrado, trabajando por recuperar las infraestructuras paralizadas para que exista “suficiente agua en abastecimiento, de calidad y luego también depuración”. “Es imposible que una región no afronte el problema del ciclo integral del agua”, remata Luengo.

Esto servirá, afirma, para lograr el abastecimiento de calidad y también para no deteriorar el medio ambiente. “Esto es importante y es algo en lo que hemos avanzado mucho. En la calidad del agua, porque hoy no tenemos prácticamente ningún núcleo sin abastecimiento y ahora tenemos que avanzar en el tema de calidad, hemos avanzado muchísimo en la depuración”, describe. Para ello, el Gobierno regional ha invertido más de cien millones de euros, un esfuerzo “importantísimo” para “cerrar el ciclo integral”. “Tenemos un programa terminado, a falta de algún trámite administrativo para la depuración integral de la región”. 

Situación “diferencial” tras el cambio de Gobierno

“Mientras que el objetivo del PP fue parar el sistema, nosotros lo hemos dinamizado. Evidentemente no es fácil. No siempre se llega a todo, es lento muchas veces. Pero nosotros lo tenemos bien definido y bastante avanzado”, reflexiona Luengo. Y a esto, además, se suma el cambio de Gobierno de España, que ha supuesto una situación “diferencial” que ha permitido establecer un dialogo entre administraciones. “Desde los trasvases, cesiones de derechos, la situación del Guadiana, planificación y la importancia de la depuración”, afirma Luengo. 

A pesar de que lamenta la lentitud con la que se pueden llevar algunos procesos, recalca que este dialogo con el Gobierno de España ha logrado que se aceleren cuestiones como el del proyecto de Morillejo, que incluye el abastecimiento de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía. “Lo hemos acelerado y nos hemos encontrado con problemas que ni se habían tocado, muy concretos y que paraban la obra”, relata. Y la importancia, señala, es que el abastecimiento se realiza desde el Tajo con agua de “calidad” y para muchos pueblos. “Los sondeos de muchos pueblos no eran suficientes y no estaban suficientemente mantenidos”, recalca. 

De cara al futuro, Antonio Luengo tiene claro que existen cuestiones “fundamentales”, que parten de la revisión de los planes hidrológicos que se deben cumplir en abril y son necesarios para saber “hacia donde va el agua en Castilla-La Mancha”. “Para eso tenemos que reunirnos todos los agentes sociales. Esto es urgente y perentorio”, recalca. Igualmente, aboga por trabajar para mejorar el abastecimiento de la región, y, a la vez, mejorar la calidad del agua. 

Más de 106 millones de euros. Esta es la deuda no pagada a Castilla-La Mancha que le correspondería como compensación económica por el trasvase Tajo-Segura, según la Agencia del Agua, desde que en el año 1986 el Gobierno central acordara compensar a las autonomías por los caudales cedidos a la cuenca del Segura. Así lo ha dado a conocer su director gerente, Antonio Luengo, durante la Comisión de Medio Ambiente y Agua en la que además ha informado sobre el precio del agua de los trasvases, las actuaciones realizadas por la Agencia del Agua en la presente legislatura y la situación de las inversiones en materia de infraestructuras del agua en la región.

En relación con las tarifas, la Agencia del Agua comunicó hace dos años al Ministerio de Agricultura que las estaba aplicando mal y le solicitó una revisión que supuso una subida de precio principalmente a los del Sindicato Central de Regantes del ATS (SCRATS), que lo tiene recurrido judicialmente. “Según nuestros cálculos, actualmente la deuda no pagada a Castilla-La Mancha en tarifas actualizadas estaría aproximadamente en 106 millones de euros. Y aunque parezca que es una cuestión de futuro, solo una pregunta ¿y si mañana termina el trasvase quién paga eso? ¿Si mañana en la cabecera ya no hay agua, quién paga eso que no se ha pagado?”, señala Luengo.

El director de la Agencia del Agua ha dejado claro que el objetivo del Gobierno regional es quedarse con el agua, no que paguen las tarifas, pero que ya que se llevan el agua, “por lo menos que la paguen bien”. “Las tarifas no son la única subvención que se les da a los regantes porque hay una serie de bonificaciones encubiertas como son los costes ambientales que supone el trasvase y que no se imputan en la tarifa; como tampoco se imputan los costes de oportunidad o los costes sociales, refiriéndose a Toledo o Talavera, que han visto desaparecer su principal seña de identidad, al quedar el río Tajo convertido en una alcantarilla de Madrid desde que comenzó a funcionar el trasvase”.

Por otra parte, Antonio Luengo ha hecho balance del trabajo realizado por la Agencia del Agua en la presente legislatura. “Nos dedicamos al abastecimiento, para lo que hemos invertido casi 50 millones de euros dirigido a unas 130 actuaciones y casi 100 millones de euros en depuración”.

En cuanto a los trasvases, Antonio Luengo ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha recurrido todos y también que siete trasvases durante esta última legislatura de Mariano Rajoy se hicieron por debajo de la línea de protección de los 400 hectómetros cúbicos.

Podemos: “El trasvase Tajo-Segura no compensa ni de lejos a Castilla-La Mancha”

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura no compensa “ni de lejos” a Castilla-La Mancha y ha dado a conocer la diferencia que existe entre las compensaciones que se pagan a la región por los trasvases y la riqueza estimada que genera el agua del trasvase en el Levante, “una diferencia que arroja un saldo inmensamente negativo para Castilla-La Mancha”.

“Entre 1986 y 2015, se pagaron en compensaciones a Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha 281,8 millones de euros de los cuales a Castilla-La Mancha le han correspondido 126,8 millones a lo largo de 30 años, una cantidad que es anualmente variable pero que este año es de apenas de cuatro millones de euros, y estas son trasferencias que tendrían que haber ido destinadas a la ejecución de determinadas obras hidráulicas, pero que no se ejecutan y en cualquier caso es absurdo que haya obras sin agua”.

“Ha habido un cambio de Gobierno central pero no ha habido un cambio en las políticas de gestión del agua, y ni siquiera teniendo una ministra de Guadalajara, son las mismas políticas y los mismo trasvases”, ha señalado Llorente. Por ello, ha reiterado la posición de Podemos en esta materia: “Trasvases ni al Levante ni a las macrogranjas. La mejor manera de empezar a saldar la inmensa deuda histórica contraída con Castilla-La Mancha es derogar el Memorandum del Tajo, asumir y aplicar con rigor la Directiva Marco del Agua y poner fecha ya, al cierre del trasvase Tajo-Segura”.

PP: “Page ha sido el presidente más trasvasista de la historia de la región”

“Hoy podemos decir que nos encontramos ante el Gobierno más trasvasista de la historia de Castilla-La Mancha que es el que preside García-Page y hoy podemos decir que en esta región el Partido Socialista jamás ha defendido el agua para Castilla-La Mancha y jamás ha aportado un solo hectómetro cúbico de agua en esta región”, ha asegurado la diputada del PP en las Cortes, Ana Guarinos.

Además de esto, la 'popular' ha recordado que Page tampoco ha trabajado para garantizar las inversiones que Castilla-La Mancha necesita en materia de agua, como es el caso de los municipios ribereños, “y las que se han realizado hasta la las ha puesto en marcha un Gobierno del PP”.

También ha lamentado que el Gobierno de Page no haya invertido en las estaciones depuradoras necesarias, ya que los últimos datos de ejecución presupuestaria demuestran que no se ha ejecutado el presupuesto en infraestructuras hidráulicas. “A la Agencia del Agua aún no se le ha trasferido ni un solo euro, por lo tanto, si están haciendo obras no las están pagando”, ha señalado Guarinos.

El PP, ha asegurado Guarinos, apuesta por un Pacto Nacional del Agua que evite confrontación y ha preguntado a Page a qué espera para sentarse con Sánchez y empezar a trabajar por este pacto que evite confrontaciones políticas entre regiones.

PSOE: “El precio que pagan los regantes del Levante no es el que deberían pagar”

Desde el PSOE, la diputada Carmen Torralba ha pedido a los dirigentes del PP “que sean valientes” y se unan al Pacto por el Agua que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Emiliano García-Page. En cuanto a los trasvases, la socialista ha asegurado que gobierne quien gobierne en Madrid, van a seguir luchando para que el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad. De hecho, ha recordado que se han recurrido ya 28 trasvases aprobados tanto por el ejecutivo de Rajoy como por el de Sánchez “y se seguirán recurriendo los que han aprobado en agosto, septiembre y octubre”.

Torralba además ha criticado que el precio que pagan los regantes del Levante por el agua que les llega del trasvase “no es el que deberían pagar por su coste real porque no abonan ni los costes energéticos ni los medioambientales y el 70 por ciento de la infraestructura del trasvase, después de 40 años, está todavía sin amortizar”.

El delegado del Gobierno asegura que “por primera vez” el Gobierno central “marca” un discurso “igual” en todas las CCAA

También en materia de agua, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, ha asegurado que “por primera vez” el Gobierno de España, “ha marcado un discurso que es igual de propio” en unos y en otros territorios en materia de agua.

Así se ha referido González Ramos tras una reunión con la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Llanos Castellanos, donde ha dicho que si la desalación se multiplica “por dos” se pasará de 200 hectómetros cúbicos a 400 en “prácticamente tres años”, por lo que esos 200 hectómetros cúbicos “de más se detraerían de las necesidades del trasvase”.

González Ramos ha señalado que es “moderadamente optimista”, ya que es “delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha”, pero también es “castellano-manchego”, por lo que a él le “gusta” lo que escucha para que “de una vez por todas la hipoteca que pueda tener Castilla-La Mancha durante muchos años vaya despejándose a favor de unos y de otros”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aborde esta semana o la siguiente, en el Consejo de Ministros, la declaración de sequía, vía Real Decreto, para la cuenca del Tajo y que incorpore las propuestas de la región. Así lo ha manifestado el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha de la Consejería de Fomento, Antonio Luengo, en una rueda de prensa en la que ha hablado de la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), y de las medidas urgentes que ha presentado la región al decreto de sequía que la Confederación va a proponer al Gobierno central.

“Esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta, pero no tenemos la garantía de que se adopten”, pues se trata de garantizar el abastecimiento en muchos lugares, especialmente en regadíos, ha indicado.

Un decreto de sequía que ya ha solicitado el presidente García-Page, como ha dicho el responsable de la Agencia del Agua, y que “esperamos sea serio, amplio y global que responda a las necesidades de la cuenca”, que suponga todas las obras de urgencia necesarias sobre los usos que tiene la cuenca del Tajo en cuanto abastecimiento, regadío o uso industrial.

Se trata de un decreto presentado a instancias de Castilla-La Mancha al que se han sumado la Comunidad de Madrid, Extremadura y también los regantes y, que como ha manifestado, ya se ha aprobado tanto en el Segura como en el Júcar. Por tanto “no entendemos que se esté esperando tras los últimos meses tan traumáticos” desde el punto de vista hídrico, ha dicho Luengo, en lo que tiene que ver con el río Tajo.

Las propuestas de abastecimiento en la cuenca

Las obras propuestas en abastecimiento por el Gobierno regional serían tres, dotar lo suficientemente la potabilizadora de Seseña (Toledo); la toma de Almoguera (Guadalajara), pues puede ser una alternativa al embalse madrileño de Picadas y, por último, desdoblar la tubería de Picadas, “por lo sensible que es y los problemas que se vienen produciendo desde 2014”, ha indicado. Unas obras que, para la región además de las que propone la CHT para los regadíos del canal bajo del Alberche, como es el bombeo del arroyo de Las Parras, “son imprescindibles”.

Pero también, ha asegurado, “solicitamos indemnizaciones y ayudas a los agricultores y regadíos, como ya sucede a los usuarios de la cuenca del Segura o Júcar, pues si se producen restricciones, los regantes hablaron de perder parte de las plantaciones y, por tanto, deben recuperar su capacidad productiva y económica”.

Propuestas de la CHT para la región

Según ha detallado el responsable de Agua, las medidas que propone la CHT y que afectan a Castilla-La Mancha son de cuatro tipos. En cuanto a abastecimiento, se encuentran en emergencia tanto el Tajuña (Guadalajara) como el Alberche (Toledo); y por otro, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), en la provincia de Guadalajara, que pudiera entrar en emergencia o no, dependiendo de la pluviometría; incluso el sistema de Almoguera (que abastece una parte de Picadas, Algodor y Mancomunidad El Girasol), “y en este caso, por derivación clara de la cabecera del Tajo, que está en una situación límite y que determina esta emergencia”, ha apuntado Luengo.

Por otro lado, ha explicado que se habló de realizar importantes restricciones al regadío en todos los sistemas, especialmente en el Tajuña y en el Alberche, anulando por tanto todo el regadío en ambos, y también rebajar a 12 hectómetros cúbicos en el Bornova y a 24 hectómetros cúbicos en el Henares.

También restricciones en los caudales ecológicos, fundamentalmente en el regadío del Tajuña hasta bajarlo a 150 metros cúbicos por segundo, “porque el abastecimiento se garantizaría perfectamente gracias a la escorrentía de los arroyos que van a este río. Serían por tanto los regadíos los que tendrían las restricciones al cien por cien, sobre todo porque si se afectan los caudales ecológicos inmediatamente no se puede regar”, ha apuntado.

Además, recoge bajar los caudales ecológicos en la zona del Alberche, sobre todo desde Cazalegas al Tajo, una zona que no afectaría a la flora y fauna, pues de ninguna manera desde la región “consentiríamos que se afectase a la Red Natura 2000”, ha manifestado.

Por último, en lo que se refiere a Castilla-La Mancha, la CHT solo ha propuesto dos obras: la impulsión del bombeo de Las Parras, como alternativa para el regadío en la zona del canal bajo del Alberche; y una pequeña obra en la zona Almoguera-Algodor. “Hay muchos intereses por medio, con Madrid ejerciendo una gran presión sobre el Tajo, sobre todo por usos industriales. Por eso, ”nosotros propusimos obras de mayor calado, ayudas y compensaciones a los usuarios, regantes y agricultores, porque el resto de grandes usuarios, hidroeléctricas y centrales nucleares lo tienen garantizado“, ha enfatizado Luengo.

Restricciones al consumo humano

Sobre consumo humano, Antonio Luengo ha explicado la restricción propuesta que ha tachado de “curiosa, pues cuando se analizan los planes especiales de sequía, en el Alberche concretamente, se recogen unas restricciones del 24 por ciento cuando los embalses de este río tengan 12 hectómetros cúbicos, y sin embargo ayer se estaban proponiendo restricciones del 60 por ciento en el abastecimiento humano”.

Además, ha asegurado que, a pesar de que la CHT propone estas restricciones, “desde el Gobierno regional hemos mantenido reuniones con el Canal de Isabel II para tratar de que, a través de los dos sistemas Almoguera y Picadas, ellos nos cediesen agua en Picadas y estuvieron abiertos a ello, para de esa forma no hacer restricciones de agua para abastecimiento”. Y en este contexto, ha explicado que desde la Agencia del Agua “queremos hacer una reunión de sequía con todo el sistema Picadas para que los consumos superfluos que sostienen las redes de abastecimiento (como riego de césped, piscinas o baldeo innecesario) se eviten”.

La CHT no quiere hablar del trasvase

Luengo ha explicado que el año pasado a estas alturas, en la cuenca del Tajo de forma completa, existía aproximadamente un tercio más de agua, unos 6.400 hectómetros cúbicos y ahora estamos en 4.200, “una variación importante y con algunos sistemas en Castilla-La Mancha con problemas reales para satisfacer todos los usos que se tienen asignados en el Plan Hidrológico”.

Como ha indicado, “esta situación actual del Tajo tiene una causa muy concreta y es la presión que produce el Acueducto Tajo-Segura sobre el río, y por tanto nuestra postura es muy diferente a la de la CHT”. La situación es que la pluviometría ha ido bajando en los últimos cuatro años de forma progresiva, sobre todo en los últimos cuatro meses que han sido los más secos de toda la historia, especialmente en la cabecera del Tajo y, sin embargo, en esta situación excepcional de sequía, se han producidos trasvases hacia el Segura cercanos a 1.000 hectómetros cúbicos, ha recordado.

“Cuando se habla de trasvases -ha enfatizado- es porque esas aguas serían excedentarias y por tanto no supondrían restricciones a la cuenca cedente, según marca la Ley”, por tanto con todo lo que se ha anunciado, “sería un concepto falsificado y arbitrario, pues si ahora hay restricciones es porque se han estado trasvasando aguas no excedentarias”. Un asunto que, ayer de nuevo el Gobierno de Castilla-La Mancha expuso durante la reunión, indicando que las normas de explotación del trasvase “son inservibles y están obsoletas” y no se están cumpliendo la función que deben tener, según el concepto que tiene la propia Confederación e incluso la Ley.

Por tanto, se ha pedido a la CHT “cambiar las reglas de explotación que son las que nos han traído hasta aquí, ”pero la Confederación no quiere hablar de trasvase“, porque ”si cambiasen estas reglas y hablamos de usos, el trasvase se quedaría a cero, se cerraría solo“ ha concluido.

Castilla-la Mancha estudia posibles alegaciones al proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Planificación Hidrológica en relación con los planes de sequía cuyo proceso de exposición pública quedaba abierto esta semana y que se prolongará durante tres meses, hasta el 22 de marzo de 2018.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) sostiene que pretende recoger “con el rango normativo adecuado que proporciona un real decreto” los criterios comunes de aplicación que deberán tener en cuenta todos los organismos de cuenca en la aprobación de los planes de sequía de sus respectivas demarcaciones. También establece “la adecuada definición del sistema global de indicadores que será de general aplicación para evitar distorsiones en el tratamiento de la sequía en cada territorio”.

“Para nosotros es fundamental una cuestión que es abandonar la idea de que los planes de sequía se determinen por cuencas”, señala Antonio Luengo, director-gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Pone los casos de los ríos Tajo y Guadiana, cuya parte media y alta, dice, “pueden estar en emergencia, mientras que la parte baja nos podemos encontrar con que no tienen problemas de caudal”. En opinión de Luengo, “hay que sectorizar los ríos, seguramente por sistemas de explotación y no hablar del global de cada cuenca”.

Pide al Gobierno central un “análisis objetivo y exhaustivo” del estado de las cuencas

El director-gerente de la Agencia del Agua castellano-manchega se refiere, de forma específica a la cabecera del Tajo para comentar que, durante ese periodo “solo ha tenido un estado de normalidad en dos ocasiones en los últimos 15 años. Llevarse el agua a Levante la pone en situación límite y eso también lo tienen que corregir”. Se trata, asegura, de “una obviedad que hace imposible el trasvase”.

Espera que el departamento que dirige Isabel García Tejerina realice “un análisis objetivo, exhaustivo y profundo de las cuencas y que no ocurra lo que está ocurriendo: que la sequía la determine la cuenca del Segura poniendo en emergencia la cabecera del Tajo y encima las ayudas van para ellos”. Luengo califica la situación de “surrealista” porque los regantes del Levante “desecan el Tajo y como tienen una demanda atroz de agua, superior a su capacidad hidrológica, los decretos de sequía son para ellos y toda la inversión del Estado se va al Segura y al Júcar”.

Respecto al río Júcar, Antonio Luengo sostiene que en la parte castellano-manchega del río “tiene agua suficiente pero resulta que hacemos transferencias de agua de casi 400 hm3 a otras cuencas: al Vinalopó, al Turia…Nos encontramos con que ellos entran en sequía, les damos agua pero no recibimos un duro por esa situación”.

Luengo se muestra escéptico respecto a la “buena fe” del Gobierno central con respecto al futuro Pacto Nacional del Agua. “Qué mejor que un consenso, sentarse antes de sacar adelante los planes de sequía. Tenemos un problema grave en este país por el cambio climático. Pero claro…No los veo con voluntad de pactar nada. Lo sacan por decreto, nos dan tres meses para alegar y todos vamos presentar alegaciones. Nunca llegaremos a un consenso. ¿Por qué? Pues porque todos adoptaremos posturas maximalistas. Así no se llega a un pacto”.

Su temor está en que “vayamos a tener al final unos decretos de sequía que no sirvan para nada. Nadie va a estar de acuerdo, como pasó con los planes hidrológicos. Hay que hablar”.

Castilla-La Mancha mirará con lupa la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica en relación con los planes de sequía. “Sobre todo en lo que tiene que ver con el abastecimiento humano, la agricultura o con cuestiones medioambientales, por ejemplo los caudales ecológicos que no se miden en muchos puntos del río Tajo y sus afluentes”, detalla.

Precisamente, y sobre la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Tajo a Castilla-La Mancha para reducir hasta en un 40% los caudales ecológicos de los sistemas de la cuenca que se encuentran en estado de emergencia, Antonio Luengo matiza: “En el río Tajuña, el abastecimiento empieza a resultar un problema porque el embalse de la Tajera no llega a los cuatro hm3 y hay que replantear caudales ecológicos pero ¡claro!, en circunstancias donde esté en riesgo el abastecimiento a la poblaciones y no porque haya que llevar 300 hm3 a Murcia. Si lo plantean, que se haga con seriedad”.

Además, califica de “barbaridad” que se pueda llegar a plantear un sistema de recirculación del toledano embalse de Finisterre para dotar de caudales al Tajo. “La idea es llenar este embalse con agua del Jarama que viene muy contaminada y recircularla al Tajo cuando tuviese problema de caudal. Eso no es recircular agua, es una forma de contaminación bestial. Se recoge en el Plan Hidrológico del Tajo y además con 50 millones de inversión”.

“¿Qué va a pasar con la incapacidad hidrológica de la cabecera del Tajo? ¿Qué va a pasar con el Guadiana en Ciudad Real donde es fundamental el riego? Un río con un estrés hídrico importantísimo en Castilla-La Mancha que no lo tiene en Extremadura…O con el hecho de que toda la escorrentía de agua del Sierra del Segura en Albacete se vaya a regar los campos de Cartagena porque han empezado a sembrar lo impensable. Son cuestiones que hay que determinar”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha comprometido con la Unión de Pequeños Agricultores de la región, UPA, a extender los recursos judiciales por el bombeo de agua a Murcia desde los pozos de sequía en Hellín (Albacete), situados sobre el acuífero Mingogil – Villarones, hasta los pozos que están en funcionamiento en Calasparra (Murcia) y que extraen agua del acuífero El Molar cuya masa de agua está, en el 80% , dentro del territorio albaceteño.

Según la UPA este es el compromiso que ha adoptado el director-gerente de la Agencia Regional del Agua, Antonio Luengo, con el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo tras la reunión mantenida este miércoles entre ambos. “Lo que pretendíamos es tener el compromiso del Gobierno regional. Independientemente de que los regantes vayan a recurrir la puesta en marcha de los pozos de Hellín, del acuífero Mingogil-Villarones, queremos el apoyo del Gobierno regional en las acciones legales”, asegura Morcillo que insiste que estos pozos plantean la derivación de 4,5 hectómetros cúbicos anuales de aguas subterráneas desde la provincia de Albacete hacia la Comunidad de Murcia.

Pero el colectivo de agricultores va más allá y ha solicitado al Gobierno de la región que haga extensivas las acciones judiciales no solo a la batería de pozos del acuífero Mingogil-Villarones, sino también en el acuífero El Molar, en la localidad de Calasparra y con la finalidad de destinar el agua a regadío y que plantean una derivación de 15 hectómetros anuales que sumados a las derivaciones desde el Mingogil-Villarones ascienden a 19,5 hectómetros anuales. “Se trata de un trasvase encubierto de casi 20 hectómetros cúbicos anuales”, explica el secretario regional de la UPA que asegura que son 20 hectómetros cúbicos de recursos de la cabecera del Segura, recursos “que se niegan para atender las necesidades de la comarca y que están poniendo en riesgo el futuro de 32 municipios del sureste de Albacete”

Desde la UPA aseguran que El Molar es un acuífero declarado sobreexplotado por la Confederación Hidrográfica del Segura y por ello reclaman requerimientos judiciales sobre ellos. Esta reunión entre Luengo y Morcillo se enmarca dentro de las actuaciones posteriores de la organización agraria tras la gran movilización social que tuvo lugar en Hellín el 21 de octubre. Cabe recordar que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha movilizó en Hellín a toda la sociedad del sureste de Albacete. Junto a la UPA se movilizaron la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura, UGT, CCOO, PP, PSOE; Ciudadanos, IU Podemos, delegado de la Junta en Albacete, diputados provinciales y nacionales, alcaldes y concejales, comunidades de regantes, la Asociación de Pescadores, la Asociación de Mujeres Empresarias de Hellín, la Federación de Empresarios de Hellín, la Asociación de Pensionistas de Hellín o la Asociación de Amas de Casa de Hellín. Toda la sociedad unida exigiendo la clausura definitiva de los pozos de sequía.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y municipios del sistema del río Tajuña, en la provincia de Guadalajara, mantendrán este miércoles una reunión ante la situación de emergencia, por la falta de agua, que se vive en esta zona. La Mancomunidad de Aguas del Tajuña  agrupa a 34 municipios incluida la capital de la provincia (que también bebe de las aguas del sistema del río Sorbe) o poblaciones con amplios desarrollos industriales o agrarios como Chiloeches, Almoguera, Brihuega, Horche, Mondéjar o Pastrana.

El director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, reconoce “preocupa” el sistema del río Tajuña, uno de los afluentes del Tajo en la provincia de Guadalajara y confirma que la reunión se mantendrá para “adoptar las medidas necesarias”.

Alude en particular al estado del embalse de la Tajera con 5 hm3 de agua embalsada esta semana frente a los 64 hm3 de capacidad total. “Eso significa desabastecimiento en el Tajuña”. Antonio Luengo comenta que “serán los ayuntamientos los que decidan sobre las posibles restricciones de agua. Son los que conocen cada situación individual y dónde pueden o no aplicar esas restricciones”.

Luengo recuerda que en situación de emergencia existen tres niveles. “Si llegásemos al más grave, tendríamos que adoptar medidas de restricción nosotros” (en referencia al Gobierno de Castilla-La Mancha. De momento, no es el caso. 

Luengo no contempla problemas de abastecimiento en la zona de la cabecera del Tajo, actualmente en estado de emergencia derivada de los trasvases hacia el Segura. En cuanto al estado de alerta que padece el sistema del Alberche, en el entorno de Talavera de la Reina,  no se contemplan “problemas de abastecimiento inmediato aunque se realizarán estudios para asegurarnos de que no hay riesgos”.

Respecto al sistema Sorbe, en la provincia de Guadalajara, que abastece a los municipios del Corredor del Henares, incluyendo Alcalá de Henares y que deriva parte de su agua al madrileño Canal de Isabel II, de momento “no preocupa”, pese a que el embalse de Beleña acumula solo 8 hm3 frente a los 53 hm3 posibles y sobre  todo tras “la reciente conexión entre el embalse de Alcorlo, que tiene reservas,  y la planta potabilizadora de Mohernando”.

“La sangría” de agua que ha convertido a la cuenca del Tajo en “deficitaria”

“Este lunes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Juan Carlos de Cea, reconoció que ”comienza a dibujarse un escenario de sequía“ en la cuenca de este río y pidió a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes que comiencen a preparar planes de emergencia para paliar  la ya más que evidente falta de agua.

Antonio Luengo asegura que la cuenca del Tajo “no debería ser tan deficitaria y lo es por la sangría a la que está sometida”. La cabecera del río, en el complejo de embalses Entrepeñas-Buendía se encuentra en estado de emergencia. “Nos preocupa mucho teniendo en cuenta  cómo está la cuenca. Si en cabecera, los pantanos cumpliesen realmente la función de reserva plurianual que tenían y mantuviesen los niveles necesarios, la cuenca no tendría por qué tener ningún problema”, asegura.

Y va incluso más allá porque dice no creer que el problema lo sea tan solo de los municipios con más de 20.000 habitantes en la cuenca del Tajo. Y es que, explica, “hay muchos municipios, con poca capacidad presupuestaria, cuyo abastecimiento de agua en baja  -se refiere a la parte del ciclo urbano del agua en el que se incluye el almacenamiento y  suministro de agua potable- está muy deteriorado. Es su competencia o de las diputaciones pero no se está haciendo y en algunas redes la mitad del agua se pierde por el mal estado de las redes”.  Por eso apuesta por no quedarse solo en “medidas puntuales”. En su opinión, “el Estado también tiene que pensar en realizar intervenciones directas en estos casos”.

Castilla-La Mancha pide un “acuerdo” nacional con los planes de sequía

El director-gerente reconoce que “hay mucha obsolescencia en los planes de sequía” de cada una de las cuencas en España. El próximo 21 de diciembre saldrán a información pública los nuevos planes, que publicará en Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con un periodo abierto de alegaciones de tres meses.  “Hablamos mucho de un pacto nacional del agua y quizá deberíamos ser menos fríos con los papeles, con las alegaciones. Debería haber reuniones con todos los afectados y tratar de llegar a un acuerdo con los planes de sequía. El diálogo es más fructífero que el papel, donde todos somos maximalistas”.

Y es que, dice Antonio Luengo, “este país tiene un problema grave de agua”. Apela a la necesidad de que las confederaciones hidrográficas terminen de convencerse sobre el cambio climático. “Es una realidad y hay que solucionarlo, cada uno en la medida de lo posible, y en su cuenca” porque, sostiene, “hoy es un problema mirar al cielo. No vemos perspectivas a corto plazo que puedan solucionar el problema, pero siempre soy optimista y acabará lloviendo. En 2009 a estas mismas alturas estaban ardiendo las Tablas de Daimiel y al final nevó”.

Un informe “preceptivo”, es decir, que debe ser cumplido de manera obligatoria. Esa es la fórmula que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere incluir en su nueva Ley del Ciclo Integral del Agua, actualmente en consulta previa, para poder darse voz, opinar y decidir sobre cualquier transferencia hídrica que se realice desde la región, y más concretamente desde el controvertido trasvase Tajo-Segura. Se trata de una medida que Emiliano García-Page ya comprometió para su incorporación en la reforma del Estatuto del Autonomía. Pero el grupo de trabajo para esta modificación actualmente se encuentra paralizado y es muy probable que sea esta nueva ley, que cambia a su vez la vigente desde hace 15 años, la que finalmente pueda sentar un precedente importante en esta comunidad autónoma.

Desde el Ejecutivo castellano-manchego cuentan con el precedente de Aragón. En su Estatuto de Autonomía ya se estipula que una región puede emitir informe preceptivo sobre el uso del agua que transcurre en las cuencas de su territorio. De hecho, la incorporación de tal precepto sirvió para que el Gobierno aragonés obligara al Tribunal Constitucional a modificar algunas disposiciones del polémico Memorándum del Tajo, por no consultar el Gobierno central a esta comunidad autónoma.

Es una baza que la Junta de Castilla-La Mancha considera, por tanto, posible. Y así quiere incorporarlo en la nueva Ley del Ciclo Integral del Agua, con el horizonte de que pueda remitirse a las Cortes regionales durante el año que viene y pueda estar aprobada y vigente antes de que termine la presente legislatura.   

“Tenemos que hacer, como siempre pero ahora más que nunca, una defensa esencial del agua en Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta que las competencias sobre planificación hidrológica son estatales, debemos articular de alguna forma la situación en la que nos encontramos: evitar que el agua pase sin quedarse y sin que sirva para el desarrollo de nuestra región”, subraya Antonio Luego, director de la Agencia regional del Agua.

Contra la “judicialización permanente”

El objetivo es muy sencillo. El Gobierno autonómico quiere que si se van a hacer transferencias de agua que afecten al territorio, poder opinar. “Que no se convierta esto en una judicialización permanente de la situación porque no podemos opinar y porque el Estado nos obvia cuando se producen estas transferencias, que además suponen un perjuicio importante para el desarrollo de nuestra región”, añade Luengo, en relación a los 25 recursos judiciales acumulados por otros tantos trasvases del Tajo al Segura.

El objetivo va más allá y Castilla-La Mancha también “tiene que ser un actor importante por su ubicación central en el país” y por su “papel esencial en la planificación de todas las cuencas hidrográficas” que transcurren por la región. Ahora bien, ¿tiene la comunidad autónoma competencias para establecer una obligatoriedad a ser escuchada y tenida en cuenta? Ahí el precedente aragonés es importante: “queremos tener las mismas facultades que cualquier otra comunidad autónoma; no queremos ningún privilegio pero tampoco ser los 'don nadie' de toda esta cuestión”.

En general, la nueva Ley del Ciclo Integral del Agua busca que se haga cumplir la Directiva Marco de Agua en todos sus términos, pero especialmente en lo referente a la prioridad de la cuenca cedente, en este caso la del Tajo. Con ese derecho positivo en la mano, subraya el director de la Agencia del Agua, “queremos poner objeciones e incluso barreras, si fuera necesario, para que se cumpla”.

Pero al margen del trasvase, esta nueva norma incluirá también una nueva regulación de ciclo integral, es decir, los canales de abastecimiento, las necesidades de agua en las ciudades y los métodos de depuración. Es intención del Gobierno castellano-manchego marcar una serie de previsiones de abastecimiento para garantizar agua en calidad y cantidad en toda la región. 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales será fundamental por su objetivo vinculado al medio ambiente y a las generaciones futuras. Se establecerán nuevos cánones y procedimientos sancionadores para posibles incumplimientos en caso de vertidos industriales, así como otras medidas concretas que no aparecen en la normativa de hace 15 años o que se han regulado mediante planes y decretos.

“Queremos que al incumplidor no le sea barato pagar la sanción y asuma las repercusiones”, subraya Antonio Luengo. “Actualmente, un alto porcentaje del coste de la depuración lo asumen los ciudadanos. Eso queremos evitarlo y que la carga vaya hacia quien contamine”.

En paralelo a este proceso se encuentra la inversión de más 450 millones de euros que la Junta quiere realizar hasta el año 2020 en 554 proyectos de depuración de aguas residuales, y que según sus estimaciones, supondrá la creación y consolidación de unos 5.000 puestos de trabajo. Las actuaciones forman parte del II Plan de Depuración Regional, paralizado por el anterior Gobierno regional, y abarcarán las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con la financiación en su mayor parte de los fondos FEDER de la Unión Europea.

El director de la Agencia del Agua en Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, afirma que los decretos de sequía “no pueden ser globales ni homogéneos en la misma cuenca porque la distorsionan”. Así lo ha dicho en su comparecencia en la Comisión de Fomento de las Cortes regionales para hacer balance de gestión y hablar de nuevos retos de su departamento.

Luengo se ha mostrado “seguro” de que el Gobierno central será “sensible a esta idea” y ha puesto como ejemplo a la cuenca del río Tajo y la reciente derivación de agua a Extremadura desde el embalse de Navalcán que, aunque “eutrofizado por los usos ganaderos” poco tiene que ver con la situación de los embalses de cabecera del Tajo. “No es legítimo que lo hagan pero es legal”, señalaba.

Antonio Luengo cree que el futuro del agua en España “pasa por un pacto nacional del agua” y no por un Plan Hidrológico Nacional al que constantemente alude el Partido Popular y que está “obsoleto”, ha dicho, entre otras cosas porque incluye un trasvase desde el Ebro que “no es viable ambientalmente” y que no permite la Unión Europea.

Luengo respondía así al diputado del PP, Francisco Nuñez, que en una intervención en las Cortes (lo mismo hizo su compañera de bancada María Roldán) echó la culpa de la situación con el agua en España al Plan Hidrológico Nacional derogado por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero e insistió en su argumento de que Dolores de Cospedal garantizó más agua para la cabecera del Tajo frente a los “cero” hectómetros que ha aportado el actual presidente, Emiliano García-Page.

“El Gobierno central no puede seguir forzando la interpretación de normas para perpetuar cesiones de agua”

En lo que tiene que ver con la planificación hidrológica, Antonio Luengo recordó los 23 trasvases recurridos en la presente legislatura porque son “ilegales” así como los recursos planteados a todos los contratos de cesión de agua entre regantes que, en opinión de la Junta castellano-manchega, son “injustos e ilegales” porque contravienen la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la Directiva Marco del Agua, y la normativa relacionada con el dominio público hidráulico. “Se convierte al agua en objeto de mercadeo”, lamentaba.

“Estamos en contra de que se especule con el agua”, aseguraba, y “por eso el Gobierno central no puede seguir forzando la interpretación de normas para perpetuar las cesiones”. Ha calificado la situación de “disparate técnico, atropello legal y creo que es una trapacería desde el punto de vista ético”. En su opinión, se está haciendo “una inversión del concepto de compensación entre territorios en contra de los intereses de Castilla-La Mancha y en concreto de la cabecera del Tajo”.

Además, consideró como “completamente absurdo y, además, injusto, muy injusto” que Castilla-La Mancha sea exportadora de agua “con la necesidad que tenemos de ella” tanto ambiental como económicamente.

Las preguntas de Podemos sobre la situación “crítica” del Alto Guadiana

El diputado de Podemos, David Llorente, ha centrado parte de su intervención en el Alto Guadiana porque “no se habla de este río y hay que hacerlo” ya que, dijo, “su situación es crítica y comparable a la del Tajo” y lamentó que esto ocurra porque “políticamente es menos cómodo hablar del Guadiana”. Por eso pidió “coherencia” y alejarse de “cálculos electorales” o “visiones cortoplacistas”.

Recordaba que el Acuífero 23 está “sobreexplotado y contaminado por nitratos” que las Tablas de Daimiel se están “quedando secas” y que se están agravando los problemas de abastecimiento en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real. “¿Qué medidas están adoptando?”, preguntaba el diputado de la formación morada.

También se ha referido a la llamada tubería manchega –concebida para la conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura e incorporar recursos hídricos a la Llanura Manchega- que ha calificado también de “trasvase”, advirtiendo al Gobierno: “No nos hagamos trampas”. En su opinión, “no es una solución a la sobreexplotacion en la cuenca del Guadiana sino un parche” que debería utilizarse solo para garantizar el abastecimiento humano y “solo en caso de emergencia”.

Antonio Luengo ha reconocido que el Guadiana “es un problema” pero, matizaba, “le voy a confesar que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha sido la que más se ha esforzado en recuperar las masas de agua pese a los pozos ilegales existentes”. Además, sobre las Tablas de Daimiel sostiene que “como nos las carguemos será muy difícil recuperarlas” y ha abogado por que este espacio natural “centre el interés” de la acción de Gobierno. En cuanto a la tubería manchega ha recordado que se trata de una infraestructura sin terminar y que en todo caso, “será para abastecimiento humano” para añadir de que “no es un problema de trasvase sino de necesidad” que se va a plantear en un futuro cercano.

David Llorente ha pedido también al Gobierno regional “ir más allá” en la reivindicación que tiene que ver con los recursos hídricos de la región e “instar al Gobierno central a asumir las implicaciones” del informe sobre el estado del Tajo emitido por los europarlamentarios durante una visita a la cuenca hace unos meses.

PSOE: “Si España no recupera el Tajo lo tendrá que hacer la UE”

La diputada socialista Carmen Torralba ha recordado que su partido presentará diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados para que “se prohíba la cesión de agua intercuencas, que se potencien las desaladoras y que se frene el crecimiento insostenible en el Levante a costa de nuestros recursos hídricos”, algo que también trasladará el presidente regional, Emiliano García-Page, a Mariano Rajoy en la reunión que ambos mantendrán, aún sin fecha.

“Castilla-La Mancha va a reclamar una deuda histórica del Trasvase Tajo-Segura de 80 millones de euros, porque ha habido fraude en las compensaciones a nuestra región por todo el agua que ha salido” y ha asegurado que “si España no recupera el Tajo lo tendrá que hacer la Unión Europea”.

Además, ha resaltado que la región debe “exigir” al Gobierno de España la dotación presupuestaria para el Centro de Intercambio de Derechos de Uso de Agua en el Alto Guadiana y se ha mostrado contra “la compraventa privada de agua” porque, aseguraba, “gente que no se dedica a la agricultura, como en Estremera, tiene concesiones de agua y se la vende al mejor postor”. Por eso, insistió, “hay que ser solidarios siempre que todos los territorios hagan esfuerzos por una mejor gestión del agua”.

El PP acusa al Gobierno de “sectarismo” en las obras hidráulicas

Por su parte, la diputada ‘popular’, María Roldán, ha lamentado que se haya hablado “poco” de la Agencia del Agua en la Comisión y ha denunciado “los impagos, los recortes presupuestarios y el reparto sectario” del Gobierno regional en materia de abastecimiento y depuradoras. “El 90% de las actuaciones corresponden a municipios gobernados por el PSOE”.

Por otro lado, la diputada regional del PP ha animado al Gobierno regional a decir “dónde están los 30 millones de euros que había presupuestados en 2016 para la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha”, porque, aseguró, este organismo “no recibió ni un euro en todo el año”.

La ministra avisa: si no llueve habrá restricción en regadíos

Precisamente hoy, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio, Isabel García Tejerina, ha avisado de que si no se cumplen las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) -que espera precipitaciones por encima de lo normal en noviembre y diciembre y ausencia de estas en octubre-, habrá que limitar el agua para el regadío para “salvaguardar las necesidades de la población”, aunque se ha referido de forma expresa a Castilla y León. En Castilla-La Mancha, la reserva de agua está al 40,2 por ciento, en el Tajo, en el Segura, al 13,6 por ciento; en el Júcar, al 25,4 por ciento y al 44,9 por ciento, en el Guadiana.

El director gerente de la Agencia del Agua, Antonio Luengo, ha expresado que “los regantes de Murcia han solicitado el uso de más agua de las desaladoras para este verano después de comprobar que los embalses de cabecera están técnicamente muertos”.

Luengo ha realizado estas declaraciones durante la nueva caravana de vehículos que se ha congregado para manifestarse en contra del trasvase Tajo-Segura. La convocatoria ha estado encabezada por la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía y ha tenido como principal rechazo el último trasvase de 7,5 hectómetros que aprobó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para este mes de mayo.

Coincidiendo con la Asociación, el director gerente ha señalado que este nuevo trasvase se ha hecho “sin tener en cuenta, una vez más, nuestras reivindicaciones, ni el estado moribundo del río Tajo, así como la situación de extrema emergencia en que se encuentran Entrepeñas y Buendía y que puede evidenciarse con solo acercarse”.

Luengo ha querido recordar que el uso de las desaladoras viene a dar la razón a los que defienden el fin del trasvase, “con unos pantanos que están bajo el mínimo legal de 400 hectómetros cúbicos no trasvasables, concretamente este domingo con un volumen de 358,05”.

En este sentido, el director gerente ha dicho que “si ahora pueden utilizar las desaladoras, pueden hacerlo siempre”. El máximo responsable de la Agencia del Agua, órgano dependiente de la Consejería de Fomento, ha manifestado que “ellos tienen esa salida, mientras que, ¿cuál es la que tenemos los pueblos ribereños, los pueblos de la cuenca del Tajo y los pueblos de los embalses de cabecera?”.

Luengo ha dado a conocer que las desaladoras están funcionando actualmente a un 50 por ciento de media, con lo que esto se traduce en que “la capacidad de desalado de estas infraestructuras es del doble del que se las está sometiendo en la actualidad”.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que  “estarán atentos a que el agua se quede en Castilla-La Mancha, porque el peligro es que se pueda seguir transfiriendo agua de la cabecera del Tajo vía ventas de derecho de agua”.

Antonio Luengo ha querido recordar las declaraciones recientes del PP murciano acusando de insolidarios a los castellano-manchegos y de que el Gobierno de esta región es la mayor amenaza del trasvase, a lo que ha respondido que “acusar a Castilla-La Mancha de insolidaria produce una mezcla de asombro, indignación y risa, tras medio siglo de hipoteca inaguantable, viendo muchos pueblos ribereños como el agua, sobre la que tenemos preferencia como cuenca cedente, pasaba por encima de sus cabezas para generar riqueza, empleo y desarrollo en otros territorios y negándoselo a ellos”.

Antes de finalizar, Luengo ha reiterado que “esta situación de expolio y de coma se ha denunciado ante la Unión Europa desde Castilla-La Mancha, una denuncia que los eurodiputados ratificaron en su informe y al que el Gobierno de Rajoy sigue haciendo oídos sordos en una clara actitud irresponsable con esta tierra.

El centenar de vehículos que se ha unido a la marcha ha partido de la localidad de Auñón para dirigirse a Sacedón por la N-320 hasta la rotonda N-204 dirección Buendía CM-2000 hasta el cruce de Sacedón, lugar donde ha tenido lugar la concentración en el Paseo Marítimo del municipio. Como viene siendo habitual, las decenas de personas que se han dado cita en la convocatoria ha pedido el fin del trasvase y la luchar por la recuperación de los embalses Entrepeñas y Buendía y, por ende, el río Tajo.

Nuevo retraso en la culminación de la tubería manchega tras la modificación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Entidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de distintas actuaciones relacionadas con las obras de conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura para incorporar recursos hídricos a la Llanura Manchega.

El proyecto se concibió para abastecer de agua a 59 municipios de esta zona de la región en los que viven unos 600.000 habitantes. En 2009, el presidente regional José María Barreda hablaba de una inversión de 400 millones de euros para cerca de 1.000 kilómetros enterrados de tuberías y ramales que asegurarían el abastecimiento de agua a los pueblos con problemas de sequía en las áreas ribereñas a la cabecera del Tajo de Cuenca y Guadalajara, en aquellos lugares por los que pasa el propio acueducto y también en la Llanura Manchega.

Ese proyecto hoy sigue sin concluirse. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles una Resolución con fecha 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Agua dependiente del Ministerio en la que Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente y Elena de la Cruz, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha suscriben un acuerdo para modificar tanto las cantidades a invertir como las anualidades en las que se realizarán las obras.

Antonio Luengo, director-Gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha explica que “la obra se va a retrasar, de ahí el cambio de las anualidades”. De hecho, añade, “en este convenio vamos a remolque del Ministerio y lo hemos firmado porque si no, no se hacen las obras. Son ellos quienes imponen los ritmos porque pagan las obras”. Las razones esgrimidas por el Gobierno central son puramente económicas, según Luengo.

Solo una parte ejecutada

En la actualidad está ejecutada la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de cabecera en la Red de Abastecimiento de la Llanura Manchega que está situada en el Embalse de Campos del Paraíso, en Carrascosa del Campo (Cuenca) para su puesta en funcionamiento, así como parte de la tubería central y algunos de los ramales. El resto de tubería y de ramales aún estar por construir y el convenio prevé la distribución del presupuesto para hacerlo de aquí al año 2020.

En total, entre los años 2009 y 2020 el convenio recoge un presupuesto de 230 millones de euros de los que la Junta de Castilla-La Mancha aporta 30 millones y el resto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Entre 2017 y 2020 el Ministerio debería consignar en sus presupuestos más de 82,2 millones de euros para cumplir con los plazos del convenio. Mientras, el Gobierno de Castilla-La Mancha para el mismo periodo debería repartir 30 millones de euros. Y sería los primeros que aportase.

El proyecto también contempla la construcción de una planta de ósmosis en ETAP de Cabecera que no se podrá construir hasta culminar la totalidad de la obra. “Será entonces cuando acometamos nuestra planta de ósmosis”. En ella invertirán los 30 millones de euros consignados en el convenio.

Antonio Luengo cree que “el retraso es un inconveniente para Castilla-La Mancha en el abastecimiento. Además, si se produce una situación de sequía va a ser un problema por no estar en funcionamiento”.

En abril de 2013 el Ministerio de Medio Ambiente ya paralizó las obras correspondientes al tramo centro de los ramales de la tubería. PP y PSOE se culparon entonces de la paralización. Los primeros alegando que no había financiación suficiente por la mala gestión socialista de etapas anteriores. Los segundos asegurando que la paralización coincidía con otra obra de abastecimiento a Murcia y que el Gobierno de Rajoy habría priorizado. En concreto, el proyecto para conectar las localidades murcianas de Yecla y Jumilla con las Canales del Taibilla, por donde transcurre el agua del trasvase del Tajo al Segura.