“¡Padrón por derecho!”, ese el grito al unísono de 33 colectivos sociales de todo el territorio español que denuncian la discriminación institucional que hay en el proceso de empadronamiento por parte de los ayuntamientos. Un rechazo que sufren los colectivos más vulnerables, ya sean personas migrantes en situación irregular, sin hogar o familias expulsadas por el mercado inmobiliario. El trámite es esencial para el acceso a la sanidad, a la escolarización, la apertura de una cuenta bancaria o para lograr la regularización. Desoyendo la ley, las barreras de las corporaciones locales dificultan el reconocimiento de estos derechos y provoca, entre otras cosas, la estafa por parte de mafias que se aprovechan de aquellos que, sin recursos, buscan una salida desesperada al desamparo.

Sevilla fue el lugar escogido este viernes por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho para criticar la actuación de las corporaciones que impiden la correcta aplicación de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 15 establece que “toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Vivir, es decir, que exista y se desarrolle en el país, sin que esté el individuo condicionado por su situación administrativa, laboral o habitacional. Es más, toda esta movilización la contemplan como urgente a causa de la propia acción del Gobierno de España que, tanto para la regularización extraordianria como para la aprobación de la universalización de la sanidad, no requirió el certificado de empadronamiento, “se reconoce indirectamente que hay un problema, es decir, el bloqueo existe”, apuntaron.

Mazagón, la localidad onubense, será el enclave elegido para organizar el primer encuentro de la plataforma que tiene dos años de vida y presentó un informe el pasado mes de febrero. Este fin de semana convergerán en la provincia, símbolo de la precarización que enfrentan los trabajadores del fruto rojo. “Hoy hacemos frente a una realidad invisible pero devastadora: hay multitud de administraciones locales que ponen barreras arbitrarias contra los vecinos y las vecinas migrantes o contra las personas en situación de exclusión residencial”, defendió Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón, “a aquellas personas que recogen las fresas en los campos de Huelva a 45 grados, que cuidan a nuestros mayores y limpian nuestras casas, que viven y consumen en nuestras ciudades pagando impuestos indirectos”. “Exigimos soluciones”, determinó.

“El mercado se aprovecha de la desesperación”

Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón, habló en nombre de los miles de trabajadores que viven en los asentamientos y sufren el racismo institucional: “Estamos en el corazón de la producción de los frutos rojos. Una tierra que da riqueza, pero que tiene una realidad muy dura donde los ayuntamientos no empadronan y los chicos lo pasan mal”. Ante la falta de agua, luz o de saneamiento en los poblados, criticó la “vergüenza” que significa para el conjunto del país permitir una desatención de tales magnitudes. “El padrón no es un regalo de los alcaldes, es una obligación legal”, subrayó, “los chicos no tienen más remedio que comprar el empadronamiento y ya no preguntan dónde pueden hacerlo, sino cuánto les cuesta o a quién tienen que ir, por lo que se provoca que haya un mercado que se aproveche de la desesperación de la gente”.

Hay anuncios que piden 300 euros e, incluso, 3.000 euros. Intermediaciones hechas por mafias que, como explicó Serigne Mbayé, del Sindicato de Manteros, utilizan pisos en los que hay hasta 15 personas registradas. “No hay ninguna falsedad en este proceso, porque viven aquí, pero no tienen otro remedio que pagar por eso”, detalló, siendo condición necesaria para recibir cartas, lograr prestaciones, simplemente, vivir. En cualquier caso, hizo hincapié en que el uso de “falsedad” era incorrecto, contraponiéndose a la guerra cultural que propaga la ultraderecha, desde donde se ha puesto en duda la veracidad del sistema. En este punto, Patricia Fernández, parte de la Coordinadora de Barrios en Madrid, mostró que “la mayor parte de las sanciones se producen con familias que falsean su empadronamiento para acceder a colegios privados y concertados o personas que mantienen su residencia en territorios insulares para conseguir beneficios en las subvenciones al transporte”, como ocurre con el 75% de Canarias y Baleares.

Frente a la prioridad nacional de Vox, la coordinadora estatal aboga por que los ayuntamientos cumplan la ley que proporciona a la ciudadanía la red de cuidados que garantiza el pleno desarrollo de su existencia. Sin embargo, la puerta está abierta a nuevos enfrentamientos, ya que los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura contemplan la creación de un servicio de verificación del empadronamiento con base a las falsas premisas de que la inmigración dinamita los servicios públicos. Un requisito que podría llegar pronto a Andalucía, donde Juanma Moreno sopesa si vale la pena aliarse a los de Manuel Gavira o gobernar en solitario tras las elecciones del 17 de mayo. “Hablar de padrón es hablar de dignidad, de existencia, de democracia. Cuando una persona no puede empadronarse, no solo se le niega un trámite administrativo, se le niega la posibilidad de existir plenamente dentro del sistema de derechos”, resaltó Soledad Paola Lucero, portavoz del Foro Gallego de Migraciones.

Los casos de Huelva y Almería: “Mi vida son mis papeles”

Pero, fuera del embate político, la portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón no hace distinciones: “Da igual que esté PP o PSOE, en el caso de Huelva hacen exactamente lo mismo”. Pone encima de la mesa el mapa: “Entre Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer hay cientos de trabajadores de la fresa... Y solamente hay tres personas empadronadas”, denunció. La provincia onubense parece que no es la única que se desoye el mandato legal, sostuvo María Millán, parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Almería, quien señaló la doble vara de medir que utilizan las administraciones locales. “En este maremágnum de vulneración de derechos e injusticia social, la realidad del padrón cobra una importancia radical, ya sea en Huelva, Almería o cualquier otro lugar, la gente repite 'mi vida son mis papeles'”, compartió.

“Nos encontramos con que el padrón es denegado por el hecho de vivir en una infravivienda y muchos de los ayuntamientos que conocemos, como El Ejido, Roquetas de Mar o Mijas, le piden a la gente un contrato de alquiler o un permiso por parte de los propietarios para residir allí, rozando al extremo de que tengan que venir de la mano”, denunció, “los ayuntamientos inventan condiciones ad hoc en ese ejercicio de racismo institucional”. Además, aseguró que en El Ejido se está pidiendo el empadronamiento para realizar los informes de vulnerabilidad, cuando el primero no es un supuesto para adscribirse a la regularización extraordinaria mientras que el segundo sí.

Sevilla tampoco se queda atrás. El pacto municipal entre PP y Vox que necesitó el alcalde José Luis Sanz (PP) para sacar adelante los presupuestos dejó por escrito que habría un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. El gobierno local justificaba que con ello se pretendía evitar que “se comentan fraudes con los migrantes” cuando la oposición tachó de “disparate” la medida, pese a que la portavoz de la ultraderecha había afirmado con contundencia que el objetivo era “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.

“El deterioro de los servicios públicos”

En busca de soluciones, la Coordinadora Estatal hace una serie de recomendaciones a las personas que se encuentran con estos obstáculos en los ayuntamientos, a los que exigen más transparencia publicitando su normativa interna, y solo reciben respuestas verbales que luego serán insuficientes en un procedimiento legal. “Si una persona va a empadronarse y no se hace, se le debe dictar una resolución en la que conste por escrito si se inadmite su solicitud para que la pueda recurrir, o bien se requiera que aporte más documentación, para verificar luego si es legal o no y si estamos ante una situación de discriminación”, ejemplificó Fernández.

“Queremos saber a quién se deniega el empadronamiento, a quién se le exige que venga acompañada por su casero, si solo se hace con las personas migrantes y racializadas o también a las personas blancas y del norte global, y exigimos que se cumplan con la ley y las sentencias que, como en Madrid, obligaban a empadronar en colectivos sociales”, aseveró. Al fin y al cabo, la ley es clara en su articulado y el continuo incumplimiento, como mantienen desde la plataforma, provoca la ausencia de un padrón acorde al número de personas que conviven en un municipio.

Un hecho que, finalmente, perjudica a los usuarios del sistema, como señaló Fernández: “Los ayuntamientos no quieren ver que tenemos mayores niveles de hacinamiento en los barrios que en la España del tardofranquismo y que, por lo tanto, tienen una obligación de proporcionar vivienda pública”. Así, apuntó a que la incongruencia de los datos en el padrón “provoca un deterioro de los servicios públicos, provoca que las personas no puedan acceder a ellos y, quienes lo hacen, lo hagan en peores condiciones que provoca un efecto de expulsión hacia el negocio privado, ya sean clínicas, colegios...”, alertó, “no es un fallo inocuo del sistema, son las políticas diseñadas para el capital”, zanjó.

“No menors”, “no mascotes”, “no empadronament”, “parelles i amigues, fora de casa”, “màxim quatre mesos”... Mentre l'accés a un habitatge digne s'ha convertit en una ursa impossible per a milers de residents a Balears, abocats a subsistir en infrahabitatges, caravanes i edificis abandonats, els principals portals immobiliaris acumulen anuncis que reflecteixen fins a quin punt s'ha normalitzat la imposició de condicions abusives en del país. Les publicacions, a més, ja no parlen de veïns, lloguer estable o habitatge habitual: en el seu lloc proliferen conceptes com “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciant com l'arxipèlag ha deixat progressivament de llogar cases per començar a comercialitzar experiències habitacionals temporals dirigides a població mòbil global i perfils internacionals de poder adquisitiu mitjà-alt.

La crisi habitacional està retornant formes de vida compartida que semblaven pròpies d'una altra època: habitacions minúscules, banys col·lectius i absència d'espai privat. Un dels anuncis localitzats a Palma, concretament a la zona de Marquès de la Fontsanta, condensa bona part de les noves dinàmiques del lloguer precari i altament restrictiu que prolifera a les illes. L'habitació, ofertada per 450 euros mensuals en un pis compartit “només per a dones”, es presenta com “ideal per a hostesses (zero soroll)” i acumula una llarga llista de condicions imposades a la futura inquilina: “No es fa empadronament”, “estades curtes”, “parelles i amigues, fora de casa”, “no es comparteix el saló” i “dos rentats a la setmana: un de blanc, un altre de fosc”. L'anunci exigeix a més contracte laboral “en vigor”, defineix el pis com “tranquil” i demana a les interessades que enviïn “una breu descripció”.

Algunes publicacions introdueixen filtres sexistes com en el cas d'una habitació a s'Arenal: l'anuncia un particular home que tot just unes hores després de donar-la d'alta a Idealista va haver de modificar el contingut, que inicialment assenyalava que busca una “dona sola” d'entre 26 i 36 anys, afegint entre exclamacions “HOMES NO”. El propietari explica, a més, que el bany és en suite i que la futura inquilina haurà de compartir-lo amb ell -“per això el preu”, assenyala, plantejant l'import, 450 euros, com una compensació per les limitacions-. Exigia a més que la jove “hagi parlat espanyol” i sigui “seriosa i amable”. L'anunciant prohibeix expressament portar convidats o mascotes i arriba fins i tot a presentar com una concessió l'accés a espais bàsics de l'habitatge com la cuina.

Després d'una denúncia particular per discriminació, el propietari va reformular parcialment l'anunci, eliminant algunes de les referències més explícites, com la de “HOMES NO” i suavitzant el llenguatge amb un “preferiblement noia”. No obstant això, conserva condicions com el criteri d'edat, l'ús compartit del bany i la prohibició de convidats i manté com un valor afegit el “dret a cuina i zones comunes”.

Algunes publicacions introdueixen filtrats sexistes com en el cas d'una habitació a s'Arenal: l'ofereix un particular home que tot just unes hores després de donar-la d'alta a Idealista va haver de modificar el contingut, que assenyalava que busca una "dona sola" d'entre 26 i 36 anys, afegint entre exclamacions "HOMES NO". El propietari assenyala que el bany és en suite i que la futura inquilina haurà de compartir-lo amb ell

En un altre anunci s'ofreix una habitació al carrer Josep Darder de Palma per 1.200 euros mensuals, als quals s'afegeixen 250 euros per subministraments i 90 euros addicionals pel lliurament de claus. L'anunci presenta l'habitatge en termes propis d'allotjament temporal o turístic: “L'habitatge disposa d'un petit balcó amb taula i cadires, ideal per relaxar-se. Els acabats en fusta, terres moderns i detalls decoratius creen un ambient càlid i agradable”. Les condicions tornen a reflectir el creixent nivell de filtratge i segmentació del mercat: l'estada mínima és de dos mesos i la màxima de sis; el llogater ha de tindre entre 20 i 40 anys, no s'accepten mascotes i l'empadronament queda “a consultar”. L'anunci fixa a més horaris concrets de “check-in” i “check-out”, reproduint dinàmiques més pròpies d'apartaments turístics o allotjament temporal que d'un lloguer residencial convencional.

Precisament, un informe elaborat per l'Observatori DESCA en col·laboració amb el Ministeri de Drets Socials alerta que moltes de les pràctiques que s'estan normalitzant en el mercat del lloguer poden considerar-se clàusules abusives o fins i tot infraccions en matèria de consum, asseverant que les administracions tenen eines legals per perseguir aquestes pràctiques. El document assenyala expressament com a potencialment abusives les penalitzacions “desproporcionadament altes” per retardar-se en abandonar un habitatge, les clàusules que limiten drets bàsics del llogater, la imposició de serveis accessoris no sol·licitats o els obstacles “onerosos o desproporcionats” per exercir drets reconeguts legalment. L'informe també adverteix sobre la proliferació de contractes d'adhesió on el consumidor “no ha pogut influir sobre el seu contingut”, especialment en contextos de forta tensió residencial com Balears, on moltes persones accepten condicions cada vegada més restrictives davant la falta d'alternatives habitacionals.

L'estudi posa a més el focus en el paper de les agències immobiliàries i empreses intermediàries i menciona expressament pràctiques com el cobrament encobert de despeses de gestió al llogater mitjançant suposats “serveis integrals”, la imposició de prestacions accessòries no sol·licitades o les conductes discriminatòries en l'accés a l'habitatge.

El “no empadronament” com a exclusió

Un dels aspectes més controvertits és la normalització de clàusules com el “no empadronament”, molt freqüents en anuncis d'habitacions i lloguer temporal malgrat que el padró constitueix un dret administratiu lligat a la residència efectiva i no a la voluntat del propietari. La pràctica xoca frontalment amb la pròpia normativa estatal sobre el padró municipal. La resolució publicada el 2020 per l'Institut Nacional d'Estadística i la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local recorda expressament que “tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's al Padró del municipi en el qual resideixi habitualment”, amb independència de la situació contractual o dels drets existents sobre l'habitatge.

Un dels aspectes més controvertits és la normalització de clàusules com el "no empadronament", molt freqüents en anuncis d'habitacions i lloguer temporal malgrat que el padró constitueix un dret administratiu lligat a la residència efectiva i no a la voluntat del propietari

Col·lectius socials, advocats i sindicats d'habitatge alerten que aquesta pràctica afecta especialment la població migrant, els treballadors precaritzats i les 0persones en situació vulnerable, dificultant el seu accés a la sanitat, l'escolarització, les ajudes socials o la regularització administrativa. Joan Segura, portaveu de SOS Desnonaments Mallorca, considera que la proliferació d'anuncis on es prohibeix l'empadronament respon en gran mesura a l'auge del lloguer temporal i de contractes utilitzats de forma fraudulenta per evitar els drets del lloguer residencial.

En declaracions a elDiario.es, l'activista relata casos recents atesos pel col·lectiu en què el rebuig al padró ha derivat en situacions de pressió i coaccions sobre famílies vulnerables. Entre aquests esmenta el d'una dona embarassada que llogava una habitació i el propietari de la qual va arribar a negar davant l'inspector municipal que residís allí per impedir la seva inscripció al padró.

Segura assevera, a més, que el padró s'ha convertit en un element clau dins els conflictes relacionats amb els contractes de temporada. “La majoria d'arrendaments de temporada són un frau”, assegura, assenyalant que molts lloguers suposadament temporals encobreixen en realitat residències habituals que haurien de regir-se per la Llei d'Arrendaments Urbans i reconèixer drets com l'estabilitat contractual o l'empadronament. Al seu parer, impedir que el llogater s'empadroni dificulta posteriorment que pugui acreditar judicialment que resideix de forma permanent a l'habitatge.

La majoria d'arrendaments de temporada són un frau

Joan Segura — Portaveu de Stop Desnonaments Mallorca

Contractes temporals i penalitzacions

Per la seva banda, l'advocat Eduard Vila assenyala a aquest diari que molts propietaris lloguen habitatges “per a tot l'any” sota fórmules temporals i intenten impedir que l'inquilí s'empadroni per dificultar posteriorment que pugui acreditar que hi resideix de forma habitual. Segons Vila, el padró s'ha convertit en una prova clau en els conflictes judicials vinculats al lloguer flexible i als falsos contractes de temporada. “La no prohibició de l'empadronament ve per aquí perquè és una prova molt important per després desnonar aquesta persona”, afirma.

La pròpia normativa estatal deixa clar, a més, que els ajuntaments “no [tenen] cap competència per jutjar qüestions de propietat, d'arrendaments urbans o, en general, de naturalesa juridicoprivada” i preveu fins i tot l'empadronament de persones en situacions precàries, infrahabitatges o sense contracte formal si pot acreditar-se la residència efectiva. Diverses sentències i estudis jurídics consultats per aquest diari alerten així mateix de la proliferació de clàusules penals en contractes de lloguer temporal que imposen indemnitzacions diàries a l'inquilí si no abandona l'habitatge en finalitzar el contracte. Un informe sobre clàusules abusives elaborat per organismes de consum recull resolucions judicials que van arribar a analitzar penalitzacions equivalents “al triple de la renda diària per dia de retard” i altres indemnitzacions superiors al preu ordinari del lloguer.

Vila adverteix que alguns propietaris utilitzen aquest tipus de clàusules per pressionar els inquilins. “Molts propietaris endollen un contracte de temporada com a contracte d'any i després reclamen la penalització com si fos un contracte de temporada”, denuncia. Segons explica, alguns contractes arriben a establir sancions de fins a 75 euros diaris si l'arrendatari no abandona l'habitatge en finalitzar el període pactat, cosa que pot traduir-se en reclamacions de desenes de milers d'euros. “Et diuen que tenen dret a reclamar-te 20.000 euros per posar-te la por al cos”, resumeix.

Molts propietaris endollen un contracte de temporada per contracte d'any i després reclamen la penalització com si fos contracte de temporada amb penalitzacions de fins a 75 euros diaris

Eduard Vila — Advocat

L'auge del “coliving” i el lloguer flexible

El fenomen coincideix, a més, amb l'expansió del “coliving”, el lloguer corporatiu i noves fórmules d'allotjament flexible orientades principalment a treballadors remots, perfils internacionals i població temporal d'alt poder adquisitiu. Darrere aquest negoci emergeixen particulars, empreses i entramats societaris cada vegada més professionalitzats. Entre ells figura SOMOS Coliving, que comercialitza Palma com a destinació per a “digital nomads” i “remote workers” i ofereix habitacions des de 1.300 euros mensuals -fins a 2.400 euros a l'estiu- en un edifici amb coworking, neteja, internet, terrasses i zones comunes compartides, previ procés de selecció mitjançant videotrucades de quinze minuts per determinar si el resident “encaixa” dins la comunitat.

“Aquí no només comparteixes un edifici, sinó una forma de viure. Un lloc on pots socialitzar quan vulguis i trobar el teu racó de calma quan ho necessitis”, es pot llegir a la pròpia web de l'empresa. La societat, tanmateix, no va néixer originalment vinculada al “coliving”, sinó com a promotora immobiliària sota el nom d'Obras Son Forteza SL abans de reconvertir-se, en plena emergència habitacional, al negoci de l'allotjament flexible. Els seus administradors solidaris són Leonor Oliver Vicens i Miguel Zourab Oliver Vicens, vinculats, a més, a múltiples societats immobiliàries i patrimonials relacionades amb promoció, arrendament i explotació d'actius residencials a Mallorca, com Xebros SL, Holding Alberto 2021 SL, Son Espanyolet Gardens SL o Brastone Invest SL. elDiario.es s'ha posat en contacte amb SOMOS Coliving per conèixer la seva visió sobre l'impacte del “coliving” en la transformació del mercat residencial de Palma, però no ha obtingut resposta.

Darrere d'aquest negoci emergeixen particulars, empreses i trames societàries cada cop més professionalitzades. Entre elles hi figura SOMOS Coliving, que comercialitza Palma com a destinació per a 'digital nomads' i 'remote workers' i ofereix habitacions des de 1.300 euros mensuals i fins a 2.400 euros a l'estiu

Xarxes empresarials i rendibilitat per habitació

Un altre exemple és Almado Immoinvest, una immobiliària amb seu a Palma i constituïda el 2018, l'objecte social de la qual inclou l'arrendament d'immobles, la gestió immobiliària i l'allotjament turístic. L'empresa es presenta com una “small international living & working community in Palma” (“petita comunitat internacional per viure i treballar a Palma”) i comercialitza habitacions sota fórmules de lloguer flexible i allotjament temporal orientades a perfils internacionals i treballadors desplaçats. En alguns dels seus anuncis apareixen pisos compartits entre fins a set persones, lloguers temporals estructurats gairebé com a productes turístics i restriccions explícites com “parelles sense menors”.

Darrere d'Almado Immoinvest SL apareix a més una xarxa empresarial vinculada al negoci immobiliari, l'arrendament i l'allotjament flexible a Palma. La societat té com a administradors solidaris Antoine Werner Beinhoff i Ines Melina Hoerner i com a apoderada Sarah Persephonie Kotsobolos. Els mateixos responsables figuren vinculats a altres mercantils pràcticament idèntiques, com Calmado Immoinvest SL, registrada a la mateixa adreça de Palma i dedicada igualment a l'“arrendament de tota classe de béns immobles”, la promoció immobiliària i l'“establiment d'allotjament turístic”. Registres empresarials internacionals situen a més Beinhoff connectat a societats patrimonials i immobiliàries fora d'Espanya, especialment en l'àmbit germano-suís. Tampoc Almado ha respost a les preguntes formulades per aquest diari.

Un altre exemple és Almado Immoinvest, que es presenta com una 'petita comunitat internacional per viure i treballar a Palma' i comercialitza habitacions amb restriccions explícites com 'parelles sense menors'

En un altre anunci difós per una immobiliària es pot llegir: “Busques una habitació moderna, lluminosa i amb totes les comoditats en ple centre de la ciutat? Aquest coliving recentment reformat és just el que necessites!”. L'anunci ofereix habitacions individuals “des de 625 euros al mes” i habitacions dobles “amb bany privat en suite” per 825 euros mensuals, adreçades específicament a “joves professionals”, “treballadors en remot” i “nòmades digitals”, amb contractes flexibles “des d'1 mes fins a un màxim d'11 mesos” i prohibició expressa de mascotes.

Habitatge fragmentat, màxima rendibilitat

El negoci darrere aquests models resulta especialment lucratiu. Un pis que en lloguer residencial convencional es podria arrendar per 1.500 euros mensuals pot acabar generant més de 4.000 euros si es divideix en sis o set habitacions llogades individualment. Com més es fragmenta l'habitatge, més gran és la rendibilitat potencial. En paral·lel, proliferen a les xarxes socials i pàgines especialitzades comunitats dirigides específicament a teletreballadors internacionals, “digital nomads” i població temporal desplaçada a les Balears.

Una de les pàgines que millor exemplifica aquest fenomen és Casa Aire Mallorca, que es presenta com un espai de “coliving” orientat a perfils internacionals i temporals. El llenguatge utilitzat reflecteix perfectament la transformació del mercat residencial a Palma: ja no es parla de veïns, llars o lloguer estable, sinó d'“experiències”, “comunitat”, “flexibilitat” i estils de vida compartits vinculats al treball remot i la mobilitat global.

Un pis que en lloguer residencial convencional es podria arrendar per 1.500 euros mensuals pot acabar generant més de 4.000 euros si es divideix en sis o set habitacions llogades individualment

Les dades reflecteixen la magnitud de la crisi habitacional que travessa Palma i el conjunt de Balears. Segons el Baròmetre de l'Observatori del Lloguer, les Illes registren el preu mitjà del lloguer més elevat de tot Espanya, amb 1.676 euros mensuals, per davant fins i tot de Barcelona i Madrid. A això se suma una pressió de demanda extrema: 147 persones interessades per cada habitatge disponible en tot just deu dies, una xifra que multiplica per gairebé deu el llindar que els experts consideren compatible amb un mercat equilibrat. En aquest context, l'auge del “coliving”, el lloguer flexible i la fragmentació extrema d'habitatges reflecteix una transformació molt més profunda: l'habitatge deixa progressivament de concebre's com una llar estable per convertir-se en allotjament temporal, actiu financer i negoci de màxima rendibilitat habitació per habitació.

Les dificultats per accedir a un habitatge digne a Balears han portat milers de persones, entre elles famílies amb menors, persones grans, migrants i fins i tot treballadors exclosos del mercat immobiliari, a buscar alternatives per poder sobreviure. Viure en una autocaravana és un fenomen cada vegada més estès a l'arxipèlag, mentre a l'aeroport de Palma, per exemple, es xifrava l'any passat en unes quaranta el nombre de persones que passen la nit diàriament a l'aeroport de Palma, d'acord a un recompte realitzat per l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS). Altres illencs s'han vist expulsats de les illes i reemplaçats per estrangers d'elevat poder adquisitiu -procedents sobretot d'Alemanya i del nord d'Europa- mentre grans grups inversors -suecs, francesos i alemanys, principalment- s'expandeixen per ciutats i pobles a la recerca d'edificis dels quals extreure el màxim rendiment.

“No menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “máximo cuatro meses”... Mientras el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera imposible para miles de residentes en Balears, abocados a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, los principales portales inmobiliarios acumulan anuncios que reflejan hasta qué punto se ha normalizado la imposición de condiciones abusivas en una de las comunidades más tensionadas del país. Las publicaciones, además, ya no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto.

La crisis habitacional está devolviendo formas de vida compartida que parecían propias de otra época: habitaciones minúsculas, baños colectivos y ausencia de espacio privado. Uno de los anuncios localizados en Palma, concretamente en la zona de Marquès de la Fontsanta, condensa buena parte de las nuevas dinámicas del alquiler precario y altamente restrictivo que prolifera en las islas. La habitación, ofertada por 450 euros mensuales en un piso compartido “solo para mujeres”, se presenta como “ideal para azafatas (cero ruido)” y acumula una larga lista de condiciones impuestas a la futura inquilina: “No se hace empadronamiento”, “estancias cortas”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “no se comparte el salón” y “dos lavados en semana: uno de blanco, otro de oscuro”. El anuncio exige además contrato laboral “en vigencia”, define el piso como “tranquilo” y pide a las interesadas que envíen “una breve descripción”.

Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la anuncia un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que inicialmente señalaba que busca una “mujer sola” de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones “HOMBRES NO”. El propietario explica, además, que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él -“por eso el precio”, señala, planteando el importe, 450 euros, como una compensación por las limitaciones-. Exigía además que la joven “hable español” y sea “seria y amable”. El anunciante prohíbe expresamente traer invitados o mascotas y llega incluso a presentar como una concesión el acceso a espacios básicos de la vivienda como la cocina.

Tras una denuncia particular por discriminación, el propietario reformuló parcialmente el anuncio, eliminando algunas de las referencias más explícitas, como la de “HOMBRES NO” y suavizando el lenguaje con un “preferiblemente chica”. Sin embargo, conserva condiciones como el criterio de edad, el uso compartido del baño y la prohibición de invitados y mantiene como un valor añadido el “derecho a cocina y zonas comunes”.

Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la oferta un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que señalaba que busca una "mujer sola" de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones "HOMBRES NO". El propietario señala que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él

En otro anuncio se ofrece una habitación en la calle Josep Darder de Palma por 1.200 euros mensuales, a los que se añaden otros 250 euros al mes por suministros y 90 euros adicionales por la entrega de llaves. El anuncio presenta la vivienda en términos propios de alojamiento temporal o turístico: “La vivienda dispone de un pequeño balcón con mesa y sillas, ideal para relajarse. Los acabados en madera, suelos modernos y detalles decorativos crean un ambiente cálido y agradable”. Las condiciones vuelven a reflejar el creciente nivel de filtrado y segmentación del mercado: la estancia mínima es de dos meses y la máxima de seis; el inquilino debe tener entre 20 y 40 años, no se aceptan mascotas y el empadronamiento queda “a consultar”. El anuncio fija además horarios concretos de “check-in” y “check-out”, reproduciendo dinámicas más propias de apartamentos turísticos u hospedaje temporal que de un alquiler residencial convencional.

Precisamente, un informe elaborado por el Observatori DESCA en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales alerta de que muchas de las prácticas que se están normalizando en el mercado del alquiler pueden considerarse cláusulas abusivas o incluso infracciones en materia de consumo, aseverando que las administraciones tienen herramientas legales para perseguir estas prácticas. El documento señala expresamente como potencialmente abusivas las penalizaciones “desproporcionadamente altas” por retrasarse en abandonar una vivienda, las cláusulas que limitan derechos básicos del inquilino, la imposición de servicios accesorios no solicitados o los obstáculos “onerosos o desproporcionados” para ejercer derechos reconocidos legalmente. El informe también advierte sobre la proliferación de contratos de adhesión donde el consumidor “no ha podido influir sobre su contenido”, especialmente en contextos de fuerte tensión residencial como Balears, donde muchas personas aceptan condiciones cada vez más restrictivas ante la falta de alternativas habitacionales.

El estudio pone además el foco en el papel de las agencias inmobiliarias y empresas intermediarias y menciona expresamente prácticas como el cobro encubierto de gastos de gestión al inquilino mediante supuestos “servicios integrales”, la imposición de prestaciones accesorias no solicitadas o las conductas discriminatorias en el acceso a la vivienda.

El “no empadronamiento” como exclusión

Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el “no empadronamiento”, muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario. La práctica choca frontalmente con la propia normativa estatal sobre el padrón municipal. La resolución publicada en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local recuerda expresamente que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”, con independencia de la situación contractual o de los derechos existentes sobre la vivienda.

Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el "no empadronamiento", muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario

Colectivos sociales, abogados y sindicatos de vivienda alertan de que esta práctica afecta especialmente a población migrante, trabajadores precarizados y personas en situación vulnerable, dificultando el acceso a sanidad, escolarización, ayudas sociales, arraigo o regularización administrativa. Joan Segura, portavoz de SOS Desahucios Mallorca, considera que la proliferación de anuncios donde se prohíbe el empadronamiento responde en gran medida al auge del alquiler temporal y de contratos utilizados de forma fraudulenta para evitar los derechos del alquiler residencial.

En declaraciones a elDiario.es, el activista relata casos recientes atendidos por el colectivo en los que el rechazo al padrón ha derivado en situaciones de presión y coacciones sobre familias vulnerables. Entre ellos menciona el de una mujer embarazada que alquilaba una habitación y cuyo propietario llegó a negar ante el inspector municipal que residiera allí para impedir su inscripción en el padrón.

Segura asevera, además, que el padrón se ha convertido en un elemento clave dentro de los conflictos relacionados con los contratos de temporada. “La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude”, asegura, señalando que muchos alquileres supuestamente temporales encubren en realidad residencias habituales que deberían regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos y reconocer derechos como la estabilidad contractual o el empadronamiento. A su juicio, impedir que el inquilino se empadrone dificulta posteriormente que pueda acreditar judicialmente que reside de forma permanente en la vivienda.

La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude

Joan Segura — Portavoz de Stop Desahucios Mallorca

Contratos temporales y penalizaciones

Por su parte, el abogado Eduard Vila señala a este periódico que muchos propietarios alquilan viviendas “para todo el año” bajo fórmulas temporales y tratan de impedir que el inquilino se empadrone para dificultar posteriormente que pueda acreditar que reside allí de forma habitual. Según Vila, el padrón se ha convertido en una prueba clave en los conflictos judiciales vinculados al alquiler flexible y los falsos contratos de temporada. “La no prohibición del empadronamiento viene por aquí porque es una prueba muy importante para luego desahuciar a esa persona”, afirma.

La propia normativa estatal deja claro, además, que los ayuntamientos “no [tienen] ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada” y contempla incluso el empadronamiento de personas en situaciones precarias, infraviviendas o sin contrato formal si puede acreditarse la residencia efectiva. Diversas sentencias y estudios jurídicos consultados por este periódico alertan asimismo de la proliferación de cláusulas penales en contratos de alquiler temporal que imponen indemnizaciones diarias al inquilino si no abandona la vivienda al finalizar el contrato. Un informe sobre cláusulas abusivas elaborado por organismos de consumo recoge resoluciones judiciales que llegaron a analizar penalizaciones equivalentes “al triple de la renta diaria por día de retraso” y otras indemnizaciones superiores al precio ordinario del alquiler.

Vila advierte de que algunos propietarios utilizan este tipo de cláusulas para presionar a los inquilinos. “Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada”, denuncia. Según explica, algunos contratos llegan a establecer sanciones de hasta 75 euros diarios si el arrendatario no abandona la vivienda al finalizar el periodo pactado, lo que puede traducirse en reclamaciones de decenas de miles de euros. “Te dicen que tienen derecho a reclamarte 20.000 euros para meterte el miedo en el cuerpo”, resume.

Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada con penalizaciones de hasta 75 euros diarios

Eduard Vila — Abogado

El auge del “coliving” y el alquiler flexible

El fenómeno coincide, además, con la expansión del “coliving”, el alquiler corporativo y nuevas fórmulas de alojamiento flexible orientadas principalmente a trabajadores remotos, perfiles internacionales y población temporal de alto poder adquisitivo. Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para “digital nomads” y “remote workers” y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales -hasta 2.400 euros en verano- en un edificio con coworking, limpieza, internet, terrazas y zonas comunes compartidas, previo proceso de selección mediante videollamadas de quince minutos para determinar si el residente “encaja” dentro de la comunidad.

“Aquí no solo compartes un edificio, sino una forma de vivir. Un lugar donde puedes socializar cuando quieras y encontrar tu rincón de calma cuando lo necesites”, puede leerse en la propia web de la empresa. La sociedad, sin embargo, no nació originalmente vinculada al “coliving”, sino como promotora inmobiliaria bajo el nombre de Obras Son Forteza SL antes de reconvertirse, en plena emergencia habitacional, al negocio del alojamiento flexible. Sus administradores solidarios son Leonor Oliver Vicens y Miguel Zourab Oliver Vicens, vinculados además a múltiples sociedades inmobiliarias y patrimoniales relacionadas con promoción, arrendamiento y explotación de activos residenciales en Mallorca, como Xebros SL, Holding Alberto 2021 SL, Son Espanyolet Gardens SL o Brastone Invest SL. elDiario.es se ha puesto en contacto con SOMOS Coliving para conocer su visión sobre el impacto del “coliving” en la transformación del mercado residencial de Palma, pero no ha obtenido respuesta.

Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para 'digital nomads' y 'remote workers' y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales y hasta 2.400 euros en verano

Redes empresariales y rentabilidad por habitación

Otro ejemplo es Almado Immoinvest, una firma inmobiliaria radicada en Palma y constituida en 2018 cuyo objeto social incluye arrendamiento de inmuebles, gestión inmobiliaria y alojamiento turístico. La empresa se presenta como una “small international living & working community in Palma” (“pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma”) y comercializa habitaciones bajo fórmulas de alquiler flexible y alojamiento temporal orientadas a perfiles internacionales y trabajadores desplazados. En algunos de sus anuncios aparecen pisos compartidos entre hasta siete personas, alquileres temporales estructurados casi como productos turísticos y restricciones explícitas como “parejas sin menores”.

Detrás de Almado Immoinvest SL aparece además una red empresarial vinculada al negocio inmobiliario, el arrendamiento y el alojamiento flexible en Palma. La sociedad tiene como administradores solidarios a Antoine Werner Beinhoff e Ines Melina Hoerner y como apoderada a Sarah Persephonie Kotsobolos. Los mismos responsables figuran vinculados a otras mercantiles prácticamente idénticas, como Calmado Immoinvest SL, registrada en la misma dirección de Palma y dedicada igualmente al “arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles”, la promoción inmobiliaria y el “establecimiento de alojamiento turístico”. Registros empresariales internacionales sitúan además a Beinhoff conectado a sociedades patrimoniales e inmobiliarias fuera de España, especialmente en el ámbito germano-suizo. Tampoco Almado ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico.

Otro ejemplo es Almado Immoinvest, que se presenta como una 'pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma' y comercializa habitaciones con restricciones explícitas como 'parejas sin menores'

En otro anuncio difundido por otra empresa puede leerse: “¿Buscas una habitación moderna, luminosa y con todas las comodidades en pleno centro de la ciudad? ¡Este coliving recién reformado es justo lo que necesitas!”. El anuncio ofrece habitaciones individuales “desde 625 euros al mes” y habitaciones dobles “con baño privado en suite” por 825 euros mensuales, dirigidas específicamente a “jóvenes profesionales”, “trabajadores en remoto” y “nómadas digitales”, con contratos flexibles “desde 1 mes hasta un máximo de 11 meses” y prohibición expresa de mascotas.

Vivienda fragmentada, máxima rentabilidad

El negocio detrás de estos modelos resulta especialmente lucrativo. Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente. Cuanto más se fragmenta la vivienda, mayor es la rentabilidad potencial. En paralelo, proliferan en redes sociales y páginas especializadas comunidades dirigidas específicamente a teletrabajadores internacionales, “digital nomads” y población temporal desplazada a Balears.

Una de las páginas que mejor ejemplifica este fenómeno es Casa Aire Mallorca, que se presenta como un espacio de “coliving” orientado a perfiles internacionales y temporales. El lenguaje utilizado refleja perfectamente la transformación del mercado residencial en Palma: ya no se habla de vecinos, hogares o alquiler estable, sino de “experiencias”, “comunidad”, “flexibilidad” y estilos de vida compartidos vinculados al trabajo remoto y la movilidad global.

Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente

Los datos reflejan la magnitud de la crisis habitacional que atraviesa Palma y el conjunto de Balears. Según el Barómetro del Observatorio del Alquiler, las Islas registran el precio medio del alquiler más elevado de toda España, con 1.676 euros mensuales, por delante incluso de Barcelona y Madrid. A ello se suma una presión de demanda extrema: 147 personas interesadas por cada vivienda disponible en apenas diez días, una cifra que multiplica por casi diez el umbral que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. En este contexto, el auge del “coliving”, el alquiler flexible y la fragmentación extrema de viviendas refleja una transformación mucho más profunda: la vivienda deja progresivamente de concebirse como un hogar estable para convertirse en alojamiento temporal, activo financiero y negocio de máxima rentabilidad habitación por habitación.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears han llevado a miles de personas, entre ellas familias con menores, personas mayores, migrantes e incluso trabajadores excluidos del mercado inmobiliario, a buscar alternativas para poder sobrevivir. Vivir en una autocaravana es un fenómeno cada vez más extendido en el archipiélago, mientras en el aeropuerto de Palma, por ejemplo, se cifraba el año pasado en unas cuarenta el número de personas que pasan la noche a diario en el aeropuerto de Palma, de acuerdo a un recuento realizado en por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Otros isleños se han visto expulsados de las islas y reemplazados por extranjeros de elevado poder adquisitivo -procedentes sobre todo de Alemania y del norte de Europa- mientras grandes grupos inversores -suecos, franceses y alemanes, principalmente- se expanden por ciudades y pueblos en busca de edificios de los que extraer el máximo rendimiento.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este lunes el concepto de “prioridad nacional” incluido en el acuerdo de gobierno con Vox, aplicado a medidas como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, al considerar que “fomenta el arraigo duradero y verificable”.

En rueda de prensa, Sánchez Juliá ha asegurado que este criterio “no excluye a nadie” y se ajusta a la legalidad vigente. Según ha subrayado, el acuerdo “no habla de nacionalidades”, sino que establece requisitos vinculados al arraigo en la comunidad autónoma.

En concreto, el texto recoge la exigencia de un empadronamiento histórico en Extremadura de al menos diez años para optar a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el acceso al alquiler social. “El acuerdo no es interpretable, dice lo que dice”, ha insistido el portavoz popular.

El dirigente del PP ha enmarcado este pacto en el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, al afirmar que la ciudadanía “quería que María Guardiola fuera su presidenta, hubiera un entendimiento entre PP y Vox y pedían desterrar el ‘sanchismo’ en esta comunidad autónoma”.

Sánchez Juliá ha destacado también que el acuerdo contempla la aprobación de presupuestos anuales durante toda la legislatura y ha garantizado que no habrá “ningún retroceso social”, al tiempo que, según ha dicho, se consolidarán la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI.

Entre otros aspectos, ha puesto en valor la bajada de la carga impositiva, especialmente para rentas bajas y medias; el impulso a la industria; el refuerzo del sector agrario, con “menos cargas burocráticas y más competitivo”; y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

“¿A quién le parece mal este acuerdo?”, se ha preguntado el portavoz popular, para responder a continuación que “a la izquierda rabiosa, que no suma y que no es alternativa de nada”.

De cara al Debate de Investidura que arranca este martes en la Asamblea de Extremadura, Sánchez Juliá ha asegurado que Guardiola lo afronta con confianza y con la “responsabilidad del trabajo bien hecho”.

Los empadronamientos irregulares a personas migrantes se han convertido en una actividad menos extraña de lo que parece en la ciudad de València. En apenas seis semanas la Policía Nacional ha detenido a 30 personas por falsificar y vender contratos para empadronamientos irregulares, cobrando entre 300 y 700 euros a personas en situación de vulnerabilidad para poder justificar un domicilio en el padrón; elDiario.es informó de un centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, a raíz de una denuncia interna en el Hospital Clínico, y el propio Ayuntamiento ha trasladado a Fiscalía un tercer caso.

El consistorio denunció ante el Ministerio Fiscal al menos tres empadronamientos irregulares en un domicilio de la ciudad, después de que un particular se personara en las oficinas del Padrón por haber recibido una notificación de un registro en su vivienda. El particular es un diputado del PP en las Corts Valencianes, que recibió un escrito de la oficina censal informándole de un alta en su dirección. El diputado, que prefiere que su nombre no trascienda, es natural de Castellón, pero emplea este piso que tiene desde hace dos décadas como su residencia en la ciudad por trabajo.

Según explica a elDiario.es, a principios de enero recibió el escrito del Ayuntamiento con un alta de una persona que desconocía, de origen indio, que la había solicitado en abril del año anterior solo con su pasaporte. “Fui al Ayuntamiento y lo comuniqué, primero pregunté cómo se podía hacer un empadronamiento y pedí la baja”. En la oficina, le explicaron que se había presentado un contrato de alquiler en el piso, incluso el recibo de haber pagado una mensualidad. “No tengo ningún contrato de arrendamiento. Alguien falsificó el contrato y la firma por la mensualidad”, explica el parlamentario, que apunta que nunca ha tenido el piso en alquiler.

El denunciante solicitó comprobar si se habían empadronado más personas en su domicilio, y el consistorio encontró a otras dos, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, dos empadronamientos de cuatro y ocho meses de duración cada uno. El personal municipal comprobó que los contratos aportados tenían el mismo formato que el denunciado, pero la firma del propietario era diferente en cada uno. Tras la queja, el padrón abrió una investigación para recopilar la información y el Ayuntamiento acordó depositarla en Fiscalía, por si fuera constitutiva de delito.

Sobre el centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, el consistorio no ha confirmado ninguna actuación. La empresa manifestó que pediría la documentación sobre el padrón a las oficinas municipales.

Las reacciones al borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid han llevado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a modificar el proyecto. El Ejecutivo rebajará a cinco años el empadronamiento necesario en la región para solicitar alquileres en una vivienda protegida, según ha avanzado este jueves en el Pleno de la Asamblea el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Fuentes de la Consejería de Vivienda explican además, según recoge Europa Press, que el Gobierno regional mantendrá el requisito general de diez años de empadronamiento previsto para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, aunque habrá excepciones. No se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o efectuado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda. Se trata del grupo de perjudicados en una situación más delicada, debido a que habían desembolsado miles de euros sin saber con exactitud cuando les serían devueltos en caso de verse damnificados por la iniciativa.

Rodrigo ha avanzado que el objetivo es aprobar el nuevo reglamento en julio, pese a estos nuevos ajustes. “Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, ha detallado el consejero, quien ha afirmado que están admitiendo todavía enmiendas. Así, ha destacado que mientras en la Comunidad defienden “el arraigo” de todos los madrileños y que tengan la oportunidad de tener una vivienda pública, lo que el PSOE hace es comprometerse “a regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños”.

Estas declaraciones confirman la teoría de muchos de los afectados, que lamentaban una medida autonómica improvisada y tomada en represalia a dicha regularización aunque ello suponga “ir contra una Comunidad de Madrid que siempre se ha caracterizado por su acogida”. Más de 350 adjudicatarios de Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB) de régimen cooperativista en desarrollos urbanos como Los Cerros, El Cañaveral o Los Berrocales se han organizado a través de chats de Telegram para estudiar acciones contra el reglamento actualizado. “Tendríamos que encontrar a tantas personas como salgan para sustituirnos. Hay mucha demanda, pero sería una crisis muy grande para los gestores de estas cooperativas. Creemos que no va a salir adelante la nueva ley, pero si ocurre nos tendremos que ir”, explicaba Adrián, uno de los cooperativistas.

La Comunidad de Madrid habla de “seguridad jurídica” frente a la incetidumbre de los damnificados

Los afectados reprochaban un endurecimiento tan severo de los requisitos en viviendas cuya titularidad ni siquiera es pública, ya que la Comunidad de Madrid solo limita el precio máximo del metro cuadrado. “Vivimos de alquiler y necesito ya una casa. Esta VPPL me cuesta 380.000 euros a través de una cooperativa y es lo único a lo que puedo acceder, no sin sacrificios. Puse 60.000 euros y ahora estamos viendo cómo nos echan”, lamentaba en declaraciones a Somos Madrid otra afectada, Elena.

Con estas modificaciones, la Comunidad de Madrid defiende por contra su intención de reforzar “la seguridad jurídica, proteger a quienes ya habían adquirido compromisos previos y adaptar la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida”. Apostillan que en los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia.

En el Pleno, Rodrigo ha indicado que se va a definir un marco regulatorio de la vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid, adaptándose “a la realidad actual” para impulsar la construcción, facilitar su gestión y al mismo tiempo para aumentar la oferta publica de vivienda disponible. Una de las principales novedades, dice, es ahondar en la simplificación de los trámites administrativos incorporando la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y otros trámites como el visado de contratos de títulos de acceso a las viviendas.

El empadronamiento es la llave a los derechos básicos. Permite acceso a la cobertura sanitaria, escolarización y, en caso de las personas migrantes, es imprescindible para acreditar la residencia e iniciar trámites de regularización. Es por ello que, dada la condición de vulnerabilidad y desesperación, es un espacio en el que proliferan las estafas o los abusos. Estafas como la de la venta de contratos de alquiler o de citas previas para trámites de extranjería. O como la de abonar hasta mil euros para poder empadronarse en un domicilio en el que no se reside.

En los últimos meses, la Policía ha realizado una treintena de detenciones en Valencia relacionadas con la venta de contratos de alquiler falsos a personas migrantes, unas irregularidades que permiten iniciar trámites. La última, una operación efectuada este mismo miércoles, con la detención de 28 personas que cobraban 300 euros por realizar contratos fraudulentos que servían después en el padrón municipal.

Según la información recabada por elDiario.es, la práctica es más común de lo que parece y no se limita a viviendas particulares, como el caso más reciente. Este diario ha obtenido información que apunta que varias decenas de migrantes extracomunitarios, de origen magrebí y en situación de sinhogarismo, figuran empadronados en una residencia de estudiantes de València, que está investigando el caso. La empresa, especializada en el alquiler de viviendas, apunta que ha iniciado las pesquisas para determinar si hay irregularidades, ante la consulta de este diario.

Profesionales sanitarios alertaron en el Hospital Clínico que un número que consideraron relevante de personas de nacionalidad argelina acudían desde octubre para recibir cobertura sanitaria, empadronadas todas en un mismo edificio. En tres meses acudieron 16 personas con la misma dirección, un bloque de viviendas que está destinado al alquiler por habitaciones para estudiantes y nómadas digitales con poder adquisitivo. Estas personas, según la denuncia interna a la que ha tenido acceso elDiario.es, presentaban “heridas y condiciones higiénicas” que han hecho dudar a los facultativos de sus condiciones reales de vivienda.

Los profesionales sanitarios, que prefieren mantener el anonimato, preguntaron a los pacientes y algunos apuntaron que viven en el antiguo circuito urbano de Fórmula 1, donde hay uno de los mayores asentamientos chabolistas de València, que incluso se divide por 'barrios' en función de la nacionalidad. Otros atendidos, según esta denuncia, refieren que “les permiten empadronarse allí [en la residencia] pagando por los 3 primeros meses mil euros” y que apuntaban que dicho empadronamiento tiene una validez de dos años que les sirve para realizar trámites. La empresa niega expresamente haber dado autorización de manera irregular ni haber cobrado por este trámite, como tampoco ha tenido conocimiento sobre ello, preguntada por elDiario.es. Consultada una de las ONG que atiende a las personas del asentamiento del circuito urbano, apuntan que no les consta ninguna denuncia sobre esta cuestión.

Según la información recabada por elDiario.es, hay cerca de 80 personas migrantes empadronadas en el edificio, con edades muy dispares: de los 22 a los 60 años. Figuran en distintos pisos desde hace meses, algunos desde el año 2024, según las fuentes consultadas. El inmueble tiene altas y bajas en el padrón constantes, algo que encaja con la residencia temporal que ofrece, pero en el caso de estos migrantes, se mantienen durante meses vigentes, informan las mismas fuentes. Fuentes de la mercantil apuntan que no es el perfil con el que suelen trabajar.

Para empadronarte en Valencia en un inmueble que no es propio se necesita el pasaporte, contrato de alquiler en vigor con duración superior a seis meses, referencia catastral y recibo del pago del alquiler en el que figure el nombre del propietario, o su autorización expresa. El consistorio indica en su servicio de información que “no sirve para acreditar la duración de más de seis meses, los contratos con renovaciones de mes en mes”. Si la vivienda es propiedad de una empresa, se debe aportar un documento que justifique la relación, si no consta en el contrato.

La empresa abre una investigación

El edificio, cuya dirección exacta omite este diario, es un inmueble en la Calle Rodríguez de Cepeda, en la zona de Algirós, cerca de Amistat uno de los barrios universitarios. Consta de 28 viviendas de 130 metros cuadrados que se alquilan por habitaciones, donde se comparte piso con entre cinco y siete personas. Su precio ronda los 480 euros por habitación, según los portales inmobiliarios, e incluye limpieza quincenal y suministros. El inmueble se promociona como una residencia estudiantil especializada en estudiantes extranjeros y nómadas digitales, un coliving que también incluye consejos legales para vivir en la ciudad a estudiantes y trabajadores.

La empresa propietaria, parte de la socimi Vandor, señala a preguntas de elDiario.es que ha abierto una investigación al respecto y desconoce esta situación. Ni les consta el empadronamiento ni se ha realizado con su permiso, comunican a elDiario.es. “La compañía no tiene constancia de irregularidades vinculadas a procesos de empadronamiento en nuestros activos. No obstante, ante su pregunta, Vandor ha procedido de inmediato a abrir una consulta al Ayuntamiento para revisar cualquier posible anomalía en el padrón de nuestras fincas en Valencia. Como no puede ser de otra manera, Vandor no autoriza ningún empadronamiento que no esté vinculado a un contrato de arrendamiento legal y vigente. Si detectáramos que terceros ajenos han hecho un uso fraudulento de nuestras direcciones o documentos, daremos traslado inmediato a las autoridades para que se depuren responsabilidades”, comunica la empresa.

Los empadronamientos sociales no están funcionando

El empadronamiento es una forma de acreditar la estancia de cara a futuros trámites con extranjería, lo que se conoce como arraigo. Permite, así mismo, obtener cobertura sanitaria, acceder a la escolarización, ayudas públicas y otros trámites. Es, además, una obligación legal en España.

En los ayuntamientos existe la figura de un padrón especial para personas en situación de sinhogarismo o en exclusión social, si tienen conocimiento los Servicios Sociales de esta condición de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de València recibió el pasado año 5.826 peticiones de empadronamientos especiales, de los que solo ha concedido 125 solicitudes. Hay más de 3.800 sin resolver, según los últimos datos disponibles. En el caso de València el refuerzo de trabajadores del padrón ha venido de la mano con un aumento de sus funciones, con lo que la carga de trabajo sigue siendo elevada. Para muestra, las largas colas diarias junto al edificio municipal. “Los empadronamientos sociales no están funcionando”, cuestiona un empleado.

En los servicios sociales denuncian que la práctica irregular de pedir dinero por un empadronamiento es habitual en muchas ciudades, y aconsejan no ceder a ella. También señalan que las personas migrantes son las más vulnerables y perjudicadas en estos casos. Para ello está el empadronamiento especial, exponen.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del padrón indican que, en caso de migrantes extracomunitarios, deben actualizar los datos cada dos años. Si no, se tramita la baja automáticamente. Esto encaja con la denuncia recogida por los profesionales del hospital, que refiere este periodo de tiempo en la duración del padrón. Asimismo, existen procedimientos para verificar si una persona sigue residiendo en el domicilio, a través de la correspondencia física del ayuntamiento: en caso de dudas, se envía una carta que ha de obtener respuesta. elDiario.es ha trasladado la consulta a Sanidad para saber si hay una denuncia en curso.

L’empadronament és la clau als drets bàsics. Permet accés a la cobertura sanitària, escolarització i, en cas de les persones migrants, és imprescindible per a acreditar la residència i iniciar tràmits de regularització. És per això que, atesa la condició de vulnerabilitat i desesperació, és un espai en què proliferen les estafes o els abusos. Estafes com la de la venda de contractes de lloguer o de cites prèvies per a tràmits d’estrangeria. O com la d’abonar fins a mil euros per a poder empadronar-se en un domicili en què no es resideix.

En els últims mesos, la Policia ha fet una trentena de detencions a València relacionades amb la venda de contractes de lloguer falsos a persones migrants, unes irregularitats que permeten iniciar tràmits. L’última, una operació efectuada dimecres mateix, amb la detenció de 28 persones que cobraven 300 euros per fer contractes fraudulents que servien després en el padró municipal.

Segons la informació recaptada per elDiario.es, la pràctica és més habitual del que sembla i no es limita a habitatges particulars, com el cas més recent. Aquest diari ha obtingut informació que apunta que diverses desenes de migrants extracomunitaris, d’origen magrebí i en situació de sensellarisme, figuren empadronats en una residència d’estudiants de València, que està investigant el cas. L’empresa, especialitzada en el lloguer d’habitatges, apunta que ha iniciat les perquisicions per a determinar si hi ha irregularitats, davant la consulta d’aquest diari.

Professionals sanitaris van alertar en l’Hospital Clínic que un nombre que van considerar rellevant de persones de nacionalitat algeriana acudien des d’octubre per a rebre cobertura sanitària, empadronades totes en un mateix edifici. En tres mesos van acudir 16 persones amb la mateixa adreça, un bloc de cases que està destinat al lloguer per habitacions per a estudiants i nòmades digitals amb poder adquisitiu. Aquestes persones, segons la denúncia interna a què ha tingut accés elDiario.es, presentaven “ferides i condicions higièniques” que han fet dubtar els facultatius de les seues condicions reals d’habitatge.

Els professionals sanitaris, que prefereixen mantindre l’anonimat, van preguntar als pacients i alguns van apuntar que viuen en l’antic circuit urbà de Fórmula 1, on hi ha un dels assentaments de barraques més gran de València, que fins i tot es divideix per ‘barris’ en funció de la nacionalitat. Altres atesos, segons aquesta denúncia, refereixen que “els permeten empadronar-se allí [en la residència] pagant pels 3 primers mesos mil euros” i que apuntaven que aquest empadronament té una validesa de dos anys que els serveix per a fer tràmits. L’empresa nega expressament haver donat autorització de manera irregular ni haver cobrat per aquest tràmit, com tampoc n’ha tingut coneixement, preguntada per elDiario.es. Consultada una de les ONG que atén les persones de l’assentament del circuit urbà, apunten que no els consta cap denúncia sobre aquesta qüestió.

Segons la informació recaptada per elDiario.es, hi ha prop de 80 persones migrants empadronades en l’edifici, amb edats molt dispars: de 22 anys a 60. Figuren en diferents pisos des de fa mesos, alguns des de l’any 2024, segons les fonts consultades. L’immoble té altes i baixes en el padró constants, cosa que encaixa amb la residència temporal que ofereix, però, en el cas d’aquests migrants, es mantenen durant mesos vigents, informen les mateixes fonts. Fonts de la mercantil apunten que no és el perfil amb què solen treballar.

Per a empadronar-te a València en un immoble que no és propi es necessita el passaport, contracte de lloguer en vigor amb duració superior a sis mesos, referència cadastral i rebut del pagament del lloguer en què figure el nom del propietari, o la seua autorització expressa. El consistori indica en el seu servei d’informació que “no serveix per a acreditar la duració de més de sis mesos, els contractes amb renovacions de mes en mes”. Si l’habitatge és propietat d’una empresa, s’ha d’aportar un document que justifique la relació, si no consta en el contracte.

L’empresa obri una investigació

L’edifici, l’adreça exacta del qual omet aquest diari, és un immoble al carrer de Rodríguez de Cepeda, a la zona de l’Amistat, un dels barris universitaris. Consta de 28 habitatges de 130 metres quadrats que es lloguen per habitacions, on es comparteix pis amb entre cinc i set persones. El preu està al voltant de 480 euros per habitació, segons els portals immobiliaris, i inclou neteja quinzenal i subministraments. L’immoble es promociona com una residència estudiantil especialitzada en estudiants estrangers i nòmades digitals, un coliving que també inclou consells legals per a viure a la ciutat a estudiants i treballadors.

L’empresa propietària, part de la socimi Vandor, assenyala a preguntes d’elDiario.es que ha obert una investigació sobre aquest tema i desconeix aquesta situació. Ni els consta l’empadronament ni s’ha fet amb permís seu, comuniquen a elDiario.es. “La companyia no té constància d’irregularitats vinculades a processos d’empadronament en els nostres actius. No obstant això, davant la seua pregunta, Vandor ha obert immediatament una consulta a l’Ajuntament per a revisar qualsevol possible anomalia en el padró de les nostres finques a València. Com és d’esperar, Vandor no autoritza cap empadronament que no estiga vinculat a un contracte d’arrendament legal i vigent. Si detectàrem que tercers aliens han fet un ús fraudulent de les nostres adreces o els nostres documents, donarem trasllat immediat a les autoritats perquè es depuren responsabilitats”, comunica l’empresa.

Els empadronaments socials no funcionen

L’empadronament és una manera d’acreditar l’estada amb vista a futurs tràmits amb estrangeria, la qual cosa es coneix com a arrelament. Permet, així mateix, obtindre cobertura sanitària, accedir a l’escolarització, ajudes públiques i altres tràmits. És, a més, una obligació legal a Espanya.

Als ajuntaments existeix la figura d’un padró especial per a persones en situació de sensellarisme o en exclusió social, si tenen coneixement els Serveis Socials d’aquesta condició de vulnerabilitat. L’Ajuntament de València va rebre l’any passat 5.826 peticions d’empadronaments especials, dels quals només ha concedit 125 sol·licituds. N’hi ha més de 3.800 sense resoldre, segons les últimes dades disponibles. En el cas de València, el reforç de treballadors del padró ha vingut de la mà amb un augment de les seues funcions, amb la qual cosa la càrrega de treball continua sent elevada. Per a mostra, les llargues cues diàries al costat de l’edifici municipal. “Els empadronaments socials no funcionen”, qüestiona un empleat.

En els Serveis Socials denuncien que la pràctica irregular de demanar diners per un empadronament és habitual en moltes ciutats, i aconsellen no cedir-hi. També assenyalen que les persones migrants són les més vulnerables i perjudicades en aquests casos. Per a això està l’empadronament especial, exposen.

Fonts coneixedores del funcionament del padró indiquen que, en cas de migrants extracomunitaris, han d’actualitzar les dades cada dos anys. Si no, es tramita la baixa automàticament. Això encaixa amb la denúncia recollida pels professionals de l’hospital, que refereix aquest període de temps en la duració del padró. Així mateix, hi ha procediments per a verificar si una persona continua residint en el domicili, a través de la correspondència física de l’Ajuntament: en cas de dubtes, s’envia una carta que ha d’obtindre resposta. ElDiario.es ha traslladat la consulta a Sanitat per saber si hi ha una nitat per saber si hi ha una denúncia en curs.

El acuerdo entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y la Fundación Casa de Alba para reducir cinco euros el precio de la entrada al Palacio de Liria no era tal, sino una iniciativa privada de la entidad que administra el patrimonio de la familia nobiliaria. Pese a ello, el Ejecutivo municipal impulsó la comunicación de la acción mediante un acto al que acudió la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. También mediante una nota de prensa en los canales oficiales del Consistorio.

“Lo que se ha comunicado públicamente es que ambas partes han alcanzado un entendimiento para facilitar una reducción en el precio de la entrada al Palacio de Liria para las personas nacidas y empadronadas en la ciudad de Madrid, decisión que corresponde exclusivamente a la Fundación Casa de Alba como entidad titular y gestora del espacio”, reconocen fuentes del área de Cultura de la corporación municipal en declaraciones a Somos Madrid. Pero Rivera de la Cruz se refirió expresamente a la medida como fruto de un “acuerdo” en la presentación.

“Dicha medida no conlleva contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid, ni económica ni de ningún otro tipo, ni genera obligación, compromiso o derecho alguno para esta administración”, apostillan desde Cultura. En respuesta a una petición de información de Más Madrid emitida por la coordinación general de Cultura, este organismo habla de nuevo de “un entendimiento” y concreta que “no existe expediente administrativo ni documentación adicional susceptible de ser remitida en los términos solicitados”.

Un gesto que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y Madrid”

El Ayuntamiento de Madrid hizo público el pasado 29 de enero ese supuesto acuerdo con la Fundación Casa de Alba en el que la entidad privada establece tarifas rebajadas en el acceso al Palacio de Liria para aquellas personas nacidas o empadronadas en la capital. Los visitantes madrileños necesitarán enseñar el DNI o el certificado de empadronamiento para acreditar una de esas dos condiciones.

La medida, presentada por Rivera de la Cruz y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, contempla una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros en fines de semana, tanto al propio recinto como a sus exposiciones. El precio general es de 20 y 22 euros, respectivamente, así que la rebaja en ambos casos es de cinco euros.

La concejala recalcó que “el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y este acuerdo permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad”. La edil tachó el gesto de “simbólico”, al tiempo que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y la ciudad de Madrid”.

La concejala de Más Madrid Cuca Sánchez, sin embargo, lamenta este episodio: “El Ayuntamiento de Madrid admite por escrito que los descuentas de la Casa de Alba en las entradas para el Palacio de Liria no están amparados en ningún convenio, ni expediente administrativo, ni ningún informe técnico. Como si el Ayuntamiento de Madrid en lugar de una administración fuese el cortijo de la Casa de Alba, que usan para su autobombo”. También considera que “se ha perdido la oportunidad de acordar precios realmente populares e incluso de introducir días o franjas horarias de gratuidad. Pero es que además, lo poco que se ha anunciado ni siquiera tiene garantías de cumplirse, porque no hay ningún acuerdo escrito ni ningún procedimiento administrativo que vincule a la Casa de Alba, y mañana podrían cambiar de criterio o subir el precio y el Ayuntamiento no tendría cómo reclamarles nada por el incumplimiento de lo anunciado”.

“Es una absoluta vergüenza por la que exigimos explicaciones a la delegada de Cultura”, añade la edil, a la vez que muestra su preocupación porque también “se discrimina a las personas migrantes por no dejarles presentar su tarjeta de identificación TIE para acreditar su residencia, ya que sólo aceptan el DNI”.

“Entendimiento” en mitad de un polémico proceso de desahucios

La presentación tuvo lugar en el propio Palacio de Liria en un momento especialmente tenso en el entorno por la acción de la Casa de Alba. En la calle Duque de Liria, a pocos metros de este icónico inmueble cercano a la Plaza de España, decenas de familias de seis bloques (incluidos arrendatarios de renta antigua) se enfrentan a los intentos de expulsión por parte de la familia nobiliaria, ahora con el duque de Alba Carlos Fitz-James Stuart al frente. En diciembre, la empresa intermediaria Bala Investment comenzó a remitir cartas en las que asegura hablar en nombre de la propiedad y les anuncia el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación.

El representante de comunicación de la propiedad, a preguntas de este diario, confirmó “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, aseveraba en conversación con este medio una de las inquilinas. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”, remataba.

La concejala delegada no quiso valorar la polémica y se limitó a recalcar que trabaja en “acuerdos que tienen que ver con Cultura, sin entrar en otras apreciaciones”. Dicho acuerdo, sin embargo, no ha sido suscrito por su ramo ni por ninguna otra área del Consistorio. Cree que el proceso de expulsión de las decenas de familias “no tiene nada que ver con que los madrileños puedan entrar en el Palacio de Liria en mejores condiciones de las que lo hacían”.

En los seis bloques afectados vivien diez familias de renta antigua, con contratos firmados antes de 1982 que les otorgan unas garantías especiales. El resto de inquilinos se cuentan por decenas, pero es difícil saber su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de la manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial.

“Si esto se aprueba, nos tendremos que ir”. La incertidumbre se apoderó de Adrián, y de otros 350 vecinos de nuevos desarrollos urbanos de Madrid ahora agrupados en un chat de Telegram, cuando conocieron el contenido de un proyecto de decreto que ultima el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según el borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Protegida, los pisos con protección en la región pasarán a requerir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos 10 años.

Así lo detalla la nueva reglamentación de los hogares con protección pública regional en la letra c) de su apartado 34. La modificación afecta tanto a la Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) como a la Vivienda Pública de Precio Limitado (VPPL), incluso aquellas de titularidad privada en las que la administración autonómica solo limita el precio máximo. Hasta ahora no existía ninguna exigencia al respecto en materia de padrón, mientras que en el caso de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) era de cinco años. “El requisito de acreditar diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid será exigible para quienes aspiren a una vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, incluyendo cooperativas o comunidades de bienes, y se aplicará únicamente a uno de los miembros de la unidad de convivencia”, explican a Somos Madrid desde la Consejería de Vivienda.

Los casos más dramáticos, esos 350 afectados de los que hablaba Adrián, son esas personas que han adquirido VPPB o VPPL a través de cooperativas gestionadas por promotoras privadas. Estos cientos de compradores han llegado a depositar ya importantes cantidades de dinero para que la inmobiliaria compre y edifique los terrenos. Cuando la nueva legislación entre en vigor, quienes lo hayan hecho sin cumplir los nuevos parámetros y sin que el procedimiento haya alcanzado el trámite de calificación provisional (que da luz verde a las obras) verán no solo cómo pierden la oportunidad de hacerse con su casa soñada. Además, deberán esperar a la entrada de nuevos cooperativistas para recuperar lo invertido. Un proceso que, según dice Adrián, “puede durar hasta cinco años”: “Tendríamos que encontrar a tantas personas como salgan para sustituirnos. Hay mucha demanda, pero sería una crisis muy grande para los gestores de estas cooperativas. Los gestores creen que no va a salir adelante la nueva ley, pero si ocurre nos tendremos que ir”.

A sus 31 años, Adrián comparte piso y había visto en una VPPB de Los Berrocales la posibilidad de comprar un piso al que mudarse con su pareja. El precio no es precisamente un regalo, pero sí algo más asequible que el de mercado: 350.000 euros por los 500.000 de la vivienda libre en ese mismo entorno. “No hay titularidad o ayuda directa de la Comunidad, simplemente el valor del metro cuadrado está topado”, recalca. Para la reserva de su vivienda asignada, debe depositar unos 100.000 euros antes de la citada calificación provisional. 70.000 este mismo año, de los cuales ya ha aportado una parte importante.

Es un golpe emocional. Ya hemos llegado a ver los planos de la que creíamos que iba a ser nuestra casa. Te haces una idea de cómo va a ser vivir en ella

Natural de Segovia, llegó a Madrid hace 12 años para estudiar su carrera universitaria. Sin embargo, no se empadronó hasta 2019, cuando encontró un trabajo fijo. Cuenta que cuando concluya el proceso de adjudicación, alrededor de 2028, le faltarán “unos pocos meses” para cumplir con este requisito. “Es un golpe emocional. Ya hemos llegado a ver los planos de la que creíamos que iba a ser nuestra casa. Te haces una idea de cómo va a ser vivir en ella”, relata.

Esa frustración sentimental es la que han sentido todos los afectados. Adrián cifra en 350 personas solo las que están en el chat de Telegram que agrupa a las personas en su situación de Los Berrocales, El Cañaveral y Los Cerros. A ello hay que sumar a las de otras promociones y a quienes no utilizan esta aplicación de mensajería. “Tiene que haber muchísimas más”, alerta.

La Comunidad avanza ahora nuevos ajustes: “No se exigirá a quienes hubiera desembolsado cantidades”

Ante esa respuesta de quienes ya se veían como futuros vecinos, la Consejería de Vivivienda comunica a este periódico algunos cambios respecto del proyecto de nuevo reglamento publicado originalmente: “No se exigirá el requisito de empadronamiento a las personas que, a su entrada en vigor, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o hayan entregado cantidades a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco a quienes formen parte de cooperativas de vivienda que ya hubieran desembolsado cantidades para la compra de suelo o de la propia vivienda”.

Mientras la Comunidad de Madrid traslada ahora estos ajustes que calmarían las aguas, los afectados han comenzado a organizar su respuesta en Telegram: contactos con grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, escritos al Defensor del Pueblo, una petición de Change.org o correos a la Consejería. Esta última acción podría parecer inútil, pero lo cierto es que las dudas sobre la medida están presentes incluso en el seno de la administración autonómica. Entre los informes que deben emitir las secretarías generales técnicas de las Consejerías ante un proyecto de decreto, el de Economía, Hacienda y Empleo muestra sus dudas al respecto de exigir 10 años de padrón: “Dada la finalidad del Proyecto de Decreto y los diferentes supuestos contemplados, podría resultar excesivo”. Cuestiona asimismo que “no se exceptúan explícitamente de su cumplimiento los alojamientos temporales de estudiantes, ni siquiera cuando se trate de estudiantes participantes en programas de movilidad e intercambio nacional e internacional”.

Ante esta inseguridad jurídica, Adrián pide “que se quite el requisito o que haya al menos un período de transición para quienes estamos en cooperativas”. O como mínimo “que bajen los años que solicitan, consideramos que es mucho”. Preguntado acerca de los motivos por los que el equipo de Ayuso ha planteado esta medida, indica que “en el grupo de Telegram se debate mucho”: “Hay quien dice que es un filtro por la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez o simplemente una política agresiva contra la inmigración. Pero lo cierto es que también afecta a mucha gente de España, en un momento de crisis de la vivienda muy grande en Madrid”.

“Que nos cambien las reglas a la mitad es tremendo”

Los Cerros es el desarrollo urbano más recóndito de todos los que están construyéndose en el este de Madrid, colindando ya con los municipios de Coslada y San Fernando de Henares. Hasta allí tenía pensado mudarse con su hijo adolescente Elena, que llegó a Madrid hace seis años procedente de Salamanca por motivos laborales. Tuvo que vender su casa “a un precio irrisorio comparado con los que hay aquí” y mudarse a la capital. “Vivimos de alquiler y necesito ya una casa. Esta VPPL me cuesta 380.000 euros a través de una cooperativa y es lo único a lo que puedo acceder, no sin sacrificios”. Su indignación es palpable en las declaraciones a este periódico: “Puse 60.000 euros y ahora estamos viendo cómo nos echan”.

“Que nos cambien las reglas a mitad es tremendo”, protesta. “Tenemos ahí un dinero retenido con la incertidumbre de si el proceso sigue adelante y sin poder mirar otras cosas porque sin esa cantidad no nos llega para comprar nada”, explica Elena. “Te cambia todos tus planes de futuro. Ahora lo único que nos queda es irnos a un pueblo lejano, porque con esta medida no vamos a poder permitirnos nada cerca, pero mi hijo tiene su vida hecha ya en Madrid”.

Te cambia todos tus planes de futuro. Ahora lo único que nos queda es irnos a un pueblo lejano, porque con esta medida no vamos a poder permitirnos nada cerca, pero mi hijo tiene su vida hecha ya en Madrid

La afectada confiesa que podría entender las nuevas restricciones en “viviendas sociales”, pero no lo comprende en “pisos que valen ya una pasta aunque sean de protección y sobre los que la Comunidad ni siquiera tiene la titularidad del suelo”. Pero su queja va más allá de una cuestión técnica: “Nos obligan a irnos porque querrán que Madrid sea de los madrileños, cuando lo bueno de esta ciudad es que acoge a todo el mundo”.

Desde la Consejería de Vivienda apuntan que “la redacción del texto se someterá a información pública y continúa en elaboración, adaptándose a los distintos informes internos que se han recibido, con el objetivo de definir adecuadamente las medidas que finalmente serán incluidas en la normativa”. También queda pendiente el trámite de audiencia, que “permitirá a cualquier persona formular alegaciones y trasladar sus propuestas”. A partir de su análisis y valoración, avanzan, “se redactará el texto definitivo que será sometido a los correspondientes informes de legalidad de la Abogacía de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Jurídico Asesora, para posteriormente elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva”.

Aunque la exigencia mínima de los damnificados es evitar la aplicación del nuevo requisito a las adjudicaciones que ya están en marcha eliminarlo, defienden que “lo ideal es eliminarlo”. Elena lo justifica porque “puedes cumplirlo ahora y luego no en la revisión, mientras que quitarlo daría mayor seguridad”.

A falta de esos últimos trámites, la incertidumbre se ha apoderado ya de Adrián, Elena y muchos más perjudicados por este criterio restrictivo. Este diario ha hablado con otras personas que prefieren no dar su nombre, cuyas historias son las de quienes hacen Madrid: extremeños llegados a la capital para estudiar una carrera que ya nunca volvieron a su tierra después de conseguir un trabajo, vecinos de la ciudad que llevan en ella una década pero no se han empadronado por necesidades médicas en sus localidades de origen y trabajadores que veían estas promociones de precio limitado una oportunidad para abandonar por fin la rueda de unos alquileres prohibitivos. Las gentes que dan sentido a Madrid, pero que con esta norma se quedan sin sitio en ella.

En una escena de la película La Amenaza Fantasma, la primera de la saga Star Wars por orden cronológico, el maestro Yoda advierte el miedo en su aprendiz Anakin Skywalker y le advierte: “El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento”. Le señala así el camino hacia el lado oscuro que el joven ya ha empezado a transitar aún sin darse cuenta. Y cómo las emociones negativas, originadas en el miedo, pueden llevar a la oscuridad y la destrucción.

Desgraciadamente, hace ya años que una parte de nuestros representantes públicos hace política en este país desde el miedo. El miedo a las mujeres, el miedo a los homosexuales; el miedo, sobre todo, a los inmigrantes. Bueno, no. Especifico. El miedo a los inmigrantes pobres, que los ricos no tienen nunca problema en ningún sitio.

Ese miedo que algunos políticos extienden entre las capas más desfavorecidas de la población, familias de clase trabajadora empobrecida, población joven que no ve claro su futuro, incluso inmigrantes que llegaron antes, sólo tiene un objetivo. Preservar los privilegios de los poderosos. Y liberar al Estado de su obligación de atender las necesidades de todos los residentes en este país. Es así de sencillo. O así de sencillo lo veo yo, claro.

Ese miedo se extiende como una epidemia, ayudado por los medios de comunicación, por los bulos en redes sociales, y rápidamente sigue el proceso que describe Yoda: alimenta la ira, se convierte en odio y genera sufrimiento. Sufrimiento en quien lo siente pero, especialmente, en quien sufre las consecuencias. Siempre los más desfavorecidos, los más vulnerables.

Es ese miedo el que utilizan los fascistas, los neonazis de Vox para desarrollar su actividad política. Víctimas de ese miedo son sus votantes. Me niego a pensar que hay tantos miles de convecinos, algunos familiares y amigos, capaces de odiar tanto y albergar tan malos sentimientos hacia su prójimo, ese prójimo del que hablan las sagradas escrituras de sus religiones. Víctimas de ese miedo son también los gobiernos del PP que dependen de sus votos para poder seguir gobernando y, cada vez con menos vergüenza o incomodidad, se pliegan a los deseos de los totalitarios para poder mantenerse en el poder.

El pacto presupuestario para 2026 firmado en la ciudad de Sevilla entre el gobierno municipal de José Luis Sanz y los fascistas de Vox responde a la perfección a ese modelo. A cambio de poder aprobar las cuentas anuales para seguir gobernando, el PP cede a varias peticiones ultras. Entre ellas, la que más claramente está definida por el odio al extranjero pobre, por el miedo al que es distinto, es la de controlar el padrón “para impedir la inscripción de inmigrantes ilegales”, según declaró la portavoz de la formación fascista, Cristina Peláez.

Se trata de una iniciativa inaplicable y sin efecto alguno, si no ilegal, pero que refleja bien a las claras el miedo del Gobierno municipal a quedarse sin apoyo de Vox, el odio que rige la acción política de la formación fascista y el sufrimiento de los más desfavorecidos, los marginados, los vulnerables, los inmigrantes pobres, de cuyo bienestar no se preocupa nadie, ni siquiera en Navidad

Probablemente, no deje de ser más que un brindis al sol, un guiño ideológico al electorado de Vox, a pesar de que el alcalde Sanz diga que el acuerdo suscrito “se centra en la gestión, se aleja de lo ideológico y se acerca a los problemas de los barrios”. Lo cierto es que la ley que regula el padrón municipal es de ámbito nacional y permite el empadronamiento a cualquier persona, independientemente de su situación legal en el país, siempre y cuando la residencia que se registre sea real.

La legislación reconoce que toda persona que viva realmente en un domicilio tiene derecho a estar empadronada, incluso si su situación administrativa en España no está regularizada. El padrón refleja la residencia efectiva, no el estatus legal.

Aunque no disponga de NIE ni tarjeta de residencia, un inmigrante puede empadronarse con su pasaporte en vigor y un documento que acredite su residencia, como un contrato de alquiler o una autorización firmada por el titular de la vivienda que corrobore que reside en el inmueble de manera habitual.

Además de facilitar el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, el empadronamiento es una prueba clave para iniciar trámites de regularización por arraigo social, que requiere demostrar varios años de permanencia continuada en España. Y esto es así en toda España, en todos sus pueblos y ciudades, y para todos los padrones municipales, gobierne quien gobierne cada ayuntamiento.

Encima, la medida, por inaplicable que resulte, puede tener un efecto disuasorio para el empadronamiento de muchos residentes justo en un momento en el que el Ayuntamiento está fomentando el crecimiento de la población registrada en la ciudad para poder recuperar la posición como cuarta ciudad más poblada de España, que desde hace unos meses es Zaragoza. Imagino que es que lo que se pretende es que se empadrone gente de bien, y no pobres inmigrantes africanos, asiáticos o americanos. Como si en un contexto de natalidad decreciente, los nuevos vecinos vayan a llegar de forma milagrosa por Navidad, de la mano de Papa Noel o los Reyes Magos.

La conclusión es que se trata de una iniciativa inaplicable y sin efecto alguno, si no ilegal, pero que refleja bien a las claras el miedo del Gobierno municipal a quedarse sin apoyo de Vox, el odio que rige la acción política de la formación fascista y el sufrimiento de los más desfavorecidos, los marginados, los vulnerables, los inmigrantes pobres, de cuyo bienestar no se preocupa nadie, ni siquiera en Navidad.

Conseguir una cita para empadronarse en Madrid se ha convertido para muchos ciudadanos en misión imposible. El ritual es el mismo cada día para algunos: entrar una y otra vez en la web del Ayuntamiento y refrescar la página sin éxito en busca de un hueco libre. El resultado que suele arrojar la búsqueda siempre es el mismo: “No se ha encontrado hueco disponible para el trámite seleccionado”. Con suerte, la única opción que queda es aceptar, casi por desesperación, una cita en un distrito lejano y en un horario incompatible con la jornada laboral. Lo que debería ser un trámite sencillo se transforma, en la práctica, en un laberinto burocrático que afecta de lleno al acceso a derechos básicos como la sanidad, la escolarización o las ayudas sociales.

Blanca, una joven de 26 años, se mudó en mayo y tuvo que iniciar el proceso burocrático habitual. No era la primera vez que se empadronaba en Madrid: hace dos años ya lo hizo, y en aquel momento fue rápido y sin incidencias. Esta vez, sin embargo, la historia fue muy distinta. “Llevo desde mayo intentándolo y no hay hueco”, explica en conversación con este periódico. Cuando el sistema llega a ofrecer alguna, las opciones son casi inviables: “De repente te da una cita en Usera un miércoles a las once de la mañana. No puedes elegir nada y yo tengo que trabajar. Además, llegar hasta allí me supone perder toda la mañana”.

La falta de alternativas ha llevado a Blanca a probar otras vías. Acudió sin cita previa a una oficina municipal en Sanchinarro, donde su pareja sí pudo empadronarse el mismo día. A ella, en cambio, no le dieron esa opción. “Fui porque necesitaba actualizar la tarjeta sanitaria. Tengo asma y me quedé sin poder comprar el medicamento que tomo a diario”, relata. La respuesta fue tajante: sin cita previa no podían hacer nada. Ni siquiera llamando al 010 encontró solución. “Me dijeron que no había citas y que probara a llamar ciertos días a ciertas horas, pero tampoco funcionó”, señala.

La situación se agravó cuando recibió una notificación del Ayuntamiento informándole de que otra persona se había empadronado en su antigua vivienda y, por tanto, debía regularizar su situación cuanto antes para evitar problemas con el censo electoral. “Es una obligación, pero no te dan herramientas para cumplirla”, cuenta. Blanca tampoco ha podido recurrir a la opción de autorizar a un familiar para llevar a cabo el trámite: sus padres trabajan y no disponen de tiempo para acudir en horario de mañana. “Lo más frustrante es ir a los centros y verlos casi vacíos. No entiendo por qué no puedes coger número y esperar o hacer la gestión en el momento”, lamenta.

Alba, otra veinteañera, vivió una experiencia similar, aunque logró empadronarse finalmente hace unos meses. El proceso, cuenta, fue relativamente sencillo, pero lento. “La cita nos la dieron para el mes siguiente. Si tienes cualquier urgencia, es prácticamente imposible”, explica. Como en otros casos, la oficina asignada no era la más cercana a su domicilio.

El lío burocrático no terminó al empadronarse. Después de conseguirlo, tuvo que hacer frente a un importante enredo con el cambio de médico. Llamaba y no le respondían, de un centro de salud le remetían a otro y la sensación, explica, era como “estar dando vueltas constantemente sin recibir una solución”. “Al final me planté en el centro y lo hice así, pero por teléfono no me solucionaron absolutamente nada”, recuerda.

Otras personas han tenido más éxito, es el caso de Lidia, que se empadronó después de mudarse desde Alcorcón. Solo tuvo que esperar un mes. “Pedí la cita el 19 de febrero y me la dieron para el 18 de marzo. Era lo primero disponible”, señala. Aunque no necesitaba cambiar de médico, confirma que el plazo de espera fue largo incluso aceptando la primera opción que ofrecía el sistema. “Tengo claro que es cuestión de suerte”, indica.

El negocio de las citas

Estas experiencias personales coinciden con el debate político que se ha reavivado esta misma semana en el Ayuntamiento de Madrid. La portavoz socialista en materia de Hacienda, Enma López, comparó la situación con una película de acción al asegurar que empadronarse en la ciudad se ha convertido en una auténtica “misión imposible”. López denunció además la existencia de un “mercado ilegal” de citas, con anuncios en redes sociales y plataformas de compraventa que ofrecen gestionar el trámite por entre 50 y 300 euros. “Es un proceso que se aprovecha de los más vulnerables, de quienes no pueden esperar para escolarizar a sus hijos o acceder a ayudas”, criticó.

Según explicó la portavoz socialista, ha proliferado un mercado ilegal de personas que venden citas en redes sociales o páginas de anuncios para llevar a cabo este trámite. Para evitar esta y otras irregularidades, el Gobierno municipal se ha comprometido a intensificar el control a través de “una verificación documental más estricta, controles cruzados para detectar duplicidades, la integración con bases externas como el INE o el catastro, y la limitación de empadronamientos masivos en vivienda salvo pruebas en contrario”, según detalló el pasado martes la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo.  

Muchos de los ciudadanos que recurren a este nuevo mercado fraudulento son extranjeros que necesitan demostrar que viven en la capital para poder obtener permisos de residencia y de trabajo. La desesperación les lleva a ofrecer, en muchos casos, más de 100 euros por conseguir un documento que certifique que están empadronados en la ciudad. Según señaló la portavoz socialista, algunas de las personas que se dedican a este negocio empadronan de forma masiva: “Hay inmuebles donde constan más de 70 personas”.

Desde el Gobierno municipal, la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, defendió que el Ayuntamiento trabaja desde 2019 en un plan de modernización del padrón, centrado en la digitalización de los procedimientos, el refuerzo de medios personales y tecnológicos y el control antifraude. Según detalló, en 2025 se han emitido 2,3 millones de certificados, más de un millón con firma digital, y se han tramitado más de 18.000 solicitudes electrónicas. “Cada trámite online libera tiempo para mejorar la atención presencial”, aseguró.

Hidalgo también avanzó medidas para reforzar la verificación documental y evitar empadronamientos masivos irregulares, en coordinación con otras administraciones y cuerpos policiales. Un discurso que no convence a la oposición, que señala que el presupuesto destinado a la gestión técnica del padrón apenas aumenta y propone ampliar el personal en las oficinas de atención ciudadana para frenar la falta de citas y el negocio ilegal.

Importante revés al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en su ofensiva contra centros sociales de asistencia a la población migrante en Lavapiés. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Madrid ha declarado la nulidad del decreto aprobado en abril de 2024 por el concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura, que anulaba la Carta Aval. Esto es, una herramienta que permite el empadronamiento de personas sin domicilio fijo en la capital en ciertos centros sociales.

La sentencia, contra la que cabe apelación, critica con dureza la medida adoptada por el Ayuntamiento, al que condena a abonar las costas del proceso. En el escrito, al que ha tenido acceso Somos Lavapiés, la magistrada estima el recurso del Colectivo AGAR (integrado en la Red Interlavapiés) y concluye que “se ha omitido un trámite esencial, el trámite de audiencia en el expediente administrativo”. Este hecho, argumenta, “implica la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y, por tanto, vulnerando derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”.

La jueza se refieren en concreto a lo dispuesto en las letras a) y e) del artículo 47.1 de la Ley 39/2015. Unos preceptos que establecen cómo los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos donde “se lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional” o se “prescinda total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. Desde el Ejecutivo municipal, ante las preguntas de este diario, no trasladan hasta el momento una reacción a este dictamen ni confirman si presentarán recurso.

Para la jueza, aunque la propia Carta Aval contempla que el distrito Centro puede darla de baja en cualquier momento, dicha finalización debe ir precedida de la pertinente comunicación previa a las entidades afectadas. “Respecto del trámite de audiencia en todo procedimiento administrativo, se configura en nuestro ordenamiento jurídico como un trámite indispensable en los procedimientos en que hay interesados, de manera que es preciso que toda administración siga en la tramitación de los expedientes un procedimiento con todas las fases legalmente previstas”, expone.

La jueza reprocha al Ayuntamiento que no acredite el supuesto alto número de empadronamientos ficticios

Aunque esta es la principal motivación para dejar sin efecto el decreto del distrito, la magistrada critica igualmente la falta de justificación de la medida: “Llama poderosamente la atención que los motivos por los cuales se retira la Carta Aval, consistentes en el supuesto alto número de empadronamientos ficticios y en las presuntas irregularidades en cuanto a la comunicación de baja de empadronamientos, no figura acreditada de ninguna manera en todo el expediente administrativo”. Y añade: “De conformidad con el referido documento, se constata que en el distrito Centro el total de empadronamientos ficticios en servicios sociales fue de 259 y los efectuados por el Colectivo AGAR fue de 106, de manera que no se puede considerar objetivamente excesivo dicho número atendiendo al contexto sociológico específico del Distrito Centro”.

Un contexto que la jueza describe con todo detalle en la sentencia: “La parte recurrente, al igual que otras entidades colaboradoras como la Asociación Valiente Bangla, tiene una función que resulta fundamental para la administración municipal y, por extensión, para toda la ciudadanía madrileña. Es un hecho notorio para toda persona que haya nacido, crecido y vivido en el centro de Madrid que en el distrito Centro existe una población de considerable entidad que vive bajo el umbral de la pobreza y en una situación de extrema vulnerabilidad, y que dicho segmento poblacional se encuentra integrado mayormente por personas migrantes”.

Además de a Colectivo AGAR, la resolución cita la oposición a la medida de la Junta Municipal de Centro que ha llevado a cabo la entidad Valiente Bangla, que según describe en sus redes “desde 2007 asesora a personas extranjeras para regularizar su situación y fomentar su integración en la sociedad española”. En septiembre del 2024, fue una de las agrupaciones afectadas por un desalojo promovido por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), también adscrita al Gobierno de Almeida. Fuentes de EMVS comunicaron a este medio que las asociaciones no podrían seguir en sus locales “ya que el contrato original establecía un periodo de cinco años con otros dos de prórroga”, pero el caso despertó una gran oposición vecinal en Lavapiés. 

La magistrada no solo cuestiona la difícil situación de las personas migrantes, sino del conjunto del tejido social en Lavapiés debido a determinadas dinámicas del mercado inmobiliario: “En los últimos 15 años se ha producido un aumento de la turistificación de la ciudad de Madrid en una proporción geométrica y que el incremento desproporcionado de pisos turísticos, junto con otros factores, ha derivado en el encarecimiento exorbitante de los precios de alquiler y en la carestía de oferta de vivienda, todo lo cual ha determinado la expulsión de esta zona a una considerable parte de la ciudadanía además de imposibilitar a determinados colectivos marcados por la vulnerabilidad acceder a unas condiciones de vida humana y mínimamente dignas ante dicha situación”.

Se ha producido un aumento de la turistificación de Madrid y el incremento desproporcionado de pisos turísticos ha derivado en el encarecimiento exorbitante de los precios de alquiler y la carestía de oferta de vivienda, lo cual ha determinado la expulsión de esta zona a una parte de la ciudadanía

La concejala de Más Madrid Cuca Sánchez califica de “cacicada” la actuación de Segura y celebra la decisión judicial en declaraciones a este periódico: “Felicitamos a los colectivos por su victoria. La sentencia es tajante y demoledora: esta resolución no se ajusta a derecho y, por tanto, queda anulada. Carlos Segura argumentó, con bulos tal y como se ha demostrado, que se estaban produciendo un elevado número de empadronamientos ficticios. Algo totalmente falso, fue una decisión del PP mezquina que, tal y como apunta el fallo judicial, no se sustenta en ningún documento y que no se ajusta a derecho”. 

“El Colectivo AGAR demandó al Ayuntamiento y ha ganado, es una victoria para los colectivos y para las personas que luchan por buscarse la vida en nuestra ciudad. El padrón es un derecho y el Ayuntamiento de Almeida no ha hecho más que obstaculizarlo. Y las consecuencias son nefastas para miles de personas, de familias, de niños y niñas. Sin padrón no hay asistencia sanitaria, ni los niños y niñas pueden ser escolarizados, ni acceder a una vivienda... Almeida les niega sus derechos más básicos y les invisibiliza, por eso este fallo judicial es tan importante”, concluye la edil.

La Guardia Civil ha detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia (Mallorca) por supuestamente empadronar de forma fraudulenta a más de 400 personas extranjeras que se encontraban en situación irregular y que habían sido dadas de alta en domicilios que no existían, en solares en los que no había construcción alguna o en viviendas que ni tan siquiera estaban acabadas.

La detención se produjo en la mañana de este miércoles, y este jueves ha pasado a disposición de un juzgado de Inca, tal como ha informado el Instituto Armado. Sobre el arrestado pesan, entre otros, delitos de falsedad documental. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), ha comparecido este jueves en rueda de prensa para informar de que en total se han contabilizado 438 empadronamientos fraudulentos, aunque por el momento se han podido comprobar de forma fehaciente 430. El sospecho les cobraba una importante cantidad de dinero para realizarles los trámites, según informa el diario local Última Hora.

Todos ellos eran personas migrantes que se encontraban en situación administrativa irregular. Este mismo viernes, ha indicado, el Consistorio tiene la intención de comenzar a dar de baja del padrón a todos ellos.

“Se les tiene que dar de baja a todos porque no se puede comprobar que vivan aquí, en las casas en las que están empadronados no vive nadie o no hay casa. A partir de ahí, como administración local, no podemos hacer nada”, ha apuntado la alcaldesa.

La primera edil ha detallado que el funcionario, natural de Alcúdia, empezó a trabajar en el Ayuntamiento como interino en mayo de 2023. Estuvo tres meses desempeñando sus labores en el departamento de Estadística y luego pasó a Contratación. Fue a partir de noviembre de ese mismo año cuando, supuestamente, comenzó a empadronar de forma fraudulenta a personas extranjeras. Ya tenía experiencia, pues se había dedicado a ello -aunque dentro de la legalidad- en otro ayuntamiento, ha incidido la alcaldesa.

No obstante, no tuvieron sospecha alguna hasta hace aproximadamente dos meses, cuando una persona se acercó al Consistorio a buscar un duplicado de un empadronamiento y no la encontraron en los registros. Sí estaba registrada en el sistema utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero no en el que emplea el Ayuntamiento, en el que consta información y documentación más detalladas.

Accedía a las oficinas municipales por las tardes

Aunque en un principio pensaron que el empadronamiento fraudulento podría haberlo realizado alguien ajeno al Consistorio, poco después comprobaron que era obra de un funcionario que, por las tardes, cuando las oficinas se encuentran cerradas, accedía al edificio en el que está ubicado el departamento de Estadística. Una vez identificado el sospechoso y ante la posibilidad de que hubiera más casos similares, pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que inició la correspondiente investigación.

Ya el lunes, los agentes de la Policía Judicial se llevaron el ordenador del sospechoso y entrevistaron a posibles testigos y el miércoles procedieron a la detención del funcionario. De forma paralela, el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario y tomó declaración al implicado y a las personas que podrían tener información acerca de los hechos. Ahora, ha indicado Linares, se encuentran a la espera de que el instructor del expediente lo resuelva.

“No es del agrado de nadie ver que un funcionario puede engañar a la administración de esta manera y empleando firmas ajenas, porque para un empadronamiento tiene que firmar el secretario municipal y la alcaldesa”, ha lamentado. Una vez el caso se judicialice, ha adelantado, el Ayuntamiento de Alcúdia se personará como acusación.

Junts ha decidido no firmar el Pacto del Padrón de Catalunya, un compromiso presentado este miércoles en el Parlament de Catalunya y refrendado por más de 500 entidades, así como por el PSC, ERC, Comuns y la CUP, para garantizar el derecho al empadronamiento “sin ningún tipo de discriminación”.

Se trata de un documento mediante el cual los partidos firmantes se comprometen a cumplir lo establecido en la ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”.

Pero Junts ha decidido no refrendar el pacto, igual que el PP y Aliança Catalana, porque “no aborda con profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón coherente con las herramientas y recursos que tiene el país ahora mismo”, ha dicho el partido en una carta que ha enviado a las entidades que han promovido el texto, firmada por Jordi Turull, secretario general, y Judith Toronjo, secretaria de organización.

Las entidades empezaron el proceso de negociación hace dos meses y medio durante el cual han intentado “buscar un consenso parlamentario amplio hasta el último momento”. Con Junts, concretamente, llevaron a cabo también reuniones bilaterales y estuvieron negociando hasta un día antes de la presentación del pacto. Pero finalmente no se llegó a buen puerto.

El texto consta de diversos puntos que, en esencia, recuerdan cuáles son las obligaciones de los municipios en base a la ley. Por ejemplo, la obligación de garantizarlo con independencia del tipo de vivienda o situación administrativa, el reconocimiento del padrón sin domicilio fijo (aquel que ampara a las personas sin hogar), que se respeten los plazos y que no se exijan la necesidad de presentar documentación que la ley no contempla como contratos de alquiler o compra, cédulas de habitabilidad o recibos de suministros (para demostrar que no se está ocupando).

Junts, a pesar de no querer firmar este pacto, asegura en la carta que no discute “ninguno de los derechos fundamentales” de la ley y que los aplica “cada día” desde sus ayuntamientos. Pero esta afirmación, en realidad, se contradice con la realidad de algunos de los municipios que gobierna.

Según una investigación de ECAS, en Figueres, Bordils, Flaçà (Girona), Igualada y Martorell (Barcelona) se “vulnera el derecho al padrón”, y se ponen impedimentos a personas migradas o en situación de ocupación para empadronarse. Son dos sólo algunos de los 37 municipios en los que las entidades han detectado que se “vulneran de manera flagrante los derechos básicos”, tal como han asegurado. “El padrón es una herramienta para conocer el estado de un municipio, no para sacar rédito político”, han añadido.

Por ejemplo, el edil de Figueres, Jordi Masquef, inició una campaña de inspección que acabó con más de 800 bajas en el padrón. También el alcalde de Vic, Albert Castells, y el de Martorell, Xavier Fonollosa, manifestaron su rechazo a empadronar lo que calificaron de “okupas”,

Martorell es, de hecho, uno de los municipios, junto a Lleida, del PSC, que la Red de Entidades por el Padrón han llevado a los tribunales por poner trabas al empadronamiento de vecinos.

De hecho, el padrón viene siendo un tema importante en la agenda de Junts desde hace meses -sobre todo desde que la formación xenófoba Aliança Catalana empezó a robar votos a los de Puigdemont. Ya el verano pasado diversos alcaldes de la formación salieron a lamentar que, para sus municipios, era un problema empadronar a “personas recién llegadas” o aquellos que residieran en pisos ocupados o en infraviviendas.

Por eso, esta primavera Junts propuso una modificación de la norma para que se vetara a las personas que no puedan acreditar poseer o tener alquilado un domicilio, un supuesto que va totalmente en contra del derecho básico reconocido en la ley y en varias sentencias.

El motivo esgrimido por Junts era el efecto llamada, que provoca “una concentración excesiva en determinados municipios”, tal como asegura Junts en la carta, en la que pide un “plan de redistribución territorial equilibrado”.

Pero, en realidad, lo que genera esas concentraciones, tal como alertan las entidades, son las ciudades que dificultan el registro, ya que eso provoca que haya gente que tenga que empadronarse en municipios más garantistas a pesar de que no residan en ellos para poder acceder a derechos básicos como la atención sanitaria o la escolarización.

La presión de Aliança Catalana

La deriva hacia la derecha de los alcaldes de Junts coincide con el aumento en la intención de voto a Sílvia Orriols quien, según las últimas encuestas, podría llegar a arrebatar hasta 4 puntos a Junts en los próximos comicios. Fue la alcaldesa de Ripoll quien volvió a poner el padrón en el centro del debate, cuando se negó a registrar a colectivos migrantes y personas en situación de ocupación.

Orriols se justificaba haciéndose eco de un rumor muy extendido en los ámbitos de extrema derecha según el cual en los últimos años el Gobierno habría cambiado los criterios para permitir el padrón en cuevas, chabolas o incluso caravanas.

Pero lo cierto es que, desde hace más de dos décadas, los municipios siempre han tenido la obligación de registrar en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio, sin importar donde viven e incluso aunque no tengan techo.

La razón de esta obligación es que son los Ayuntamientos quienes deben proveer servicios básicos a las familias más precarias, tales como sanidad o educación o la intervención de los recursos sociales. Derechos de los que solo pueden disfrutar una vez estén recogidos como ciudadanos en el padrón.

Junts considera, sin embargo, que debe ser la Generalitat y no los municipios quienes ofrezcan estos servicios sociales básicos a las familias más precarias, a través de un “padrón social” que correría en paralelo al padrón normal que gestionan los municipios. De esta forma, se excluiría a las familias más necesitadas de los servicios que presentan los ayuntamientos.

Quien sí han firmado el pacto es el PSC, que gobierna más de la mitad de los municipios que las entidades han identificado que ponen trabas en el padrón. Al frente de consistorios como el de L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Tarragona o Terrassa, aglutinan también gran parte del grueso del 40% de la población catalana que vive en lugares en los que no se garantiza este derecho.

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la capital cuenta actualmente con 3.460.491 empadronados, la cifra más alta hasta la fecha en el siglo XXI, superando por primera vez los 3,4 millones. Además, en el último año, la ciudad incrementó su población en 120.560 habitantes, confirmando una tendencia en el aumento de la población en la capital que viene dándose desde el final de la pandemia.

Uno de los factores que hizo aumentar en mayor medida el número de habitantes de la capital fue su saldo migratorio. En total, llegaron procedentes de otros municipios más de 87.000 personas. Además, a lo largo de 2023 se produjeron más de 127.000 altas de extranjeros, cifra ligeramente inferior al año anterior, pero que sigue manteniendo a la ciudad de Madrid como destino residencial.

Ya sea por razones laborales o de estudios, muchas personas se ven obligadas a abandonar su ciudad natal e instalarse en la capital. Sea por la razón que sea, estos movimientos migratorios obligan a pasar por un trámite administrativo: el empadronamiento.

Empadronarse en el municipio de Madrid es un trámite obligatorio para todas las personas que residen en la ciudad de manera habitual. Este registro es fundamental para obtener acceso a diversos servicios públicos, así como para cumplir con las normativas fiscales y administrativas. En este artículo te explicamos los pasos a seguir y los documentos necesarios para llevar a cabo este trámite:

¿Por qué hay que empadronarse?

El Padrón es un registro administrativo en el que constan los habitantes de un municipio. La inscripción es obligatoria para todos los residentes en España y es fundamental para acceder a servicios como la sanidad, la educación o la participación en elecciones. Además, es un paso necesario para obtener ciertos documentos oficiales, como el DNI o el pasaporte.

Pueden darse múltiples situaciones por las que resulte necesario empadronarse, no solo es un trámite necesario para aquellas personas que vienen de otros lugares, también hay que informar de los cambios cuando el movimiento se produce de una vivienda a otra dentro de la misma ciudad. Existen varias situaciones que conllevan empadronarse:

Pasos a seguir para empadronarse y documentación necesaria

El empadronamiento solo se puede llevar a cabo de manera presencial, siempre con cita previa obligatoria. Para ello, se debe solicitar la cita a través de los siguientes canales:

Una vez obtenida la cita, es posible acudir a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía-Línea Madrid para llevar a cabo el trámite de manera presencial. Para ello, será necesario presentar la documentación necesaria. Dependiendo de la situación, los documentos requeridos pueden variar, pero generalmente se deberá presentar lo siguiente:

El plazo máximo para resolver el empadronamiento es de tres meses a partir de la solicitud, según lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por ello, después de entregar toda la documentación necesaria de forma presencial, en un plazo de tres meses el Ayuntamiento deberá emitir una verificación de la inscripción. En cualquier caso, al finalizar el trámite, con la misma cita, se facilita un certificado de empadronamiento que sirve como justificante durante los primeros meses hasta que se formaliza la inscripción.

En el caso de los recién nacidos, tres meses después del nacimiento los padres o representantes legales pueden comprobar si el recién nacido está empadronado a través de la plataforma “Mi Carpeta” en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente deberán renovar cada dos años la inscripción. En caso contrario se declarará la caducidad de la inscripción y la baja del padrón. Las personas con nacionalidad española no tendrán que renovar el empadronamiento.

¿Qué beneficios tiene empadronarse?

Una vez efectuado el empadronamiento, todos los ciudadanos madrileños pueden acceder a los servicios básicos de la ciudad como son la sanidad o la educación. Por ello, es recomendable solicitar de forma inmediata la tarjeta sanitaria de la Comunidad Madrid. Con ella, los residentes pueden acceder a la atención sanitaria pública, con la correspondiente asignación de un centro de salud y médico de cabecera. Puedes acceder a este trámite pinchando en este enlace.

El empadronamiento también es un requisito para la escolarización en centros educativos públicos y para solicitar plaza en escuelas infantiles municipales. Asimismo, permite acceder a programas de servicios sociales, actividades culturales, deportivas y otras iniciativas de carácter local.

Además, el empadronamiento es una pieza clave en muchos procedimientos administrativos. Por ejemplo, es obligatorio para solicitar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el carné de conducir. En el caso del DNI, es recomendable renovarlo una vez se haya efectuado para que la dirección indicada se mantenga actualizada. También es indispensable para tramitar ayudas económicas, becas, subsidios y otras prestaciones, tanto a nivel municipal como estatal, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital.

A nivel legal, empadronarse otorga también derechos cívicos. Las personas empadronadas en Madrid pueden ejercer su derecho al voto en elecciones municipales y europeas, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos (en el caso de ciudadanos de la Unión Europea u otros países con acuerdos bilaterales). Además, la inscripción en el padrón permite participar en procesos de consulta o participación ciudadana organizados por el Ayuntamiento.

En el caso de personas extranjeras, el padrón adquiere un valor aún más significativo. Acreditar la residencia continuada en España a través del empadronamiento puede ser un elemento clave en la regularización de su situación administrativa, ya que actúa como prueba de arraigo en trámites de extranjería o solicitudes de residencia. Por último, figurar en el Padrón proporciona un justificante oficial del domicilio habitual, que puede ser necesario en múltiples situaciones: desde abrir una cuenta bancaria hasta recibir notificaciones oficiales, firmar contratos de alquiler o incluso como respaldo en procedimientos judiciales.

El certificado de empadronamiento es un documento oficial que acredita el domicilio de la persona solicitante en un municipio en concreto. La importancia de dicho documento destaca al tratarse de un requisito fundamental para poder llevar a cabo numerosos trámites administrativos, desde la obtención del DNI hasta la solicitud de ayudas públicas, entre otros. Afortunadamente, hoy en día es posible solicitarlo por Internet, evitando desplazamientos innecesarios. Te explicamos a continuación cómo puedes hacerlo sin complicaciones y para qué trámites es necesario.

Para solicitar el certificado de empadronamiento ha de hacerse a través de la sede electrónica del ayuntamiento correspondiente al municipio donde la persona reside en su domicilio habitual. Cada ayuntamiento gestiona su propio sistema de expedición del documento, por lo que es recomendable acceder a su página web oficial para conocer los detalles específicos. En la mayoría de los casos, las casas consistoriales cuentan con un apartado de trámites en línea o 'Padrón Municipal', desde donde se puede solicitar y descargar el certificado.

En cuanto a la documentación necesaria, normalmente la persona solicitante debe con un Certificado Digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN para acceder a este servicio. En este enlace te explicamos cómo puedes darte de alta en estos servicios y cuáles son todas sus ventajas. Si el ayuntamiento de tu municipio no permite la descarga directa, siempre puedes solicitar el documento a través del correo electrónico o postal. Otro posible caso a tener en cuenta es si el municipio no dispone de plataforma digital donde poder tramitarlo de forma telemática, por lo que la solicitud deberá hacerse presencialmente en las oficinas del ayuntamiento con su correspondiente cita previa.

Como el procedimiento puede variar según el ayuntamiento de cada municipio, te explicamos paso a paso cómo pedir el certificado de forma general. Además, el portal oficial de la Administración General del Estado proporciona los enlaces a las sedes electrónicas de las capitales de provincia y comunidades autónomas donde puede solicitarse este documento. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, los residentes pueden obtener el certificado de empadronamiento de manera inmediata a través de la sede electrónica del consistorio.

Cómo solicitar el certificado de empadronamiento por Internet

El procedimiento puede variar según el ayuntamiento de cada municipio, pero en general, estos son los pasos a seguir:

Qué documentación es necesaria

Sabemos que los procedimientos para solicitar el certificado de empadronamiento puede variar según el ayuntamiento al igual que la documentación necesaria. En líneas generales, además del formulario que te hemos mostrado anteriormente, será necesario tener el DNI, NIE o pasaporte del solicitante en vigor.

No obstante, aunque sus requisitos sean sencillos, hay otros casos especiales en lo que conviene tener a mano otros documentos oficiales para poder optar a la solicitud del certificado. En este caso, te exponemos a modo de ejemplo qué documentación adicional se debería presentar en situaciones particulares para pedir el certificado en el Ayuntamiento de Madrid según indican en su sede electrónica:

Para qué trámites es necesario el certificado

Disponer del certificado de empadronamiento es fundamental para muchos trámites administrativos. Además, el empadronamiento posibilita el acceso a diversas ayudas sociales y servicios municipales, desde becas de estudio hasta programas de inserción laboral y ayudas al alquiler. Entre algunas de las gestiones que exigen la presentación del certificado destacan las siguientes.

Documentación personal y residencia:

Educación y sanidad:

Ayudas y otras prestaciones sociales:

Otros trámites administrativos:

El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria a la que podrán acogerse miles de personas sin papeles afectadas por la DANA. Hace unos meses, después de la tragedia, Oxfam Intermón calculó que entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular no iban a poder optar a distintas ayudas públicas. Ahora, el Gobierno va a regularizar la situación de unos 25.000 inmigrantes para que estas ayudas sí lleguen. Personas como Leydis, con la que hablamos en este episodio. 

Pero hay otras personas a las que esto no va a llegar a tiempo. Para nosotros fue imposible no acordarnos de Nilka y de Yolanda. Son dos mujeres colombianas con las que hablamos en este podcast y que trabajaban en Valencia cuidando de personas mayores, con las que convivían para encargarse de todo. Yolanda, cuando todo pasó, se fue a Colombia. 

Hacemos balance del alcance de esta medida y de lo que queda por hacer con la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez.

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Una persona puede ser empadronada en el banco de una plaza pública, en una chabola o debajo de un puente. Así lo marca la ley de 2020 a la que se ha querido acoger desde el pasado julio una pareja que vive en un local en Castilleja de la Cuesta, en el Aljarafe sevillano.

Diego, de 54 años, y María Filomena, de 62, acudieron al Ayuntamiento a ejercer un derecho que no puede tener más de tres meses de dilación, pero los plazos se han ido alargando y no ha sido hasta después de las fiestas navideñas cuando han conseguido su objetivo.

Para lograrlo tuvieron que contar con los servicios de un abogado, José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados. Diego y Filomena pedían el derecho que les asiste para ser empadronados aunque no tengan inmuebles a su nombre ni contrato de alquiler. Con ayuda, pero lo han logrado.

Lo que dice la ley

La pareja se ha acogido a la Resolución de 17 de febrero de 2020 por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, que recoge en su punto 3.3 que “el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”.

La normativa contempla que “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etcétera e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”. Por ello, aunque la pareja vive en un local ocupado, sin que nadie haya mostrado nada en contra de que vivan en su interior, tenían todo el derecho a ser empadronados e informados de los plazos en sus gestiones en todo el proceso.

Un burofax ha sido la clave

Tras no conseguir nada positivo, el pasado 30 de diciembre Sires Abogados enviaba un burofax al Ayuntamiento, avisando de que le daba siete días para cumplir la Ley con esta pareja antes de iniciar medidas legales.

En el burofax se indicaba lo siguiente: “Como ustedes bien deben saber, la negativa a la contestación a un ciudadano por un Ayuntamiento no puede erigirse en un criterio estandarizado que justifique la diferencia de trato entre los ciudadanos. El derecho a ser inscrito en el padrón actúa además como puerta de acceso al disfrute de otro conjunto de derechos fundamentales o bien su vulneración puede suponer la vulneración de otros derechos asociados, incluso constitucionales e incluso sometidos a la protección del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

“Por tanto, la obligación jurídica de la Administración municipal de empadronar al solicitante se conecta desde esta perspectiva con el mandato constitucional y estatutario de remover los obstáculos a la igualdad real y efectiva de las personas y la necesaria interpretación de la normativa del padrón de conformidad con el mismo (art. 163 de la CE; 5.1 y 5.3 de la LOPJ)”.

Una vez recibido este burofax, el Ayuntamiento procedió a cumplir con la ley, aunque con retraso, y la pareja ya está empadronada, cumpliendo así con un derecho que garantiza la Constitución.

José Antonio Sires ha felicitado a la pareja por haber conseguido su objetivo, a la vez que ha lamentado que hayan tenido que pasar “un verdadero calvario de gestiones” para, simplemente, “recibir un derecho que nadie les puede negar”.