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El comisario Villarejo salió en auxilio de Esperanza Aguirre mientras contribuía al final político de Ignacio González

La decisión de Rajoy de apartar de la reelección al presidente madrileño estuvo precedida de la publicación de un informe escrito por el policía

Una asociación del comisario decidió en esas fechas no recurrir el archivo de la causa contra Aguirre, pese a estar personada con ese objetivo

El policía es amigo del marido de Cospedal desde hace años y ha realizado operaciones secretas para los Gobiernos de PP y PSOE

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El comisario Villarejo en el acto de condecoración y a su izquierda, el número dos de la Policía, Eugenio Pino

El comisario Villarejo en el acto de condecoración y a su izquierda, el número dos de la Policía, Eugenio Pino

La carrera electoral del Partido Popular hacia las elecciones autonómicas y municipales en Madrid cuenta desde hace dos meses con un actor inesperado, que no milita en el partido de Mariano Rajoy, ni en el de sus adversarios, que los ciudadanos no han elegido y que ni siquiera se dedica, al menos públicamente, a la política: el comisario José Manuel Villarejo.

El 6 de marzo pasado, el Partido Popular hizo público que Ignacio González no sería el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como él deseaba, y que la lista estaría encabezada por Cristina Cifuentes. El anuncio tuvo lugar cuatro días después de que El Mundo publicara una nota escrita tres años antes por Villarejo a sus superiores informando de que el político le había pedido  tapar la investigación sobre el origen de su ático de lujo en Estepona (Málaga), durante  una reunión celebrada a la semana de que el PP ganara las elecciones generales.

Este lunes, Esperanza Aguirre ha visto despejada su campaña electoral con la decisión de la Audiencia de Madrid de instruir como falta, y no delito,  su fuga al volante el 3 de abril de 2014 por el centro de la capital que aspira a gobernar. En su auto, la Sección Sexta rechaza la falta de legitimación de la acusación particular para recurrir el archivo de la causa. Una legitimidad que sí tenía la acusación popular y que ha renunciado a ejercer. La acusación popular en el caso está representada por Transparencia y Justicia, organización que fuentes próximas a la misma vinculan con el comisario Villarejo.

González reaccionó de El Mundo  cargando públicamente contra Villarejo y el otro comisario que se había reunido con él en una cafetería próxima al Gobierno de la Comunidad el 29 de noviembre de 2011. Fue el 2 de marzo pasado. Cuatro días después, Génova acababa con las aspiraciones de González, el 6 de marzo. Cuarenta y ocho horas después, El Mundo y la Cadena Ser publicaban un pequeño extracto de la conversación entre los policías y el aún presidente de la Comunidad de Madrid del que interpretaban que el político era quien pedía a los agentes ayuda y no que éstos se la ofrecían.

Por aquellas mismas fechas, Transparencia y Justicia decidió que no seguiría adelante con la acusación contra Aguirre. El 23 de febrero, la defensa de la expresidenta de la Comunidad presentó un escrito contra el recurso de la Fiscalía, que pedía reabrir el caso, pero solo para investigarlo como una falta. Los plazos para recurrir se agotaron entre ese día y el 11 de marzo, fecha en el que la causa llegó a la Sección Sexta de la Audiencia de Madrid.

"Indicios de delito" en la candidata Aguirre

Los jueces de la Audiencia de Madrid han fallado que la instrucción practicada hasta ahora “viene a corroborar, a nivel indiciario” que la huida de Esperanza Aguirre de los agentes de movilidad y de la Policía Municipal podría constituir “una infracción penal”. Pero a continuación añaden que no pueden entrar a resolver sobre el asunto porque “ninguna parte recurrente legitimada” lo ha solicitado.

Fue el agente de movilidad, acusación particular, quien recurrió el archivo del juez Carlos Valle. Sin embargo, la Audiencia ha resuelto que no hay pruebas de que la actuación de Aguirre le causara daño físico y que carece de legitimación para recurrir el archivo de un posible delito de desobediencia. Aduce que es el conjunto de la sociedad la perjudicada por quien desobedece a la autoridad, y no el propio agente. Por tanto, debía ser la acusación popular o el Ministerio Fiscal quien recurriera. La primera declinó hacerlo, mientras que la Fiscalía de Madrid presentó su recurso, pero para solicitar que los hechos se instruyeran como una falta, por tratarse de una “desobediencia leve”.

La actuación de Transparencia y Justicia es, si cabe, más contradictoria por cuanto consiguió en el pasado que los hechos se instruyeran como delito. En la primera parte del proceso, el abogado que representaba a la asociación era Luis Gerez, contratado por la asociación. El juez Valle, destacado por su perfil ultraconservador, había archivado el caso, pero Gerez recurrió y la Audiencia de Madrid le dio la razón el 5 de septiembre. Unos días después de conseguir el objetivo para el que había sido contratado, el representante legal de Transparencia y Justicia David Macías prescindió de sus servicios. “Se me comunicó por teléfono, cobré y no tengo ninguna queja”, asegura el letrado.

Cuando Esperanza Aguirre acudió al juzgado a declarar, el 22 de septiembre de 2014, Gerez ya no representaba a Transparencia y Justicia en el proceso y en su lugar estuvo Macías. eldiario.es se puso en contacto este lunes con el letrado de Transparencia y Justicia para conocer el motivo del cambio de criterio de la asociación. Macías aseguró que él solo es “un abogado de la asociación” y que desconoce por qué la junta directiva había decidido no presentar el recurso.

El diario El País publicó el pasado 13 de marzo que Davida Macías es, desde el 17 de noviembre de 2014, administrador único de Desarrollo Empresariales Potes, propietaria de la web informacionsensible.com, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. La web también es controlada por el comisario Villarejo, quien la ha utilizado para contestar, a través de editoriales sin firma, a las informaciones que sobre él se vienen publicando, así como para lanzar advertencias a sus adversarios en la Policía y al Centro Nacional de Inteligencia.

Constituida en 2005, Transparencia y Justicia comenzó denominándose Asociación para la Protección de los Inversores. Fue hasta mayo de 2011, cuando cambió de denominación y se dotó de unos estatutos tan ambiguos que igual sirven para ejercer fines “intrínsicamente vinculados” a conseguir la materialización de la justicia como para “instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones y desahucios”. La anterior personación que hizo circular el nombre de la asociación por las redacciones fue la realizada en el ‘caso Campeón’, por el que llegó a estar imputado el exministro socialista José Blanco.

De la Rosa: Villarejo ha traicionado a Cospedal

La vinculación de José Manuel Villarejo con el Partido Popular se presenta, sin embargo, difuminada. Fuentes próximas a la cúpula de la formación aseguran que el policía mantiene una relación personal desde hace años con el empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Sin embargo, el empresario Javier de la Rosa afirma, en una  conversación con el ‘Pequeño Nicolás’, incorporada al sumario del caso por el que se investiga al joven, que el policía “también” ha traicionado a la secretaria general del PP.

Como está acreditado en la instrucción del caso del ático de Ignacio González, fue la cúpula policial de la época de Alfredo Pérez Rubalcaba quien implicó a Villarejo en la investigación del ático. Por aquel entonces, Villarejo ya era un agente sin atribuciones específicas en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, destino que conserva a día de hoy.

Recientemente, el Ministerio del Interior ha concluido que las  actividades empresariales del comisario -12 sociedades por valor de 16 millones de euros- son compatibles con su cargo de funcionario. Según el recuento de El País, esas sociedades han estado operativas con 10 ministros del Interior, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.

En esta legislatura, Villarejo ha sido condecorado en reconocimiento a sus  investigaciones a políticos catalanes vinculados al proceso soberanista, según adelantó eldiario.es. La investigación sobre su patrimonio y otra, aún en marcha entorno a la grabación y difusión del encuentro con González, han sido encargadas por Interior a un subordinado de Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa.

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