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Comisario Villarejo: manual para artificieros

El policía reacciona a su imputación por apuñalar a una mujer con una entrevista que promete 'bombas' cuya autenticidad está por constatar 

eldiario.es repasa la trayectoria del "agente encubierto" desde su ingreso en la Policía en 1973 hasta la Operación Cataluña 

Villarejo insiste en sus acusaciones contra el CNI, periodistas y fiscales a pesar de que han sido archivadas por los tribunales en repetidas ocasiones 

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El comisario Villarejo en una imagen de la entrevista con Évole proporcionada por La Sexta

El comisario Villarejo en una imagen de la entrevista con Évole proporcionada por La Sexta

El comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez (El Carpio, 1951) acaba de anunciar el inicio de una nueva etapa en su vida como “periodista de investigación”. Su utilización del término habla de cómo ha entendido el policía su profesión y la de los informadores, con los que ha tratado desde que ingresara en el Cuerpo en 1973. En los ámbitos policiales que ha trabajado Villarejo, la información es considerada el elemento clave para la prevención y persecución del delito. Y también un arma poderosa si se utiliza para fines distintos a los de una investigación bajo control judicial.  

Villarejo concede este domingo a La Sexta su primera entrevista en 36 años. Hasta prácticamente ayer, el comisario ha estado detrás de multitud de informaciones del periodismo que se hace llamar “de investigación”, donde la firma la ponían otros. Con dos imputaciones judiciales, una orden de alejamiento sobre una de sus presuntas víctimas y el foco mediático que le ha expulsado de la zona de sombra en la que reinó, Villarejo promete ahora abandonar los bastidores y comenzar a detonar desde el escenario potentes bombas en forma de documentación y grabaciones. Siempre en una dirección, sus enemigos.

Antes presentará su verdad en la entrevista con Jordi Évole, extracto de una conversación de cinco horas. Este es un repaso por el expediente del personaje, sus animadversiones, los métodos empleados en el pasado y el papel que se arroga en una democracia que nació cuando Villarejo ya portaba una pistola y una placa. Resta por saber si las bombas que adelanta contienen material explosivo o los artificieros descubren que son un conjunto de cables unidos a una botella vacía.

1. Los orígenes

El comisario tiene redactado un currículum que recientemente incorporó, junto a otra documentación, a un juzgado de Andorra. En él asegura haber ingresado en la Escuela de la Policía en 1972 y que en 1975 ya estaba destinado en la comisaría provincial de Guipúzcoa. Entre ese destino y otro en Madrid alcanza el año 1978 con “numerosas detenciones” de miembros de ETA, FRAP y GRAPO, salpicadas de enfrentamientos violentos con riesgo para su vida. El policía cita alias de terroristas detenidos y su implicación en atentados, como los de la cafetería Rolando o el asesinato de Carrero Blanco.

El periodista Álvaro de Cózar es autor del trabajo de investigación más amplio sobre el comisario Villarejo. En V. Las cloacas del Estado, Cózar intentó cotejar ese currículum con otros protagonistas de los hechos descritos. “Hay cosas raras. Para empezar, su redacción es ambigua. Por ejemplo, en las operaciones que va señalando usa mucho el verbo participar. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Estaba ahí pegando tiros?, ¿tenía la misión de recoger información?, ¿o simplemente se enteraba de algo y pone ahora que participó en esos hechos? Intenté comprobar todos los detalles que da del País Vasco. No conseguí nada. Según él, participó en muchas de las operaciones importantes que se dieron en Euskadi, pero no sé, yo he hablado allí con mucha gente, periodistas, miembros de ETA y cargos de la lucha antiterrorista y no lo conocen de nada.”

En 1979, Villarejo da el salto de la lucha antiterrorista a la comisaría del madrileño barrio de Retiro. Allí, dice, resuelve “varios asesinatos y secuestros” y detiene a bandas de atracadores. Sin embargo, un testimonio que aparece en V. Las Cloacas del Estado le sitúa en labores muy diferentes. El histórico periodista Mariano Guindal, hoy jubilado, asegura que Villarejo le llamó a la agencia Colpisa el 24 de febrero de 1981 para explicarle que el rey estaba implicado en el golpe de Estado y que la familia real había sido trasladada a Portugal en helicóptero. Sabino Fernández Campo negó tajantemente esa información y lo achacó a “un intento de desestabilización por parte de los golpistas”. El artículo nunca llegó a publicarse. A petición de su jefe, Guindal envió la nota que había escrito a la Casa Real. Al día siguiente, Villarejo telefoneó al periodista: “Eres un hijo de puta, todo lo que te he contado está en la mesa del rey”.

De esa época consta su única intervención televisiva hasta la fecha, en el programa de Fernando García Tola y como portavoz del Sindicato Profesional de Policía. En su intervención, Villarejo hace una defensa de la nueva democracia, a pesar de que el periodista Jesús de las Heras le insiste en que su sindicato, que todavía hoy representa a la escala de mando de la Policía, tardó un día en condenar el golpe públicamente cuando éste ya había fracasado.

El comisario Villarejo en el acto de condecoración y a su izquierda, el número dos de la Policía, Eugenio Pino

El comisario Villarejo en el acto de condecoración y a su izquierda, el número dos de la Policía, Eugenio Pino

2. Empresas y fortuna

En el Cuerpo Nacional de Policía apuran sus últimos años o meses de servicio un pequeño grupo de policías que han compartido con Villarejo misiones y una peculiar versión del mandato que recibieron como funcionarios. Llegaron a la Policía en los estertores del franquismo o en los primeros años de democracia, procedentes de ambientes ultras. Comparten haber pasado por la lucha antiterrorista, el manejo de importantes cantidades de los fondos reservados, un alto tren de vida, éxitos policiales y encargos ajenos al puesto que desempeñaban de todos los gobiernos de la democracia. Pero si hay algo que diferencia a Villarejo de ellos es la estructura empresarial que el comisario creó durante una década fuera del Cuerpo, de 1983 a 1993.

A su regreso, en 1995, Villarejo participó en la Operación Veritas, que situaba al policía Enrique García Castaño en el centro de una red de corrupción policial y crimen organizado con la que se vinculaba también a Baltasar Garzón, objeto de una de las notas informativas en la que se desacreditaba al juez. Esa nota es la que se conoció después como informe Veritas

Como consecuencia de aquello, Villarejo fue desterrado de su puesto como “agente encubierto”, según lo describe él mismo, a otro en la Jefatura Superior de Madrid. El 16 de enero de 1995, el entonces inspector jefe firma una carta a sus superiores exigiendo que se le reponga en su destino, negando acusaciones y destacando sus méritos. En ella, da su versión sobre las empresas que ha mantenido a pesar de haber regresado al servicio activo.

Villarejo explica que, ante la creación de una nueva Brigada Central de Inteligencia, se le planteó la necesidad de contar con “personal de la más absoluta confianza que realizara actividades aparentemente al margen de la Comisaría General de Información y que dispusiera de infraestructura en funcionamiento, empresas o negocios dedicados a las más diversas actividades”. Aseguraba que se le planteó para compensar el hecho de que hubiera puesto esas empresas al servicio del Ministerio del Interior en su etapa en excedencia sin cobrar “por sus servicios”. 

También escribe que se le garantizó poder continuar con esas empresas sin renunciar a sus “cotidianas actividades privadas, manteniendo eso sí, la máxima discreción en actividades de investigación privada”. Veinte años después, el 15 de marzo de 2015, El País publicaba en portada: “El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital”. La información llegaba en plena tormenta por la publicación de la grabación a Ignacio González, que precipitó el final de la carrera política del dirigente del PP, pero que también terminó por sacar del anonimato a Villarejo.

Un despacho de abogados, un parque de recreo, una consultora, detectives y hasta una clínica en Málaga componen el entramado empresarial del policía. Villarejo explicó el origen de su fortuna en la declaración como imputado por la grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás. Allí, en sede judicial, habló de la recalificación de un terreno familiar en el centro de Córdoba que le supuso unas plusvalías de 16 millones de euros. La alcaldesa, Rosa Aguilar, era de Izquierda Unida, según se encargó de recalcar ante el juez.

La sede de su pequeño emporio está en Torre Picasso, en la zona de negocios de Madrid. Villarejo vive en un chalet en Boadilla del Monte. O vivía, porque en la declaración ante la jueza el verano pasado aseguró cambiar cada noche de residencia por seguridad y también por los desencuentros con su mujer a raíz de las últimas informaciones. El comisario suele conducir un todoterreno que ronda los 100.000 euros. 

3. Los periodistas “infiltrados”

La frase aparece en el documento de 1995. Villarejo se refiere a su encuentro con un superior: “Aprecié que no hizo referencia a mis infiltrados en los medios de comunicación”. Así se refiere a los periodistas con los que trata, como “infiltrados” que trabajan para él.

La confidencialidad de la relación entre periodista y policías se ha visto rota en los últimos tiempos por los sumarios que afectan al comisario Villarejo. Unos han tenido que ir a declarar como testigos por noticias que podrían haber salido del policía, como la grabación del caso del Pequeño Nicolás. Otros son descubiertos por el propio agente. Ocurre en el caso de la doctora Pinto, la mujer que denunció al poderoso empresario Javier López Madrid, amigo de los reyes, por acoso y que fue pinchada en el costado el 10 de abril de 2014 por un hombre que ella ha identificado como Villarejo.

En un escrito presentado al juzgado el verano pasado, el policía asegura que a esa hora estaba reunido con los periodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. El hoy director de okdiario.com asegura tener un ticket que le sitúa comprando un regalo en la tienda Hermes de Madrid a la hora de la agresión. En un escrito más reciente, Villarejo solo se refiere a Urreiztieta cuando alude a ese encuentro como coartada.  

En los últimos años, Villarejo ha descubierto el poder de difusión de Internet y no se ha reprimido a la hora de utilizarlo, a pesar de que a un policía no le está permitido publicar sin autorización expresa. Su mujer está al frente de una web, informacionsensible.com, que pese a no contar apenas con periodistas y no ofrecer contenidos propios ha tenido exclusivas de casos como el Pequeño Nicolás, en los que se ve implicado el comisario.

Desde esa web se ha atacado a periodistas no afines al policía y se han adelantado textos de querellas presentadas por él que nunca han prosperado. Llama la atención, por otra parte, que las expresiones y la forma de redacción utilizados en algunos editoriales y por un desconocido Anselmo Cifuentes coincidan con las de querellas y escritos internos firmados por Villarejo o sus abogados.

Un joven periodista que trabajó en informacionsensible.com está imputado por haber hecho la llamada que supuestamente sirvió para activar un sistema de grabación instalado previamente en el teléfono móvil de otro comisario. Ese comisario, Marcelino Martín-Blas, estaba reunido con otros agentes y dos miembros del CNI para abordar el caso del Pequeño Nicolás. Por la llamada está imputada también Gemma Gallego, periodista y actual esposa de Villarejo, así como el propio policía.

La grabación acabó en varios medios de comunicación que difundieron la versión de que los policías, enemigos de Villarejo, y los agentes del CNI, el servicio de Inteligencia al que también está abiertamente enfrentado, habrían pinchado el teléfono del investigado de forma ilegal. El juzgado rechaza tal posibilidad.

La juez dicta una orden de alejamiento contra Villarejo sobre doctora Pinto

4. El CNI, su enemigo número 1

Un repaso a la trayectoria expuesta de José Manuel Villarejo Pérez permite constatar cómo ha logrado ser un personaje anónimo durante décadas, a pesar de haber participado en los casos más mediáticos, desde el 23-F a la Gürtel. Pero eso comenzó a cambiar en 2014.

En poco tiempo, aparecieron anotaciones sobre Villarejo en el registro al Pequeño Nicolás, trascendió la grabación a Ignacio González, fue señalado en el apuñalamiento a la doctora Pinto, también en la grabación ilegal a sus compañeros… El comisario cree que se enfrentó a un poderoso enemigo y que éste es el responsable del foco mediático sobre él y la merma del poder que le confería la penumbra.

Ese enemigo al que señala es el CNI, la institución que por ley tiene atribuidas las funciones de Inteligencia que Villarejo y su último jefe, el comisario Eugenio Pino, consideran que también tiene la Policía. De esa convicción sin soporte legal nace la estructura que albergó la policía política de la Operación Cataluña y cuya existencia  comenzó a vislumbrarse con el caso del Pequeño Nicolás.

En el Centro Nacional de Inteligencia niegan cualquier actuación contra Villarejo e insisten en que el servicio secreto español tiene amenazas más graves de las que ocuparse, como el terrorismo yihadista o los ciberataques. Sin embargo, la insistencia del comisario en vincular al CNI con operaciones ilegales a través de notas internas, que luego son publicadas en algunos medios, o las querellas en los juzgados están colmando la paciencia del servicio de Inteligencia.

Una de esas notas aseguraba que el CNI negoció con Pujol para que éste no revelara supuestas cuentas del rey en Suiza. El Centro niega rotundamente esas afirmaciones. Cuando fueron publicadas por El Mundo, un portavoz de la Inteligencia española, en un hecho inusual, dijo al periódico: “Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero”.

Agentes del CNI participaron en la investigación al Pequeño Nicolás, toda vez que el joven se hacía pasar por representante de altas instituciones del Estado y que incluso fingía tener un trato personal con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende el servicio secreto, e incluso con la propia dirección del Centro.

El comisario Villarejo denunció en los juzgados en mayo de 2015 que existe una organización criminal integrada por agentes del CNI, el comisario Martín-Blas y su segundo, el periodista Javier Ayuso y dos fiscales Anticorrupción que se dedican a fabricar pruebas falsas para destruirle. El motivo, según el policía, es que se ha atrevido a denunciar públicamente el robo por parte de espías españoles de tres millones de euros, parte del rescate destinado a liberar en Siria a los periodistas Javier Espinosa y Ricardo García-Vilanova.

Detrás de esa organización estaría la propia vicepresidenta del Gobierno y su jefa de gabinete, María Pico, aunque Villarejo no las señalaba como querelladas porque no podía “probar fehacientemente su participación”. El comisario presentó la denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla y el Tribunal Supremo por estar algunos de los señalados en condición de aforado. Un juzgado de Plaza de Castilla inadmitió de plano. El Tribunal Supremo derivó la causa al Superior de Justicia de Madrid, que hizo lo propio.

El tribunal califica el relato del comisario de “prolijo, abigarrado y a veces disperso”. Y añade que carece de “indicios mínimamente fundados”. A pesar de ello, el comisario insiste. Jordi Évole ya ha adelantado que el supuesto robo del rescate será una de las denuncias que Villarejo recupera durante la entrevista grabada. Cuarenta y ocho horas antes de su emisión, ha trascendido que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado investigar la última denuncia del policía, en este caso contra Sanz Roldán y un periodista de El País, por la publicación de una foto suya reciente y el supuesto riesgo que para su vida habría entrañado.

5. La guerra de comisarios

Uno de los ciudadanos chinos implicados en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales denunció presiones de una agente del servicio secreto para que implicara en la trama a un grupo de policías, entre ellos Carlos Salamanca, amigo personal de Villarejo y antiguo miembro del servicio de Información de la Policía. La denuncia fue archivada, no así la investigación a Salamanca y otros policías, aunque el primero nunca llegó a sentarse en el banquillo y los que lo hicieron fueron absueltos.

Pero en el transcurso de la Operación Emperador, Villarejo encontró a otro enemigo de por vida, el también comisario Marcelino Martín-Blas. Este siempre fue uno de los policías de referencia del Partido Popular. Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones de 2011, Martín-Blas fue nombrado jefe de Asuntos Internos. El comisario Pino, director adjunto operativo, ya tenía reservada unas funciones “alternativas” a esa Unidad, que pasaban por prestar agentes para desplegar sobre el terreno la Operación Cataluña. Así, Martín-Blas y Villarejo trabajaron codo con codo en las investigaciones prospectivas a políticos soberanistas. Hasta que Martín-Blas comenzó a investigar a Carlos Salamanca en la Operación Emperador y se atrevió a señalar a un hijo de Villarejo en uno de los informes al juzgado.

La guerra que se desató fue total. Villarejo logró que Martín-Blas, a pesar de su cercanía al partido en el poder, fuera cesado. Las especulaciones sobre lo que sabía Villarejo de Jorge Fernández Díaz y el resto de la cúpula de Interior se multiplicaron. El juez del caso Nicolás recuperó a Martín-Blas para investigar a sus órdenes la pieza separada de la grabación ilegal. En junio de 2016 el policía presentó un informe al juzgado solicitando una serie de detenciones e imputaciones, incluidos Pino, Villarejo y una serie de periodistas. Su informe, de más de 500 páginas, concluía que una red en la cúpula del Ministerio del Interior protegía al comisario Villarejo.

Ese juez, Arturo Zamarriego, imputó a Villarejo, a su mujer y al periodista de informacionsensible.com, y evitó hacer lo propio con el resto. Sin embargo, abrió un número indeterminado de piezas separadas que a día de hoy permanecen secretas. Zamarriego ascendió a la Audiencia de Madrid y dejó el caso en manos de otra magistrada.

Más de un policía ha escuchado a Villarejo jurar que no descansará hasta que la cárcel acoja a Martín-Blas, al que considera un peón del CNI. Martín-Blas, jubilado el pasado abril, ha dejado a su segundo, el inspector Rubén Eladio López, continuar con la investigación a Villarejo por la grabación ilegal.

6.  La Operación Cataluña

El año 1993 aparece en el currículum de Villarejo como el de su regreso oficial a la Policía. A partir de ese momento se refiere a su actividad en bloques, según los servicios prestados a la lucha antiterrorista, contra ETA y el yihadismo, o en materia de crimen organizado.

En otras ocasiones alude a trabajos que le deberían ser ajenos a la Policía, como cuando menciona un “viaje a Irak, antes y después de la guerra de 2003, para apoyo de inteligencia a servicios amigos (especialmente EEUU) con ayuda de Monzer Al Kassar”, el traficante de armas que hoy cumple condena en una cárcel estadounidense, colaborador de Villarejo que facilitó la captura del narcotraficante Laureano Oubiña en Grecia en 2000.

Cuando Mariano Rajoy se convierte en presidente del Gobierno, José Manuel Villarejo Pérez está destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El comisario había vuelto como "agente liberado" con José Luis Corcuera en el Ministerio del Interior y así continuó durante los gobiernos de José María Aznar. El último encargo conocido que le hizo la cúpula policial de Rubalcaba fue meterse en la investigación del ático de Ignacio González, una pieza política de caza mayor.

Con su historial, Villarejo parecía abocado a participar en las maniobras policiales orquestadas en el ministerio de Jorge Fernández Díaz contra el soberanismo en Cataluña. eldiario.es publicó que en marzo de 2015 fue condecorado con una medalla pensionada por ello. 

Pero la medalla no parece el mayor tesoro obtenido por el comisario en Cataluña. Con su férrea dedicación a grabar cada encuentro que mantiene, los rumores se desatan sobre qué instrucciones de los responsables políticos del Ministerio puede tener registradas. Fernández Díaz ha dicho después que apenas le conoce, pero su número dos, Francisco Martínez, tenía trato directo con él, y el fin de semana que se detiene al Pequeño Nicolás intercambian dos llamadas.  

Mientras los investigadores registran la casa del presunto estafador, donde aparecen notas sobre Villarejo, el secretario de Estado de Seguridad y el comisario hablan por sus teléfonos móviles 14 minutos. Ambos aseguran que de terrorismo yihadista. En el informe del caso que Martín-Blas confecciona para el juez se tratan esas llamadas con “especial atención”. Cabe recordar que la conclusión de ese informe es que la cúpula de Interior está tapando las presuntas ilegalidades cometidas por Villarejo.

La Operación Cataluña ha servido a Villarejo para dar avisos. Lo hizo cuando declaró como imputado en el caso de la grabación ilegal, testimonio del que nace el término ‘Operación Cataluña’. Aunque él nunca llegó a pronunciar la palabra “operación”, explicó sus viajes en compañía de Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, para buscar información de políticos catalanes. Villarejo comenzaba a dar detalles de las maniobras que Interior negaba. Y lo hacía sabiendo que la declaración estaba siendo grabada.

Villarejo había sido imputado y de nada servían las declaraciones que hizo el ministro cuando se conoció su patrimonio millonario. "Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento", dijo entonces Fernández Díaz. 

A nivel interno se ordenó una suerte de investigación sobre el patrimonio y la filtración de la grabación a Ignacio González que concluyó que no había nada que reprochar al comisario. El encargado de la misma fue un inspector jefe, por debajo en el escalafón de Villarejo y que trabajaba junto a él en la Dirección Operativa. Las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho y varios sumarios hacen concluir que ese inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago, era entonces el número dos de la policía política.

7. Una mano negra en la Justicia

¿Qué hace una asociación dirigida por la mano derecha de Villarejo personada en los casos Lezo, Campeón (donde estuvo imputado José Blanco) o la fuga de Esperanza Aguirre? En todos ellos, obtener de primera mano la información incorporada al sumario. En el caso de la expresidenta madrileña, resultar determinante para que no se sentara en el banquillo.

Transparencia y Justicia, que así se llama la asociación, ejerció la acción popular durante el proceso, pero se retiró en el momento clave. En cuestión de días, Villarejo había contribuido a la caída de Ignacio González, con la publicación de la nota sobre su encuentro grabado, y había salvado a Esperanza Aguirre. Villarejo es amigo personal del empresario Ignacio López del Hierro desde antes de que éste se casara con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Al frente de Transparencia y Justicia está el abogado Rafael Redondo, socio del conglomerado empresarial de Villarejo y el hombre que fue a buscar a la amante de Pujol Ferrusola a la estación de Atocha para conducirla a la UDEF y que denunciara lo que decía saber del hijo mayor del expresident. Así consta en el sumario del caso.

Rafael Redondo es, a su vez, socio de Ángel Benseny, un forense de los juzgados de Plaza de Castilla que detenta Schola Iuris, escuela jurídica que hace diez años ofrecía un master de especialización penal en el que impartieron clase, cobrando, desde el exjefe de Anticorrupción, Manuel Moix, pasando por el poderoso presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y hasta el mismo fiscal general del Estado, José Manuel Maza.  

Josep Pujol declaró en la Audiencia Nacional que Villarejo le citó en el despacho de otro abogado, Javier Iglesias, para ofrecerle tumbar el caso judicial contra la familia del expresident si éste hacía una declaración pública contra el proceso soberanista. Fuentes de los servicios de Información reconocen que aún está pendiente una investigación sobre la actuación de Villarejo y sus colaboradores en distintos casos judiciales con la intención de reventarlos.

En la actualidad hay una investigación en un juzgado de Andorra por la denuncia de los dueños de la banca BPA por extorsión contra Martín-Blas y otro policía. Los Cierco denuncian que les amenazaron con la intervención del banco si nos les facilitaban las cuentas de los Pujol. Si prospera, la causa contra los Pujol por corrupción se puede ver comprometida. Villarejo ha salido en auxilio de los Cierco y contra Martín-Blas y ha aportado notas informativas realizadas por él que supuestamente acreditarían esas maniobras en las que él, dice, no ha participado.

8. La agresión a la doctora Pinto

Javier López Madrid es amigo del rey de España desde la infancia y, más recientemente, de la reina Letizia, como acreditan los mensajes de ánimo que la pareja envió al empresario en pleno escándalo de las tarjetas black. En 2013, una prestigiosa dermatóloga madrileña denunció al poderoso empresario por acoso. Fue imputado, se dictó una orden de alejamiento y él también denunció a la doctora, que a día de hoy sigue imputada en otro juzgado. En pleno conflicto, el yerno de Juan Miguel Villar Mir recurrió a un grupo de comisarios con los que mantiene “una estrecha relación”, según concluyó la Guardia Civil al analizar el teléfono del consejero de Ferroglobe.

Entre esos policías figura Villarejo, al que el empresario dijo en sede judicial no conocer. De esa declaración debió retractarse después ante las evidencias de decenas de llamadas entre ellos. El comisario asegura que se lo presentaron y que se limitó a invitarle a denunciar. A López Madrid y Villarejo los presentó Francisco Granados, según fuentes policiales. Granados dice conocer a los dos pero niega que fuera quien los pusiera en contacto. La doctora asegura que Villarejo es el hombre que el 10 de abril de 2014 se abalanzó sobre ella en plena calle y la pinchó en el costado mientras le decía:  “López Madrid quiere que cierres la boca”.

Otra vez, el Ministerio del Interior salió al rescate de Villarejo. En mayo de 2015, después de trece denuncias ignoradas ante la Policía, el comisario de Chamartín recibió el soplo de que Villarejo podía ser el agresor. Organizó un reconocimiento con fotografías y la doctora le reconoció “sin ningún género de dudas”.

A partir de ahí comenzó un calvario para el comisario Jaime Barrado. Una encerrona en su despacho con dos abogados empleados de Villarejo sirvió para que Interior le abriera un expediente y, primero, lo desterrara a una comisaría conflictiva, para después apartarlo del servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó reintegrarlo en el Cuerpo. A día de hoy, ya jubilado, sigue imputado por el suceso con los abogados de Villarejo en un juzgado que mantiene estancada la causa.

La jueza del caso de acoso, por su parte, citó en 2015 a Villarejo para una rueda de reconocimiento en dos ocasiones, pero desde el Ministerio del Interior se le excusó por viajes profesionales en el extranjero. Después, llegaron unos informes policiales que señalaban a la doctora como la auténtica responsable del acoso. El caso se archivó y Villarejo pudo olvidarse de la acusación. Hasta que la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado el caso y ha ordenado reabrirlo. Quedaban diligencias pendientes, entre ellas la rueda de reconocimiento al comisario. La doctora le ha señalado sin dudar y la jueza lo ha imputado. La defensa de la mujer denuncia un “montaje policial” para exculpar a Villarejo y, de paso, al amigo de los reyes.

9.  La Iglesia de la Cienciología, el expediente

En los archivos de la Policía consta el expediente 31.315 abierto a Villarejo a raíz de la investigación judicial al policía por su implicación en un turbio caso con la Iglesia de la Cienciología, ejerciendo en ese caso de detective privado.

El 18 de noviembre de 1990, el diario ABC titula: “La secta de la Cienciología utilizó a policías para encarcelar a un inocente”. Villarejo fue condenado por haber utilizado a un toxicómano para que mintiera e implicara en un robo a un pintor que había puesto en marcha un centro de rehabilitación que la Cienciología consideraba que le hacía la competencia. Villarejo estuvo condenado, y eso hubiera supuesto su expulsión de la Policía, pero el caso llegó hasta el Constitucional, que revirtió el sentido del veredicto.  

También consta en su expediente el atropello a un peatón en 1983 y otro accidente de tráfico tres años después, sobre el que no aparecen más datos. Todos estos hechos tuvieron lugar durante su etapa de excedencia, en la que ejercía como detective privado, entre otras actividades. El pasado año, la Policía abrió otro expediente a Villarejo por los mensajes amenazantes enviados al comisario Barrado, el policía que le investigó, y a otro mando al que está enfrentado. En los mismos les retaba a verse las caras mientras les llamaba "mierda" o "basura".

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