Los hogares catalanes tienen que ahorrar durante cuatro años más para comprarse una casa que hace una década

En Catalunya, el acceso a una vivienda digna cada vez se escapa más de las manos de la ciudadanía. A pesar de que todos los indicadores confirman que la economía ha mejorado respecto a años anteriores, los índices de pobreza y exclusión residencial no dejan de crecer. El motivo principal para ello es el crecimiento del precio de la vivienda. De hecho, desde 2008, los salarios han crecido un 28%, pero el poder adquisitivo ha caído un 3,3%. 

Cerca del 12% de trabajadores están en riesgo de pobreza y eso es porque una tercera parte de la población dedica más del 40% a pagar su vivienda. Esto deja una capacidad de ahorro muy limitada que, unida al incremento de los precios de mercado, hace que poseer una casa sea cada vez más difícil. En concreto, los catalanes tienen que ahorrar hoy durante 4 años más para comprar que en 2016. Se pasa de los 19 años a los 23 en el caso de viviendas nuevas y de los 18 a los 20 para las viviendas usadas. 

Así se desgrana del primer Informe Social de Catalunya, un amplio estudio elaborado por el Govern de la Generalitat que analiza la situación económica y social y que servirá “de base” para el diseño de políticas sociales que deberán revertir el aumento de la pobreza y el riesgo de exclusión. 

Desde el Ejecutivo reconocen que, si bien “la economía va bien, muchas familias no lo notan debido al aumento del coste de vida y la vivienda”. Y es que la incapacidad de comprar deja como única opción el alquiler. Mientras antes el 61% de los hogares de personas de entre 30 y 44 años vivían de propiedad en 2016, hoy lo hace sólo el 47%. Todo ello, sumado a que el precio de los alquileres ha crecido un 129%, el de la vivienda nueva un 174% y el de segunda mano un 129% desde entonces. 

Esta cifra supone que la vulnerabilidad económica se extienda entre diversas capas sociales. Pero no sólo eso, sino que además es un factor que aumenta la desigualdad. Más de la mitad de los pagos de alquileres van a parar al 10% de los catalanes más ricos. En otras palabras: los propietarios tienen 2,1 veces más renta disponible que las personas a las que les cobran el alquiler. 

Es cierto que la gran mayoría de propietarios (84%) sólo tienen una vivienda en propiedad. Pero los grandes tenedores, aquellos que tienen más de 5 inmuebles, copan el 20% del mercado a pesar de que sólo representan el 2,3% de los propietarios. Mientras que quienes tienen más de 50 pisos representan el 0,1% de los propietarios, pero controlan el 7% de mercado. 

En este escenario, cobra relevancia el hecho de que el 56% de las hipotecas concedidas en 2024 tenían como finalidad la compra de una vivienda para invertir, no para vivir. Y el 49% de las compras de pisos se hicieron sin hipoteca. “La propiedad se concentra cada vez más en actores con más capacidad adquisitiva y eso hace que la vivienda sea una carga insostenible para muchos hogares”, según apunta el informe. 

Crece la pobreza infantil

La desigualdad en Catalunya crece, tal como sostienen los investigadores. Hoy, el 10% más rico acumula el 60% de la riqueza, 10 veces más que el 50% más pobre. Estas cifras tienen una fuerte incidencia en la infancia, con un 36,5% de ellos en riesgo de pobreza. 

“Tenemos un problema con la infancia”, ha reconocido Guillem Vidal, coordinador del informe y responsable de la Oficina para el Plan Piloto de la Renta Básica Universal del Govern. La investigación presentada, además de servir de radiografía del estado actual de la sociedad catalana, también sirve para “evaluar la capacidad de respuesta del sistema social”, ha añadido.

En este sentido, cabe destacar que el conjunto de ayudas y prestaciones sociales reducen la desigualdad inicial en un 31%, pero esa redistribución se concentra, sobre todo, en la vejez, siendo que las pensiones concentran el 72% del efecto redistributivo. 

En cambio, la sanidad y la educación, a pesar de que deberían ser “los grandes igualadores sociales del estado del bienestar”, según Vidal, “acaban reproduciendo desigualdades de origen”. La educación pública sólo funciona como ascensor social para el 4,6% de los niños catalanes. 

En este sentido, el Govern asegura que tomará esta radiografía para diseñar un sistema de protección más efectivo y con políticas concretas, pero todavía no ha avanzado qué dirección pretenden tomar. Por ahora, desde el Ejecutivo ponen el foco en dos objetivos: el Plan Piloto de la Renta Básica Universal y la gestión desde Catalunya del Ingreso Mínimo Vital, de tal forma que se pueda crear una ventanilla única con la Renta Garantizada de Ciudadanía para que pueda llegar a más población.