El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que el pago de un canon de derechos de autor en las compras de equipos electrónicos capaces de hacer y reproducir copias privadas es acorde a la legislación comunitaria. En una sentencia publicada este jueves, el máximo órgano jurisdiccional europeo respalda esta medida de compensación a los titulares de derechos de autor, así como que los fabricantes repercutan el sobrecoste a los distribuidores y estos a los consumidores finales.

La decisión del TJUE consolida una regulación que ha pasado más de tres lustros entre vaivenes políticos y judiciales. El actual canon por copia privada fue revivido en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Supremo y el TJUE tumbaran el anterior método de compensación de copyright, que se hacía con cargo al Estado. Se trata de una tasa que se aplica a los equipos electrónicos y soportes que puedan producir, almacenar o reproducir copias de cualquier tipo de contenido protegido, como vídeos, archivos de música o imágenes.

La anterior fórmula que sufragaban las arcas públicas fue obra también del primer Gobierno de Rajoy, que cambió el método de compensación a cargo de los consumidores aprobado entre gran polémica en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, al considerarlo “arbitrario e injusto”. Cuando la justicia tumbó que el Estado se hiciera cargo del pago, el PP diseñó una retribución por copia privada que emulaba la norma socialista que había derogado seis años antes.

Fue entonces cuando la patronal Ametic (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales) llevó el nuevo canon al Tribunal Supremo. El órgano español derivó la cuestión al TJUE, que ha resuelto a favor del Estado este jueves, rechazando los argumentos de Ametic.

Una de las cuestiones sobre las que el Supremo interrogaba a los jueces comunitarios es el papel en el cobro del canon de Egeda, una entidad controlada por las entidades de gestión de derechos de autor. Esta organización también es la que decide sobre las peticiones de exceptuaciones en el pago de la tasa, a las que la ley da derecho a aquellos ciudadanos y empresas que demuestren que el aparato electrónico que han adquirido va a tener un uso exclusivamente profesional.

Sobre esto, el TJUE declara que no contraviene la legislación comunitaria siempre que los certificados de excepción del pago y los reembolsos lleguen en plazos predefinidos y bajo criterios objetivos. Además, estas decisiones deben poder ser recurridas ante una instancia independiente en caso de que Egeda las deniegue, algo que ocurre en el canon español a juicio de los magistrados comunitarios.

El TJUE añade que todo el proceso, tanto en el cobro como en las excepciones, debe ser transparente. Las empresas y ciudadanos deben tener la posibilidad de solicitar a Egeda la información que les permita comprobar que se está cumpliendo la ley y que las compensaciones son las adecuadas. El órgano europeo señala que aunque parece que el canon por copia privada español respeta este principio, corresponde al Tribunal Supremo comprobar que sea así.

El BOE de hoy recoge el decreto que desarrolla la reforma de la Ley de Propiedad intelectual aprobada hace más de un año y volvía a implantar, con pequeños matices, el sistema de canon por copia privada aplicado a aparatos de copia y reproducción de contenidos. Además de establecer los procedimientos para aplicar las excepciones a la tasa, un proceso a cargo de las entidades de gestión, marca qué porcentaje de los derechos debe ir a cada responsable de la obra. Así, en música, el reparto es de un 40% para el autor, un 30% para los intérpretes y un 30% para los productores; en películas, de un tercio para cada uno de ellos; y, en libros y “asimilados” (explicaremos eso más adelante), de un 55% para el autor y un 45% para los editores. En caso de varios autores, serán las entidades de gestión de derechos quienes decidan el reparto.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en julio de 2017, recuperó la tasa por la compra de aparatos para pagar derechos de autor, lo que se conoce como “compensación por copia privada”. Volvía al anterior modelo después de que varias sentencias tumbaran el pago del canon vía Presupuestos Generales del Estado al considerar que era injusto que todos los ciudadanos pagaran por las copias privadas.

Pero el modelo de tasa por aparato también había sido cuestionado en los tribunales: ¿por qué todos tenemos que pagar al comprar un disco duro si no todos lo usamos para copiar películas, música o libros? Para intentar evitar un nuevo revés judicial, la reforma del anterior Gobierno estableció excepciones al pago de la tasa (sector público, uso profesional distinto de la copia, usos autorizados de obras con derechos y exportaciones) que se regulan en este decreto publicado hoy u que entrará en vigor el próximo 2 de enero.

Y que llega tarde: la Ley establecía que debía aprobarse antes del pasado 1 de agosto y que, además del procedimiento para aplicar las excepciones (que sí desarrolla), tenía que establecer la tasa a pagar por la compra de cada tipo de aparato, algo que no hace. Así, por el momento, y hasta que se apruebe qué toca pagar por cada CD virgen, impresora o disco duro, el canon vigente es el que se aprobó, de forma transitoria, en la reforma de la ley.

Las revistas digitales también cobrarán del canon

Una de las novedades que introduce este decreto es la definición las “publicaciones asimiladas a libros”, obras que contarán con la misma protección de derechos, y el mismo acceso al canon, que los propios libros. Si en la reforma de la ley se trataba de publicaciones culturales, científicas o técnicas con periodicidad superior a la mensual e inferior a la semestral, sin más matices, el decreto acota y amplía: entrarán en esta categoría aquellas que estén numeradas y fechadas, aunque su publicación sea irregular y, y esto es lo más importante, no aplica solo a las publicaciones en papel.

El texto establece de forma explícita que no importa si se imprimen o aparecen en una web, en ambos casos cobrarán derechos. Así, revistas culturales o científicas online también recibirán un porcentaje del canon por copia privada.

Excepciones y reembolsos

Los fabricantes y distribuidores de aparatos deberán incluir en la factura el importe correspondiente a ese canon y comunicar a la entidad jurídica que agrupe a las entidades de derechos, de forma trimestral, cuántos han venido, con qué canon y a cuáles no se lo han aplicado, ya sea porque se hayan destinado a la exportación o porque les aplique alguna de las excepciones previstas en la norma.

La reforma estableció dos maneras para evitar el pago: a priori (con un certificado de excepción) y a posteriori (sin certificado, pidiendo el reembolso de la tasa). Las entidades del sector público, por el hecho de serlo, están exentas del pago. Para el resto -usos profesionales distintos a la copia y autorizaciones para el uso de obras con derechos-, la encargada de aprobar los certificados de excepción, y los reembolsos, es la entidad que agrupa a las entidades de gestión de derechos.

Para pedir esos certificados no es necesario solo declarar que no se van a usar los aparatos para copia privada y argumentarlo aportando sector de actividad, sino que, en el caso de trabajadores a cargo, todos ellos deben hacer firmado el mismo compromiso. Si se niega o se revoca, y el solicitante está en contra, podrá presentar un conflicto ante la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, que deberá resolver en un máximo de seis meses. El mismo organismo será el encargado de arbitrar en caso de que las entidades de gestión nieguen un reembolso concreto.

El poder concedido a las entidades de gestión de derechos de autor va más allá. El decreto establece de forma explícita que los fabricantes y distribuidores no podrán alegar el secreto de su contabilidad empresarial cuando estas entidades, encargadas de vigilar que se aplique el canon, quieran revisar sus cuentas.

El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de noviembre pero que no ha llegado al BOE hasta hoy, obliga a las entidades de gestión de derechos a dedicar un 10% de los cobros por canon a actividades asistenciales y otro 10% a promoción y formación de artistas e intérpretes.

Esta información fue publicada previamente en El BOE nuestro de cada día.

El Pleno del Congreso ha convalidado el real decreto ley que regula el canon digital y fija un sistema de compensación por copia privada para los propietarios de obras protegidas.

El texto ha contado con 270 votos a favor, 60 en contra y 18 abstenciones. En la sesión, el nuevo modelo ha recibido el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV. En el grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Podemos, En Comú y En Marea han votado en contra, mientras que IU se ha abstenido. ERC también se ha abstenido.

La Cámara Baja también ha decidido sobre si el texto se tramitaría como proyecto de ley, una petición de Unidos Podemos para que se pudieran incluir modificaciones por parte de los grupos. Esta propuesta ha sido rechazada con 260 votos en contra, 89 a favor y ninguna abstención.

El decreto ley, que entró en vigor el pasado 4 de julio, modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se ha pasado de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida. El sistema busca compensar a autores por las copias legales que se puedan hacer de sus obras.

El portavoz de Cultura de Unidos Podemos, Eduardo Maura, ha sido el único en defender en el Congreso el voto en contra para la proposición no de ley, aunque dentro del grupo, Izquierda Unida se ha abstenido.

Maura, que ha pedido que la norma se tramite como proyecto de ley, ha recordado que el canon digital de la época del gobierno de Rodríguez Zapatero “presuponía cierta intencionalidad a quien compraba un disco duro o un DVD virgen”.

“A Mariano Rajoy, el canon tampoco le gustaba”, ha recordado el diputado señalando la posición del PP en la oposición ante el modelo de canon que grava los soportes.

Tras arremeter contra la “ley Lassalle”, la norma declarada ilegal que sucedió al canon digital socialista y que cargaba la compensación por copia privada a los presupuestos, el diputado ha denunciado que ahora se le debe “mucho dinero a las entidades de gestión y a través de ellas a los autores”.

También ha recordado que “desde 2004 el mundo ha cambiado mucho” ya que ahora se accede a contenidos distribuidos a través de “Spotify, Amazon Prime o Netflix” y, haciendo referencia a la posibilidad que en el desarrollo de la norma se graven estas plataformas, Maura ha señalado que sus licencias “no requieren de compensación por copia privada”

En su intervención ha criticado que para la redacción del real decreto ley no contaran ni con asociaciones de consumidores ni de internautas y ha denunciado que el fondo del problema “es la sostenibilidad de la cultura”, ya que “durante años se ha convertido el problema de la precariedad” de los profesionales del sector “en un asunto de propiedad intelectual y de descargas ilegales”.

Por ello ha propuesto que consensúen formas de financiación mixta como una “tasa para las operadoras” o “una casilla en la declaración de la renta”.

Dentro de Unidos Podemos, Izquierda Unida se ha abstenido en la votación. Horas antes del debate en el Congreso, fuentes de IU en el Congreso explicaban a eldiario.es, que se ha optado por la abstención “por la situación de emergencia que tiene el sector”. “Somos de los pocos países en la UE en el que los autores están sin cobrar por derechos”, añadían.

El diputado de ERC Xavier Eritja ha defendido la abstención y ha apoyado que se tramitara como proyecto de ley, ya que la regulación “debería extenderse a los operadores”. Eritja ha considerado que la propuesta es “insuficiente” porque solo contempla “modificaciones parciales”.

Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, también se ha abstenido en la votación, señalando que se ha excluido de la negociación del decreto a los usuarios “sobre los que va a recaer el pago”. Ha criticado una fórmula que “nos devolverá a tiempos pretéritos” en los que “cientos de miles de personas manifestarán su rechazo al canon digital”.

El resto de los grupos de la oposición han coincidido en sus intervenciones en criticar la “ley Lassalle” y aplaudir que se haya puesto en marcha este sistema de compensación.

Por el PSOE, José Andrés Torres Mora ha asegurado que el nuevo sistema es “un paso en la buena dirección, que viene a corregir el error de Rajoy en 2011” cuando decidió cargar el canon a los Presupuestos del Estado. “Desde 2011 personas como mi madre pagan con sus impuestos la compensación por hacer copias que no hacen por los que sí las hacen”, ha afirmado.

Félix Álvarez, de Ciudadanos, ha asegurado que “era un clamor que la anterior norma fue una auténtica chapuza” y ha defendido el nuevo modelo porque “se ajusta a la legislación europea y nos equipara al resto de países de la UE”.

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha defendido el voto a favor porque lo que “vale es la intencionalidad de cambiar el concepto” y ha señalado que es “un paso positivo” que el Ejecutivo reconozca que “se equivocó” con la anterior normativa.

La vuelta del canon

El decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros hace una semana, resucita el modelo de canon de compensación por copia privada del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este canon digital grava equipos, aparatos y soportes de reproducción. El pago en teoría recae en fabricantes y distribuidores, pero estos lo podrían repercutir en los consumidores.

El actual texto establece una lista provisional de equipos, soportes y materiales de reproducción y las cuantías económicas que se deberán abonar a las entidades de gestión. Esta lista y las cuantías se revisará en el plazo de un año, por lo que no se descarta que pueda haber modificaciones importantes. Cambios en el texto abren la puerta a que se pudieran gravar las plataformas de vídeo en streaming.

El Gobierno aprobó la norma tras meses de vacío legal, ya que tanto el Tribunal Supremo como la justicia de la UE tumbaron la anterior que cargaba a los Presupuestos Generales la compensación. La UE la consideró no ajustada a la normativa europea por ser indiscriminada.

El Ejecutivo decidió finalmente volver al modelo desarrollado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ponía una tasa a los dispositivos digitales para compensar a los autores por las copias legales que se pudieran hacer de sus obras. Un sistema defendido por las propiedades de gestión, que también sufrió varios varapalos judiciales y que los propios 'populares' criticaron calificándolo de “arbitrario e injusto”.

El Pleno del Congreso convalidará esta tarde el decreto-ley que regula el canon digital, convalidación que estaría asegurada con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. En el grupo Parlamentario de Unidos Podemos, IU ha anunciado que se abstendrá y Podemos que votará en contra. 

El decreto ley, que entró en vigor el pasado 4 de julio, modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se ha pasado de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida. El sistema busca compensar a autores por las copias legales que se puedan hacer de sus obras.

Izquierda Unida ha anunciado que se abstendrá en la votación. Según explican fuentes de IU en el Congreso a eldiario.es, “se comparten los planteamientos” en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, “pero se ha optado” por la abstención “por la situación de emergencia que tiene el sector. Añaden, que ”se entiende que no se puede dejar al sector cultural y a los trabajadores en la estacada“.

IU hace así referencia al vacío legal que durante meses ha existido en torno a la compensación por copia privada. El tribunal europeo tumbó en junio de 2016 la norma que cargaba a los presupuestos la compensación violaba las normas comunitarias. Unos meses más tarde, el Supremo ejecutaba la sentencia. Desde entonces el Ejecutivo no había planteado ninguna alternativa.

Esta compensación suponía 5 millones de euros para las entidades de gestión con el modelo de cargo a los presupuestos. Con el canon que se recupera ahora, las entidades llegaron a recaudar más de 180 millones de euros entre 2008 y 2009.

“Somos de los pocos países en la UE en el que los autores están sin cobrar por derechos”, señalan desde IU sobre estos meses en los que no ha existido ningún tipo de compensación porque el Gobierno no había desarrollado una ley alternativa. “Es una situación de emergencia”, añaden, asegurando que esta es la opción que existe “hasta que no se logre un mejor marco”.

Desde la federación de izquierdas plantean además que se debería llevar a cabo “una reforma integral del modelo de entidades de gestión privadas” y que este debería “transitar a uno público que evite las tasas regresivas”.

Por su parte, Podemos, En Comú Podem y En Marea, votarán en contra porque el decreto-ley “ni aborda ni resuelve el problema principal: la sostenibilidad de la cultura, la existencia de un sistema de garantías laborales y profesionales y una justa remuneración para quienes se dedican a ella”, señalan fuentes del grupo parlamentario a eldiario.es.

Añaden que el texto “básicamente asume que la decisión de compensar la copia privada a través de los PGE fue un error, además de una medida contraria a la norma española y europea, pero no aporta soluciones para un sector profundamente precario como el de la cultura”.

El portavoz de Cultura del grupo confederal, Eduardo Maura, pedirá que se tramite como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar enmiendas y hacer cambios en su redacción.   

De esta forma, confían en que se puedan incluir “mejoras técnicas y hacerse cargo de algunos problemas serios de fundamentación”.

Fuentes de Izquierda Unida en el Congreso y Podemos adelantan que votarán a favor de que el texto se tramite como proyecto de ley.

El canon digital ha resucitado. El Gobierno ha publicado en el BOE tras aprobarlo en Consejo de Ministros el decreto ley que modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se pasa de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida.

Este nuevo canon, de momento, tiene poco de nuevo. Vuelve a la esencia del que se desarrolló durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ponía una tasa a los dispositivos digitales para compensar a los autores por las copias legales que se pudieran hacer de sus obras. Un sistema que también sufrió varios varapalos judiciales y que los propios 'populares' criticaron calificándolo de “arbitrario e injusto”.

Pero también se incluyen algunos cambios relevantes, estas son las claves:

¿Qué es el canon digital?

Es una tasa que se aplica a los equipos electrónicos y soportes que sean capaces de producir, almacenar o reproducir copias de cualquier tipo de contenido, como vídeos, archivos de música o imágenes.

Con ese dinero se trata de compensar por el concepto “copia privada” a los autores que, según la Ley de Propiedad Intelectual, tienen “derecho irrenunciable” a cobrar una cantidad por cada reproducción que se haga de su obra.

¿Cuándo comenzó a aplicarse?

La compensación por copia de una obra se estableció en España en 1987. A partir de 1996, el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual obligaba a facturar y cobrar el importe del canon, aunque por aquel entonces afectaba mayormente a soportes analógicos como casetes, con una tasa de 30 pesetas por hora de grabación, o cintas VHS, con una tasa de 50 pesetas por hora de grabación.

La gran polémica en torno al canon se produce de la mano del boom de los formatos digitales. En 2006, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se fija una reforma de la Ley que actualizaba los dispositivos y soportes gravados con el canon. Ante el desacuerdo de los sectores involucrados, las cuantías no se fijarían y aprobarían hasta 2008. Se incluyen entonces CD, DVD, dispositivos USB, reproductores MP3, móviles, discos duros externos, etc. Por cada uno se fijaba una tarifa que iba desde los 17 céntimos de euro por CD, a 1,1 euros por teléfono móvil. Estuvo vigente hasta 2011, año en que fue declarado nulo por la Audiencia Nacional.

En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy sustituye el canon socialista por un sistema de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

¿Por qué vuelve?

El Tribunal Supremo español anuló este modelo de cargo a los presupuestos después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara en junio de 2016 que no era válido. Consideraba que se aplicaba de forma indiscriminada a todos los ciudadanos y no estaba dirigido a los usuarios de copias privadas.

Tras meses sin ninguna alternativa, y ante las presiones de las entidades de gestión de derechos de autor y la amenaza de multa de Bruselas por no cumplir el derecho comunitario, el Gobierno ha decidido volver al modelo de canon que grava soportes y aparatos.

¿Quién pagará el canon digital?

El nuevo texto considera “sujetos acreedores” de la compensación a los autores de obras protegidas que “sufren un perjuicio” por la copia privada. Considera “deudores” a los distribuidores y “fabricantes en España de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción”, que son los que deberían pagar la tasa a los acreedores.

Sin embargo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, asegura a eldiario.es que “los fabricantes y distribuidores se lo van a cargar a los de siempre, a los usuarios” tal y como “sucedió con el canon cuando lo sacó adelante Rodríguez Zapatero”.

De hecho se contempla que fabricantes y distribuidores “deberán repercutir el importe de la compensación de forma separada en la factura que entreguen a su cliente” e indicar, en el caso en el que el cliente sea consumidor final, su derecho a obtener el reembolso si cumple los requisitos contemplados en las excepciones.

¿Cómo se cobrará?

El Gobierno ha puesto en manos de las entidades de gestión la facturación y el cobro del canon.

Según se recoge en el Real Decreto-Ley, para gestionar la facturación del canon a los fabricantes, las entidades de gestión deberán constituir en el plazo de tres meses una persona jurídica que también “será la responsable de gestionar las excepciones del pago y los reembolsos”.

Los fabricantes y distribuidores tendrán que proporcionar a esta entidad jurídica de forma trimestral una lista de los productos sujetos a pago. La entidad jurídica la pasará a las entidades de gestión, que emitirán sus facturas. Estas serán agrupadas por la entidad jurídica y se las remitirá a los acreedores para que las paguen.

¿Qué excepciones hay?

Esta es una de las novedades respecto al canon anterior. Se incluyen entre otras como excepciones al pago de esta tasa las copias realizadas por las Administraciones públicas y las empresas o profesionales (las realizadas por “personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente profesional” de los equipos o soportes).

Serán las entidades de gestión bajo la forma de la persona jurídica mencionada en el epígrafe anterior las encargadas de la gestión de estas excepciones, para las que empresas y administraciones tendrán que contar con un certificado, y de los reembolsos correspondientes. Por ejemplo puede solicitar un reembolso una distribuidora que haya vendido equipos a la Administración.

El abogado especializado en propiedad intelectual, Javier de la Cueva, recuerda que en el año 2004 ya exigió a la entonces ministra de Cultura del PP Pilar del Castillo “que eximiera a las administraciones públicas y a las empresas del canon”. “Vamos con 13 años de retraso”, resalta, denunciando que no hay que olvidar que fueron las administraciones públicas las que más canon pagaron durante el tiempo que estuvo vigente.

Con este cambio, el texto evita el motivo por el que la justicia europea señaló que era un “abuso”en octubre de 2010. La sentencia dictaminaba que el gravamen solo podía aplicarse a particulares, y no a empresas y administraciones: aplicarlo “a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada” no era conforme “con el derecho de la Unión”.

¿Cuánto dinero ingresarán las entidades de gestión?

El presidente de la Asociación de Internautas denuncia la opacidad en torno al “impacto real por la copia privada” en los ingresos de los autores y asegura que han pedido en reiteradas ocasiones estos datos al ministerio de Cultura sin haber recibido respuesta.

Según los cálculos de Víctor Domingo, las entidades de gestión se llegaron a embolsar 200 millones por el canon, una cifra que estas entidades rebajaban a 100,2 millones de euros en 2009 y 83,3 millones de euros en 2008. Cuando se cambió al modelo de cargo en los presupuestos, esta compensación quedó cifrada en 5 millones.

¿Qué dicen las entidades de derechos?

ADEPI, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual -que agrupa a Cedro, Aisge, Agedi, AIE, SGAE, Egeda, DAMA, y Vegap- han participado en el proceso de la elaboración la normativa con el ministerio. Reclamaban la vuelta al anterior sistema por ser “el mejor posible” y denunciaban el perjuicio económico que sufrían al estar sin compensación.

Los autores, artistas, editores y productores españoles, “a falta de una revisión a fondo del texto aprobado, consideran ”una buena noticia“ la aprobación del real decreto-ley según afirma Antonio Fernández, director general de Adepi, en el comunicado.

Pero señalan que “los importes provisionalmente asignados” son “objetivamente más bajos” y quedan “por debajo” de la media de la Unión Europea por lo que pide que sean “ajustados” durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema.

¿Cuáles son los soportes y tarifas?

El decreto-ley recoge un listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, y las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

Son las tarifas que estarán vigentes hasta que se apruebe, en el plazo de un año, “la normativa definitiva reguladora” de dispositivos y tasas. El texto contempla que estas cantidades dependerán de factores como “la intensidad de uso”, “el impacto de la copia privada sobre la venta de las obras” o las cuantías que apliquen otros países miembro de la UE.

Por el momento, y a falta de que se desarrolle el reglamento que especificará qué estará sujeto a canon y por cuanto, estas son las cantidades recogidas en el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno:

¿Y las plataformas de 'streaming'?

El Gobierno deja muy claro que el listado de soportes y tarifas es provisional y que además no será vinculante para cuando se elabore “el real decreto que desarrolle reglamentariamente las disposiciones incluidas en éste”.

Será entonces cuando se determinará “con carácter no transitorio los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos” al pago de la compensación por copia privada, las cantidades a abonar “y la distribución de dicha compensación entre las distintas modalidades de reproducción”, por lo que no es descartable que haya sorpresas.

Cuando se filtró el borrador del texto, uno de los aspectos en los que se puso el foco es una modificación en la letra b) del artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual que fija el concepto de copia privada. En la última reforma de la norma en 2014, este epígrafe estaba redactado así:

Al hablarse de “soporte”, podrían quedar fuera del concepto copia privada las obras adquiridas para su disfrute en streaming.

Pero un cambio en la ley simplifica esta letra b y la deja simplemente así, sin supuestos, abriendo la puerta a regular las copias de Spotify, Netflix y otras plataformas:

Para el presidente de la Asociación de Internautas el texto “abre la puerta” para que se pueda gravar “a todo lo que pueda distribuir, almacenar y tenga exceso a obras con derechos de autor”. Domingo señala que en futuros reglamentos veremos cómo se gravan “las televisiones, las plataformas de streaming y todo lo que se mueva”.

“Ahora mismo no tiene ningún sentido cargar sobre el CD y DVD” que son formatos “antediluvianos”, por lo que Domingo sospecha que lo querrán expandir a estas plataformas y “otro tipo de pantallas más allá de los móviles como pueden ser las televisiones”.

El motivo de que no los hayan mencionado expresamente en el texto aprobado ahora es, según Domingo, que “saben que puede haber bastante resistencia”, “pero está claro que es el camino que han decidido tomar”, añade.

Diciembre de 2007. En plena guerra social contra el canon digital, el PP, partido en la oposición frente al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero enarbola la bandera contra una tasa que considera “injusta y arbitraria”.

Desde la aprobación del reglamento que reguló el canon, el PP en la oposición lo utiliza como argumento recurrente en sus actos y mítines. El mismo Mariano Rajoy incluye entre sus promesas electorales abolir el canon impuesto a determinados soportes para compensar a los autores por copia privada.

“El canon digital es el pasado, no está adaptado al mundo que vivimos y que no tiene ningún futuro”, dijo Rajoy durante un acto organizado por Nuevas Generaciones (NN.GG) en Santiago de Compostela en diciembre de 2007 contra el canon digital.

El líder del PP firmó entonces en la página de “Todos contra el canon”, que llegó a recoger dos millones de firmas, y aseguró estar a favor de “proteger a los creadores”.

Rajoy afirmó en el acto, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, que era “discriminatorio que por adquirir material tecnológico haya que pagar, y además considere a las personas como sospechosos de hacer cosas que no permite la ley”.

Diez años después, el gobierno de Mariano Rajoy ha resucitado con un decreto ley este modelo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se reforma el sistema de compensación equitativa por copia privada. El gravamen estaba pendiente de reforma después de que la Justicia Europea tumbara el canon aprobado por el Gobierno en 2012, que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares.

El nuevo decreto ley recoge que la compensación a los autores por copias privadas se se cargará a los fabricantes de soportes de grabación, volviendo de esta forma al sistema vigente en la época del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Según explican a eldiario.es desde el ministerio de Cultura, la tasa se aplicará a “cualquier dispositivo que tenga capacidad de copia”, lo que abarca “desde teléfonos móviles, a tablets, discos duros o impresoras”.

Aunque el texto cargue el canon a los fabricantes, las empresas que venden estos aparatos pueden acabar repercutiéndolo a los usuarios a través del precio final.

El Real Decreto-Ley fija diferentes cuotas provisionales en función del soporte. Según la nota de prensa del ministerio, “por un teléfono móvil o smartphone los fabricantes abonarán 1,10 euros y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros”.

La nota añade que se “gravan a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja”.

Fuentes del ministerio explican a eldiario.es que con estos ejemplos se demuestra que son unas “cuantías mínimas” que se cargarán a los fabricantes y que ejemplifican, según Cultura, que son tarifas que “se ajustan a la realidad” porque reconocen que la cantidad de personas que realizan copias privadas “es residual”.

El ministerio asegura que se llevará a cabo una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo que “se espera que sea convalidado en el próximo Pleno del Congreso”.

Con el decreto, “las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes, además de las entidades del sector público, quedan exentas del pago”.

De esta forma se corrige uno de los defectos que tuvo el canon predecesor de la época de Zapatero y que le valió una sentencia de la Justicia Europea por aplicar indiscriminadamente el canon también a empresas y administraciones.

Según informa el Ministerio de Cultura, las entidades de gestión, con quienes se ha acordado este texto, tendrán que constituir “una persona jurídica” que se encargará de la gestión del canon: “comunicarán la facturación por este concepto a fabricantes y distribuidores de equipos” y gestionarán “las excepciones de pago y los reembolsos”.

Regreso al pasado

El canon se concibe como una sobretasa que se aplica al precio de todos los equipos electrónicos que sean capaces de almacenar copias de cualquier tipo de contenido, como vídeos, archivos de música o imágenes.

Con ese dinero se trata de compensar a los autores que, según la Ley de Propiedad Intelectual, tienen “derecho irrenunciable” a cobrar una cantidad por cada reproducción que se haga de su obra. Sobre el papel, lo pagan los fabricantes, pero como se vio durante el tiempo que estuvo en vigor el viejo canon digital, finalmente la tasa recae sobre los consumidores porque los fabricantes lo repercuten en el precio de los productos.

Los soportes se venían grabando por este concepto desde 1987, aunque por aquel entonces solo afectaba a cintas de casete o VHS.

El canon fue actualizado por el gobierno de Zapatero en 2006 a través de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Para adaptarlo a las nuevas tecnologías se revisaron las tarifas y se decidió gravar cualquier soporte que pudieran servir para realizar copias de obras protegidas por derechos de autor. Así se ponía una tasa a los móviles, CD, DVD o las memorias USB para supuestamente compensar a los autores.

En aquellos años, en pleno boom de los formatos digitales, el canon digital se encontró con una gran oposición ciudadana. Gran parte de ella se agrupó en la plataforma Todos Contra el Canon, que movilizó a particulares, sindicatos y diversas organizaciones. Juntos llegaron a recoger más de dos millones de firmas para pedir su abolición. Su principal reclamación era que el canon era indiscriminado ya que se gravaba cualquier soporte independientemente de el uso final que se le diera.

La victoria de las entidades de gestión

En octubre de 2010, con la sentencia 'Padawan', el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el canon digital por la forma en que se aplicaba a empresas y profesionales que utilizaban estos soportes para fines distintos a la copia privada.

En marzo de 2011, la Audiencia Nacional anuló la orden que regulaba las tarifas del canon digital por deficiencias formales en el reglamento. En diciembre de ese mismo año, el canon fue derogado definitivamente para ser sustituido por un nuevo sistema de compensación.

En 2012, el Gobierno de Rajoy aprobó repercutir el canon en los presupuestos del Estado, algo que según la Justicia Europea no se podía hacer ya que era una medida “indiscriminada” por la que acababan pagando todos los contribuyentes hicieran copias privadas o no.

Las entidades de gestión no estaban muy contentas con el cambio, ya que vieron como perdían una de sus principales fuentes de financiación. La nueva compensación cargada a los presupuestos, había supuesto que pasaran de ingresar 115 millones de euros en 2011 a solo 5 millones en los años siguientes.

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) recurrieron el decreto ante el Supremo que trasladó sus dudas “en torno a un problema de derecho de la Unión Europea” al TJUE.

El tribunal europeo tumbó en junio de 2016 esta forma de compensación porque violaba las normas comunitarias. Unos meses más tarde, el Supremo ejecutaba la sentencia.

Según informa el Ministerio de Cultura el texto aprobado en el Consejo de Ministros ha sido acordado con las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual, que se muestran satisfechas porque finalmente han logrado recuperar, como reclamaban el antiguo sistema de compensación.

Vuelven las grandes guerras del Copyright. Vuelve el canon por copia privada. Aunque hay razones para creer que atravesamos un agujero de gusano temporal que nos conecta con 2003, lo cierto es que la pelea entre las nuevas tecnologías y la vieja industria del entretenimiento se renueva cada vez que lo hace nuestro modelo de consumo.

Si la última gran guerra empezó con Napster y acabó con la productiva alianza con iTunes, hoy la vieja industria tiene un nuevo objetivo: las grandes plataformas de contenido por streaming que han desembarcado en España en el último año y medio. A diferencia de iTunes, muchas de esas plataformas generan su propio contenido, sustituyendo a la industria tradicional en lugar de ofrecerle sus servicios.

Según los “representantes de los distintos sectores”, que se convierten en “las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y las asociaciones que representen mayoritariamente a los sujetos deudores”, las plataformas de contenidos por streaming sacan pingües beneficios de la explotación de cine, música y literatura sin pagar el impuesto que consideran apropiado por su gestión.

Este argumento se refleja en el borrador del Real Decreto que prepara el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, filtrado recientemente por la Asociación de Internautas, que presenta interesantes novedades con respecto al canon que ya anuló la Audiencia nacional en 2011.

Fuentes lícitas e ilícitas y plataformas de streaming

streamingLa primera novedad es que “se modifica la definición del límite de copia privada (...) distinguiendo la situación en la que la fuente a partir de la que se realiza la copia privada es lícita de aquella en la que la fuente es ilícita”.

Esta modificación que incluye en las copias privadas las que se hacen de una fuente “lícita” es el lecho de otro cambio: que a la lista de los equipos y aparatos que pagaban el famoso canon se les suman ahora los servicios de streaming como Spotify, Netflix o Amazon Video. El borrador los llama “fabricantes de soportes materiales de reproducción, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los adquirientes de los mismos fuera del territorio español para su distribución comercial o utilización de este”.

La tercera es que, como ya advertimos en diciembre del año pasado, se introduce un sistema de excepción y reembolso.

Tres excepciones y los jueces de su excepcionalidad

Además de aquellos productos destinados para la venta en el extranjero, la lista de excepciones empieza por las administraciones públicas, que en verdad no es un fabricante, sino un consumidor. Lo mismo podemos decir de las otras dos excepciones, que además presentan sus propios problemas.

La primera son “aquellos que cuenten con la preceptiva autorización para llevar al efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, en el ejercicio de su actividad”. Es difícil entender cómo las plataformas de streaming, que ya pagan por su derecho a distribuir los contenidos, y los usuarios, que ya pagan por disfrutar de los mismos, no estarían exentos de antemano.

Después están las “personas jurídicas o físicas (...) que justifiquen el destino exclusivamente profesional del equipo o soporte adquirido” y siempre que los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción no se hayan puesto (...) a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas“.

Para demostrar que entran en la categoría de excepciones, los dos deben obtener una certificación especial de las entidades de gestión, que “constituirán una persona jurídica que dispondrá de una sede electrónica y que deberá contar con los recursos económicos suficientes para el desarrollo de su gestión y funciones legales”.

Reembolso y privacidad

El documento no explora el modelo a seguir para que la obtención de los certificados no suponga una infracción de su derecho a la privacidad. En este aspecto, es importante recordar que las entidades de gestión de derecho no son, ni han sido nunca, parte de la Administración del Estado.

Como complemento a las excepciones, se propone también un reembolso para usuarios finales que, “habiendo abonado la compensación, justifique el derecho a su reembolso por destinar el equipo, aparato o soporte material de preproducción adquirido a un uso exclusivamente profesional o a su exportación o entrega intracomunitaria”. No explican cómo puede ese ciudadano demostrar el uso personal que hace de un dispositivo de su propiedad, incluyendo su móvil, su ordenador y su tablet, sin exponer o vulnerar su derecho a la intimidad.

Cobro irrenunciable, cuantía preestablecida

El derecho a compensación será irrenunciable, lo que podría poner en crisis el sistema de licencias abiertas que permiten la distribución y explotación de contenidos sin exigir compensación. Además, la cuantía de esa compensación “se calculará sobre la base del perjuicio causado a los sujetos acreedores”.

Los criterios incluyen “la intensidad de uso” de los equipos y su capacidad de almacenamiento. Pero también el impacto que la copia privada ha tenido sobre la venta, el precio del contenido original y la compensación que hayan establecido en otros países de la UE. Finalmente, la compensación equitativa y única se hará efectiva a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

En el momento de escribir estas líneas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconoce ocho. De los autores están SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro español de derechos reprográficos), VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos) y DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales); de los artistas intérpretes o ejecutantes están AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España y AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión); y de los productores están AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales).

El pasado junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el canon digital que desde 2012 compensaba a los autores con dinero público, a través de las sociedades de gestión de derechos como Egeda, Dama y Vegap.  “La Directiva sobre derechos de autor se opone a que la compensación equitativa destinada a los autores por la copia privada de sus obras esté sometida a un sistema de financiación presupuestaria como el establecido en España”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el ejecutivo trabajaría “a pleno rendimiento” para encontrar una fórmula “satisfactoria para todos y plenamente cumplidora del derecho comunitario”. Según informa hoy el diario El País, “el Ministerio de Cultura y las entidades de gestión de los derechos de autor han alcanzado un acuerdo que marca las líneas generales del nuevo modelo”.

En el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso el diario, se describe un modelo muy similar al polémico canon de compensación por copia privada que había vigente en España hasta 2011, pero dejando fuera a las empresas y Administraciones públicas y ofreciendo la opción de reclamar un reembolso a aquellos usuarios capaces de demostrar que han hecho un uso profesional de los dispositivos. No se han facilitado detalles sobre las condiciones y tiempos de la reclamación, pero sí hay una fecha: la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2017, “aunque harán falta meses para concretar todos los detalles en una orden ministerial”.

Las agitadas vidas del canon digital

La copia privada es la copia que se hace de un contenido para uso propio, sin que haya una distribución o explotación pública del mismo que genere derechos de autor. El canon original de 1987 gravaba la compra de casettes y de cintas VHS para compensar a los autores por la posibilidad de que se utilizaran para copiar material protegido por copyright. Se llamó “derecho de remuneración de gestión colectiva forzosa” porque se obligaba a los autores a ejercitar el cobro a través de las entidades de gestión colectiva, en aquel momento SGAE, AIE y AGEDI. A partir del 2002, a las cintas de casette y VHS se sumaron soportes digitales como los CDs y DVDs. Más adelante se amplió el canon a todos aquellos dispositivos con capacidad de almacenamiento, incluyendo teléfonos, reproductores de música, PDAs y ordenadores.

El canon por copia privada tenía dos problemas. El primero, que presuponía que todo el que compraba un dispositivo con almacenamiento tenía la intención de incurrir en la ilegalidad, motivo por el cual se le multaba de antemano. El segundo, derivado de aquella contradicción, es que legalizaba las descargas de archivos sin ánimo de lucro, puesto que el “delito” había sido pagado de antemano. En marzo de 2011, la Audiencia Nacional anuló el canon por copia privada y, un año después, la Secretaría de Estado de Cultura modificó el modelo con un Real Decreto (1657/2012) que establecía una partida en los Presupuestos Generales del Estado a repartir entre las sociedades de gestión.

La partida era de 5 millones de euros, una cantidad muy inferior a los 115 millones que recaudaron por el canon por copia privada en el 2011, y a las sociedades no les pareció bien. Es por eso que EGEDA, DAMA y VEGAP presentaron su recurso ante el Tribunal Supremo quién, a su vez, se lo pasó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su conclusión fue que “no puede garantizar que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas” y, por lo tanto, no es compatible con la legislación. Habrá que ver cuánto dura la última reencarnación de una medida que se ha ido descartando en otros países de Europa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado el canon digital que se incluyó en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy recibió en su día varias críticas sonadas contra un proyecto que afectaría negativamente a la innovación en Internet. Incluso la Casa Blanca llegó a cuestionar la tasa española al enlace en un informe que lo definía como una de las principales barreras del comercio digital global.

La mal llamada tasa Google establecía que las webs que agregan fragmentos no significativos de obras divulgadas deberían pagar una remuneración al editor de la publicación. Aunque se relacionase con el buscador más famoso de Internet, el artículo afectaría a muchos más prestadores de servicios. De hecho, los agregadores de contenidos como Menéame también sufrirían las consecuencias de la reforma.

Además, la cartera del entonces ministro José Ignacio Wert decidió que la compensación monetaria a los creadores por la copia privada saldría de los Presupuestos Generales del Estado, y no del anterior 'canon' aprobado por la jefatura socialista. El caso fue inmediatamente denunciado y trasladado a Luxemburgo de la mano de tres organismos gestores de los derechos de autor.

Una medida “abusiva” para Europa

La Unión Europea pasa a considerar como definitivamente ilegal el llamado canon digital, es decir, ese impuesto que con carácter preventivo pretende compensar a los autores de contenidos sujetos a copyright estableciendo un gravamen sobre dispositivos de grabado susceptibles de ser usados para tal fin.

La decisión de la UE viene motivada sobre todo por el carácter indiscriminado que rige el espíritu de la ley y su aplicación. Diversas voces han afirmado que esta decisión viene a ratificar lo que ya sentenciaron en su día el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y la Audiencia Nacional. Fue en 2011. Desde el primer organismo se consideró que la medida era abusiva de acuerdo con la legislación europea en esta materia, y la Audiencia falló en contra al entender que no se habían seguido todos los trámites pertinentes para aprobar la nueva norma.

Si la Unión Europea ha tenido que volver a actuar otra vez es porque en 2012, a principios de la legislatura presidida por Mariano Rajoy, se volvió a resucitar la ley, pero esta vez dándole una vuelta más. A partir de entonces la compensación por copia privada se hacía estableciendo una cifra global contemplada ya en la partida de los Presupuestos Generales del Estado. En su pronunciamiento, la sala europea ha valorado que el sistema español “no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas”.

Además, la ley remozada seguía contando con un escollo fundamental: se continuaba aplicando a las personas jurídicas y no solo a las físicas, y además, se establecía una compensación calculada antes y no después, como sería lo lógico, de haberse causado el supuesto perjuicio.

La normativa comunitaria prevé que los Estados miembros pueden introducir excepciones al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, por ejemplo mediante una “excepción de copia privada” que incluya una “compensación equitativa”.

Por decreto y con la mayoría del Partido Social-Demócrata (PSD, conservador) que gobierna en Portugal. Así fue aprobado hace un par de semanas en el país luso el canon que grava smartphones, MP3, discos duros externos, smartphones, CD, impresoras, fotocopiadoras, tarjetas de memoria y pendrives, entre otros dispositivos. Si bien ya existía un tipo impositivo para CD y DVD desde 1998, con esta nueva normativa, los portugueses dan luz verde al canon digital para garantizar la compensación por copia privada.

Con esta medida, que entra dentro de un paquete de nuevas regulaciones sobre los derechos de autor, el país vecino pretende recaudar entre 15 y 20 millones de euros anuales, que serán redistribuidos a los titulares de derechos. Cuando se supere la cifra de los 15 millones se ha establecido que la cuantía restante vaya a parar a un Fondo de Desarrollo Cultural para sufragar actividades de esta índole.

Sentencias contra el canon en la UE

Lo sorprendente de esta aprobación es que llega años después de que en la Unión Europea tuviera lugar un arduo debate sobre la justificación de este canon. De hecho, hay varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como la del famoso caso Pawadan, que contravienen esta figura impositiva. Fue en 2010 cuando este tribunal dictó que la tasa que gravaba los medios de reproducción adquiridos por las empresas y profesionales que no estaban destinados a la copia privada era contraria al derecho comunitario. Precisamente esta sentencia llegó después de que la empresa catalana Padawan interpusiera un recurso contra el canon ante el TJUE.

Meses después, este dictamen trajo sus consecuencias y, por ejemplo, Francia, uno de los países donde las tarifas por este canon son más altas, lo eliminó para las compañías. No obstante, la nueva medida no resultó positiva para los usuarios, puesto que al mismo tiempo el Gobierno de Nicolás Sarkozy acometía una subida del impuesto.

La lucha en España contra el canon digital, aprobado en 2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y al que se consideraba injusto para los usuarios –la compra de un smartphone no presupone la copia ilegal de archivos, por ejemplo- trajo consigo otra sentencia por parte de la Audiencia Nacional en marzo de 2011 que señalaba la nulidad de las tarifas que regulan el gravamen de los distintos soportes. Finalmente, este canon fue suprimido por el Gobierno del PP en diciembre de 2011 y desde entonces la compensación por copia privada ha recaído en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, esta solución tampoco ha llegado a bajar el tono del debate en España. De hecho, las entidades de gestión de derechos han reclamado con insistencia el regreso del canon digital, puesto que, según argumentan, han perdido bastante dinero en estos cuatro años: de casi 100 millones de euros a cinco millones. También hay críticas contrarias a que estos cinco millones partan de los PGE, puesto que se considera una medida que afecta a todos los ciudadanos, compren o no dispositivos.

La última decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es que, pese a que los Estados miembros tienen plena libertad para adoptar una tasa o no, cada país debe asegurar una forma para compensar por la copia privada. De ahí que en los últimos meses haya habido diferentes posicionamientos con respecto a esta normativa, con países que han decidido suprimirla –y asegurar la compensación cargándola a los PGE- y otros que han preferido, incluso, aumentar las tarifas. Portugal, con este decreto-ley, se aproxima a los que sí apuestan por el canon.

Canon digital: dos Europas

Prácticamente todos los países de Unión Europea tienen algún tipo de canon que grava a los dispositivos electrónicos, pese a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TSJUE) que han dictado que es una medida que perjudica a los usuarios al instar al alza de precios a estos dispositivos. Sin embargo, hay otros países, como Reino Unido e Irlanda, además de los nórdicos, que no lo han fijado en sus leyes de propiedad intelectual, o bien, está regulado en los Presupuestos Generales del Estado (como ocurre en el caso español). De esta manera, se configura un mapa de dos Europas:

Con canon:

Alemania:

Este país es pionero en los gravámenes por el copyright y uno de los que con más fuerza ha defendido el canon y demás leyes proteccionistas. De hecho, el concepto de compensación por copia privada nació en Alemania en los años sesenta y a partir de los setenta fue introducido en otros países. En la actualidad es uno de los estados que más recauda, acercándose a los 240 millones de euros (unos 3 euros por habitante).

Francia:

También posee una tasa que grava los reproductores digitales y que llega a recaudar unos tres euros por habitante. En 2011 el Gobierno anuló el canon para las empresas, pero aumentó las tarifas en el caso de que la compra fuera realizada por usuarios. El pasado mes de abril, una propuesta del Partido Socialista francés en el Senado pretendía gravar también las impresoras 3D. Aún se encuentra a debate.

Italia:

El país italiano posee canon digital y, además, en junio de 2014 fueron aumentadas las tarifas mediante decreto-ley. Los nuevos precios se acercan a los que ya tiene tasados Francia –de los más altos de la UE, junto con Alemania-. Por ejemplo, de los 0,9 euros con los que estaban gravados los smartphones se pasó a los 4 euros, al igual que ocurrió con las tabletas.

Bélgica:

El parlamento belga aprobó el canon digital en febrero de 2010. Desde entonces los reproductores –desde los mp4 a smart TV, DVD, CD- tienen una tasa que va desde el euro hasta los trece euros (en el caso de los Home Cinema). La recaudación obtenida es distribuida por la entidad de gestión de derechos de autor Auvibel.

Holanda:

En los Países Bajos existe un canon digital que, además, desde enero de 2015 grava también a los e-readers “debido al incremento de las copias privadas” con estos aparatos, según reza en la página web de la gestora de derechos ThuisKopie. Las tasas son desde los 0,02 euros para los CD y DVD a los 3,5 euros para ordenadores.

Sin canon:

Reino Unido:

Según la ley de Economía Digital de 2014 queda legalizada la copia privada de CDs o iPods –hasta entonces estaba en una situación de ilegalidad-, sin embargo, no establece un canon digital que tase los reproductores.

Irlanda y Luxemburgo:

En el caso de ambos países tampoco existe el canon digital porque la copia privada no está legalizada.

Finlandia:

En diciembre de 2014 fue eliminado el canon digital. A partir de 2015 el cargo pasó a un fondo estatal, más o menos como ocurre en España desde 2012.

Noruega:

Es otro de los países en los cuales la compensación por copia privada está fijada en los Presupuestos Generales del Estado. No existe, por tanto, el llamado canon digital.

Comprobamos cómo funcionan las leyes antipiratería en Francia, Alemania e Italia y también cómo se está desarrollando el modelo de oferta legal en Internet como lucha contra las descargas ilegales. La conclusión, según analiza a este diario Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, es que es necesario una mayor oferta de contenidos digitales y más márketing de este tipo de plataformas que ofrecen cine, música y libros.

Comenzamos así una serie que analiza los diferentes países, cuya legislación a pesar de ser cada vez más regresiva, muestra el nacimiento continuo de nuevas plataformas de contenidos culturales. Empezamos por el cine.

Francia

FranciaLegislación: Ahora está en pleno debate el informe Lescure, encargado por el presidente François Hollande, que señala que sería positivo un canon digital más amplio, aunque ya hasta las tabletas tienen este canon de más de 9 euros. En cuanto a las descargas, en 2013 se abolió la conocida Ley Hadopi que iba directamente contra el usuario con la posibilidad de cortar la conexión a Internet. En 2009 la recaudación total para las entidades de gestión fue de 763.309.000 euros.

Plataformas:

Netflix: La plataforma norteamericana desembarcó en septiembre de 2014 aunque ha tenido bastantes críticas porque ha implantado su sede fiscal en Luxemburgo –ahorrándose los impuestos franceses- y porque el catálogo “es escaso”, según los usuarios. Su coste es de 10 euros al mes y durante los primeros quince días obtuvo 100.000 abonados.

CanalPlay: Pertenece a Canal+ y es el principal competidor de Netflix. Posee 520.000 abonados. Su catálogo dispone de 2.000 películas y 120 series, y su coste es de 10 euros al mes.

VodKaster: Es una mezcla entre un videoclub y una red social, que es como nació y que tiene ya más de un millón de usuarios. Tiene un catálogo de 10.000 títulos y fue lanzada en octubre de 2009. Su punto fuerte es el DVD, que se pueden intercambiar entre los diferentes usuarios. Cada DVD tiene un coste de dos euros (de los cuales, Vodkaster se queda con 0,99 por comisión).

UniversCiné: Nació en julio 2009 de la productora del mismo nombre. Su catálogo es de más de 3000 películas, principalmente, de cine independiente –es la que más se parece a la española Filmin-. Las películas tienen un coste aproximado de 2,99 euros.

Alemania

Legislación:Desde 2007 posee una de las leyes antidescargas más duras de todo el mundo con multas y hasta dos años de prisión por la descarga de contenido con copyright. Además, por jurisprudencia, se señala que es el propietario de la conexión quien tiene que pagar los daños. Sin embargo, en 2010 uno de cada cuatro alemanes reconocía descargarse contenido ilegal. En 2009 la recaudación total para la entidad GEMA fue de 862.961.000 euros. Por otro lado, la industria del vídeo bajo demanda movió en 2013 cien millones de euros, según un artículo publicado en FAZ. El sector cifra en cuatro millones de usuarios de plataformas para ver películas por Internet.

Plataformas:

Netflix: Desembarcó en septiembre de este año y tiene un coste de 7,99 euros al mes. Llegó de la mano de Deutsche Telekom. Aún no hay cifras de usuarios ni de su catálogo, aunque se anunció que, además de series norteamericanas también tendría ficción nacional.

Watchever: Fue lanzada en 2013 y se ha convertido en una de las principales plataformas de vídeo bajo demanda en Alemania, con 340.000 usuarios. Posiblemente sea el gran escollo para Netflix. Su coste mensual es de 8,99 euros. Su catálogo posee 12.500 títulos. Ha firmado contratos como canales de televisión como ZDF y permite ver buena parte de las series de HBO y las películas de Disney.

GoodMovies: Tiene unos 11.000 usuarios y su modelo de negocio es el DVD, que tiene un coste de tres euros por unidad.

ITALIA

Legislación: Este país acaba de actualizar sus tarifas del canon digital al alza. De hecho, de los 90 céntimos por smartphone se pasa a los cuatro euros. Lo mismo ocurre con las tabletas, que hasta ahora no tenían ninguna base impositiva. El nuevo canon ya ha recibido varias críticas por parte de los fabricantes de dispositivos. También posee una ley anti descargas desde 2004 bastante dura con penas de cárcel y multas.

Plataformas:

Infinity: Tiene un coste de 6,99 euros al mes. Fue lanzada por Mediaset en diciembre de 2013 previendo la llegada de Netflix. En la actualidad tiene un catálogo de más de 5.000 títulos.

SkyOnline: Apareció en junio de 2014 y pertenece al canal de televisión Sky. Su lanzamiento también estuvo motivado por la posible llegada de Netflix aunque a día de hoy aún no ha sucedido. Su diferencia está en que también ofrece ocho canales de televisión y deportes como la Champion League de fútbol o la Fórmula 1. Su coste está entre los 10 y los 20 euros, dependiendo de las ofertas. Su catálogo de películas es de 600 títulos.

Y en España…

Legislación: La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido aprobada en el Senado y se encuentra en trámite parlamentario. Los puntos conflictivos de la reforma: el llamado Canon AEDE (que los buscadores paguen a los diarios por enlazar noticias) y las multas, que pueden llegar a los 600.000 euros. En 2013 se facturaron 8553 millones de euros por contenidos digitales, de los cuales el cine representó el 28,2% (EGM, 2013).

Algunas plataformas de cine:

Filmin: Fue lanzada en 2006, aunque empezó a ser conocida por los usuarios en 2010. Detrás de esta plataforma se encuentran algunas de las distribuidoras españolas más importantes. Tiene 7714 títulos –la mayoría, cine independiente- y el coste por película está en torno a los 2,99 euros. El bono mensual cuesta 8 euros. No han hecho público el número de usuarios que posee.

Wuaki.tv: Es la única plataforma que presume de usuarios: un millón, según sus cifras. Fue fundada en 2009 y en 2012 fue comprada por la japonesa Rakuten. Ha incorporado series de HBO como The Wire o Los Soprano. Su coste mensual es de 6,99 euros y su catálogo tiene más de 5.000 títulos.

Filmotech: Fue creada por la entidad de gestión EGEDA en 2007 y contó con ayudas del Ministerio de Cultura. Su catálogo se compone, principalmente, de cine español. Tiene un coste de 6,95 euros al mes y posee 2.094 títulos. No hay datos sobre el número de usuarios.

400films: Cine de autor con un catálogo de 408 películas. Surgió en 2013 y el coste por película oscila entre 1,95 y 2,45 euros. No consta el número de usuarios.

Afortunadamente, internet ha permitido que cualquier persona pueda publicar de forma sencilla y asequible cualquier tipo de información, ocasionando una revolución en la manera en la que se emite y recibe la información. Esta democratización ha permitido conocer noticias y opiniones que, hasta ahora, estaban controladas por los escasos medios de comunicación existentes, pero también ha ocasionado que determinadas noticias u opiniones no contrastadas, técnicamente no rigurosas o emitidas por personas no cualificadas proliferen con la misma repercusión mediática (o incluso mayor) que aquellas más precisas.

Estamos en un momento de repensar los conceptos, desmontar falsos mitos y descubrir nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Por eso también es buen momento para redescubrir conceptos jurídicos, desmontarlos y, sobre buenos cimientos, plantear alternativas. Como ya adivináis, me estoy refiriendo a la ardua tarea de reconstrucción del mal llamado “canon digital”, para lo que pediré al lector que olvide todo lo que sabe o ha oído sobre él, libere su mente de polémicas, eslóganes y malos ejemplos recurrentes (“si grabo en un CD las fotos de la primera comunión de mi sobrino…”) e intente ser analítico, porque sólo sobre una buena base podremos encontrar modelos mejores que los sufridos en los últimos años.

Para empezar, el “canon digital” no existe, es decir, no existe ninguna ley en la que se utilice el concepto como tal. Esto nos coloca en una buena posición, porque si jurídicamente el “canon digital” no existe, el proceso de deconstrucción puede partir desde cero. Aún más, el término “canon” está mal aplicado a este derecho, ya que ninguna de las acepciones que ofrece la Real Academia Española se adapta al mismo (suele estar asociado a un pago que se realiza a una Administración Pública por el disfrute de un bien público).

Por tanto, partimos desde la nada.

La Ley de Propiedad Intelectual concede derechos exclusivos a los autores de obras originales y creativas durante un determinado periodo de tiempo. Esto implica que cualquier acto de explotación de la obra (cualquier reproducción, distribución, comunicación pública o transformación) debe estar autorizada por el autor. Este principio básico nos beneficia cuando somos autores de una fotografía, un artículo o un dibujo y no queremos que reproduzcan, copien o exploten nuestro trabajo, pero nos entorpece un poco cuando queremos utilizar una obra creada por otro.

Como en toda regla, hay excepciones. Este principio básico de exclusividad, que implica que, por ejemplo, cualquier reproducción deba estar autorizada por el autor, tiene ciertos límites, y gracias a ellos la ley permite realizar ciertas reproducciones, distribuciones o comunicaciones públicas sin autorización de los autores implicados siempre y cuando se realicen cumpliendo ciertos requisitos. Por tanto, podremos realizar reproducciones de obras sin contar con la autorización del autor siempre que cumplamos lo que, básicamente, establecen los artículos 31 a 40 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Quizá el límite a los derechos de autor más significativo de los últimos años es el del artículo 31.2, que es el de copia privada (el cual, por cierto, no es un derecho propiamente dicho, sino un límite a los derechos de los autores), que permite a las personas físicas (nunca empresas) realizar reproducciones/copias de obras sin autorización, siempre que se cumplan cinco requisitos:

Así, únicamente las copias que cumplan estos cinco requisitos serán legales y el resto simplemente serán reproducciones no amparadas por esta excepción y, por lo tanto, ilícitas. Parece justo un sistema en el que el creador tiene un derecho exclusivo sobre su obra, pero con determinadas excepciones (justificadas por fines culturales, de acceso a la información o de privacidad – por la imposibilidad de controlar las copias privadas que se hacen en ámbitos domésticos) y que se compense al autor por esa pérdida parcial de control sobre su obra.

Esa remuneración es precisamente el canon digital: la “compensación equitativa por copia privada”, como la definía el derogado artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, un sistema que trataba de remunerar a autores y resto de titulares de derechos por las reproducciones privadas (que cumplían todos requisitos del artículo 31.2) que realizamos los ciudadanos en nuestras casas.

Por tanto, en este proceso de deconstrucción del concepto, vemos que esta compensación no tiene por finalidad remunerar por la realización de copias ilícitas (como recientemente ha aclarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), y no da por hecho que todos vayamos a delinquir (como incluso ha llegado a afirmar algún político), porque su objetivo no es compensar por las copias ilegales, sino por las “privadas” legalmente realizadas (que limitan un derecho exclusivo de una persona).

El gran problema ha sido la desinformación (la propia entrada de la Wikipedia tiene errores técnicos) y la forma irracional de ordenar esta compensación, que ha hecho que pasemos de un sistema con pocos criterios objetivos y ponderadores que podía afectar, sobre todo, a empresas y autónomos, a otro sistema (el actual) inédito en Europa y aún más “indiscriminado” que al anterior. Este nuevo régimen de compensación no se aplica a los soportes y dispositivos grabadores que adquirimos regularmente, sino sobre los Presupuestos Generales del Estado, haciendo que se repercuta sobre todos los ciudadanos y no únicamente sobre aquellos que hacen copias.

Partiendo de la base de que creo que es justo compensar a quien pierde cierta exclusividad sobre su obra, la clave está en analizar sobre qué se debe establecer esta compensación, la cuantía de la misma, quién deberá hacer frente a dicha remuneración y qué criterios se utilizarán para hacer más equilibrado y justo este sistema, sabiendo que es la menos mala de todas las posibles soluciones.

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Las imagenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Michael Hicks, Indi Samarajiva y Shawn Carpenter

Las entidades de gestión de derechos de autor se han plantado ante el ministro José Ignacio Wert y el secretario de Estado, José María Lassalle, para dar un no rotundo a la nueva Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra en tramitación parlamentaria. En un acto celebrado esta mañana en el Círculo de Bellas Artes y en el que han estado presentes entre el público artistas como Víctor Manuel, Pasión Vega, Benito Zambrano o Carlos Bardem, los presidentes de las ocho entidades (AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP) han exigido la retirada de esta norma y el fin del Real Decreto que regula la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

“Es un texto regresivo que nos aísla de Europa y que no ha sido elaborado con un consenso. Queremos que se abra un proceso real de debate”, ha leído José Luis Acosta, presidente de la SGAE, en un comunicado firmado por todas las asociaciones, en el que también se ha insistido en que la regulación actual de la copia privada “es arbitraria e injusta ya que ahora pagamos todos vía Presupuestos Generales”.

Este levantamiento de las entidades y el sector cultural se produce en un momento particularmente caliente, con la ley a punto de llegar al Senado –lo hará el 31 de octubre- y cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de señalar que este cargo a los presupuestos es contrario a las directivas europeas que regulan la compensación por copia privada.

Pocos datos y muchas quejas

La petición de las entidades de gestión se basa precisamente en que la compensación ya no salga de los presupuestos y que vuelva el canon digital, una tasa en la comercialización de los dispositivos electrónicos. “Nuestra propuesta es lo que había entonces, que los distribuidores, productores, fabricantes de productos tecnológicos paguen el 1% que estaba establecido entonces”, ha asegurado José Luis Acosta a eldiario.es.

¿Regresar a la Ley Sinde? “Volver a una propuesta en la que sean los distribuidores los que paguen ese canon. No es verdad que antes estuviéramos pagando más caro. Ahora es cuando se está pagando más caro y además se ha quitado el impuesto a compañías que no pagan sus impuestos en España y que no generan empleo aquí. Además también se les quita el 20% que por ley la copia privada tiene que invertir en el tema social, educativo y de formación”, ha insistido recalcando en que la gran beneficiaria de la retirada del canon fue la industria tecnológica.

Cuando le hemos preguntado por esas empresas tecnológicas que según él, están fuera de la legalidad o no pagan impuestos, se ha negado a nombrarlas. “Todos las conocemos”, dijo y agregó: “No pretendemos ir en contra de nadie, pero queremos que la ley sea equitativa. Yo estoy encantado con que se hagan ricos con los contenidos, pero que también los que producen los contenidos se vean compensados. El origen de todo el streaming, de toda la industria cultural, parte de un señor que escribe su música”, ha añadido.

Las entidades han manifestado que el PP no ha tomado en consideración ninguna de las enmiendas que le ofrecieron tras la aprobación de la LPI en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero. Sin embargo, no han ofrecido datos para mostrar el perjuicio que están sufriendo con esta regulación o las ventajas que tienen ahora, según ellos, las empresas tecnológicas. Sólo han recalcado que desde el fin del famoso canon digital calculan que han dejado de ingresar más de cien millones de euros, un dato que, según Acosta, sale del 1% de impuestos que recibían antes sobre la venta de los aparatos, aunque entiende que son cálculos “complejos”.

Precisamente, con el canon, las gestoras recibían 115 millones de euros al año por lo que sus ingresos se han recortado en un 95%, después de que el Gobierno decidiera recortar también aquí y dejara la partida en 5 millones de euros.

“Pedimos a Europa que nos rescate”, ha afirmado a su vez Luis Cobos, presidente de AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutanes), que ha sido confundido por la presentadora del acto por el presidente de otra de las entidades, un lapsus quizá procedente de la gran cantidad de ellas que han acudido al acto, en el que también se ha pedido la retirada del 21% del IVA cultural.

Cobos ha insistido en la transparencia de las entidades de gestión, afirmando que la gestión colectiva “no es un negocio, sino un servicio que las sociedades prestan a la sociedad civil y su deber es que sea reconocido. No son empresas opacas sino que están controladas por sus órganos de dirección. Son organizaciones colectivas y privadas que se rigen por el derecho privado. Mantienen la solidaridad del colectivo porque aseguran los derechos de todos. No necesitan que sean metidas en cintura porque ya están dentro de la legalidad”.

Tal y como hemos visto durante los últimos años, hay varias maneras de luchar contra la piratería en internet, de evitar que la gente se descargue copias ilegales de sus juegos, discos o películas así como de compensar a las editoras y demás compañías por las pérdidas ocasionadas.

Desde el injusto canon digital que tanto ha encarecido ciertos productos como DVDs vírgenes o discos duros en España, hasta el corte de la línea de internet a un usuario concreto y su inclusión en una lista de ‘non gratos’ como se viene haciendo en Reino Unido a quien reincide, algo que será cosa del pasado a partir de 2015 con la aplicación del VCAP (Voluntary Copyright Alert Programme), una iniciativa que busca sustituir la criminalización de la piratería por concienciación pura y dura.

De esta forma todo aquel que descargue cualquier tipo de contenido de forma ilegal recibirá hasta cuatro cartas de advertencia explicándole que sus acciones son ilegales y haciéndole saber el supuesto daño que está realizando a una industria como la del cine o los videojuegos. La idea final es alertar por ejemplo a los padres que no saben lo que sus hijos hacen con internet, sin llevar a cabo ningún tipo de medida o castigo si se reincide.

Lo curioso es que este sistema ha nacido del consenso entre el gobierno, la industria del cine, la música y los videojuegos, algo que parece casi impensable en España, país quizá demasiado acostumbrado a colgar la etiqueta de criminal a todos sus ciudadanos de manera indiscriminada.

El pasado jueves 11 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacía pública la sentencia en el caso entre Amazon y Austro-Mechana Gesellschaft, la SGAE alemana. En dicha sentencia se reconoce el derecho al cobro de un canon digital por copia privada en determinadas circunstancias, pero ¿en qué condiciones el TJUE no aprueba dicho cobro?

“Por primera vez se reconoce que los particulares tienen derecho a no pagar el canon cuando han comprado un producto que no será usado para copia privada” afirma Josep Jover, abogado de la APEMIT (Asociación Española de Pequeñas y medianas empresas de informática y Nuevas tecnologías) y experto en derecho de la propiedad intelectual, en declaraciones a HojaDeRouter.com.

Efectivamente, el TJUE ha abierto la puerta a que los particulares no tengan que pagar el canon, siempre que se presente prueba de que el producto no se usa para la copia privada. Si bien las empresas y las administraciones públicas estaban exentas de pagar este canon, ahora la justicia europea se muestra contraria al cobro indiscriminado de este canon a las personas físicas. Pero los avances planteados por esta sentencia no acaban aquí.

Además, el TJUE establece que no se podrá aplicar un canon digital a todos los productos. Plantea exenciones para aquellos productos con los que quede claro que no se harán copias para uso privado. “Si voy a comprar una fotocopiadora grande, no tiene que tener canon, porque muy dificilmente será usada para hacer copias de uso privado”, afirma Jover.

Por último, el TJUE plantea en la sentencia que los procedimientos de devolución de canon deben ser rápidos y efectivos. La sentencia llega después de que la Austro-Mechana Gesellschaft tuviera en su web la opción de devolución del canon digital deshabilitada.

Las novedades planteadas en esta sentencia son ya de obligado cumplimiento en todos los estados miembros de la Unión Europea. “Tanto el hecho de presentar una prueba para no pagar canon digital como el mecanismo de reembolso deben ser regulados ahora por la justicia de cada uno de los países, que deben establecer los mecanismos necesarios para que se cumpla”.

Ahora son los tribunales españoles los que deberán establecer cómo presentar las pruebas de que los productos adquiridos no han sido utilizados para copia privada y cómo proceder al reembolso del canon digital.