La Audiencia Nacional reabre la investigación por un delito de encubrimiento de rebelión contra las cuatro personas que acompañaban al expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, cuando fue detenido el pasado marzo en Alemania. La Sala de lo Penal da la razón a la Fiscalía, que había recurrido el sobreseimiento provisional de esta causa dictado en octubre por el juez Diego de Egea.

El magistrado decidió el archivo provisional al considerar que los agentes de los Mossos d'Esquadra Xavier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, el profesor de la Universidad de Barcelona Josep Lluís Alay, y el empresario Josep María Matamala, a quienes la Policía Nacional denunció por encubrir el presunto delito de rebelión de Puigdemont, “no tenían conocimiento” de la orden europea de detención que pesaba sobre él, que se había activado justo dos días antes de ser sorprendido poco después de traspasar la frontera alemana.

En línea con el Ministerio Público, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera ahora que la conducta de los investigados encaja en la ayuda para eludir la investigación y sustraerse a la busca y captura y que “necesariamente” conocían su condición de “huido de la Justicia española”. “Toda contribución [...] para que siguiera eludiendo su enjuiciamiento en España presenta, al menos inicialmente en esta fase de instrucción, indicios suficientes de la comisión del delito de encubrimiento imputado”, señala la Sala.

Además, los jueces destacan “el inusual trayecto que se prestaron a realizar todos los investigados” desde Estocolmo para hacer más de 2.000 kilómetros en automóvil, lo cual es indicativo, a su juicio, de la finalidad que perseguían: “dificultar la posible detención de Puigdemont en su regreso a Bélgica”. “Es difícil imaginar otro motivo para la realización de un viaje tan prolongado, incómodo e incluso arriesgado, cuando estaban a la disposición de todos ellos sistemas más rápidos, cómodos y seguros”, añaden.

Cuando decretó el archivo, De Egea consideró, sin embargo, que para que concurra un delito de encubrimiento los autores deben “tener conocimiento de que la persona que trata de sustraer a la acción de la justicia es el autor de un delito”. A su juicio, de las diligencias practicadas en la causa, se deducía que “los cuatro investigados no tenían conocimiento de la activación de la orden europea de detención y entrega de la persona a la que acompañaban en el momento de ser detenido por simples relaciones de amistad”.

La Audiencia Nacional ha vuelto a imputar a Carlos Salamanca, uno de los comisarios del clan Villarejo. El anterior juez del caso, Diego de Egea, había archivado la causa para el que fuera jefe de la Unidad Central de Fronteras, acusado de permitir la entrada en España de ciudadanos guineanos a cambio de comisiones.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió esa decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y esta le ha dado la razón y ha revocado ese archivo. Salamanca fue detenido el pasado 3 de noviembre junto a José Manuel Villarejo durante la Operación Tándem.

Fue arrestado en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en el centro de Madrid, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Salamanca estaba acusado de los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delito contra los ciudadanos extranjeros.

La Fiscalía emitió un informe en el que relataba las actividades de Salamanca y de otro investigado entre los años 2012 y 2015, cuando supuestamente recibían dinero y regalos como relojes y coches de lujo a cambio de dejar que entraran ciudadanos de Guinea en España por el aeropuerto de Barajas. Salamanca era entonces el comisario jefe del aeropuerto.

Según sostenía Anticorrupción, tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, “especialmente sensibles para la seguridad nacional”, para recibir “elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos”.

El juez de la Audiencia Nacional sobreseyó de oficio las imputaciones contra Salamanca el 18 de julio pasado, sin contar con Anticorrupción, al no apreciar delito. Los jueces de la Sección Tercera establecen que De Egea se excedió al archivar “encontrándose aún en fase de diligencias previas, sin estar basado el mismo (archivo) en la ausencia de autor”. “Tal resolución ha de estimarse procesalmente no ajustada a Derecho”, dice el auto de la Sala, por el que vuelven a estar imputados también dos hijos del comisario.

La Fiscalía recurrió directamente la decisión a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su recurso, los fiscales incluían nuevos descubrimientos, como una grabación que evidencia el conocimiento de los presuntos delitos en la trama de los guineanos que realizaba Villarejo y con los que él colaboraba supuestamente.

La documentación incautada al comisario Villarejo incluye un material comprometedor para quien trató con él y que es distinto de las temidas grabaciones que el policía acumuló durante décadas. Se trata de una suerte de diario manuscrito donde Villarejo apuntaba las citas que tenía y a las que añadía luego comentarios. Esa especie de cuaderno de bitácora está repartido en varias libretas y es parte de la documentación sobre la que la Audiencia Nacional acaba de levantar, con algunas restricciones, el secreto del sumario, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

El contenido de esas anotaciones parece tener una finalidad distinta a las de las grabaciones que mantienen atemorizada a la élite política, empresarial y judicial del país. El comisario incluye “reflexiones”, según las fuentes consultadas, y se expresa de un modo un tanto críptico, como si él fuera el único destinatario de esos escritos. La afición a bautizar sus dosieres con nombres originales, que aludieran de algún modo a los encargos que recibía, también aparece en este diario. Es frecuente, afirma quien lo ha visto, que utilice “motes” para referirse a las personas.

La posibilidad de que esos cuadernos fueran de uso interno no elimina el riesgo para aquellos que aparecen mencionados en él. La presunta organización criminal que lideraba el comisario, ahora jubilado, recurría con frecuencia a la vida íntima de los objetivos a desacreditar o chantajear. El policía y sus colaboradores también procuraban tener información de este tipo de cualquier otra persona, susceptible de poder sacarle rendimiento en el futuro. 

El contenido de ese diario corre el riesgo de ser conocido próximamente, después de que la Audiencia Nacional levantara el pasado miércoles el secreto sobre la documentación incautada a Villarejo que no está recogida en soporte digital encriptado. De otras grabaciones de audio o vídeo dice la Sala de lo Penal que puede levantarse el secreto porque no han dado pie desde el pasado junio a la apertura de nuevas vías de investigación, vía pieza separada.

El juez del caso Villarejo, Diego de Egea, acordó levantar el secreto de toda la documentación el pasado 10 de agosto, pero la Fiscalía recurrió y el instructor dejó en suspenso su decisión hasta que la Sala de lo Penal resolviera. La Sección Tercera acaba de decidir que las partes tengan acceso a los papeles de Villarejo previo expurgo de aquella documentación que pudiera afectar a las piezas secretas de investigación, “la intimidad de las víctimas y de terceros no intervinientes”. También aluden los jueces de la Sección Tercera a la “protección a la Seguridad del Estado” que esgrimieron los fiscales y que, sin embargo, “hasta la fecha de hoy” no se ha visto afectada, según la sección presidida por Alfonso Guevara.

Por decisión del juez De Egea

El juez De Egea razonó su petición el pasado verano en que Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, llevaban meses en prisión provisional sin conocer toda la documentación sobre la que pesaba la acusación contra ellos. Redondo salió de prisión el pasado mes de septiembre después de que el juez hubiera sustituido la medida de prisión incondicional por el pago de una fianza de un millón y luego la rebajara a 100.000 euros, con la oposición de Anticorrupción y Podemos, que ejerce la acusación popular. Ambas partes querían que el socio de Villarejo siguieran en la cárcel por el riesgo que aprecian de que obstruya la investigación o se fugue.

La documentación incautada a Villarejo viene protagonizando la actualidad nacional desde que comenzaran a conocerse el contenido de sus grabaciones, ya fuera por el levantamiento del secreto de las piezas separadas en las que habían sido incluidas o por que distintos medios de comunicación hayan publicado otras, con independencia de que fueran o no objeto de investigación judicial. 

Ocurrió con las conversaciones que el comisario mantuvo en 2015 con la antigua amiga del rey Corinna Larsen, que difundió okdiario.com y elespanol.com, o con la comida homenaje a Villarejo en la que participó la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional y que publicó moncloa.com. Este medio digital también reveló las conversaciones del comisario en 2009 con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Estas últimas grabaciones acaban de ser reclamadas por el juez de la caja B, José de la Mata, por su presunta relación con la financiación irregular del Partido Popular.

Las cerca de 400 carpetas que quedan por desencriptar del archivo digital de Villarejo son un quebradero de cabeza para la élite empresarial, política y judicial del país. La investigación viene acreditando que el comisario lideró un grupo que ofertaba un servicio integral a sus clientes y para los que no dudaban en cometer, entre otros, cohecho, blanqueo de capitales, extorsión o revelación de secretos. El policía se servía de su condición de funcionario público, destinado en la cúpula de la seguridad pública, para acceder a documentación que luego utilizaba para elaborar dosieres que vendía a un alto precio.

La Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía tuvo problemas desde el principio para acceder al contenido de esos archivos y las 7 piezas con las que cuenta la Operación Tándem o caso Villarejo se han abierto con documentación que estaba accesible.

Un año después de que fuera detenido el comisario, el juez De Egea ha remitido al Insituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León y dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, las “carátulas” de esas carpetas para intentar encontrar las claves de acceso a su contenido. El Incibe ha recibido el material en los últimos días. En el caso de que fracase, la Audiencia Nacional valora remitir la misma documentación al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que cuenta con otra metodología. El temor de los investigadores es que la encriptación “militar” de los documentos provoque su autodestrucción al utilizarse determinadas vías para el acceso a los mismos.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por encubrimiento contra las cuatro personas que acompañaban al expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, cuando fue detenido el pasado mes de marzo en Alemania, porque “no tenían conocimiento” de la orden europea de detención que pesaba sobre él, informa Europa Press. 

No obstante, pide a Fiscalía que informe sobre la procedencia de ordenar la detención de uno de ellos, el empresario Josep María Matamala, ya que no llegó a comparecer ante el juzgado cuando todos fueron llamados a prestar declaración.

El auto, dictado este lunes, se refiere a los agentes de los Mossos d'Esquadra Xavier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, el profesor de la Universidad de Barcelona Josep Lluís Alay, y el mencionado Josep María Matamala, a quienes la Policía Nacional denunció por encubrir el presunto delito de rebelión de Puigdemont motivando que Fiscalía abriese diligencias.

Según explica, para que concurra un delito de encubrimiento los autores deben “tener conocimiento de que la persona que trata de sustraer a la acción de la justicia es el autor de un delito”. A su juicio, de las diligencias practicadas en la causa, “se deduce que los cuatro investigados no tenían conocimiento de la activación de la orden europea de detención y entrega de la persona a la que acompañaban en el momento de ser detenido por simples relaciones de amistad”.

La disciplina con la que el comisario José Manuel Villarejo grababa a sus interlocutores ha acabado por incriminar también a sus colaboradores. El último ejemplo es el de su amigo Carlos Salamanca, el excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, cuya causa fue archivada por el juez de la Operación Tándem el pasado julio. La Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar la reapertura aportando el contenido de una conversación recientemente localizada por la Unidad de Asuntos Internos entre el archivo secreto del comisario Villarejo.

Salamanca estuvo imputado por organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delito contra los ciudadanos extranjeros. Fue detenido el 3 de noviembre de 2017 en el despacho de su último destino, la jefatura de una unidad central de Extranjería, y excarcelado cuatro meses después con la oposición de la Fiscalía. Anticorrupción cree que cobró dádivas a cambio de introducir irregularmente a ciudadanos guineanos y fondos por el aeropuerto de Barajas y que participó, junto a Villarejo, en el dosier para desprestigiar a Gabriel Obiang, uno de los hijos del dictador guineano, por encargo de otro de sus vástagos. El juez Diego de Egea concluyó en julio que “no existe un mínimo indicio revelador” de todo ello.

La investigación a Villarejo parte de la denuncia de Francisco Menéndez Rubio, El Pagafantas, empresario que actuaba como representante de los guineanos. Menéndez había entablado a finales de 2011 relación con Salamanca, al que colmaba de prebendas a cambio de favores, según la Fiscalía; simples regalos entre amigos, para el juez De Egea.

El 3 de mayo se 2012 se reúnen Villarejo, su socio Rafael Redondo y el empresario Menéndez. Los tres hablan del viaje que éste último ha realizado a Londres junto a Carlos Salamanca, las esposas de ambos y otra pareja. Todo el viaje lo pagó una empresa controlada por Menéndez, por la que fluían los fondos procedentes de Guinea, según Anticorrupción. Una prueba del delito de cohecho que atribuyen a Menéndez y al comisario Salamanca.

Menéndez se queja en la grabación de que ha estado “presionado todo el tiempo” que ha pasado en Londres (del 28 de abril al 1 de mayo de 2012) por parte de los clientes guineanos y que al final tuvo que tratar directamente con ellos el comisario Salamanca. Para los fiscales es el indicio definitivo de que Salamanca participó en la actividad criminal.

Menéndez: He estado presionando todo el tiempo. Carlos se tuvo que poner al teléfono.

Villarejo: ¿Ah, sí?

Menéndez: Y le estuvo contando la parábola del cochinillo cuando se hace…

(Risas de Villarejo y Rafael Redondo)

Menéndez: … esto, Billy (alias para Crispín Edu Tomo Maye)... para que lo entiendas, es como un cochinillo. Tú lo compras, pero no te lo puedes comer. Tienes que asarlo, condimentarlo, esto lleva tiempo y tal. A ver si me entiendes.

Villarejo: sí, sí.

Menéndez: Pues no lo entienden.

A juicio de los fiscales, esta conversación “pone de manifiesto el conocimiento que Carlos Salamanca disponía en relación al encargo del Proyecto King, así como la función de intermediario entre Villarejo y sus clientes”. Esos clientes directos son el citado Crispín Edu Tomo Maye, ‘Billy’, y Cándido Nsue Okomo. El juez basaba su archivo en que solo tenía una declaración con lagunas del empresario Menéndez que no podía corroborar con ninguna otra fuente de prueba.

En su auto, el juez alegó que “no existe un mínimo indicio revelador” contra el comisario, su esposa y uno de sus hijos, éstos igualmente imputados. No consta, añadía, la identidad de ninguno de los ciudadanos extranjeros que pudieron haberse visto beneficiados por en las concesiones de visados, ni tampoco prueba documental sobre la expedición irregular de esos. Tampoco se conoce quién puedo introducir fondos de origen desconocido.

El juez no descarta que Salamanca recibiese “dádivas”, pero señalaba que no existen elementos suficientes como para considerar que lo fueran por su función policial o para que este comisario realizara un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo.

Menéndez: Joé, macho, estuve en Londres en el hotel, justo al lado de la embajada de Guinea (ininteligible).

Villarejo: ¿Qué hotel era?

Menéndez: Saint James and Clark.

Villarejo: ¿Ah, precioso hotel! Muy bonito. Es un hotel boutique de esos...

Menéndez: Sí... (ininteligible)... conoce. Es que...

Rafael Redondo: Lo sabe todo.

Menéndez: Es como Mario Conde. Se lo sabe todo.

Villarejo: ¿Eh?

Rafael: Mario Conde, no. No, no compares.

Villarejo: Precioso.

Menéndez: Yo flipé. Al lado de la embajada de Guinea. Arrían bandera, y salíamos, y dábamos...

Villarejo: Qué te dije, has visto Carlitos qué divertido es para viajar con él. Es muy buena gente y además es un tío mu... Palomita (apelativo para referirse a la mujer de Salamanca) es muy buena gente.

Menéndez: Sí, muy buena gente. Lo pasamos muy bien. Se pasaron los días rápido.

En el escrito que presentan ahora los fiscales insisten en sus argumentos del recurso de julio contra el cierre de la causa. Así, los fiscales aseguran que en la documentación puesta a disposición de la Audiencia Nacional por Francisco Menéndez hay “plena coincidencia, no solo con la relación al objetivo del Proyecto y sus intervinientes -Villarejo, Cándido, Redondo, Crispín y, como intermediador, Carlos Salamanca-, sino también en lo que se refiere al pago inicial del proyecto, 1.675.000 euros de los 1.700.000 inicialmente pactados, lo que parece indicar la existencia de una comisión de 25.000 euros para algún interviniente en el negocio”.

Menéndez: Me llamó allí el Billy... Oye, es que me han llamado, eh... que están presionando, que... que... que a ver cuando se acaba... y le digo: mira, estoy en ello; y Carlos, Carlos me escucho y dice, déjamelos, pásamelos...

Villarejo: Pero vamos a ver...

Menéndez: Y le estuvo explicando la parábola...

Rafael: Pero nunca nos contratasteis para, o sea, inicialmente nuestro trabajo no era parar aquello, aunque yo, macho...

Reproches al juez De Egea

La petición de reapertura está repleta de reproches a la actuación del juez. Entre ellas, que el magistrado De Egea aún no ha resuelto la petición de la Fiscalía del mantenimiento de las medidas cautelares contra Salamanca que le plantearon el 23 de julio. Aquel archivo fue, aseguran, un “cierre en falso de la investigación” ya que entonces estaban pendientes “importantes diligencias de investigación, principalmente el análisis del material incautado”, del que se había analizado “un porcentaje muy escaso” cuando el magistrado decidió archivar la causa.

“Los nuevos hallazgos -añaden- colman la exigencia del instructor sobre la necesidad de corroboración objetiva y externa de las manifestaciones de Francisco Menéndez Rubio, sin que sus manifestaciones puedan seguir tachándose de contradictorias, ni inverosímiles, ni insuficientes”.

Ante la afirmación del juez de que Menéndez no había aportado nombres de guineanos beneficiados por la actuación de Salamanca en el aeropuerto de Barajas, dicen: “Lo que obvió el instructor de forma ostentosa fue que dicho investigado sí había aportado nombres muy concretos de ciudadanos ecuatoguineanos beneficiados por Salamanca Vilches”.

Los fiscales, además, no se explican cómo se puede haber exonerado del cohecho impropio a Salamanca, por recibir regalos, y no a quien los realizaba, en referencia al empresario, que sigue imputado. “Resulta de una soberana incoherencia”, llegan a decir.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha rebajado a 100.000 euros la fianza de un millón impuesta a Rafael Redondo, socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para salir de prisión, donde se encuentra desde el 6 de noviembre del pasado año por su presunta implicación en la denominada “Operación Tándem”.

De Egea adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, con la que mantiene relevantes desacuerdos en la instrucción de la causa, y de la acusación popular, que ejerce Podemos.

Para el caso de que deposite dicha cantidad, el magistrado le impone como medidas cautelares las comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar domicilio y teléfono

En un auto, De Egea estima el recurso de la defensa de Redondo contra el auto del pasado mes de agosto en el que se le fijó una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel, mientras que rechaza los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y del partido político Podemos, que solicitaron que se le mantuviera en situación de prisión provisional incondicional.

Explica el instructor que las nuevas calificaciones jurídicas que esgrime el fiscal, como resultado del avance la de la investigación, se deducen de sus actividades anteriores a su detención, por lo que el argumento de la reiteración delictiva no puede ser un elemento para mantener la prisión provisional.

Añade que durante al tiempo que lleva Rafael Redondo en prisión provisional, las fuentes de prueba se encuentran bajo custodia policial y judicial, “por lo que en la actualidad no existe capacidad del investigado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba existentes en la causa”.

Respecto al riesgo de fuga, el juez De Egea ha valorado el arraigo personal, profesional y patrimonial del investigado, que además tiene bloqueadas sus cuentas y embargado todo su patrimonio, lo que desvirtúa ese riesgo de fuga.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha intentado convencer este jueves al juez Diego de Egea de que fue a entrevistarse en 2015 con Corinna Zu Sayn Wittgenstein para hacer un servicio al Estado, siempre por órdenes superiores, han informado fuentes jurídicas. Se trataba, ha dicho, de anular el conflicto que la presunta amante del rey mantenía con el monarca y el perjuicio que podía causar ese enfrentamiento a la Corona y a España-

Es la misma tesis que ha mantenido Villarejo desde el comienzo de la causa, presentándose como un servidor público al que se le encomendaban misiones que ahora el Estado no reconoce. Hoy ha vuelto a repetir que su conglomerado de empresas han sido utilizadas por el Estado para distintas misiones policiales, como ya había declarado en comparecencias anteriores. Esta tesis es descartada por los investigadores. Villarejo ha contestado al juez y a su defensa y se ha negado a hacerlo a los fiscales Anticorrupción.

Este jueves, Vozpopuli adelantó que la comisionista habría recurrido a los servicios de Villarejo para ayudar a Ben Goldsmith, un político conservador británico inmerso en un conflicto con la Hacienda española relativo a unos terrenos cerca de Ronda . “Es una propiedad familiar enorme y al lado de la propiedad hay un pueblo y han hecho como una operación financiera para hacer un desarrollo y la Hacienda de esta zona (sic) les ha puesto un pleito”, habría dicho Zu Sayn Wittgenstein.

El juez Diego de Egea ha abierto una pieza separada de la Operación Tándem para investigar los presuntos hechos delictivos que se desprendan del contenido de las grabaciones en las que Corinna Zu Sayn Wittgenstein habla de ella misma y de Juan Carlos I y de sus supuestas actividades de fraude fiscal y blanqueo, entre otras. Supuestamente, el rey habría estado reclamando fondos que había entregado a Corinna para defraudar al fisco, en actividades que también podrían constituir blanqueo de capitales.

En el marco de esta pieza, el juez citó a Villarejo a declarar como imputado este jueves. También para interrogarle por la pieza separada denominada 'Big', en referencia al comisario Enrique García Castaño, acusado de vender datos confidenciales al policía jubilado para los dosieres que vendía a precio millonario. Alrededor de una hora ha estado el comisario respondiendo a preguntas relacionadas con esta pieza, señalan las mismas fuentes.

La media hora restante ha versado sobre las conversaciones grabadas a la presunta amante del rey y el contenido de las mismas, precisan esas fuentes. El comisario ha reconocido que las cintas fueron incautadas en el despacho del abogado Rafael Redondo, en prisión provisional como él.

Villarejo ha sido trasladado a la Audiencia Nacional en ambulancia desde la cárcel de Estremera, donde permanece desde su detención el 3 de noviembre pasado, en el marco de la Operación Tándem. Está acusado de dirigir una organización criminal, de blanqueo y cohecho. Los problemas que arrastra en la espalda han motivado su traslado en el vehículo medicalizado.

El rey emérito no puede ser investigado por la Audiencia Nacional ya que está aforado ante la Sala II del Tribunal Supremo. En el caso de que el juez encuentre indicios de delito contra el monarca emérito deberá elevar exposición razonada al Tribunal Supremo ante el que está aforado Juan Carlos I. No es el único obstáculo de la investigación. Corinna es ciudadana extranjera y solo podrá ser investigada si hay indicios de que ha delinquido en territorio español. Además, una investigación infructuosa en la Audiencia Nacional podría condenar al fracaso cualquier querella que se presente posteriormente contra el rey ante el Tribunal Supremo.

De Egea, que abrió la pieza este martes 17 de julio, tomó esa decisión a espaldas de Anticorrupción, que había optado por queel comisario Villarejo, autor de las grabaciones y en prisión preventiva, no marcara los ritmos de la causa que provocó su detención el 3 de noviembre del pasado año, informan fuentes jurídicas. La Policía al juez un oficio en el que se habla de las grabaciones citadas y eso motivó la apertura de la pieza por parte de De Egea.

Fue el propio Villarejo quien desveló, a través de su defensa, que esas grabaciones publicadas por elespanol.com y okdiario.com están en el archivo incautado en los registros de la Operación Tándem.

El juez Diego de Egea, que investiga el conocido como caso Villarejo, ha decidido archivar la pieza que afecta al comisario Carlos Salamanca. El que fuera jefe de la Unidad Central de Fronteras fue detenido en la Operación Tándem, acusado de permitir la entrada en España de ciudadanos guineanos a cambio de comisiones.

Fue detenido el pasado 3 de noviembre y permaneció en prisión preventiva hasta que el juez decidió ponerlo en libertad a comienzos de marzo de este año, en contra del criterio de la Fiscalía. Según informan fuentes jurídicas, el magistrado ha decidido ahora decretar el sobreseimiento provisional la parte de la investigación que le afecta.

La Fiscalía, que le sitúa dentro de la organización criminal del comisario Villarejo, recurrirá la decisión a la Sala de lo Penal. Salamanca estaba acusado de los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delito contra los ciudadanos extranjeros. Fuentes de la acusación popular, que ejerce Podemos, adelantan que también recurrirán la decisión del juez De Egea.

Carlos Salamanca fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en el centro de Madrid, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El arresto se produjo el mismo día de la detención de José Manuel Villarejo. El arresto causó un gran revuelo en la Policía. En el momento de la detención, Salamanca era jefe de la Unidad Central de Fronteras.

La Fiscalía emitió un informe en el que relataba las actividades de Salamanca y de otro investigado entre los años 2012 y 2015, cuando supuestamente recibían dinero y regalos como relojes y coches de lujo a cambio de dejar que entraran ciudadanos de Guinea en España por el aeropuerto de Barajas. Salamanca era entonces el comisario jefe del aeropuerto.

La posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo. Según sostenía Anticorrupción, tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, “especialmente sensibles para la seguridad nacional”, para recibir “elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos”.

El juez, sin embargo, dice en su auto que “no existe un mínimo indicio revelador” contra Salamanca, su esposa y su hijo, también investigados. En la investigación, dice De Egea, no consta la identidad de ninguno de los ciudadanos extranjeros que pudieron haberse visto beneficiados por en las concesiones de visados, ni tampoco prueba documental sobre la expedición de esos visados en frontera sin el cumplimiento de los protocolos reglamentarios.

El juez no descarta que Salamanca recibiese “dádivas”, pero señala que no existen elementos suficientes como para considerar que lo fueran por su función policial o para que este comisario realizara un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo.

Tampoco hay pruebas, según el juez, de que “en atención a su puesto de trabajo, permitiría el circuito económico ilegal español de introducción en territorio nacional de fondos desconocidos de Guinea Ecuatorial, debido a que en ningún momento se ha identificado a persona extranjera que portara esos fondos dinerarios y que por el puesto fronterizo de responsabilidad del investigado Sr. Salamanca, los hiciera entrar en territorio nacional”.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6, Diego de Egea, acaba de abrir la puerta a la excarcelación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde el pasado noviembre acusado de liderar una organización criminal. De Egea esperará hasta la próxima declaración en el juzgado de Villarejo y, atendiendo al complicado estado de salud que asegura la defensa que padece, decidirá si cambia la prisión por el arresto domiciliario. 

En un auto, De Egea confirma por ahora la prisión provisional comunicada y sin fianza del comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo al mantenerse las circunstancias por las que se acordó su encarcelamiento por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la denominada 'Operación Tándem'.

Los fiscales Anticorrupción habían presentado al juez un informe en el que aseguran que la abundante documentación incautada en los registros permite a los fiscales concluir que Villarejo cuenta con contactos en el extranjero, sociedades en otros países y posiblemente dinero oculto que, unidos a las habilidades adquiridas en sus años al frente de la organización criminal que presuntamente lidera y el manejo habitual de identidades falsas, le ponen en disposición de ocultarse fuera de las fronteras de España.

El escrito del Ministerio Público era la respuesta a la última petición de puesta en libertad formulada por la defensa del policía jubilado. Las peticiones de libertad de Villarejo ya habían sido rechazadas hasta ahora por el juez instructor y confirmadas en dos ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, concretamente el 26 de diciembre y el 2 de marzo, hace apenas seis semanas. 

En su auto, el magistrado recuerda las resoluciones por las que se acordó el ingreso en prisión de ambos el pasado mes de noviembre, confirmadas por la Sala de lo Penal, y señala que ninguno de los dos investigados ha aportado en sus escritos en los que piden la libertad “ningún elemento nuevo anterior o posterior a las resoluciones a las que se ha hecho referencia”.

De Gea razona su decisión en la gravedad de los delitos investigados y la necesidad de garantizar la eficacia de la investigación y que Villarejo no se fugue. Sin embargo, el magistrado deja la puerta abierta a reconsiderar su posición después de la tomar declaración al comisario jubilado el próximo miércoles y a la vista de los informes médicos presentados por su defensa y otros que se están realizando. El juez De Egea cita el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé el arresto domiciliario. Rafael Redondo está citado a declarar un día más tarde, el jueves de la semana próxima, día 31.    

Villarejo fue trasladado recientemente a un centro médico desde la cárcel de Estremera porque se encontraba mal. Aunque algunas informaciones apuntaron a que había sufrido un infarto, fuentes del caso consultadas por eldiario.es descartan por completo esa dolencia. Al parecer, Villarejo sufrió una reacción a la medicación que se le suministró, le fue practicado un cateterismo y se encuentra recuperado. El entorno del comisario defiende que su estado de salud hace necesaria su inmediata excarcelación. 

El pasado 6 de marzo,  el juez Diego de Egea ordenó la puesta en libertad del comisario Carlos Salamanca, detenido en la Operación Tándem junto al policía jubilado José Manuel Villarejo. De Egea adoptó esta decisión cuatro meses después de la detención de ambos y pese a que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto días antes. Para poner en libertad al jefe de la Unidad Central de Fronteras en el momento del arresto, De Egea no consultó a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión incondicional al comisario jubilado José Manuel Villarejo el pasado 5 de noviembre por pertenecer presuntamente a una organización criminal y también por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción acaba de entregar un informe al juez Diego de Egea en el que le advierte de que la puesta en libertad condicional del comisario José Manuel Villarejo es un riesgo toda vez que los avances en la investigación permiten determinar que ha crecido el riesgo de que huya y de que destruya pruebas. El escrito del Ministerio Público es la respuesta a la última petición de puesta en libertad formulada por la defensa del policía jubilado.

La abundante documentación incautada en los registros permite a los fiscales concluir que Villarejo cuenta con contactos en el extranjero, sociedades en otros países y posiblemente dinero oculto que, unidos a las habilidades adquiridas en sus años al frente de la organización criminal que presuntamente lidera y el manejo habitual de identidades falsas, le ponen en disposición de ocultarse fuera de las fronteras de España, informan fuentes jurídicas.

Los documentos analizados hasta el momento apuntan a que Villarejo tiene una estructura con la que puede reincidir en el delito, otro de los motivos que recoge la ley para dictar o mantener la prisión provisional. Además, los avances en las pesquisas, según las mismas fuentes, apuntan a que Villarejo será acusado de nuevos delitos, que se sumarán a su imputación por organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.

Esto provocaría que el horizonte penal de Villarejo se complicara aun más. Solo con los delitos que se le imputan en este momento, los mismos que cuando fue detenido el 3 de noviembre pasado, la petición fiscal de cárcel superaría los treinta años de cárcel. La causa sigue a día de hoy declarada secreta.

Las peticiones de libertad de Villarejo han sido rechazadas hasta ahora por el juez De Egea y confirmadas en dos ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, concretamente el 26 de diciembre y el 2 de marzo, hace apenas seis semanas. La defensa de Villarejo solicitó de nuevo la libertad la semana pasada y este lunes Anticorrupción ha entregado su informe desfavorable al juez. Okdiario.com publicó el pasado 14 de marzo que el juez se planteaba dejar en libertad a Villarejo en mayo, una vez cumplidos los seis meses de prisión provisional.

El pasado 6 de marzo, el juez Diego de Egea ordenó la puesta en libertad del comisario Carlos Salamanca, detenido en la Operación Tándem junto al policía jubilado José Manuel Villarejo. De Egea adoptó esta decisión cuatro meses después de la detención de ambos y pese a que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto días antes. Para poner en libertad al jefe de la Unidad Central de Fronteras en el momento del arresto, De Egea no consultó a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

De Egea sustituyó la prisión provisional por otras medidas cautelares, la entrega del pasaporte y que Salamanca acuda mensualmente al juzgado. Al tiempo que ha puesto en libertad al policía lo citó a declarar para unos días después. Esa declaración se ha frustrado ya en tres ocasiones. Junto a Villarejo permanece en la prisión de Estremera, por ahora, su socio Rafael Redondo.

El juez Diego de Egea ha ordenado la puesta en libertad del comisario Carlos Salamanca, detenido en la Operación Tándem, en la que también fue arrestado el policía jubilado José Manuel Villarejo. De Egea adopta esta decisión cuatro meses después de la detención de ambos y pese a que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la libertad de Salamanca hace apenas unos días, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

De Egea ha sustituido la prisión provisional por otras medidas cautelares, la entrega del pasaporte y que Salamanca acuda mensualmente al juzgado. Al tiempo que ha puesto en libertad al policía lo ha citado a declarar la próxima semana.

La decisión del magistrado instructor llega a los pocos días de que la Fiscalía Anticorrupción le solicitara levantar el secreto de una pieza separada, casi conclusa, en la que se investiga un delito de cohecho por los regalos que recibió el comisario Salamanca siendo jefe del aeropuerto de Barajas, entre 2012 y 2015, procedentes de una red de ciudadanos guineanos que entraban a España con la ayuda del mando policial.

Salamanca, defendido por el despacho de Baltasar Garzón, había solicitado la libertad en al menos cinco ocasiones, y todas habían sido rechazadas por el juez, que vio respaldadas su decisiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La última vez que la Audiencia Nacional negó la excarcelación fue el pasado jueves. Aquella decisión llevaba la firma del titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. De Egea hace labores de apoyo en este juzgado y lleva la instrucción del caso Tándem, pero estaba de permiso ese día.

Sin embargo, este martes, el magistrado De Egea ha decretado la libertad del policía sin que lo hubiera pedido su defensa y sin consultar al resto de partes, que constituyen las defensas del resto de imputados, la Fiscalía Anticorrupción y el partido Podemos, que ejerce la acusación popular, precisan las mismas fuentes.

Carlos Salamanca fue detenido el 3 de noviembre de 2017 en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en el centro de Madrid, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El arresto causó un gran revuelo en la Policía. En el momento de la detención, Salamanca era jefe de la Unidad Central de Fronteras.

Aún permanecen en prisión provisional por la Operación Tándem el comisario Villarejo, acusado de liderar la presunta organización criminal desarticulada, y su socio, el abogado Rafael Redondo.

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantiene imputado a Villarejo por pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos persiguen las actividades de un grupo, liderado presuntamente por el policía jubilado, dedicado a varias tipologías delictivas. La rama internacional constituye una pata importante de la investigación. Más de seis comisiones rogatorias internacionales cursadas por el juez De Gea aguardan respuesta.

La carta más valiosa del comisario jubilado José Manuel Villarejo puede acabar en el vertedero. La detención del policía desató el temor de empresarios, políticos y miembros de la judicatura por el archivo que el agente escondía y que podía utilizar como venganza por la operación en su contra. Pero ese material, en audio, vídeo y dosieres, no regresará a las manos de Villarejo. Una vez analizado, el que tenga relevancia penal para la Operación Tándem o para abrir nuevas causas, quedará a recaudo de la autoridad judicial; el resto, se destruirá, informan fuentes del caso.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se incautaron de ingente documentación durante la explotación de la operación. Pendiente de analizar en gran parte, los agentes encontraron cintas con una anotación que hace referencia a una alta autoridad del Estado o carpetas encabezas con el nombre y apellido de un personaje conocido.

La defensa de Villarejo intentó que le fueran devueltas cajas enteras una vez llegaron al juzgado, durante el desprecinto, alegando que se trataba de efectos personales ajenos a la investigación judicial. Pero el Letrado de la Adminsitración de Justicia se negó. Después, los abogados del comisario intentaron anular el registro de la vivienda por distintas irregularidades que la Audiencia Nacional ha rechazado.

El exhaustivo registro del chalet de Boadilla del Monte (Madrid), donde Villarejo reside junto a su mujer, se prolongó durante 19 horas. Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en una caja fuerte oculta tras una cómoda. A la misma pudieron acceder los agentes gracias a un descubrimento previo, una llave en el maletín que suele llevar el comisario jubilado, según relatan fuentes policiales.

Las oficinas en Torre Picasso, sede social de algunas empresas del holding de Villarejo, también fueron registradas, al igual que otras empresas y una vivienda en Estepona (Málaga). Se encontraron 180.000 euros en metálico, que en su primera declaración el comisario justificó como dinero en efectivo para gastos y una herencia de un familiar que iba a repartir entre sus hijos.

Con todo, uno de los hallazgos al que más importancia dan los investigadores es un segundo chalet, también en Boadilla del Monte. La vivienda estaba vacía, sin habitar, pero escondía documentos que los agentes retiraron en varias cajas tras horas de registro. Villarejo, según la fuentes citadas, no esperaba que los investigadores dieran con ese escondite, al que se accedió cuatro días después de su arresto y para el que hubo que trasladar al policía jubilado desde la cárcel de Estremera.

Nueva declaración en la Audiencia Nacional

Villarejo ha declarado este viernes ante el juez Diego de Egea. Lo ha hecho a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, petición a la que se adhirió su defensa. El contenido del interrogatorio no ha trascendido debido a que la causa continúa bajo secreto de sumario, pero fuentes jurídicas han asegurado a eldiario.es que el comisario ha atribuido todo el material que se le ha requisado al fruto de investigaciones ordenadas por el Ministerio del Interior, en mayor medida y, en otra menor, al Centro Nacional de Inteligencia.

El director del CNI, el general Sanz Roldán, ha vuelto a ser objeto de los ataques de Villarejo durante el interrogatorio. El policía retirado atribuye su caída en desgracia a un supuesto conflicto con el servicio de Inteligencia español por una cuestión de competencia, según fuentes de su entorno.

En su intervención, de más de hora y media, el comisario jubilado se ha enrocado en que las empresas que están siendo investigadas han sido puestas desde hace décadas al servicio del Estado para relevantes investigaciones. Es la tesis que el comisario puso por escrito ya en 1995. El por entonces inspector jefe firmó una carta a sus superiores exigiendo que se le repusiera en su destino, del que había sido apartado como consecuencia del ‘informe Veritas’, destinado a desacreditar al juez Baltasar Garzón.

Villarejo afirmaba que, ante la creación de una nueva Brigada Central de Inteligencia, se le planteó la necesidad de contar con “personal de la más absoluta confianza que realizara actividades aparentemente al margen de la Comisaría General de Información y que dispusiera de infraestructura en funcionamiento, empresas o negocios dedicados a las más diversas actividades”. Aseguraba que se le planteó para compensar el hecho de que hubiera puesto esas empresas al servicio del Ministerio del Interior en su etapa en excedencia sin cobrar “por sus servicios”. 

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantiene imputado a Villarejo por pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos persiguen las actividades de un grupo, liderado presuntamente por el policía jubilado, dedicado a varias tipologías delictivas. La rama internacional constituye una pata importante de la investigación. Más de seis comisiones rogatorias internacionales cursadas por el juez De Gea aguardan respuesta.

La jueza Carmen Lamela envió a prisión incondicional a Villarejo el 6 de noviembre. Igual suerte corrieron su socio, el abogado Rafael Redondo, y su íntimo amigo Carlos Salamanca. Este comisario era en el momento de su detención un alto responsable de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, concretamente estaba al frente de la Unidad Central de Fronteras. Salamanca fue detenido en su despacho de la sede de la calle General Pardiñas.

Lamela, de guardia, envió después la causa a reparto. Recayó en el juzgado de Instrucción número 6, donde ejerce labores de apoyo el juez De Gea. Este confirmó la prisión de Villarejo y sus dos presuntos colaboradores. Las defensas recurrieron y la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirmó las órdenes de prisión incondicional. El abogado del comisario Salamanca recurrió de nuevo al juez De Gea ese mismo día, que ha vuelto a ratificar la prisión para el alto mando policial.