Mariano, Maricarmen, Adolfo y ahora, también Dulce. Madrid suma ya varios meses consecutivos con alguna amenaza de desahucio marcada en el calendario. Hubo casos muy mediáticos y otros especialmente sangrantes, con perfiles vulnerables en el centro de la diana: jubilados, migrantes sin red de apoyo o familias enteras en el centro de la diana. Ahora, cuando el inicio del verano empieza a vaciar la ciudad, un nuevo intento de desalojo moviliza en Moratalaz: una de sus vecinas, Dulce, teme abandonar este miércoles la casa en la que vive con sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad y otro con Síndrome de Down.

Su domicilio está en la Avenida Doctor García Tapia, en un barrio del sureste madrileño. Allí llevan cinco años y, hace poco más de una semana, vivieron un primer intento de desahucio impulsado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), organismo que gestiona el parque público regional. La AVS ha tratado de recuperar la casa ofreciendo una habitación temporal como alternativa para Dulce y su familia, que ha elevado sus quejas a las Naciones Unidas con una carta al Comité de Derechos del Niño.

En el escrito denunciaban la “incapacidad” de las administraciones implicadas –Ayuntamiento de Madrid, Gobierno autonómico y el Estado– para salvaguardar a su familia y atender las necesidades especiales de uno de sus hijos, José, con tres años y una alteración genética que afecta a su día a día. Varias organizaciones vecinales, entre ellas el Sindicato de Vivienda de Moratalaz u otras asociaciones de barrio, acudieron en masa a la cita del pasado 3 de julio, cuando finalmente lograron paralizar el desahucio y dar algo de oxígeno a la familia. Al menos, durante poco más de 10 días.

Este 15 de julio han vuelto a citar a todo el que simpatice con la causa de Dulce a concentrarse desde las siete de la mañana enfrente de su casa, para ejercer presión antes y después de la llegada de una comisión judicial. Además de las misivas enviadas a la ONU solicitando protección a la Infancia, también se han presentado distintos recursos de defensa ante instancias judiciales y administrativas competentes, tal y como reivindican las entidades locales en un comunicado.

Sobre las vías judiciales aún desconocen si alguna de ellas logrará paralizar la expulsión in extremis. Pero horas antes de la fecha marcada, la familia de Dulce recibió una respuesta de la ONU. “El Comité [...] ha pedido al Estado parte que tome medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo el desalojo de la vivienda que actualmente ocupan mientras se considera esta comunicación u otorgándoles una vivienda alternativa y adecuada a sus necesidades”, reza el escrito, firmado por la responsable de Peticiones Dina Rossbacher.

Aunque los partidarios de la continuidad de Dulce celebran el pronunciamiento de la ONU, nada garantiza que esto logre frenar el desahucio. De hecho, el propio texto da un margen de varios meses al Gobierno de España para que presente sus observaciones: a más tardar, el 14 de enero de 2027. “Con esta resolución de la ONU, las vecinas y vecinos de Moratalaz esperan que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid acate las medidas cautelares, suspenda el desahucio y atienda a los requerimientos de la ONU”, lanzan las organizaciones por el derecho a la vivienda en un último comunicado, a la espera de que estos mecanismos de presión sirvan para desincentivar a la Agencia de Vivienda Social.

La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo “definitivo y firme” del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son “inadecuadas e insuficientes” y que la factoría es “inviable” por la falta de conexión eléctrica, tras la negativa del Gobierno a crear una subestación eléctrica.

El anuncio –recogido por Europa Press– lo ha realizado este mediodía la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que se trata de una resolución administrativa y, al igual que todas, cabe presenta un recurso contra ella.

El proceso de archivo de este proyecto, que ha recibido una importante contestación social, fue iniciado en febrero de este año debido a la falta de conexión eléctrica. La exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta diese este paso.

Desde entonces, Greenfiber (filial de Altri) tenía tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Aunque presentaron estas alegaciones justo al final del plazo –justificó que el proyecto tenía “autosuficiencia energética”–, el Gobierno gallego ha continuado con el archivo previsto.

“Estas alegaciones no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente. Por tanto, venimos de resolver de modo definitivo y firme por parte de la Xunta ese archivo del expediente de Altri”, ha detallado.

“El proyecto actual es inviable”

Preguntada por si la empresa ha manifestado la voluntad de presentar un nuevo proyecto, ha dicho “no tener conocimiento” de ello y ha expuesto que lo que pretende la empresa es “continuar con el procedimiento iniciado”, que, según ha recordado Lorenzana, “tiene una solución técnica muy concreta”.

Precisamente, esta se traduce en la conexión a la subestación de Palas, que no está prevista en el borrador de planificación “ya muy avanzado” del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Este, ha indicado la conselleira, “tiene intención de aprobarlo a finales de año”.

“Lo que puedo decir es que el proyecto actual que está tramitando la compañía es inviable por no tener tener esa conexión. El archivo es definitivo”, ha expuesto. Además, ha recordado que la declaración de impacto ambiental (DIA) tiene una vigencia de cuatro años y ya ha agotado uno entero. “Este proyecto no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna, de salir adelante”, ha concluido.

La tramitación de la factoría ha estado marcada durante este tiempo por la oposición social y política. Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, se han posicionado en contra. Al mismo tiempo, plataformas ciudadanas han liderado repetidas manifestaciones multitudinarias, como la que reunió a 100.000 personas en Santiago de Compostela en diciembre de 2024, según cifras de la organización.

El desahucio de Marta, una mujer ucraniana, y sus cuatro hijos menores, en la calle Vicente Alexandre de A Coruña, ha sido paralizado y pospuesto hasta el próximo miércoles, día 15, a las 09.00 horas

“Es una solución provisional”, ha afirmado el abogado de la afectada, Antonio Vázquez, en declaraciones a los medios de comunicación. “Tenemos que presentar en Servicios Sociales del Ayuntamiento la solicitud firmada por Marta –su defendida– para que se le aplique el sistema de emergencia habitacional”, ha explicado.

“Es un aplazamiento voluntario”, ha especificado. De este modo, la parte ejecutante –el particular propietario de la vivienda– “accede a suspender este acto hasta el miércoles 15, a las 09.00”. “Tiene como último momento ese día y hora para la entrega de las llaves”, ha concretado.

En cuanto al nuevo domicilio, facilitado por el ayuntamiento, ha avanzado que “podría ser entregado mañana –viernes– o el lunes”. Podrá morar en él, según ha detallado, por “un plazo de seis meses” y con un “compromiso de búsqueda activa de otra solución”.

“Sus características no las conocemos, solo sabemos que es una vivienda compartida”, ha señalado para recalcar que el consistorio les ha puesto “entre la espada y la pared”. “Hasta hace unos minutos se negaron reiteradamente a concretar la dirección exacta para que pudiésemos evaluar si tiene unos requisitos mínimos”.

Por su parte, esta madre ucraniana ha salido a la ventana de su piso para agradecer el apoyo de la ciudadanía. Lo ha hecho tras criticar que el consistorio “cerró los ojos” ante su caso y no le ofreció una alternativa “hasta ayer” y lo ha hecho, en su opinión, “para cubrirse las espaldas”. “Los Servicios Sociales están para proteger y ayudar y me estaban amenazando todo el rato”, ha asegurado.

Muestras de apoyo

Ha sido en un ambiente tenso, con más de un centenar de personas sentadas ante el portal del domicilio para tratar de impedir esta medida judicial. Estaban convocadas por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinos de A Coruña. También con presencia de más de una docena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Beatriz García, miembro de dicha plataforma, ha apuntado al “afán especulativo de la vivienda”, en declaraciones a Europa Press. “Hay mucha gente que necesita casa y no la tiene”, ha aseverado. En este sentido, ha incidido en que “nadie le alquila un piso a una refugiada de guerra con cuatro hijos”.

“No solo se va a quedar sin casa sino también sin hijos porque la solución que le dan es que cada hijo vaya a un centro de menores disperso por toda Galicia”, ha denunciado. Y es que ambas organizaciones han dicho que la Xunta le comunicó a esta madre que si el desalojo “se ejecuta sin una alternativa habitacional, retirará la custodia de los menores y estos serán separados en distintos recursos de protección”.

Ayuda de la Xunta

A este respecto, fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han trasladado que “no hay un expendiente abierto en menores” sobre este caso ya que “en este momento, los niños no están en situación de desprotección”. Por ello, han negado que se haya “comunicado nada a la familia”.

“La primera información que recibimos sobre esta situación fue hoy –jueves– a raíz de un informe enviado por el Ayuntamiento de A Coruña”, han expuesto, para apuntar que es el consistorio el que “está llevando este caso y le ha ofrecido una solución habitacional” a la afectada.

Asimismo, han recalcado que el Gobierno autonómico lleva “tiempo trabajando con esta mujer”. “Tiene concedida una Risga –Renta de inclusión social de Galicia–, ha sido usuaria del programa de atención en situación de desahucio y se le tramitó un bono de alquiler social”, han especificado.

En este sentido, Antonio Vázquez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la mujer lleva de alquiler dos años en este piso. “Inicialmente, contaba con una ayuda de la Cruz Roja que complementaba sus ingresos laborales reducidos y a raíz de perder esa ayuda no pudo hacer frente a los pagos”, ha relatado. “La demanda de desahucio de la arrendadora concluyó con una sentencia de desalojo”.

Postura del Ayuntamiento

Así, fuentes del consistorio herculino consultadas por Europa Press han manifestado que le han ofrecido “además de distintas ayudas sociales en estos años, alternativas de vivienda en diversas ocasiones”. “La última, ayer –miércoles– pero no ha aceptado”, han apostillado.

El letrado ha tildado de “inaudita” la actuación municipal. “La reunión fue ayer, a menos de 24 horas del acto del desahucio”, ha confirmado para criticar que se trató de una “mera oferta verbal, sin detallar la ubicación y sus características”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, presente en la movilización, en declaraciones a los medios de comunicación, ha hecho hincapié en que “el problema de la vivienda es muy gordo en esta ciudad”.

“Hay 40 viviendas municipales pendientes de reparación que, evidentemente, si estuvieran preparadas y el gobierno de Inés Rey estuviese comprometido con el derecho a la vivienda, Marta tendría un sitio donde ir y pagar un alquiler asequible”, ha indicado.

Además, ha criticado que “la Xunta, con competencias en este campo, no está haciendo nada” a pesar de los argumentos a este respecto aportados por el Ejecutivo gallego. “No había que trabajar contrarreloj sino con una solución encima de la mesa desde que se conoce el desalojo”, ha apostillado.

Movilización

Más de un centenar de personas, sentadas frente al domicilio, han coreado desde las 09.00 hasta las 11.00 horas lemas como 'alquiler social, derecho universal', 'contra el capitalismo y su violencia, ahora y siempre, resistencia' o 'hoy es Marta, mañana puedes ser tú'.

Además, en la ventana del piso colgaba una pancarta en la que se podía leer '12.000 euros para tutelar a cuatro menores, 0 euros para alternativa habitacional'.

Raúl, nombre ficticio por recomendación de su abogada, no puede ocultar su indignación. Él es uno de los seis investigados por la Policía Nacional por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos tras los incidentes registrados durante un acto de precampaña protagonizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Granada el pasado 16 de abril. Según este activista antifascista, la investigación se está dirigiendo básicamente contra quienes participaron en la protesta, pese a que sostiene que la actitud que mantuvieron fue pacífica y que los episodios de violencia comenzaron cuando varios asistentes al mitin, junto a miembros de la seguridad que acompañaba al dirigente de Vox, avanzaron hacia la concentración.

Según la cronología de los propios investigados, se organizó una protesta en el entorno de la Catedral de Granada, muy próxima a la plaza de las Pasiegas, donde se celebraba el mitin. La convocatoria, aseguran, se difundió de manera informal a través de redes sociales y de distintos colectivos sociales. Al grito de “no pasarán”, “no a la guerra” o “Granada será la tumba del fascismo”, decenas de personas trataron de mostrar su rechazo a la presencia de Abascal, manteniéndose en una calle contigua al escenario desde el que intervenía el líder de Vox.

La tensión fue aumentando conforme avanzaba el acto. Desde el escenario, Abascal denunció que los manifestantes estaban cometiendo un “delito electoral” al impedir el desarrollo normal del mitin y llegó a decir que no comenzaría su intervención hasta que fueran desalojados. De hecho, argumentó que, si eso no ocurría, avanzaría él mismo por la calle en la que se encontraban los manifestantes. Algo que acabaría haciendo instantes después cuando se produjo el encontronazo entre ambos grupos.

Lo que iba a ser una movilización de protesta acabó derivando en una escena de tensión en la que intervinieron manifestantes, agentes de la Policía Nacional, asistentes al acto y miembros de la seguridad privada que acompañaba a Abascal. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, el balance de aquella tarde fue la detención de un hombre de la seguridad privada de Abascal acusado de golpear con el mástil de una bandera a un agente y la apertura de una investigación que, semanas después, se ha traducido en otras cinco detenciones practicadas en comisaría contra activistas antifascistas y un total de seis personas investigadas por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El atestado ya ha sido remitido al juzgado y todos ellos permanecen a la espera de que la autoridad judicial decida cómo continúa el procedimiento.

Abascal se saltó el cordón policial

Precisamente esa investigación es la que ha desatado una fuerte polémica entre colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian que las diligencias policiales sólo se están dirigiendo contra quienes participaron en la protesta antifascista, mientras que no conocen actuaciones similares contra asistentes al acto de Vox que, según sostienen, también protagonizaron episodios violentos.

Así lo explica a este periódico Raúl, uno de los investigados, que prefiere mantener el anonimato mientras el procedimiento judicial continúa abierto. “La manifestación se convocó de forma totalmente pacífica y todo está grabado. Hay vídeos en redes sociales, en televisión... Se puede ver perfectamente lo que pasó”, sostiene.

Su relato sitúa el punto de inflexión cuando Abascal abandonó el escenario y un grupo de personas de su entorno avanzaron hacia la calle en la que se encontraban los manifestantes. “Cuando Santiago Abascal decide que esa manifestación no le agrada, manda a toda su gente. Se saltan el cordón policial y, lejos de proteger a las personas que nos estábamos manifestando pacíficamente, la Policía arremete contra nosotros”, asegura.

Raúl sostiene que él ni siquiera fue identificado durante los incidentes. Según explica, los agentes le dieron el alto cuando ya se encontraba lejos del lugar de la concentración. “A mí me identifican como a un kilómetro de la manifestación, de manera totalmente aleatoria. Pensé que aquello quedaría ahí”, recuerda. Sin embargo, días después recibió una llamada de la Policía Nacional. “Me dijeron que tenía que ir a comisaría para informarme sobre unos hechos relacionados con el 16 de abril. Fuimos varios compañeros junto a nuestra abogada y, cuando llegamos, nos detuvieron para comunicarnos los delitos por los que nos investigaban”.

Esa forma de actuar es una de las cuestiones que más llama la atención de los investigados. Según explica uno de ellos, los agentes les comunicaron que existían grabaciones en las que supuestamente aparecen participando en hechos delictivos, aunque asegura que nunca les enseñaron ese material. “La Policía nos dijo que nos tenía grabados, pero no nos ha enseñado ningún vídeo. Nos dijeron que la investigación seguía abierta y que estaban identificando a más personas”.

La APDHA denuncia a miembros de Vox

Para este activista, el problema no es únicamente la investigación, sino el sentido de ésta. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros. Los que actuamos en nombre del antirracismo, del antifascismo y de la democracia somos siempre los perseguidos”. Su testimonio coincide en buena parte con la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha solicitado al juzgado que investigue también la actuación de varios asistentes al acto de Vox y del personal de seguridad privada.

En su escrito, la organización sostiene que la concentración antifascista estaba ejerciendo de forma pacífica su derecho de manifestación cuando varios asistentes al mitin irrumpieron en la protesta tras las declaraciones de Abascal, provocando la alteración del orden y perturbando el ejercicio del derecho de reunión. Esta organización solicita también que se investigue el posible uso de defensas extensibles por parte de particulares y reclama que se incorporen a la causa todas las grabaciones disponibles del incidente, tanto de medios de comunicación como del propio partido, además de información sobre el operativo policial desplegado aquel día.

No obstante, la investigación contra los seis activistas ha propiciado la creación de la Plataforma de Apoyo 16 de Abril. Este colectivo denuncia que las actuaciones policiales persiguen “amedrentar a quienes se manifiestan pacíficamente” y critica que, mientras seis manifestantes ya están siendo investigados por la justicia, no tenga constancia de diligencias similares contra quienes, según su versión, protagonizaron las agresiones desde el entorno de Vox.

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La justicia deberá decidir ahora si los indicios recopilados por la Policía Nacional justifican continuar la causa contra los seis investigados o si, por el contrario, procede a archivar las diligencias. Hasta entonces, Raúl asegura que la sensación con la que conviven todos ellos es difícil de sacudirse. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros”.

La tierra y el mar volverán a darse la mano en Arousa contra las amenazas medioambientales que no acaban de desaparecer del horizonte gallego. Las Plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Mina de Touro-O Pino Non convocan este domingo una nueva manifestación anfibia para exigir la denegación definitiva de los proyectos de macrocelulosa de Altri (Palas de Rei, Lugo) y la Mina de Touro-O Pino (A Coruña). La cita llega en un momento en el que “ni las empresas –Greenfiber y Cobre San Rafael– ni la Xunta renuncian a seguir tramitando” sus iniciativas industriales, por eso llaman a “enterrarlos” con la movilización social.

La manifestación se celebrará en A Illa de Arousa. Partirá a mediodía de la playa de O Vao y finalizará en el muelle de Xufre, donde este martes se presentó la convocatoria. Barcos de las dos bandas de la ría, norte y sur, se sumarán a la flota de la Illa para entrar a puerto en coincidencia con la llegada de la marcha a pie.

En la comparecencia, a bordo del bateeiro Carallada, el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, detalló con cifras la “situación agónica” de la producción marisqueira en la ría de Arousa, históricamente, la primera productora de mejillón de Europa, con pérdidas económicas de 59,3 millóns de euros para el sector entre 2021 e 2025. Incluso con estos datos sobre la mesa, Rubido criticó que la Xunta “está decidida a imponernos sus proyectos contaminantes y a provocar un cambio en el modelo productivo”.

En el bienio 2024-2025, las pérdidas en el berberecho y la almeja fina superó el 92%, la babosa alcanzó el 91% y la rubia el 68%. En cuanto al mejillón, cayó un 30% en el trienio 2023-25 frente a la década anterior. Entre el 1 de enero y el 1 de junio, durante el trienio 2024-26, la pérdida fue de dos tercios respecto a los últimos veinte años.

En este contexto, el presidente de la PDRA afirmó que los convenios ofertados por la Xunta son “limosna propagandística” para “ocultar su pasividad e inoperancia”. Recordó la negativa del PP a delcarar de interés general el sector tradicional del mar en el debate de la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Parlamento de Galicia y acusó al gobierno de Alfonso Rueda de apoyar iniciativas que “empeoran la calidad de nuestras aguas”. “Son decisiones y actitudes que van a acabar con el sector marisquero y la prosperidad de miles de familias”.

La “ofensiva autoritaria” de la Xunta

La portavoz de la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelo, recordó os requerimientos que la Xunta está enviando desde hace meses a las personas y colectivos que alegaron contra la reapertura de la mina y que la semana pasada el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba otros 1.600, “tal y como sucedió hace un año en la tramitación del proyecto de Altri”. Los representantes de las tres plataformas hablaron de una “ofensiva agresiva e autoritaria” del gobierno autonómico “en beneficio de las promotoras y contra las gallegas y gallegos”.

“Si, a estas alturas, la fábrica de Altri non está funcinando y no se reabrió la mina de cobre se debe a la fuerza y la presión sobre nuestros gobernante que lleva años ejerciendo la poblacion directamente afectada”, pero también “gran parte de la ciudadanía y de la opinioón pública gallegas”. Sin embargo, “hasta ahora sólo conseguimos retrasar estos proyectos, porque ni las empresas depredadoras renunciaron a sus agresiones ni la Xunta hizo otra cosa que dar largas”.

Por su parte, el presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, advirtió a la Xunta que “las mentiras tienen patas cortas, ya sabemos como a cada paso que dan, retroceden otro”. Por eso, insistió en que, tras casi cuatro años de lucha contra el proyecto de Altri, no les importan las “tácticas” del ejecutivo de Rueda. “Nuestra estrategia es continuar la lucha porque nunca nos dejamos engañar por sus palabras vacías”. “Sánchez recordó que el gobierno gallego dijo que ”lo iban a archivar: nosotros exigimos que lo entierren“. Si no lo hacen, añadió, encontrarán ”un pueblo despierto y con ganas de luchar“. Un pueblo al que los tres portavoces invitaron a participar, de forma masiva, en la manifestación del domingo.

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

Los actores, actrices y otros cineastas que han defendido activamente el medio ambiente y la biodiversidad en Galicia, “con su firme implicación en los movimientos ciudadanos de su territorio”, han sido distinguidos con el Premio Rayo Verde 2026. Este reconocimiento, impulsado por la Academia de Cine y Greenpeace, pone en valor el compromiso de estos profesionales del cine español con la justicia social y la protección del medio natural en Galicia, en concreto, en su lucha contra la implantación de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Mabel Rivera, Manuel Rivas, Miguel de Lira, Carlos Blanco, Nerea Barros, Luis Tosar, Martiño Rivas, Luis Zahera, Quico Cadaval e Isabel Risco recibirán este premio de la Academia de Cine y Greenpeace en nombre de los actores, actrices y cineastas reconocidos por su defensa del medio natural en Galicia, según informó en un comunicado la asociación ecologista.

Ellos y ellas “representarán a las actrices, actores y cineastas gallegos, reconocidos 'por su compromiso activo y visible' y su colaboración con movimientos sociales, ecologistas y vecinales como Greenpeace y la plataforma Ulloa Viva, ”en su defensa y conservación de un modelo rural vivo y sostenible frente a la explotación industrial extractivista representada por Altri, el proyecto de la megafactoría que se pretendió construir en la zona gallega de Palas de Rei“, tal y como recoge el fallo.

El jurado destaca también la implicación de actores, actrices y cineastas gallegos en la visibilización de esta movilización, que “supone un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales y defender un modelo de vida respetuoso con el medio ambiente, que ha definido a Galicia durante generaciones”. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el productor y distribuidor José María Morales (2022); los actores Elena Anaya y Carlos Bardem, en representación de los profesionales implicados en la defensa de los océanos (2023); el director, productor y guionista Alvaro Longoria (2024); y la actriz Alba Flores (2025).

Si tenías veinte años el quince de mayo de 2011 ya habrás cumplido los treinta y cinco. Si tenías treinta y cinco, estás en la cincuentena. Este viernes se cumplen 15 años del comienzo del 15M, un movimiento ciudadano nacido de una manifestación que nadie esperaba, convocada por la plataforma Democracia Real Ya y otros colectivos en 58 ciudades españolas. Todo se precipitó la madrugada del 16 de mayo. Esa noche, la Policía desalojó a las personas que acampaban en la Puerta del Sol y 19 de ellas acabaron detenidas. Lo que sigue es historia y está muy contada. La acampada de Sol (también el resto de campamentos en numerosas ciudades y pueblos), la extensión a los barrios y el impulso de movimientos y mareas (la de la vivienda, la de la educación o la sanitaria) durante un ciclo de movilización que duró varios años.

Queda lejos ya pero sobreviven, como veremos, unos cuantos colectivos y prácticas de movilización que son herederas directas de lo que acaeció en 2011. Conmemorar significa “traer a la memoria juntos” y esa cualidad plural parece perfecta para la celebración que se está llevando a cabo estos días.Los actos del 15 aniversario se han elaborado desde Espacio Común 15M, una suerte de plataforma asamblearia –como todo en el universo quincemayista– que vela por el legado y la continuidad del movimiento, especialmente cuando asoma el mes de mayo.

“Se creó en el cuarto aniversario del 15M. Empezaban a quedar ya menos asambleas y nos preguntamos qué iba a pasar con las redes del movimiento que seguían funcionando, que eran muchas”, explica Deme, participante de Espacio Común 15M. Se produjeron muchas reuniones a lo largo del año -en Sol o en El Retiro- para conformarlo. “Es como un grupo de trabajo, un espacio muy flexible que ha servido como hilo conductor para la gente que quería organizar cosas en los distintos aniversarios. En todos se ha hecho algo, incluso durante la pandemia, cuando organizamos muchas charlas online”. Espacio Común 15M tiene un programa de radio que se emite los jueves en Ágora Sol Radio y un blog en el que se pueden conocer todas las convocatorias asociadas al aniversario.

Este año el acto central es la asamblea, que tendrá lugar el día 15 a las 18.30 h. en la Puerta del Sol. Estarán presentes figuras asociadas con el 15M como el politólogo Carlo Taibo, que ya estuvo hablando en la plaza en 2011, o Angustias, “la abuela del 15M”. Por el camino, se habrán organizado una exposición en el CSO La Enredadera con centenares de imágenes del fotógrafo Juan Plaza, un puesto en la Feria del Libro de Vallekas, otra exposición en el Teatro de Barrio, o la proyección de documentales sobre el 15M, entre otras cosas. Y algunos otros actos que se pueden consultar al final de este artículo.

La asamblea como primer centro de las movilizaciones

Las relaciones asamblearias volvieron a fraguarse durante el 15M. En un momento de máximo descontento social y pérdida de fe en la democracia representativa –también en el bipartidismo–, las lógicas organizativas que legitimaron la toma de decisiones durante las acampadas de mayo terminaron perpetuándose. Hoy, han sido asumidas por muchas de las asociaciones y colectivos que surgieron entonces como un ritual político en tiempos de crisis. 

La Asamblea Popular de Carabanchel fue una de esas ramificaciones que nacieron en el 15M y continuaron formando parte del tejido social madrileño. Es una de las estructuras vecinales más longevas desde entonces. Daniel, uno de sus integrantes, recuerda aquellos primeros días como un movimiento “impredecible y espontáneo” que encontró en los barrios su verdadera consolidación. “Cuando salió del centro de Madrid y llegó a los barrios, la gente empezó a definir cómo quería organizarse”, explica. 

La asamblea mantiene grupos de trabajo centrados en servicios públicos, comunicación y autodefensa laboral; además de reuniones periódicas y campañas concretas. No es sencillo, reconoce Daniel: con el tiempo, a veces disminuyen los recursos, la disponibilidad de sus miembros o las prioridades que atender. “La actualidad también nos atropella y, a veces, obliga a centrarse en las necesidades inmediatas del barrio y dejar a un lado otros proyectos que te gustaría hacer, pero para los que no siempre hay margen”, indica. 

Sus principales frentes han sido los servicios públicos, la comunicación o cuestiones de autodefensa laboral, en un mercado precario que ya caldeó el ambiente durante el 15M. La vivienda, que es hoy según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) el principal problema de los españoles, se trabajaba desde una comisión interna de la que luego derivó el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. 

Esta organización pasó a actuar como una estructura independiente centrada en el auge de precios y el boom inmobiliario del distrito, que también se acentuaba en otros puntos de la capital. Ambas entidades continuaron colaborando y compartiendo espacios en el EKO, uno de los centros sociales okupados más conocidos de la zona, que organiza movilizaciones y acciones comunes entre colectivos.

La transformación urbana de Carabanchel y la subida de precios han cambiado profundamente el distrito desde 2011. Daniel señala que la llegada de inversiones, galerías y nuevos usos del suelo han acelerado procesos de encarecimiento y desplazamiento vecinal que afectan a toda la ciudad. En paralelo, la asamblea ha impulsado campañas contra la explotación laboral —especialmente de trabajadores migrantes en situación irregular— y movilizaciones por la sanidad pública en barrios como Abrantes. “Identificas un problema y actúas”, resume.

Aunque reconoce que el clima político y social es hoy muy distinto al de 2011, Daniel rechaza la idea de que haya desaparecido la movilización social. Menciona las protestas docentes, las plataformas sanitarias, los sindicatos de inquilinas o las redes de autodefensa laboral nacidas en muchos casos del ecosistema asambleario del 15M. “No es todo tan multitudinario ni tan ruidoso como entonces, pero siguen pasando cosas”, afirma. 

Para él, la continuidad de colectivos como los sindicatos de vivienda demuestra que parte de aquella energía se institucionalizó, dando lugar a estructuras de barrio capaces de sostener conflictos concretos en el tiempo. Pese al desgaste acumulado tras quince años de actividad, la Asamblea Popular de Carabanchel reivindica haber resistido gracias a su “carácter intergeneracional” y a la persistencia de muchos de los problemas que atraviesan. 

Comunicar la ¿revolución? Madrid en Acción y Ágora Sol Radio

La rama comunicativa del 15M es, probablemente, una de las que ha demostrado más viveza a lo largo de los últimos lustros. Y lo que queda. Cada dos meses (a veces cada uno) sale a la calle Madrid en Acción, un periódico de papel que es heredero directo del Madrid 15M, que nació como cabecera de las asambleas del movimiento. Hablamos con Carlos, que lleva en el equipo de la publicación desde el principio y ha maquetado miles de páginas sobre política popular.

El Madrid 15M comenzó como una propuesta de la Asamblea Popular de Villaverde. “La idea surgió en diciembre de 2011 y en febrero sacamos el primer número”, explica Carlos. El periódico, alimentado por las diferentes asambleas del 15M, tenía un peculiar modelo económico que está en la base de su éxito. Cada una de las asambleas compraba lotes de periódicos, iba a recogerlos a un punto central –el EKO de Carabanchel– y luego los distribuía. Así sacaron 78 números de forma ininterrumpida y, en realidad, es exactamente lo que siguen haciendo, aunque años después cambiaran el nombre a Madrid en Acción porque daban servicio a los colectivos sociales madrileños en lugar de a las extintas asambleas de barrio.

En los mejores momentos llegaron a tirar 40.000 ejemplares, durante mucho tiempo salían 10.000 y aún hoy, tras haber superado diversas crisis del papel, imprimen unos 6.000 periódicos.“El archivo se perdió con los servidores donde estaba almacenado todo lo del 15M pero tenemos los PDF y pronto los pondremos en la página de Madrid en Acción. Estás de bajón, te pones a mirarlos y de repente te vienes arriba”, dice Carlos.

Otra de las patas comunicativas del movimiento fue Ágora Sol Radio, que sigue emitiendo y goza de buena salud, ahora en el estudio que tienen en el Centro Social Seco. La idea inicial, surgida en el seno de la Comisión de Comunicación de Sol, era emitir un boletín pero las idea bullían y pronto se convirtió en una emisora con diferentes programas en su parrilla.

Juan Carlos fue una de las miles de personas que acudieron a la manifestación que dio lugar a la acampada. En aquella época les acompañaba su hija, que era un bebé y se hartaría de ir a manis en los siguientes años. “Empezaba a hablar y comenzó a corear aquello de que no, que no, que no nos representan, pero en vez de representan decía que no nos representen. Creo que fue clarividente”, cuenta divertido Juancar. Pronto se involucraría con sus colegas Juanfer y Jarri (con los que ya había velado armas en Radio Vallekas) en la aventura de las ondas quincemayeras. Durante el camino, se les unieron otros aliados (Paco, María, Rober o David) y hoy en día siguen emitiendo el programa Barrio Canino dentro de Ágora Sol Radio.

El primer estudio de la acampada se formó con materiales donados o prestados y aún quedan reliquias en el estudio actual. “A algunos de los que llevamos más tiempo nos conectan emocionalmente con la historia de la radio”, explica Juancar. Ha habido seis estudios de Ágora Sol Radio: en la propia acampada, en un local cedido en la calle de la Montera, en otro de Antón Martín, en el Centro Social Seco de la calle Aguerri y Arruej y dos en el Centro Cultural Las Californias (el actual Seco), en un espacio municipal cedido a colectivos del barrio. “Hay dos micros (los que más se utilizan, son el 1 y el 5 para nosotros). Otro guardado en el armario que tiene una etiqueta pegada con un teléfono. Lo que se necesitaba se pedía por twitter y empezaba a llegar el material. Seguramente este micro era prestado pero su dueño nunca volvió a por él”. Juancar sigue enumerando objetos: se acuerda de unos cables o de un cuaderno, custodiado en un cajón, en el que están apuntados los materiales cedidos y los datos de sus dueños originales.

Otra de las personas habituales frente a sus micros es Amparo. Es pensionista y, a sus 84 años, esta vecina de Carabanchel pertenece a otro de los colectivos más reconocibles de aquella época: los Yayoflautas. Son grupos activistas de jubilados que defienden los servicios públicos o mejoras en derechos sociales. Amparo llegó hasta ellos por pura curiosidad. “Me acababa de jubilar y descubrí quienes eran y lo que hacían. Me interesó muchísimo, porque siempre he intentado estar al tanto de lo que ocurre, y quedé con ellos en una cafetería. Allí llegaron varios con los chalecos amarillos [característicos ya entonces de este colectivo] y, en pocas horas, me enamoré de todo. Salí de ahí siendo ya una yayoflauta”, rememora con alegría años después, siendo ya una de sus voces más activas y públicas. 

Cuando estalló el 15M, Amparo atravesaba una situación personal delicada y no pudo vincularse demasiado al movimiento. Pero cada día lo seguía desde la televisión o la prensa. “Me recordó al Mayo del 68: una revolución espontánea, sin partidos”. El colectivo al que ella se adhirió surgió poco después, inspirado por aquel clima de indignación. Con una anécdota sobre el nombre por el que se hicieron conocidos y que aún conservan. “Esperanza Aguirre llamó una vez perroflautas a la gente que protestaba por sus derechos. Y dijimos: pues entonces, ¡somos yayoflautas!”. 

En este tiempo han seguido asistiendo a manifestaciones, concentraciones reivindicativas o asambleas, y colaborado puntualmente con otras entidades. También con representantes de distintos grupos políticos, aunque siempre con una máxima: “somos apartidistas, pero no apolíticos”. Los yayoflautas han acompañado protestas contra los recortes, por la vivienda o contra la guerra, siempre desde una militancia atravesada por la edad y por una conciencia generacional muy concreta: la de quienes sienten que “muchos de los derechos conquistados se están perdiendo”, explica. “Nos preocupa el futuro de nuestros hijos y nietos”, revela Amparo, que pasa a hablar de cuestiones latentes como “el alquiler imposible, las residencias deterioradas y una sanidad pública cada vez más castigada”.

El paso de los años también les ha supuesto algunas despedidas. “Ya no somos tantos, porque han muerto muchos compañeros”, añade Amparo en un hilo de voz. Y el cuerpo ya no responde igual. “Antes hacíamos las manifestaciones enteras; ahora, a veces nos quedamos a medio camino porque nos duelen las rodillas”. Hace año y medio dejaron incluso de reunirse cada lunes en Sol, una plaza que ahora sienten irreconocible. “Han hecho la política del cemento”, lamenta Amparo, que mira alrededor y apenas encuentra rastros del espíritu comunitario de 2011. Aun así, siguen saliendo a la calle siempre que pueden y hace unas semanas estrenaron una nueva pancarta: una flor con pétalos republicanos para recordar, dice, que “ya no somos ancianitos y que seguimos siendo rebeldes”.

Casas okupas y locales vecinales: del EKO o El Sol de la Conce

La plaza es el espacio por excelencia del 15M. El movimiento nació y se desarrolló con sus protagonistas sentados en el suelo de la calle, pero pronto se extendió a otros espacios de sociabilidad. “Los centros sociales okupados dejaron de ser espacios marginales y se llenaron de vecinos, ¡Entraron las abuelas!”, explica Deme de Espacio Común 15M. Ciertamente, las casas okupas fueron los cuarteles de invierno del 15M cuando las plazas se enfriaron.

 Ya en tiempos de la acampada había tenido importancia el saber acumulado de centros sociales céntricos como el Patio Maravillas (“Cerrado por revolución, disculpen las molestias”, se leía en su puerta) o el CSO Casablanca. Ambos fueron cruciales en el establecimiento de estructuras físicas o digitales, entre otras cosas. Algunos de los centros sociales okupados se llenaron de personas ajenas al movimiento de okupación, como el citado Patio Maravillas o el CSA La Enredadera, donde se trasladó la actividad de la Asamblea Popular de Tetuán durante el invierno.

Durante el 15M se llevaron a cabo también okupaciones, como la accidentada y efímera experiencia del Hotel Madrid, en el centro de la ciudad. Pero también otras más ligadas al 15M en los barrios como la de La Morada en el distrito de Chamberí o EKO Carabanchel. El gran centro social de Madrid -ahora amenazado de desalojo- nació en 2011 cuando un centenar de personas del entorno de la Asamblea Popular de Carabanchel decidió entrar al gran edificio de la calle Ánade para darle vida.

El 15M se extendió también por huertos urbanos o locales alquilados, más cercanos al asociacionismo vecinal, donde muchas de las comisiones emanadas de las asambleas encontraron refugio. Una de las entidades vecinales que nacieron del impulso y el tejido del 15M es El Sol de la Conce. Como en otros lugares, en el Barrio de la Concepción también se creó una asamblea de barrio. “Se generó con éxito y duró mucho, incluso en 2013 encontramos reuniones periódicas junto al metro. Más que otras, que languidecían. Es difícil determinar cuándo se extinguió porque ya la asamblea no se reunía semanalmente, era los sábados y luego pasó al viernes por la tarde (que tuvo más éxito)…”, cuenta Roberto, que es participante del espacio vecinal.

Siguieron organizando actividades en locales cedidos por entidades del barrio y, de forma natural, vieron que fundar una asociación les vendría bien. “Con estatutos nuevos y capital pequeño de aquellos que manteníamos regularidad de reuniones. En febrero de 2015 alquilamos el local que hasta día de hoy es nuestra sede social”, explica. Añadieron al nombre el referente geográfico de Sol y el apelativo popular del barrio, La Conce. Y continuaron el camino.

Las asambleas son abiertas y la cuota de socio es de 5 euros mensuales. “Somos en torno a 400 socios ahora, pero por el local pasan unas mil personas al mes. Tenemos muchas actividades diarias, algunas dentro de local y otras externas. Hay personas que participan en dos o tres, otras que siendo socias no vienen habitualmente”, explica Roberto.

Siguen la máxima de pensar en global y actuar en local. Se ocupan de los problemas del barrio y dan mucha importancia a la cultura. Son, como el mismo movimiento, políticos pero apartidistas. “Hay personas que nos vinculan a la izquierda, Podemos y después Más Madrid y Más País. Participan militantes de otros partidos, como PSOE, IU, también Anticapi. Siempre con abierta tolerancia y no adscritos a ningún partido”. 

Prácticas y saberes de la movilizacion: de Legal Sol al Archivo 15M

Antes del 15-M, la España democrática ya había vivido otras movilizaciones masivas. Con el intento de golpe de Estado en 1981, un millón y medio de personas se lanzaron a las calles de Madrid en defensa de la democracia. En 2003 volvió a haber una amplia respuesta social durante las manifestaciones del No a la guerra contra el gobierno de José María Aznar y su incursión en Irak. Pero, hasta mayo de 2015, pocas concentraciones ciudadanas se habían prolongado tanto en el tiempo, llegando a ramificarse en plataformas que aún resisten.

Las acampadas duraron casi un mes. Aunque, para lograrlo, hubo que formar a contrarreloj a una población poco acostumbrada a la burocracia de una protesta sostenida. Con 23 años y mientras aún cursaba sus estudios, Sol recorría los campamentos improvisados explicando a desconocidos cuáles eran sus derechos ante una identificación policial, cómo solicitar oficialmente una manifestación o qué hacer en caso de detención. “Había muchísimo desconocimiento”, recuerda ahora, a los 34 años.

Sol aún forma parte de la Comisión Legal Sol, una de las agrupaciones que surgieron en aquellos días para asesorar a los manifestantes junto a la Real Casa de Correos. No solo los ayudaban a título individual, también informaban a las distintas comisiones del movimiento o hacían de enlace con la Policía durante la acampada. Lo que nació como una red improvisada hace 15 años se ha convertido ahora en un espacio consolidado de apoyo legal a activistas o colectivos sociales. 

Entre sus miembros quedan pocas abogadas colegiadas, pero la mayoría tiene conocimientos legales básicos sobre cómo coordinar protestas e incluso asesorar en procedimientos judiciales. Sol recuerda cómo en el 15M vivió en sus carnes una “represión policial desmedida” frente a “movilizaciones pacíficas y ordenadas”, pero cree que ahora se han desplegado nuevas formas de presión: las sanciones económicas. 

“Con la ley Mordaza impulsamos iniciativas nuevas como Buroresistiendo, un portal para recurrir sanciones u ofrecer asesoramiento en caso de denuncia”, detalla. La comisión sigue activa y su trabajo actualmente se centra en ayudar a colectivos madrileños, organizando formaciones o participando en sus procesos penales y administrativos. En los últimos años, además, se han ido adhiriendo a causas vinculadas a nuevos movimientos que van tomando fuerza, como el ecologista.

Este artículo pretende ser, además de una fe de vida del movimiento, un ancla a la memoria del 15M. Pero es esta una preocupación que surgió en el interior de las asambleas desde el principio. La pequeña ciudad de la Puerta del Sol tuvo su propia biblioteca. Pronto, se creó también un archivo. Y ambos siguen existiendo.

Hablamos con Ana, que sigue participando del grupo que mantiene Archivo 15M, que actualmente está ubicado en dependencias del Centro Social Tres Peces Tres, en Lavapiés. Nos cuenta que el archivo y la biblioteca estaban ubicados en el Centro Social Okupado Casablanca, en el mismo barrio, cuando salieron de Sol. Después del desalojo de Casablanca, los libros y el material de archivo fueron llevados a otro espacio okupado. “Raíces, en Malasaña, que estaba vacío y era propiedad de un fondo. La policía secreta siguió a los compañeros que estaban trasladando los libros, los acusaron de usurpación y estuvieron años encausados”, explica Ana. Posteriormente, el archivo estuvo en el Centro Social Okupado EKO y actualmente en Tres Peces Tres.

En el archivo hay, por ejemplo, carteles originales, que han salido a exposiciones en el Reina Sofía –donde alguno se restauró–, a La Casa Encendida o fuera de España. Alguno de ellos se ha llevado este aniversario al Teatro de Barrio para una expsición. Custodian otros materiales, alguno tan especial como la urna donde se metían las propuestas de la gente en Sol.

En tiempos del 15M se montó también Audiovisol, que gestionaba la cantidad ingente de imágenes que se grabaron en la acampada. “Cuando se disolvió el colectivo, del que también participaba, los discos duros acabaron en mi casa porque yo vivía enfrente de La Tabacalera, donde nos reunimos”, explica Ana. Hoy en día, después de haberse trasladado la información a soportes actuales con la ayuda de Medialab, las grabaciones están junto con el archivo en Tres Peces Tres. “Por mi casa han pasado muchas personas que estaban haciendo tesis o documentales, están mejor allí”, explica la bibliotecaria del 15M.

El 15M sigue aquí: qué vino para quedarse y cuándo puede repetirse

Quince años después de la explosión de las plazas, el recuerdo del movimiento está muy teñido por la impronta de los partidos políticos que nacieron de su sustrato años después, pero su legado está muy presente entre los movimientos sociales y mantiene su primigenio carácter apartidista. Así sucede con el movimiento de la vivienda, que ha transitado de las camisetas verdes de la PAH –que sigue trabajando por el derecho a la vivienda– a la eclosión de los sindicatos de vivienda y sindicatos de barrio, algunos de los cuales, como el de Hortaleza, hunden sus raíces directamente en el 15M.

Si hay palabras o sensaciones que se repiten entre distintos testimonios, esas han sido las asambleas, la política apartidista o el apoyo mutuo, practicado entre grupos distintos pero en sintonía. A la pregunta de qué es lo que queda hoy de todo lo que trajo o prometió el 15M, muchas de sus respuestas también pasan por estos mismos conceptos. Seguramente, faltan muchas voces en el coro polifónico que hila este intento de agrupar a los habitantes desperdigados de Sol. Algunas tan armoniosas como las de la Solfónica, otras tan sistemáticas como las de la 15Mpedia. Pero no son pocas las que presentamos y nos hablan de las pervivencias del movimiento..

Para los miembros de la Comisión Legal Sol, por ejemplo, el gran legado del 15M fue haber generado una “cultura de movilización y de apoyo mutuo entre personas que nunca antes habíamos militado”, exponen a Somos Madrid con una certeza: “El asamblearismo y esa forma de organizarnos nos ha impregnado a muchas, y la prueba es que aquí seguimos”. 

Algo similar, y también su razón de ser, es lo que exponen desde la Asamblea Popular de Carabanchel. “Puede que en la acampada de Sol hubiera mucha concienciación y rabia que ahora se ha desinflado, pero si decimos que ya no queda movilización social estamos jugando a la profecía autocumplida: sí, en 2011 todo era más ruidoso y multitudinario, pero también ahora hay manifestaciones desde muchos frentes que se sostienen en el tiempo y traen nuevas reivindicaciones. No hay más que mirar a las educadoras infantiles de Madrid”.

Ana, del Archivo 15 tiene claro que se consiguieron cosas pero le quita importancia: prefiere seguir mirando hacia delante. “Tengo ya 59 años y he participado en multitud de movimientos sociales, ¿quién se acuerda ya de muchos de ellos? También se consiguieron reivindicaciones en ellos pero no importa quién lo hizo, hay que ir a por lo siguiente. Te pongo un ejemplo del 15M. Antes estaba prohibido grabar a los concejales en los plenos de tu municipio, a pesar de ser tus representantes. En el pueblo de mi marido, donde había una pequeña asamblea del 15M, alguien entró a grabar y le llamaron perroflauta. Hubo un movimiento generalizado para conseguir que se pudiera hacer –con un hashtag famoso, #grabatupleno– y hoy día está permitido”, dice Ana, que es docente y siempre se lo explica de esta forma a sus alumnos.

Cuando le preguntamos a Juancar de Barrio Canino sobre lo que queda del 15M se refiere a las prácticas. “Radio hace mucha gente, pero nosotros hacemos una radio asociativa y asamblearia. No son prácticas que nacieran en el 15M pero sí se establecieron como un estándar de funcionamiento para nosotros. Toda la radio la rige una asamblea y todo sale de una comisión de trabajo. Y nos ha funcionado muy bien. Rompe con la lógica habitual de asociaciones culturales, con sus juntas directivas, comisiones de trabajadores y proyectos públicos”. El colectivo Ágora Sol Radio siempre ha sido numeroso (entre las veinte y cuarenta personas) y, destaca Juancar, bienavenido gracias a las prácticas horizontales.

“Otra cosa que permanece en el colectivo desde tiempos del 15M es la diversidad. A una radio se acerca gente muy diferente. Personas con una visión más musical o contracultural (están los heavys, los poperos, el que dibuja o el rastafari de Tetuán). También los que somos más anarquistas o de entornos activistas, el que ha estado empadronado en todas las okupas de Madrid, la persona con más de ochenta años, gente del activismo queer…y todos convergemos haciendo cosas comunes”, recalca con tono firme, de orgullo.

Juancar se pone muy serio para subrayar la potencia de la radio libre y horizontal como laboratorio de prácticas ciudadanas. En una radio hay que aprender técnica y desenvolverse con ella, por lo que establecieron un sistema de madrinajes para enseñarse entre sí, que consideran muy propio del 15M. “Vimos que era importante la gestión del conocimiento dentro del colectivo, que fluyera horizontalmente para que no se produjeran relaciones de poder basadas en el conocimiento y nadie se convirtiera en imprescindible”, explica.

Deme, de Espacio Común 15M, habla de algunos de los impactos que el 15M tuvo y cuyos rescoldos aún se mantienen. “Está aún en la horizontalidad, en el vocabulario feminista, en algunas prácticas dentro de partidos políticos o sindicatos (algunos se han replanteado la participación y la transparencia, otros no). Subraya el impulso que el movimiento dio ”a las distintas mareas, a la PAH, a la participación en los barrios (que contagió incluso al 8M con su organización barrial), a los cientos de huertos urbanos que se abrieron…“. Y se refiere también a la actividad legal iniciada por Legal Sol, continuada por No somos delito (contra la Ley Mordaza) o a las batallas legales planteadas por el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M, que sigue operativo en la esfera del derecho. 

La preocupación por mantener una cohesión social, destacan otras voces, también parece haber venido para quedarse. “Nosotros reproducimos hoy lo que pasaba entonces, pero a menor escala: vecinos que se mueven juntos y sostienen con los esfuerzos disponibles una cosa que es de todos”, añaden desde El Sol de la Conce. “Yo me siento muy orgullosa de seguir peleando aunque ya no tengamos tanto foco. A veces flaquean las fuerzas y ya no podemos ir todas las semanas a Sol, pero no significa que no sigamos aquí”, concluye Amparo, de Yayoflautas Madrid. El viernes, hay asamblea en la Puerta del Sol.

La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha presentado un calendario de movilizaciones en el marco de una nueva etapa de la campaña, bajo el lema ‘La Sagra Existe, no nos abandonen’, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan numerosos centros educativos “tensionados” de esta comarca.

La organización sindical ha iniciado así una nueva fase de esta campaña con la que pretende mantener el foco sobre la realidad educativa de estos centros y reclamar avances efectivos en las medidas planteadas a la Administración educativa.

Esta nueva etapa llega tras la reunión mantenida hace más de un año, el 5 de marzo de 2025, con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, en la que STE-CLM hizo entrega de 1.132 firmas recogidas entre docentes en el marco de la campaña anterior ‘La Sagra Existe’.

Durante este encuentro, el sindicato comunicó una serie de propuestas orientadas a favorecer un reparto más equilibrado de los recursos, así como a impulsar un análisis cualitativo de las necesidades específicas de los centros educativos.

“Trasladamos a la Administración la necesidad de avanzar hacia un reparto más equilibrado de los recursos y de analizar de forma cualitativa la realidad de los centros, para poder dar una respuesta ajustada a sus necesidades”, han señalado desde STE-CLM.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de extender este tipo de medidas a otros centros tensionados de la región, en zonas como Ocaña, Torrijos o el Corredor del Henares. “Estas situaciones no son exclusivas de La Sagra. Existen otros centros en la región con problemáticas similares que también requieren una atención específica”, han apuntado desde la organización sindical.

Medidas planteadas y falta de avances

Entre los pasos contemplados figuraba la creación de una mesa técnica, integrada por directores y directoras, con el fin de establecer criterios en la denominación de centro tensionado y facilitar la aplicación de las primeras medidas compensatorias.

Sin embargo, STE-CLM considera que estos avances siguen sin materializarse. “A día de hoy no se ha puesto en marcha la mesa técnica ni se han desarrollado medidas que den respuesta a las necesidades trasladadas por los centros”. En este sentido, la organización ha insistido en la necesidad de que se produzcan avances efectivos que permitan atender la situación de estos entornos educativos.

Nueva fase de la campaña y movilizaciones

Ante esta situación, el sindicato ha anunciado un calendario de concentraciones en las puertas de los centros educativos durante los meses de marzo, abril y mayo. Además, se recogerán testimonios que se irán haciendo públicos para dar a conocer la realidad que se vive en estos centros.

Estos testimonios se entregarán al consejero de Educación, Amador Pastor, el próximo 28 de mayo, fecha en la que se celebrará, como “colofón final”, una gran concentración educativa en la Sagra, a la que se convocará a toda la comunidad educativa de la zona. “Con esta nueva fase queremos implicar al conjunto de la comunidad educativa y seguir visibilizando la situación que viven estos centros”, han explicado desde el sindicato.

STE-CLM ha subrayado que esta nueva fase tiene como objetivo mantener la atención sobre la realidad que viven los centros tensionados y reforzar la necesidad de adoptar medidas concretas.

“Es necesario que se adopten medidas que garanticen una educación de calidad en aquellos entornos que requieren una atención específica”, han concluido desde la organización. La campaña, han señalado, seguirá activa mientras no se produzcan avances efectivos en las medidas planteadas.

Los dos principales movimientos juveniles vascos, GKS (organización disidente y de corte comunista) y Ernai (las juventudes oficiales de Sortu) han convocado este martes 3 de marzo movilizaciones por separado para recordar la matanza de Vitoria de 1976. Unos con bengalas rojas y otros con otras de color azul, han intentado exhibir su fuerza en una nueva pugna por las calles. Las movilizaciones, que han comenzado y finalizado en lugares señalados de aquellos sucesos, en algunos casos idénticos para ambos grupos, se han desarrollado sin incidentes en un ambiente de fuertes medidas de seguridad, con un helicóptero y drones sobrevolando la ciudad y la Brigada Móvil de la Ertzaintza también desplegada.

Bajo el lema “La lucha no cesa. Los estudiantes trabajadores por la ruptura política”, GKS ha comenzado sus movilizaciones por la mañana en la Virgen Blanca. Desde ahí, la movilización convocada por IAS (sindicato estudiantil del Movimiento Socialista vasco, antiguamente denominado Ikasle Abertzaleak), ha comenzado a marchar hacia las 11:50. Durante su recorrido, que ha durado aproximadamente media hora hasta llegar al frontal de la catedral, la organización ha desplegando una pancarta en la que combinaba el apoyo de las víctimas que murieron en la masacre y alusiones a la revolución socialista: “Iraultzak soilik egingo die justizia” ('Solo la revolución les hará justicia').

El cartel lo sujetaban dos militantes de cada extremo tras subirse a una marquesina y prender ambas dos bengalas de humo rojo. Además, casi al acabar la marcha matinal, se ha podido leer el mensaje “Ikasle langileok kapitalismoa suntsitu” ('Los estudiantes trabajadores destruyen el capitalismo'), colocado de la misma forma y con los mismos atributos.

Ya en el portal de la catedral, poco antes de las 12:30 del mediodía, IAS ha homenajeado a las cinco víctimas de la matanza del 3 de marzo con un discurso, seguido por otros y pronunciados por sendos integrantes de la organización estudiantil, un aurresku y la entrega de claveles uno a uno por parte de los militantes asitentes. En su linea internacionalista, a pesar de que prácticamente la totalidad de los pronunciamientos han sido en euskera, el sindicato estudiantil socialista ha revindicado una “hoja de ruta revolucionaria”, tomando como ejemplo “el espíritu de lucha de aquella época” para alcanzar “la unidad de clase”, cuya demostracion, según GKS, hace 50 años supone “un ejemplo para las luchas actuales”. Casi todas sus banderas eran rojas, sin ikurriñas.

Una hora más tarde finalizaba en ese mismo lugar la movilización de Ikama, sindicato estudiantil adscrito a Ernai (juventudes de Sortu), que había comenzado en Las Nieves tras haber organizado “piquetes en el campus universitario”, aunque ya desde las 10:00 se respiraba tranquilidad en las inmediaciones. De hecho, uno de los trabajadores encargados de la seguridad en el recinto ha declarado a este medio que “lo gordo pasó ayer”, refiriéndose a los altercados de este lunes que obligaron a desalojar las facultades de Farmacia, Letras, Trabajo Social y el aulario y biblioteca de Las Nieves. A la vista, la movilización ha contado con un número de asistentes similar a la de IAS, residiendo la diferencia más notable en las banderas portadas (ikurriñas, banderas independentistas navarras y banderas moradas). Y en el humo de las bengalas, de color azul y no rojo.

Tras pasar por un Parlamento Vasco cerrado a cal y canto, al llegar a la catedral de María Inmaculada han descrito la historia de los sucesos -quejándose de que esto no se enseña en las aulas- y han ofrecido claveles rojos a las imágenes de los cinco asamblearios asesinados. Posteriormente, “ha celebrado una comida juvenil, que ha finalizado con un acto político” en el que su portavoz, Amaiur Egurrola, “ha señalado que reivindican una memoria basada en la lucha y ha reclamado verdad, justicia y reparación” y que “siguen siendo jóvenes que continúan luchando por la liberación social y nacional de Euskal Herria”, según han explicado ellos mismos.

Tras la manifestación y “huelga estudiantil” de la mañana, el “Bloque Socialista”, compuesto por las organizaciones alrededor de GKS, han comenzado la marcha convocada a las 17:30 en el centro cívico Iparralde, en Zaramaga, al lado de San Francisco de Asís.

Durante la movilización de la tarde convocada por GKS, que tenía el mismo lema que al medio día (“La lucha no cesa. Los estudiantes trabajadores por la ruptura política”) y ha durado también una media hora, también se han gritado consignas como “Policia asesina” y “ni olvido ni perdón”. Además, cuando los militantes atravesaban el casco antiguo de la ciudad, en dos ocasiones varios encapuchados han cometido actos vandálicos leves; el primero un grafiti de color rojo, y el segundo el empapelamiento de una sede bancaria. Uno de los presentes no quería que este periódico lo documentara. “Esto no va a salir en tu periódico”, ha amenazado. Posteriormente, dichos encapuchados se deshacían del material en una basura que estuviera próxima y se alejaban del recorrido.

Cuando los militantes han llegado a la Diputación de Álava, se exhibían, una vez más, los cinco rostros de los asesinados en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, a quienes han vuelto a dejar claveles rojos. Tras varios discursos, el acto ha finalizado con una versión de la Internacional en euskera interpretada en directo, que los asistentes también cantaban con los puños en alto. Al igual que en las declaracinoes realizadas a la mañana, las ikurriñas brillaban por su ausencia, portando únicamente banderas rojas que la organización prestaba.

El IES Híspalis cerrará sus puertas dentro de dos cursos académicos con motivo de la ampliación de la residencia universitaria ubicada en uno de los edificios del complejo educativo Pino Montano, en el que se inserta este instituto adscrito a la Diputación de Sevilla. El Híspalis dejará así de impartir docencia al destinarse el inmueble “íntegramente” a uso residencial, según el plan impulsado por la titularidad del centro.

“Nos enteramos de la noticia hace dos semanas durante un claustro urgente en el que nos comunican a los profesores que de aquí a dos cursos se va a cerrar el instituto para hacer una remodelación y convertirlo íntegramente en una residencia universitaria”, explica a este periódico la jefa del departamento de Cultura clásica del Híspalis, Rocío Núñez, quien pone voz al “mazazo” que ha supuesto este anuncio entre el profesorado, alumnado, familias, personal del centro y vecinos del barrio.

La noticia ha generado “gran inseguridad e indignación” entre la comunidad educativa, ya que en la práctica el cierre implica distribuir a los cerca de 500 alumnos del Híspalis a otros institutos del distrito, como el IES Llanes y el IES Pino Montano. Según advierte el profesorado, estos centros carecen de la capacidad para absorber nuevos estudiantes, debido a “la sobrecarga de la ratio” que han experimentado.

Mientras que el IES Híspalis cuenta actualmente con dos líneas de Educación Secundaria Obligatoria, dos líneas de Bachillerato en cada nivel y oferta de ciclos formativos, en el Llanes hay el doble de líneas: cuatro por curso, salvo en 1º ESO, donde hay cinco. También el Pino Montano supera las cifras del instituto que va a cerrar, contando con aproximadamente 700 alumnos. “Estos centros ya tienen una ratio muy saturada, con 33 o 35 alumnos por clase”, apostillan los docentes, que apuntan a que el problema choca también con la falta de infraestructuras para acoger más alumnado.

Singularidad administrativa

El IES Híspalis presenta una singularidad administrativa dentro del sistema público andaluz. Aunque imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional como cualquier instituto público, su titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Sevilla y no directamente a la Junta de Andalucía, funcionando en virtud de un convenio de colaboración firmado en 2001 entre ambas administraciones. Esta particularidad sitúa la decisión sobre su futuro en manos de la institución provincial, aunque afecta de manera directa a la planificación educativa de la Junta en la zona norte de la ciudad.

Desde la Diputación de Sevilla enmarcan la medida en un proyecto de intervención integral en el complejo educativo Pino Montano, con una inversión global prevista de 30 millones de euros. La “actuación prioritaria” será la construcción de una nueva residencia universitaria de 500 plazas, concebida como un edificio de nueva planta que “permitirá ampliar la oferta pública de alojamiento asequible para jóvenes de la provincia”. Respecto al instituto, la institución provincial asegura que los puestos de trabajo están garantizados y que la planificación de plazas educativas corresponde a la Junta.

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo en Sevilla atribuyen la decisión de cerrar el instituto a la titularidad del edificio (la Diputación) y confirman que ya se ha iniciado un estudio técnico y organizativo para garantizar la escolarización del alumnado en centros públicos de la zona. La Consejería asegura que se está analizando la evolución demográfica, las plazas disponibles y la planificación de la oferta educativa para los próximos cursos, ya que el cese de la actividad docente se empezará a notar el próximo curso, al dejar de ofertar nuevas plazas de 1º de ESO.

Rechazo “absoluto” de la comunidad educativa

La comunidad educativa al completo —profesorado, alumnado, familias, personal del centro y vecinos del barrio— ha expresado su rechazo “absoluto” al cierre del IES Híspalis. En un comunicado difundido como antesala de la protesta convocada para el próximo miércoles 25 de febrero, califican la decisión como “un ataque directo a la educación pública en Sevilla”, además de “una medida injustificada que perjudica gravemente al alumnado y al entorno social del barrio”.

“No aceptamos que se juegue con el futuro de nuestros hijos e hijas ni con el trabajo de quienes llevamos años construyendo un proyecto educativo sólido y comprometido”, añaden, denunciando que se haya tomado la decisión “de espaldas” a la comunidad educativa.

Además de “desilusión”, expresan preocupación porque “la decisión obligará a trasladar a nuestro alumnado a otros institutos ya masificados, incrementando ratios y empeorando el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la debida atención a la diversidad”. La medida también afectará a los estudiantes procedentes de los colegios adscritos al Híspalis –el CEIP Alfonso Grosso y el CEIP Mariana de Pineda–, que previsiblemente tendrán que ser reubicados en otros institutos del entorno.

“Si ya es complicado dar clase con veintitantos alumnos, con los 30 que tienen muchos centros más los que vendrán del Híspalis, eso va a ser terrible”, augura una de las profesoras de este instituto, que ha promovido una recogida de firmas en change.org para intentar frenar el cierre. La petición ha superado las 1.700 firmas en 24 horas.

En defensa de lo público

El anuncio ha generado incertidumbre entre las familias y el personal docente, debido a la “falta de concreción” sobre los plazos y el destino definitivo del alumnado y los 120 profesionales que trabajan en el Híspalis (entre docentes y personal de administración y servicios), unos dependientes de la Junta y otros de la Diputación.

Ante esta “situación sobrevenida derivada de una decisión por parte de la titularidad del edificio”, la Consejería asegura haber iniciado “de manera inmediata un estudio técnico y organizativo para garantizar, en cualquier escenario, la adecuada escolarización del alumnado en centros públicos de la zona mediante una planificación ordenada de la oferta educativa de los próximos años”.

La comunidad educativa ha convocado un acto de protesta a las puertas del centro el próximo miércoles para demostrar que “no vamos a permanecer en silencio mientras se desmantela un centro público que es patrimonio educativo y social del barrio”. Al hilo, recuerdan que “el IES Híspalis es un centro con identidad, con historia y con una comunidad implicada que ha demostrado día tras día su compromiso con la enseñanza pública”, desarrollando “proyectos innovadores”, atendiendo a la diversidad y creando tejido social. “Cerrar el centro supone romper todo eso de manera abrupta y sin escuchar a quienes lo hacemos posible”, lamentan desde la plataforma de afectados.

En ese sentido, el profesorado del Híspalis denuncia que el cierre de este instituto público viene a sumar un precedente más a la “tendencia privatizadora” que observan en el sistema educativo. “No nos es desconocido ni indiferente el decrecimiento del número de centros educativos públicos en Andalucía a la par que aumenta el surgimiento de espacios de enseñanza privada”, señalan, convencidos de que “ahora más que nunca es necesario que luchemos por una educación pública y accesible para todo tipo de alumnado”. Y, añaden, “luchar por el mantenimiento del Híspalis es, ciertamente, un modo de hacerlo”.

La Coordinadora Cantabria de Pensionistas se manifestará el lunes 23 de febrero en en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Astillero, Camargo y Cabezón de la Sal por el “escudo social”, dentro de las movilizaciones de las coordinadoras de pensionistas en todo el Estado.

La Coordinadora ha recordado que el 27 de enero, PP, Vox y Junts impidieron aprobar en el Congreso el denominado Decreto Ómnibus que contenía, además de la revalorización de las pensiones, el llamado “escudo social”, que incluye medidas como como el bono social energético o la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad.

El Congreso someterá la próxima semana a convalidación los decretos de revalorización de pensiones y del “escudo social” y la Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha exigido que sean apoyados por todos los partidos.

“No podemos consentir que los intereses y las políticas partidistas jueguen con la necesidad de las personas. Entendemos, a la vez que lamentamos, que el Gobierno se vea obligado a rebajar, aunque sea puntualmente, la protección de las personas más vulnerables para conseguir los apoyos necesarios con los que salgan adelante las medidas sociales propuestas”, ha manifestado la Coordinadora.

Igualmente el colectivo de pensionistas ha exigido al Gobierno y “a cualquiera que se llame a sí mismo progresista” que “la necesaria protección de las personas vulnerables sea cada vez mayor, que no se conforme con parches o pequeñas medidas, sino que vaya a la raíz del problema, empezando por una reforma fiscal profunda” para una “más justa distribución de la riqueza”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Intersindical Valencian ha aprobado la creación de una caja de resistencia para afrontar las futuras movilizaciones y convocatorias de huelga que el sindicato pueda llevar a cabo en los próximos años, tanto en el ámbito laboral privado como en el público. Esta medida ha sido anundiada durante su séptimo congreso celebrado este fin de semana en Gandia.

Esta medida, que el sindicato considera un “antes y un después”, forma parte de la ponencia de Acción Sindical que fue votada por unanimidad, al igual que la práctica totalidad de las ponencias presentadas (Organización, Salud Laboral y Medio Ambiente, Dones, LGTBI+, y la actualización de los Estatutos, la Carta Financiera y la Determinación de Ámbitos), sin registrar votos en contra.

Con esta decisión, Intersindical Valenciana busca dar un paso más en la defensa de los intereses de los trabajadores del País Valencià, contribuyendo a la movilización y confrontación laborales para avanzar en los derechos laborales y sociales.

Amplia Participación en el Congreso

El VII Congreso se desarrolló en un contexto de intensa actividad. Previamente a su inauguración, el viernes 21 por la mañana, se celebró una jornada con la participación de veintinueve organizaciones sindicales de todo el mundo sobre el papel del sindicalismo antifascista ante el auge de la extrema derecha. Esta jornada fue abierta con una charla del periodista Miquel Ramos.

En la inauguración oficial del congreso intervinieron diversas personalidades, entre ellas el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la Secretaria General del PSPV y Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y representantes de movimientos sociales y entidades como la Comunitat Palestina de València, Escola Valenciana, BEA, PAH, la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre, el Acord Social Valencià y la Unió Llauradora i Ramadera.

Además, el congreso contó con una nutrida representación de movimientos y entidades sociales, como ACPV, Plataforma per la Llengua, Juristes Valencians, Facua, Lambda València, y una amplia representación de partidos políticos de la izquierda valenciana, incluyendo a Més-Compromís, Iniciativa del PV, Esquerra Unida del PV y Podem-PV.

Elección y Acuerdos

El VII Congrés concluyó con la elección del nuevo Secretariado Confederal, que obtuvo un 94% de apoyo, junto a la Comisión de Garantías y Conflictos y la Comisión de Control Financiero.

Entre las decisiones tomadas, se aprobaron 17 resoluciones sobre diversos temas, destacando la exigencia de la convocatoria de elecciones en el País Valencià.

Intersindical Valenciana ha aprobado las políticas y el trabajo a desarrollar durante los próximos cuatro años, marcados por un contexto de auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. El sindicato afirma que el sindicalismo tiene el reto de hacer frente a estas políticas, luchando por la mejora de las condiciones laborales y la defensa de las minorías amenazadas, los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y las diferentes realidades culturales, lingüísticas y nacionales.

Movimiento Sumar Toledo ha expresado este viernes su apoyo a los vecinos y comerciantes del Casco Histórico que han mostrado su malestar ante la decisión del Ayuntamiento “de adelantar, ampliar y concentrar” parte la programación navideña en el entorno de Zocodover y la calle Hombre de Palo, “sin planificación suficiente ni medidas que garanticen la convivencia, la movilidad y el descanso”.

La decisión municipal ha generado protestas vecinales y una acción simbólica impulsada por comerciantes que apagarán sus escaparates durante el encendido oficial este viernes por la tarde, durante dos minutos, para mostrar su rechazo a la situación.

Según denuncian, el incremento de afluencia turística en calles estrechas, la falta de alternativas de movilidad y la ausencia de diálogo con quienes viven y trabajan en el centro histórico están provocando “una situación insostenible que ya generó episodios de peligro en años anteriores debido a las aglomeraciones”.

Desde Movimiento Sumar Toledo se considera “imprescindible” que el Ayuntamiento escuche y atienda estas reivindicaciones. “Negamos la mayor. Esta afluencia no beneficia al turismo. Cuando las calles son ríos de gente, nadie se detiene a mirar un escaparate o a comprar nada”, señala José Luis Resuela, portavoz de la organización que replica el argumento del gobierno local para ampliar el periodo de encendido navideño basándose en la necesidad de reforzar el tirón turístico. “No puede repetirse un modelo donde se prioriza el espectáculo y la foto por encima del sentido común, el descanso vecinal o la seguridad. La ciudad no es un parque temático”.

No puede repetirse un modelo donde se prioriza el espectáculo y la foto por encima del sentido común, el descanso vecinal o la seguridad. La ciudad no es un parque temático

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar Toledo

Movimiento Sumar Toledo reclama al Gobierno municipal que establezca mecanismos de diálogo con la ciudadanía afectada, medidas de regulación del tráfico peatonal y alternativas logísticas para residentes y comercios, evitando situaciones de aislamiento o riesgo. “Sería bueno que nos escucharan alguna vez, nuestro partido ya lo planteó en las alegaciones a la nueva ordenanza municipal. Esta es una ocasión estupenda para que se amplíen temporalmente las calles con aforo”, reclama el portavoz de la formación magenta.

“Celebrar la Navidad está muy bien”, concluye Resuela, “pero planificarla pensando en quienes viven y trabajan aquí es lo mínimo. Toledo merece una Navidad viva, no una Navidad que expulse”.

Miles de docentes -8.500 según la Guardia Urbana y 30.000 según los organizadores- se han manifestado este sábado en Barcelona para reclamar mejoras salariales, laborales y educativas, en la primera movilización que los sindicatos de este ámbito han convocado de forma unitaria desde 2022.

“Un mensaje muy claro a la consejera [Esther] Niubó y al Govern: si no mueven ficha y se sientan a negociar la mejora de las condiciones laborales, seguiremos movilizándonos y no dudaremos a convocar huelgas a partir del segundo trimestre”, ha afirmado Iolanda Segura, del sindicato USTEC-STEs.

La movilización, en la que no solo han participado docentes sino también otros profesionales de los centros y familias, ha salido de la plaza de Urquinaona y ha desbordado la plaza Sant Jaume.

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial y que han convocado la manifestación son USTEC·STEs (IAC), Profesores de Secundaria (ASPEPC·SPS), CCOO, CGT y UGT. Con el lema “Basta!”, los impulsores de la protesta aúnan las principales reivindicaciones: “Más salario, más recursos, menos burocracia, menos ratios”. Para los sindicatos, la protesta es un “ultimátum” al Departamento de Educación para se siente a negociar.

Miles de manifestantes han llenado la vía Laietana y, cuando la cabecera ya se acercaba a la plaza de Sant Jaume, los organizadores han anunciado por los altavoces que todavía estaban saliendo personas de la plaza de Urquinaona. La manifestación ha acabado ante el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume, que se ha llenado de manifestantes y donde otros manifestantes ni siquiera han podido acceder ante el volumen de concentrados.

Los manifestantes han entonado lemas como ‘Basta de precariedad, basta de maltrato’, ‘Luchando, luchando, también estamos educando’, ‘Niubó, que pasa? Tú sí que cobras demasiado’ y ‘Si no se arregla, huelga, huelga, huelga’. Entre los carteles para visibilizar las reivindicaciones que han levantado docentes y otros profesionales que trabajan en las escuelas, se han podido leer mensajes como ‘Mucha inclusión, cero solución’ y ‘Trabajo esencial, condiciones miserables.“.

El próximo domingo 9 a las 11:00 los vecinos de Rosales del Canal y de los barrios colindantes de Montecanal, Arcosur y Valdefierro están llamados a concentrarse en la parcela 89.37 del barrio. La misma en la que se realizaron ya otras dos concentraciones en el último año con objeto de reclamar al Gobierno de Aragón que no siga con el proyecto de la Fase 2 de Vivienda Dotacional Pública. El conflicto nace de la “falta de solares dotacionales y de equipamientos en el barrio y en el sector para cubrir las necesidades de la población”.

Según explican, la población está en crecimiento continúo por los propios vecinos del barrio y por los nuevos habitantes de Arcosur al norte del corredor aéreo que, por proximidad, usan estos servicios públicos que, según denuncian, están “infradotados, saturados, inacabados y son insuficientes”. Critican también las “deficiencias en movilidad, el inacabado Centro Cívico, por la necesidad de un Instituto de Bachillerato y Formación Profesional y sobre todo de un Centro de Salud donde al parecer Sanidad no sabe dónde ubicarlo, aunque manifiestan querer hacerlo a la vez que el anunciado para Arcosur al sur junto a la Z40”.

Exponen que esa ubicación del centro de salud, en la parcela D8, contó con una campaña en contra por parte de la AV Arqueros. “No obstante, Sanidad ha decidido ahora estudiar en profundidad el terreno después de haberla descartado. La preocupación sobre su viabilidad no estriba ya solo en las posibles dolinas en el subsuelo, sino también en su exposición al ruido del tráfico aéreo en la zona”.

Según explican, en el sector norte del Distrito Sur quedan solo tres parcelas dotacionales libres. Una, frente al camping municipal de uso deportivo, “pero compatible con uso sanitario, y que Urbanismo ofreció a Sanidad en marzo, pero que ahora, parece proyectar un circuito para BMX de gestión privada”. Otra parcela es la 89.38 que es de uso educativo y está reservada a terminar de equipar el todavía inacabado centro educativo CPI Rosales del Canal pese a los años que lleva en funcionamiento. “Saturado de alumnos sin espacios para recreo , sin equipamiento deportivo adecuado ni salón de actos o clases de Educación Física que los mayores se ven obligados a hacer en el potrero fuera del centro”. Y la parcela 89.37 “donde Fomento pretende impulsar la gestión privada de 192 mini pisos (de 31 a 41 m2) para jóvenes con rentas no inferiores a 1.500€/mes por precios de alquiler similares a los del mercado, entre los 420 y 762€/mes, incluso descontando la subvención de 2€/m² que se embolsará el fondo inmobiliario que gestionará estos dos bloques colmena hasta el año 2100 cobrando la renta a precio de mercado desde 2040, pasados los primeros 15 años”.

Consideran que, al no estar garantizada la ubicación del centro de salud, “una necesidad de primer orden para los vecinos, se impone reclamar que opere el sentido común”. Consideran que hay “solares por doquier para edificar vivienda” y que el problema es “hacer viviendas donde debería haber un equipamiento educativo o sanitario públicos, que son necesarios y urgentes, es que traerán consigo más población que precisará de esos mismos servicios, convirtiendo el problema de acceso a ellos en algo irresoluble sin efectuar de por vida largos desplazamientos al no haber más solares en la zona donde hacer estos equipamientos básicos”.

Por todo ello, se concentran para pedir al Gobierno de Aragón que “suspenda o cancele la Fase 2 de VDP y que reserve el solar 89.37 donde se hará la concentración para hacer el Centro de Salud si fuera necesario y al Ayuntamiento igualmente, que no haga ningún proyecto no demandado ni necesario en el solar 89.35, pues también podría ser necesario para este fin sanitario”.

Desde la Asociación Vecinal Entrelagos “queremos pedir al Ayuntamiento que tenga en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas antes de tomar decisiones que afecten al desarrollo y la vida presente y futura del barrio. Creemos que el diálogo y la colaboración son esenciales para encontrar soluciones que beneficien a todos. Por ello, nos ofrecemos a mediar y trabajar conjuntamente para buscar las opciones más adecuadas y equilibradas para todas las partes”, concluyen su comunicado.

Este 15 de octubre España ha vivido una jornada de huelga y lucha en solidaridad con el pueblo palestino. La Confederación General de Trabajadores (CGT), Solidaridad Obrera, Intersindical, Alternativa Sindical de Clase, Comisiones de Base y el Sindicato de Estudiantes han convocado un paro general de 24 horas, mientras que CCOO y UGT han llamado a la huelga dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde. En numerosas ciudades se han vivido movilizaciones secundadas por decenas de miles de personas que, pese al anunciado alto el fuego, exigen el fin de las relaciones diplomáticas con Israel y de la ocupación de Palestina.

Entre las principales demandas también está que se respete la orden de detención internacional contra Netanyahu, algo que no ha sucedido en las ocasiones en que el presidente hebreo ha salido de Israel. La movilización principal en Madrid ha tenido lugar a partir de las 19.00 horas, cuando unas 70.000 personas según los convocantes y 11.000 según Delegación del Gobierno han marchado por el centro de la ciudad.

Durante la manifestación no han dejado de resonar cánticos como “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, “las tierras robadas serán recuperadas” y “no hay paz sin justicia”. Tras una pancarta que rezaba “Paremos todo por Palestina. ¡Alto al genocidio!, una vez más la capital ha mostrado su músculo más solidario para defender el respeto del derecho internacional, continuamente infringido por parte de Israel, así como la petición de no financiar la escalada bélica con recursos económicos públicos que, según los convocantes, deberían ser destinados a sufragar servicios como la educación, la sanidad y las pensiones.

Una masacre que no comenzó en 2023

El secretario general de la CGT, Miguel Fadrique, ha recalcado que la huelga, convocada con algo de urgencia tras el asalto a la flotilla hace un par de semanas, “era ahora más necesaria que nunca para forzar a que el alto al fuego sea real y que no vuelvan las bombas y los asesinatos por parte de Israel”. Este sindicalista ha recordado que la persecución contra los palestinos no comenzó el 7 de octubre de 2023. “A partir de entonces el genocidio se volvió mucho más brutal y violento, y también mediático, pero la ocupación y la persecución llevan décadas sucediendo”, ha denunciado.

El cegetista ha recalcado que las exigencias de la movilización pasan por reclamar al Gobierno liderado por Pedro Sánchez “un bloqueo de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, incluso con el alto al fuego en marcha”. “Queremos frenar las inversiones armamentísticas que en los últimos años han crecido de manera desorbitada para que ese dinero se pueda invertir en el gasto social”, ha añadido el mismo Fadrique.

Asimismo, el secretario general de la CGT ha comentado sobre la huelga que “seguramente no ha tenido un seguimiento tan masivo en el entorno laboral como el deseado”, ya que su aspiración era paralizar la producción de todo el país. Sin embargo, sí se congratula de la repercusión social que ha producido el paro: “Igual que hicimos en septiembre del año pasado, hemos conseguido que miles de personas salgan a la calle. Este es nuestro granito de arena para luchar por el fin de la ocupación de Israel en Palestina”.

Trabajadores y estudiantes contra el genocidio

Libertad Jiménez ha decidido participar en la protesta: “Estamos viendo una masacre del pueblo palestino, por eso es importante salir a las calles a visibilizar nuestro rechazo”, ha comentado cuando la manifestación enfilaba los últimos metros antes de girar en Cibeles. Esta profesional de la intervención social ha decidido secundar el paro de dos horas esta mañana y continuar la lucha por la tarde, acompañada de su hijo Teo, de 2 años. “Nació dos semanas después del inicio del genocidio y le he dado de mamar mientras se sucedían las imágenes sangrantes de niños muertos de hambre. Lo hemos vivido con mucha impotencia e indignación”, ha añadido. De todas formas, esta madrileña de 35 años defiende que es necesario que los más pequeños “vean que en el mundo se cometen atrocidades pero hay gente solidaria que se moviliza en defensa de los derechos humanos”.

Mientras alrededor retumbaba el cántico de “eran hospitales, no bases militares” e “Israel asesina, Ayuso le anima”, Ricardo ha recalcado que “el acuerdo del alto al fuego es una farsa que ha venido muy bien a Israel”. Este asturiano de 50 años que ya lleva media vida afincado en la capital, empleado en el sector de las telecomunicaciones, ha decidido secundar la huelga: “Estos paros son multidimensionales y tenemos que ser los trabajadores los que también nos movilicemos por causas como la de Palestina”.

Martín Salazar ha decidido manifestarse con una bandera palestina sujeta a un mástil que superaba los dos metros. “Por lo menos ha entrado algo de ayuda humanitaria y han liberado a presos, pero Israel ya ha matado incluso con el alto al fuego”, ha criticado este burgalés sus 77 años. Sobre la huelga, ha aseverado que “habría que pensarse bien cómo convocarlas, porque si no hay seguimiento masivo quizá sí sea un fracaso”.

Aarón, un joven de 20 años que estudia Historia en la universidad, ha asegurado que solo ha acudido a una clase en la que tenía un examen. “Vemos cómo predomina el beneficio y la explotación. No solo hablamos de dos años de genocidio, sino de décadas de ocupación. Lo han destruido todo en Gaza y no hay a dónde volver”, ha sostenido mientras andaba por la Gran Vía.

Ha sido en esta gran arteria comercial de la ciudad donde algunos establecimientos han sufrido pintadas por parte de manifestantes. Al lado de una de ellas estaba Juliana Rincón, colombiana que está en Madird por dos semanas. “Nadie se puede quedar quieto ante un genocidio. El alto al fuego siempre es bueno, cada vida es valiosa”, ha señalado. “Yo que vengo de Colombia sé que es mejor una paz imperfecta que cualquier guerra”, ha añadido.

Apenas unos metros más allá, Francisca Valverde y Carmen Muñoz, de 67 y 70 años respectivamente, han agregado sobre el bajo seguimiento de la huelga que “vivimos tiempos de mucha desmovilización social”. Estas jubiladas, asimismo, han opinado que “Gaza, dentro de poco tiempo, será bombardeada de nuevo porque el alto al fuego no va a servir para nada”.

La clase trabajadora en defensa de los derechos humanos

Por su parte, el secretario general de Solidaridad Obrera, José Luis Carretero, ha subrayado que “salimos de nuevo a las calles para defender el derecho a la vida y a la integridad física del pueblo palestino, y el derecho a su soberanía y autodeterminación”. A su parecer, convocatorias de este tipo sirven para “demostrar la dignidad del pueblo español y de su clase trabajadora en defensa de los derechos humanos más fundamentales”.

Este sindicalista también se ha referido al incremento del gasto público en defensa. Según ha señalado en declaraciones a elDiario.es, “que los presupuestos se desvíen a la compra de armamento en la dinámica geopolítica que nos encontramos implica el aumento de las tensiones y legitimar la carrera armamentística contra otras potencias”. Carretero ha subrayado que, “si el 80% de los impuestos salen de las rentas de los trabajadores directamente retenidos de sus nóminas, queremos que ese dinero no se destine a potenciar agresiones contra los derechos humanos o a agrandar el comercio de estados que los vulneran, como Israel”.

En tónica algo más internacional, este integrante de Solidaridad Obrera también ha reconocido “la necesidad de denunciar y dejar sin efecto el tratado de asociación entre la Unión Europea e Israel”. “Cualquier tipo de subvención directa o indirecta a Israel debe detenerse”, ha sintetizado. Del mismo modo, Carretero ha reclamado que se ponga en marcha la solución de los dos estados, un proceso de autodeterminación para la población palestina y que su desarrollo vaya a la par que “el respeto a la propia vida del conjunto de la población palestina”, en sus propios términos.

La manifestación ha concluido pasadas las 21.00 horas a la altura de la Plaza de Callao. Dado que los convocantes de la marcha no han llegado a consensuar un manifiesto común, han sido sus integrantes los que han dirigido unas palabras a los presentes mientras miles de personas seguían recorriendo la Gran Vía. Allí les han arengado para no dejar de movilizarse contra Israel vigilados desde las alturas por el helicóptero de la Policía Nacional. Mientras tanto, unos metros por detrás todavía se escuchaban cánticos como “Ayuso, payasa, Madrid está con Gaza”, “no es una guerra, es un genocidio” y “qué viva la lucha del pueblo palestino”.

España sale a las calles por Palestina

Las movilizaciones han estado presentes por más puntos del territorio español. Un total de 200 municipios han acogido protestas y piquetes durante la huelga general, con especial incidencia en el noroeste peninsular.

En Barcelona, la Guardia Urbana cifra la participación en 15.000 personas, en una marcha unitaria convocada por entidades propalestinas para poner el broche a la jornada de huelga, informan Oriol Solé Altimira, Helena Sala Gallardo y Sandra Vicente. El inicio de la manifestación ha sido en las puertas de la Estació de Sants a las 18h, desde donde ha arrancado una manifestación dirección a la Plaça Espanya, informa

Los concentrados han partido coreando consignas como “Israel no es un país, es una ocupación”. Han ido avanzando por el barrio de Sants, donde se han producido algunos disturbios y enfrentamientos con la policía. Mientras la marcha seguía su curso, un grupo de manifestantes se ha separado del grueso para lanzar objetos contra los cristales de un Burguer King, una de las empresas señaladas en la lista de la ONU de compañías que colaboran o se lucran con el genocidio y la ocupación israelí en Palestina.

En Euskadi, miles de personas han salido a las calles de las tres capitales para denunciar el genocidio, informa Maialen Ferrera. En Bilbao, la marcha ha comenzado en el Sagrado Corazón y ha recorrido la Gran Vía hasta el Ayuntamiento de Bilbao con gritos de “Boicot Israel. Palestina askatu y portando carteles con fotos de periodistas asesinados y el número 67.194 ensangrentado por las personas asesinadas por el ejército israelí.

La manifestación ha ido haciendo paradas en empresas que consideran “cómplices de Israel” como Zara o el Banco Sabadell. Al grito de “Israel hiltzaile, Zara laguntzaile”, se han concentrado frente a la sede de Zara en Gran Vía y han colocado pegatinas mientras los trabajadores de la tienda, que estaba abierta pese a la huelga y al igual que las demás de grandes firmas de la Gran Vía bilbaína, han tenido que cerrar sus puertas. Los manifestantes han utilizado humo de los colores de Palestina frente a la tienda. En el Banco Sabadel, han colocado un cartel en el cajero en el que se leía “Israel genocida”.

Centenares de personas se han concentrado frente al Paraninfo de Zaragoza para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza, informa Candela Canales. Entre proclamas como “Que viva la lucha del pueblo palestino”, “Israel asesina, Europa patrocina” o “La clase obrera es una y sin fronteras”, los manifestantes han denunciado la complicidad internacional con el Gobierno de Israel y reclamado una respuesta más firme de las instituciones europeas y españolas ante la violencia en la Franja.

La jornada de protestas ha tenido también eco en los centros educativos aragoneses, donde numerosos docentes han secundado los actos convocados para denunciar “el genocidio del Estado de Israel en Palestina” y reivindicar el papel de la educación pública como agente transformador.

En Palma, las concentraciones han corrido a cargo de estudiantes, que han protestado frente a la Universitat de Illes Balears (UIB) para exigir a al centro el fin de las relaciones con empresas que “sostienen el exterminio y ocupación” del pueblo palestino. Unas 200 personas, según ha señalado la campaña 'Carot, prou complicitat', han protestado en el campus de la UIB, coincidiendo con la huelga general convocada en apoyo a Palestina.

Castilla y León ha acogido movilizaciones en diferentes ciudades. Centos de personas se han congregado frente a la Catedral de León a lo largo de la mañana, convocadas por la plataforma Llión col Puebru Palestín, informa Sara Lumba. Los manifestantes han recorrido el centro de León, desde la Plaza de San Marcos hasta la Plaza de Regla, frente a la Catedral de León para protestar contra los actos de guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Durante su recorrido se han detenido frente a un supermercado de la cadena Carrefour para pedir el boicot a sus productos debido a su alianza comercial con el gobierno de Israel. A todo ello se suma una huelga de estudiantes que se lleva a cabo durante todo el miércoles.

En Valladolid, plataformas, sindicatos de trabajadores y estudiantiles se han movilizado a lo largo una jornada que ha arrancado con UGT a las puertas del Ayuntamiento, a la que se han sumado trabajadores de CCOO. El secretario general de la UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, ha sostenido que se trata de una “jornada de lucha, intensa”.

La capital riojana, Logroño, ha acogido las movilizaciones en la Plaza Palestina Libre, como han rebautizado las asociaciones propalestinas al Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, informa Ester Fernández. Alrededor de una gran bandera de Palestina, decenas de personas han mostrado pancartas y coreado lemas contra el genocidio.

Las asociaciones convocantes CGT, Frente de Estudiantes y Amistad por Palestina han denunciado que el plan de paz firmado “no garantiza los derechos del pueblo palestino y es una imposición”. También ha tomado la palabra el gazatí Fares Khader que ha llamado a secundar la huelga porque, como ha subrayado, “todavía no ha llegado la paz a Palestina y sigue el bloqueo de ayuda humanitaria”, aunque ha dicho tener “esperanza en reconstruir Palestina”. Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado en sus sedes y han llevado la reivindicación a los centros de trabajo, donde han convocado dos horas de paro.

En Andalucía, una multitud de alumnos de diferentes etapas educativas de Córdoba han secundado la manifestación convocada para este miércoles en el marco de la jornada de huelga general y parones con motivo de apoyo a Palestina. Los participantes han partido a las 12:00 de Las Tendillas y han recorrido calles colindantes, recordando, entre otras cuestiones, que el plan de paz es solo un alto al fuego en Gaza y no garantiza un cese de las armas permanentes.

Además, durante el recorrido se han escuchado cánticos contra la presencia de Escribano, una compañía vinculada a la tecnología armamentística israelí, en la Universidad de Córdoba. Esta tarde habrá una concentración a las 19:30 en la céntrica plaza de Las Tendillas.

La Plataforma Son Gigantes ha convocado a la ciudadanía a una concentración este domingo 28 de septiembre, a las 11.30 horas, en la Plaza del Arenal de Penagos, junto a los terrenos previstos para la subestación de Arenal. Se trata de un emplazamiento estratégico diseñado como punto de evacuación compartido por varios proyectos eólicos, lo que incrementa de forma acumulada su impacto territorial y ambiental.

Lo que nació este verano como el Colectivo Vecinal contra el Polígono Eólico Benavieja -capaz de reunir más de 7.100 alegaciones en menos de un mes contra el proyecto proyectado en Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero- se ha transformado ahora en Plataforma Son Gigantes, “una alianza más amplia para defender el territorio frente a nuevos proyectos”, explican. Sus objetivos, subrayan desde este colectivo, son “proteger el medio ambiente, la cultura y los paisajes que sostienen la vida en nuestros valles frente a iniciativas energéticas privadas que no garantizan la sostenibilidad territorial ni la preservación de la biodiversidad”.

El proyecto Briesa

El Polígono Eólico Briesa, promovido por Tesera Energía 8 S.L.U. (grupo Villar Mir), prevé una potencia de 90 MW en las montañas de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), con 19 aerogeneradores de más de 170 metros de altura.

Tal y como explica la plataforma en un comunicado, su infraestructura de evacuación se articula en un corredor eléctrico hacia Cantabria: incluye una subestación en Espinosa, la subestación colectora Saguales (Penagos), una subestación de compensadores en Villaescusa y la conexión final a la subestación de Astillero 220 kV de Red Eléctrica. En total, se proyectan más de 140 torres metálicas, con alturas comprendidas entre 35 y 55 metros, y unos 40 kilómetros de líneas de evacuación a 220 kV que atravesarían los municipios de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero.

“No se trata de un trazado aislado. Briesa se suma al corredor común de evacuación compartido con Ventura, en un lugar especialmente sensible: la misma zona donde ya en 2006 se intentó levantar el proyecto eólico La Sía II, rechazado con una declaración de impacto ambiental desfavorable”, apunta el colectivo vecinal.

Los estudios y alegaciones advierten de un “fuerte deterioro paisajístico y ecológico, con afección a hábitats de alta montaña y a corredores de aves; un perjuicio directo a la forma de vida de los pueblos y a economías como la ganadería y el turismo rural; y un empobrecimiento estructural a largo plazo, al sustituir el valor ambiental y cultural de la comarca por un uso industrial intensivo en beneficio privado”.

Alegaciones en marcha y rechazo institucional

El proyecto Briesa se publicó en el BOE el 23 de julio y en el BOC el 28 de agosto de 2025, que marca el plazo autonómico de alegaciones actualmente abierto. Los ayuntamientos de Espinosa de los Monteros, Villaescusa y Penagos ya han expresado su rechazo formal.

La Plataforma Son Gigantes está elaborando alegaciones técnicas y difundiendo alegaciones populares “para que la participación sea amplia y efectiva”. A este trabajo suman acciones informativas abiertas y gratuitas, destinadas a visibilizar el alcance de los proyectos y a fortalecer la defensa común del territorio.

Entre las actividades programadas, destacan la proyección este sábado del documental 'Vidas Irrenovables' en la Casa de Cultura La Concha (Villaescusa) a partir de las 18.30 horas y la concentración contra el Polígono Eólico Briesa citada anteriormente. La plataforma señala que la ciudadanía puede obtener más información en su web y en su perfil de Instagram (@son_gigantes_no_molinos).

Fragmentación de proyectos y presión creciente

“De la experiencia frente a Benavieja surge ahora una respuesta más organizada ante un fenómeno que se repite: la fragmentación de los proyectos eólicos”, denuncia esta asociación vecinal. “Lo que se presenta como polígonos aislados son, en realidad, piezas de un mismo entramado”, subrayan. Así, explican que se tramitan como expedientes separados, pero comparten promotores, municipios e infraestructuras de evacuación, y desembocan en el mismo punto: el nudo de Astillero 220 kV. Según la Plataforma, “este troceo administrativo distorsiona la magnitud real del impacto e impide valorar sus efectos acumulados sobre el paisaje, la biodiversidad y la forma de vida en los municipios afectados”.

Dos de los proyectos ya cuentan con informe ambiental desfavorable del Gobierno de Cantabria: Benavieja (86,8 MW, 14 aerogeneradores, Araste SPV 2021) y Ventura (57,2 MW, Tesera Energía 8 S.L.U.). Otros polígonos siguen en tramitación y admiten alegaciones, como Las Américas 3 y 16 (49,99 MW cada uno, promovidos por Repsol Renovables y Arena Green Power 13), con afección en Cayón, Penagos, Villaescusa, El Astillero, Villafufre, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Villacarriedo y Selaya; y Astillero 2 (66,5 MW, 15 aerogeneradores, Green Devco Energy 8 – Grupo Saeta Yield), que afecta a Cayón, Villafufre, Saro, San Roque de Riomiera, Miera, Liérganes, Penagos, Villaescusa y El Astillero, e incluye la construcción de una nueva subestación conectada al nudo de Astillero 220 kV.