Vox afea a la vicepresidenta de Castilla y León del PP que obvie la ‘prioridad nacional’ en el acceso a la vivienda

El Grupo Parlamentario Vox ha afeado este lunes a la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que haya presentado las prioridades presupuestarias de su departamento para 2027 sin mencionar el principio de 'prioridad nacional' para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, incluido en el acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox.

El portavoz de Vox en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, David Hierro, ha reconocido durante la comparecencia de Blanco que las cuentas cumplen el compromiso de incrementar al menos un 80 % la inversión en políticas de vivienda, al elevarla un 88,8 % respecto a 2024, pero ha lamentado que entre las prioridades expuestas por la vicepresidenta no figurase la 'prioridad nacional'. “No hay recursos para todos”, ha expresado el portavoz de Vox mientras derramaba agua en un vaso –hasta que ha rebasado y el agua ha llegado a la mesa– como metáfora de la llegada de personas extranjeras a una Comunidad con recursos limitados.

“Los recursos son limitados y los españoles tienen que acceder a ellos de forma prioritaria”, ha insistido Hierro, quien ha recurrido a datos sobre población extranjera y beneficiarios de las ayudas al alquiler para justificar esta posición. “Lo hemos echado de menos porque es uno de los compromisos que se ha asumido en el acuerdo de gobierno”, ha sostenido Hierro, quien ha recordado que este establece que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social debe inspirarse en ese principio. La 'popular' Isabel Blanco ha respondido que ese principio se aplicará mediante la exigencia de un “arraigo real” y un empadronamiento histórico en Castilla y León.

Las ayudas al alquiler en Castilla y León están condicionadas actualmente: el beneficiario debe tener nacionalidad española, de algún país del Espacio Schengen o tener un permiso de residencia legal en España, con unos ingresos anuales de entre 4.200 y 25.200 euros como máximo –con salvedades– y una renta –sectorizada por tipo de municipio– de un máximo 200 euros al mes por una habitación o 550 euros al mes por la vivienda entera. En la última convocatoria, más de 22.000 personas y familias recibieron estas ayudas, lo que supuso un desembolso de 53 millones de euros, la mayor cuantía destinada hasta la fecha.

Una asignación de recursos “dentro de la legalidad vigente”

La vicepresidenta ha recordado que el acuerdo de gobierno establece un sistema que, “dentro de la legalidad vigente”, procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un vínculo “real y verificable” con el territorio. “El sistema incluirá la exigencia de ese arraigo real, empadronamiento histórico en Castilla y León y en España”, ha explicado Blanco, quien ha precisado que estos requisitos no tienen que aparecer en los Presupuestos, sino que “figurarán en las convocatorias correspondientes”. “Cualquier persona que cumpla con los requisitos accederá a las ayudas”, ha zanjado la vicepresidenta segunda sobre este asunto.

La vicepresidenta también ha respondido al PSOE sobre la financiación de las políticas contra la violencia machista y ha reiterado que el compromiso de la Junta en este ámbito es “irrenunciable”. Frente a las críticas de la portavoz socialista, Patricia Gómez, que había atribuido buena parte de estas actuaciones a los recursos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Blanco ha defendido el esfuerzo realizado con financiación autonómica.

El Grupo Socialista ha centrado buena parte de sus críticas en las políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista de la Junta. Además, Gómez también ha reprochado al Ejecutivo autonómico que Castilla y León continúe sin una ley LGTBI y ha cuestionado la ausencia de partidas específicas para estas políticas, antes de preguntar a Blanco cuáles son realmente sus “prioridades” en igualdad.