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El Gobierno estadounidense cuestiona el Canon AEDE

José Ignacio Wert, exministro de Educación, Cultura y Deporte que impulsó la reforma de la LPI

Marilín Gonzalo

Madrid —

El canon AEDE, impuesto en la última modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a través del artículo 32.2, es una de las principales barreras actuales al comercio digital global, según un informe de 474 páginas de la USTR.

El presidente los Estados Unidos tiene dentro de su oficina ejecutiva a una agencia que se encarga de recomendarle y desarrollar una política comercial para su país. Se llama USTR, (por sus siglas en inglés Office of the United States Representative, oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos) y acaba de emitir su informe 2016 donde expone y analiza las que considera son las principales barreras al comercio digital en todo el mundo.

Bajo el apartado “Servicios de Internet y comercio electrónico” y al mismo nivel que los bloqueos de tráfico de internet en China se encuentra marcada como uno de esos agujeros negros el llamado Canon AEDE, también definido como una tasa al enlace (“Link Tax”).

La agencia estadounidense compara la situación de la tasa en España con la de otros países de su entorno europeo. Señala que después de que Alemania implementara una medida para que los agregadores remuneraran a otras fuentes de noticias por el uso de snippets, muchos dejaron de enlazarles, lo que hizo que gran cantidad de medios optaran por no requerir esos pagos. Luego explica que sin embargo, la ley que España aprobó a fines de 2014 es similar pero que esos pagos son obligatorios, es decir que los medios no pueden optar por no recibir los pagos cuando sus contenidos sean enlazados.

“Como resultado de esta nueva ley, muchos agregadores, incluidos algunos de Estados Unidos, se han retirado del mercado español”, dice el informe, que también se refiere al estudio (documento) que llevó a cabo la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) sobre las consecuencias de la implementación de esta ley. Según este estudio, el coste para los lectores de noticias online podía estimarse en 1.850 millones de euros anuales a seis meses de la entrada en vigor de la ley, y también afecta al sector de los anunciantes.

La agencia dice que los ingresos de los editores decayeron y que muchos editores pequeños dependientes de agregadores para obtener tráfico se vieron “desproporcionadamente afectados”. La USTR considera que esta cuestión merece una atención especial, así como un compromiso de la Unión Europea para asegurar que los modelos innovativos de negocio sean positivos para los proveedores de contenidos.

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