PP y Vox han alcanzado un acuerdo de última hora en el Ayuntamiento de Zaragoza para sacar adelante los presupuestos municipales de 2026, que recibirán este jueves el aval del pleno con el apoyo de la extrema derecha a los populares. El pacto pone fin a tres meses de tensiones y tira y afloja entre ambas formaciones.

La aprobación del proyecto de cuentas, que asciende a 1.039.813.747 euros —un 6,29% más que el anterior e incluye 128 millones en inversiones, que superan los 200 millones junto con las sociedades municipales Zaragoza Vivienda y Ecociudad— había quedado bloqueada tras la negativa de Vox en la Comisión de Hacienda, con dictamen desfavorable hace apenas una semana. La formación de extrema derecha había condicionado su apoyo a la modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y al control del incremento de gasto corriente en 50 millones de euros.

La alcaldesa Natalia Chueca ha destacado que, pese a las dificultades de este año, “hemos sido capaces de encontrar un camino para llegar a un punto de encuentro y cumplir ambos objetivos”. Sobre la ZBE, ha explicado que se implantará un sistema más “sofisticado”, basado en “cámaras y sensores de contaminación del aire, que medirán la calidad del aire y permitirán activar las restricciones en función de los niveles que marque la atmósfera y su evolución”. A petición de Vox, se eliminarán de facto las multas, ya que estarán vinculadas a los niveles de contaminación.

Chueca ha señalado que la modificación se ha aceptado por motivos de “seguridad jurídica”, tras analizar la legislación, las ordenanzas municipales y la orden del Ministerio de Transporte para garantizar que no se pierden las ayudas al transporte, que suman 22 millones de euros: “Se ha hecho un gran trabajo en tiempo récord para analizar todas las posibilidades y ver que este nuevo sistema sigue teniendo un régimen de restricción compatible con la orden del ministerio”. Mientras tanto, las multas de la ordenanza actual seguirán en vigor hasta que se apruebe la modificación.

Chueca también ha querido dejar claro que el acuerdo con Vox “no forma parte de ningún acuerdo global, estamos negociando y mirando por los intereses de Zaragoza sin tutelas del partido”, y que el “trabajo conjunto” entre PP y Vox es independiente de cualquier pacto en Madrid o en otras administraciones autonómicas.

Desde Vox, la portavoz adjunta Eva Torres ha valorado el acuerdo como un éxito para la ciudad y ha destacado que ambos grupos “hemos hecho un gran esfuerzo y nos hemos comprometido la una con la otra en que vamos a trabajar de manera inminente. No pongo en duda el compromiso del PP con este acuerdo y no les quepa duda de que ambas sabremos ponerlo en marcha”. Torres ha subrayado que la ZBE “solo se activará cuando se superen los umbrales oficiales de contaminación, con lo que no se sancionará a ningún ciudadano por acceder al centro de Zaragoza”, y ha confirmado que el acuerdo incluye la reducción de sociedades y patronatos del Ayuntamiento: “El viernes empezaremos a trabajar todo esto”. Además, ha afirmado que su voto será positivo a favor del presupuesto, “recoge todas nuestras partidas introducidas desde nuestro primer acuerdo y, una vez salvados los escollos, será positivo”.

Con este pacto, los presupuestos de 2026 podrán aprobarse mañana en el pleno.

Reacciones al acuerdo

Lola Ranera, portavoz del grupo municipal socialista, ha dicho que la alcaldesa “ha adquirido el mismo marco ideológico que Vox intenta imponer en todas partes”: “Normalizar la influencia de la extrema derecha en decisiones tan estratégicas como las cuentas municipales no es ”gobernabilidad“; es una cesión política de primer nivel”. También lo ha vinculado con la política autonómica, ya que la próxima semana se constituyen las Cortes de Aragón: “El contexto no es irrelevante; es determinante. Lo demás, efectivamente, sería ciencia ficción”.

Desde Zaragoza en Común Elena Tomás ha calificado este acuerdo como el “pacto del humo”: “Se la están jugando sin saber las consecuencias. Son capaces de cambiar de opinión solamente por los votos y la propia supervivencia, no hay un proyecto para la ciudad de Zaragoza”.

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado definitivamente este miércoles el presupuesto municipal para 2026, con el voto favorable del PP y el rechazo de PSOE y Vox, registrándose un empate que se ha resuelto con el voto de calidad de la alcaldesa, Lorena Orduna. Las cuentas ascienden a 65,6 millones de euros.

El presupuesto ha salido adelante en una sesión plenaria extraordinaria en la que se han abordado asuntos de relevancia en el ámbito del personal municipal y la hacienda.

Por un lado, se ha dado luz verde la aprobación inicial de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Huesca, a propuesta de los jefes de Servicio.

Se trata de la primera de varias modificaciones que se elevarán a lo largo de 2026, ya que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en el proceso de valoración de los puestos de trabajo, lo que implicará ajustes progresivos de la RPT durante este ejercicio.

Fundamentalmente, aborda mejoras laborales para las plantillas de Bomberos y Policía Local. En el primer caso, además, se trata de mejoras que fueron pactadas en la Mesa de Negociación de Funcionarios con un acuerdo firmado por los sindicatos CSIF, CSL y CGT.

Este acuerdo, incorporado a la Relación de Puestos de Trabajo de este año, ha sido sometido a votación en pleno y ha salido adelante tras registrarse un empate en la votación, resolviéndose mediante el voto de calidad de la alcaldesa, conforme a lo previsto en la normativa de régimen local. El Grupo Socialista y Vox han votado en contra.

Desde el equipo de gobierno se ha expresado de nuevo el compromiso de mantener la línea de diálogo con los representantes de los empleados públicos municipales de este mandato y seguir atendiendo las demandas de la plantilla.

Por otro lado, se han inadmitido las reclamaciones presentadas al Presupuesto General Municipal al no fundamentarse en las causas previstas en el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En lo relativo a las cuentas, el equipo del gobierno ha sostenido que refuerzan los servicios públicos municipales, el ámbito social y la ejecución de proyectos estratégicos de ciudad, e incluyen 7,4 millones de euros en inversiones para la mejora del espacio urbano, la movilidad y el mantenimiento de infraestructuras, así como actuaciones en equipamientos municipales y ayudas a la rehabilitación de las viviendas de Santa Clara.

El PSOE, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Palencia, ha aprobado los presupuestos para 2026 gracias a la abstención de la mayoría de los grupos de la oposición dentro de una corporación muy fragmentada, con cinco grupos municipales y tres concejales no adscritos.

Las cuentas, que suman 114,3 millones y son las más elevadas y con mayor volumen inversor de la historia municipal, han salido adelante con la abstención del PP, IU-Podemos, Vox y dos de los tres concejales no adscritos.

Han votado en contra el grupo localista Vamos Palencia, que rompió el pacto de gobernabilidad que permitió al PSOE llegar a la alcaldía, y uno de los ediles no adscritos, Ricardo Carrancio, procedente de Vox.

Al finalizar el debate, la alcaldesa, Miriam Andrés (PSOE), ha agradecido el clima de diálogo mantenido en las negociaciones y la “honestidad y franqueza” de los grupos, aunque ha reconocido su preocupación por las dificultades para ejecutar las inversiones previstas.

“La voluntad política está pero la ejecución supone iniciar expedientes largos y costosos, con falta de medios humanos y técnicos que retrasan los plazos”, ha advertido.

Crucial y asumible

El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, ha calificado el acuerdo como “crucial para Palencia” al destacar que muchas de las propuestas planteadas por la oposición eran “razonables y asumibles”, lo que ha permitido alcanzar un entendimiento que, a su juicio, “es un ejemplo de cómo se debe hacer política”.

Hernández ha sido especialmente crítico con Vamos Palencia, al que ha reprochado que hablen de incumplimientos después de haber roto de forma unilateral el pacto de gobernabilidad firmado con el PSOE al inicio del mandato.

“Una vez roto el pacto se acabaron las obligaciones y no tenéis derecho a venir exigiendo nada porque lo rompisteis vosotros. Os habéis quedado orillados y desde el punto de vista presupuestario sois irrelevantes porque no habéis aportado nada”, ha afirmado.

Desde el PP, su portavoz, Víctor Torres, ha justificado la abstención “por responsabilidad con la ciudad y con los palentinos”, subrayando la importancia de contar con un presupuesto que incluye inversiones estratégicas vinculadas a fondos europeos y que además recoge una de las principales peticiones del PP como es la rebaja del IBI.

No obstante, ha criticado la tardanza en la aprobación de las cuentas, que por tercer año consecutivo no entraran en vigor el 1 de enero. “No son el gobierno que la ciudad merece, pero si tiene la oposición que necesita. Veremos lo que dicen los palentinos en 2027, ahora tienen su herramienta. Pónganse a Trabajar”, ha dicho.

La portavoz de Vamos Palencia, Marta Font, ha explicado el voto en contra de su grupo por la “ruptura total de la confianza” con el equipo de Gobierno y ha calificado los presupuestos de “continuistas” al asegurar que “no cambian nada y condenan a Palencia a seguir desapareciendo”.

IU-Podemos ha optado por una “abstención crítica y pactada”, según su portavoz, Rodrigo San Martín, tras alcanzar acuerdos para impulsar medidas como la creación de una oficina de atención al mayor, planes de mantenimiento urbano, carriles bici segregados o la puesta en marcha de la policía de proximidad.

Vox también se ha abstenido por “responsabilidad con la ciudad” y para evitar una cuestión de confianza que habría retrasado aún más la aprobación de las cuentas, según ha explicado su portavoz Emilio Polo, quien ha enumerado varias de sus propuestas que han sido incorporadas al texto final.

Entre los concejales no adscritos, Sonia Lalanda, expulsada de Vox, ha defendido su abstención al considerar que es “el primer presupuesto realmente participativo”, mientras que Domiciano Curiel, exportavoz de Vamos Palencia, también ha justificado su posición por tratarse de unas cuentas con inversión.

Por el contrario, el concejal no adscrito Ricardo Carrancio ha votado en contra al considerar que el presupuesto carece de una estrategia clara de ciudad y perpetúa un modelo “agotado”, sin ambición reformista.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, aseguró este miércoles que negociaría “más a gusto” con el expresidente aragonés Jorge Azcón que con la actual alcaldesa, Natalia Chueca, aludiendo a que “entre hombres hay más complicidad”. Las palabras fueron pronunciadas en una entrevista radiofónica en Onda Cero, donde después se las mostraron a la alcaldesa para conocer su reacción, que fue de sorpresa aunque sin perder la sonrisa.

Preguntado por con quién le resultó más fácil negociar, dado que ha tratado políticamente tanto con Azcón como con Chueca, Calvo afirmó que “las dos personas son muy razonables, muy educadas”, aunque añadió que se sentía “más a gusto con Jorge Azcón por aquello de que entre hombres hay más complicidad”. Ante una repregunta, el portavoz de Vox ratificó su afirmación y llegó a ironizar: “Entre hombres y con unas cervezas delante, por ejemplo…”. Preguntado por la cuestión, Julio Calvo considera que fue un “comentario jocoso al que no le di mas importancia” y considera que el “empleo y la manipulación que se está haciendo de él es de muy mal gusto y tremendamente inelegante, una pena”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, evitó entrar en una polémica directa, aunque respondió visiblemente sorprendida por las declaraciones. “No quiero hacer comentarios, pero me parece… vamos. Oye, yo cuando le he ofrecido una cerveza no la ha querido tomar, no será porque no se la haya ofrecido”, señaló. Mientras escuchaba la intervención, la regidora mantenía la sonrisa, con gestos de perplejidad que posteriormente compartió en sus redes sociales con el mensaje: “Mis caras al escuchar a Julio Calvo en Onda Cero. ¿Con una cerveza Ambar me aprobaría el presupuesto?”.

Desde la oposición, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, criticó duramente las palabras del portavoz de Vox y la reacción de la alcaldesa: “A Natalia Chueca le hace gracia el machismo rancio del hasta ahora su socio de gobierno”, afirmó, y añadió que se trata de “una muestra más de que el PP es cómplice de Vox”.

Las declaraciones llegan en un momento de deterioro de la relación entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, tras la decisión del grupo ultraconservador de no garantizar su apoyo a los presupuestos municipales de 2026. El anuncio ha abierto un escenario de incertidumbre para el Gobierno de Chueca y ha evidenciado el distanciamiento entre ambas formaciones, que hasta ahora habían sostenido una relación de entendimiento en el consistorio.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha mostrado partidario a retomar el diálogo para un posible acuerdo con los grupos políticos del Ayuntamiento para aprobar los presupuestos municipales de 2026, por lo que ha anunciado que en los próximos días mantendrá conversaciones con PSOE, Vox y Unidas Podemos (UP) con el objetivo de alcanzar un acuerdo “cuanto antes”.

De momento, y a la espera del desarrollo de las negociaciones, Mateos ha iniciado los primeros ajustes necesarios para garantizar el arranque del año. De hecho, tal como ha explicado, ya ha hablado con los servicios de Intervención y con la Concejalía de Hacienda para acometer las primeras modificaciones de cara a poder empezar 2026 con normalidad, pues el presupuesto de 2025 está prorrogado.

El alcalde ha confirmado que los números del próximo año están “cuadrados” en un borrador que presentará a los grupos. En caso de no llegar a un acuerdo, el consistorio trabajará toda la anualidad con un presupuesto prorrogado, aplicando modificaciones presupuestarias “puntuales y necesarias” para ejecutar proyectos previstos.

“Mi intención es llegar a un acuerdo lo antes posible. No vamos a aprobar un presupuesto para 2026 en junio”, ha subrayado Mateos, quien ha insistido en que los consensos deberán alcanzarse en las próximas semanas. El regidor no quiere alargar las negociaciones hasta el final del semestre ni que las cuentas entren en vigor en verano como sucedía en la anterior legislatura.

El Gobierno municipal del PP aprobó los presupuestos de 2024 con el apoyo de Vox, mientras que los de 2025 salieron adelante gracias a la abstención del PSOE tras un acuerdo presupuestario que los socialistas han criticado que “no se ha cumplido”.

En cuanto al hecho de que las elecciones regionales celebradas en Extremadura el pasado 21 de diciembre hayan condicionado las negociaciones abiertas el año pasado para dar luz verde a las cuentas y sumar los apoyos que necesita el PP dado su gobierno en mayoría simple, Mateos ha expresado que los acuerdos en el consistorio “no dependen de lo que ocurra a nivel regional o nacional”.

“En este Ayuntamiento siempre hemos demostrado que las negociaciones se hacen sin influencias externas”, ha asegurado Mateos, quien se ha mostrado partidario a retomar las conversaciones y el diálogo con la oposición desde la próxima semana, tras el parón navideño, para garantizar la estabilidad financiera. 

La presentación de los presupuestos municipales de Huesca para 2026 ha vuelto a dejar al descubierto la fragilidad política del Ayuntamiento y la dificultad para construir mayorías estables en un mandato marcado por la aritmética y por un contexto autonómico cada vez más determinante. A pocas semanas de las elecciones aragonesas del 8 de febrero, el consistorio oscense encara el próximo ejercicio con las cuentas de 65,5 millones de euros aprobadas, pero también con un clima de tensión política que condiciona las perspectivas de gobierno en el año previo a unas nuevas elecciones municipales.

El equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Lorena Orduna, ha logrado sacar adelante el presupuesto gracias de nuevo al apoyo del concejal no adscrito Antonio Laborda, exintegrante de Vox. Su voto ha sido decisivo en la comisión de Hacienda y apunta a serlo también en el pleno del próximo 7 de enero, repitiendo así el esquema que ya permitió aprobar las cuentas de 2025. PSOE y Vox votaron en contra, consolidando un escenario en el que el PP gobierna en minoría y depende de un solo edil para sostener las principales decisiones económicas del mandato.

Desde el equipo de gobierno se defiende que el presupuesto para 2026 “garantiza la estabilidad financiera del Ayuntamiento y permite desarrollar las líneas estratégicas anunciadas desde el inicio de la legislatura”. Entre ellas, destacan el mantenimiento del gasto en servicios públicos, inversiones urbanas y la eliminación de la plusvalía municipal, una medida fiscal que el PP presenta como un alivio para las familias y que ha sido subrayada como uno de los ejes del próximo ejercicio. El discurso del gobierno municipal insiste en que Huesca necesita certidumbre y que la aprobación de las cuentas evita una prórroga presupuestaria que limitaría la acción municipal.

Sin embargo, la oposición cuestiona tanto el contenido del presupuesto como el método empleado para aprobarlo. El PSOE ha criticado la falta de diálogo real durante la negociación y sostiene que el equipo de gobierno no ha incorporado propuestas de calado planteadas por los socialistas, más allá de ajustes menores. Los concejales del grupo municipal socialista denuncian que el PP gobierna “de espaldas” a la oposición y que la aprobación de las cuentas responde más a una estrategia de supervivencia política que a un proyecto compartido de ciudad.

Vox, por su parte, ha endurecido su discurso contra el gobierno municipal tras la salida de Antonio Laborda de su grupo. La formación considera que el PP ha optado por una vía “cómoda” al apoyarse en un concejal tránsfuga en lugar de negociar un acuerdo político estable. Desde Vox se insiste en que el presupuesto no refleja sus prioridades y se acusa al equipo de gobierno de falta de rumbo y de utilizar a Laborda como sostén puntual para evitar concesiones programáticas.

La figura del concejal no adscrito se ha convertido así en el eje de la gobernabilidad municipal. Antonio Laborda justifica su apoyo en la necesidad de evitar bloqueos y garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento, un argumento que el PP hace suyo cuando se le reprocha la dependencia de un solo voto. Para la oposición, en cambio, esta situación evidencia una debilidad estructural: cualquier desacuerdo o cambio de posición del edil puede comprometer decisiones clave, desde modificaciones presupuestarias hasta proyectos estratégicos.

Este equilibrio inestable se produce, además, en un momento de máxima tensión política en Aragón. El adelanto electoral tras el bloqueo presupuestario en las Cortes ha trasladado la confrontación autonómica al ámbito local. En Huesca, como en otros municipios, las posiciones se han endurecido y cada votación relevante se interpreta también en clave de campaña. El PP busca proyectar una imagen de gestión y estabilidad frente al PSOE, que se presenta como alternativa de gobierno tanto en Aragón como en la capital oscense, mientras Vox trata de marcar perfil propio tras su ruptura interna en el Ayuntamiento.

Las elecciones del 8 de febrero añaden incertidumbre a las perspectivas de 2026. Un cambio en el Gobierno de Aragón podría alterar las relaciones institucionales y la llegada de inversiones, mientras que una continuidad del actual escenario mantendría la tensión entre bloques. En este contexto, el Ayuntamiento de Huesca aparece como una administración que funciona, pero con márgenes políticos muy estrechos y sin una mayoría clara que permita planificar a medio plazo con comodidad.

A nivel local, los presupuestos aprobados permiten afrontar el próximo ejercicio sin sobresaltos inmediatos, pero no despejan las dudas sobre la capacidad del gobierno municipal para impulsar proyectos de mayor alcance o afrontar debates de fondo, como el modelo de ciudad, la política de vivienda o el desarrollo económico. La oposición seguirá ejerciendo presión desde el pleno, consciente de que cualquier fisura en el apoyo de Laborda puede abrir una crisis política.

Así, Huesca entra en 2026 con las cuentas en orden, pero con un Ayuntamiento condicionado por una mayoría frágil y por un clima político marcado por la confrontación autonómica. La estabilidad presupuestaria contrasta con la inestabilidad política, en un equilibrio que dependerá tanto de los resultados del 8F como de la capacidad -hasta ahora limitada- de los grupos municipales para superar el bloqueo y construir acuerdos más amplios.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado hoy los presupuestos municipales de 2025: 1.121 millones de euros, con un crecimiento del 6,29% respecto al ejercicio anterior. Se trata de un presupuesto que, según Chueca, consolida un “proyecto de transformación de la ciudad”. Sin embargo, su aprobación es complicada después de que Vox anunciase el pasado viernes su falta de voluntad de acuerdo. PSOE y ZeC han criticado el proyecto planteado por el PP “a espaldas del resto de grupos”.

“Zaragoza no se detiene, no nos vamos a conformar con un presupuesto prorrogado, los sacaremos adelante”, ha subrayado Chueca, advirtiendo que existen mecanismos para garantizar la gobernabilidad en caso de bloqueos. “Iniciamos un camino interesante para explicar a los ciudadanos que aquellos que quieren bloquear este presupuesto ponen por delante intereses partidistas y no el interés de los zaragozanos”, ha añadido.

“Lo más importante es que este presupuesto sigue creciendo y nos permite abarcar las prioridades de los vecinos, lo hacemos sin subir los impuestos”, ha afirmado Chueca. La alcaldesa ha destacado que se trata de un presupuesto “récord” y ha nombrado proyectos en todos los barrios de Zaragoza, desde la rehabilitación de Giesa hasta la renaturalización de parques y patios escolares, pasando por proyectos en Arcosur, Casetas o San José.

Blanca Solans, consejera de Hacienda, ha subrayado que se trata del “mejor documento de planificación económica”, con plena autonomía financiera y transparencia, que fija ingresos y gastos en un marco temporal y “prioriza políticas sociales y de desarrollo urbano”. Entre las prioridades, desde el PP destacan “vivienda, seguridad y servicios públicos”. La inversión en zonas verdes y medioambiente alcanza los 38 millones, mientras que el transporte público contará con 74,4 millones para nuevas rutas, mejoras de frecuencia y bonificaciones.

El presupuesto también reduce gastos financieros y contempla una amortización de deuda superior a la financiación prevista. Chueca ha insistido en que el gobierno municipal pretende garantizar la ejecución real de las partidas, no solo aprobar el documento: “El presupuesto es el primer paso, pero sin ejecución es un papel que no se cumple”.

Pese a estas cifras, la oposición ha cuestionado tanto el proceso como el contenido. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha criticado que la negociación del presupuesto se ha centrado únicamente con Vox y “a espaldas” del resto de grupos: “En la ciudad de Zaragoza no manda Julio Calvo, manda Santiago Abascal”, ha asegurado, denunciando un tacticismo político que bloquea la aprobación de cuentas.

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha cuestionado la ejecución real del presupuesto: “Estos presupuestos anuncian más de lo que se ejecuta. Hay más de tres millones de euros sin ejecutar en ayudas de urgencia. Incremento de la pobreza y partidas sociales que no se refuerzan ni amplían pese al aumento del gasto”.

La alcaldesa ha confirmado que el presupuesto se tramitará en la Comisión de Hacienda y se prevé su aprobación en pleno el 26 de febrero. Chueca ha advertido que, en caso de bloqueos, existen mecanismos para garantizar la gobernabilidad de la ciudad. Sobre Vox, ha señalado que aún no ha hablado con sus concejales, que “están de vacaciones”, pero que confía en que evolucionen las circunstancias tras las elecciones del 8 de febrero.

Ha confiado en que las cuentas salgan adelante, ya que hay dos meses por delante y si Vox lo bloquea “será porque pone por delante intereses partidistas y no la responsabilidad y compromiso con los zaragozanos”. “Zaragoza no se detiene”, ha remachado. A su parecer, Vox “tiene que hacer un reflexión y explicar las circunstancias que impiden estar en la presentación de un presupuesto que ha pactado”. Ha confiado en que “evolucionarán”, pero “no tengo una varita mágica para saber el resultado del 8F.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha criticado la negativa de Vox a respaldar los presupuestos municipales de 2026, señalando que la formación de extrema derecha comparte responsabilidad con el PP en la situación económica del Ayuntamiento.

“No estamos ante un problema de gasto, sino de ingresos”, ha explicadoTomás, recordando que “ya el año pasado el propio personal municipal advirtió de que el presupuesto estaba mal elaborado y que faltaban varios millones de euros”.

Tomás ha denunciado además que “Vox y PP apoyaron destinar 13 millones de euros del remanente de 2024 a pagar a los bancos, en lugar de invertirlos en proyectos financieramente sostenibles”. Sobre la Zona de Bajas Emisiones, ha señalado que “era un requisito imprescindible de la Agenda 2030 para acceder a fondos europeos. Cuestionarla ahora demuestra un profundo desconocimiento de cómo funcionan esos recursos”.

La portavoz ha cuestionado la coherencia de Vox respecto a los recortes: “Cuando hablan de que se dispara el capítulo 1, ¿están proponiendo bajar el sueldo a bomberos o policías? ¿Plantean no pagar servicios públicos esenciales o a las empresas que los prestan? Queremos saber qué recortes concretos proponen, porque las subidas de tasas e impuestos han sido aprobadas conjuntamente por el PP y Vox”.

Tras el anuncio de Vox de no apoyar los presupuestos municipales de 2026, el PSOE ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno local para garantizar que las cuentas avancen y atiendan las necesidades de los vecinos. Lola Ranera, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, ha asegurado que su partido seguirá ofreciendo soluciones prácticas: “Vamos a tender la mano al Ayuntamiento de Zaragoza, a Natalia Chueca, estamos pensando en los ciudadanos y ciudadanas, y garantizamos que el presupuesto es el mejor para resolver los problemas de los vecinos”.

Ranera destacó que el PSOE plantea trabajar en áreas concretas, como la ampliación de la línea 1 del tranvía, la planificación de la segunda línea, mejoras en la frecuencia del autobús, la regeneración de parques y barrios, y la promoción de vivienda pública en suelos municipales. “Tendemos la mano al PP y a Natalia Chueca y le solicitamos esa reunión urgente; no nos vamos a cansar”, señaló.

Desde el ámbito autonómico, Pilar Alegría también ha respaldado la propuesta del PSOE: “Espero que no lo rechace, como ya hizo Azcón a nuestra mano tendida”. Alegría ha destacado que las elecciones del 8 de febrero representan una oportunidad para “dar la vuelta a la falta de gestión y de escucha a los ciudadanos” y subrayado la necesidad de una presidencia que deje atrás la confrontación y busque soluciones para la ciudadanía.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cargado duramente contra Vox tras el anuncio de que no garantizará su apoyo a los presupuestos municipales de 2026, y ha asegurado que la formación de extrema derecha rompe un acuerdo que estaba cerrado desde hace meses “por decisiones tomadas fuera de Zaragoza, por intereses partidistas”. Según ha defendido, el proyecto que el Ayuntamiento va a tramitar es el mismo que se había negociado con Vox y que incorporaba sus principales exigencias.

“Es el presupuesto que habíamos negociado con Vox. Lo hemos compartido desde principios de octubre y ellos nos pidieron seguir con la misma dinámica que los dos años anteriores”, ha explicado Chueca. La alcaldesa ha detallado que el documento se encuentra en tramitación administrativa desde hace semanas y que es Intervención quien debe culminar ahora los informes preceptivos.

Chueca ha vinculado directamente el cambio de posición de Vox a la convocatoria de elecciones autonómicas y a instrucciones de la dirección nacional del partido. “Han llegado las elecciones y desde Madrid les han dicho que no pueden apoyar el presupuesto negociado. Lo que antes les parecía bien ahora les parece mal”, ha afirmado, mostrando su “sorpresa” por una decisión que, ha insistido, afecta a unas cuentas que Vox “conoce desde hace dos meses, ha negociado y en las que ha hecho aportaciones”.

En este sentido, ha acusado a los cuatro concejales de Vox de intentar “repartir culpas” y de criticar públicamente un proyecto que, según ha recalcado, estaban dispuestos a presentar conjuntamente. “Nunca es un presupuesto perfecto, hay limitaciones y condicionantes, pero ahora salen a atacar el mismo presupuesto que estaban encantados de defender”, ha reprochado.

La alcaldesa ha acusado a Vox de falta de lealtad institucional y de anteponer intereses partidistas a los de la ciudad. “Es un signo de que a Vox lo último que le importa es Zaragoza. Si realmente les interesara la ciudad, apoyarían las reformas, la mejora de los servicios públicos, la movilidad o los jardines”, ha dicho, subrayando que se trata de un presupuesto “continuista”, alineado con los proyectos iniciados en 2024.

Chueca ha garantizado que el Gobierno municipal seguirá adelante con la tramitación de las cuentas y ha asegurado que Zaragoza “no se va a parar”. “Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que la ciudad tenga unos buenos presupuestos y pueda seguir mejorando”, ha afirmado, marcando distancias con la estrategia de Vox. “A mí ni Feijóo ni Jorge Azcón me han dicho nunca que, porque haya elecciones, tenga que dejar de pensar en Zaragoza. Esa es la diferencia entre un partido responsable y otro que actúa con deslealtad”, ha añadido.

Frente a las críticas de Vox sobre la deuda, el gasto o la Zona de Bajas Emisiones, la alcaldesa ha hablado de “excusas” construidas a posteriori. “Son argumentos que se inventan ahora para no quedar tan mal ante la opinión pública”, ha asegurado, antes de pedir tranquilidad a los vecinos: “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para seguir avanzando”.

La alcaldesa ha recordado que el proceso presupuestario incluye un periodo de enmiendas y ha defendido que el PP ha actuado “con generosidad” al ofrecer seguir trabajando conjuntamente. “No es que no hayan querido, es que no les han dejado”, ha insistido. En ese contexto, ha advertido de las consecuencias políticas si Vox vota junto a la izquierda. “Si votan con PSOE y ZeC, habrá una moción de confianza y habrá que buscar otro alcalde. Que lo ejecuten y los zaragozanos tomarán buena nota”, ha señalado.

Finalmente, Chueca ha acusado a Vox de “salir al rescate de la izquierda” y de beneficiar al PSOE y a Zaragoza en Común con su decisión. “Ha llegado el flotador de Vox al rescate del grupo municipal socialista”, ha concluido, reiterando que el Ayuntamiento tramitará el presupuesto negociado y que será Vox quien deba decidir si enmienda, se abstiene o vota en contra.

Vox no garantizará su apoyo a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026 y abre así un escenario inédito en la legislatura de Natalia Chueca, que podría verse obligada a prorrogar las cuentas actuales o a someterse a una moción de confianza. El portavoz del grupo municipal, Julio Calvo, ha confirmado que la formación mantiene abierta la posibilidad de abstenerse o votar en contra del proyecto que presente el PP, una decisión que, ha subrayado, se adopta tras “mucho debate interno” y responde a un cambio de estrategia política a nivel nacional.

“Se abre un periodo nuevo en el que va a haber que abordar cambios estructurales muy importantes que no se han acometido y una vuelta de tuerca en la política de presión que ha estado llevando nuestro partido en este Ayuntamiento”, ha afirmado Calvo. Según Vox, la decisión está vinculada tanto al contexto nacional —con una legislatura estatal “prácticamente agotada”— como al fin de los fondos europeos previsto para mediados de 2026, un escenario que, advierten, deja a las administraciones “sin haber hecho los deberes”.

El portavoz ha cargado contra lo que considera un modelo municipal “sobredimensionado”, con un entramado de sociedades y patronatos que, a su juicio, son “un reducto de opacidad”, y ha criticado la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, cuando en otras ciudades como Sevilla o Valencia no ha entrado en vigor. También ha denunciado retrasos históricos, como el desalojo de la cárcel de Torrero, y la ejecución de obras “innecesarias” mientras se deterioran equipamientos e infraestructuras municipales.

“Entendemos que se está priorizando el corte de cintas inaugurales antes que las necesidades de los vecinos”, ha resumido Calvo, quien ha insistido en la falta de voluntad política para eliminar competencias solapadas dentro del propio Ayuntamiento y con otras administraciones, especialmente el Gobierno de Aragón. “Si hubiera más inteligencia en la organización administrativa, se podrían prestar los mismos servicios de forma más eficiente y sin perder calidad”, ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado la concejal de Vox Eva Torres, que ha puesto el foco en el incremento del gasto del anteproyecto de presupuestos. Según ha explicado, las cuentas parten de un aumento de 50 millones de euros en gastos de personal y corrientes en bienes y servicios, que ya suponen más del 50% del presupuesto municipal. “Tenemos un Ayuntamiento sobredimensionado que no hace más que consumir los recursos de los zaragozanos”, ha afirmado.

Torres ha alertado también del impacto del presupuesto en el endeudamiento municipal. “Zaragoza es la ciudad más endeudada de España, con 523 millones de euros en el primer trimestre, frente a los 143 millones de una ciudad similar como Sevilla”, ha señalado. Aunque ha reconocido que la deuda se ha reducido en los últimos años, ha advertido de que el incremento del gasto obligará al Gobierno municipal a recurrir a más financiación externa. “El Ayuntamiento pidió 30 millones el año pasado y este año serán 55, lo que impide seguir reduciendo deuda”, ha subrayado.

La edil ha apuntado además a las incertidumbres sobre los ingresos previstos por la venta de suelos municipales, como los de Vía Hispanidad, y al elevado coste de los grandes proyectos de ciudad, entre ellos la recuperación del Huerva, la Ciudad del Cine y, especialmente, el nuevo campo de fútbol de La Romareda. “Somos tres socios y todos tenemos que cumplir el calendario; hay mucha incertidumbre y no estamos exentos de que se necesite más presupuesto”, ha advertido.

Calvo ha confirmado que la alcaldesa conocía ya la posición de Vox desde el último pleno y ha recordado que Chueca dispone de tres alternativas: prorrogar los presupuestos de 2025, presentarlos o someterse a una moción de confianza vinculada a las cuentas. “Presupuestos habrá”, ha asegurado, aunque ha condicionado cualquier apoyo a que se incorporen las exigencias de su grupo, entre ellas una reestructuración del Ayuntamiento, la eliminación de competencias redundantes y la paralización de la Zona de Bajas Emisiones.

“No se puede gestionar un Ayuntamiento como si fuera un centro comercial anunciando novedades para entretener”, ha concluido el portavoz, que ha confirmado que Vox ha consultado su decisión con la dirección nacional del partido y ha recibido su respaldo.

PP y Vox han aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid para 2026, incluida la plantilla de personal, sin ninguna de las 20 enmiendas parciales de Valladolid Toma La Palabra ni la enmienda a la totalidad del PSOE, ambos en la oposición. El presupuesto municipal, de 445 millones de euros, se ha aprobado con el apoyo de los 14 concejales de PP y Vox y los 13 en contra de la oposición.

El momento más tenso se ha vivido cuando el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), ha tenido incluso que pedir calma a su teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), que ha acusado a la socialista Charo Chávez de haber “acosado” a la Escuela Municipal de Música durante su etapa en Sí Se Puede Valladolid en 2015, por lo que se ha enfadado Charo Chávez. La entonces concejala por esta formación (inicialmente apoyada por Podemos) criticó junto a su grupo la gestión de la Escuela Municipal de Música en un momento en que la Justicia tenía abierto un proceso porque Fiscalía vio indicios de tres delitos por parte del Ayuntamiento relacionados con tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios. En 2016, el Juzgado archivó la causa que había contra la ex concejal del PP Domi Fernández por la adjudicación de la explotación de la Escuela de Música a una empresa dirigida por afiliados del PP.

Este martes, todavía en el uso de la palabra, Carvajal ha elevado el tono y ha pedido “respeto”. También ha invitado a los medios a consultar la hemeroteca “cuando esta señora tan fina y elegante lanzaba sus perlas contra la gestión de la Escuela Municipal de Música”, en referencia a Charo Chávez. El alcalde ha retirado el uso de la palabra a Carvajal y ha pedido que el debate sea “responsable, educada y respetuosa”. “Déjalo ya”, ha pedido Carnero a Carvajal. La socialista ha pedido perdón por perder la compostura aunque ha criticado que se la llame “acosadora”, algo que ella no ha hecho. Pese a la petición del alcalde, Carvajal se ha negado a retirar sus palabras. “Alcalde, no las voy a retirar porque hay una hemeroteca pertinaz que dice lo que dice”.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco (PP), ha defendido que estos presupuestos suponen, de facto, una bajada de impuestos mientras se garantizan los servicios públicos, lo que a su juicio avala el creciente saldo demográfico, el empleo o el turismo.

Carvajal también ha defendido la labor de la coalición de gobierno al alcanzar la estabilidad presupuestaria y acabar con el déficit en las arcas municipales de la etapa anterior —PSOE y Valladolid Toma La Palabra, liderado por IU— y ha valorado la bajada de impuestos cercana a los 1,5 millones.

En un principio, ningún miembro del equipo de gobierno ha hecho referencia a la Mesa de Estudio para eliminar las sanciones por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, la única condición de Vox para aprobar estas cuentas. El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha criticado “el paripé” de la mesa para la eliminación de multas de ZE cuando está previsto que se recauden 57 millones sólo en sanciones. También ha criticado que en las cuentas municipales no aparezca “ni un céntimo” de los proyectos propios de PP y Vox, especialmente el soterramiento de las vías del tren. “No cumplen con lo que presupuestan ni presupuestan lo que prometen”, ha reprobado Herrero.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha criticado que estas cuentas no responden a las necesidades urgentes de los vallisoletanos y ha advertido de que el modelo de ciudad de PP y Vox pasa por tener menos ingresos, que se arreglan gracias a los 10 millones de euros que aporta el Estado frente a las aportaciones de la Junta de Castilla y León“ y con una mayor presencia de empresas privadas que no piensan en el bienestar de la ciudadanía.

L'Ajuntament de Palma ha aprovat de forma definitiva els pressupostos municipals per al 2026 -que ascendeixen a 626 milions d'euros- amb els vots de PP i Vox. Per la seva banda, l'oposició -PSOE, Més per Palma i Unides Podem- han votat en contra dels comptes després de veure rebutjades totes les seves propostes, entre elles la creació d'un impost als habitatges buits, un complement municipal a l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) o una taxa als creueristes, cosa que, d'acord als càlculs de Més, suposaria un ingrés extra de 75 milions d'euros.

Des dels grups d'esquerra retreuen que els pressupostos beneficien les classes més adinerades, especialment amb les rebaixes fiscals contemplades en l'Impost de Béns Immobles (IBI) o l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). En aquest sentit, el PSIB-PSOE retreu que el text no presenta “cap mesura ambiciosa ni estructural” per fer front a l'emergència habitacional que travessa la ciutat, com podrien ser la limitació dels preus dels lloguers, la compra d'habitatges per a lloguer assequible o la mobilització d'habitatges buits.

Es dóna la circumstància, a més, que la capital balear concentra la major part d'habitatges en mans de grans tenidors, amb 8.652 immobles (un 4,85%), dels quals 2.621 pertanyen a propietaris amb més de cent cases cadascun, d'acord a la investigació duta a terme per elDiario.es amb dades inèdites del Cadastre.

Durant el ple extraordinari celebrat aquest dilluns, la regidora d'Hisenda, Mercedes Celeste, ha defensat els comptes com una aposta “realista, equilibrada i responsable” que consolida el projecte polític iniciat el 2024 i compleix amb l'acord programàtic signat amb Vox a l'inici de mandat. Tal com ha asseverat, els pressupostos continuen la senda de la rebaixa d'impostos -una de les senyes del pacte amb l'extrema dreta-, “alleugerint la càrrega sobre famílies, autònoms i empreses”, mentre, ha subratllat, “s'aposta per la millora de la qualitat dels serveis públics, amb el pressupost més gran en recursos humans de la història de l'Ajuntament, amb 215 milions d'euros”.

Les xifres

El govern municipal ha posat l'accent en inversions socials i laborals, entre les quals destaca l'augment d'un 30% en l'atenció integral a dones víctimes de violència de gènere i de més d'un 60% per a la seva acollida, així com el compromís de realitzar una valoració dels llocs de treball del Consistori per millorar condicions laborals. Entre les partides figura també la gratuïtat del transport públic per tercer any consecutiu, la incorporació de 50 policies i 12 bombers i diverses actuacions en infraestructures i cultura -des del programa 'Palma a Punt' a l'aspiració de Capital Europea de la Cultura 2031-.

Per la seva banda, Vox no ha ocultat que el seu suport respon al fet que l'equip de govern ha incorporat propostes del partit per reforçar la seguretat, les infraestructures i el pressupost de barris. El seu portaveu, Fulgencio Coll, ha emfatitzat que es tracta d'uns comptes “equilibrats” i “lleugerament superiors” als de l'any anterior, en línia amb les prioritats compartides per tots dos socis de legislatura.

L'oposició, tanmateix, denuncia que els pressupostos reflecteixen “les prioritats” de PP i Vox, en paraules de la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz. “Palma viu la major crisi d'habitatge de la seva història recent”, ha lamentat, malgrat que els comptes “no dediquen els recursos necessaris per afrontar aquesta emergència”. Un dels punts centrals de la seva crítica és la renúncia de l'Ajuntament a aplicar mesures fiscals progressives.

Entre les esmenes rebutjades per populars i extrema dreta figurava l'impuls d'un impost als habitatges buits, taxes específiques per a creueristes, o fórmules per complementar l'ITS. Tampoc han prosperat les propostes dirigides a reforçar política d'habitatge públic, un dels assumptes que l'oposició considera més urgents.

Pressupostos “per a dues famílies concretes: la turística i la immobiliària”

Des de Més per Palma, Neus Truyol ha carregat contra el que considera un pressupost orientat “a dues famílies concretes: la turística i la immobiliària”. La formació ecosobiranista sosté que les polítiques fiscals del PP faciliten la construcció d'habitatges més cars i legalitzacions en sòl rústic, mentre “s'abareten impostos al negoci immobiliari” i es promou -encara més- la massificació turística. La portaveu ha recalcat que les rebaixes fiscals no beneficiaran les famílies treballadores, sinó als sectors “que ja guanyen amb el turisme i la construcció”.

“Als que fan negoci turístic, el PP els ha donat la papereta guanyadora de més promoció turística, més massificació, més creuers, més rutes internacionals, més i més turisme que genera malestar, massificació i increment de preus per a les famílies treballadores”, ha incidit Truyol, qui ha recalcat que, a més, “hi ha un hoteler al qual li ha tocat 'El Gordo', unes vistes al mar, amb la tala dels bellaombres de Dalt Murada”. “I als que fan negoci amb l'habitatge, el PP els deixa construir habitatges més cars, legalitzar xalets en sòl rústic i els fa descomptes d'impostos”, ha lamentat.

Així mateix, els grups d'esquerres lamenten que no es destinin recursos significatius a polítiques d'igualtat, diversitat o memòria democràtica, ni per blindar serveis socials més enllà de les partides anunciades. També denuncien que, malgrat les gairebé 200 esmenes presentades, no s'hagi acceptat ni una sola. En aquest sentit, el portaveu socialista, Xisco Ducrós, ha acusat l'equip de govern “d'imposar” el pressupost “sense diàleg” i “sense consens”.

El pressupost del 2026 torna a mostrar així la sintonia entre PP i Vox a Cort, tant en el seu contingut com en la forma d'aprovació. Des de l'equip de govern s'insisteix que són uns comptes que garanteixen “estabilitat econòmica” i “mirada de futur” per a la ciutat. L'oposició replica, tanmateix, que el futur al qual miren beneficia el turisme, la construcció i els interessos privats, no a la ciutadania treballadora.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma definitiva los presupuestos municipales para 2026 -que ascienden a 626 millones de euros- con los votos de PP y Vox. Por su parte, la oposición -PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos- han votado en contra de las cuentas tras ver rechazadas todas sus propuestas, entre ellas la creación de un impuesto a las viviendas vacías, un complemento municipal al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o una tasa a los cruceristas, lo que, de acuerdo a los cálculos de Més, supondría un ingreso extra de 75 millones de euros.

Desde los grupos de izquierda recriminan que los presupuestos benefician a las clases más adineradas, especialmente con las rebajas fiscales contempladas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En este sentido, el PSIB-PSOE recrimina que el texto no presenta “ninguna medida ambiciosa ni estructural” para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad, como podrían ser la limitación de los precios de los alquileres, la compra de viviendas para alquiler asequible o la movilización de viviendas vacías.

Se da la circunstancia, además, de que la capital balear concentra la mayor parte de viviendas en manos de grandes tenedores, con 8.652 inmuebles (un 4,85%), de los cuales 2.621 pertenecen a propietarios con más de cien casas cada uno, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro.

Durante el pleno extraordinario celebrado este lunes, la regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, ha defendido las cuentas como una apuesta “realista, equilibrada y responsable” que consolida el proyecto político iniciado en 2024 y cumple con el acuerdo programático firmado con Vox al inicio de mandato. Tal como ha aseverado, los presupuestos continúan la senda de la rebaja de impuestos -una de las señas del pacto con la extrema derecha-, “aligerando la carga sobre familias, autónomos y empresas”, mientras, ha subrayado, “se apuesta por la mejora de la calidad de los servicios públicos, con el presupuesto más grande en recursos humanos de la historia del Ayuntamiento, con 215 millones de euros”.

Las cifras

El gobierno municipal ha puesto el acento en inversiones sociales y laborales, entre las que destaca el aumento de un 30% en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y de más de un 60% para su acogida, así como el compromiso de realizar una valoración de los puestos de trabajo del consistorio para mejorar condiciones laborales. Entre las partidas figura también la gratuidad del transporte público por tercer año consecutivo, la incorporación de 50 policías y 12 bomberos y diversas actuaciones en infraestructuras y cultura -desde el programa 'Palma a Punt' a la aspiración de Capital Europea de la Cultura 2031-.

Por su parte, Vox no ha ocultado que su apoyo responde a que el equipo de gobierno ha incorporado propuestas del partido para reforzar la seguridad, las infraestructuras y el presupuesto de barrios. Su portavoz, Fulgencio Coll, ha enfatizado que se trata de unas cuentas “equilibradas” y “ligeramente superiores” a las del año anterior, en línea con las prioridades compartidas por ambos socios de legislatura.

La oposición, sin embargo, denuncia que los presupuestos reflejan “las prioridades” de PP y Vox, en palabras de la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz. “Palma vive la mayor crisis de vivienda de su historia reciente”, ha lamentado, a pesar de lo cual las cuentas “no dedican los recursos necesarios para afrontar esta emergencia”. Uno de los puntos centrales de su crítica es la renuncia del Ayuntamiento a aplicar medidas fiscales progresivas.

Entre las enmiendas rechazadas por populares y extrema derecha figuraba el impulso de un impuesto a las viviendas vacías, tasas específicas para cruceristas, o fórmulas para complementar el ITS. Tampoco han prosperado las propuestas dirigidas a reforzar política de vivienda pública, uno de los asuntos que la oposición considera más urgentes.

Presupuestos “para dos familias concretas: la turística y la inmobiliaria”

Desde Més per Palma, Neus Truyol ha cargado contra lo que considera un presupuesto orientado “a dos familias concretas: la turística y la inmobiliaria”. La formación ecosoberanista sostiene que las políticas fiscales del PP facilitan la construcción de viviendas más caras y legalizaciones en suelo rústico, mientras se “abaratan impuestos al negocio inmobiliario” y se promueve -aún más- la masificación turística. La portavoz ha recalcado que las rebajas fiscales no beneficiarán a las familias trabajadoras, sino a los sectores “que ya ganan con el turismo y el ladrillo”.

“A los que hacen negocio turístico, el PP les ha dado la papeleta ganadora de más promoción turística, más masificación, más cruceros, más rutas internacionales, más y más turismo que genera malestar, masificación e incremento de precios para las familias trabajadoras”, ha incidido Truyol, quien ha recalcado que, además, “hay un hotelero al que le ha tocado 'El Gordo', unas vistas al mar, con la tala de los bellasombra de Dalt Murada”. “Y a los que hacen negocio con la vivienda, el PP les deja construir viviendas más caras, legalizar chalés en suelo rústico y les hace descuentos de impuestos”, ha lamentado.

Asimismo, los grupos de izquierdas lamentan que no se destinen recursos significativos a políticas de igualdad, diversidad o memoria democrática, ni para blindar servicios sociales más allá de las partidas anunciadas. También denuncian que, pese a las casi 200 enmiendas presentadas, no se haya aceptado ni una sola. En este sentido, el portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha acusado al equipo de gobierno de “imponer” el presupuesto “sin diálogo” y “sin consenso”.

El presupuesto de 2026 vuelve a mostrar así la sintonía entre PP y Vox en Cort, tanto en su contenido como en la forma de aprobación. Desde el equipo de gobierno se insiste en que son unas cuentas que garantizan “estabilidad económica” y “mirada de futuro” para la ciudad. La oposición replica, sin embargo, que el futuro al que miran beneficia al turismo, a la construcción y a los intereses privados, no a la ciudadanía trabajadora.

El PP llevará a un pleno extraordinario el 29 de diciembre la propuesta de aprobación inicial del presupuesto para 2026, pese al dictamen negativo de la comisión de Hacienda, donde PSOE y Vox han votado este lunes en contra de la propuesta de las cuentas municipales.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha afirmado este lunes en una rueda de prensa que todavía confía en una negociación de última hora para conseguir, al menos, el apoyo de uno de los grupos de la oposición, ya que su formación se encuentra en minoría.

En todo caso, si persiste la negativa de ambos grupos de la oposición, será después del pleno cuando el equipo de gobierno decida si optan por la prórroga de las cuentas de este año o vinculan la aprobación del presupuesto de 2026 a una cuestión de confianza, como ya hicieron el año pasado con el de 2025.

“Negarse a aprobar el presupuesto no es un bloqueo al PP sino al desarrollo de la ciudad”, ha advertido Manzanedo, que ha insistido en que están dispuestos a negociar para incluir alguna propuesta de la oposición, pero no a restar ninguna de las que ya figuran en el borrador de presupuesto elaborado por el PP.

El edil ha acusado a ambos grupos de la oposición de hacer “puro teatro”, al anunciar desde el principio su voto negativo a las cuentas con la argumentación de rechazar dos partidas: la destinada a iniciar el proyecto para un túnel bajo la calle Santander y la instalación de un ambigú en el Paseo de la Isla.

En su opinión, no es razonable que el rechazo a ambos proyectos lleve a votar en contra en un presupuesto de 269 millones de euros de los que 34,7 se dirigen a inversiones reales.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), tiene prácticamente encarrilado el presupuesto para 2026, que va a salir adelante gracias –de nuevo– a un pacto con Vox, la misma vía con la que validó las cuentas de este año. Mientras se culmina la negociación, el gobierno local del PP ha dado este lunes un paso más en esta dirección aceptando 16 de las 18 enmiendas de la formación de ultraderecha, el 90%, lo que conlleva nuevos recortes en partidas del Servicio de la Mujer, en planes de igualdad y en cooperación al desarrollo.

Entre las propuestas de Vox que los populares han apoyado tras introducir transacciones están más ayudas a la maternidad, crear en el cementerio un lugar para niños no nacidos, potenciar a los artesanos sacros jóvenes y aumentar las actividades asociadas a los días de la Inmaculada y San Fernando, el patrón de la ciudad. A ello se une el afianzamiento de la Oficina Antiaborto (que gestiona directamente el partido de Santiago Abascal) y la creación de hasta tres nuevos museos: de la Semana Santa, del flamenco y de la historia de Sevilla.

Las cuentas se validarán definitivamente el próximo viernes, día 19, una fecha que tiene su significado político porque justo un día antes se aprobará el presupuesto del Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno (PP), al que precisamente Vox ha presentado una enmienda a la totalidad. Y ese mismo viernes es el cierre de la campaña para las elecciones extremeñas, una coincidencia que inicialmente generó sus dudas en el partido ultraconservador.

Sintonía prácticamente en todo

El propio José Luis Sanz ha tildado de “buena noticia” el entendimiento PP-Vox, a la vez que ha confirmado que se sigue trabajando para un acuerdo presupuestario. Y pese a los bocados que se le pegan a cuestiones tan sensibles, insiste en que las cuentas que se están apuntalando con la ultraderecha “se centran en los problemas de la ciudad y se alejan de los temas ideológicos que nos pueden separar”.

La Comisión de Hacienda en la que han salido adelante las enmiendas de Vox se convocó por vía de urgencia al cierre del pasado viernes para celebrarse a primera hora de este lunes, unas prisas que la oposición de izquierdas ha criticado por dificultar el análisis de los acuerdos entre PP y Vox. El portavoz municipal y también delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), se ha limitado a alegar que han actuado “dentro de lo que permite la norma”.

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, no ha llegado a intervenir en la comisión, limitándose a aceptar las 15 transaccionales del PP a sus propuestas y a votar junto a los populares en contra de las 12 enmiendas presentadas por el PSOE. Y en una muestra más de la buena sintonía que desembocará en una nueva alianza presupuestaria, también ha respaldado las cuatro iniciativas con las que el PP corregía sus propias cuentas.

Consolidación de chiringuitos

Con sus aportaciones, el PP lo que ha conseguido es suavizar algunas de las enmiendas de Vox, que pretendía financiarlas tocando también partidas previstas para la lucha contra el sida o de convenios con asociaciones Lgtbi y los sindicatos CCOO y UGT. Los populares han apoyado las medidas pero restando de otros capítulos, aunque abundando en adelgazar el Servicio de la Mujer y la cooperación al desarrollo. Las dos únicas cuestiones en las que no ha respaldado a la formación de ultraderecha están relacionadas con parques empresariales y mercados de abastos.

Desde las filas de PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha ironizado con que se ve “la tendencia” del gobierno de José Luis Sanz, y que al final todo se reduce a que “es una cuestión de modelo” de ciudad. De paso, ha recordado que lleva años oyendo a Vox cargar contra lo que consideraba chiringuitos en la etapa socialista “y hoy han consolidado los chiringuitos de Vox”, en relación con una Oficina Antiaborto que se consolida como ejemplo de potenciar “cosas superfluas quitando de cuestiones importantes”.

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha lamentado “el entreguismo” del gobierno municipal del PP, con un entendimiento “que supone asumir de facto la agenda ideológica de la extrema derecha en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Sevilla”. En este sentido, considera que se ha dado “un paso muy peligroso”, subrayando que “no estamos ante una negociación técnica ni presupuestaria, sino ante una cesión política clara que tiene consecuencias directas sobre los derechos de la ciudadanía”.

El gobierno local presidido por José Luis Sanz (PP) ha presentado el proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense para 2026, que asciende a 1.094 millones de euros –1.370 millones recogen las cuentas consolidadas, que incluyen organismos dependientes del Consistorio–. Un año más, las cuentas vuelven a ser las más elevadas de la historia, ya que crecen un 3,4% con respecto a las del ejercicio en curso, que se quedaron en 1.058 millones, con un consolidado de 1.365 millones.

“Potenciación de los servicios públicos y los derechos sociales, disminución de la presión fiscal e impulso de la actividad empresarial, industrial y comercial”. Estas son las principales líneas del presupuesto según el portavoz del gobierno local, Juan Bueno (PP), que ha insistido en que se trata de unas cuentas “absolutamente realistas y equilibradas”, ha añadido.

Al carecer de mayoría absoluta, el PP necesita ahora trabajarse al menos la abstención de uno de los grupos de la oposición, y todas las miradas vuelven a estar puestas en Vox. Ambos partidos suscribieron entonces un pacto presupuestario que metió lleno los postulados de la ultraderecha en el Consistorio sevillano, ya que incluía recortes en igualdad e inmigración, subvenciones a una asociación provida y la apertura de una oficina antiaborto y otra antiocupas.

El camino de las cuentas para 2026 se ha iniciado con la entrega del borrador a los distintos grupos municipales, en la habitual ronda de negociaciones de las cuentas públicas con la oposición. Al respecto, el alcalde había citado a las tres formaciones este jueves –Podemos-IU, Vox y PSOE– para explicarles las “líneas básicas” del documento, con el que según Juan Bueno (también delegado de Hacienda) se mantiene la senda iniciada en ejercicios anteriores, con “un refuerzo de la prestación de las políticas relativas a servicios públicos básicos, que representa el 41,43% de todo el presupuesto municipal, lo que supone un incremento de 23 millones (+5,3%)”.

Crecen las inversiones

El anteproyecto de presupuesto destina a inversiones (capítulos 6 y 7) 54,9 millones de euros, de modo que se incrementan un 6,45% respecto a las del ejercicio anterior y un 17,87% si se considera el presupuesto del ejercicio 2023.

En lo que a la empresa pública de limpieza se refiere (Lipasam), la dotación será de 150 millones de euros, con un incremento del 7% en relación con 2025. A Policía Local se destina un 9,6% más, hasta superar los 97 millones de euros y con un incremento en 450.000 euros para vestuario de la plantilla y una subida de 1,9 millones anual para la adquisición de vehículos, sin olvidar “un centenar de nuevas plazas”.

Por lo que respecta a la empresa municipal de transportes (Tussam), el anteproyecto recoge una financiación total de 97.784.087 euros. El incremento es del 3,22% respecto del año anterior, y un 28,22% “si se consideran las cifras del último presupuesto elaborado por el PSOE”.

En Participación Ciudadana, Bueno ha destacado los más de 200.000 euros que se incrementa el Servicio REUR, de respuesta rápida en cuestiones relacionadas con desperfectos o daños en el mobiliario urbano, pavimento o instalaciones.

Protección y promoción social

“Otra de las prioridades que se recoge presupuestariamente es la relativa a las políticas de protección y promoción social, que absorben el 21% del presupuesto del Ayuntamiento”, ha asegurado Bueno, como los programas de servicios sociales –asistencia social y fomento del empleo–, que ascienden en 2026 a más de 137 millones de euros: un 10,15% más respecto a 2023. Asimismo, el proyecto contempla nuevas subvenciones y ayudas a los comercios afectados por obras con 200.000 euros más.

También se prevé un millón de euros más para rehabilitación de colegios, “lo que nos permitirá continuar con la renovación de los baños, algunos de ellos llevan 30 años sin cambiarse”. “Por ello, se continuará con el plan de choque puesto en marcha en centros escolares, con el contrato de mantenimiento de 2,5 millones al año frente a los 300.000 que destinaba el PSOE, o el contrato de desbroce de 900.000 euros, entre otros muchos”.

El ámbito de la cultura recibirá 49,34 millones de euros (+5,91%) respecto a 2024, último año de la Bienal, y las partidas para deporte suman más de 41 millones de euros, lo que supone un aumento su dotación respecto al ejercicio anterior de un 5,6%.

En cuanto al presupuesto de gastos, el capítulo 1, de personal, asciende a 367,46 millones de euros, un 4,47% más que en 2025, en el que se recogen 100 nuevas plazas de Policía Local, mientras que el capítulo 4 (transferencias corrientes) sigue siendo el de mayor importancia. En 2026 se incrementa su dotación en 15,6 millones de euros, “que se añaden al importantísimo aumento de 43,68 millones de 2025”.

La visión de PSOE y Vox

En el capítulo de activos financieros, se contemplan créditos para abordar dos ampliaciones de capital. La primera, por importe de 3,69 millones de euros, para la sociedad Estadio la Cartuja de Sevilla y la segunda destinada a Emvisesa por 2,98 millones de euros, “para continuar nuestro plan de choque de vivienda y seguir promoviendo construcción y alquiler de VPO”.

Para que estas cuentas salgan adelante, el potencial socio vuelve a ser Vox, cuya portavoz, Cristina Peláez, ha señalado que los presupuestos municipales para 2026 deben ser los del “despilfarro cero” y una “auténtica palanca” para la mejora de los servicios públicos de la ciudad. Lo primero es “estudiar con detenimiento” la propuesta, que espera que sea “la palanca que solucione los problemas en servicios públicos como la limpieza, la seguridad y la movilidad”. Junto a esto, ha remarcado que del presupuesto “debe desaparecer todo gasto superfluo, innecesario o ideológico”.

Por parte del principal grupo de la oposición, el PSOE, ha acudido a la reunión con el alcalde su portavoz adjunta, Sonia Gaya, que ha denunciado que en el pendrive que les ha entregado faltan 934 páginas de documentación. “No aparece ni la memoria, ni el anexo de inversiones, ni la plantilla, no hay cuadro de financiación, no hay bases de ejecución, ni tampoco están los presupuestos de los organismos autónomos ni las empresas municipales”, ha criticado, “la verdad es que ha sido una decepción”.

El Ayuntamiento de Caspe, gobernado en minoría por el PP, se arriesga a perder hasta siete millones de euros en subvenciones tras incumplir en 2024 las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria y no lograr desbloquear un Plan Económico Financiero (PEF). Los populares han propuesto sin negociar una subida generalizada de impuestos y tasas municipales, mientras que los cuatro grupos de la oposición se han unido para rechazar la propuesta por considerar que “castiga a los vecinos” y para denunciar “la nula voluntad de diálogo”.

Este volumen en ayudas equivale a un 50% de los casi 14 millones de euros que la localidad tuvo de presupuesto el año pasado. De los siete millones en riesgo, tres ya están concedidos y podrían perderse si el plan no sale adelante antes del 15 de septiembre, en apenas once días. Los otros cuatro millones corresponden a líneas de ayuda a las que Caspe no podrá optar sin contar con el PEF aprobado.

La propuesta del PP –que tiene solo seis de los 17 concejales de la corporación– incluye un aumento del 50% en los precios de la escuela infantil, la ludoteca, los juegos de verano y la escuela de música; y del 100% en la prestación de la ayuda a domicilio. También se encarecerá el uso de las piscinas municipales, que deberán cubrir el 80% del coste del servicio.

En cuanto a los tributos, el IBI pasaría del 0,5% al 0,65%, el impuesto sobre construcciones (ICIO) del 1,75% al 2,2%, y se aplicarían ligeros incrementos en el impuesto de vehículos. El equipo de gobierno argumenta que estas tasas “no se han actualizado en años” y que es necesario equipararlas al coste real de los servicios.

Rechazo frontal de la oposición

El PSOE, CHA, Somos Caspe y Vox acusan en un comunicado conjunto al PP de imponer un plan cerrado, sin negociación, y critican que el ajuste recaiga únicamente sobre los bolsillos de los ciudadanos. “Caspe podría perder hasta siete millones de euros por la irresponsabilidad del PP, que ha gastado en fiestas y propaganda mientras ahora pretende que paguen los vecinos”, señalan.

Este jueves, el portavoz del PSOE –principal grupo de la oposición con cinco ediles–, Abraham Martínez, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno del PP, con la alcaldesa Ana Jarque al frente. “Están en minoría pero actúan como si tuvieran mayoría absoluta. Incumplen sistemáticamente su mismo presupuesto, lo que nos aboca a un PEF. Pero deciden retrasarlo para poder gastar partidas como publicidad, propaganda o festejos, y ahora quieren recortar en cultura, educación o deportes. Eso, más una subida generalizada de impuestos planteada sin diálogo. No lo toleramos”, ha expresado el edil, quien ha apuntado directamente al presidente del Gobierno de Aragón: “Esta es la escuela municipal de Jorge Azcón: dirigir los ayuntamientos con autorismo y soberbia”.

El portavoz socialista, que ha revelado que justo esta mañana les han emplazado desde el equipo de gobierno a una reunión “urgente” esta tarde para negociar las medidas, ha valorado que “no es el momento” de plantear una moción de censura: “Tienen que ser ellos los que asuman las responsabilidades”.

“No falta dinero, sino gestión”

En su comunicado, los grupos de la oposición recuerdan que el Ayuntamiento tiene más de 13 millones de remanente y cero deuda, por lo que “no falta dinero, sino gestión”. Algunos, como CHA y Somos Caspe, han pedido la dimisión de la alcaldesa, Ana Jarque, y del concejal de Hacienda, José Miguel Albiac. Acusan al Consistorio de “irresponsabilidad”: “Si este plan se hubiera trabajado a tiempo y con todos los grupos en la mesa, habría opciones de ajustar otras partidas sin castigar a la ciudadanía. Pero hoy, esa oportunidad ya no existe”, exponen los cuatro grupos.

En el mismo texto, destacan que este asunto ha unido a cuatro partidos “tan diferentes como PSOE, Somos Caspe, CHA y Vox” y acusan al PP de actuar “como si tuviera mayoría absoluta”: “Su obsesión por imponer ha conseguido unir a toda la oposición en una temática tan importante como la financiera, 11 concejales frente a los 6 del PP, en defensa de Caspe y de sus vecinos”.

El PEF debería haberse aprobado en primavera, pero acumula ya tres meses de retraso. Si no se desbloquea la situación, el Ministerio de Hacienda podría intervenir con advertencias, medidas de control de gasto e incluso sanciones. El PP defiende que es un documento “plenamente justificado”, tal y como expuso el concejal de Hacienda en el pleno del 31 de julio de 2025.

Tras las informaciones aparecidas, el Gobierno municipal ha hecho público un comunicado en el que lanza un “mensaje de tranquilidad, claridad y responsabilidad institucional ante las críticas recibidas” y expone que el PEF es un “informe estrictamente técnico elaborado por el departamento de Intervención del Ayuntamiento, con plena independencia y profesionalidad”.

A su vez, la alcaldesa recuerda que Caspe dispone de “un remanente importante de 13 millones de euros” que “garantiza su solvencia y capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras”. “No hay deuda viva y se dispone de una buena tesorería”, sostienen los populares.

Lío con los toros en Calatayud. El Gobierno municipal del PP ha sacado adelante un decreto en el que detrae 65.000 euros de cinco partidas para destinar este dinero a la corrida de las fiestas de la Virgen de la Peña. Una cita que ahora el propio equipo de gobierno deja en el aire por falta de empresa adjudicataria. Para aumentar el desconcierto, la Agrupación de Profesionales Taurinos había remitido el domingo un apercibimiento al Ayuntamiento advirtiendo de una querella si la organización de esta corrida de toros acababa en manos de la firma Ignacio Ríos sin respetar los procedimientos legales.

Con el mencionado decreto, que fue notificado en la junta de portavoces celebrada este lunes, el Ayuntamiento de Calatayud transfiere 65.000 euros para ampliar el crédito destinado a la plaza de toros del Coso de Margarita, a pesar de no tener certezas de que la corrida programada para el próximo 6 de septiembre se vaya a realizar porque no cuentan con empresa adjudicataria. La Comisión de Hacienda aprobó el traslado de crédito varias partidas de las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo e Industria con el fin de garantizar la celebración del festejo taurino. Concretamente, se destinan a la plaza de toros 35.000 euros que antes estaban adjudicados a la asistencia técnica PGOU en edificios municipales; 12.000 estudios y trabajos técnicos en industria; 8.000 euros de estudios y trabajos técnicos en protección y mejora del medio ambiente; 5.000 euros para el Plan tratamiento medianeras de edificios demolidos en edificios municipales; y otros 5.000 euros adjudicados a cuotas varias en turismo. El Gobierno municipal justifica esta medida en que se trata de un evento “ineludible” por su peso cultural y social, y que no podía demorarse al próximo ejercicio.

La concesión inicial de los festejos taurinos recaía en la empresa Hermanos Colomer, que organizó los eventos de agosto. Sin embargo, la empresa renunció a realizar la corrida de septiembre. “Nos pedían seis toros y tres toreros, pero nosotros solo podíamos ofrecer algo más sencillo, una mixta o cambiar un torero por un novillero. El Ayuntamiento nos dijo que tenía otra empresa que lo podía hacer”, explican desde la compañía, que asegura haber llegado a un acuerdo “sin sanción”.

Según el Ayuntamiento, tras esta cancelación se determinó hacer una transferencia de crédito “preventiva” ante una situación “sobrevenida”: “Esa modificación se lleva a cabo porque tiene que hacerse para dotar de partidas a los gastos que tengas, en este caso si fuese necesario para la organización del festejo taurino”, exponen.

Sin embargo, por el momento no se conoce qué otra empresa podría hacerlo, ya que el proceso no ha salido a licitación. Fuentes del Consistorio consultadas por este diario explican que “se está trabajando para que Calatayud tenga festejos taurinos” y que están valorando las opciones, entre las que se incluye que sea el propio Ayuntamiento el que la organice.

Advertencia legal

Para aumentar la confusión, el domingo por la noche la Agrupación de Profesionales Taurinos remitió un escrito al Ayuntamiento en el que advertía de que la adjudicación directa a la empresa Ignacio Ríos S.L. sería “manifiestamente ilícita”. Recordaban que la Ley de Contratos del Sector Público exige concurrencia de tres licitadores y que una corrida de toros supera ampliamente el límite económico de un contrato menor.

El colectivo apercibía al Consistorio de que, de seguir adelante sin respetar el procedimiento, podrían “acudir a la jurisdicción penal por prevaricación”.

Tanto Ignacio Ríos como el Ayuntamiento niegan que ese contrato se haya hecho o se fuera a realizar: “No tengo ni adjudicación, ni he licitado ningún pliego. No me han adjudicado nada, ni directa ni indirectamente. No tengo contrato ni he firmado nada”, expone Ríos.

Sin embargo, Raúl Adrada, portavoz de Toro Fusión, empresa que ha colaborado en el apercibimiento enviado al Ayuntamiento, sostiene que “se han echado para atrás al recibir nuestro comunicado y van a dejar sin toros a Calatayud”. Considera que lo han paralizado desde la Agrupación de Profesionales Taurinos y que la intención del Ayuntamiento era adjudicarlo “de forma directa” a Ignacio Ríos “incumpliendo la ley. No va a haber toros por la mala gestión y la corrupción”. El Ayuntamiento niega ese incumplimiento de la ley y asegura que se siguen valorando opciones, “siempre sujetas a la legalidad”.

El Ayuntamiento de Madrid presentó hace unas semanas la liquidación del Presupuesto Consolidado de 2024 y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, aprovechó la ocasión para hacer gala de sus logros: los datos indicaban que había conseguido su mayor superávit desde que gobierna en la ciudad y la deuda municipal se encontraba un 1% más baja que en 2023. Dos claros motivos para celebrar. Además, el gasto ejecutado durante el año pasado ascendió a 5.767 millones de euros, un 6,3 % más que en 2023. Sin embargo, este incremento no se traduce en mejoras significativas, ya que la inversión se ha reducido y la deuda, en realidad, ha aumentado.

Según los datos presentados por el Consistorio el pasado mes de marzo, la deuda viva de Madrid (la contraída con los bancos) se situó en 1.942 millones de euros en 2024, mientras que el superávit fue de 483 millones y el remanente de tesorería alcanzó 754 millones de euros. Estos datos son ciertos, pero tienen matices. Un informe elaborado por el Grupo Municipal Socialista de la capital al que ha tenido acceso Somos Madrid desvela que, mientras que Almeida presume de mejoras significativas respecto a 2023, hay menos inversión y más deuda.

Uno de los principales argumentos del equipo de gobierno del alcalde ha sido la supuesta reducción de la deuda municipal. Si bien es cierto que la deuda del Ayuntamiento y los organismos autónomos ha bajado de 1.962 a 1.943 millones de euros, lo que supone una reducción del 0,97%, al incluir la deuda de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), el resultado es muy distinto. La EMT ha incrementado su deuda en 76,5 millones de euros, lo que significa que el endeudamiento total del Ayuntamiento ha aumentado en 57,5 millones de euros.

Otro factor reseñable es la renovación constante de deuda. En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento ha concertado 737 millones de euros en nuevos préstamos, compensando casi la totalidad de lo que se amortiza. Como consecuencia, los gastos financieros han aumentado en 9,5 millones de euros, un 10,3% más que en 2023.

Por otro lado, a pesar de haber gastado 342 millones de euros más que en 2023, las inversiones han caído un 21,2%, es decir, casi 102 millones de euros menos. El Ayuntamiento destaca una alta ejecución de las inversiones, pero omite que el nivel de inversión ha disminuido considerablemente respecto a años anteriores. De hecho, la delegada de Hacienda remarcó en su momento que se había ejecutado el 100% en materia de ingresos, el 92% en gastos y además se habían cumplido las tres reglas fiscales que conforman el marco de estabilidad presupuestaria, la de gasto, la de deuda y de déficit.

“Se olvidan de que se trata de una obligación”, señala Enma López, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, respecto al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la que tanto insiste el Gobierno municipal. Es cierto que el superávit crece mucho, de 153,8 a 483 millones. Y el remanente de tesorería, de 482 a 754 millones. Y cumplen con la regla de gasto por 133 millones también. Pero, aunque los datos parecen positivos, esconden una ineficiencia en el gasto. “Tendrían que haber dedicado más a mejorar la calidad de vida de los madrileños, en asuntos como la vivienda, y tener un superávit más reducido”, indica la edil socialista.

En la práctica existen multitud de ejemplos que evidencian el verdadero resultado de estos datos, como es el caso de la Agencia para el Empleo, que solo ha ejecutado el 11,4% de su presupuesto, mientras que la Agencia de Actividades no ha ejecutado nada. Proyectos relevantes para la ciudad como una escuela infantil en San Fermín o una escuela de música en Puente de Vallecas han desaparecido del presupuesto. Además, la ejecución en infraestructura urbana también ha sido deficiente: el carril bici previsto entre la Gran Vía de San Francisco y la Glorieta Puerta de Toledo, financiado por presupuestos participativos, tampoco se ha materializado.

Menos inversión en gasto social y vivienda

Los grandes perjudicados de los últimos Presupuestos han sido el gasto social y la vivienda, dos ámbitos que precisamente exigen mayor atención en estos momentos. Respecto al gasto social, el Ayuntamiento asegura que ha aumentado en 45 millones de euros, alcanzando los 981 millones. Sin embargo, este crecimiento del 4,8 % está por debajo del incremento medio del presupuesto (6,3 %).

Programas clave han sufrido recortes, como el de Familia e Infancia, que ha perdido 1,8 millones de euros (-3,5 %), o el de Voluntariado, con una reducción del 3,9 %. La conciliación e igualdad apenas han recibido un 0,9 % más de financiación. Además, el porcentaje de ejecución del Área de Políticas Sociales ha bajado del 92,3 % al 90,6 %. Se habían presupuestado 349,5 millones de euros, pero solo se han gastado 307,5 millones, dejando 42 millones sin utilizar.

La inversión en vivienda, uno de los problemas más urgentes en Madrid, también se ha visto afectada. Aunque la ejecución del presupuesto del área ha mejorado hasta los 218 millones de euros, sigue sin alcanzar los niveles de 2022 (230 millones). La rehabilitación y conservación de viviendas ha dejado sin ejecutar 16,8 millones de euros, y los fondos dedicados a la promoción y gestión han caído en 40 millones respecto a 2023. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) también ha sufrido recortes: de los 125 millones invertidos en 2023, solo ha ejecutado 75 millones en 2024.

El Ayuntamiento apenas ha adquirido viviendas en el mercado de segunda mano: de 56 en 2023 a solo 8 en 2024. Además, la previsión para 2025 es la construcción de 206 viviendas, lo que haría imposible alcanzar la promesa del alcalde de construir 12.000 viviendas durante su mandato.

Además, en este contexto, el Ayuntamiento ha vuelto a reducir el tipo de gravamen del IBI, pero beneficiando a quienes tienen propiedades con mayor valor catastral. En barrios como Goya en el distrito de Salamanca, la rebaja media ha sido de 210 euros, mientras que en zonas humildes de Madrid solo ha supuesto un ahorro de siete euros. Al mismo tiempo, el gobierno municipal sigue sin aplicar el llamado “IBI Social”, que podría beneficiar a los más vulnerables.

La relación entre el Ayuntamiento y la Comunidad también ha resultado perjudicial en materia presupuestaria. Mientras que los ingresos procedentes del Estado han aumentado un 20,9 % respecto a 2023, pasando de 2.181 a 2.637 millones de euros, las transferencias de la Comunidad de Madrid han caído un 46,8 %, pasando de 237,9 a 126,7 millones de euros.

Esto se suma a la deuda anual que la Comunidad de Madrid acumula con el Consistorio de la capital. Nada más y nada menos que 860 millones de euros. Desde que José Luis Martínez-Almeida llegó al cargo de alcalde e Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta autonómica en 2019, las transferencias vinculadas a la gestión de competencias impropias en la región han ido en aumento, lo que se ha traducido en un deterioro notable en la prestación de servicios de la ciudad. Según señalan desde el Grupo Municipal Socialista, este recorte “evidencia el desinterés del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por financiar adecuadamente la ciudad de Madrid, que además asume competencias que le corresponden a la Comunidad por valor de 800 millones de euros anuales”.

Asimismo, a pesar de haber reconocido ingresos por 358 millones de euros más que en 2023, la ejecución del gasto ha sido deficiente. En el conjunto del Ayuntamiento y organismos autónomos, la ejecución presupuestaria ha caído del 92,4% al 91,8%. La aplicación de los fondos europeos Next Generation ha sido especialmente baja, con un nivel de ejecución del 54,8%. El gasto en Vivienda y Urbanismo ha caído un 2,9%, mientras que el de Deporte se ha reducido un 1,3%. Otras áreas clave como bienestar comunitario, servicios sociales y sanidad han crecido por debajo del promedio municipal.

También hay carencias en lo que respecta a los distritos. Las Juntas han gestionado 842 millones de euros, un 4,9% más que en 2023, pero por debajo del crecimiento medio del presupuesto. Distritos del sur, como Usera (-2,5%) y Moratalaz (0,7%), han recibido menos recursos. Además, la inversión por habitante ha caído drásticamente en ambos distritos. “Esto demuestra que el Partido Popular se olvida de los distritos SURES”, explican desde el PSOE.

Por ejemplo, Carabanchel ha registrado una ejecución del 89,1%, lo que se encuentra por debajo del promedio, al igual que Usera (92,8%) y San Blas-Canillejas (93,3 %). Villaverde también ha mostrado un descenso, de un 98,1% a un 96,5%. Estos datos indican que, aunque el gasto en los distritos SURES ha crecido un 4,3%, este aumento sigue siendo inferior al incremento medio del gasto municipal (6,3%) y al crecimiento del gasto en los distritos en general (4,9%) y confirman que “las inversiones en los distritos SURES no son una prioridad para el gobierno del Partido Popular”.

La edil socialista insiste en que, aunque el superávit se ha triplicado, el Gobierno municipal ha preferido destinar parte de esos fondos a otras áreas en vez de a mejorar la calidad de vida de los madrileños. “Lejos de responder a las necesidades reales de los ciudadanos, las partidas más críticas han sufrido recortes o han sido mal ejecutadas, mientras que se mantienen los desequilibrios territoriales”, remarca en el documento. Ante estos datos, el grupo de la oposición considera que esta ejecución presupuestaria “no solo refleja una falta de planificación, sino también una preocupante desconexión con las demandas sociales y los retos que enfrenta la ciudad”.