Junts se niega a firmar el pacto catalán del padrón para evitar “una concentración excesiva en algunos municipios”

Junts ha decidido no firmar el Pacto del Padrón de Catalunya, un compromiso presentado este miércoles en el Parlament de Catalunya y refrendado por más de 500 entidades, así como por el PSC, ERC, Comuns y la CUP, para garantizar el derecho al empadronamiento “sin ningún tipo de discriminación”.

Se trata de un documento mediante el cual los partidos firmantes se comprometen a cumplir lo establecido en la ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”.

Pero Junts ha decidido no refrendar el pacto, igual que el PP y Aliança Catalana, porque “no aborda con profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón coherente con las herramientas y recursos que tiene el país ahora mismo”, ha dicho el partido en una carta que ha enviado a las entidades que han promovido el texto, firmada por Jordi Turull, secretario general, y Judith Toronjo, secretaria de organización.

Las entidades empezaron el proceso de negociación hace dos meses y medio durante el cual han intentado “buscar un consenso parlamentario amplio hasta el último momento”. Con Junts, concretamente, llevaron a cabo también reuniones bilaterales y estuvieron negociando hasta un día antes de la presentación del pacto. Pero finalmente no se llegó a buen puerto.

El texto consta de diversos puntos que, en esencia, recuerdan cuáles son las obligaciones de los municipios en base a la ley. Por ejemplo, la obligación de garantizarlo con independencia del tipo de vivienda o situación administrativa, el reconocimiento del padrón sin domicilio fijo (aquel que ampara a las personas sin hogar), que se respeten los plazos y que no se exijan la necesidad de presentar documentación que la ley no contempla como contratos de alquiler o compra, cédulas de habitabilidad o recibos de suministros (para demostrar que no se está ocupando).

Junts, a pesar de no querer firmar este pacto, asegura en la carta que no discute “ninguno de los derechos fundamentales” de la ley y que los aplica “cada día” desde sus ayuntamientos. Pero esta afirmación, en realidad, se contradice con la realidad de algunos de los municipios que gobierna.

Según una investigación de ECAS, en Figueres, Bordils, Flaçà (Girona), Igualada y Martorell (Barcelona) se “vulnera el derecho al padrón”, y se ponen impedimentos a personas migradas o en situación de ocupación para empadronarse. Son dos sólo algunos de los 37 municipios en los que las entidades han detectado que se “vulneran de manera flagrante los derechos básicos”, tal como han asegurado. “El padrón es una herramienta para conocer el estado de un municipio, no para sacar rédito político”, han añadido.

Por ejemplo, el edil de Figueres, Jordi Masquef, inició una campaña de inspección que acabó con más de 800 bajas en el padrón. También el alcalde de Vic, Albert Castells, y el de Martorell, Xavier Fonollosa, manifestaron su rechazo a empadronar lo que calificaron de “okupas”,

Martorell es, de hecho, uno de los municipios, junto a Lleida, del PSC, que la Red de Entidades por el Padrón han llevado a los tribunales por poner trabas al empadronamiento de vecinos.

De hecho, el padrón viene siendo un tema importante en la agenda de Junts desde hace meses -sobre todo desde que la formación xenófoba Aliança Catalana empezó a robar votos a los de Puigdemont. Ya el verano pasado diversos alcaldes de la formación salieron a lamentar que, para sus municipios, era un problema empadronar a “personas recién llegadas” o aquellos que residieran en pisos ocupados o en infraviviendas.

Por eso, esta primavera Junts propuso una modificación de la norma para que se vetara a las personas que no puedan acreditar poseer o tener alquilado un domicilio, un supuesto que va totalmente en contra del derecho básico reconocido en la ley y en varias sentencias.

El motivo esgrimido por Junts era el efecto llamada, que provoca “una concentración excesiva en determinados municipios”, tal como asegura Junts en la carta, en la que pide un “plan de redistribución territorial equilibrado”.

Pero, en realidad, lo que genera esas concentraciones, tal como alertan las entidades, son las ciudades que dificultan el registro, ya que eso provoca que haya gente que tenga que empadronarse en municipios más garantistas a pesar de que no residan en ellos para poder acceder a derechos básicos como la atención sanitaria o la escolarización.

La presión de Aliança Catalana

La deriva hacia la derecha de los alcaldes de Junts coincide con el aumento en la intención de voto a Sílvia Orriols quien, según las últimas encuestas, podría llegar a arrebatar hasta 4 puntos a Junts en los próximos comicios. Fue la alcaldesa de Ripoll quien volvió a poner el padrón en el centro del debate, cuando se negó a registrar a colectivos migrantes y personas en situación de ocupación.

Orriols se justificaba haciéndose eco de un rumor muy extendido en los ámbitos de extrema derecha según el cual en los últimos años el Gobierno habría cambiado los criterios para permitir el padrón en cuevas, chabolas o incluso caravanas.

Pero lo cierto es que, desde hace más de dos décadas, los municipios siempre han tenido la obligación de registrar en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio, sin importar donde viven e incluso aunque no tengan techo.

La razón de esta obligación es que son los Ayuntamientos quienes deben proveer servicios básicos a las familias más precarias, tales como sanidad o educación o la intervención de los recursos sociales. Derechos de los que solo pueden disfrutar una vez estén recogidos como ciudadanos en el padrón.

Junts considera, sin embargo, que debe ser la Generalitat y no los municipios quienes ofrezcan estos servicios sociales básicos a las familias más precarias, a través de un “padrón social” que correría en paralelo al padrón normal que gestionan los municipios. De esta forma, se excluiría a las familias más necesitadas de los servicios que presentan los ayuntamientos.

Quien sí han firmado el pacto es el PSC, que gobierna más de la mitad de los municipios que las entidades han identificado que ponen trabas en el padrón. Al frente de consistorios como el de L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Tarragona o Terrassa, aglutinan también gran parte del grueso del 40% de la población catalana que vive en lugares en los que no se garantiza este derecho.