La aplicación de la amnistía está siendo desigual y con criterios no siempre unánimes entre tribunales. Una jueza de Barcelona ha decidido amnistiar al exconseller de Presidència Francesc Homs al concluir que la malversación por la que estaba imputado sí está incluida en la ley de olvido penal del procés y no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), al contrario de lo mantenido por el Tribunal Supremo.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Carmen García acuerda archivar el caso a Homs en aplicación de la amnistía. La Audiencia de Barcelona había dejado al exconseller a un paso de tener que ir a juicio por tres subvenciones y contratos a dedo relacionados con la promoción exterior del proceso soberanista, en una causa derivada de la macroinvestigación que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas, a instancias de PP y PSOE en 2017, sobre los gastos exteriores del procés.

Lo relevante del auto es que amnistía la malversación, delito que el Supremo se ha negado a amnistiar para Puigdemont y los exconsellers. El Alto Tribunal alegó, en contra de la Fiscalía, que no cabía amnistiar la malversación porque, a su juicio, pese a que los exresponsables de la Generalitat no se habían llevado un euro, al no haber costeado de su bolsillo los gastos relacionados con el referéndum habían obtenido un beneficio personal. Y señalaron que los gastos del procés podrían afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, otra de las exclusiones de la norma.

La magistrada desmonta en pocas líneas esta tesis. Señala la instructora que no consta “ninguna acreditación” tras años de investigación de que los cuatro gastos por los que estaba imputado Homs “afectaran o provinieran de fondos o ayudas europeas”. Indica además que cuando España trasladó a su Código Penal la directiva europea contra el fraude no incluyó que la malversación también afectara al patrimonio de la Unión Europea, como sí ocurre con los delitos de fraude en subvenciones. Esto implica que la malversación solo alude a los fondos de las administraciones públicas del Estado.

Con el mismo argumento, la jueza amnistía también al otro investigado en la causa, el exsecretario de Asuntos Exteriores y de la UE Senén F.P. El Tribunal de Cuentas denunció ante la justicia a los dos excargos del Govern por aprobar entre 2011 y 2012 gastos para el desplazamiento y alojamiento en Barcelona de asistentes a un encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior (35.700 euros), por un asesoramiento jurídico para un proyecto de dinamización internacional (14.520 euros) y por unas subvenciones a la Fundación CatDem (con 7.400 euros) para traducir material de difusión de su actividad.

La argumentación de la magistrada se desmarca de lo sostenido por el Supremo. El juez Pablo Llarena rechazó amnistiar a Puigdemont al considerar que “la sola realización del referéndum afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la Unión Europea, con reflejo directo en ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión”.

Además de descartar que los gastos del procés afectaran a los intereses financieros de la UE, la jueza también destaca que la malversación que investigaba “no motivó enriquecimiento o beneficio patrimonial” (lo contrario adujo el Supremo para los exconsellers), sino que fueron subvenciones dedicadas, entre otros, a “ sufragar viajes de terceros”, en referencia al desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior que se fraccionó en dos contratos menores para eludir el concurso.

El TSJ catalán y la Audiencia de Barcelona tampoco han amnistiado por ahora la malversación relativa a los preparativos del referéndum del 1-O y la próxima semana tienen que decidir si elevan sus respectivas causas contra la treintena de altos cargos y funcionarios a la Justicia europea o al Constitucional. Pero ahora ya hay una primera amnistía a gastos del procés.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado enviar a juicio al exconseller de Presidencia Francesc Homs por tres subvenciones que otorgó en su etapa al frente del departamento de Presidencia. Una de ellas es una subvención directa de 7.400 euros que Homs otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Es la segunda vez que el tribunal revoca el archivo del caso decretado por la jueza instructora, que no veía delito.

Según han informado fuentes jurídicas, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha revocado el archivo del caso que había decretado la jueza instructora al no apreciar indicios delictivos en los tres gastos investigados, que se remontan a 2011 y 2012: la subvención a CATDem, un encargo a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y una fragmentación de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos a dedo y eludir así el concurso.

Por el contrario, la Audiencia sí considera que los gastos podrían suponer un delito de prevaricación y otro de malversación, y reclama a la jueza instructora que envíe a juicio al expolítico. La causa de Homs, en principio, debería quedar incluida en la amnistía, si el rechazo de la Fiscalía del Supremo a amnistiar el delito de malversación abre la duda a excluirlo del olvido penal del procés.

En el último momento de su tramitación parlamentaria, Junts amplió el alcance de la amnistía a noviembre de 2011 (inicialmente se incluían los hechos cometidos entre 2012 y 2023) para beneficiar al exconseller Homs y al resto de los investigados por la promoción exterior del procés.

Las subvenciones que pusieron a Homs de nuevo bajo la lupa judicial (ya cumplió la condena de inhabilitación por organizar la consulta del 9-N de 2014) forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas, a instancias de PSOE, PP y Ciudadanos, sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017. El informe del ente fiscalizador fue la base con la que la Fiscalía presentó su querella en los juzgados de Barcelona.

Respecto a la subvención a la fundación CATDem –ya extinguida tras verse en el centro de la financiación ilegal de Convergència en los casos Palau y el 3%–, la Fiscalía acusa a Homs de otorgar a la entidad 7.400 euros “para contribuir a la financiación de los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y a la traducción a diversas lenguas de algunos de sus materiales”, pese a que un mes antes, en noviembre de 2012, había dejado sin efecto la convocatoria de subvenciones para la proyección internacional de organizaciones catalanas.

El encargo al despacho de abogados en noviembre de 2012, mantiene la Fiscalía, se centró en un asesoramiento para un proyecto en una “zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial” pese a que el departamento de Presidència no tenía competencias en este ámbito. Y en 2011 y 2012, además, Homs, según el Ministerio Público, fragmentó en dos contratos menores de 17.850 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior para eludir el concurso público.

Segundo archivo de la causa contra el exconseller de la Presidencia Francesc Homs por las subvenciones que concedió hace una década en su etapa en la Generalitat. La magistrada ha vuelto a archivar la causa al no apreciar delito alguno, pero la Fiscalía ha vuelto a recurrir al pretender sentar en el banquillo al que fuera uno de los hombres de confianza de Artur Mas.

Tal y como ha adelantado ElNacional.cat, la magistrada Carmen García ha dado carpetazo al caso después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara reabrirlo y tomar declaración como investigado a Homs. Completadas todas las diligencias, el resultado ha sido el mismo y la instructora ha archivado de nuevo a la causa.

En suma, la magistrada no ve delito en los tres gastos bajo sospecha: 7.400 otorgados en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC); un encargo a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros; y 29.040 euros en viajes institucionales.

La magistrada descarta que las cantidades se dedicaran a la promoción del procés, como mantenía la Fiscalía, y concluye que en los tres casos la disposición de fondos estaba amparada por la legalidad.

Las subvenciones que pusieron a Homs de nuevo bajo la lupa judicial (ya cumplió la condena de inhabilitación por organizar la consulta del 9-N de 2014) forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas, a instancias de PSOE, PP y Ciudadanos, sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017. El informe del ente fiscalizador fue la base con la que la Fiscalía presentó su querella en los juzgados de Barcelona.

Hombre de confianza de Artur Mas, Homs fue uno de los redactores de la reforma del Estatut y, tras la vuelta de Convergència al Govern, ocupó la conselleria de Presidència y la portavocía. Su carrera continuó como diputado en el Congreso, que tuvo que dejar tras ser condenado por la consulta del 9-N.

Ya sin cargo público, Homs asesoró a las defensas de los políticos de Junts per Catalunya en el juicio del procés, llegándose a sentar en estrados del Tribunal Supremo, ya que es abogado. La Generalitat lo nombró en 2018 miembro de la Comisión Jurídica Asesora, integrada por quince juristas catalanes de reconocido prestigio.

El exconseller de Presidència Francesc Homs ha negado cualquier irregularidad ante la jueza sobre la subvención directa de 7.400 que otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y ha acusado a la Fiscalía de “persecución política”.

La jueza archivó en primera instancia la causa para Homs, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla en relación a tres gastos en su etapa como conseller de Presidència (2011-12). Además de la subvención a CATDem, el Ministerio Público sospecha de un encargo de Presidència a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y de una fragmentación en dos de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos a dedo y eludir así el concurso.

Después de declarar durante más de una hora y media en el juzgado, Homs ha dicho a los periodistas que su defensa legal es “sencilla” porque la causa ya se había archivado y los temas investigados no admiten “discusión”. Ha criticado a la fiscalía por hacer “apreciaciones políticas” y preguntarle si algunas decisiones del Gobierno eran “lógicas”. Según él, solo tiene que responder si las decisiones eran legales, pero no si tenían lógica. Por eso, considera que la fiscalía persigue “políticamente” los independentistas, mientras se “relaja” y archiva todas las causas del rey emérito, que este jueves llegó a España.

Hombre de confianza de Artur Mas, Homs fue uno de los redactores de la reforma del Estatut y, tras la vuelta de Convergència al Govern, ocupó la conselleria de Presidència y la portavocía. Su carrera continuó como diputado en el Congreso, que tuvo que dejar tras ser condenado por la consulta del 9-N. Ya sin cargo público, asesoró a las defensas de los políticos de Junts per Catalunya en el juicio del procés, llegándose a sentar en estrados del Tribunal Supremo, ya que es abogado. La Generalitat lo nombró en 2018 miembro de la Comisión Jurídica Asesora, integrada por quince juristas catalanes de reconocido prestigio.

Las subvenciones que han puesto a Homs de nuevo bajo la lupa judicial forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017, que desveló un desembolso millonario de la Generalitat en actividades para promocionar el proceso soberanista en el extranjero. Al margen de las indemnizaciones que puedan afrontar los dirigentes soberanistas, entre ellos el propio Homs, en el Tribunal de Cuentas –la causa contable se encuentra pendiente de enjuiciamiento–, la Fiscalía presentó una querella penal en los juzgados de Barcelona.

Respecto a la subvención a la fundación CATDem –ya extinguida tras verse en el centro de la financiación ilegal de Convergència en los casos Palau y el 3%–, la Fiscalía acusa a Homs de otorgar a la entidad 7.400 euros “para contribuir a la financiación de los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y a la traducción a diversas lenguas de algunos de sus materiales”, pese a que un mes antes, en noviembre de 2012, había dejado sin efecto la convocatoria de subvenciones para la proyección internacional de organizaciones catalanas.

Preguntado por la subvención a la CATDem, Homs ha respondido que está publicada en el DOGC desde el 2013 y que pasó todos los controles legales establecidos. En este punto, Homs ha dicho que ha tenido la sensación de estar en el Parlamento cuestionado por la oposición, y no en un juzgado penal.

El encargo al despacho de abogados en noviembre de 2012, mantiene la Fiscalía, se centró en un asesoramiento para un proyecto en una “zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial” pese a que el departamento de Presidència no tenía competencias en este ámbito. Y en 2011 y 2012, además, Homs, según el Ministerio Público, fragmentó en dos contratos menores de 17.850 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior para eludir el concurso público.

La magistrada Carmen García, que sí admitió la querella de la Fiscalía respecto a otros gastos exteriores, no vio delito en los tres atribuidos a Homs al no apreciar indicios delictivos y no verlos vinculados al proceso soberanista. Es más, la instructora calificó los gastos de “meras irregularidades administrativas” cuya responsabilidad debía valorarse en el Tribunal de Cuentas, pero no por la vía penal. Ahora la jueza tendrá que valorar si archiva de nuevo el caso.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado imputar al exconseller de Presidència Francesc Homs en relación a tres gastos que autorizó en su etapa como conseller de Presidència hace casi una década y que, según la Fiscalía, podrían constituir delitos de prevaricación y malversación. Uno de ellos es una subvención directa de 7.400 que Homs otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Hombre de confianza de Artur Mas, Homs fue uno de los redactores de la reforma del Estatut y, tras la vuelta de Convergència al Govern, ocupó la conselleria de Presidència y la portavocía. Su carrera continuó como diputado en el Congreso, que tuvo que dejar tras ser condenado por la consulta del 9-N. Ya sin cargo público, asesoró a las defensas de los políticos de Junts per Catalunya en el juicio del procés, llegándose a sentar en estrados del Tribunal Supremo, ya que es abogado. La Generalitat lo nombró en 2018 miembro de la Comisión Jurídica Asesora, integrada por quince juristas catalanes de reconocido prestigio.

Las subvenciones que han puesto a Homs de nuevo bajo la lupa judicial forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017, que desveló un desembolso millonario de la Generalitat en actividades para promocionar el proceso soberanista en el extranjero. Al margen de las indemnizaciones que puedan afrontar los dirigentes soberanistas, entre ellos el propio Homs, en el Tribunal de Cuentas –la causa contable se encuentra pendiente de enjuiciamiento–, la Fiscalía presentó una querella penal en los juzgados de Barcelona.

En concreto, la Fiscalía acusa a Homs de tres gastos en su etapa como conseller de Presidència (2011-12). Además de la subvención a CATDem, el Ministerio Público sospecha de un encargo a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y de una fragmentación en dos de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos a dedo y eludir así el concurso. La jueza instructora no vio delito en ninguno de los gastos, pero la Fiscalía recurrió y ahora la Audiencia de Barcelona le ha dado la razón y ha ordenado investigar a Homs, según han informado a elDiario.es fuentes jurídicas.

Respecto a la subvención a la fundación CATDem –ya extinguida tras verse en el centro de la financiación ilegal de Convergència en los casos Palau y el 3%–, la Fiscalía acusa a Homs de otorgar a la entidad 7.400 euros “para contribuir a la financiación de los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y a la traducción a diversas lenguas de algunos de sus materiales”, pese a que un mes antes, en noviembre de 2012, había dejado sin efecto la convocatoria de subvenciones para la proyección internacional de organizaciones catalanas.

El encargo al despacho de abogados en noviembre de 2012, mantiene la Fiscalía, se centró en un asesoramiento para un proyecto en una “zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial” pese a que el departamento de Presidència no tenía competencias en este ámbito. Y en 2011 y 2012, además, Homs, según el Ministerio Público, fragmentó en dos contratos menores de 17.850 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior para eludir el concurso público.

La magistrada Carmen García, que sí admitió la querella de la Fiscalía respecto a otros gastos exteriores, no vio delito en los tres atribuidos a Homs al no apreciar indicios delictivos y no verlos vinculados al proceso soberanista. Es más, la instructora calificó los gastos de “meras irregularidades administrativas” cuya responsabilidad debía valorarse en el Tribunal de Cuentas, pero no por la vía penal.

“Gastar dinero público en un contexto de déficit y carencia de presupuesto para los servicios más típicos puede resultar censurable y causar rechazo al común de los ciudadanos, pero es una decisión política vinculada a la autonomía presupuestaria de las comunidades autónomas”, valoró la instructora, que añadió: “Malversar no es gastar mal, sino sustraer caudales públicos con ánimo de lucro y a usos ajenos a la función pública”.

La Audiencia de Barcelona coincide con la instructora en que las subvenciones no están relacionadas con el proceso soberanista, pero mantiene en cambio que sí deben investigarse. “Se denuncian hechos cometidos por autoridades en el ejercicio de sus cargos que pudieran ser constitutivos de prevaricación, malversación o falsedad, sin distinción sobre que las actuaciones denunciadas tuvieran o no relación con el proceso independentista”, asevera el auto de la sección 8ª.

Primera confirmación de una condena del Tribunal de Cuentas por el procés. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del expresident de la Generalitat Artur Mas, tres exconsellers y otros cuatro exaltos cargos contra la sentencia del ente fiscalizador que les obligó a pagar 4,9 millones de euros por los fondos públicos destinados a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Ni el expresident ni sus antiguos colaboradores fue condenado por malversación por la Justicia ordinaria.

Casi dos años después de la sentencia del Tribunal de Cuentas, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en un auto fechado el pasado 17 de junio, rechaza los recursos de Mas y el resto de condenados porque, a su juicio, sus escritos carecen de la “fundamentación suficiente” para ser admitidos y porque no han justificado el interés casacional, es decir, que la condena del Tribunal de Cuentas se aparte tanto de la jurisprudencia existente como para que el Supremo deba estudiarla.

Los líderes independentistas intentaron justificar el recurso afirmando que el dictamen del Tribunal de Cuentas era “una pretendida vulneración de constitucionalidad, en razón a que los gastos se dirigen al ejercicio de una competencia de la que se afirma no es titular la Generalidad de Catalunya”.

La sentencia del Tribunal de Cuentas detalla que, más allá de que Mas sea el responsable último, cada uno de los condenados es considerado responsable directo de determinadas cantidades en función de las atribuciones y responsabilidades que asumieron. Ahora, el órgano fiscalizador deberá ejecutar la sentencia, si bien los líderes independentistas tienen abierta la puerta a recurrir a la Justicia europea.

Mas y el resto de condenados depositaron 2,9 millones de euros que las organizaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural recaudaron a través de la conocida como “caja de solidaridad” y consignaron varios inmuebles como garantía, por lo que dieron por “íntegramente garantizada” la liquidación de la fianza de 4,9 millones impuestos por el tribunal.

La decisión del Tribunal Supremo, la última instancia ante la que los exdirigentes catalanes podían recurrir la condena del Tribunal de Cuentas, llega en paralelo a la nueva causa abierta por el ente fiscalizador relativa a los gastos exteriores del proceso soberanista. Este miércoles el organismo dio 15 días a Mas y a otros 33 funcionarios y exdirigentes para que abonaran una fianza de 5,4 millones de euros por haber difundido la independencia de Catalunya y el referéndum en el extranjero. Además el ente fiscalizador tiene otra causa abierta por la que impuso en 2020 una fianza de 4,1 millones de euros por los gastos del referéndum del 1-O.

El coordinador de las defensas de los encausados por rebelión de Junts per Catalunya (JxCat), el exconseller condenado por el 9-N Francesc Homs, ha avanzado este viernes que los presos de su partido pedirán que el rey Felipe VI comparezca como testigo en el juicio al 'procés' que celebrará el Tribunal Supremo.

En una entrevista en TV-3, Homs ha afirmado que para la defensa de los políticos de JxCat el testimonio del rey es “muy importante”, ya que, a su juicio, el discurso del rey crítico con el independentismo catalán del 3 de octubre de 2017 hizo cambiar el posicionamiento de los tribunales respecto a los delitos de rebelión y sedición, que hasta entonces no habían contemplado.

“El análisis jurídico cambia a partir del 3 de octubre, a lo mejor es una coincidencia, no lo sé, pero puede demostrar que antes hay pronunciamientos de los tribunales contrarios a las querellas por rebelión y sedición”, ha aseverado Homs, que se ha puesto a sí mismo como ejemplo, ya que el TSJC rechazó las querellas por sedición que particulares y partidos como UPyD interpusieron por la votación del 9-N de 2014.

Homs, al igual que el expresident Artur Mas y las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, fue condenado un año y un mes de inhabilitación, que ya ha cumplido, por haber impulsado la votación pese a que estaba suspendida por el Constitucional.

Las defensas están ultimando los escritos que presentarán al Supremo para responder a las peticiones de varios años cárcel por los delitos de rebelión, sedición y malversación que les reclaman la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido ultraderechista Vox, que ejerce la acusación popular. Tienen de plazo para presentar los escritos hasta el próximo martes. Está por ver si a la estrategia de JxCat para proponer a testigos de alto nivel político, como el rey o el expresidente Mariano Rajoy, se le suman los acusados de ERC y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Punto y final de la causa penal contra el expresident de la Generalitat Artur Mas por la consulta del 9-N. El Tribunal Supremo ha reducido a un año y un mes de inhabilitación la condena a Mas por un delito de desobediencia, once meses menos que los dos años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La rebaja se explica porque el Supremo ha equiparado la condena a Mas con la de su exconseller de Presidencia Francesc Homs, que fue juzgado por el Alto Tribunal y no por el TSJC porque era diputado en el Congreso. El Supremo condenó a Homs a un año y un mes de inhabilitación, la misma pena que fija ahora para Mas una vez examinado el recurso de casación del expresident al fallo del TSJC. Pese a ser su subordinado, el Supremo impone el mismo castigo a expresident y exconseller de Presidencia.

En la misma línea, el Supremo ha reducido el tiempo por el que la exvicepresidenta Joana Ortega y la extitular de Ensañanza Irene Rigau, ya retiradas de la política, no podrán ocupar cargos públicos. Así, el Alto Tribunal les ha impuesto una condena por desobediencia de nueve y seis meses de inhabilitación respectivamente, frente al año y nueve meses y al año y medio que había sentenciado el TSJC. El máximo tribunal catalán también impuso multas de 36.500, 30.000 y 24.000 euros a Mas, Ortega y Rigau que el Supremo sí ha mantenido.

Salvo esta pequeña reducción de las penas, el Supremo confirma en esencia los hechos que contempló la sentencia del TSJC. Cabe recordar que el tribunal catalán no condenó por prevaricación a Mas y a sus exconselleres, el otro delito del que les acusaba la Fiscalía y que podría haber aumentado la pena de inhabilitación. De esta forma, el reproche penal para los cuatro políticos se basa en que “ignoraron e impusieron su voluntad” al auto del Tribunal Constitucional que el 4 de noviembre suspendió el proceso participativo del 9-N.

La Fiscalía del Supremo pidió confirmar la pena impuesta por el TSJC, si bien en un primer momento la Fiscalía Superior de Catalunya había planteado que el Supremo también se pronunciara sobre el delito de prevaricación del que fueron absueltos los tres políticos.

Al haber costeado los gastos de la consulta antes de su suspensión por parte del Constitucional, Mas y los exconsellers se salvaron del delito de malversación de fondos públicos en su causa penal. No obstante, el Tribunal de Cuentas les ha condenado en otro procedimiento a pagar 4,9 millones de euros. Los políticos han recurrido la sanción.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha puesto en marcha una campaña para alertar de los riesgos para España de una moción de censura de Pedro Sánchez con los votos de nacionalistas e independentistas para distraer de la sentencia de Gürtel que ha caído sobre su partido. El mismo Gobierno que puso en marcha una operación contra sus rivales políticos en Catalunya. El mismo Ejecutivo que ha intervenido Catalunya con el 155 y que ha desatado una batalla legal contra ex gobernantes catalanaes, algunos de ellos en la cárcel. El mismo Gobierno que sufrió la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, precisamente por las presiones contra Catalunya. El mismo Gabinete que ha obtenido este miércoles una victoria parlamentaria con gran contenido simbólico al asegurarse la posibilidad de agotar la legislatura con la aprobación de los presupuestos con los votos del PNV. Una victoria similitar a la que logró hace casi dos años al dominar la Mesa del Congreso gracias al respaldo de nacionalistas vascos y catalanes, de nuevo, al pacto del PP con Ciudadanos.

¿Por qué?

No es la primera vez que un partido como el PP, que hace bandera no sólo de la unidad de España, sino de la lucha contra el nacionalismo para ganar votos fuera de Catalunya –su recurso al Estatut ha sido uno de los grandes detonantes de que se disparara el independentismo catalán hasta desembocar en el 1-O–, luego llega a acuerdos que podrían parecer contra natura. Como el de este miércoles, a los días de mantener el 155 “a la espera de un gobierno viable” en Catalunya.

El 28 de abril de 1996, hace prácticamente dos décadas, José María Aznar y Jordi Pujol cerraban en el hotel Majestic –el tradicional de las noches electorales convergentes– el voto afirmativo para la investidura del candidato popular, cuando aún resonaba el 'Pujol, enano, habla castellano' que cantaban los militantes del PP en la sede del partido en la noche electoral, el 3 de marzo.

Al final, el 4 de mayo Aznar fue investido presidente por mayoría absoluta (181 votos) con el apoyo de CiU (16), PNV (5) y CC (4): es decir, nacionalistas vascos, catalanes y canarios, los mismos que este martes, 20 años después, volvieron a retratarse del lado del PP.

¿Por qué? Que se sepa, porque seguramente haya acuerdos que se irán conociendo con el tiempo, el PNV logra así un puesto en la Mesa del Senado además de grupo propio en la Cámara Alta; y CDC confía en lograr el grupo propio en el Congreso.

Eso sí, cuando el PSOE tras el 20D podía aspirar a la Moncloa con la aquiescencia de los nacionalistas o llegaba a acuerdos con ellos, dirigentes del PP, incluido el presidente Rajoy, atacaban esa posibilidad sin compasión, a pesar de que el PP haya coincidido habitualmente con PNV y CDC en votaciones sobre reformas económicas en los últimos años.

Ahora, como tras el 20D, con la moción de censura de Pedro Sánchez en marcha, la presión se repite.

Otro de los que ha contra Sánchez ha sido el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Esto dicen los dirigentes del PP de los acuerdos con nacionalistas, cuando ya no quieren recordar que el mandato de Xavier Trias (CDC) al frente de la alcaldía de Barcelona fue posible gracia a que el PP a menudo le cedía sus apoyos; o el de Javier Maroto, vicesecretario general del PP, como alcalde de Vitoria –junio de 2015–, quien, como recuerda Iker Armentia, debe a Bildu su principal logro durante sus años al frente del consistorio alavés: acordó paralizar las obras del auditorio impulsado por los socialistas en el mandato anterior y construir sobre el agujero de las obras la estación de autobuses de Vitoria.

“Yo he tenido el coraje de pactar con ustedes”, le dijo Maroto a uno de los portavoces de EH Bildu durante las negociaciones de los presupuestos de 2013. “No hay ningún inconveniente para el acuerdo, el acuerdo es bueno. Hay municipios en Euskadi en los que, aunque PP y Bildu coincidan en sus prioridades, no votan juntos. Y esto nos hace distintos en Vitoria. A lo mejor es cuestión de talante”. Y añadía: “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese en más foros. Ojalá cundiese el ejemplo”. Pero hay más: el PP de San Sebastián pactó varios proyectos con el anterior alcalde de Bildu –el traslado de la estación intermodal–; y en Navarra UPN –aliado del PP– ha llegado a acuerdos presupuestarios con Bildu en algunos municipios, como Olite o Tafalla.

Rajoy ha afirmado este viernes que Pedro Sánchez sólo persigue ganar “con los votos de cualquiera” lo que no le dieron las urnas, azuzando el miedo a los nacionalistas, independentistas e “izquierdistas radicales”. Y lo dice 48 después de aprobar sus Presupuestos con el PNV, 18 meses después de colocar a Ana Pastor, persona de confianza personal y política al frente de la Mesa del Congreso, gracias al acuerdo con nacionalistas vascos y catalanes para la Mesa del Congreso.

Artur Mas i els altres tres condemnats pel 9-N podrien acabar pagant la factura de la consulta sobiranista. El Tribunal de Comptes ha obert aquest dimecres el procediment que podria concloure amb l'exigència a l'expresident, les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i l'exconseller Francesc Homs perquè assumeixin de la seva butxaca -o amb el seu patrimoni- els 5,1 milions d'euros públics que va costar el 9-N.

En les dues interlocutòries, el Tribunal de Comptes ha rebutjat les al·legacions de la Generalitat, que va demanar no investigar els expolítics pel 9-N, i ha ordenat obrir la causa, el primer pas de la qual serà el nomenament d'un delegat instructor que practiqui les diligències necessàries.

La denúncia a Mas, Rigau, Ortega i Homs davant del Tribunal de Comptes la van interposar dues entitats contràries a la independència -Societat Civil Catalana, i Advocats Catalans per la Constitució-, i l'obertura de diligències va comptar amb el suport de l'Advocacia de l'Estat i de la Fiscalia del Tribunal de Comptes.

En la seva interlocutòria, la consellera de comptes Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justícia en el primer Govern de José María Aznar), considera que la denúncia de Societat Civil Catalana contra Mas, Rigau, Ortega i Homs “identifica de manera prou precisa uns fets dels quals podria haver derivat un dany a fons públics generador de responsabilitat comptable”. En conseqüència, proposa a la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes que nomeni a un instructor.

Cap dels quatre expolítics van ser condemnats per malversació de fons públics. De fet, no van arribar ni a anar a judici per aquest delicte. El magistrat que va instruir la causa penal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar que les compres de la Generalitat per al 9-N es van fer abans de desobeir al Constitucional, fet pel qual no corresponia processar els expolítics per malversació.

Mas, Rigau, Ortega i Homs, finalment, només van ser condemnats per un delicte de desobediència, i no el de prevaricació que també reclamava la Fiscalia. Amb tot, Societat Civil Catalana va denunciar als expolítics davant del Tribunal de Comptes perquè assumissin les despeses del 9-N.

En concret, l'entitat contrària a la independència assenyala com a responsabilitat comptable dels expolítics, que ascendeix a un total de 5,1 milions d'euros, les despeses següents: el web del 9-N (14.837,6 euros), les paperetes i els sobres (70.532,08 euros), els ordinadors portàtils de la votació (2,8 milions), la campanya de publicitat institucional (828.171,42 euros), l'assegurança per als voluntaris (1.409,26 euros), el suport informàtic al 9-N (1,1 milions) i l'enviament d'informació (307.962,71 euros).

Artur Mas y los otros tres condenados por el 9-N podrían terminar pagando la factura de la consulta soberanista. El Tribunal de Cuentas ha abierto este miércoles el procedimiento que podría concluir con la exigencia al expresident, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega y al exconseller Francesc Homs para que asuman de su bolsillo –o con su patrimonio– los 5,1 millones de euros públicos que costó el 9-N.

En sendos autos, el Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones de la Generalitat, que pidió no investigar a los expolíticos por el 9-N, y ha ordenado abrir la causa, cuyo primer paso será el nombramiento de un delegado instructor que practique las diligencias necesarias.

La denuncia a Mas, Rigau, Ortega y Homs ante el Tribunal de Cuentas la interpusieron dos entidades contrarias a la independencia –Sociedad Civil Catalana, y Abogados Catalanes por la Constitución–, y la apertura de diligencias contó con el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

En su auto, la consejera de cuentas Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar), considera que la denuncia de Societat Civil Catalana contra Mas, Rigau, Ortega y Homs “identifica de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos generador de responsabilidad contable”. En consecuencia, propone a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas que nombre a un instructor.

Ninguno de los cuatro expolíticos fueron condenados por malversación de fondos públicos. De hecho, no llegaron ni a ir a juicio por este delito. El magistrado que instruyó la causa penal en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) consideró que las compras de la Generalitat para el 9-N se hicieron antes de desobedecer al Constitucional, por lo que no cabía procesar a los expolíticos por malversación.

Mas, Rigau, Ortega y Homs, finalmente, solo fueron condenados por un delito de desobediencia, y no al de prevaricación que también reclamaba la Fiscalía. Con todo, Sociedad Civil Catalana denunció a los expolíticos ante el Tribunal de Cuentas para que asumiesen los gastos del 9-N.

En concreto, la entidad contraria a la independencia señala como responsabilidad contable de los expolíticos, que asciende a un total de 5,1 millones de euros, los siguientes gastos: la web del 9-N (14.837,6 euros), las papeletas y los sobres (70.532,08 euros), los ordenadores portátiles de la votación (2,8 millones), la campaña de publicidad institucional (828.171,42 euros), el seguro para los voluntarios (1.409,26 euros), el apoyo informático al 9-N (1,1 millones) y el envío de información (307.962,71 euros).

Los diputados del PDeCat, acompañados de Unidos Podemos y Esquerra Republicana, han abandonado el pleno que se estaba celebrando este martes en el Congreso de los Diputados para mostrar su disconformidad con la inhabilitación de Francesc Homs. El diputado catalán y exportavoz del PDeCat en el Congreso fue apartado este miércoles de su escaño por la setencia del Tribunal Supremo, que le condena a trece meses de inhabilitación por la consulta soberanista del 9N.

La salida de los diputados de estas tres formaciones del hemiciclo se ha producido después de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, haya negado la palabra al diputado del PDeCAT Carles Campuzano por considerar que “no procedía” su intervención. Campuzano ha solicitado la palabra a Pastor nada más comenzar la sesión plenaria para defender la “dignidad” de su grupo tras la decisión de apartar a Homs de su escaño.

“Solicito intervenir en defensa de la dignidad de los diputados del PDeCAT tras la expulsión del señor Homs por esta Cámara en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo”, ha empezado a explicar Campuzano. Segundos después Pastor ha cortado su intervención señalando que no procedía concederle la palabra por la cuestión a la que hacía alusión porque, según ha recordado, ya fue discutida en el debate del suplicatorio del propio Homs. “No ha lugar”, ha zanjado.

Ante esta respuesta, Campuzano, visiblemente molesto y con el micrófono cortado, avanzaba que los parlamentarios del PDeCAT abandonaban el hemiciclo. Unidos Podemos y ERC se han solidarizado con ellos y también han salido del Salón de Plenos.

No volverán en señal de protesta

En los pasillos del Congreso, en declaraciones recogidas por Europa Press, Campuzano ha anunciado que los diputados del PDeCAT no volverían a sus escaños hasta el próximo miércoles en señal de protesta. Por su parte, Unidos Podemos y ERC sí han dejado claro que volverían para votar los puntos del orden el día del Pleno de este jueves.

Fuera del hemiciclo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado los motivos de la salida de su grupo parlamentario. “No nos parece sensato que se haya retirado de su posición en el escaño al señor Homs y creo que la presidencia debería haber dado la palabra a sus diputados para, al menos, ejercer su derecho a la defensa”, ha explicado Iglesias sobre lo acontecido en el Pleno.

La sesión en el Congreso ha continuado pese a la salida de las tres formaciones del Pleno, en el que estaba prevista la intervención del ministro de Economía, Luis de Guindos, en el debate sobre la convalidación de un decreto-ley para la protección de deudores hipotecarios. Como consecuencia de su ausencia durante el pleno, el grupo parlamentario de ERC ha perdido su turno de réplica, que la presidenta del Congreso ha dado a continuación a Ciudadanos.

“A mí se me echa en medio de un Pleno, así se hacen las cosas”. Con estas palabras el portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso, Francesc Homs, ha anunciado este miércoles que dejará de ser diputado por la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilita durante  13 meses por apoyar la consulta soberanista del 9N.

Homs, que se ha despedido en compañía de los diputados de su partido y de otros parlamentarios del PNV y ERC, ha asegurado que “además de las consecuencias personales, que es lo menos importante, se inaugura un camino en el Estado español donde defender determinadas ideas tienen consecuencias penales. No es algo banal, es una consecuencia grave”.

El diputado catalán ha explicado que Homs ha recibido la llamada de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, comunicándole la llegada del auto de ejecución de la sentencia del Supremo, con lo que la pérdida de su condición de parlamentario se haría efectiva en el día de hoy.

“No voy a pedir el indulto al Gobierno central, sería reconocer la culpa. Además, hay una cosa que se llama dignidad.  La coherencia es lo que hicimos con aquellos principios que son defendidos de forma pacífica y democrática”, ha comentado Homs cuando se le ha preguntado si pediría el indulto.

Homs ha destacado que a pesar de la condena es una “persona feliz” por “haber servido al pueblo de Cataluña” al que hizo extensivo el ámbito de su condena. “Se quiere condenar a un movimiento democrático y pacífico en Cataluña”, ha añadido. Para el político catalán la sentencia es puramente ideológica cuando “el PP son los campeones en incumplimiento de sentencias legales y del Tribunal Constitucional y nadie los lleva al Tribunal”.

El Tribunal Supremo ha condenado a Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por su papel en la organización de la consulta soberanista del 9N tras la prohibición del Tribunal Constitucional, y le impone una multa de 30.000 euros. La Fiscalía había pedido una pena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargó público.

El tribunal considera a Homs culpable un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa, pero le absuelve del delito de prevaricación administrativa, al considerar que este queda “absorbido” por el de desobediencia. La sentencia, acordada por unanimidad de la sala, obliga al diputado del Partit Demócrata a abandonar su escaño, porque contra ella no cabe recurso. Fuentes de este partido indican que Homs pedirá una aclaración de la condena al Supremo.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, se señala que “no se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal”. Es decir, no valora si hubo malversación porque la Fiscalía no le ha acusado de ese delito.

Sí que le considera culpable de desobedecer las órdenes del Constitucional porque entiende que Homs era plenamente consciente de la prohibición de celebrar la consulta. “La idea de que la excesiva amplitud del mandato oscurecía el ámbito de lo prohibido encierra un inaceptable sofisma. Entender que cuando el mandato lo abarco todo, en realidad no abarca nada, carece de sentido”, recoge el texto.

Durante el juicio, Homs defendió que no hubo consulta, sino “proceso participativo”, y que si no se suspendió fue porque “no había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia” del Constitucional. Durante su declaración, criticó que ese tribunal alterase su agenda para dar cumplimiento a los deseos del Gobierno.

Fue un proceso tutelado por el Govern

El ahora diputado en el Congreso admitió que volvería a actuar igual aún siendo consciente de la suspensión, y criticó que el Supremo no actuase contra el Ejecutivo por incumplir sentencias del Constitucional: “Ustedes admiten que el Gobierno de España incumple sentencias, pero que como no hace nada para incumplirlas, no es motivo para presentar una querella, un argumentación interesante (...) Si vale este argumento para el Gobierno de España, vale para las instituciones catalanas, si no, sería un trato desigual”.

El Supremo entra a valorar el argumento de la participación de voluntarios en la consulta, esgrimido por los acusados. El tribunal cree que no sirve como argumento exoneratorio “para convertir lo que fue un proceso tutelado y dirigido desde el Gobierno de la Generalitat en un espontáneo movimiento ciudadano ajeno a toda vinculación pública o institucional”.

La sentencia sobre Homs llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenase a Artur Mas a dos años de inhabilitación por los mismos hechos. Las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau fueron condenadas a un año y nueve meses y a un año y seis meses de inhabilitación. Todos, al igual que Homs, fueron absueltos del delito de prevaricación.

El exviceconsejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo que el Govern no podía suspender la consulta del 9N tras la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). “No había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia”, se ha defendido ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno.

“La consulta no se podía suspender”, ha dicho, porque se traba de un proceso participativo. “Lo que hacíamos era un proceso participativo, con voluntarios y esas cosas, porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales”, ha añadido, que tampoco podía anularse porque la decisión del Constitucional era imprecisa, por lo que decidieron mantener los preparativos: “No podíamos hacer otra cosa”.

El Supremo juzga a Homs por su papel en la organización de la consulta del 9N cuando esta ya había sido anulada por el Tribunal Constitucional. El juicio contra el resto de acusados por esta misma causa, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, se ha celebrado en la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque están aforados ante él.

A Homs se le acusa de, en su papel de consejero de Presidencia y como máximo responsable de los servicios jurídicos, articular “una estrategia de desafío completo y efectivo de la suspensión del Tribunal Constitucional” junto con el resto de acusados. Según el Supremo, Homs no suspendió ninguno de los actos previstos para la celebración de la consulta.

El ahora diputado del CDC en el Congreso ha insistido en que la providencia no anulaba el proceso participativo “El TC demostró que era capaz de alterar su agenda para deponer aquello que el Gobierno le pedía en horas”, ha criticado, al tiempo que ha reconocido que la Generalitat recibió la providencia el mismo día en que se acordó.

A partir de ese momento, el Govern pidió, mediante un recursos, “una aclaración” sobre la decisión del tribunal que nunca llegó, ha precisado. Pero no se acordó suspender ninguno de los trámites previstos para celebrar la consulta del 9N: “Sería incongruente”.

Las constantes interrupciones entre Homs y el fiscal han provocado la intervención del presidente de la sala, Manuel Marchena. “No intente usted hacer una glosa sobre la pertinencia o impertinencia de las preguntas del ministerio fiscal”, le ha advertido.

Una carta “legitimando” los trabajos para la consulta

Según la Fiscalía, Homs “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”. Para sustentar su acusación, se apoya en que envió una carta a la empresa encargada del soporte tecnológico de la consulta “legitimando” sus trabajos para el 9N y aclarando que no se veían afectados por la decisión del Constitucional.

Homs ha contestado que la providencia no prohibía “expresamente” esos trabajos. “Teníamos la certeza de que eran actuación que se podían llevar a cabo”, ha añadido. También ha admitido que advirtió a la empresa de que “si no cumplían con lo que teníamos contratado”, los servicios jurídicos de la generalitat actuarían en consecuencia.

Una segunda carta compromete a Homs. Tras la celebración de la consulta, el entonces consejero de Presidencia informó al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que determinados medios de comunicación no difundieron gratuitamente la publicidad institucional de la Generalitat para la consulta soberanista.

“Si no hubiera hecho esto estaría incurriendo en prevaricación”, ha alegado Homs, que ha asegurado que no entendió que este hecho estuviese anulado por la decisión del Constitucional. El fiscal le ha recordado que el CAC no sancionó a los medios basándose, precisamente, en la decisión del TC.

Actuaría de la misma manera

Durante su declaración, Homs ha insistido que asume todos los hechos de los que se le acusa, incluso de los que no. “Asumo todos los hechos”, ha dicho, y ha añadido que lo que se juzga es si cometió “un ilícito penal”, algo que ha negado.

“Lo hubiera vuelto a hacer”, ha dicho al fiscal, si conociese en ese momento la sentencia del Constitucional que, en 2015, ratificó la ilegalidad de la consulta. Lo haría, ha dicho, utilizando los argumentos del Supremo en su archivo de la querella que presentó contra el gobierno de Mariano Rajoy por incumplir sentencias del TC.

“Ustedes admiten que el Gobierno de España incumple sentencias, pero que como no hace nada para incumplirlas, no es motivo para presentar una querella, un argumentación interesante (...) Si vale este argumento para el Gobierno de España, vale para las instituciones catalanas, si no, sería un trato desigual”, ha explicado.

La defensa de Homs han insistido al inicio del juicio en pedir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezcan como testigos. El tribunal ha vuelto a rechazar la petición por “no forma parte del objeto de esta causa la opinión institucional acerca de los hechos que se están aquí enjuiciando”.

Ya en el turno de preguntas de su abogada, el diputado catalán ha comenzado haciendo un repaso de los hechos, en los que se ha remontado hasta la aprobación del Estatut en 2006, hasta asegurar que el 9N el Gobierno le ofreció no emprender “actuaciones de ningún tipo” si la Generalitat no daba una rueda de prensa esa noche.

Al terminar el interrogatorio, Marchena ha ofrecido a Homs, que es abogado de profesión, una toga para que se siente junto a su letrada durante el resto del juicio, y asista en esta condición durante los próximos días y no en el banquillo de acusados. Tras aclarar que es abogado no ejerciente, ha aceptado.

El tribunal rechaza citar como testigos a Rajoy, al presidente del Constitucional o al exfiscal general del Estado

El cuarto acusado por el 9-N, Francesc Homs, ya tiene fecha de juicio. El Tribunal Supremo juzgará al exconseller de presidencia y actual diputado del PDECat en el Congreso el próximo 27 de febrero. El anuncio se ha producido la misma semana en la que se está celebrando el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en el TSJC, y justo después de la declaración de Homs en este proceso.

El líder de la antigua Convergència en el Congreso se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 9 años de inhabilitación, por presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación. A diferencia de los otros tres ex miembros del Govern, Homs será juzgado por el Supremo por estar aforado como diputado en Cortes.

La acusación contra Homs se centra en su participación en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, que había sido suspendido por el Constitucional cinco días antes. La Fiscalía considera que la participación del ex conseller de presidencia fue “crucial” en la celebración de la jornada, y entiende que el departamento que él dirigía, mediante sus servicios jurídicos, continúo impulsando el proceso participativo una vez suspendido.

El juicio contra Homs se extenderá, previsiblemente, por dos días, y estará presidido por Manuel Marchena, a quien acompañarán otros seis magistrados: José Ramón Soriano, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero.

Tampoco ha aceptado la sala como prueba documental la resolución de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya, que el 18 de noviembre de 2014 aceptaron las tesis del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para querellarse contra Artur Mas y otros miembros del Govern, ahora juzgados.

El tribunal ha aceptado todas las pruebas reclamadas por la Fiscalía, mientras que se deniegan varias de las reclamadas por la defensa de Homs. Entre otras, no se ha aceptado la comparecencia como testigos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, el exfiscal general Eduardo Torres-Dulce, o el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El juicio del 9-N ha sobrepasado su ecuador este miércoles con los testigos de las defensas de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. El más esperado era el conseller de Presidència de la Generalitat durante el 9-N y hoy diputado en el Congreso por el PDECat, Francesc Homs, que ha explicado que fue él quien aseguró al Govern de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta tras la suspensión del Tribunal Constitucional.

En respuesta a Xavier Melero, abogado de Mas, Homs ha explicado que, tras recabar la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat y como máximo responsable de los mismos, informó a Artur Mas y al resto de miembros del Ejecutivo catalán de que “además de no incumplir la ley ni cometer ninguna irregularidad tampoco incurría en ningún tipo penal”. Asimismo, se ha encargado de recordar de que fue el máximo responsable del dictamen jurídico y no un “mero transmisor”. “Yo configuré la decisión final”, ha remachado.

Sin embargo, como Homs también irá a juicio el 27 de febrero por el 9-N –en su caso ante el Supremo por ser diputado en el Congreso–, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas que le incriminan. De este modo, cuando las defensas de Mas le han preguntado sobre la carta que envió al centro de telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) en la que ordenaba a una empresa seguir con el 9-N tras la suspensión del Constitucional, la abogada de Homs, Eva Labarta, ha parado el interrogatorio.

La falta de respuesta de Homs sobre la carta ha restado trascendencia a su declaración, aunque el diputado no se ha guardado la ironía. Después que el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, se declarara “respetuoso” con su derecho a no contestar a preguntas que le incriminaran, Homs ha respondido: “Que lástima”

Al margen de respaldar la tesis de defensa de Mas alegando que el TC no advirtió de las consecuencias legales de incumplir la suspensión de la consulta, acordada el 4 de noviembre, la declaración de Homs se ha movido en el terreno político. Así, ha reprochado al Gobierno del Estado su “falta de presentación” a la hora de presentar el recurso al 9-N ante el TC, y ha acusado al Alto Tribunal de “adaptarse a la agenda” del Ejecutivo para suspender la consulta.

En la misma línea que Homs, el presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) durante el 9-N, Carles Viver i Pi-Sunyer, ha explicado que la suspensión del 4 de noviembre del Constitucional no aclaraba al Govern lo que suspendía y cómo actuar, una de las bases de la defensa de Mas para pedir la absolución. “Insistí mucho en que era una interlocutoria en la que debía pedirse una aclaración porque no quedaba claro lo que suspendía, era muy genérica”, ha remarcado.

El otro argumento de la defensa de Mas –que los voluntarios asumieron por completo el 9-N tras su suspensión– lo ha defendido el expresidente del Parlament y del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol. “Los voluntarios ejecutaron el proceso participativo”, ha dicho. Por su lado, el alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y el alcalde de Barcelona en 2014, Xavier Trias, han negado que los ayuntamientos y la Generalitat formalizaran convenios después del veto del TC a la consulta para ceder los centros de titularidad municipal para la votación. “Cada escuela decidió lo que quiso”, ha zanjado Trias.

Terminan de declarar los testigos de la acusación

Antes de la intervención de Homs han terminado de declarar los testigos de la acusación, en este caso los propuestos por la popular que ejercen dos sindicatos policiales. Si las palabras del diputado han respaldado la tesis de defensa de Mas, la intervención de dos responsables de empresas que la Generalitat contrató para el 9-N ha reforzado las tesis de la Fiscalía, como ya hicieron los testigos de este martes, consistente en que el Govern mantuvo los preparativos de la consulta pese al veto del Constitucional.

Una directiva de la empresa Sertrans ha certificado que entregaron las urnas y papeletas en los puntos de votación entre el 7 y el 8 de noviembre de 2014, sin que la Generalitat les diera ninguna instrucción para paralizar el transporte tras el veto del Constitucional. Por su lado, un apoderado de la compañía Fujitsu, a quien la Generalitat contrató para introducir en los ordenadores comprados para el 9-N el programa informático para facilitar la votación, ha afirmado que no le constaba que se hubiera modificado el proyecto a raíz de la suspensión acordada por el TC.

El Tribunal Suprem ha dictat l'obertura d'un judici oral contra el portaveu parlamentari del PDCAT al Congrés dels Diputats, Francesc Homs. Homs està acusat dels delictes de “desobediència greu i prevaricació administrativa” per la consulta celebrada el 9 de novembre de l'any 2014.

El jutge del penal del Tribunal Suprem ha considerat aquest divendres que podria haver indicis de delicte per part de l'actual cap de files del PDECAT a Madrid. El magistrat de la Sala Penal, Andrés Palomo del Arco, ha dictat acte d'obertura de judici oral després que el 29 de desembre passat posés fi a la instrucció de la causa.

La notícia arriba després que la Fiscalia demanés fa uns dies nou anys d'inhabilitació contra l'ex conseller de Presidència a Madrid. En el seu escrit, el fiscal afirmava que “Francesc Homs, no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració de la consulta que depenien directament del Departament de la Presidència”. A més destacava que “va impulsar activament els treballs preparatoris de la convocatòria”.

Homs serà jutjat al Suprem per aquest assumpte amb independència que renunciï a la seva acta de diputat. L'acusat té un termini de deu dies per presentar el seu escrit de defensa si bé contra la interlocutòria no cap recurs.

El Tribunal Supremo ha dictado la apertura de un juicio oral contra el portavoz parlamentario del PDCAT en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs. Homs está acusado de los delitos de “desobediencia grave y prevaricación administrativa” por la consulta celebrada el 9 de noviembre del año 2014.

El juez de lo penal del Tribunal Supremo ha considerado este viernes que podría haber indicios de delito por parte del actual jefe de filas del PDECAT en Madrid. El magistrado de la Sala de Lo Penal, Andrés Palomo del Arco, ha dictado auto de apertura de juicio oral después de que el pasado 29 de diciembre pusiera fin a la instrucción de la causa.

La noticia llega después que la Fiscalía pidiera hace unos días nueve años de inhabilitación contra el ex consejero de Presidencia en Madrid. En su escrito, el fiscal afirmaba que “Francesc Homs, no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de la consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia”. Además destacaba que “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”.

Homs será juzgado en el Supremo por este asunto con independencia a que renuncie a su acta de diputado. El acusado tiene un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa si bien contra el auto no cabe recurso.

El Tribunal Suprem avança passos per inhabilitar el portaveu parlamentari del PDECat al Congrés dels Diputats. La Fiscalia del Suprem acaba de presentar el seu escrit de conclusions provisionals, en el qual sol·licita nou anys d'inhabilitació per al polític català per haver impulsat la consulta sobiranista del 9N.

El ministeri fiscal considera que Francesc Homs hauria comès un delicte de prevaricació administrativa i un altre de desobediència greu. A més, sol·licita el pagament d'una multa de 200 euros diaris durant un any i un mes: un total de 78.000 euros.

En el seu escrit, el fiscal afirma que “Francesc Homs no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració d'aquesta consulta que depenien directament del departament de la Presidència del qual era titular, va impulsar activament els treballs preparatoris de la convocatòria (...) i, en definitiva, va potenciar després d'haver conegut la providència de suspensió dictada pel Tribunal Constitucional el desenvolupament de l'anomenat ”procés participatiu“.

La decisió de la fiscalia del Suprem arriba en ple procés d'acostament entre el Govern i la Generalitat, en el que s'ha denominat com la “operació diàleg” que Rajoy hauria encarregat a Soraya Sáenz de Santamaría.

Amb la qualificació presentada per la Fiscalia, Homs queda una mica més a prop del banc dels acusats. Els seus companys d'Executiu durant el 9-N, Artur Mas, Irene Rigay i Joana Ortega, ja tenen data de judici: començarà el pròxim 6 de febrer.