La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha presentado un calendario de movilizaciones en el marco de una nueva etapa de la campaña, bajo el lema ‘La Sagra Existe, no nos abandonen’, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan numerosos centros educativos “tensionados” de esta comarca.

La organización sindical ha iniciado así una nueva fase de esta campaña con la que pretende mantener el foco sobre la realidad educativa de estos centros y reclamar avances efectivos en las medidas planteadas a la Administración educativa.

Esta nueva etapa llega tras la reunión mantenida hace más de un año, el 5 de marzo de 2025, con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, en la que STE-CLM hizo entrega de 1.132 firmas recogidas entre docentes en el marco de la campaña anterior ‘La Sagra Existe’.

Durante este encuentro, el sindicato comunicó una serie de propuestas orientadas a favorecer un reparto más equilibrado de los recursos, así como a impulsar un análisis cualitativo de las necesidades específicas de los centros educativos.

“Trasladamos a la Administración la necesidad de avanzar hacia un reparto más equilibrado de los recursos y de analizar de forma cualitativa la realidad de los centros, para poder dar una respuesta ajustada a sus necesidades”, han señalado desde STE-CLM.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de extender este tipo de medidas a otros centros tensionados de la región, en zonas como Ocaña, Torrijos o el Corredor del Henares. “Estas situaciones no son exclusivas de La Sagra. Existen otros centros en la región con problemáticas similares que también requieren una atención específica”, han apuntado desde la organización sindical.

Medidas planteadas y falta de avances

Entre los pasos contemplados figuraba la creación de una mesa técnica, integrada por directores y directoras, con el fin de establecer criterios en la denominación de centro tensionado y facilitar la aplicación de las primeras medidas compensatorias.

Sin embargo, STE-CLM considera que estos avances siguen sin materializarse. “A día de hoy no se ha puesto en marcha la mesa técnica ni se han desarrollado medidas que den respuesta a las necesidades trasladadas por los centros”. En este sentido, la organización ha insistido en la necesidad de que se produzcan avances efectivos que permitan atender la situación de estos entornos educativos.

Nueva fase de la campaña y movilizaciones

Ante esta situación, el sindicato ha anunciado un calendario de concentraciones en las puertas de los centros educativos durante los meses de marzo, abril y mayo. Además, se recogerán testimonios que se irán haciendo públicos para dar a conocer la realidad que se vive en estos centros.

Estos testimonios se entregarán al consejero de Educación, Amador Pastor, el próximo 28 de mayo, fecha en la que se celebrará, como “colofón final”, una gran concentración educativa en la Sagra, a la que se convocará a toda la comunidad educativa de la zona. “Con esta nueva fase queremos implicar al conjunto de la comunidad educativa y seguir visibilizando la situación que viven estos centros”, han explicado desde el sindicato.

STE-CLM ha subrayado que esta nueva fase tiene como objetivo mantener la atención sobre la realidad que viven los centros tensionados y reforzar la necesidad de adoptar medidas concretas.

“Es necesario que se adopten medidas que garanticen una educación de calidad en aquellos entornos que requieren una atención específica”, han concluido desde la organización. La campaña, han señalado, seguirá activa mientras no se produzcan avances efectivos en las medidas planteadas.

Los dos principales movimientos juveniles vascos, GKS (organización disidente y de corte comunista) y Ernai (las juventudes oficiales de Sortu) han convocado este martes 3 de marzo movilizaciones por separado para recordar la matanza de Vitoria de 1976. Unos con bengalas rojas y otros con otras de color azul, han intentado exhibir su fuerza en una nueva pugna por las calles. Las movilizaciones, que han comenzado y finalizado en lugares señalados de aquellos sucesos, en algunos casos idénticos para ambos grupos, se han desarrollado sin incidentes en un ambiente de fuertes medidas de seguridad, con un helicóptero y drones sobrevolando la ciudad y la Brigada Móvil de la Ertzaintza también desplegada.

Bajo el lema “La lucha no cesa. Los estudiantes trabajadores por la ruptura política”, GKS ha comenzado sus movilizaciones por la mañana en la Virgen Blanca. Desde ahí, la movilización convocada por IAS (sindicato estudiantil del Movimiento Socialista vasco, antiguamente denominado Ikasle Abertzaleak), ha comenzado a marchar hacia las 11:50. Durante su recorrido, que ha durado aproximadamente media hora hasta llegar al frontal de la catedral, la organización ha desplegando una pancarta en la que combinaba el apoyo de las víctimas que murieron en la masacre y alusiones a la revolución socialista: “Iraultzak soilik egingo die justizia” ('Solo la revolución les hará justicia').

El cartel lo sujetaban dos militantes de cada extremo tras subirse a una marquesina y prender ambas dos bengalas de humo rojo. Además, casi al acabar la marcha matinal, se ha podido leer el mensaje “Ikasle langileok kapitalismoa suntsitu” ('Los estudiantes trabajadores destruyen el capitalismo'), colocado de la misma forma y con los mismos atributos.

Ya en el portal de la catedral, poco antes de las 12:30 del mediodía, IAS ha homenajeado a las cinco víctimas de la matanza del 3 de marzo con un discurso, seguido por otros y pronunciados por sendos integrantes de la organización estudiantil, un aurresku y la entrega de claveles uno a uno por parte de los militantes asitentes. En su linea internacionalista, a pesar de que prácticamente la totalidad de los pronunciamientos han sido en euskera, el sindicato estudiantil socialista ha revindicado una “hoja de ruta revolucionaria”, tomando como ejemplo “el espíritu de lucha de aquella época” para alcanzar “la unidad de clase”, cuya demostracion, según GKS, hace 50 años supone “un ejemplo para las luchas actuales”. Casi todas sus banderas eran rojas, sin ikurriñas.

Una hora más tarde finalizaba en ese mismo lugar la movilización de Ikama, sindicato estudiantil adscrito a Ernai (juventudes de Sortu), que había comenzado en Las Nieves tras haber organizado “piquetes en el campus universitario”, aunque ya desde las 10:00 se respiraba tranquilidad en las inmediaciones. De hecho, uno de los trabajadores encargados de la seguridad en el recinto ha declarado a este medio que “lo gordo pasó ayer”, refiriéndose a los altercados de este lunes que obligaron a desalojar las facultades de Farmacia, Letras, Trabajo Social y el aulario y biblioteca de Las Nieves. A la vista, la movilización ha contado con un número de asistentes similar a la de IAS, residiendo la diferencia más notable en las banderas portadas (ikurriñas, banderas independentistas navarras y banderas moradas). Y en el humo de las bengalas, de color azul y no rojo.

Tras pasar por un Parlamento Vasco cerrado a cal y canto, al llegar a la catedral de María Inmaculada han descrito la historia de los sucesos -quejándose de que esto no se enseña en las aulas- y han ofrecido claveles rojos a las imágenes de los cinco asamblearios asesinados. Posteriormente, “ha celebrado una comida juvenil, que ha finalizado con un acto político” en el que su portavoz, Amaiur Egurrola, “ha señalado que reivindican una memoria basada en la lucha y ha reclamado verdad, justicia y reparación” y que “siguen siendo jóvenes que continúan luchando por la liberación social y nacional de Euskal Herria”, según han explicado ellos mismos.

Tras la manifestación y “huelga estudiantil” de la mañana, el “Bloque Socialista”, compuesto por las organizaciones alrededor de GKS, han comenzado la marcha convocada a las 17:30 en el centro cívico Iparralde, en Zaramaga, al lado de San Francisco de Asís.

Durante la movilización de la tarde convocada por GKS, que tenía el mismo lema que al medio día (“La lucha no cesa. Los estudiantes trabajadores por la ruptura política”) y ha durado también una media hora, también se han gritado consignas como “Policia asesina” y “ni olvido ni perdón”. Además, cuando los militantes atravesaban el casco antiguo de la ciudad, en dos ocasiones varios encapuchados han cometido actos vandálicos leves; el primero un grafiti de color rojo, y el segundo el empapelamiento de una sede bancaria. Uno de los presentes no quería que este periódico lo documentara. “Esto no va a salir en tu periódico”, ha amenazado. Posteriormente, dichos encapuchados se deshacían del material en una basura que estuviera próxima y se alejaban del recorrido.

Cuando los militantes han llegado a la Diputación de Álava, se exhibían, una vez más, los cinco rostros de los asesinados en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, a quienes han vuelto a dejar claveles rojos. Tras varios discursos, el acto ha finalizado con una versión de la Internacional en euskera interpretada en directo, que los asistentes también cantaban con los puños en alto. Al igual que en las declaracinoes realizadas a la mañana, las ikurriñas brillaban por su ausencia, portando únicamente banderas rojas que la organización prestaba.

El IES Híspalis cerrará sus puertas dentro de dos cursos académicos con motivo de la ampliación de la residencia universitaria ubicada en uno de los edificios del complejo educativo Pino Montano, en el que se inserta este instituto adscrito a la Diputación de Sevilla. El Híspalis dejará así de impartir docencia al destinarse el inmueble “íntegramente” a uso residencial, según el plan impulsado por la titularidad del centro.

“Nos enteramos de la noticia hace dos semanas durante un claustro urgente en el que nos comunican a los profesores que de aquí a dos cursos se va a cerrar el instituto para hacer una remodelación y convertirlo íntegramente en una residencia universitaria”, explica a este periódico la jefa del departamento de Cultura clásica del Híspalis, Rocío Núñez, quien pone voz al “mazazo” que ha supuesto este anuncio entre el profesorado, alumnado, familias, personal del centro y vecinos del barrio.

La noticia ha generado “gran inseguridad e indignación” entre la comunidad educativa, ya que en la práctica el cierre implica distribuir a los cerca de 500 alumnos del Híspalis a otros institutos del distrito, como el IES Llanes y el IES Pino Montano. Según advierte el profesorado, estos centros carecen de la capacidad para absorber nuevos estudiantes, debido a “la sobrecarga de la ratio” que han experimentado.

Mientras que el IES Híspalis cuenta actualmente con dos líneas de Educación Secundaria Obligatoria, dos líneas de Bachillerato en cada nivel y oferta de ciclos formativos, en el Llanes hay el doble de líneas: cuatro por curso, salvo en 1º ESO, donde hay cinco. También el Pino Montano supera las cifras del instituto que va a cerrar, contando con aproximadamente 700 alumnos. “Estos centros ya tienen una ratio muy saturada, con 33 o 35 alumnos por clase”, apostillan los docentes, que apuntan a que el problema choca también con la falta de infraestructuras para acoger más alumnado.

Singularidad administrativa

El IES Híspalis presenta una singularidad administrativa dentro del sistema público andaluz. Aunque imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional como cualquier instituto público, su titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Sevilla y no directamente a la Junta de Andalucía, funcionando en virtud de un convenio de colaboración firmado en 2001 entre ambas administraciones. Esta particularidad sitúa la decisión sobre su futuro en manos de la institución provincial, aunque afecta de manera directa a la planificación educativa de la Junta en la zona norte de la ciudad.

Desde la Diputación de Sevilla enmarcan la medida en un proyecto de intervención integral en el complejo educativo Pino Montano, con una inversión global prevista de 30 millones de euros. La “actuación prioritaria” será la construcción de una nueva residencia universitaria de 500 plazas, concebida como un edificio de nueva planta que “permitirá ampliar la oferta pública de alojamiento asequible para jóvenes de la provincia”. Respecto al instituto, la institución provincial asegura que los puestos de trabajo están garantizados y que la planificación de plazas educativas corresponde a la Junta.

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo en Sevilla atribuyen la decisión de cerrar el instituto a la titularidad del edificio (la Diputación) y confirman que ya se ha iniciado un estudio técnico y organizativo para garantizar la escolarización del alumnado en centros públicos de la zona. La Consejería asegura que se está analizando la evolución demográfica, las plazas disponibles y la planificación de la oferta educativa para los próximos cursos, ya que el cese de la actividad docente se empezará a notar el próximo curso, al dejar de ofertar nuevas plazas de 1º de ESO.

Rechazo “absoluto” de la comunidad educativa

La comunidad educativa al completo —profesorado, alumnado, familias, personal del centro y vecinos del barrio— ha expresado su rechazo “absoluto” al cierre del IES Híspalis. En un comunicado difundido como antesala de la protesta convocada para el próximo miércoles 25 de febrero, califican la decisión como “un ataque directo a la educación pública en Sevilla”, además de “una medida injustificada que perjudica gravemente al alumnado y al entorno social del barrio”.

“No aceptamos que se juegue con el futuro de nuestros hijos e hijas ni con el trabajo de quienes llevamos años construyendo un proyecto educativo sólido y comprometido”, añaden, denunciando que se haya tomado la decisión “de espaldas” a la comunidad educativa.

Además de “desilusión”, expresan preocupación porque “la decisión obligará a trasladar a nuestro alumnado a otros institutos ya masificados, incrementando ratios y empeorando el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la debida atención a la diversidad”. La medida también afectará a los estudiantes procedentes de los colegios adscritos al Híspalis –el CEIP Alfonso Grosso y el CEIP Mariana de Pineda–, que previsiblemente tendrán que ser reubicados en otros institutos del entorno.

“Si ya es complicado dar clase con veintitantos alumnos, con los 30 que tienen muchos centros más los que vendrán del Híspalis, eso va a ser terrible”, augura una de las profesoras de este instituto, que ha promovido una recogida de firmas en change.org para intentar frenar el cierre. La petición ha superado las 1.700 firmas en 24 horas.

En defensa de lo público

El anuncio ha generado incertidumbre entre las familias y el personal docente, debido a la “falta de concreción” sobre los plazos y el destino definitivo del alumnado y los 120 profesionales que trabajan en el Híspalis (entre docentes y personal de administración y servicios), unos dependientes de la Junta y otros de la Diputación.

Ante esta “situación sobrevenida derivada de una decisión por parte de la titularidad del edificio”, la Consejería asegura haber iniciado “de manera inmediata un estudio técnico y organizativo para garantizar, en cualquier escenario, la adecuada escolarización del alumnado en centros públicos de la zona mediante una planificación ordenada de la oferta educativa de los próximos años”.

La comunidad educativa ha convocado un acto de protesta a las puertas del centro el próximo miércoles para demostrar que “no vamos a permanecer en silencio mientras se desmantela un centro público que es patrimonio educativo y social del barrio”. Al hilo, recuerdan que “el IES Híspalis es un centro con identidad, con historia y con una comunidad implicada que ha demostrado día tras día su compromiso con la enseñanza pública”, desarrollando “proyectos innovadores”, atendiendo a la diversidad y creando tejido social. “Cerrar el centro supone romper todo eso de manera abrupta y sin escuchar a quienes lo hacemos posible”, lamentan desde la plataforma de afectados.

En ese sentido, el profesorado del Híspalis denuncia que el cierre de este instituto público viene a sumar un precedente más a la “tendencia privatizadora” que observan en el sistema educativo. “No nos es desconocido ni indiferente el decrecimiento del número de centros educativos públicos en Andalucía a la par que aumenta el surgimiento de espacios de enseñanza privada”, señalan, convencidos de que “ahora más que nunca es necesario que luchemos por una educación pública y accesible para todo tipo de alumnado”. Y, añaden, “luchar por el mantenimiento del Híspalis es, ciertamente, un modo de hacerlo”.

La Coordinadora Cantabria de Pensionistas se manifestará el lunes 23 de febrero en en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Astillero, Camargo y Cabezón de la Sal por el “escudo social”, dentro de las movilizaciones de las coordinadoras de pensionistas en todo el Estado.

La Coordinadora ha recordado que el 27 de enero, PP, Vox y Junts impidieron aprobar en el Congreso el denominado Decreto Ómnibus que contenía, además de la revalorización de las pensiones, el llamado “escudo social”, que incluye medidas como como el bono social energético o la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad.

El Congreso someterá la próxima semana a convalidación los decretos de revalorización de pensiones y del “escudo social” y la Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha exigido que sean apoyados por todos los partidos.

“No podemos consentir que los intereses y las políticas partidistas jueguen con la necesidad de las personas. Entendemos, a la vez que lamentamos, que el Gobierno se vea obligado a rebajar, aunque sea puntualmente, la protección de las personas más vulnerables para conseguir los apoyos necesarios con los que salgan adelante las medidas sociales propuestas”, ha manifestado la Coordinadora.

Igualmente el colectivo de pensionistas ha exigido al Gobierno y “a cualquiera que se llame a sí mismo progresista” que “la necesaria protección de las personas vulnerables sea cada vez mayor, que no se conforme con parches o pequeñas medidas, sino que vaya a la raíz del problema, empezando por una reforma fiscal profunda” para una “más justa distribución de la riqueza”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Intersindical Valencian ha aprobado la creación de una caja de resistencia para afrontar las futuras movilizaciones y convocatorias de huelga que el sindicato pueda llevar a cabo en los próximos años, tanto en el ámbito laboral privado como en el público. Esta medida ha sido anundiada durante su séptimo congreso celebrado este fin de semana en Gandia.

Esta medida, que el sindicato considera un “antes y un después”, forma parte de la ponencia de Acción Sindical que fue votada por unanimidad, al igual que la práctica totalidad de las ponencias presentadas (Organización, Salud Laboral y Medio Ambiente, Dones, LGTBI+, y la actualización de los Estatutos, la Carta Financiera y la Determinación de Ámbitos), sin registrar votos en contra.

Con esta decisión, Intersindical Valenciana busca dar un paso más en la defensa de los intereses de los trabajadores del País Valencià, contribuyendo a la movilización y confrontación laborales para avanzar en los derechos laborales y sociales.

Amplia Participación en el Congreso

El VII Congreso se desarrolló en un contexto de intensa actividad. Previamente a su inauguración, el viernes 21 por la mañana, se celebró una jornada con la participación de veintinueve organizaciones sindicales de todo el mundo sobre el papel del sindicalismo antifascista ante el auge de la extrema derecha. Esta jornada fue abierta con una charla del periodista Miquel Ramos.

En la inauguración oficial del congreso intervinieron diversas personalidades, entre ellas el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la Secretaria General del PSPV y Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y representantes de movimientos sociales y entidades como la Comunitat Palestina de València, Escola Valenciana, BEA, PAH, la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre, el Acord Social Valencià y la Unió Llauradora i Ramadera.

Además, el congreso contó con una nutrida representación de movimientos y entidades sociales, como ACPV, Plataforma per la Llengua, Juristes Valencians, Facua, Lambda València, y una amplia representación de partidos políticos de la izquierda valenciana, incluyendo a Més-Compromís, Iniciativa del PV, Esquerra Unida del PV y Podem-PV.

Elección y Acuerdos

El VII Congrés concluyó con la elección del nuevo Secretariado Confederal, que obtuvo un 94% de apoyo, junto a la Comisión de Garantías y Conflictos y la Comisión de Control Financiero.

Entre las decisiones tomadas, se aprobaron 17 resoluciones sobre diversos temas, destacando la exigencia de la convocatoria de elecciones en el País Valencià.

Intersindical Valenciana ha aprobado las políticas y el trabajo a desarrollar durante los próximos cuatro años, marcados por un contexto de auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. El sindicato afirma que el sindicalismo tiene el reto de hacer frente a estas políticas, luchando por la mejora de las condiciones laborales y la defensa de las minorías amenazadas, los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y las diferentes realidades culturales, lingüísticas y nacionales.

Movimiento Sumar Toledo ha expresado este viernes su apoyo a los vecinos y comerciantes del Casco Histórico que han mostrado su malestar ante la decisión del Ayuntamiento “de adelantar, ampliar y concentrar” parte la programación navideña en el entorno de Zocodover y la calle Hombre de Palo, “sin planificación suficiente ni medidas que garanticen la convivencia, la movilidad y el descanso”.

La decisión municipal ha generado protestas vecinales y una acción simbólica impulsada por comerciantes que apagarán sus escaparates durante el encendido oficial este viernes por la tarde, durante dos minutos, para mostrar su rechazo a la situación.

Según denuncian, el incremento de afluencia turística en calles estrechas, la falta de alternativas de movilidad y la ausencia de diálogo con quienes viven y trabajan en el centro histórico están provocando “una situación insostenible que ya generó episodios de peligro en años anteriores debido a las aglomeraciones”.

Desde Movimiento Sumar Toledo se considera “imprescindible” que el Ayuntamiento escuche y atienda estas reivindicaciones. “Negamos la mayor. Esta afluencia no beneficia al turismo. Cuando las calles son ríos de gente, nadie se detiene a mirar un escaparate o a comprar nada”, señala José Luis Resuela, portavoz de la organización que replica el argumento del gobierno local para ampliar el periodo de encendido navideño basándose en la necesidad de reforzar el tirón turístico. “No puede repetirse un modelo donde se prioriza el espectáculo y la foto por encima del sentido común, el descanso vecinal o la seguridad. La ciudad no es un parque temático”.

No puede repetirse un modelo donde se prioriza el espectáculo y la foto por encima del sentido común, el descanso vecinal o la seguridad. La ciudad no es un parque temático

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar Toledo

Movimiento Sumar Toledo reclama al Gobierno municipal que establezca mecanismos de diálogo con la ciudadanía afectada, medidas de regulación del tráfico peatonal y alternativas logísticas para residentes y comercios, evitando situaciones de aislamiento o riesgo. “Sería bueno que nos escucharan alguna vez, nuestro partido ya lo planteó en las alegaciones a la nueva ordenanza municipal. Esta es una ocasión estupenda para que se amplíen temporalmente las calles con aforo”, reclama el portavoz de la formación magenta.

“Celebrar la Navidad está muy bien”, concluye Resuela, “pero planificarla pensando en quienes viven y trabajan aquí es lo mínimo. Toledo merece una Navidad viva, no una Navidad que expulse”.

Miles de docentes -8.500 según la Guardia Urbana y 30.000 según los organizadores- se han manifestado este sábado en Barcelona para reclamar mejoras salariales, laborales y educativas, en la primera movilización que los sindicatos de este ámbito han convocado de forma unitaria desde 2022.

“Un mensaje muy claro a la consejera [Esther] Niubó y al Govern: si no mueven ficha y se sientan a negociar la mejora de las condiciones laborales, seguiremos movilizándonos y no dudaremos a convocar huelgas a partir del segundo trimestre”, ha afirmado Iolanda Segura, del sindicato USTEC-STEs.

La movilización, en la que no solo han participado docentes sino también otros profesionales de los centros y familias, ha salido de la plaza de Urquinaona y ha desbordado la plaza Sant Jaume.

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial y que han convocado la manifestación son USTEC·STEs (IAC), Profesores de Secundaria (ASPEPC·SPS), CCOO, CGT y UGT. Con el lema “Basta!”, los impulsores de la protesta aúnan las principales reivindicaciones: “Más salario, más recursos, menos burocracia, menos ratios”. Para los sindicatos, la protesta es un “ultimátum” al Departamento de Educación para se siente a negociar.

Miles de manifestantes han llenado la vía Laietana y, cuando la cabecera ya se acercaba a la plaza de Sant Jaume, los organizadores han anunciado por los altavoces que todavía estaban saliendo personas de la plaza de Urquinaona. La manifestación ha acabado ante el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume, que se ha llenado de manifestantes y donde otros manifestantes ni siquiera han podido acceder ante el volumen de concentrados.

Los manifestantes han entonado lemas como ‘Basta de precariedad, basta de maltrato’, ‘Luchando, luchando, también estamos educando’, ‘Niubó, que pasa? Tú sí que cobras demasiado’ y ‘Si no se arregla, huelga, huelga, huelga’. Entre los carteles para visibilizar las reivindicaciones que han levantado docentes y otros profesionales que trabajan en las escuelas, se han podido leer mensajes como ‘Mucha inclusión, cero solución’ y ‘Trabajo esencial, condiciones miserables.“.

El próximo domingo 9 a las 11:00 los vecinos de Rosales del Canal y de los barrios colindantes de Montecanal, Arcosur y Valdefierro están llamados a concentrarse en la parcela 89.37 del barrio. La misma en la que se realizaron ya otras dos concentraciones en el último año con objeto de reclamar al Gobierno de Aragón que no siga con el proyecto de la Fase 2 de Vivienda Dotacional Pública. El conflicto nace de la “falta de solares dotacionales y de equipamientos en el barrio y en el sector para cubrir las necesidades de la población”.

Según explican, la población está en crecimiento continúo por los propios vecinos del barrio y por los nuevos habitantes de Arcosur al norte del corredor aéreo que, por proximidad, usan estos servicios públicos que, según denuncian, están “infradotados, saturados, inacabados y son insuficientes”. Critican también las “deficiencias en movilidad, el inacabado Centro Cívico, por la necesidad de un Instituto de Bachillerato y Formación Profesional y sobre todo de un Centro de Salud donde al parecer Sanidad no sabe dónde ubicarlo, aunque manifiestan querer hacerlo a la vez que el anunciado para Arcosur al sur junto a la Z40”.

Exponen que esa ubicación del centro de salud, en la parcela D8, contó con una campaña en contra por parte de la AV Arqueros. “No obstante, Sanidad ha decidido ahora estudiar en profundidad el terreno después de haberla descartado. La preocupación sobre su viabilidad no estriba ya solo en las posibles dolinas en el subsuelo, sino también en su exposición al ruido del tráfico aéreo en la zona”.

Según explican, en el sector norte del Distrito Sur quedan solo tres parcelas dotacionales libres. Una, frente al camping municipal de uso deportivo, “pero compatible con uso sanitario, y que Urbanismo ofreció a Sanidad en marzo, pero que ahora, parece proyectar un circuito para BMX de gestión privada”. Otra parcela es la 89.38 que es de uso educativo y está reservada a terminar de equipar el todavía inacabado centro educativo CPI Rosales del Canal pese a los años que lleva en funcionamiento. “Saturado de alumnos sin espacios para recreo , sin equipamiento deportivo adecuado ni salón de actos o clases de Educación Física que los mayores se ven obligados a hacer en el potrero fuera del centro”. Y la parcela 89.37 “donde Fomento pretende impulsar la gestión privada de 192 mini pisos (de 31 a 41 m2) para jóvenes con rentas no inferiores a 1.500€/mes por precios de alquiler similares a los del mercado, entre los 420 y 762€/mes, incluso descontando la subvención de 2€/m² que se embolsará el fondo inmobiliario que gestionará estos dos bloques colmena hasta el año 2100 cobrando la renta a precio de mercado desde 2040, pasados los primeros 15 años”.

Consideran que, al no estar garantizada la ubicación del centro de salud, “una necesidad de primer orden para los vecinos, se impone reclamar que opere el sentido común”. Consideran que hay “solares por doquier para edificar vivienda” y que el problema es “hacer viviendas donde debería haber un equipamiento educativo o sanitario públicos, que son necesarios y urgentes, es que traerán consigo más población que precisará de esos mismos servicios, convirtiendo el problema de acceso a ellos en algo irresoluble sin efectuar de por vida largos desplazamientos al no haber más solares en la zona donde hacer estos equipamientos básicos”.

Por todo ello, se concentran para pedir al Gobierno de Aragón que “suspenda o cancele la Fase 2 de VDP y que reserve el solar 89.37 donde se hará la concentración para hacer el Centro de Salud si fuera necesario y al Ayuntamiento igualmente, que no haga ningún proyecto no demandado ni necesario en el solar 89.35, pues también podría ser necesario para este fin sanitario”.

Desde la Asociación Vecinal Entrelagos “queremos pedir al Ayuntamiento que tenga en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas antes de tomar decisiones que afecten al desarrollo y la vida presente y futura del barrio. Creemos que el diálogo y la colaboración son esenciales para encontrar soluciones que beneficien a todos. Por ello, nos ofrecemos a mediar y trabajar conjuntamente para buscar las opciones más adecuadas y equilibradas para todas las partes”, concluyen su comunicado.

Este 15 de octubre España ha vivido una jornada de huelga y lucha en solidaridad con el pueblo palestino. La Confederación General de Trabajadores (CGT), Solidaridad Obrera, Intersindical, Alternativa Sindical de Clase, Comisiones de Base y el Sindicato de Estudiantes han convocado un paro general de 24 horas, mientras que CCOO y UGT han llamado a la huelga dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde. En numerosas ciudades se han vivido movilizaciones secundadas por decenas de miles de personas que, pese al anunciado alto el fuego, exigen el fin de las relaciones diplomáticas con Israel y de la ocupación de Palestina.

Entre las principales demandas también está que se respete la orden de detención internacional contra Netanyahu, algo que no ha sucedido en las ocasiones en que el presidente hebreo ha salido de Israel. La movilización principal en Madrid ha tenido lugar a partir de las 19.00 horas, cuando unas 70.000 personas según los convocantes y 11.000 según Delegación del Gobierno han marchado por el centro de la ciudad.

Durante la manifestación no han dejado de resonar cánticos como “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, “las tierras robadas serán recuperadas” y “no hay paz sin justicia”. Tras una pancarta que rezaba “Paremos todo por Palestina. ¡Alto al genocidio!, una vez más la capital ha mostrado su músculo más solidario para defender el respeto del derecho internacional, continuamente infringido por parte de Israel, así como la petición de no financiar la escalada bélica con recursos económicos públicos que, según los convocantes, deberían ser destinados a sufragar servicios como la educación, la sanidad y las pensiones.

Una masacre que no comenzó en 2023

El secretario general de la CGT, Miguel Fadrique, ha recalcado que la huelga, convocada con algo de urgencia tras el asalto a la flotilla hace un par de semanas, “era ahora más necesaria que nunca para forzar a que el alto al fuego sea real y que no vuelvan las bombas y los asesinatos por parte de Israel”. Este sindicalista ha recordado que la persecución contra los palestinos no comenzó el 7 de octubre de 2023. “A partir de entonces el genocidio se volvió mucho más brutal y violento, y también mediático, pero la ocupación y la persecución llevan décadas sucediendo”, ha denunciado.

El cegetista ha recalcado que las exigencias de la movilización pasan por reclamar al Gobierno liderado por Pedro Sánchez “un bloqueo de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, incluso con el alto al fuego en marcha”. “Queremos frenar las inversiones armamentísticas que en los últimos años han crecido de manera desorbitada para que ese dinero se pueda invertir en el gasto social”, ha añadido el mismo Fadrique.

Asimismo, el secretario general de la CGT ha comentado sobre la huelga que “seguramente no ha tenido un seguimiento tan masivo en el entorno laboral como el deseado”, ya que su aspiración era paralizar la producción de todo el país. Sin embargo, sí se congratula de la repercusión social que ha producido el paro: “Igual que hicimos en septiembre del año pasado, hemos conseguido que miles de personas salgan a la calle. Este es nuestro granito de arena para luchar por el fin de la ocupación de Israel en Palestina”.

Trabajadores y estudiantes contra el genocidio

Libertad Jiménez ha decidido participar en la protesta: “Estamos viendo una masacre del pueblo palestino, por eso es importante salir a las calles a visibilizar nuestro rechazo”, ha comentado cuando la manifestación enfilaba los últimos metros antes de girar en Cibeles. Esta profesional de la intervención social ha decidido secundar el paro de dos horas esta mañana y continuar la lucha por la tarde, acompañada de su hijo Teo, de 2 años. “Nació dos semanas después del inicio del genocidio y le he dado de mamar mientras se sucedían las imágenes sangrantes de niños muertos de hambre. Lo hemos vivido con mucha impotencia e indignación”, ha añadido. De todas formas, esta madrileña de 35 años defiende que es necesario que los más pequeños “vean que en el mundo se cometen atrocidades pero hay gente solidaria que se moviliza en defensa de los derechos humanos”.

Mientras alrededor retumbaba el cántico de “eran hospitales, no bases militares” e “Israel asesina, Ayuso le anima”, Ricardo ha recalcado que “el acuerdo del alto al fuego es una farsa que ha venido muy bien a Israel”. Este asturiano de 50 años que ya lleva media vida afincado en la capital, empleado en el sector de las telecomunicaciones, ha decidido secundar la huelga: “Estos paros son multidimensionales y tenemos que ser los trabajadores los que también nos movilicemos por causas como la de Palestina”.

Martín Salazar ha decidido manifestarse con una bandera palestina sujeta a un mástil que superaba los dos metros. “Por lo menos ha entrado algo de ayuda humanitaria y han liberado a presos, pero Israel ya ha matado incluso con el alto al fuego”, ha criticado este burgalés sus 77 años. Sobre la huelga, ha aseverado que “habría que pensarse bien cómo convocarlas, porque si no hay seguimiento masivo quizá sí sea un fracaso”.

Aarón, un joven de 20 años que estudia Historia en la universidad, ha asegurado que solo ha acudido a una clase en la que tenía un examen. “Vemos cómo predomina el beneficio y la explotación. No solo hablamos de dos años de genocidio, sino de décadas de ocupación. Lo han destruido todo en Gaza y no hay a dónde volver”, ha sostenido mientras andaba por la Gran Vía.

Ha sido en esta gran arteria comercial de la ciudad donde algunos establecimientos han sufrido pintadas por parte de manifestantes. Al lado de una de ellas estaba Juliana Rincón, colombiana que está en Madird por dos semanas. “Nadie se puede quedar quieto ante un genocidio. El alto al fuego siempre es bueno, cada vida es valiosa”, ha señalado. “Yo que vengo de Colombia sé que es mejor una paz imperfecta que cualquier guerra”, ha añadido.

Apenas unos metros más allá, Francisca Valverde y Carmen Muñoz, de 67 y 70 años respectivamente, han agregado sobre el bajo seguimiento de la huelga que “vivimos tiempos de mucha desmovilización social”. Estas jubiladas, asimismo, han opinado que “Gaza, dentro de poco tiempo, será bombardeada de nuevo porque el alto al fuego no va a servir para nada”.

La clase trabajadora en defensa de los derechos humanos

Por su parte, el secretario general de Solidaridad Obrera, José Luis Carretero, ha subrayado que “salimos de nuevo a las calles para defender el derecho a la vida y a la integridad física del pueblo palestino, y el derecho a su soberanía y autodeterminación”. A su parecer, convocatorias de este tipo sirven para “demostrar la dignidad del pueblo español y de su clase trabajadora en defensa de los derechos humanos más fundamentales”.

Este sindicalista también se ha referido al incremento del gasto público en defensa. Según ha señalado en declaraciones a elDiario.es, “que los presupuestos se desvíen a la compra de armamento en la dinámica geopolítica que nos encontramos implica el aumento de las tensiones y legitimar la carrera armamentística contra otras potencias”. Carretero ha subrayado que, “si el 80% de los impuestos salen de las rentas de los trabajadores directamente retenidos de sus nóminas, queremos que ese dinero no se destine a potenciar agresiones contra los derechos humanos o a agrandar el comercio de estados que los vulneran, como Israel”.

En tónica algo más internacional, este integrante de Solidaridad Obrera también ha reconocido “la necesidad de denunciar y dejar sin efecto el tratado de asociación entre la Unión Europea e Israel”. “Cualquier tipo de subvención directa o indirecta a Israel debe detenerse”, ha sintetizado. Del mismo modo, Carretero ha reclamado que se ponga en marcha la solución de los dos estados, un proceso de autodeterminación para la población palestina y que su desarrollo vaya a la par que “el respeto a la propia vida del conjunto de la población palestina”, en sus propios términos.

La manifestación ha concluido pasadas las 21.00 horas a la altura de la Plaza de Callao. Dado que los convocantes de la marcha no han llegado a consensuar un manifiesto común, han sido sus integrantes los que han dirigido unas palabras a los presentes mientras miles de personas seguían recorriendo la Gran Vía. Allí les han arengado para no dejar de movilizarse contra Israel vigilados desde las alturas por el helicóptero de la Policía Nacional. Mientras tanto, unos metros por detrás todavía se escuchaban cánticos como “Ayuso, payasa, Madrid está con Gaza”, “no es una guerra, es un genocidio” y “qué viva la lucha del pueblo palestino”.

España sale a las calles por Palestina

Las movilizaciones han estado presentes por más puntos del territorio español. Un total de 200 municipios han acogido protestas y piquetes durante la huelga general, con especial incidencia en el noroeste peninsular.

En Barcelona, la Guardia Urbana cifra la participación en 15.000 personas, en una marcha unitaria convocada por entidades propalestinas para poner el broche a la jornada de huelga, informan Oriol Solé Altimira, Helena Sala Gallardo y Sandra Vicente. El inicio de la manifestación ha sido en las puertas de la Estació de Sants a las 18h, desde donde ha arrancado una manifestación dirección a la Plaça Espanya, informa

Los concentrados han partido coreando consignas como “Israel no es un país, es una ocupación”. Han ido avanzando por el barrio de Sants, donde se han producido algunos disturbios y enfrentamientos con la policía. Mientras la marcha seguía su curso, un grupo de manifestantes se ha separado del grueso para lanzar objetos contra los cristales de un Burguer King, una de las empresas señaladas en la lista de la ONU de compañías que colaboran o se lucran con el genocidio y la ocupación israelí en Palestina.

En Euskadi, miles de personas han salido a las calles de las tres capitales para denunciar el genocidio, informa Maialen Ferrera. En Bilbao, la marcha ha comenzado en el Sagrado Corazón y ha recorrido la Gran Vía hasta el Ayuntamiento de Bilbao con gritos de “Boicot Israel. Palestina askatu y portando carteles con fotos de periodistas asesinados y el número 67.194 ensangrentado por las personas asesinadas por el ejército israelí.

La manifestación ha ido haciendo paradas en empresas que consideran “cómplices de Israel” como Zara o el Banco Sabadell. Al grito de “Israel hiltzaile, Zara laguntzaile”, se han concentrado frente a la sede de Zara en Gran Vía y han colocado pegatinas mientras los trabajadores de la tienda, que estaba abierta pese a la huelga y al igual que las demás de grandes firmas de la Gran Vía bilbaína, han tenido que cerrar sus puertas. Los manifestantes han utilizado humo de los colores de Palestina frente a la tienda. En el Banco Sabadel, han colocado un cartel en el cajero en el que se leía “Israel genocida”.

Centenares de personas se han concentrado frente al Paraninfo de Zaragoza para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza, informa Candela Canales. Entre proclamas como “Que viva la lucha del pueblo palestino”, “Israel asesina, Europa patrocina” o “La clase obrera es una y sin fronteras”, los manifestantes han denunciado la complicidad internacional con el Gobierno de Israel y reclamado una respuesta más firme de las instituciones europeas y españolas ante la violencia en la Franja.

La jornada de protestas ha tenido también eco en los centros educativos aragoneses, donde numerosos docentes han secundado los actos convocados para denunciar “el genocidio del Estado de Israel en Palestina” y reivindicar el papel de la educación pública como agente transformador.

En Palma, las concentraciones han corrido a cargo de estudiantes, que han protestado frente a la Universitat de Illes Balears (UIB) para exigir a al centro el fin de las relaciones con empresas que “sostienen el exterminio y ocupación” del pueblo palestino. Unas 200 personas, según ha señalado la campaña 'Carot, prou complicitat', han protestado en el campus de la UIB, coincidiendo con la huelga general convocada en apoyo a Palestina.

Castilla y León ha acogido movilizaciones en diferentes ciudades. Centos de personas se han congregado frente a la Catedral de León a lo largo de la mañana, convocadas por la plataforma Llión col Puebru Palestín, informa Sara Lumba. Los manifestantes han recorrido el centro de León, desde la Plaza de San Marcos hasta la Plaza de Regla, frente a la Catedral de León para protestar contra los actos de guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Durante su recorrido se han detenido frente a un supermercado de la cadena Carrefour para pedir el boicot a sus productos debido a su alianza comercial con el gobierno de Israel. A todo ello se suma una huelga de estudiantes que se lleva a cabo durante todo el miércoles.

En Valladolid, plataformas, sindicatos de trabajadores y estudiantiles se han movilizado a lo largo una jornada que ha arrancado con UGT a las puertas del Ayuntamiento, a la que se han sumado trabajadores de CCOO. El secretario general de la UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, ha sostenido que se trata de una “jornada de lucha, intensa”.

La capital riojana, Logroño, ha acogido las movilizaciones en la Plaza Palestina Libre, como han rebautizado las asociaciones propalestinas al Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, informa Ester Fernández. Alrededor de una gran bandera de Palestina, decenas de personas han mostrado pancartas y coreado lemas contra el genocidio.

Las asociaciones convocantes CGT, Frente de Estudiantes y Amistad por Palestina han denunciado que el plan de paz firmado “no garantiza los derechos del pueblo palestino y es una imposición”. También ha tomado la palabra el gazatí Fares Khader que ha llamado a secundar la huelga porque, como ha subrayado, “todavía no ha llegado la paz a Palestina y sigue el bloqueo de ayuda humanitaria”, aunque ha dicho tener “esperanza en reconstruir Palestina”. Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado en sus sedes y han llevado la reivindicación a los centros de trabajo, donde han convocado dos horas de paro.

En Andalucía, una multitud de alumnos de diferentes etapas educativas de Córdoba han secundado la manifestación convocada para este miércoles en el marco de la jornada de huelga general y parones con motivo de apoyo a Palestina. Los participantes han partido a las 12:00 de Las Tendillas y han recorrido calles colindantes, recordando, entre otras cuestiones, que el plan de paz es solo un alto al fuego en Gaza y no garantiza un cese de las armas permanentes.

Además, durante el recorrido se han escuchado cánticos contra la presencia de Escribano, una compañía vinculada a la tecnología armamentística israelí, en la Universidad de Córdoba. Esta tarde habrá una concentración a las 19:30 en la céntrica plaza de Las Tendillas.

La Plataforma Son Gigantes ha convocado a la ciudadanía a una concentración este domingo 28 de septiembre, a las 11.30 horas, en la Plaza del Arenal de Penagos, junto a los terrenos previstos para la subestación de Arenal. Se trata de un emplazamiento estratégico diseñado como punto de evacuación compartido por varios proyectos eólicos, lo que incrementa de forma acumulada su impacto territorial y ambiental.

Lo que nació este verano como el Colectivo Vecinal contra el Polígono Eólico Benavieja -capaz de reunir más de 7.100 alegaciones en menos de un mes contra el proyecto proyectado en Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero- se ha transformado ahora en Plataforma Son Gigantes, “una alianza más amplia para defender el territorio frente a nuevos proyectos”, explican. Sus objetivos, subrayan desde este colectivo, son “proteger el medio ambiente, la cultura y los paisajes que sostienen la vida en nuestros valles frente a iniciativas energéticas privadas que no garantizan la sostenibilidad territorial ni la preservación de la biodiversidad”.

El proyecto Briesa

El Polígono Eólico Briesa, promovido por Tesera Energía 8 S.L.U. (grupo Villar Mir), prevé una potencia de 90 MW en las montañas de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), con 19 aerogeneradores de más de 170 metros de altura.

Tal y como explica la plataforma en un comunicado, su infraestructura de evacuación se articula en un corredor eléctrico hacia Cantabria: incluye una subestación en Espinosa, la subestación colectora Saguales (Penagos), una subestación de compensadores en Villaescusa y la conexión final a la subestación de Astillero 220 kV de Red Eléctrica. En total, se proyectan más de 140 torres metálicas, con alturas comprendidas entre 35 y 55 metros, y unos 40 kilómetros de líneas de evacuación a 220 kV que atravesarían los municipios de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero.

“No se trata de un trazado aislado. Briesa se suma al corredor común de evacuación compartido con Ventura, en un lugar especialmente sensible: la misma zona donde ya en 2006 se intentó levantar el proyecto eólico La Sía II, rechazado con una declaración de impacto ambiental desfavorable”, apunta el colectivo vecinal.

Los estudios y alegaciones advierten de un “fuerte deterioro paisajístico y ecológico, con afección a hábitats de alta montaña y a corredores de aves; un perjuicio directo a la forma de vida de los pueblos y a economías como la ganadería y el turismo rural; y un empobrecimiento estructural a largo plazo, al sustituir el valor ambiental y cultural de la comarca por un uso industrial intensivo en beneficio privado”.

Alegaciones en marcha y rechazo institucional

El proyecto Briesa se publicó en el BOE el 23 de julio y en el BOC el 28 de agosto de 2025, que marca el plazo autonómico de alegaciones actualmente abierto. Los ayuntamientos de Espinosa de los Monteros, Villaescusa y Penagos ya han expresado su rechazo formal.

La Plataforma Son Gigantes está elaborando alegaciones técnicas y difundiendo alegaciones populares “para que la participación sea amplia y efectiva”. A este trabajo suman acciones informativas abiertas y gratuitas, destinadas a visibilizar el alcance de los proyectos y a fortalecer la defensa común del territorio.

Entre las actividades programadas, destacan la proyección este sábado del documental 'Vidas Irrenovables' en la Casa de Cultura La Concha (Villaescusa) a partir de las 18.30 horas y la concentración contra el Polígono Eólico Briesa citada anteriormente. La plataforma señala que la ciudadanía puede obtener más información en su web y en su perfil de Instagram (@son_gigantes_no_molinos).

Fragmentación de proyectos y presión creciente

“De la experiencia frente a Benavieja surge ahora una respuesta más organizada ante un fenómeno que se repite: la fragmentación de los proyectos eólicos”, denuncia esta asociación vecinal. “Lo que se presenta como polígonos aislados son, en realidad, piezas de un mismo entramado”, subrayan. Así, explican que se tramitan como expedientes separados, pero comparten promotores, municipios e infraestructuras de evacuación, y desembocan en el mismo punto: el nudo de Astillero 220 kV. Según la Plataforma, “este troceo administrativo distorsiona la magnitud real del impacto e impide valorar sus efectos acumulados sobre el paisaje, la biodiversidad y la forma de vida en los municipios afectados”.

Dos de los proyectos ya cuentan con informe ambiental desfavorable del Gobierno de Cantabria: Benavieja (86,8 MW, 14 aerogeneradores, Araste SPV 2021) y Ventura (57,2 MW, Tesera Energía 8 S.L.U.). Otros polígonos siguen en tramitación y admiten alegaciones, como Las Américas 3 y 16 (49,99 MW cada uno, promovidos por Repsol Renovables y Arena Green Power 13), con afección en Cayón, Penagos, Villaescusa, El Astillero, Villafufre, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Villacarriedo y Selaya; y Astillero 2 (66,5 MW, 15 aerogeneradores, Green Devco Energy 8 – Grupo Saeta Yield), que afecta a Cayón, Villafufre, Saro, San Roque de Riomiera, Miera, Liérganes, Penagos, Villaescusa y El Astillero, e incluye la construcción de una nueva subestación conectada al nudo de Astillero 220 kV.

Trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han concentrado este martes en Castilla-La Mancha, frente a los principales hospitales en las cinco capitales de provincia, ante el bloqueo de la negociación del Estatuto Marco. Movilizaciones que se han desarrollado en todo el país donde miles de personas trabajadoras han reclamado al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un “Estatuto para avanzar” que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), personal de todas las categorías ha alzado su voz en defensa de sus derechos y ha demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con “años de recortes, precariedad y discriminación”.

Los sindicatos convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. También han criticado que el departamento de Mónica García ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma. “Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente”.

Mejoras pendientes

En las concentraciones se ha hecho hincapié que aún quedan asuntos “muy importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario”, y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya cerca de tres años, se ha ido reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Se trata de que la Ley del EM contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

También en Castilla-La Mancha se pide que el Estatuto Marco recoja la “obligatoriedad del pago de la carrera profesional, que en la región no se está cobrando y que hay que recuperar, así como el solape de la jornada”.

Mejoras todas que pueden contemplarse en la Ley del EM y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias, han subrayado los manifestantes, que insistieron en que Sanidad quiere “echar balones fuera”, aludiendo a una “supuesta falta de competencias”, y, por tanto, derivando a otros ministerios. “El Ministerio de Sanidad no es una ‘isla aislada’, forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer”.

Ley “clave”

En las concentraciones se ha reiterado la necesidad y plena disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr “la mejor ley posible”, teniendo en cuenta que es la norma “clave” para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.

Estas concentraciones suponen el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en la mesa de negociación. El próximo 1 de octubre, trabajadores y trabajadoras de todo el Estado volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.

Izquierda Unida ha acusado este jueves al alcalde de Laredo, Miguel González (PP), de “criminalizar” tanto a la organización como a la ciudadanía que participa en las movilizaciones por Palestina durante el paso de La Vuelta Ciclista a España por la localidad.

La formación ha lamentado así las declaraciones realizadas por el regidor en la Cadena SER, donde “sugirió que detrás de las protestas había actos vandálicos o delitos”. Según el partido, “el alcalde tuvo que rectificar sus palabras durante la entrevista radiofónica, pues había vinculado las protestas impulsadas por IU con mensajes de Whatsapp que él había visto alentando a poner chinchetas”.

“No sólo ha criminalizado a Izquierda Unida: ha despreciado a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y se movilizan por causas tan básicas como los derechos humanos”, ha señalado la organización en un comunicado.

Además, ha tildado de “alarmante” que el alcalde “priorice un evento deportivo” frente a “una matanza de niños o el bombardeo de hospitales”. “Parece que sólo entiende de saraos y celebraciones”, ha criticado.

La formación ha destacado que la causa palestina “mueve conciencias” en Laredo, como se refleja en las banderas en los balcones y la participación en las protestas.

Finalmente, ha instado al regidor a promover declaraciones institucionales o asistir a concentraciones en lugar de lamentar la afectación de La Vuelta. “Si no escucha a su pueblo, que al menos escuche a su conciencia”, ha concluido el partido, que ha corregido al regidor señalando que “lo que está haciendo Israel con Palestina es un genocidio, no una guerra”.

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PCM) ha vuelto a reclamar este lunes la construcción de un tramo ferroviario entre la localidad toledana de Mora y Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Así lo han trasladado durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Valdepeñas, Alberto Parrilla, concejal de IU del grupo municipal Unidas por Valdepeñas y el portavoz de la plataforma, José Damián García-Moreno, quienes sostienen que “la conexión reduciría los tiempos de viaje con Madrid en una hora”.

Parrilla ha destacado que con la construcción del tramo Mora-Alcázar, en lugar del baipás ferroviario por Montoro, e garantizaría que todos los trenes entre Jaén y Madrid “pasen y paren en Valdepeñas”, además de circular por Linares-Baeza, Manzanares, Alcázar de San Juan, Madridejos-Consuegra y Mora de Toledo, entre otras localidades.

“La propuesta vertebra Castilla-La Mancha”

Por su parte, García-Moreno, ha indicado que la propuesta de la PCM “no sólo beneficia a Madridejos y Consuegra, sino que es la que mejor vertebra Castilla-La Mancha, Andalucía y el conjunto de España”.

A lo largo de los últimos cuatro meses, la PCM ha mantenido reuniones de trabajo con alcaldesas y alcaldes de diversas ciudades y pueblos de la línea, en concreto con los de Mora de Toledo, Emilio Bravo, Madridejos, Francisco López Arenas, ambos del Partido Popular, y con los de Valdepeñas, Jesús Martín, y las de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor y Consuegra, María Luisa Rodríguez, del Partido Socialista.

A finales de julio también se mantuvo una reunión en Linares-Baeza con Melchor Villalba, el alcalde de esta entidad local menor, dependiente de Linares y muy vinculada al ferrocarril. En esta reunión también participaron cargos públicos de IU Linares y Jaén provincial y de la Plataforma Provincial en Defensa del Ferrocarril Público.

Se está a la espera de poder mantener una reunión con Julián Nieva, alcalde de Manzanares y senador del PSOE por la provincia de Ciudad Real.

La próxima semana la PCM se desplazará hasta la provincia de Jaén para continuar con los contactos institucionales y articular una propuesta común en toda la línea Madrid – Alcázar de San Juan – Jaén.

Manifestación en Madridejos

Por último, desde la PCM se ha hecho una valoración positiva de la concentración en defensa de la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar y de la estación de tren Madridejos-Consuegra, dentro de la nueva línea Madrid- Alcázar de San Juan- Jaén“.

Esta movilización tuvo lugar el pasado sábado, frente al Campo de Fútbol Nuevo de Madridejos, antes del concierto de la orquesta Panorama, una de las orquestas más afamadas del país, y al que asistieron más de 4.000 personas.

La PCM agradece los guiños en redes sociales de la orquesta Panorama y de su cantante, 'Lito', que incluso dedicó unas palabras en favor del tren en Madridejos-Consuegra durante el concierto.

Con esta concentración, la PCM inicia una serie de movilizaciones en defensa de la llegada del ferrocarril a Madridejos y Consuegra, que continuará en las Ferias y Fiestas de ambos municipios y durante el otoño con el fin de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha escuchen y atiendan la voz de la comarca que defiende, “de forma unánime”, la construcción del tramo Mora- Alcázar y de la estación de tren Madridejos-Consuegra.

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez (PSOE), ha puesto fin a la huelga de hambre que inició el lunes para reclamar a la Junta de Comunidades la construcción de un instituto en esta localidad y se recupera en su domicilio.

Fuentes del entorno del alcalde han confirmado a EFE que Jiménez está ya en su casa y que se encuentra “bien, recuperándose, tranquilo”.

El regidor municipal, que el viernes por la tarde, en su quinto día de huelga de hambre, aseguró ante los medios de comunicación que de momento no iba a hacer caso a su médico -que ya desde el jueves advertía de que su estado salud se había agravado y le recomendaba parar-, acudió al hospital al terminar la rueda de prensa convocada.

Allí comprobaron sus condiciones y “le mandaron reposo y a su casa”, han explicado estas fuentes y han añadido que el alcalde “no está mal, sin sobresaltos y sin novedades, que es lo importante”.

Jiménez, de 76 años, ha puesto fin a una huelga de hambre que comenzó el lunes para reclamar a la Junta un instituto para su localidad, cuyo decreto de creación fue aprobado por el Consejo de Gobierno en junio de 2011.

Habrá concentraciones y movilizaciones

Si bien, está previsto que la lucha de Noblejas continúe porque el equipo de Gobierno avanzó el viernes que se llevarán a cabo concentraciones y movilizaciones frente a la sede del Gobierno regional y la Consejería de Educación.

Protestas que aún no tienen un calendario definido, pero sobre las que previsiblemente comenzarán a trabajar “la semana que viene”, han indicado fuentes municipales.

El PSOE de Santander ha replicado a la regidora, Gema Igual (PP), que “una alcaldesa no está para tapar bocas, está para resolver problemas”, tras las declaraciones que ha realizado este martes sobre el aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas. IU se ha pronunciado en similares términos y ha insistido en que agotará todas las vías administrativas y judiciales para impedir el “despropósito” del parking.

Dado que Igual ha manifestado que está “esperando a que se construya para tapar muchas bocas” al ser preguntada por la prensa por las concentraciones en contra del proyecto, el secretario general del PSOE de Santander y portavoz del grupo municipal, Daniel Fernández, ha respondido que “no se puede gobernar Santander con frases impropias de una representante pública y con decisiones improvisadas que solo buscan salir del paso”.

El portavoz socialista ha señalado de que los santanderinos quieren una alcaldesa “que les respete y que planifique el futuro de la ciudad, no una regidora que desprecie las críticas y gobierne con ocurrencias”.

En este sentido, Fernández ha opinado que el Partido Popular “vuelve a demostrar que carece de modelo de ciudad, improvisando soluciones parciales que no atienden ni al turismo ni a los vecinos, y utilizando el Ayuntamiento para la propaganda en lugar de para la gestión responsable”.

“Santander necesita una planificación seria en movilidad y turismo que equilibre el descanso y la vida de los barrios con la llegada de visitantes, garantizando siempre el respeto al entorno natural”, ha añadido.

Para Fernández, las palabras de Igual “son un reflejo de la falta de respeto institucional y político hacia los vecinos”, frente a lo que ha subrayado que el PSOE de Santander “seguirá trabajando por un modelo de ciudad sostenible, ordenado y pensado para mejorar la vida de la mayoría”.

“Lo que sobra son las ocurrencias y las salidas de tono; lo que hace falta son soluciones reales, planificación y respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Santander”, ha concluido el portavoz socialista en un comunicado.

IU

Izquierda Unida (IU) Santander ha avanzado que va a “agotar todas las vías administrativas e incluso judiciales” que estén a su alcance para impedir el “despropósito” del parking de autocaravanas en Mataleñas si el Ayuntamiento “no recapacita”, dado que asegura que el proyecto está “en situación de ilegalidad”.

Así lo ha señalado el concejal de IU en el municipio, Keruin Martínez, tras conocer que el Ayuntamiento no va a replantearse dicho aparcamiento, pese a la oposición ciudadana.

Martínez ha indicado a la alcaldesa que “tiene el deber de escuchar a los vecinos y de reunirse una y trescientas veces con ellos, si es necesario” y le ha reclamado que “abandone la soberbia y deje de tratar con desprecio a los vecinos de esta ciudad”.

Precisamente, ha censurado que “uno de los pecados en origen del proyecto es la falta de participación y de información a los vecinos, que se han ido enterando por la prensa de la pérdida de una zona verde y de paso habitual”.

Además, en contra de lo que dice Igual, el concejal de IU ha insistido en que el proyecto contempla un “búnker” e “impactos relevantes en el entorno”.

“El proyecto, hoy por hoy, es ilegal” ante la falta de un Plan Especial dentro del PGOU, “requisito imprescindible” para desarrollar este proyecto en esta área específica, y “la ausencia de un estudio de impacto ambiental”, ha insistido Martínez.

Y ha lamentado que si no modifican el proyecto “se acabará tirando judicialmente de otro modo” y “se habrá perdido mucho dinero de todos los santanderinos”; además de que ha advertido al Ayuntamiento que “podría incurrir en prevaricación” si persiste esta “situación de ilegalidad”.

Asimismo, el concejal ha señalado que se trata de “un fraude de naturalización” porque el proyecto plantea “la tala de árboles y la construcción de muros de gran envergadura, sustituyendo grandes árboles por zonas ajardinadas”.

Según ha indicado, esto es “lo contrario” a los objetivos buscados por los fondos europeos para naturalizar áreas. Además, ha apuntado que lo que se incluía en el Plan de Sostenibilidad Turística es la “adecuación” de este aparcamiento, que está en un “estado lamentable”, pero “no cambiaba el uso ni hablaba de la ubicación de autocaravanas en esta área específica”.

El concejal ha destacado que los vecinos de Santander han mostrado su rechazo al proyecto con las protestas así como las más de 8.000 firmas recogidas y las alternativas presentadas.

“Frente a ello, la respuesta de Igual es ignorar cualquier canal de diálogo ciudadano y obviar la existencia de alternativas sostenibles, como trasladar el aparcamiento a un emplazamiento mejor comunicado o destinar los fondos europeos previstos a la verdadera renaturalización de Mataleñas, como piden los vecinos”, ha censurado.

Finalmente, Martínez ha pedido a la regidora “que deje de vender Santander al mejor postor y se ocupe de defender lo propio, y garantizar la convivencia y la calidad de vida de los vecinos”.

Cientos de personas se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander en la mañana de este lunes para protestar contra el proyecto de construcción de un parking de autocaravanas en Mataleñas.

La concentración de protesta se ha llevado a cabo dos días después de que se llevara a cabo una movilización en el mismo Mataleñas a la que acudieron 400 personas, sobre todo vecinos de la zona de Cueto.

El sábado también mostraron su rechazo y exigieron la paralización del parking proyectado por el Ayuntamiento en este espacio natural y paso habitual hacia la playa, un proyecto para construir un espacio hormigonado capaz de acoger 30 plazas reguladas para autocaravanas. Los organizadores llevan recogidas más de 8.000 firmas contra este proyecto.

El proyecto supone la pavimentación de 3.846 m2 y el asfaltado de otros 3.200 m2, ambos no permeables. Asimismo, está previsto construir un cierre perimetral para este espacio mediante un muro de hormigón que en algunos tramos podrá tener hasta dos metros de altura.

“Estamos realmente contentos por toda la gente que está presente aquí. Calculamos que 1.000 personas por el número de firmas recogidas”, ha valorado Concha Calzada, vecina de Cueto y portavoz de los organizadores. Estos han destacado que a las protestas están acudiendo “personas de todas las ideologías, de toda procedencia social y económica, defendiendo todos a una que no queremos un búnker de cemento donde hay árboles ni caravanas en el centro de la ciudad reventándonos el espacio. Es una reivindicación transversal”, ha añadido.

Asimismo, se demanda que los fondos europeos comprometidos para este proyecto se dirijan a otras iniciativas para que no se pierdan. “Entendemos que se puede modificar el uso de los fondos europeos”.

“Los fondos europeos son para árboles, no para hacer un búnker de hormigón, con más de 920 metros de muro de más de dos metros de altura y con capacidad para solo 30 caravanas, lo que no soluciona el problema”, ha insistido la miembro de la Comisión y vecina de Cueto desde hace más de 25 años.

Así, Calzada ha enfatizado que “la política tiene que dar soluciones y no ocurrencias” y, por ello, la Comisión solicitará este martes una reunión con la alcaldesa para trasladarle esa propuesta y creen que “puede haber un punto de encuentro y razonamiento” más cuando, a juicio de este colectivo, el parking proyectado “es ilegal” por el cambio de uso del suelo.

Los manifestantes proponen una ordenación del actual aparcamiento del campo de golf y que se haga un enorme parque para todo el vecindario en la zona prevista para construir el parking de autocaravanas. Las autocaravanas tendrían que estar fuera de la ciudad, a su juicio, “en el mejor parking del mundo”.

Los organizadores solicitarán este martes una entrevista con la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP) para expresarle sus críticas y ofrecerle una contrapropuesta. “Entendemos que puede haber un punto de encuentro” -ha señalado la portavoz- “la obra va contra el Plan General y esos fondos mal utilizados son un auténtico desperdicio. Si se utilizan para destrozar el paisaje son una desgracia. Con un poco de sentido común se puede hacer un maravilloso proyecto”.

Han mantenido un contacto con el concejal de Urbanismo. “Esperemos que pasen del empeño a la razón y al diálogo. Pero, si esto no lo paran, nosotros no vamos a parar. Si hay que ir a los tribunales, iremos. Pero no nos talarán los árboles ni reventarán la ciudad con fondos europeos y nuestros”, ha concluido.

Una treintena de profesionales sanitarios de Ciudad Real, convocados por el sindicato CSIF, se han concentrado este martes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para gritar “basta ya” a las agresiones que el personal sanitario sufre “casi a diario” y pedir medidas “más contundentes” para prevenir esta situación.

La responsable de Sanidad del sindicato a nivel regional, Ana Isabel Fernández, ha lamentado que en la pasada semana se hayan producido tres agresiones denunciadas en la región y que “cada vez son más los profesionales que acuden con miedo a su puesto de trabajo”.

Fernández ha advertido de que las agresiones, especialmente las verbales, se están normalizando hasta el punto de que muchas ya ni se denuncian.

Según ha detallado, en 2024 se registraron 384 agresiones en Castilla-La Mancha, aunque la cifra real sería mayor al no contabilizarse los ataques que no se comunican oficialmente.

Entre las causas, ha señalado la frustración de algunos usuarios por las listas de espera, “algo que no es responsabilidad del personal sanitario, que a menudo maneja agendas interminables para poder atender a todos los pacientes”.

Desde CSIF han reclamado a la Administración que se implanten medidas disuasorias permanentes en los centros sanitarios, como vigilantes de seguridad, cámaras de videovigilancia o botones de pánico conectados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fernández ha criticado que el Centro de Salud II de Tomelloso, “uno de los más conflictivos de la provincia”, se retirara el vigilante apenas un mes después de su incorporación, “cuando precisamente su presencia evitó nuevas amenazas o agresiones”.

La responsable sindical también ha pedido que las agresiones no salgan “tan baratas” y que se endurezcan las penas.

Asimismo, ha rechazado que la respuesta a un ataque sea trasladar al profesional agredido, defendiendo que “en todo caso, a quien hay que vetar es al paciente o familiar que agrede”.

Por su parte, el enfermero y delegado sindical de CSIF en Alcázar de San Juan, Alberto Rosales ha subrayado que el problema requiere un debate social y político, comparando la falta de recursos actuales con la ausencia de medios que se daba hace años frente a la violencia de género.

Asimismo, ha denunciado que la Administración, al no dotar de recursos activos como vigilantes de seguridad en los llamados “centros calientes”, se convierte por omisión en cómplice de estas agresiones.

Rosales ha defendido que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a garantizar la seguridad de los profesionales y que la no adopción de medidas supone una “doble agresión”.

Por ello, ha reclamado que en los próximos Presupuestos de Castilla-La Mancha se incluya la partida necesaria para reforzar la seguridad en los centros de salud con mayor incidencia de agresiones.

El jueves, otra concentración: “No me agredas, déjame curarte”

Para este jueves está prevista otra concentración convocada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real y que apoya el Consejo Autonómico en el que se integran el resto de organizaciones colegiales de la región.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, presidido por doctor Blas González Montero, manifiesta “su más firme y enérgica condena ante la preocupante escalada de agresiones a profesionales sanitarios registrada en las últimas semanas en nuestra región”.

Se trata, dice, de “actos absolutamente intolerables”, que “atentan contra la integridad física, emocional y profesional de quienes tienen como misión cuidar de la salud de la ciudadanía”.

Los colegios de médicos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo expresan su profunda indignación por esta situación y reiteran que “la violencia nunca puede formar parte de la relación médico-paciente ni del ámbito sanitario”.

El apoyo a la movilización es unánime. Se celebrará el próximo jueves, 14 de agosto de 2025, a las 12:00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, bajo el lema: “No me agredas, déjame curarte”.

Desde la institución regional se invita a profesionales sanitarios, instituciones, organizaciones y a la sociedad en general a unirse a esta movilización pacífica para exigir “medidas más eficaces y ejemplares” que garanticen la seguridad en todos los entornos sanitarios, así como para concienciar sobre la necesidad de un trato respetuoso hacia quienes velan por la salud de todos.

Blas González cree que “cada agresión a un médico es un ataque a todo el sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto. Solo unidos podremos erradicar esta lacra y garantizar que los profesionales trabajen en entornos seguros”.

Esta semana unas 150 personas, según los organizadores, se reunieron en la plaza del Convento de Yeste para “mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir el fin de la violencia en la región”.

La concentración en este pueblo de Albacete la ha dado a conocer un profesor que explica que fue un acto ciudadano local con una importante repercusión comarcal y que reunió a personas que se desplazaron desde diversos pueblos de la Sierra del Segura incluyendo Letur, Molinicos, Riopar, Elche de la Sierra y Socovos entre otros.

Durante el acto se leía un manifiesto que recordaba que “desde hace décadas el pueblo palestino sufre ocupación militar, desplazamiento forzoso y violencia sistemática”.

En dicho manifiesto se recogía: “Han pasado 22 meses desde el inicio de la última fase del genocidio, centrado con especial brutalidad sobre la Franja de Gaza. 22 meses en los que Israel ha cometido crímenes indescriptibles, ha sembrado la muerte, la destrucción, el dolor más desgarrador y todo con absoluta impunidad. 19 meses en los que Israel ha bombardeado escuelas, hospitales, campos de refugiados, zonas residenciales, iglesias, mezquitas y convoyes humanitarios, con el apoyo de occidente. Nunca se habían asesinado a tantos periodistas, nunca se habían asesinado a tantos trabajadores de la ONU, nunca se habían asesinado a tantos sanitarios en un territorio tan pequeño”, lamenta.

El manifiesto ha terminado con la lectura de un hermoso texto Antonio Rodríguez Andrés. “Estamos asistiendo, hundidos, perplejos, asustados, al acabamiento de un pueblo y sus raíces, a la tala sistemática e insoportable de un bosque de hombres y mujeres arrancados de cuajo de la vida, expulsados a golpes de muerte de su tierra palestina”.

El acto, además, ha contado con la colaboración de diversos artistas, entre los que cabe destacar la realización de una pintura en directo a cargo de la fotógrafa y artista Ainara Seclen o la lectura por parte de la escritora y poeta Sahida Hamido de unos versos creados para la ocasión. Ha sido, sin duda, uno de los momentos más emotivos y sobrecogedores del encuentro. “¿En qué nos convertiríamos viendo las muertes en directo y volviendo a nuestras vidas sin hacer nada como quien ve una serie más y luego olvida?”, se pregunta la autora en uno de los versos del poema.

En opinión de los participantes, “es inevitable que como individuos convertidos e espectadores de esta barbarie retrasmitida en directo nos preguntemos si sirven de algo este tipo de manifestaciones y concentraciones. Para tratar de dar una respuesta a esta pregunta no debemos olvidar que el mayor socio comercial de Israel en el mundo es la Unión Europea, lo que significa que nosotros, como ciudadanos europeos, debemos contar con herramientas para presionar a Israel”, recuerdan.

Lamentan que la Unión Europea “mantenga” su acuerdo de asociación preferencial con este país y que no haya adoptado las medidas que solicita la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese.

“Es por tanto necesaria una respuesta contundente de la ciudadanía informada que colabore y participe en este tipo de actos para presionar a sus gobernantes. Una ciudadanía que además puede participar en campañas de boicot desinversiones y sanciones más conocida como (BDS) evitando comprar productos de empresas que contribuyan a la ocupación israelí”, zanjan, en un comunicado.