La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha sobreseído la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) contra el posible uso de armas extensibles durante los incidentes ocurridos durante un acto de Vox en las inmediaciones de la Catedral de Granada en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La instructora del caso argumenta que no se había notificado de forma oficial y de manera previa esta protesta, aunque la organización se haya desmarcado de cualquier responsabilidad en la convocatoria, y sin entrar a valorar la presencia de estos instrumentos.

En el auto, fechado el pasado 25 de agosto y adelantado por Público, señala que los hechos “no son constitutivos de infracción penal, habiendo quedado acreditada la falta de autorización administrativa previa para la concentración de la APDHA”. Una vez conocida la resolución, la asociación anuncia que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Granada el sobreseimiento y critica que resulta “difícilmente comprensible” las razones esgrimidas por la jueza, ya que, como han reiterado en diferentes instancias, la entidad “no había comunicado ninguna concentración”. Por tanto, cuestionan que “esa circunstancia termine sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos”.

Además, en declaraciones a este medio, la APDHA insiste en que la protesta “no era ilegal, como parece dar a entender el auto”, en el que se describe que el juzgado requirió a la Subdelegación del Gobierno información sobre si la asociación requirió alguna autorización, una cuestión a que el organismo gubernamental responde negativamente.

“Reclamamos que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor”, subraya la APDHA con relación a la investigación a seis activistas, a los que se les imputaron delitos por desórdenes públicos y atentado a la autoridad aunque sostuvieron que mantuvieron una “actitud pacífica” y que los episodios violentos se dieron cuando los simpatizantes de la ultraderecha, junto a los miembros del equipo de seguridad que acompañaban a Santiago Abascal, avanzaron hacia la concentración que fue convocada de “manera informal” contra “los discursos de odio”.

“Hasta que se vayan”

Las imágenes grabadas durante la tarde del 16 de abril muestran cómo una serie de personas portan, presumiblemente, unas porras extensibles cuyo uso está prohibido entre la población civil. En el visionado, se observa cómo intentan golpear a los manifestantes que se encontraban en primera línea y que, seguidamente, fueron dispersados en una carga policial a causa del enfrentamiento entre los colectivos antifascistas y los votantes de Vox, que fueron arengados por Santiago Abascal para que los echaran del espacio público, pese a que ya había una valla separando a los dos grupos por motivos de seguridad.

“El Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento”, gritaba el dirigente a los asistentes, “y este acto no va a compenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad”. A lo que siguió el ultraderechista, “y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan”. Momentos después, Abascal bajaba de la tribuna y se dirigía a la calle Pie de la Torre, saltándose el cordón policial para acercarse a la zona en la que estaban los protestantes antifascistas y, seguidamente, se retiró ante la escalada violenta del enfrentamiento.

Tras examinar el material audiovisual, la APDHA presentó una denuncia el 21 de abril en la que defendían que la manifestación se realizó de forma pacífica antes de que las declaraciones de Abascal “provocaran la alteración del orden y pertubaran el ejercicio del derecho de reunión”. Asimismo, reclamaban que se identificara a las personas que portaban las armas extensibles y, también, exigían que Vox identificara a la empresa y al personal de seguridad contratados para el mitin.

A raíz de lo ocurrido, la organización insiste en que la naturaleza de la convocatoria “no puede determinar si debe investigarse a una persona que aparece portando o utilizando una defensa extensible contra terceros”. Por ello, subrayan en que se requiere “una investigación efectiva antes de cerrar definitivamente la causa”.

Por otra parte, la Fiscalía de Granada archivó en julio la denuncia presentada por Podemos por el presunto uso de armas extensibles tras considerar que los hechos estaban siendo investigados judicialmente por las detenciones y diligencias hechas por la Policía. El partido presentó primero a la Junta Electoral de Zona otra denuncia, a la que Vox alegó que “desconocía quiénes son las personas que portaban las porras extensibles” y presumía que se trataba “de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, vestidos de paisano y en uso legítimo de la fuerza, cumplían con su deber”.

Este verano se cumple un nuevo aniversario de la batalla ciudadana contra la central nuclear que Electra de Viesgo pretendió abrir en la costa de Cantabria, sobre el parque natural de Oyambre. La fecha de la manifestación de aquel domingo de verano, que acabó por forzar la renuncia al proyecto, ha quedado grabada con cierto halo de épica en la historia de Cantabria. Fue en agosto de 1977.

Ahora –casi cincuenta años después– en un nuevo agosto, la polémica por la prórroga de la central de Almaraz resucita la memoria de la fallida central nuclear de Santillán.

El proyecto se presentó en 1973, en los últimos años de la dictadura franquista y era una de las catorce centrales de un plan nacional para reforzar las tres que ya existían: Garoña (Burgos), Vandellós (Tarragona) y José Cabrera (Guadalajara). Finalmente solo se llegaron a hacer ocho. La de Cantabria, que se planteaba instalar en la playa de Las Fuentes, entre los municipios de San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, nunca se llegó a empezar, más allá de unas excavaciones para hacer catas sobre el terreno.

Electra de Viesgo adquirió un terreno equivalente a más de setenta campos de fútbol en la localidad de Santillán, sobre un acantilado del mar Cantábrico, para invertir 80.000 millones de pesetas en una estación de cuatro unidades con una potencia de cuatro millones de kilovatios. Se eligió este emplazamiento para que la instalación pudiese utilizar el agua de mar para refrigerarse, para ello se proyectó además la construcción de dos embalses artificiales y un salto de agua para bombear agua desde la localidad de Bárcena de Pie de Concha.

Sobre aquel terreno se abrió una enorme zanja, cuyos restos en forma de círculo –en la playa que algunos todavía conocen como 'de la nuclear'– aún persisten como una cicatriz en memoria de la resistencia ciudadana que frustró el proyecto.

Revilla, contra la central

La paralización de la central nuclear tuvo un simbolismo mayor. Fue una de las primeras batallas en defensa del territorio que dio ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria que fundó, entre otros, Miguel Ángel Revilla, quien también tuvo su protagonismo. De hecho, en la histórica acampada en Santillán, donde se iba a ubicar la central, ondeó por primera vez la bandera de este colectivo llamado a tener una notable influencia en el germen de la autonomía de Cantabria, entonces provincia de Santander perteneciente a Castilla La Vieja. La había confeccionado y bordado la noche anterior la madre de un miembro de la Junta Directiva. Ondeó en una histórica protesta que reunió a diez mil personas.

Muchos todavía recuerdan al propio Revilla –que décadas después llegó a ser presidente de Cantabria– subido a una mesa del bar del pueblo en una asamblea con los vecinos. En realidad, toda la sociedad cántabra se oponía al proyecto en un entorno natural privilegiado. Las movilizaciones sociales las apoyaban sindicatos y partidos políticos, a excepción de los de la derecha representados entonces por las siglas UCD (Unión de Centro Democrático) y AP (Alianza Popular).

Curiosamente, fue un alcalde asturiano, de Ribadedeva, el primero que dio un paso firme en contra y convocó un pleno con un único punto: una moción para aplazar la construcción de la nuclear en Santillán hasta después de las elecciones municipales. El proceso coincidió con los primeros años de transición.

En paralelo, los vecinos de San Vicente de la Barquera reclamaban un debate público e incluso un referéndum. Cuando esto ocurría, en 1977, no habían pasado ni dos años desde la muerte del dictador Franco. Aparecieron pintadas contra la nuclear.

La resistencia subió tanto de tono que dimitió toda la corporación local del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y se rechazó la renuncia del alcalde, Manuel Blanco, para que al menos quedase alguien al frente. A partir de este punto, se convocó una reunión de alcaldes de municipios cercanos a la que se sumaron, en solidaridad, tres asturianos: de Riva, Deba y Llanes. A resultas de este encuentro acordado oponerse a la instalación de la central nuclear de Santillán y pidieron audiencia al ministro de Industria para comunicarle su rechazo.

Acampada y manifestación

Al tiempo, se constituyó una Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán. Aquella primavera dos mil ciudadanos acamparon en los terrenos de Viesgo en otra iniciativa histórica como oposición al proyecto.

Los movimientos de rechazo eclosionaron en una histórica manifestación que partió a las doce de la mañana de un domingo de San Vicente de la Barquera y que reunió a diez mil personas ese 21 de agosto de 1977. Una marcha ciudadana que dejó herido de muerte el proyecto. Como anécdota, los manifestantes decidieron por votación a mano alzada no destruir las casetas de obra que ya se habían instalado, después de que algunos propusieran echarlas abajo.

Sobre la nuclear de Santillán cayó un velo de silencio que solo se rompió, puntualmente, seis años después cuando el consejero de Industria del primer gobierno autonómico de Cantabria, Enrique Ambrosio Orizaola, volvió a hablar del proyecto y dijo que la solución al déficit energético de Cantabria pasaba por la energía nuclear. Le respondió el presidente de la entonces Asamblea Regional de Cantabria, Isaac Aja, que también era alcalde de San Vicente de la Barquera. Dejó caer que el consejero trataba de beneficiar al Banco Santander que había comprado un generoso paquete de acciones de Electra de Viesgo. La entidad desmintió su interés por seguir con el proyecto.

De nuevo volvió el olvido, hasta que en 1984 el Gobierno de España zanjó definitivamente el proyecto. De la central nuclear de Santillán quedan las huellas sobre la playa de Las Fuentes y la épica de un movimiento ciudadano apoyado por los asturianos que gano la batalla, que se atrevió a salir a la calle y protestar cuando estaba naciendo la democracia.

Una fiesta como forma de protesta contra los proyectos eólicos. Música, dj´s y baile. Pero no solo, también un espacio de encuentro y de información. De esto va la romería que ha organizado la plataforma Son Gigantes, en la finca El Rosequillo, en Villaescusa: “Para mostrar que en el medio rural no solo se resiste, sino que se construye y se crea arte frente a la industrialización de los montes”. El matiz lo marca Alejandro Isidro, portavoz de la romería, que señala que todo lo recaudado en el evento irá destinado al fondo jurídico común “para defender a todos los valles de Cantabria frente a estos polígonos”.

Son Gigantes opera fundamentalmente en Trasmiera, pero “como la batalla en Trasmiera parece más controlada gracias a las miles de firmas y la presión vecinal, el foco de la lucha más fuerte está en el centro-sur”, advierte Isidro, portavoz de los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio. Nacido en 1990, vive en Liérganes y cuenta que se metió en la lucha contra los eólicos porque su familia es de San Roque de Riomiera. En su grupo, dice, participa gente “muy diversa y sin afiliación política”: educadores, agricultores, de Iguña, Campoo o Trasmiera: “Nuestro objetivo es defender el territorio frente a una proyección desorganizada que no cuenta con la opinión local”.

En Son Gigantes denominan a los molinos macroproyectos energéticos. ¿Por qué?, ¿cuál es el riesgo?

Nosotros utilizamos tanto macroproyectos energéticos como el término polígono eólico. No utilizamos parque eólico porque, sea en los montes o en llano, constituyen una industrialización del terreno que requiere una enorme cantidad de hormigonado, elaboración de pistas, anclajes y uso de estructuras metálicas que son prácticamente imposibles de reciclar. A nuestro juicio, esto es un polígono industrial, igual que los que hay a las afueras de Torrelavega o Santander; lo montado en el Escudo es un polígono, no un parque. Son macroproyectos porque, lejos de estar enfocados al abastecimiento local a pequeña escala o de forma descentralizada, constituyen polos de concentración de generación eléctrica para mover la energía a través de redes de distribución, que es donde está el beneficio empresarial. Esto genera impactos en aguas manantiales, corrimientos de tierra y destrucción de bosques autóctonos, invadiendo suelo rústico de protección especial que debería dedicarse a la conservación o al aprovechamiento ganadero para garantizar la soberanía alimentaria. Además, se está proyectando una cantidad de electricidad que supera con creces lo que realmente se puede aprovechar en este país, según informes de expertos.

El Banco de España emitió un informe en el que concluía que los polígonos eólicos no asientan empleo en los entornos rurales

¿Es un reto convencer a las comunidades de que el beneficio, como defiende Son Gigantes, es menor que el riesgo?

Depende mucho de la propaganda y la capacidad de presión de las empresas. En Cantabria hemos visto que, cuando hay una respuesta potente, como en la zona pasiega, el Gobierno se pone de perfil o informa desfavorablemente. Sin embargo, cuando hay una presión fuerte como en el Escudo —proyecto de una filial de Iberdrola financiado por el Banco Santander y promovido por el Gobierno—, se despliega una maquinaria de propaganda difícil de contrarrestar. Aun así, en los pueblos y en los puntos nacionales afectados por el polígono del escudo hay de todo; hay gente que se ha mostrado a favor y hay gente que se ha mostrado en contra. Hubo mucha gente que se mostró en contra al principio, pero cuando el propio gobierno se salta la normativa aplicable y termina haciendo la construcción a pesar de todas las irregularidades que hemos ido enunciando, pues llega un momento en el que también juegan un poco con el desgaste y con ciertas promesas de que la luz va a ser gratis. Luego hay mantras que se repiten como la lucha contra la despoblación y la generación de empleo, que son los dos grandes mantras con los que se intenta convencer de las bondades de estos polígonos. Hay informes que lo desmienten claramente: en 2023 el Banco de España emitió un informe en el que concluía que los polígonos eólicos no asientan empleo en los entornos rurales donde se instalan. Generan cierto empleo durante los 18-24 meses de construcción, pero la mayor parte de esos empleos no se dan en las zonas donde se plantan porque requieren de mano de obra cualificada. Además, pasados esos dos años de construcción, durante la época de mantenimiento son muy pocos empleos, altamente cualificados y la mayoría de ellos en remoto. Es decir, que pasados dos años no se ha generado prácticamente empleo y en muchos casos tampoco hay una fijación de población, sino todo lo contrario. En el caso de Cantabria tenemos el ejemplo de Soba, el único ayuntamiento con polígonos eólicos instalados; desde 2006 ha perdido habitantes al ritmo similar al que los venía perdiendo antes, incluso más, y sigue siendo el municipio con menor renta per cápita de Cantabria, con lo cual ni dinero, ni empleo, ni fijación de población. Nosotros intentamos convencer con esos argumentos porque consideramos además que las desventajas que traen —afecciones al suelo, a las aguas, a la salud que se han constatado por distintos estudios científicos, afecciones de tipo ecológico y medioambiental— son mucho mayores que los beneficios que puede aportar, sobre todo cuando no hay una planificación real ni un objetivo de transición ecológica real con una reducción del consumo y una descentralización.

en los Valles Pasiegos, un argumento de peso fue la devaluación del precio de las cabañas ante el potencial turístico

A la hora de apelar a los vecinos indecisos, ¿las afecciones del impacto ecológico en el territorio surten efecto o tienen más impacto las afecciones directas a la vida humana?

Ambas cosas están entrelazadas. Por ejemplo, en los Valles Pasiegos, un argumento de peso fue la devaluación del precio de las cabañas ante el potencial turístico. Pero cuando el polígono del Escudo destroza turberas protegidas por la Unión Europea, eso pone en peligro los acuíferos de los que se abastece buena parte de Cantabria; ahí lo ecológico toca directamente la salud humana. En nuestros colectivos hay gente muy diversa con perspectivas distintas. Recuerdo a ganaderos decir: “nosotros no podemos ni desbrozar un poco para el ganado y luego vienen ellos y montan esta pista de hormigón”. Al final, lo que un urbanista ve como algo no ecologista, para un ganadero es poner por delante el uso sostenible del suelo frente a la industrialización.

Echando la vista atrás, a la última gran lucha ambiental en Cantabria, ¿tiene la impresión de que cuesta más interiorizar la gravedad de un proyecto eólico versus el impacto del fracking?

Sí, porque ahora hay una apuesta muy fuerte de las instituciones y los gobiernos por lo que llaman energías renovables, lo cual dota a estos proyectos de una propaganda verde que el fracking no tenía. El fracking era imposible de recubrir de esa pátina y ya había casos probados de contaminación muy graves en otros países. Además, mucha gente en ámbitos urbanos vive de espaldas al medio rural y no ve los perjuicios directos. Aun así, se ha generado ya un caldo de cultivo para la respuesta porque territorios como Aragón, Galicia o Castilla y León ya están saturados, aunque cueste más que con el fracking.

¿Qué caracteriza empresarialmente a los proyectos eólicos que han tratado de implantarse en Cantabria?

Hay de todo. Desde empresas subsidiarias creadas ad hoc sin experiencia previa en el sector, que buscan captar subvenciones europeas, hasta grandes multinacionales como Iberdrola o Repsol. Detrás hay financiación de entidades como el Banco Santander y fondos de inversión. También denunciamos el papel de la Universidad de Cantabria, que da espacio a talleres y encuentros de este entramado empresarial, funcionando a veces como un altavoz de proyectos privados en lugar de generar un debate público y científico sobre la implantación masiva de estas energías y sus contradicciones. Creemos que es una burbuja especulativa, similar a la inmobiliaria, que no responde a una planificación ordenada para reducir el consumo.

Cantabria tiene muchos cordales con viento, aunque muchos molinos no podrían funcionar en picos de viento sur por seguridad

¿Cuál es la zona más atractiva de Cantabria para estas empresas y por qué?

Cantabria tiene muchos cordales con viento, aunque muchos molinos no podrían funcionar en picos de viento sur por seguridad. Tras la fuerte respuesta en Valles Pasiegos y Trasmiera, el actual Gobierno redactó un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que declara esas áreas, junto con el Saja y Picos, como zonas de exclusión eólica. Solo quedan como aptas Campoo, el sur de Cantabria y Valderredible. El argumento oficial es que tienen menos valor natural o paisajístico, lo cual es falso. El criterio es claramente electoralista: hay menos población, menos resistencia y así no se molesta a tanta gente. Básicamente se sacrifica el sur para no perjudicar el modelo de “turismo infinito” de la costa y los valles del norte, donde un polígono eólico “no quedaría bien” visualmente.

¿Cuántos proyectos eólicos hay vigentes?

Tenemos un total de 18 polígonos eólicos en distintos estados de tramitación. La mayoría de ellos están en el centro-sur de Cantabria, pero todavía quedan algunos en tramitación en otras áreas. En Trasmiera tenemos cuatro polígonos en información pública, Moncubo y luego tres muy próximos entre sí, Fuente del Pico, Las Mazas y Sierra del Sel, que realmente deberían conformar un solo proyecto y que se encuentran a apenas 2 km del Parque Natural de las Marismas de Santoña. En los Valles Pasiegos y zonas aledañas tenemos Astillero I y Astillero II en información pública, pero con informe desfavorable del Gobierno de Cantabria (los tramita el Estado al ser de más de 50 MW). En Soba, donde están los únicos dos polígonos en funcionamiento y que según el PROT sí podría albergar más; tenemos el polígono Sierra de Zalama, que de momento solo cuenta con autorización administrativa previa. Se ubica en una zona conocida por la importancia de sus turberas, al igual que la Sierra de El Escudo.

El caso de Somaloma-Las Quebradas ha sido nuestra primera victoria jurídica importante y debería sentar precedente

Menciona El Escudo, ¿cuál es la zona que más preocupa actualmente a la plataforma?

La amenaza se centra en el sur de Iguña y comarca Campoo-Los Valles, zona declarada por el Gobierno para el desarrollo eólico. De norte a sur, aquí tenemos por supuesto El Escudo, (Luena, Campoo de Yuso y Molledo), construido casi en su totalidad a pesar de todas las irregularidades e incumplimientos que hemos denunciado de mil formas posibles; ahora está paralizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), sin que sepamos del todo por qué, lo cual no deja de ser un tanto sospechoso. Al norte del embalse del Ebro, en terrenos de Campoo de Yuso, Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo, tenemos Campo Alto-La Costana, Alsa y Cuesta Mayor. Estos son los siguientes más avanzados, pues cuentan con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y autorización de construcción. A todos ellos hemos presentado demanda contencioso-administrativa con pericial, pendiente de resolución. Al sur del embalse del Ebro tenemos, por un lado, el PE Somaloma-Las Quemadas, en términos de Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río. Lo de este polígono también es surrealista: tenía autorización de construcción y DIA favorable, por lo que lo llevamos a contencioso-administrativo y lo ganamos. Luego, el Tribunal Superior de Justicia anuló la autorización y condenó a costas a la administración y a la codemandada, fundamentalmente por inadecuada evaluación ambiental de los impactos sinérgicos, es decir, los impactos derivados de la acumulación de hasta 6 polígonos en un radio de apenas 10 km, que deberían evaluarse conjuntamente. Ha sido nuestra primera victoria jurídica importante y debería sentar precedente. Sin embargo, el Gobierno regional va y saca a información pública un nuevo proyecto, prácticamente igual, tras declararlo de utilidad pública. Vamos a intentar tumbar este proceso remitiendo a la sentencia firme de la magistrada. Cerca tenemos el PE Bustatur (Las Rozas de Valdearroyo), que ha sufrido varias modificaciones y también ha sido declarado recientemente de utilidad pública, a lo cual hemos presentado también un recurso de alzada, por el momento sin respuesta. Los siguientes en estado avanzado serían los PE Cotío (Campoo de Enmedio y Las Rozas de Valdearroyo) y Morosos (Valdeolea). Cuentan con DIA favorable y autorización administrativa previa, ante la cual hemos presentado recursos de alzada, de momento sin respuesta. En Valdeolea hay otros dos con DIA favorable, pero aún sin autorización administrativa previa: Ornedo y Henestrosas. Y por último, recientemente salió a información pública otro polígono de gran extensión, llamado Anjana, que abarcaría terrenos de Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible y Alfoz de Santa Gadea en Burgos. Parece una tomadura de pelo que le den el nombre de un hada mitológica de los bosques a un proyecto que precisamente afectaría a uno de los robledales más importantes de España, el Monte Hijedo. De momento, está en información pública, sin ninguna autorización. Veremos.

Son muchos y en muy distintas situaciones. A veces cuesta seguir el estado de los expedientes de los proyectos y su judicialización...

Cuesta y nos cuesta a nosotros también. Quiero decir, hay un entramado institucional y burocrático asociado a ello. Varias veces se autorizan polígonos en pleno verano, en el momento en que la mayor parte de la gente quizá está de vacaciones. Entonces, es complicado seguirlo todo y es complicado alegar a todo: es una tramitación enrevesada; hay algunos polígonos que han salido varias veces con modificaciones, para poder tramitarlo en función de las condiciones... Muchas veces, vuelven a sacar el mismo proyecto, en el mismo sitio, con otra empresa.

¿Qué postura diría usted que tiene el Gobierno del PP respecto a las empresas que quieren instalar eólicos en Cantabria?

La apuesta del gobierno actual ha sido claramente un desarrollo eólico masivo. Creo que la palabra utilizada por Roberto Media ha sido “desbloquear” la situación del desarrollo eólico en Cantabria. En la zona de los pasiegos, una vez vieron la respuesta social, que fue muy fuerte —esto ya sucedió con el gobierno anterior de Miguel Ángel Revilla, cuando Garma Blanca y Ribota—, el Gobierno contemporizó al sacar un PROT que excluye esa zona. Pero en las otras zonas apuestan por un claro desarrollo eólico con un montón de proyectos sin seguir criterios técnicos y coherentes. Hay proyectos desestimados en ciertas zonas, mientras en otras con similares o superiores valores ecológicos, ambientales, culturales e históricos, como es el caso de la sierra del Escudo o de Somalomas- Las Quemadas, se aprueba e incluso después de los varapalos jurídicos se sigue apostando por ellos. Yo creo que el Gobierno de Cantabria no sigue criterios técnicos, medioambientales, sino que apuesta claramente por facilitar la tramitación a las empresas, dentro de una dinámica general que se puede calificar como una burbuja, pues se está proyectando más generación de energía eléctrica de la que se consume. Y la prueba está en el PROT planteado, con el cual el Gobierno de Cantabria apuesta claramente por la especulación eólica en el sur y la turistificación masiva en la costa y la cabecera de los valles cantábricos. El Gobierno intenta salvaguardar de alguna manera la imagen prototípica de Cantabria y desarrollar turísticamente esa zona, y las otras zonas desarrollarlas eólicamente porque no le importa lo que pase, tampoco importa las especies que haya, ni los bosques que se van a destrozar.

¿Es necesario plantear fórmulas alternativas como una romería para que cale un mensaje al margen de manifestaciones?

Frente a un desarrollo que no consulta a las comunidades, nuestra propuesta es devolver al territorio la dimensión humana: juntarse, hablar y conocer proyectos culturales o agroecológicos locales. Queremos enviar el mensaje de que tenemos voluntad de seguir unidos y resistiendo como comunidad. La romería en Villaescusa sirve para recaudar fondos para la lucha jurídica, pero también para mostrar que en el medio rural no solo se resiste, sino que se construye y se crea arte frente a la industrialización de los montes. El encuentro y la fiesta también son una forma de resistir al pesimismo, la polarización y al enfrentamiento, dotándolo de contenido social con charlas y reflexión sobre cuánta energía necesitamos realmente.

Mariano, Maricarmen, Adolfo y ahora, también Dulce. Madrid suma ya varios meses consecutivos con alguna amenaza de desahucio marcada en el calendario. Hubo casos muy mediáticos y otros especialmente sangrantes, con perfiles vulnerables en el centro de la diana: jubilados, migrantes sin red de apoyo o familias enteras en el centro de la diana. Ahora, cuando el inicio del verano empieza a vaciar la ciudad, un nuevo intento de desalojo moviliza en Moratalaz: una de sus vecinas, Dulce, teme abandonar este miércoles la casa en la que vive con sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad y otro con Síndrome de Down.

Su domicilio está en la Avenida Doctor García Tapia, en un barrio del sureste madrileño. Allí llevan cinco años y, hace poco más de una semana, vivieron un primer intento de desahucio impulsado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), organismo que gestiona el parque público regional. La AVS ha tratado de recuperar la casa ofreciendo una habitación temporal como alternativa para Dulce y su familia, que ha elevado sus quejas a las Naciones Unidas con una carta al Comité de Derechos del Niño.

En el escrito denunciaban la “incapacidad” de las administraciones implicadas –Ayuntamiento de Madrid, Gobierno autonómico y el Estado– para salvaguardar a su familia y atender las necesidades especiales de uno de sus hijos, José, con tres años y una alteración genética que afecta a su día a día. Varias organizaciones vecinales, entre ellas el Sindicato de Vivienda de Moratalaz u otras asociaciones de barrio, acudieron en masa a la cita del pasado 3 de julio, cuando finalmente lograron paralizar el desahucio y dar algo de oxígeno a la familia. Al menos, durante poco más de 10 días.

Este 15 de julio han vuelto a citar a todo el que simpatice con la causa de Dulce a concentrarse desde las siete de la mañana enfrente de su casa, para ejercer presión antes y después de la llegada de una comisión judicial. Además de las misivas enviadas a la ONU solicitando protección a la Infancia, también se han presentado distintos recursos de defensa ante instancias judiciales y administrativas competentes, tal y como reivindican las entidades locales en un comunicado.

Sobre las vías judiciales aún desconocen si alguna de ellas logrará paralizar la expulsión in extremis. Pero horas antes de la fecha marcada, la familia de Dulce recibió una respuesta de la ONU. “El Comité [...] ha pedido al Estado parte que tome medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo el desalojo de la vivienda que actualmente ocupan mientras se considera esta comunicación u otorgándoles una vivienda alternativa y adecuada a sus necesidades”, reza el escrito, firmado por la responsable de Peticiones Dina Rossbacher.

Aunque los partidarios de la continuidad de Dulce celebran el pronunciamiento de la ONU, nada garantiza que esto logre frenar el desahucio. De hecho, el propio texto da un margen de varios meses al Gobierno de España para que presente sus observaciones: a más tardar, el 14 de enero de 2027. “Con esta resolución de la ONU, las vecinas y vecinos de Moratalaz esperan que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid acate las medidas cautelares, suspenda el desahucio y atienda a los requerimientos de la ONU”, lanzan las organizaciones por el derecho a la vivienda en un último comunicado, a la espera de que estos mecanismos de presión sirvan para desincentivar a la Agencia de Vivienda Social.

La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo “definitivo y firme” del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son “inadecuadas e insuficientes” y que la factoría es “inviable” por la falta de conexión eléctrica, tras la negativa del Gobierno a crear una subestación eléctrica.

El anuncio –recogido por Europa Press– lo ha realizado este mediodía la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que se trata de una resolución administrativa y, al igual que todas, cabe presenta un recurso contra ella.

El proceso de archivo de este proyecto, que ha recibido una importante contestación social, fue iniciado en febrero de este año debido a la falta de conexión eléctrica. La exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta diese este paso.

Desde entonces, Greenfiber (filial de Altri) tenía tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Aunque presentaron estas alegaciones justo al final del plazo –justificó que el proyecto tenía “autosuficiencia energética”–, el Gobierno gallego ha continuado con el archivo previsto.

“Estas alegaciones no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente. Por tanto, venimos de resolver de modo definitivo y firme por parte de la Xunta ese archivo del expediente de Altri”, ha detallado.

“El proyecto actual es inviable”

Preguntada por si la empresa ha manifestado la voluntad de presentar un nuevo proyecto, ha dicho “no tener conocimiento” de ello y ha expuesto que lo que pretende la empresa es “continuar con el procedimiento iniciado”, que, según ha recordado Lorenzana, “tiene una solución técnica muy concreta”.

Precisamente, esta se traduce en la conexión a la subestación de Palas, que no está prevista en el borrador de planificación “ya muy avanzado” del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Este, ha indicado la conselleira, “tiene intención de aprobarlo a finales de año”.

“Lo que puedo decir es que el proyecto actual que está tramitando la compañía es inviable por no tener tener esa conexión. El archivo es definitivo”, ha expuesto. Además, ha recordado que la declaración de impacto ambiental (DIA) tiene una vigencia de cuatro años y ya ha agotado uno entero. “Este proyecto no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna, de salir adelante”, ha concluido.

La tramitación de la factoría ha estado marcada durante este tiempo por la oposición social y política. Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, se han posicionado en contra. Al mismo tiempo, plataformas ciudadanas han liderado repetidas manifestaciones multitudinarias, como la que reunió a 100.000 personas en Santiago de Compostela en diciembre de 2024, según cifras de la organización.

El desahucio de Marta, una mujer ucraniana, y sus cuatro hijos menores, en la calle Vicente Alexandre de A Coruña, ha sido paralizado y pospuesto hasta el próximo miércoles, día 15, a las 09.00 horas

“Es una solución provisional”, ha afirmado el abogado de la afectada, Antonio Vázquez, en declaraciones a los medios de comunicación. “Tenemos que presentar en Servicios Sociales del Ayuntamiento la solicitud firmada por Marta –su defendida– para que se le aplique el sistema de emergencia habitacional”, ha explicado.

“Es un aplazamiento voluntario”, ha especificado. De este modo, la parte ejecutante –el particular propietario de la vivienda– “accede a suspender este acto hasta el miércoles 15, a las 09.00”. “Tiene como último momento ese día y hora para la entrega de las llaves”, ha concretado.

En cuanto al nuevo domicilio, facilitado por el ayuntamiento, ha avanzado que “podría ser entregado mañana –viernes– o el lunes”. Podrá morar en él, según ha detallado, por “un plazo de seis meses” y con un “compromiso de búsqueda activa de otra solución”.

“Sus características no las conocemos, solo sabemos que es una vivienda compartida”, ha señalado para recalcar que el consistorio les ha puesto “entre la espada y la pared”. “Hasta hace unos minutos se negaron reiteradamente a concretar la dirección exacta para que pudiésemos evaluar si tiene unos requisitos mínimos”.

Por su parte, esta madre ucraniana ha salido a la ventana de su piso para agradecer el apoyo de la ciudadanía. Lo ha hecho tras criticar que el consistorio “cerró los ojos” ante su caso y no le ofreció una alternativa “hasta ayer” y lo ha hecho, en su opinión, “para cubrirse las espaldas”. “Los Servicios Sociales están para proteger y ayudar y me estaban amenazando todo el rato”, ha asegurado.

Muestras de apoyo

Ha sido en un ambiente tenso, con más de un centenar de personas sentadas ante el portal del domicilio para tratar de impedir esta medida judicial. Estaban convocadas por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinos de A Coruña. También con presencia de más de una docena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Beatriz García, miembro de dicha plataforma, ha apuntado al “afán especulativo de la vivienda”, en declaraciones a Europa Press. “Hay mucha gente que necesita casa y no la tiene”, ha aseverado. En este sentido, ha incidido en que “nadie le alquila un piso a una refugiada de guerra con cuatro hijos”.

“No solo se va a quedar sin casa sino también sin hijos porque la solución que le dan es que cada hijo vaya a un centro de menores disperso por toda Galicia”, ha denunciado. Y es que ambas organizaciones han dicho que la Xunta le comunicó a esta madre que si el desalojo “se ejecuta sin una alternativa habitacional, retirará la custodia de los menores y estos serán separados en distintos recursos de protección”.

Ayuda de la Xunta

A este respecto, fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han trasladado que “no hay un expendiente abierto en menores” sobre este caso ya que “en este momento, los niños no están en situación de desprotección”. Por ello, han negado que se haya “comunicado nada a la familia”.

“La primera información que recibimos sobre esta situación fue hoy –jueves– a raíz de un informe enviado por el Ayuntamiento de A Coruña”, han expuesto, para apuntar que es el consistorio el que “está llevando este caso y le ha ofrecido una solución habitacional” a la afectada.

Asimismo, han recalcado que el Gobierno autonómico lleva “tiempo trabajando con esta mujer”. “Tiene concedida una Risga –Renta de inclusión social de Galicia–, ha sido usuaria del programa de atención en situación de desahucio y se le tramitó un bono de alquiler social”, han especificado.

En este sentido, Antonio Vázquez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la mujer lleva de alquiler dos años en este piso. “Inicialmente, contaba con una ayuda de la Cruz Roja que complementaba sus ingresos laborales reducidos y a raíz de perder esa ayuda no pudo hacer frente a los pagos”, ha relatado. “La demanda de desahucio de la arrendadora concluyó con una sentencia de desalojo”.

Postura del Ayuntamiento

Así, fuentes del consistorio herculino consultadas por Europa Press han manifestado que le han ofrecido “además de distintas ayudas sociales en estos años, alternativas de vivienda en diversas ocasiones”. “La última, ayer –miércoles– pero no ha aceptado”, han apostillado.

El letrado ha tildado de “inaudita” la actuación municipal. “La reunión fue ayer, a menos de 24 horas del acto del desahucio”, ha confirmado para criticar que se trató de una “mera oferta verbal, sin detallar la ubicación y sus características”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, presente en la movilización, en declaraciones a los medios de comunicación, ha hecho hincapié en que “el problema de la vivienda es muy gordo en esta ciudad”.

“Hay 40 viviendas municipales pendientes de reparación que, evidentemente, si estuvieran preparadas y el gobierno de Inés Rey estuviese comprometido con el derecho a la vivienda, Marta tendría un sitio donde ir y pagar un alquiler asequible”, ha indicado.

Además, ha criticado que “la Xunta, con competencias en este campo, no está haciendo nada” a pesar de los argumentos a este respecto aportados por el Ejecutivo gallego. “No había que trabajar contrarreloj sino con una solución encima de la mesa desde que se conoce el desalojo”, ha apostillado.

Movilización

Más de un centenar de personas, sentadas frente al domicilio, han coreado desde las 09.00 hasta las 11.00 horas lemas como 'alquiler social, derecho universal', 'contra el capitalismo y su violencia, ahora y siempre, resistencia' o 'hoy es Marta, mañana puedes ser tú'.

Además, en la ventana del piso colgaba una pancarta en la que se podía leer '12.000 euros para tutelar a cuatro menores, 0 euros para alternativa habitacional'.

Raúl, nombre ficticio por recomendación de su abogada, no puede ocultar su indignación. Él es uno de los seis investigados por la Policía Nacional por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos tras los incidentes registrados durante un acto de precampaña protagonizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Granada el pasado 16 de abril. Según este activista antifascista, la investigación se está dirigiendo básicamente contra quienes participaron en la protesta, pese a que sostiene que la actitud que mantuvieron fue pacífica y que los episodios de violencia comenzaron cuando varios asistentes al mitin, junto a miembros de la seguridad que acompañaba al dirigente de Vox, avanzaron hacia la concentración.

Según la cronología de los propios investigados, se organizó una protesta en el entorno de la Catedral de Granada, muy próxima a la plaza de las Pasiegas, donde se celebraba el mitin. La convocatoria, aseguran, se difundió de manera informal a través de redes sociales y de distintos colectivos sociales. Al grito de “no pasarán”, “no a la guerra” o “Granada será la tumba del fascismo”, decenas de personas trataron de mostrar su rechazo a la presencia de Abascal, manteniéndose en una calle contigua al escenario desde el que intervenía el líder de Vox.

La tensión fue aumentando conforme avanzaba el acto. Desde el escenario, Abascal denunció que los manifestantes estaban cometiendo un “delito electoral” al impedir el desarrollo normal del mitin y llegó a decir que no comenzaría su intervención hasta que fueran desalojados. De hecho, argumentó que, si eso no ocurría, avanzaría él mismo por la calle en la que se encontraban los manifestantes. Algo que acabaría haciendo instantes después cuando se produjo el encontronazo entre ambos grupos.

Lo que iba a ser una movilización de protesta acabó derivando en una escena de tensión en la que intervinieron manifestantes, agentes de la Policía Nacional, asistentes al acto y miembros de la seguridad privada que acompañaba a Abascal. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, el balance de aquella tarde fue la detención de un hombre de la seguridad privada de Abascal acusado de golpear con el mástil de una bandera a un agente y la apertura de una investigación que, semanas después, se ha traducido en otras cinco detenciones practicadas en comisaría contra activistas antifascistas y un total de seis personas investigadas por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El atestado ya ha sido remitido al juzgado y todos ellos permanecen a la espera de que la autoridad judicial decida cómo continúa el procedimiento.

Abascal se saltó el cordón policial

Precisamente esa investigación es la que ha desatado una fuerte polémica entre colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian que las diligencias policiales sólo se están dirigiendo contra quienes participaron en la protesta antifascista, mientras que no conocen actuaciones similares contra asistentes al acto de Vox que, según sostienen, también protagonizaron episodios violentos.

Así lo explica a este periódico Raúl, uno de los investigados, que prefiere mantener el anonimato mientras el procedimiento judicial continúa abierto. “La manifestación se convocó de forma totalmente pacífica y todo está grabado. Hay vídeos en redes sociales, en televisión... Se puede ver perfectamente lo que pasó”, sostiene.

Su relato sitúa el punto de inflexión cuando Abascal abandonó el escenario y un grupo de personas de su entorno avanzaron hacia la calle en la que se encontraban los manifestantes. “Cuando Santiago Abascal decide que esa manifestación no le agrada, manda a toda su gente. Se saltan el cordón policial y, lejos de proteger a las personas que nos estábamos manifestando pacíficamente, la Policía arremete contra nosotros”, asegura.

Raúl sostiene que él ni siquiera fue identificado durante los incidentes. Según explica, los agentes le dieron el alto cuando ya se encontraba lejos del lugar de la concentración. “A mí me identifican como a un kilómetro de la manifestación, de manera totalmente aleatoria. Pensé que aquello quedaría ahí”, recuerda. Sin embargo, días después recibió una llamada de la Policía Nacional. “Me dijeron que tenía que ir a comisaría para informarme sobre unos hechos relacionados con el 16 de abril. Fuimos varios compañeros junto a nuestra abogada y, cuando llegamos, nos detuvieron para comunicarnos los delitos por los que nos investigaban”.

Esa forma de actuar es una de las cuestiones que más llama la atención de los investigados. Según explica uno de ellos, los agentes les comunicaron que existían grabaciones en las que supuestamente aparecen participando en hechos delictivos, aunque asegura que nunca les enseñaron ese material. “La Policía nos dijo que nos tenía grabados, pero no nos ha enseñado ningún vídeo. Nos dijeron que la investigación seguía abierta y que estaban identificando a más personas”.

La APDHA denuncia a miembros de Vox

Para este activista, el problema no es únicamente la investigación, sino el sentido de ésta. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros. Los que actuamos en nombre del antirracismo, del antifascismo y de la democracia somos siempre los perseguidos”. Su testimonio coincide en buena parte con la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha solicitado al juzgado que investigue también la actuación de varios asistentes al acto de Vox y del personal de seguridad privada.

En su escrito, la organización sostiene que la concentración antifascista estaba ejerciendo de forma pacífica su derecho de manifestación cuando varios asistentes al mitin irrumpieron en la protesta tras las declaraciones de Abascal, provocando la alteración del orden y perturbando el ejercicio del derecho de reunión. Esta organización solicita también que se investigue el posible uso de defensas extensibles por parte de particulares y reclama que se incorporen a la causa todas las grabaciones disponibles del incidente, tanto de medios de comunicación como del propio partido, además de información sobre el operativo policial desplegado aquel día.

No obstante, la investigación contra los seis activistas ha propiciado la creación de la Plataforma de Apoyo 16 de Abril. Este colectivo denuncia que las actuaciones policiales persiguen “amedrentar a quienes se manifiestan pacíficamente” y critica que, mientras seis manifestantes ya están siendo investigados por la justicia, no tenga constancia de diligencias similares contra quienes, según su versión, protagonizaron las agresiones desde el entorno de Vox.

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La justicia deberá decidir ahora si los indicios recopilados por la Policía Nacional justifican continuar la causa contra los seis investigados o si, por el contrario, procede a archivar las diligencias. Hasta entonces, Raúl asegura que la sensación con la que conviven todos ellos es difícil de sacudirse. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros”.

La tierra y el mar volverán a darse la mano en Arousa contra las amenazas medioambientales que no acaban de desaparecer del horizonte gallego. Las Plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Mina de Touro-O Pino Non convocan este domingo una nueva manifestación anfibia para exigir la denegación definitiva de los proyectos de macrocelulosa de Altri (Palas de Rei, Lugo) y la Mina de Touro-O Pino (A Coruña). La cita llega en un momento en el que “ni las empresas –Greenfiber y Cobre San Rafael– ni la Xunta renuncian a seguir tramitando” sus iniciativas industriales, por eso llaman a “enterrarlos” con la movilización social.

La manifestación se celebrará en A Illa de Arousa. Partirá a mediodía de la playa de O Vao y finalizará en el muelle de Xufre, donde este martes se presentó la convocatoria. Barcos de las dos bandas de la ría, norte y sur, se sumarán a la flota de la Illa para entrar a puerto en coincidencia con la llegada de la marcha a pie.

En la comparecencia, a bordo del bateeiro Carallada, el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, detalló con cifras la “situación agónica” de la producción marisqueira en la ría de Arousa, históricamente, la primera productora de mejillón de Europa, con pérdidas económicas de 59,3 millóns de euros para el sector entre 2021 e 2025. Incluso con estos datos sobre la mesa, Rubido criticó que la Xunta “está decidida a imponernos sus proyectos contaminantes y a provocar un cambio en el modelo productivo”.

En el bienio 2024-2025, las pérdidas en el berberecho y la almeja fina superó el 92%, la babosa alcanzó el 91% y la rubia el 68%. En cuanto al mejillón, cayó un 30% en el trienio 2023-25 frente a la década anterior. Entre el 1 de enero y el 1 de junio, durante el trienio 2024-26, la pérdida fue de dos tercios respecto a los últimos veinte años.

En este contexto, el presidente de la PDRA afirmó que los convenios ofertados por la Xunta son “limosna propagandística” para “ocultar su pasividad e inoperancia”. Recordó la negativa del PP a delcarar de interés general el sector tradicional del mar en el debate de la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Parlamento de Galicia y acusó al gobierno de Alfonso Rueda de apoyar iniciativas que “empeoran la calidad de nuestras aguas”. “Son decisiones y actitudes que van a acabar con el sector marisquero y la prosperidad de miles de familias”.

La “ofensiva autoritaria” de la Xunta

La portavoz de la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelo, recordó os requerimientos que la Xunta está enviando desde hace meses a las personas y colectivos que alegaron contra la reapertura de la mina y que la semana pasada el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba otros 1.600, “tal y como sucedió hace un año en la tramitación del proyecto de Altri”. Los representantes de las tres plataformas hablaron de una “ofensiva agresiva e autoritaria” del gobierno autonómico “en beneficio de las promotoras y contra las gallegas y gallegos”.

“Si, a estas alturas, la fábrica de Altri non está funcinando y no se reabrió la mina de cobre se debe a la fuerza y la presión sobre nuestros gobernante que lleva años ejerciendo la poblacion directamente afectada”, pero también “gran parte de la ciudadanía y de la opinioón pública gallegas”. Sin embargo, “hasta ahora sólo conseguimos retrasar estos proyectos, porque ni las empresas depredadoras renunciaron a sus agresiones ni la Xunta hizo otra cosa que dar largas”.

Por su parte, el presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, advirtió a la Xunta que “las mentiras tienen patas cortas, ya sabemos como a cada paso que dan, retroceden otro”. Por eso, insistió en que, tras casi cuatro años de lucha contra el proyecto de Altri, no les importan las “tácticas” del ejecutivo de Rueda. “Nuestra estrategia es continuar la lucha porque nunca nos dejamos engañar por sus palabras vacías”. “Sánchez recordó que el gobierno gallego dijo que ”lo iban a archivar: nosotros exigimos que lo entierren“. Si no lo hacen, añadió, encontrarán ”un pueblo despierto y con ganas de luchar“. Un pueblo al que los tres portavoces invitaron a participar, de forma masiva, en la manifestación del domingo.

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

Los actores, actrices y otros cineastas que han defendido activamente el medio ambiente y la biodiversidad en Galicia, “con su firme implicación en los movimientos ciudadanos de su territorio”, han sido distinguidos con el Premio Rayo Verde 2026. Este reconocimiento, impulsado por la Academia de Cine y Greenpeace, pone en valor el compromiso de estos profesionales del cine español con la justicia social y la protección del medio natural en Galicia, en concreto, en su lucha contra la implantación de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Mabel Rivera, Manuel Rivas, Miguel de Lira, Carlos Blanco, Nerea Barros, Luis Tosar, Martiño Rivas, Luis Zahera, Quico Cadaval e Isabel Risco recibirán este premio de la Academia de Cine y Greenpeace en nombre de los actores, actrices y cineastas reconocidos por su defensa del medio natural en Galicia, según informó en un comunicado la asociación ecologista.

Ellos y ellas “representarán a las actrices, actores y cineastas gallegos, reconocidos 'por su compromiso activo y visible' y su colaboración con movimientos sociales, ecologistas y vecinales como Greenpeace y la plataforma Ulloa Viva, ”en su defensa y conservación de un modelo rural vivo y sostenible frente a la explotación industrial extractivista representada por Altri, el proyecto de la megafactoría que se pretendió construir en la zona gallega de Palas de Rei“, tal y como recoge el fallo.

El jurado destaca también la implicación de actores, actrices y cineastas gallegos en la visibilización de esta movilización, que “supone un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales y defender un modelo de vida respetuoso con el medio ambiente, que ha definido a Galicia durante generaciones”. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el productor y distribuidor José María Morales (2022); los actores Elena Anaya y Carlos Bardem, en representación de los profesionales implicados en la defensa de los océanos (2023); el director, productor y guionista Alvaro Longoria (2024); y la actriz Alba Flores (2025).

Si tenías veinte años el quince de mayo de 2011 ya habrás cumplido los treinta y cinco. Si tenías treinta y cinco, estás en la cincuentena. Este viernes se cumplen 15 años del comienzo del 15M, un movimiento ciudadano nacido de una manifestación que nadie esperaba, convocada por la plataforma Democracia Real Ya y otros colectivos en 58 ciudades españolas. Todo se precipitó la madrugada del 16 de mayo. Esa noche, la Policía desalojó a las personas que acampaban en la Puerta del Sol y 19 de ellas acabaron detenidas. Lo que sigue es historia y está muy contada. La acampada de Sol (también el resto de campamentos en numerosas ciudades y pueblos), la extensión a los barrios y el impulso de movimientos y mareas (la de la vivienda, la de la educación o la sanitaria) durante un ciclo de movilización que duró varios años.

Queda lejos ya pero sobreviven, como veremos, unos cuantos colectivos y prácticas de movilización que son herederas directas de lo que acaeció en 2011. Conmemorar significa “traer a la memoria juntos” y esa cualidad plural parece perfecta para la celebración que se está llevando a cabo estos días.Los actos del 15 aniversario se han elaborado desde Espacio Común 15M, una suerte de plataforma asamblearia –como todo en el universo quincemayista– que vela por el legado y la continuidad del movimiento, especialmente cuando asoma el mes de mayo.

“Se creó en el cuarto aniversario del 15M. Empezaban a quedar ya menos asambleas y nos preguntamos qué iba a pasar con las redes del movimiento que seguían funcionando, que eran muchas”, explica Deme, participante de Espacio Común 15M. Se produjeron muchas reuniones a lo largo del año -en Sol o en El Retiro- para conformarlo. “Es como un grupo de trabajo, un espacio muy flexible que ha servido como hilo conductor para la gente que quería organizar cosas en los distintos aniversarios. En todos se ha hecho algo, incluso durante la pandemia, cuando organizamos muchas charlas online”. Espacio Común 15M tiene un programa de radio que se emite los jueves en Ágora Sol Radio y un blog en el que se pueden conocer todas las convocatorias asociadas al aniversario.

Este año el acto central es la asamblea, que tendrá lugar el día 15 a las 18.30 h. en la Puerta del Sol. Estarán presentes figuras asociadas con el 15M como el politólogo Carlo Taibo, que ya estuvo hablando en la plaza en 2011, o Angustias, “la abuela del 15M”. Por el camino, se habrán organizado una exposición en el CSO La Enredadera con centenares de imágenes del fotógrafo Juan Plaza, un puesto en la Feria del Libro de Vallekas, otra exposición en el Teatro de Barrio, o la proyección de documentales sobre el 15M, entre otras cosas. Y algunos otros actos que se pueden consultar al final de este artículo.

La asamblea como primer centro de las movilizaciones

Las relaciones asamblearias volvieron a fraguarse durante el 15M. En un momento de máximo descontento social y pérdida de fe en la democracia representativa –también en el bipartidismo–, las lógicas organizativas que legitimaron la toma de decisiones durante las acampadas de mayo terminaron perpetuándose. Hoy, han sido asumidas por muchas de las asociaciones y colectivos que surgieron entonces como un ritual político en tiempos de crisis. 

La Asamblea Popular de Carabanchel fue una de esas ramificaciones que nacieron en el 15M y continuaron formando parte del tejido social madrileño. Es una de las estructuras vecinales más longevas desde entonces. Daniel, uno de sus integrantes, recuerda aquellos primeros días como un movimiento “impredecible y espontáneo” que encontró en los barrios su verdadera consolidación. “Cuando salió del centro de Madrid y llegó a los barrios, la gente empezó a definir cómo quería organizarse”, explica. 

La asamblea mantiene grupos de trabajo centrados en servicios públicos, comunicación y autodefensa laboral; además de reuniones periódicas y campañas concretas. No es sencillo, reconoce Daniel: con el tiempo, a veces disminuyen los recursos, la disponibilidad de sus miembros o las prioridades que atender. “La actualidad también nos atropella y, a veces, obliga a centrarse en las necesidades inmediatas del barrio y dejar a un lado otros proyectos que te gustaría hacer, pero para los que no siempre hay margen”, indica. 

Sus principales frentes han sido los servicios públicos, la comunicación o cuestiones de autodefensa laboral, en un mercado precario que ya caldeó el ambiente durante el 15M. La vivienda, que es hoy según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) el principal problema de los españoles, se trabajaba desde una comisión interna de la que luego derivó el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. 

Esta organización pasó a actuar como una estructura independiente centrada en el auge de precios y el boom inmobiliario del distrito, que también se acentuaba en otros puntos de la capital. Ambas entidades continuaron colaborando y compartiendo espacios en el EKO, uno de los centros sociales okupados más conocidos de la zona, que organiza movilizaciones y acciones comunes entre colectivos.

La transformación urbana de Carabanchel y la subida de precios han cambiado profundamente el distrito desde 2011. Daniel señala que la llegada de inversiones, galerías y nuevos usos del suelo han acelerado procesos de encarecimiento y desplazamiento vecinal que afectan a toda la ciudad. En paralelo, la asamblea ha impulsado campañas contra la explotación laboral —especialmente de trabajadores migrantes en situación irregular— y movilizaciones por la sanidad pública en barrios como Abrantes. “Identificas un problema y actúas”, resume.

Aunque reconoce que el clima político y social es hoy muy distinto al de 2011, Daniel rechaza la idea de que haya desaparecido la movilización social. Menciona las protestas docentes, las plataformas sanitarias, los sindicatos de inquilinas o las redes de autodefensa laboral nacidas en muchos casos del ecosistema asambleario del 15M. “No es todo tan multitudinario ni tan ruidoso como entonces, pero siguen pasando cosas”, afirma. 

Para él, la continuidad de colectivos como los sindicatos de vivienda demuestra que parte de aquella energía se institucionalizó, dando lugar a estructuras de barrio capaces de sostener conflictos concretos en el tiempo. Pese al desgaste acumulado tras quince años de actividad, la Asamblea Popular de Carabanchel reivindica haber resistido gracias a su “carácter intergeneracional” y a la persistencia de muchos de los problemas que atraviesan. 

Comunicar la ¿revolución? Madrid en Acción y Ágora Sol Radio

La rama comunicativa del 15M es, probablemente, una de las que ha demostrado más viveza a lo largo de los últimos lustros. Y lo que queda. Cada dos meses (a veces cada uno) sale a la calle Madrid en Acción, un periódico de papel que es heredero directo del Madrid 15M, que nació como cabecera de las asambleas del movimiento. Hablamos con Carlos, que lleva en el equipo de la publicación desde el principio y ha maquetado miles de páginas sobre política popular.

El Madrid 15M comenzó como una propuesta de la Asamblea Popular de Villaverde. “La idea surgió en diciembre de 2011 y en febrero sacamos el primer número”, explica Carlos. El periódico, alimentado por las diferentes asambleas del 15M, tenía un peculiar modelo económico que está en la base de su éxito. Cada una de las asambleas compraba lotes de periódicos, iba a recogerlos a un punto central –el EKO de Carabanchel– y luego los distribuía. Así sacaron 78 números de forma ininterrumpida y, en realidad, es exactamente lo que siguen haciendo, aunque años después cambiaran el nombre a Madrid en Acción porque daban servicio a los colectivos sociales madrileños en lugar de a las extintas asambleas de barrio.

En los mejores momentos llegaron a tirar 40.000 ejemplares, durante mucho tiempo salían 10.000 y aún hoy, tras haber superado diversas crisis del papel, imprimen unos 6.000 periódicos.“El archivo se perdió con los servidores donde estaba almacenado todo lo del 15M pero tenemos los PDF y pronto los pondremos en la página de Madrid en Acción. Estás de bajón, te pones a mirarlos y de repente te vienes arriba”, dice Carlos.

Otra de las patas comunicativas del movimiento fue Ágora Sol Radio, que sigue emitiendo y goza de buena salud, ahora en el estudio que tienen en el Centro Social Seco. La idea inicial, surgida en el seno de la Comisión de Comunicación de Sol, era emitir un boletín pero las idea bullían y pronto se convirtió en una emisora con diferentes programas en su parrilla.

Juan Carlos fue una de las miles de personas que acudieron a la manifestación que dio lugar a la acampada. En aquella época les acompañaba su hija, que era un bebé y se hartaría de ir a manis en los siguientes años. “Empezaba a hablar y comenzó a corear aquello de que no, que no, que no nos representan, pero en vez de representan decía que no nos representen. Creo que fue clarividente”, cuenta divertido Juancar. Pronto se involucraría con sus colegas Juanfer y Jarri (con los que ya había velado armas en Radio Vallekas) en la aventura de las ondas quincemayeras. Durante el camino, se les unieron otros aliados (Paco, María, Rober o David) y hoy en día siguen emitiendo el programa Barrio Canino dentro de Ágora Sol Radio.

El primer estudio de la acampada se formó con materiales donados o prestados y aún quedan reliquias en el estudio actual. “A algunos de los que llevamos más tiempo nos conectan emocionalmente con la historia de la radio”, explica Juancar. Ha habido seis estudios de Ágora Sol Radio: en la propia acampada, en un local cedido en la calle de la Montera, en otro de Antón Martín, en el Centro Social Seco de la calle Aguerri y Arruej y dos en el Centro Cultural Las Californias (el actual Seco), en un espacio municipal cedido a colectivos del barrio. “Hay dos micros (los que más se utilizan, son el 1 y el 5 para nosotros). Otro guardado en el armario que tiene una etiqueta pegada con un teléfono. Lo que se necesitaba se pedía por twitter y empezaba a llegar el material. Seguramente este micro era prestado pero su dueño nunca volvió a por él”. Juancar sigue enumerando objetos: se acuerda de unos cables o de un cuaderno, custodiado en un cajón, en el que están apuntados los materiales cedidos y los datos de sus dueños originales.

Otra de las personas habituales frente a sus micros es Amparo. Es pensionista y, a sus 84 años, esta vecina de Carabanchel pertenece a otro de los colectivos más reconocibles de aquella época: los Yayoflautas. Son grupos activistas de jubilados que defienden los servicios públicos o mejoras en derechos sociales. Amparo llegó hasta ellos por pura curiosidad. “Me acababa de jubilar y descubrí quienes eran y lo que hacían. Me interesó muchísimo, porque siempre he intentado estar al tanto de lo que ocurre, y quedé con ellos en una cafetería. Allí llegaron varios con los chalecos amarillos [característicos ya entonces de este colectivo] y, en pocas horas, me enamoré de todo. Salí de ahí siendo ya una yayoflauta”, rememora con alegría años después, siendo ya una de sus voces más activas y públicas. 

Cuando estalló el 15M, Amparo atravesaba una situación personal delicada y no pudo vincularse demasiado al movimiento. Pero cada día lo seguía desde la televisión o la prensa. “Me recordó al Mayo del 68: una revolución espontánea, sin partidos”. El colectivo al que ella se adhirió surgió poco después, inspirado por aquel clima de indignación. Con una anécdota sobre el nombre por el que se hicieron conocidos y que aún conservan. “Esperanza Aguirre llamó una vez perroflautas a la gente que protestaba por sus derechos. Y dijimos: pues entonces, ¡somos yayoflautas!”. 

En este tiempo han seguido asistiendo a manifestaciones, concentraciones reivindicativas o asambleas, y colaborado puntualmente con otras entidades. También con representantes de distintos grupos políticos, aunque siempre con una máxima: “somos apartidistas, pero no apolíticos”. Los yayoflautas han acompañado protestas contra los recortes, por la vivienda o contra la guerra, siempre desde una militancia atravesada por la edad y por una conciencia generacional muy concreta: la de quienes sienten que “muchos de los derechos conquistados se están perdiendo”, explica. “Nos preocupa el futuro de nuestros hijos y nietos”, revela Amparo, que pasa a hablar de cuestiones latentes como “el alquiler imposible, las residencias deterioradas y una sanidad pública cada vez más castigada”.

El paso de los años también les ha supuesto algunas despedidas. “Ya no somos tantos, porque han muerto muchos compañeros”, añade Amparo en un hilo de voz. Y el cuerpo ya no responde igual. “Antes hacíamos las manifestaciones enteras; ahora, a veces nos quedamos a medio camino porque nos duelen las rodillas”. Hace año y medio dejaron incluso de reunirse cada lunes en Sol, una plaza que ahora sienten irreconocible. “Han hecho la política del cemento”, lamenta Amparo, que mira alrededor y apenas encuentra rastros del espíritu comunitario de 2011. Aun así, siguen saliendo a la calle siempre que pueden y hace unas semanas estrenaron una nueva pancarta: una flor con pétalos republicanos para recordar, dice, que “ya no somos ancianitos y que seguimos siendo rebeldes”.

Casas okupas y locales vecinales: del EKO o El Sol de la Conce

La plaza es el espacio por excelencia del 15M. El movimiento nació y se desarrolló con sus protagonistas sentados en el suelo de la calle, pero pronto se extendió a otros espacios de sociabilidad. “Los centros sociales okupados dejaron de ser espacios marginales y se llenaron de vecinos, ¡Entraron las abuelas!”, explica Deme de Espacio Común 15M. Ciertamente, las casas okupas fueron los cuarteles de invierno del 15M cuando las plazas se enfriaron.

 Ya en tiempos de la acampada había tenido importancia el saber acumulado de centros sociales céntricos como el Patio Maravillas (“Cerrado por revolución, disculpen las molestias”, se leía en su puerta) o el CSO Casablanca. Ambos fueron cruciales en el establecimiento de estructuras físicas o digitales, entre otras cosas. Algunos de los centros sociales okupados se llenaron de personas ajenas al movimiento de okupación, como el citado Patio Maravillas o el CSA La Enredadera, donde se trasladó la actividad de la Asamblea Popular de Tetuán durante el invierno.

Durante el 15M se llevaron a cabo también okupaciones, como la accidentada y efímera experiencia del Hotel Madrid, en el centro de la ciudad. Pero también otras más ligadas al 15M en los barrios como la de La Morada en el distrito de Chamberí o EKO Carabanchel. El gran centro social de Madrid -ahora amenazado de desalojo- nació en 2011 cuando un centenar de personas del entorno de la Asamblea Popular de Carabanchel decidió entrar al gran edificio de la calle Ánade para darle vida.

El 15M se extendió también por huertos urbanos o locales alquilados, más cercanos al asociacionismo vecinal, donde muchas de las comisiones emanadas de las asambleas encontraron refugio. Una de las entidades vecinales que nacieron del impulso y el tejido del 15M es El Sol de la Conce. Como en otros lugares, en el Barrio de la Concepción también se creó una asamblea de barrio. “Se generó con éxito y duró mucho, incluso en 2013 encontramos reuniones periódicas junto al metro. Más que otras, que languidecían. Es difícil determinar cuándo se extinguió porque ya la asamblea no se reunía semanalmente, era los sábados y luego pasó al viernes por la tarde (que tuvo más éxito)…”, cuenta Roberto, que es participante del espacio vecinal.

Siguieron organizando actividades en locales cedidos por entidades del barrio y, de forma natural, vieron que fundar una asociación les vendría bien. “Con estatutos nuevos y capital pequeño de aquellos que manteníamos regularidad de reuniones. En febrero de 2015 alquilamos el local que hasta día de hoy es nuestra sede social”, explica. Añadieron al nombre el referente geográfico de Sol y el apelativo popular del barrio, La Conce. Y continuaron el camino.

Las asambleas son abiertas y la cuota de socio es de 5 euros mensuales. “Somos en torno a 400 socios ahora, pero por el local pasan unas mil personas al mes. Tenemos muchas actividades diarias, algunas dentro de local y otras externas. Hay personas que participan en dos o tres, otras que siendo socias no vienen habitualmente”, explica Roberto.

Siguen la máxima de pensar en global y actuar en local. Se ocupan de los problemas del barrio y dan mucha importancia a la cultura. Son, como el mismo movimiento, políticos pero apartidistas. “Hay personas que nos vinculan a la izquierda, Podemos y después Más Madrid y Más País. Participan militantes de otros partidos, como PSOE, IU, también Anticapi. Siempre con abierta tolerancia y no adscritos a ningún partido”. 

Prácticas y saberes de la movilizacion: de Legal Sol al Archivo 15M

Antes del 15-M, la España democrática ya había vivido otras movilizaciones masivas. Con el intento de golpe de Estado en 1981, un millón y medio de personas se lanzaron a las calles de Madrid en defensa de la democracia. En 2003 volvió a haber una amplia respuesta social durante las manifestaciones del No a la guerra contra el gobierno de José María Aznar y su incursión en Irak. Pero, hasta mayo de 2015, pocas concentraciones ciudadanas se habían prolongado tanto en el tiempo, llegando a ramificarse en plataformas que aún resisten.

Las acampadas duraron casi un mes. Aunque, para lograrlo, hubo que formar a contrarreloj a una población poco acostumbrada a la burocracia de una protesta sostenida. Con 23 años y mientras aún cursaba sus estudios, Sol recorría los campamentos improvisados explicando a desconocidos cuáles eran sus derechos ante una identificación policial, cómo solicitar oficialmente una manifestación o qué hacer en caso de detención. “Había muchísimo desconocimiento”, recuerda ahora, a los 34 años.

Sol aún forma parte de la Comisión Legal Sol, una de las agrupaciones que surgieron en aquellos días para asesorar a los manifestantes junto a la Real Casa de Correos. No solo los ayudaban a título individual, también informaban a las distintas comisiones del movimiento o hacían de enlace con la Policía durante la acampada. Lo que nació como una red improvisada hace 15 años se ha convertido ahora en un espacio consolidado de apoyo legal a activistas o colectivos sociales. 

Entre sus miembros quedan pocas abogadas colegiadas, pero la mayoría tiene conocimientos legales básicos sobre cómo coordinar protestas e incluso asesorar en procedimientos judiciales. Sol recuerda cómo en el 15M vivió en sus carnes una “represión policial desmedida” frente a “movilizaciones pacíficas y ordenadas”, pero cree que ahora se han desplegado nuevas formas de presión: las sanciones económicas. 

“Con la ley Mordaza impulsamos iniciativas nuevas como Buroresistiendo, un portal para recurrir sanciones u ofrecer asesoramiento en caso de denuncia”, detalla. La comisión sigue activa y su trabajo actualmente se centra en ayudar a colectivos madrileños, organizando formaciones o participando en sus procesos penales y administrativos. En los últimos años, además, se han ido adhiriendo a causas vinculadas a nuevos movimientos que van tomando fuerza, como el ecologista.

Este artículo pretende ser, además de una fe de vida del movimiento, un ancla a la memoria del 15M. Pero es esta una preocupación que surgió en el interior de las asambleas desde el principio. La pequeña ciudad de la Puerta del Sol tuvo su propia biblioteca. Pronto, se creó también un archivo. Y ambos siguen existiendo.

Hablamos con Ana, que sigue participando del grupo que mantiene Archivo 15M, que actualmente está ubicado en dependencias del Centro Social Tres Peces Tres, en Lavapiés. Nos cuenta que el archivo y la biblioteca estaban ubicados en el Centro Social Okupado Casablanca, en el mismo barrio, cuando salieron de Sol. Después del desalojo de Casablanca, los libros y el material de archivo fueron llevados a otro espacio okupado. “Raíces, en Malasaña, que estaba vacío y era propiedad de un fondo. La policía secreta siguió a los compañeros que estaban trasladando los libros, los acusaron de usurpación y estuvieron años encausados”, explica Ana. Posteriormente, el archivo estuvo en el Centro Social Okupado EKO y actualmente en Tres Peces Tres.

En el archivo hay, por ejemplo, carteles originales, que han salido a exposiciones en el Reina Sofía –donde alguno se restauró–, a La Casa Encendida o fuera de España. Alguno de ellos se ha llevado este aniversario al Teatro de Barrio para una expsición. Custodian otros materiales, alguno tan especial como la urna donde se metían las propuestas de la gente en Sol.

En tiempos del 15M se montó también Audiovisol, que gestionaba la cantidad ingente de imágenes que se grabaron en la acampada. “Cuando se disolvió el colectivo, del que también participaba, los discos duros acabaron en mi casa porque yo vivía enfrente de La Tabacalera, donde nos reunimos”, explica Ana. Hoy en día, después de haberse trasladado la información a soportes actuales con la ayuda de Medialab, las grabaciones están junto con el archivo en Tres Peces Tres. “Por mi casa han pasado muchas personas que estaban haciendo tesis o documentales, están mejor allí”, explica la bibliotecaria del 15M.

El 15M sigue aquí: qué vino para quedarse y cuándo puede repetirse

Quince años después de la explosión de las plazas, el recuerdo del movimiento está muy teñido por la impronta de los partidos políticos que nacieron de su sustrato años después, pero su legado está muy presente entre los movimientos sociales y mantiene su primigenio carácter apartidista. Así sucede con el movimiento de la vivienda, que ha transitado de las camisetas verdes de la PAH –que sigue trabajando por el derecho a la vivienda– a la eclosión de los sindicatos de vivienda y sindicatos de barrio, algunos de los cuales, como el de Hortaleza, hunden sus raíces directamente en el 15M.

Si hay palabras o sensaciones que se repiten entre distintos testimonios, esas han sido las asambleas, la política apartidista o el apoyo mutuo, practicado entre grupos distintos pero en sintonía. A la pregunta de qué es lo que queda hoy de todo lo que trajo o prometió el 15M, muchas de sus respuestas también pasan por estos mismos conceptos. Seguramente, faltan muchas voces en el coro polifónico que hila este intento de agrupar a los habitantes desperdigados de Sol. Algunas tan armoniosas como las de la Solfónica, otras tan sistemáticas como las de la 15Mpedia. Pero no son pocas las que presentamos y nos hablan de las pervivencias del movimiento..

Para los miembros de la Comisión Legal Sol, por ejemplo, el gran legado del 15M fue haber generado una “cultura de movilización y de apoyo mutuo entre personas que nunca antes habíamos militado”, exponen a Somos Madrid con una certeza: “El asamblearismo y esa forma de organizarnos nos ha impregnado a muchas, y la prueba es que aquí seguimos”. 

Algo similar, y también su razón de ser, es lo que exponen desde la Asamblea Popular de Carabanchel. “Puede que en la acampada de Sol hubiera mucha concienciación y rabia que ahora se ha desinflado, pero si decimos que ya no queda movilización social estamos jugando a la profecía autocumplida: sí, en 2011 todo era más ruidoso y multitudinario, pero también ahora hay manifestaciones desde muchos frentes que se sostienen en el tiempo y traen nuevas reivindicaciones. No hay más que mirar a las educadoras infantiles de Madrid”.

Ana, del Archivo 15 tiene claro que se consiguieron cosas pero le quita importancia: prefiere seguir mirando hacia delante. “Tengo ya 59 años y he participado en multitud de movimientos sociales, ¿quién se acuerda ya de muchos de ellos? También se consiguieron reivindicaciones en ellos pero no importa quién lo hizo, hay que ir a por lo siguiente. Te pongo un ejemplo del 15M. Antes estaba prohibido grabar a los concejales en los plenos de tu municipio, a pesar de ser tus representantes. En el pueblo de mi marido, donde había una pequeña asamblea del 15M, alguien entró a grabar y le llamaron perroflauta. Hubo un movimiento generalizado para conseguir que se pudiera hacer –con un hashtag famoso, #grabatupleno– y hoy día está permitido”, dice Ana, que es docente y siempre se lo explica de esta forma a sus alumnos.

Cuando le preguntamos a Juancar de Barrio Canino sobre lo que queda del 15M se refiere a las prácticas. “Radio hace mucha gente, pero nosotros hacemos una radio asociativa y asamblearia. No son prácticas que nacieran en el 15M pero sí se establecieron como un estándar de funcionamiento para nosotros. Toda la radio la rige una asamblea y todo sale de una comisión de trabajo. Y nos ha funcionado muy bien. Rompe con la lógica habitual de asociaciones culturales, con sus juntas directivas, comisiones de trabajadores y proyectos públicos”. El colectivo Ágora Sol Radio siempre ha sido numeroso (entre las veinte y cuarenta personas) y, destaca Juancar, bienavenido gracias a las prácticas horizontales.

“Otra cosa que permanece en el colectivo desde tiempos del 15M es la diversidad. A una radio se acerca gente muy diferente. Personas con una visión más musical o contracultural (están los heavys, los poperos, el que dibuja o el rastafari de Tetuán). También los que somos más anarquistas o de entornos activistas, el que ha estado empadronado en todas las okupas de Madrid, la persona con más de ochenta años, gente del activismo queer…y todos convergemos haciendo cosas comunes”, recalca con tono firme, de orgullo.

Juancar se pone muy serio para subrayar la potencia de la radio libre y horizontal como laboratorio de prácticas ciudadanas. En una radio hay que aprender técnica y desenvolverse con ella, por lo que establecieron un sistema de madrinajes para enseñarse entre sí, que consideran muy propio del 15M. “Vimos que era importante la gestión del conocimiento dentro del colectivo, que fluyera horizontalmente para que no se produjeran relaciones de poder basadas en el conocimiento y nadie se convirtiera en imprescindible”, explica.

Deme, de Espacio Común 15M, habla de algunos de los impactos que el 15M tuvo y cuyos rescoldos aún se mantienen. “Está aún en la horizontalidad, en el vocabulario feminista, en algunas prácticas dentro de partidos políticos o sindicatos (algunos se han replanteado la participación y la transparencia, otros no). Subraya el impulso que el movimiento dio ”a las distintas mareas, a la PAH, a la participación en los barrios (que contagió incluso al 8M con su organización barrial), a los cientos de huertos urbanos que se abrieron…“. Y se refiere también a la actividad legal iniciada por Legal Sol, continuada por No somos delito (contra la Ley Mordaza) o a las batallas legales planteadas por el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M, que sigue operativo en la esfera del derecho. 

La preocupación por mantener una cohesión social, destacan otras voces, también parece haber venido para quedarse. “Nosotros reproducimos hoy lo que pasaba entonces, pero a menor escala: vecinos que se mueven juntos y sostienen con los esfuerzos disponibles una cosa que es de todos”, añaden desde El Sol de la Conce. “Yo me siento muy orgullosa de seguir peleando aunque ya no tengamos tanto foco. A veces flaquean las fuerzas y ya no podemos ir todas las semanas a Sol, pero no significa que no sigamos aquí”, concluye Amparo, de Yayoflautas Madrid. El viernes, hay asamblea en la Puerta del Sol.

La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha presentado un calendario de movilizaciones en el marco de una nueva etapa de la campaña, bajo el lema ‘La Sagra Existe, no nos abandonen’, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan numerosos centros educativos “tensionados” de esta comarca.

La organización sindical ha iniciado así una nueva fase de esta campaña con la que pretende mantener el foco sobre la realidad educativa de estos centros y reclamar avances efectivos en las medidas planteadas a la Administración educativa.

Esta nueva etapa llega tras la reunión mantenida hace más de un año, el 5 de marzo de 2025, con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, en la que STE-CLM hizo entrega de 1.132 firmas recogidas entre docentes en el marco de la campaña anterior ‘La Sagra Existe’.

Durante este encuentro, el sindicato comunicó una serie de propuestas orientadas a favorecer un reparto más equilibrado de los recursos, así como a impulsar un análisis cualitativo de las necesidades específicas de los centros educativos.

“Trasladamos a la Administración la necesidad de avanzar hacia un reparto más equilibrado de los recursos y de analizar de forma cualitativa la realidad de los centros, para poder dar una respuesta ajustada a sus necesidades”, han señalado desde STE-CLM.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de extender este tipo de medidas a otros centros tensionados de la región, en zonas como Ocaña, Torrijos o el Corredor del Henares. “Estas situaciones no son exclusivas de La Sagra. Existen otros centros en la región con problemáticas similares que también requieren una atención específica”, han apuntado desde la organización sindical.

Medidas planteadas y falta de avances

Entre los pasos contemplados figuraba la creación de una mesa técnica, integrada por directores y directoras, con el fin de establecer criterios en la denominación de centro tensionado y facilitar la aplicación de las primeras medidas compensatorias.

Sin embargo, STE-CLM considera que estos avances siguen sin materializarse. “A día de hoy no se ha puesto en marcha la mesa técnica ni se han desarrollado medidas que den respuesta a las necesidades trasladadas por los centros”. En este sentido, la organización ha insistido en la necesidad de que se produzcan avances efectivos que permitan atender la situación de estos entornos educativos.

Nueva fase de la campaña y movilizaciones

Ante esta situación, el sindicato ha anunciado un calendario de concentraciones en las puertas de los centros educativos durante los meses de marzo, abril y mayo. Además, se recogerán testimonios que se irán haciendo públicos para dar a conocer la realidad que se vive en estos centros.

Estos testimonios se entregarán al consejero de Educación, Amador Pastor, el próximo 28 de mayo, fecha en la que se celebrará, como “colofón final”, una gran concentración educativa en la Sagra, a la que se convocará a toda la comunidad educativa de la zona. “Con esta nueva fase queremos implicar al conjunto de la comunidad educativa y seguir visibilizando la situación que viven estos centros”, han explicado desde el sindicato.

STE-CLM ha subrayado que esta nueva fase tiene como objetivo mantener la atención sobre la realidad que viven los centros tensionados y reforzar la necesidad de adoptar medidas concretas.

“Es necesario que se adopten medidas que garanticen una educación de calidad en aquellos entornos que requieren una atención específica”, han concluido desde la organización. La campaña, han señalado, seguirá activa mientras no se produzcan avances efectivos en las medidas planteadas.

Los dos principales movimientos juveniles vascos, GKS (organización disidente y de corte comunista) y Ernai (las juventudes oficiales de Sortu) han convocado este martes 3 de marzo movilizaciones por separado para recordar la matanza de Vitoria de 1976. Unos con bengalas rojas y otros con otras de color azul, han intentado exhibir su fuerza en una nueva pugna por las calles. Las movilizaciones, que han comenzado y finalizado en lugares señalados de aquellos sucesos, en algunos casos idénticos para ambos grupos, se han desarrollado sin incidentes en un ambiente de fuertes medidas de seguridad, con un helicóptero y drones sobrevolando la ciudad y la Brigada Móvil de la Ertzaintza también desplegada.

Bajo el lema “La lucha no cesa. Los estudiantes trabajadores por la ruptura política”, GKS ha comenzado sus movilizaciones por la mañana en la Virgen Blanca. Desde ahí, la movilización convocada por IAS (sindicato estudiantil del Movimiento Socialista vasco, antiguamente denominado Ikasle Abertzaleak), ha comenzado a marchar hacia las 11:50. Durante su recorrido, que ha durado aproximadamente media hora hasta llegar al frontal de la catedral, la organización ha desplegando una pancarta en la que combinaba el apoyo de las víctimas que murieron en la masacre y alusiones a la revolución socialista: “Iraultzak soilik egingo die justizia” ('Solo la revolución les hará justicia').

El cartel lo sujetaban dos militantes de cada extremo tras subirse a una marquesina y prender ambas dos bengalas de humo rojo. Además, casi al acabar la marcha matinal, se ha podido leer el mensaje “Ikasle langileok kapitalismoa suntsitu” ('Los estudiantes trabajadores destruyen el capitalismo'), colocado de la misma forma y con los mismos atributos.

Ya en el portal de la catedral, poco antes de las 12:30 del mediodía, IAS ha homenajeado a las cinco víctimas de la matanza del 3 de marzo con un discurso, seguido por otros y pronunciados por sendos integrantes de la organización estudiantil, un aurresku y la entrega de claveles uno a uno por parte de los militantes asitentes. En su linea internacionalista, a pesar de que prácticamente la totalidad de los pronunciamientos han sido en euskera, el sindicato estudiantil socialista ha revindicado una “hoja de ruta revolucionaria”, tomando como ejemplo “el espíritu de lucha de aquella época” para alcanzar “la unidad de clase”, cuya demostracion, según GKS, hace 50 años supone “un ejemplo para las luchas actuales”. Casi todas sus banderas eran rojas, sin ikurriñas.

Una hora más tarde finalizaba en ese mismo lugar la movilización de Ikama, sindicato estudiantil adscrito a Ernai (juventudes de Sortu), que había comenzado en Las Nieves tras haber organizado “piquetes en el campus universitario”, aunque ya desde las 10:00 se respiraba tranquilidad en las inmediaciones. De hecho, uno de los trabajadores encargados de la seguridad en el recinto ha declarado a este medio que “lo gordo pasó ayer”, refiriéndose a los altercados de este lunes que obligaron a desalojar las facultades de Farmacia, Letras, Trabajo Social y el aulario y biblioteca de Las Nieves. A la vista, la movilización ha contado con un número de asistentes similar a la de IAS, residiendo la diferencia más notable en las banderas portadas (ikurriñas, banderas independentistas navarras y banderas moradas). Y en el humo de las bengalas, de color azul y no rojo.

Tras pasar por un Parlamento Vasco cerrado a cal y canto, al llegar a la catedral de María Inmaculada han descrito la historia de los sucesos -quejándose de que esto no se enseña en las aulas- y han ofrecido claveles rojos a las imágenes de los cinco asamblearios asesinados. Posteriormente, “ha celebrado una comida juvenil, que ha finalizado con un acto político” en el que su portavoz, Amaiur Egurrola, “ha señalado que reivindican una memoria basada en la lucha y ha reclamado verdad, justicia y reparación” y que “siguen siendo jóvenes que continúan luchando por la liberación social y nacional de Euskal Herria”, según han explicado ellos mismos.

Tras la manifestación y “huelga estudiantil” de la mañana, el “Bloque Socialista”, compuesto por las organizaciones alrededor de GKS, han comenzado la marcha convocada a las 17:30 en el centro cívico Iparralde, en Zaramaga, al lado de San Francisco de Asís.

Durante la movilización de la tarde convocada por GKS, que tenía el mismo lema que al medio día (“La lucha no cesa. Los estudiantes trabajadores por la ruptura política”) y ha durado también una media hora, también se han gritado consignas como “Policia asesina” y “ni olvido ni perdón”. Además, cuando los militantes atravesaban el casco antiguo de la ciudad, en dos ocasiones varios encapuchados han cometido actos vandálicos leves; el primero un grafiti de color rojo, y el segundo el empapelamiento de una sede bancaria. Uno de los presentes no quería que este periódico lo documentara. “Esto no va a salir en tu periódico”, ha amenazado. Posteriormente, dichos encapuchados se deshacían del material en una basura que estuviera próxima y se alejaban del recorrido.

Cuando los militantes han llegado a la Diputación de Álava, se exhibían, una vez más, los cinco rostros de los asesinados en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, a quienes han vuelto a dejar claveles rojos. Tras varios discursos, el acto ha finalizado con una versión de la Internacional en euskera interpretada en directo, que los asistentes también cantaban con los puños en alto. Al igual que en las declaracinoes realizadas a la mañana, las ikurriñas brillaban por su ausencia, portando únicamente banderas rojas que la organización prestaba.

El IES Híspalis cerrará sus puertas dentro de dos cursos académicos con motivo de la ampliación de la residencia universitaria ubicada en uno de los edificios del complejo educativo Pino Montano, en el que se inserta este instituto adscrito a la Diputación de Sevilla. El Híspalis dejará así de impartir docencia al destinarse el inmueble “íntegramente” a uso residencial, según el plan impulsado por la titularidad del centro.

“Nos enteramos de la noticia hace dos semanas durante un claustro urgente en el que nos comunican a los profesores que de aquí a dos cursos se va a cerrar el instituto para hacer una remodelación y convertirlo íntegramente en una residencia universitaria”, explica a este periódico la jefa del departamento de Cultura clásica del Híspalis, Rocío Núñez, quien pone voz al “mazazo” que ha supuesto este anuncio entre el profesorado, alumnado, familias, personal del centro y vecinos del barrio.

La noticia ha generado “gran inseguridad e indignación” entre la comunidad educativa, ya que en la práctica el cierre implica distribuir a los cerca de 500 alumnos del Híspalis a otros institutos del distrito, como el IES Llanes y el IES Pino Montano. Según advierte el profesorado, estos centros carecen de la capacidad para absorber nuevos estudiantes, debido a “la sobrecarga de la ratio” que han experimentado.

Mientras que el IES Híspalis cuenta actualmente con dos líneas de Educación Secundaria Obligatoria, dos líneas de Bachillerato en cada nivel y oferta de ciclos formativos, en el Llanes hay el doble de líneas: cuatro por curso, salvo en 1º ESO, donde hay cinco. También el Pino Montano supera las cifras del instituto que va a cerrar, contando con aproximadamente 700 alumnos. “Estos centros ya tienen una ratio muy saturada, con 33 o 35 alumnos por clase”, apostillan los docentes, que apuntan a que el problema choca también con la falta de infraestructuras para acoger más alumnado.

Singularidad administrativa

El IES Híspalis presenta una singularidad administrativa dentro del sistema público andaluz. Aunque imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional como cualquier instituto público, su titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Sevilla y no directamente a la Junta de Andalucía, funcionando en virtud de un convenio de colaboración firmado en 2001 entre ambas administraciones. Esta particularidad sitúa la decisión sobre su futuro en manos de la institución provincial, aunque afecta de manera directa a la planificación educativa de la Junta en la zona norte de la ciudad.

Desde la Diputación de Sevilla enmarcan la medida en un proyecto de intervención integral en el complejo educativo Pino Montano, con una inversión global prevista de 30 millones de euros. La “actuación prioritaria” será la construcción de una nueva residencia universitaria de 500 plazas, concebida como un edificio de nueva planta que “permitirá ampliar la oferta pública de alojamiento asequible para jóvenes de la provincia”. Respecto al instituto, la institución provincial asegura que los puestos de trabajo están garantizados y que la planificación de plazas educativas corresponde a la Junta.

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo en Sevilla atribuyen la decisión de cerrar el instituto a la titularidad del edificio (la Diputación) y confirman que ya se ha iniciado un estudio técnico y organizativo para garantizar la escolarización del alumnado en centros públicos de la zona. La Consejería asegura que se está analizando la evolución demográfica, las plazas disponibles y la planificación de la oferta educativa para los próximos cursos, ya que el cese de la actividad docente se empezará a notar el próximo curso, al dejar de ofertar nuevas plazas de 1º de ESO.

Rechazo “absoluto” de la comunidad educativa

La comunidad educativa al completo —profesorado, alumnado, familias, personal del centro y vecinos del barrio— ha expresado su rechazo “absoluto” al cierre del IES Híspalis. En un comunicado difundido como antesala de la protesta convocada para el próximo miércoles 25 de febrero, califican la decisión como “un ataque directo a la educación pública en Sevilla”, además de “una medida injustificada que perjudica gravemente al alumnado y al entorno social del barrio”.

“No aceptamos que se juegue con el futuro de nuestros hijos e hijas ni con el trabajo de quienes llevamos años construyendo un proyecto educativo sólido y comprometido”, añaden, denunciando que se haya tomado la decisión “de espaldas” a la comunidad educativa.

Además de “desilusión”, expresan preocupación porque “la decisión obligará a trasladar a nuestro alumnado a otros institutos ya masificados, incrementando ratios y empeorando el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la debida atención a la diversidad”. La medida también afectará a los estudiantes procedentes de los colegios adscritos al Híspalis –el CEIP Alfonso Grosso y el CEIP Mariana de Pineda–, que previsiblemente tendrán que ser reubicados en otros institutos del entorno.

“Si ya es complicado dar clase con veintitantos alumnos, con los 30 que tienen muchos centros más los que vendrán del Híspalis, eso va a ser terrible”, augura una de las profesoras de este instituto, que ha promovido una recogida de firmas en change.org para intentar frenar el cierre. La petición ha superado las 1.700 firmas en 24 horas.

En defensa de lo público

El anuncio ha generado incertidumbre entre las familias y el personal docente, debido a la “falta de concreción” sobre los plazos y el destino definitivo del alumnado y los 120 profesionales que trabajan en el Híspalis (entre docentes y personal de administración y servicios), unos dependientes de la Junta y otros de la Diputación.

Ante esta “situación sobrevenida derivada de una decisión por parte de la titularidad del edificio”, la Consejería asegura haber iniciado “de manera inmediata un estudio técnico y organizativo para garantizar, en cualquier escenario, la adecuada escolarización del alumnado en centros públicos de la zona mediante una planificación ordenada de la oferta educativa de los próximos años”.

La comunidad educativa ha convocado un acto de protesta a las puertas del centro el próximo miércoles para demostrar que “no vamos a permanecer en silencio mientras se desmantela un centro público que es patrimonio educativo y social del barrio”. Al hilo, recuerdan que “el IES Híspalis es un centro con identidad, con historia y con una comunidad implicada que ha demostrado día tras día su compromiso con la enseñanza pública”, desarrollando “proyectos innovadores”, atendiendo a la diversidad y creando tejido social. “Cerrar el centro supone romper todo eso de manera abrupta y sin escuchar a quienes lo hacemos posible”, lamentan desde la plataforma de afectados.

En ese sentido, el profesorado del Híspalis denuncia que el cierre de este instituto público viene a sumar un precedente más a la “tendencia privatizadora” que observan en el sistema educativo. “No nos es desconocido ni indiferente el decrecimiento del número de centros educativos públicos en Andalucía a la par que aumenta el surgimiento de espacios de enseñanza privada”, señalan, convencidos de que “ahora más que nunca es necesario que luchemos por una educación pública y accesible para todo tipo de alumnado”. Y, añaden, “luchar por el mantenimiento del Híspalis es, ciertamente, un modo de hacerlo”.

La Coordinadora Cantabria de Pensionistas se manifestará el lunes 23 de febrero en en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Astillero, Camargo y Cabezón de la Sal por el “escudo social”, dentro de las movilizaciones de las coordinadoras de pensionistas en todo el Estado.

La Coordinadora ha recordado que el 27 de enero, PP, Vox y Junts impidieron aprobar en el Congreso el denominado Decreto Ómnibus que contenía, además de la revalorización de las pensiones, el llamado “escudo social”, que incluye medidas como como el bono social energético o la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad.

El Congreso someterá la próxima semana a convalidación los decretos de revalorización de pensiones y del “escudo social” y la Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha exigido que sean apoyados por todos los partidos.

“No podemos consentir que los intereses y las políticas partidistas jueguen con la necesidad de las personas. Entendemos, a la vez que lamentamos, que el Gobierno se vea obligado a rebajar, aunque sea puntualmente, la protección de las personas más vulnerables para conseguir los apoyos necesarios con los que salgan adelante las medidas sociales propuestas”, ha manifestado la Coordinadora.

Igualmente el colectivo de pensionistas ha exigido al Gobierno y “a cualquiera que se llame a sí mismo progresista” que “la necesaria protección de las personas vulnerables sea cada vez mayor, que no se conforme con parches o pequeñas medidas, sino que vaya a la raíz del problema, empezando por una reforma fiscal profunda” para una “más justa distribución de la riqueza”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Intersindical Valencian ha aprobado la creación de una caja de resistencia para afrontar las futuras movilizaciones y convocatorias de huelga que el sindicato pueda llevar a cabo en los próximos años, tanto en el ámbito laboral privado como en el público. Esta medida ha sido anundiada durante su séptimo congreso celebrado este fin de semana en Gandia.

Esta medida, que el sindicato considera un “antes y un después”, forma parte de la ponencia de Acción Sindical que fue votada por unanimidad, al igual que la práctica totalidad de las ponencias presentadas (Organización, Salud Laboral y Medio Ambiente, Dones, LGTBI+, y la actualización de los Estatutos, la Carta Financiera y la Determinación de Ámbitos), sin registrar votos en contra.

Con esta decisión, Intersindical Valenciana busca dar un paso más en la defensa de los intereses de los trabajadores del País Valencià, contribuyendo a la movilización y confrontación laborales para avanzar en los derechos laborales y sociales.

Amplia Participación en el Congreso

El VII Congreso se desarrolló en un contexto de intensa actividad. Previamente a su inauguración, el viernes 21 por la mañana, se celebró una jornada con la participación de veintinueve organizaciones sindicales de todo el mundo sobre el papel del sindicalismo antifascista ante el auge de la extrema derecha. Esta jornada fue abierta con una charla del periodista Miquel Ramos.

En la inauguración oficial del congreso intervinieron diversas personalidades, entre ellas el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la Secretaria General del PSPV y Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y representantes de movimientos sociales y entidades como la Comunitat Palestina de València, Escola Valenciana, BEA, PAH, la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre, el Acord Social Valencià y la Unió Llauradora i Ramadera.

Además, el congreso contó con una nutrida representación de movimientos y entidades sociales, como ACPV, Plataforma per la Llengua, Juristes Valencians, Facua, Lambda València, y una amplia representación de partidos políticos de la izquierda valenciana, incluyendo a Més-Compromís, Iniciativa del PV, Esquerra Unida del PV y Podem-PV.

Elección y Acuerdos

El VII Congrés concluyó con la elección del nuevo Secretariado Confederal, que obtuvo un 94% de apoyo, junto a la Comisión de Garantías y Conflictos y la Comisión de Control Financiero.

Entre las decisiones tomadas, se aprobaron 17 resoluciones sobre diversos temas, destacando la exigencia de la convocatoria de elecciones en el País Valencià.

Intersindical Valenciana ha aprobado las políticas y el trabajo a desarrollar durante los próximos cuatro años, marcados por un contexto de auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. El sindicato afirma que el sindicalismo tiene el reto de hacer frente a estas políticas, luchando por la mejora de las condiciones laborales y la defensa de las minorías amenazadas, los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y las diferentes realidades culturales, lingüísticas y nacionales.

Movimiento Sumar Toledo ha expresado este viernes su apoyo a los vecinos y comerciantes del Casco Histórico que han mostrado su malestar ante la decisión del Ayuntamiento “de adelantar, ampliar y concentrar” parte la programación navideña en el entorno de Zocodover y la calle Hombre de Palo, “sin planificación suficiente ni medidas que garanticen la convivencia, la movilidad y el descanso”.

La decisión municipal ha generado protestas vecinales y una acción simbólica impulsada por comerciantes que apagarán sus escaparates durante el encendido oficial este viernes por la tarde, durante dos minutos, para mostrar su rechazo a la situación.

Según denuncian, el incremento de afluencia turística en calles estrechas, la falta de alternativas de movilidad y la ausencia de diálogo con quienes viven y trabajan en el centro histórico están provocando “una situación insostenible que ya generó episodios de peligro en años anteriores debido a las aglomeraciones”.

Desde Movimiento Sumar Toledo se considera “imprescindible” que el Ayuntamiento escuche y atienda estas reivindicaciones. “Negamos la mayor. Esta afluencia no beneficia al turismo. Cuando las calles son ríos de gente, nadie se detiene a mirar un escaparate o a comprar nada”, señala José Luis Resuela, portavoz de la organización que replica el argumento del gobierno local para ampliar el periodo de encendido navideño basándose en la necesidad de reforzar el tirón turístico. “No puede repetirse un modelo donde se prioriza el espectáculo y la foto por encima del sentido común, el descanso vecinal o la seguridad. La ciudad no es un parque temático”.

No puede repetirse un modelo donde se prioriza el espectáculo y la foto por encima del sentido común, el descanso vecinal o la seguridad. La ciudad no es un parque temático

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar Toledo

Movimiento Sumar Toledo reclama al Gobierno municipal que establezca mecanismos de diálogo con la ciudadanía afectada, medidas de regulación del tráfico peatonal y alternativas logísticas para residentes y comercios, evitando situaciones de aislamiento o riesgo. “Sería bueno que nos escucharan alguna vez, nuestro partido ya lo planteó en las alegaciones a la nueva ordenanza municipal. Esta es una ocasión estupenda para que se amplíen temporalmente las calles con aforo”, reclama el portavoz de la formación magenta.

“Celebrar la Navidad está muy bien”, concluye Resuela, “pero planificarla pensando en quienes viven y trabajan aquí es lo mínimo. Toledo merece una Navidad viva, no una Navidad que expulse”.

Miles de docentes -8.500 según la Guardia Urbana y 30.000 según los organizadores- se han manifestado este sábado en Barcelona para reclamar mejoras salariales, laborales y educativas, en la primera movilización que los sindicatos de este ámbito han convocado de forma unitaria desde 2022.

“Un mensaje muy claro a la consejera [Esther] Niubó y al Govern: si no mueven ficha y se sientan a negociar la mejora de las condiciones laborales, seguiremos movilizándonos y no dudaremos a convocar huelgas a partir del segundo trimestre”, ha afirmado Iolanda Segura, del sindicato USTEC-STEs.

La movilización, en la que no solo han participado docentes sino también otros profesionales de los centros y familias, ha salido de la plaza de Urquinaona y ha desbordado la plaza Sant Jaume.

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial y que han convocado la manifestación son USTEC·STEs (IAC), Profesores de Secundaria (ASPEPC·SPS), CCOO, CGT y UGT. Con el lema “Basta!”, los impulsores de la protesta aúnan las principales reivindicaciones: “Más salario, más recursos, menos burocracia, menos ratios”. Para los sindicatos, la protesta es un “ultimátum” al Departamento de Educación para se siente a negociar.

Miles de manifestantes han llenado la vía Laietana y, cuando la cabecera ya se acercaba a la plaza de Sant Jaume, los organizadores han anunciado por los altavoces que todavía estaban saliendo personas de la plaza de Urquinaona. La manifestación ha acabado ante el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume, que se ha llenado de manifestantes y donde otros manifestantes ni siquiera han podido acceder ante el volumen de concentrados.

Los manifestantes han entonado lemas como ‘Basta de precariedad, basta de maltrato’, ‘Luchando, luchando, también estamos educando’, ‘Niubó, que pasa? Tú sí que cobras demasiado’ y ‘Si no se arregla, huelga, huelga, huelga’. Entre los carteles para visibilizar las reivindicaciones que han levantado docentes y otros profesionales que trabajan en las escuelas, se han podido leer mensajes como ‘Mucha inclusión, cero solución’ y ‘Trabajo esencial, condiciones miserables.“.