El Ayuntamiento de Santa Cruz gastará 3 millones para reformar un aparcamiento que debió costear la concesionaria

El estacionamiento subterráneo de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife parece gafado. Como otros cinco aparcamientos de la capital tinerfeña, fue concedido por el Ayuntamiento santacrucero a empresas privadas hace muchos años, en este caso a Interparking.

Sin embargo, desde enero de 2025 caducó la concesión de un espacio con 564 plazas para estacionar, que presenta desde hace tiempo múltiples problemas de filtraciones, humedades y desperfectos en parte de los techos; que requiere otras mejoras, como la creación (por normativa) de un ascensor, y que el Consistorio decidió recuperar para la gestión pública, aunque asumiendo precisamente con fondos públicos unas obras calculadas en unos tres millones de euros cuando el contrato obligaba a la compañía (que ha seguido con prórrogas) a asumir el mantenimiento.

Como los aparcamientos de Tomé Cano, Puerto Escondido, Puente Serrador, Plaza Weyler y Estadio, la explotación de este estacionamiento de la plaza de España o avenida de Anaga fue concedido por 50 años con un canon medio por plaza al año de 40,9 euros cuando un propio estudio del Ayuntamiento aconsejaba una muchísimo más elevado, de hasta 396 (y a 32 años), tal y como criticaron grupos de la oposición desde el mandato de 2019-23, sobre todo Ramón Trujillo (IU, Podemos y Equo). Es decir, que donde el ayuntamiento debía recaudar 1,44 millones al año de las distintas empresas concesionarias sólo recibía unos 148.000 euros, lo que supone un enorme margen para unas compañías que, encima, han ido aplicando un sobreprecio oscilante del 16 al 66%, el máximo permitido.

La media por plaza se sitúa en los 60,2 euros y el Ayuntamiento ha ido exigiendo a las compañías una reducción de tarifas que sí podrá aplicar una vez recupere la titularidad pública de, al menos, este aparcamiento, operación que, sin embargo, se ha ido complicando y retrasando desde enero de 2025.

Pese a ubicarse en una zona clave de la ciudad, junto al Cabildo, el Puerto, la Avenida Marítima o de Anaga y puntos estratégicos de la capital, este estacionamiento no ha corregido del todo sus problemas de filtraciones y humedad en varias zonas, lo que ha impedido el uso de esas partes. Unas obras calculadas ahora en esos tres millones (exactamente en 3,1) y que, pese a que el mantenimiento correspondía a la concesionaria, el Ayuntamiento prefiere asumir una vez se encargue de la gestión mediante la empresa Viviendas Municipales.

Problemas burocráticos que retrasan la reconversión  

Dificultades burocráticas para esa reconversión de la titularidad han ido retrasando el cambio desde julio pasado. Tampoco se pudo consumar en septiembre y, de momento, la concejal responsable de dicha compañía pública, Belén Mesa (CC), espera cerrarla antes de que llegue 2027, aunque los precedentes no resultan muy prometedores.

Los problemas con la estructura fueron constatados por los técnicos municipales hasta el punto de que advirtieron de los riesgos durante el pasado Carnaval porque encima (o muy cerca, depende de la gente que haya) va uno de los escenarios. Esas carencias permanecen y convierten ese desembolso de dinero en algo controvertido porque la concesión desde los años 80 (cuando se crea este subterráneo) apuntaba al mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria, según consta en la documentación consultada por este periódico.

Las obras previstas no sólo pretenden corregir las filtraciones, humedades y desperfectos, especialmente en los techos y cubiertas, sino reforzar en general la estructura (paredes, techos, pilares…), incorporar un ascensor (225.000 euros) e introducir otras mejoras en los servicios en pro de la modernización de un estacionamiento clave de 564 plazas, como todo lo relativo a la seguridad. Un proyecto que dependerá ahora de Viviendas Municipales, al encargarse de la gestión pública del aparcamiento.

Desde el vencimiento de la concesión, la empresa ha ido acumulando prórrogas sin que se cumplieran las fechas anunciadas por el gobierno local (CC-PP) para esa recuperación pública. Una reconversión con la que se busca reducir las tarifas de verdad y mejorar las prestaciones, aunque de momento sigue retrasándose y quizás se llegue a 2027 y hasta cerca de las elecciones con la misma situación: un estacionamiento en un sitio clave sin ser aprovechado como convendría, con prórrogas en la concesión y en una ciudad con un alarmante problema de plazas públicas, aunque sea pagando.

El Ayuntamiento, eso sí, quiere subrogar a los trabajadores y proveedores de los servicios de mantenimiento y rebajarle las tarifas a los abonados y clientes puntuales. Sin embargo, esto se topa con la complejidad de cambiar los sistemas informáticos que controlan las barreras y los datos bancarios de los que cuentan con bono para que, desde entonces, la empresa pública se ocupe de la recaudación.

El papel de una asociación vecinal

La situación de este aparcamiento no sólo fue denunciada hace años por Trujillo, sino, en los últimos ejercicios, por la asociación de vecinos El Perenquén, que no sólo critica su estado sino los incumplimientos constantes de plazos y, por tanto, las prórrogas de una concesión que considera fracasada y perjudicial.

Los informes existentes, como el del Carnaval, no hablan de “peligro”, pero sí de seguridad insuficiente por el estado de la estructura y siempre han recomendado las mejoras, que fue haciendo la empresa, pero sin evitar que ahora se necesite una inversión pública de esos tres millones. 

En los últimos Carnavales, tras la denuncia pública de dicha entidad vecinal, el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoció en una nota de prensa que este aparcamiento, en cuya superficie se celebra parte de la fiesta (muy cerca del escenario donde ha actuado Juan Luis Guerra y otros artistas de relieve mundial), no presenta la suficiente seguridad en diversos tramos por el estado de su techo. Es más, el Consistorio recalcó que le requirió “formalmente a la empresa concesionaria la adopción inmediata de nuevas medidas de seguridad tras constatar que las actuaciones ejecutadas hasta el momento resultan insuficientes”.

“El pasado 9 de febrero, técnicos municipales realizaron una visita de inspección en la que se detectaron daños estructurales derivados de procesos de corrosión en armaduras de los forjados, con pérdida de recubrimiento de hormigón y desprendimientos puntuales de cascotes. En ese momento, se indicó verbalmente a la concesionaria la necesidad de ampliar las medidas preventivas urgentes, reforzar el apuntalamiento en las zonas afectadas y mejorar el cerramiento y balizamiento de las áreas con riesgo”, señalaba la citada nota.

El viernes 13, los técnicos comprobaron que las actuaciones llevadas a cabo no fueron ejecutadas “de forma completa ni correcta, persistiendo deficiencias relevantes desde el punto de vista de la seguridad. En concreto, seguía habiendo zonas con armaduras vistas y pérdida de recubrimiento de hormigón que no fueron debidamente apuntaladas, ni se garantizó un cerramiento efectivo e infranqueable en áreas donde existen desprendimientos o riesgo potencial de caída de fragmentos de hormigón, y el balizamiento instalado no cumple en todos los casos con las condiciones mínimas de seguridad exigibles”.

Ante estos riesgos, la concejalía de Servicios Públicos concedió un plazo máximo de 72 horas para el cumplimiento íntegro de las medidas ordenadas. Pese a las intervenciones posteriores, el erario público deberá invertir tres millones de euros para completar las reformas y mejoras necesarias, reconociendo el propio gobierno local que la empresa ha preferido no incorporar el preceptivo ascensor porque le resultaba mucho más rentable seguir pagando las multas (solo de 90 euros) por su carencia que hacer una obra calculada ahora en 225.000 euros.