La Comisión de Cultura del Congreso ha impulsado este miércoles, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que entraría en vigor en enero previo paso por el Senado. Se resucitan así los peores fantasmas para el movimiento contrario a la Ley Sinde, que vendrán a endurecer aún más el código de normas. La principal novedad es que crea un atajo para que sea una acción administrativa la que pueda desencadenar el cierre una web sin tener que tener necesariamente el consentimiento previo de un juez.

Lo intentaron en 2010 y ocho años después, PP y PSOE han conseguido sacar adelante una iniciativa que entonces tuvieron que parar debido a la protesta de usuarios y profesionales de Internet, que consiguió tumbar la propuesta para cerrar webs sin autorización judicial.

La enmienda más polémica de esta nueva LPI es la referida al artículo 195, que daría al traste con la potestad del juez para tener la última palabra, tal y como se refleja en el texto que presentaron PP, PSOE y Ciudadanos ante las Cortes en septiembre: “la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis”.

El abogado David Bravo explicaba a eldiario.es hace dos meses que, con esta enmienda, los partidos “están apartando la única salvaguarda judicial que quedaba en la Ley Sinde, que era ya de por sí insuficiente, eliminándola con la justificación de que eso agiliza el proceso”.

En septiembre, el Ministerio de Cultura explicaba que solo las webs que ya acumulan varias denuncias serían susceptibles de “suprimir la segunda autorización”, argumentando que es un trámite “innecesario, que retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva”. Bravo consideró entonces que la enmienda era incluso “peor que la Ley Sinde”. “Era difícil empeorarlo”, ironizaba.

Sin embargo, este no será el único contenido de la nueva LPI. Los partidos, entre los que también se encuentra Unidos Podemos, han incluido una decena de enmiendas en el texto: el tope del 20% a la rueda de las televisiones, la negociación de tarifas entre las radios y televisiones y las entidades de gestión o la nueva organización interna de la SGAE son algunas de ellas.

“Hubo un tiempo en el que la libertad en Internet se percibía como frágil y peleamos por mantenerla. Esa pelea está aparcada porque creemos que la libertad se mantendrá a unos niveles aceptables o suficientemente amplios. No es así. Eso nunca estuvo garantizado y lo veremos pronto”. Fue la reflexión de David Bravo, jurista digital, cuando el Parlamento Europeo votó a favor de la renovación de la directiva de derechos de autor. Tras un intenso debate en torno a su proporcionalidad, el texto que salió adelante introdujo medidas como un filtro automático de contenidos que registre todo lo que se suba a la red en busca de violaciones de copyright y con capacidad de anular publicaciones de los usuarios sin autorización judicial.

El pronóstico de Bravo no tardó en cumplirse. Justo una semana después de la votación en la Eurocámara, PP, PSOE y Ciudadanos propusieron de forma conjunta endurecer la ley Sinde. En medio de las negociaciones para reformar la Ley de Propiedad Intelectual, los tres grupos plantean eliminar la necesaria autorización judicial para ordenar el cierre de una página web.

Ocho años después de que la negociación para aprobar la misma norma generara un movimiento de rechazo que acabó acampado en la Plaza de Sol durante el 15M, PP, PSOE y C's vuelven a la carga. Su objetivo es que si la administración considera que la web es reincidente y sigue acumulando denuncias por violación de los derechos de autor, esta pueda forzar su cierre sin volver a consultar al juez.

El Ministerio de Cultura negó a eldiario.es que la enmienda suponga un peligro para la extensión a la red de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva. No convencidos con esta explicación, este lunes se han sumado a las quejas la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la organización de consumidores Facua y las patronales de radios y televisiones privadas, que denuncian que las enmiendas fortalecen “la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios” y “la vuelta a los tiempos de los abusos” de estas entidades.

La nueva polémica alrededor de la ley Sinde muestra que pese a las quejas ciudadanas, las fuerzas políticas siguen dispuestas a apoyar regulaciones para Internet que tendrían un difícil encaje fuera del ciberespacio. En España, al menos tres leyes que se encuentran en proceso de negociación amenazan con desligar los derechos durante la actividad en la red de los ciudadanos de los que tendrían en el mundo físico.

Ley de Protección de Datos 

La renovación de la Ley de Protección de Datos también se encuentra en negociación en el Congreso. El nuevo texto debe respetar íntegramente los mínimos impuestos en el Reglamento europeo que entró en vigor en mayo, pero puede ir más allá en algunos aspectos. En este caso varias enmiendas elevadas por el PSOE han elevado las dudas de los expertos por la eliminación de salvaguardas judiciales.

En sus propuestas, el PSOE propone que sean las empresas privadas que sostienen las plataformas digitales quienes decidan sobre la veracidad de los contenidos y que puedan anular el anonimato de sus usuarios; o la obligación de los medios a publicar rectificados de las personas que se mencionan en las publicaciones. En la actualidad, solo un juez puede dirimir sobre la veracidad de una información, la revelación de la identidad de un ciudadano que se comunica bajo un seudónimo o forzar a un medio a publicar una determinada versión de los hechos. 

“La propuesta del PSOE en materia de derecho al olvido también es excesiva. Se desvía de la reciente jurisprudencia del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] y es un ataque al derecho a difundir información veraz”, señaló a su vez el abogado especialista en libertades digitales, Carlos Sánchez Almeida, sobre otra enmienda socialista en referencia a este cuestionado derecho. 

El anonimato es un objetivo habitual de las políticas restrictivas. Considerado por la ONU como un derecho clave para asegurar la libertad de expresión, el PP ha intentado prohibirlo en las redes sociales varias veces durante esta legislatura. La última el pasado mes de diciembre, argumentando que el anonimato ampara los ataques al honor en estas plataformas.

Filtradores y alertadores 

Con la democratización de Internet y las herramientas digitales, las filtraciones de información cambiaron de forma radical. En cuestión de minutos una sola persona que sea testigo de irregularidades y conductas corruptas puede descargar y enviar a un medio de comunicación decenas de miles de documentos más que los que desencadenaron el escándalo Watergate. Sin embargo, esa persona también está mucho más desprotegida: esas mismas herramientas digitales permiten rastrearla e identificarla igualmente rápido.

Las grandes filtraciones de información de la era digital han estado acompañadas de sentencias y persecuciones más duras que nunca. Para corregir esta situación, la mayoría de países desarrollados han impulsado leyes para proteger a los informantes y evitar que queden desamparados ante aquellos a los que denuncian. España aún no lo ha hecho, y ha quedado como el único país entre los 37 que integran la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción, ni mediante una ley propia ni en el articulado de otras normas.

La ley que debe corregir la situación lleva desde comienzos de 2018 empantanada en el Congreso, esperando a que el PP, que preside la comisión que la tramita, permita continuar con el proceso. PSOE, Podemos y Ciudadanos explicaron en junio a eldiario.es que sus posturas ya están próximas pese a las diferencias iniciales, pero que la negociación no puede concluir debido a inacción del PP.

Reforma de la ley mordaza

Los grupos políticos negocian desde 2016 cómo derogar el paquete de normas que el PP aprobó gracias a su anterior mayoría absoluta y que dieron forma a la conocida como ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). La llegada del PSOE al Gobierno ha supuesto un impulso a las conversaciones. Estas se centran en los artículos de esas leyes recurridos ante el Tribunal Constitucional, grupo que no incluye artículos como el de “falta de respeto” a policías, una de las sanciones que entraron en vigor con la ley mordaza que más se interponen, como denuncian organizaciones como la PDLI.

Por ahora, el Ejecutivo no ha conseguido la mayoría necesaria para derogar los artículos del Código Penal que han provocado las condenas a tuiteros y raperos por enaltecimiento del terrorismo o incitación al odio. Comentarios que difícilmente habrían tenido repercusión de no haber quedado registrados en el archivo de una red social, son motivo de condenas de cárcel por realizarse online.

De momento ha sido la fiscala general del Estado quien se ha posicionado más claramente a favor de virar el rumbo en su discurso de entrada del año judicial, reclamando ponderar “adecuadamente” las penas de prisión en los casos en los que está en juego la libertad de expresión. Las últimas sentencias de la Audiencia Nacional también han reconocido que animar a atentar a una banda terrorista desaparecida no pone en riesgo a nadie. Impulsado por ello, el Gobierno planea reducir los castigos con prisión y cambiarlos por trabajos en beneficio de la comunidad, pero la posibilidad de que se convoquen elecciones antes de que se llegue a un acuerdo puede dar al traste con meses de trabajo para tumbar la ley mordaza.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), FACUA-Consumidores en Acción, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) han publicado a lo largo del lunes varios comunicados donde rechazan la enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que el pasado miércoles presentó el PP junto a PSOE y Ciudadanos. Esta enmienda pasa por eliminar la figura del juez en el caso de que una web haya violado reiteradamente la ley, dando así todo el poder al Ejecutivo para cerrarla si lo considera necesario.

La PDLI considera que la enmienda es “alarmante” y la califica como “despropósito jurídico”. La plataforma continúa diciendo que “es gravísimo que se puedan retirar contenidos de Internet sin que un juez evalúe si afecta o no a la libertad de expresión”. En algunos supuestos, incluso, no será necesaria la intervención de un juez, como por ejemplo si ya se ha producido una retirada voluntaria de contenidos por parte del administrador de la página.

FACUA también rechaza la nueva norma y considera “que esta medida supone un retroceso en materia de libertad de expresión al dejar en manos de una comisión administrativa la clausura de una página”. La organización de consumidores se suma así a otra organizaciones y expertos que ya han alertado sobre las consecuencias que tendría la adopción de la enmienda.

“Rompe los equilibrios”

Por su parte, la AERC donde están contenidas Cadena SER, Onda Cero, Radio MARCA o Kiss FM, entre otras; y UTECA, que agrupa a los grupos Mediaset, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento), Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, TRECE, Real Madrid TV y DKISS, se muestran inquietos y disconformes, según un comunicado oficial.

Las dos asociaciones creen que así se fortalece la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios y creen que estas enmiendas son “un intento de reforzar la posición de dominio y perpetuar los abusos de las entidades de gestión”, que “rompe los equilibrios” y “olvida los precedentes tendentes a la equidad y a la proporcionalidad y provoca una nueva desarmonización de la legislación española con la UE”.

La AERC y UTECA continúan en su comunicado que, de esta forma, se pone de manifiesto “la capacidad de influencia de las entidades de gestión y la permeabilidad a ella de los partidos políticos” y que así solo “se pretende devaluar a esta Comisión, limitando su capacidad de acotar tarifas desproporcionadas impidiendo los abusos de las entidades de gestión, ya sancionados por nuestros tribunales y las autoridades de competencia”.

Cerrar webs sin autorización judicial. Lo intentaron en 2010 y ocho años después, el asunto vuelve a colear. Por aquel entonces, la protesta de usuarios y profesionales de Internet consiguieron volcar la propuesta, que ahora amenaza con volver: PP, PSOE y Ciudadanos presentaron el pasado miércoles una enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que evitaría tener que pasar por un juez para cerrar una página web si una comisión gubernamental considera que existe reiteración en la violación de la norma.

La enmienda está registrada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se puede consultar aquí. De esta forma, la decisión quedaría en manos de la Comisión Sinde, que depende directamente del Ejecutivo. La enmienda que proponen los tres grupos políticos daría al traste con la potestad del juez para tener la última palabra, tal y como se refleja en el texto que han presentado ante las Cortes: “la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis”.

A pesar del texto, fuentes del ministerio de Cultura explican a eldiario.es que este procedimiento “solo se puede adoptar en caso de reiteración de conductas ilícitas” y que “el requisito de la autorización judicial previa en el procedimiento de salvaguarda (restablecimiento de la legalidad-Ley Sinde) no se toca”.

Sin embargo, la medida ha encendido las alarmas de algunos expertos que ya hace ocho años se opusieron a que una comisión gubernamental pudiera ordenar el cierre de una web sin autorización previa de un tribunal. “Están apartando la única salvaguarda judicial que quedaba en la Ley Sinde, que era ya de por sí insuficiente, eliminándola con la justificación de que eso agiliza el proceso”, explica a eldiario.es David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual.

La enmienda en el Congreso: un escenario plausible

En el hipotético caso de que la enmienda fuera aceptada en el Congreso, después se votaría en el Senado y finalmente, volvería al Congreso para su inclusión final en la LPI. No es un escenario difícil de imaginar: PP, PSOE y Ciudadanos tienen mayoría en el Congreso para incluir la cláusula en la ley.

Hoy, la Ley Sinde especifica que ha de ser un juez quien, en última instancia, tenga el poder para cerrar una web, sancionarla o dejarla tal y como está. Es la Comisión la que interpreta “si se ha reanudado una infracción declarada por ella o se ha repetido” y la lleva ante el magistrado (más concretamente ante los juzgados de lo contencioso administrativo), que puede decretar el cierre “durante un plazo máximo de un año”, explica Bravo.

“Y eso pese a que antes la pregunta que le hacían al juez no era si la web era infractora: el juez no se podía meter en eso. Le preguntaban solo si la medida era proporcional o si afectaba a la libertad de expresión... cuestiones mucho más gruesas. Y no la cuestión específica de si la resolución de la comisión era acertada o no”, continúa Bravo.

Según el Ministerio de Cultura, solo las webs que ya acumulan varias denuncias serían susceptibles de “suprimir la segunda autorización”, argumentando que es un trámite “innecesario, que retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva”. Bravo considera que la enmienda es incluso “peor que la Ley Sinde”. “Era difícil empeorarlo”, ironiza.

Este diario también se ha puesto en contacto con el Partido Popular, que asegura que el procedimiento “se encuentra en fase de ponencia”. “Como norma general solemos esperar a que concluya esta fase para hacer valoraciones”, concluyen. eldiario.es ha intentado hablar con Ciudadanos, aunque sin éxito.

Lo anterior es plenamente coherente con el programa electoral de PP y Ciudadanos y lo es también con la postura mantenida por ambos en la anterior legislatura

Antecedentes.

Hace ahora exactamente 10 años se produjo la que, según los medios de comunicación, fue la “operación más importante contra la piratería en toda Europa”. En la redada fueron detenidas 15 personas por administrar páginas de enlaces a redes P2P, lo que se celebró, además de por la industria de los contenidos, por Carmen Calvo, la por entonces ministra de Cultura, que dijo en una intervención en la Biblioteca Nacional que esta operación fue una de las más importantes actuaciones durante su cargo.

Las detenciones de aquella operación policial fueron narradas por los medios de comunicación como si se tratasen ya de sentencias condenatorias. Un grupo editorial introdujo en varios periódicos de su ramo un mismo editorial titulado 'Piratas en la Red' en el que se decía que “los quince detenidos (...) formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes P2P (...). Por impopular que resulte, debe desenmascararse tan perversa visión de la Red e impedir que en aras del espíritu de absoluta libertad con el que fue concebida ésta termine convirtiéndose en un auténtico santuario de ciberdelincuentes (...)”.

La reseña de SGAE de la redada policial tampoco esperó a que los jueces se pronunciaran y decía que “la citada operación policial evidencia que la difusión de contenidos protegidos a través de los conocidos sistemas de intercambio de archivos peer to peer (p2p), lejos de ser algo legal, esconde en realidad la comisión de auténticos delitos”.

En el mismo sentido, ACAM, la Asociación de Compositores y Autores de la Música, dijo que esta redada demostraba que el intercambio en redes P2P es un delito y ofreció un listado de las páginas denunciadas bajo el titular de “Páginas desde las que se delinquía”.

Para sorpresa de todos ellos, los casos no llegaron ni a juicio. Los asuntos relativos a la “mayor operación contra la piratería en toda Europa” no merecieron siquiera pasar de la fase de instrucción y fueron recibiendo resoluciones que sobreseían y archivaban el caso. Y lo hacían, no porque no hubiera podido quedar indiciariamente acreditado el hecho que se denunciaba o su autor, sino porque el hecho denunciado -y pacíficamente admitido por los imputados, que se declaraban además autores de los mismos- sencillamente no era delictivo.

El caso Sharemula, el primero en recibir una resolución de archivo de sus actuaciones, y las resoluciones posteriores, fueron para la industria de los contenidos una hemorragia difícil de parar. Los anteriores enemigos públicos número uno, las páginas de enlaces a contenidos, dejaron de ser el objeto principal de queja de la industria para ser sustituidos ahora por los propios jueces que les dejaban escapar vivos de los procedimientos en los que habían sido sepultados.

La Coalición de Creadores, lobby de presión que engloba a la industria de los contenidos en España, dijo que la resolución Sharemula era un ejemplo de la ignorancia que hay en España sobre propiedad intelectual. En ese mismo sentido, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), coalición que engloba a las multinacionales estadounidenses de la industria del copyright incluyó dos años consecutivos a España en su informe 301 declarándolo como país donde no se respetan adecuadamente los derechos de autor. El informe cita expresamente a la resolución Sharemula a la que considera el mayor ejemplo de la frustración que siente la industria por los “procesos judiciales en España”.

No tardó mucho España en conseguir un jarabe para curar tanta frustración estadounidense y pocos meses después del goteo de resoluciones negativas para la industria anunció la que hoy se conoce como Ley Sinde, que hace que ahora no sea un juez quien tenga competencia exclusiva para decidir si las páginas de enlaces cometen una infracción y si deben o no cerrarse, sino que lo puede hacer el propio Ministerio de Cultura, aquel que aplaudió las detenciones. Y así, sin cambiar las normas del juego pero sí al árbitro, la industria empezó a ganar en vía administrativa todo lo que no pudo ganar en los juzgados ordinarios.

Cuando esta Ley solo era un anteproyecto, una abogada de la industria justificó el movimiento diciendo que la razón de esta reforma legal se halla en que “los jueces estaban aplicando mal el Código Penal”. Por su parte el abogado de EGEDA, José Antonio Suárez, apeló a los tiempos de la caza de brujas en EEUU y dijo que “habría que recurrir a McCarthy: un solo comunista en el Senado es demasiado. Lo mismo ocurre con las descargas”, dejando claro con su analogía cuáles son sus referentes políticos más inmediatos.

Incluso muchos artistas y autores que se califican de izquierdas, aplaudieron sin ninguna reserva a la Ley Sinde, pese a que era un atajo burdo que atacaba a la separación de poderes, y fue así porque en esta ocasión, justo la ocasión en que a ellos les concernía, sí que les pareció que los fines justificaban sobradamente los medios.

Unos años después llegó la Ley Mordaza que está sacada del mismo molde que la Ley Sinde: dado que tras el 15M los jueces no estaban dictando las resoluciones que quería el Gobierno en materia de derecho de manifestación, la ley mordaza llegaba para crear un cuerpo de infracciones administrativas que impidieran que la judicatura siguiera aguando la fiesta al Ejecutivo, que se hacía ahora con las riendas del asunto. Tal y como dijo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión”.

Ambos casos, la Ley Sinde y la Ley Mordaza, aplica a la perfección el proceso que Boaventura de Sousa Santos explicaba en su libro 'Sociología jurídica crítica': “Los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares: transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no resulta extraño que la Ley Sinde consiguiera reunir rechazos de heterogéneos sectores sociales y políticos. El truco era tan burdo que hasta los beneficiados por él -al menos aquellos con principios sólidos- se posicionaron en contra, en una suerte de rechazo a aceptar un gol a favor que se metía con la mano y que abría -como de hecho abrió- un precedente peligroso. El caso de Álex de la Iglesia, dando ejemplo de coherencia y honestidad con su dimisión ante el estupor de algunos de sus colegas, es sin duda paradigmático.

El pacto PP y Ciudadanos y la mentira por el bien de España

El 91 de los “150 compromisos para mejorar España” firmado por PP y Ciudadanos en su reciente brindis al sol manifiesta que “se reforzará la Comisión de propiedad intelectual sección segunda para mejorar su eficacia en la lucha contra el tráfico ilegal de contenidos”. La Comisión del Ministerio de Cultura a la que se refieren es, precisamente, la que creó la Ley Sinde para que resolviera en vía administrativa las disputas que tenía la industria contra las páginas de enlaces y que, con sorpresa para nadie, les está dando la razón en todos y cada uno de los procesos que antes perdían en los tribunales. En resumidas cuentas, el pacto refuerza -si es que aún puede reforzarse más tras la última reforma- la que conocemos como Ley Sinde.

Lo anterior es plenamente coherente con el programa electoral de PP y Ciudadanos y lo es también con la postura mantenida por ambos en la anterior legislatura (aquí les dejo mi intervención de respuesta en el Congreso en representación de PODEMOS contra la PNL propuesta por el PP y a la que se adhirió Ciudadanos con indisimulado fervor).

Yo, sin embargo, no puedo estar más de acuerdo con la postura mantenida por este joven político que resume a la perfección mi postura al respecto. Dice esta promesa de la nueva política actual en su libro de 2015 que:

“Es necesario reformar esa ley, porque genera inseguridad jurídica en un sector económico emergente y porque, a mi juicio, se ha cometido un atropello de ciertos derechos fundamentales. La comisión Sinde permite que un órgano administrativo decida cerrar un negocio, una web y meter en la cárcel a alguien o poner una multa considerable (…) La única instancia que debería tener poder para cerrar una web o un negocio en Internet es un juzgado. Y ningún funcionario o secretario de Estado debería tener potestad para hacerlo. No creo que criminalizar el enlace resuelva el conflicto. Es un error intentar ponerle vallas al campo en pleno siglo XXI. (…) Criminalizar el enlace es ir contra la línea de flotación de Internet, porque, en última instancia, el enlace no es más que un mecanismo de conexión con el propio mundo de Internet, al que no le puedes poner puertas. El planteamiento en sí ya es un error. La ley, tal y como ha sido redactada, y la solución de criminalizar el enlace, responde más a una incapacidad a la hora de comprender que el mercado del siglo XXI se ha transformado drásticamente. Hay que cambiar la filosofía y sentar a la mesa a todos los agentes implicados. Si soy elegido para gobernar, me comprometo a añadir sentido común y a intentar acercar posiciones”.

¿Que quién es el político citado? Es Albert Rivera, en su libro 'El cambio sensato'.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid ha instado a los proveedores de servicios de acceso a Internet a la “suspensión y bloqueo en España”, en el plazo de 72 horas, de todos los dominios identificados del grupo The Pirate Bay. Como informa Xakata, no se conoce si la sentencia establece el tipo de bloqueo a aplicar, o si se permite la discrecionalidad de las operadoras.

Así lo ha informado este viernes Promusicae, asociación que representa a los productores musicales, que ha destacado que es la primera resolución en este aspecto en el marco de la 'ley Sinde'. Según informa El Mundo, la decisión judicial ha llegado dos años y medio después de que la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) denunciase ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, conocida como 'comisión Sinde', a la sociedad Neij Holdings LMT, propietaria de las web www.thepiratebay.org, www.thepiratebay.com, www.thepiratebay.net y www.thepiratebay.se.

La comisión dio 48 horas a The Pirate Bay para retirar los contenidos bajo derechos de autor, que no cumplió con lo exigido. La decisión posterior de la comisión administrativa fue instar al bloqueo de la web por parte de los proveedores de internet. A esta instancia debían adherirse también los motores de búsqueda.

Desde Promusicae celebran la decisión, desde la primera sentencia de bloqueo contra The Pirate Bay, dictada en 2009 por el Tribunal Supremo sueco, “hasta lograr lo mismo en tantos países”

Dicho bloqueo no ha tenido lugar de manera aislada en España, sino que con anterioridad se ha producido en otros 13 países: Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Portugal e Italia; así como Argentina, Malasia e Indonesia.

Vodafone rectificó el bloqueo a The Pirate Bay

El pasado enero, Vodafone bloqueó los portales de The Pirate Bay sin orden judicial y basándose únicamente en una resolución de la comisión Sinde. Tras la polémica generada, la compañía telefónica rectificó y volvió a permitir el acceso a las webs de descarga desde sus redes.

Vodafone ya aclaró entonces que levantaba el bloque al no contar con una decisión judicial que la avalase, pero que volvería a bloquear dichos portales cuando la justicia lo ordenase.

La Audiencia Nacional se ha manifestado por primera vez en la impugnación de una actuación de la Comisión Sinde (Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual) en una sentencia en la que delimita de modo importante el alcance de la Ley Sinde, según informa Pablo Romero, de El Mundo.

Los jueces determinan que no se puede actuar exclusivamente contra una página web de enlaces, como intermediaria, sino conjuntamente cuando se actúe contra “un responsable del servicio de la sociedad de la información”, refiriéndose a quienes “ponen a disposición del público las obras protegidas, los que las reproducen o copian, etc.”

La sentencia declara por tanto la “nulidad de pleno derecho” de las actuaciones de la Comisión Sinde contra “Quedelibros”, página donde los usuarios aportan información sobre lugares donde encontrar libros online. Los abogados del caso, de Bufet Almeida, exponían en la demanda que: “la única actividad que realiza la página 'Quedelibros.com' es proporcionar información acerca de obras que se hallan en páginas o ubicaciones ajenos. Su objeto no incumple o infringe norma alguna. No vulnera derecho de ningún tipo. Por el contrario, ejerce como su libertad de informar y de difundir la cultura”.

Los jueces explican que el procedimiento que prevé la Ley Sinde: “no puede dirigirse formalmente contra los intermediarios, sin perjuicio de que se pueda exigir a estos últimos determinados comportamientos a fin de asegurar la eficacia de las medidas que finalmente se adopten”.

La sentencia recuerda que esta vía administrativa ha sido creada para el restablecimiento de la legalidad y no con ánimo sancionador en sí, y señala que se ha de actuar principalmente contra aquellos servicios que alojan y distribuyen el contenido vulnerador de los derechos de autor.

“Por tanto”, concluyen los jueces, “tenemos que llegar a la conclusión que el procedimiento recogido en el art.158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, cuando sino que debe estar incurso un responsable del servicio de la sociedad de información”.

Parecía difícil pero las enmiendas de la oposición al proyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual del PP que ideó el PP han ido a favor de endurecer aún más las medidas contra los usuarios y empresas de internet.

Desde que el Gobierno presentó en su proyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual, que introducía un canon a los agregadores digitales, las voces contrarias a este canon AEDE (también llamado Tasa Google) se han ido sumando desde diferentes sectores. Entre ellos se encuentran los propios editores digitales, que a pesar de ser quienes cobrarían su parte proporcional de este canon, quieren continuar enlazando y siendo enlazados porque saben que los agregadores contribuyen a la distribución de la información en internet y también a su negocio.

También sectores como la CEOE, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sindicatos CCOO y UGT, y la Afi, entre otros, manifestaron su rechazo a un canon que consideran injusto y negativo económicamente, como se mostraba en un informe que calcula que puede hacer perder más de mil millones de euros anuales a España.

La oposición tenía hasta el 1 de julio para mostrar sus observaciones al proyecto de ley en forma de enmiendas. Los grupos parlamentarios que las presentaron fueron Izquierda Plural, PSOE, UPyD y el PP, de las que sólo Izquierda Plural y UPyD pidieron la supresión del artículo 32.2, el que ha agregado el gobierno donde instaura una tasa a pagar por parte de editores y agregadores de noticias.

Sin embargo, los dos grupos parlamentarios que quieren la supresión del canon AEDE piden nuevos cánones y vuelven a pedir la compensación por copia privada, algo que ya había sido declarado ilegal por la Justicia europea en su sentencia del caso Padawan.

Los puntos más importantes presentados en las enmiendas por cada grupo parlamentario están resumidos a continuación:

Partido Popular

- El partido que instauró el canon AEDE mantiene todo lo que sostuvo en el anteproyecto, incluido el artículo 32.2.

- Mantiene también el carácter de irrenunciabilidad del derecho.

- Presenta enmiendas de tipo técnico, y una que actualiza el sistema de gestión del ISBN.

[Documento de las enmiendas del PP - PDF]

PSOE

- Apoya el canon AEDE: pide la supresión del apartado 2 del artículo 32 pero introduce un artículo “32 bis” similar, donde mantienen el derecho a cobrar una remuneración por compartir “fragmentos no significativos de obras y prestaciones protegidas”.

- Mantiene también el carácter de irrenunciabilidad del derecho.

- Otorga a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual la gestión del cobro.

- Pide que volvamos a pagar el canon digital sobre equipos informáticos (Art. 1, apartado 3, que se refiere al artículo 25), algo que ya había sido considerado ilegal por la Justicia europea en su sentencia del caso Padawan.

- Propone que la cuantía a pagar sea fijada de mutuo acuerdo entre las entidades de gestión y las asociaciones que agrupen a los prestadores de servicios de agregación de contenidos, y si no se llega a acuerdo en el plazo de 6 meses, se acude a la Comisión de Propiedad Intelectual

- Pide que no sea con cargo a los Presupuestos del Estado.

- Excluyen expresamente a Google News con el párrafo 4 del artículo 32 bis.

- Excluyen a “prestadores de servicios que realicen actividades de mera intermediación técnica”, es decir que los agregadores sociales quedan afectados.

- Adjudican a los agregadores la obligación de la remuneración, considerando que son quienes se benefician económicamente.

- Persiguen el enlace, determinando que se dirigirán contra los prestadores de servicios que pongan a disposición a través de cualquier enlace o direccionamiento obras o prestaciones. También justifican que “el tratamiento de todos los prestadores de servicios debe ser idéntico”, y mencionan la Sentencia Svensson sólo para justificar que se protege a los “enlazadores neutrales” (aquellos que realizan mera mediación técnica).

- Pide el bloqueo de los proveedores de acceso y alojamiento “cuando resulte la medida más eficaz” y quita la condición de proporcionalidad, es decir que la motivación del bloqueo debe ser considerada en relación con su proporcionalidad.

- Suprime las especialidades tarifarias para la radio y la televisión públicas, es decir que piden que paguen los derechos de propiedad intelectual en las mismas condiciones que el resto de organismos de radiodifusión.

[Documento completo de las enmiendas del PSOE - PDF]

UPyD

- Pide la supresión del canon AEDE, pero pide pago en compensación por copia privada.

- Pide que no sea con cargo a los Presupuestos del Estado.

- Pide quitar el carácter de irrenunciabilidad del derecho de autor.

- Da lugar en la ley a la existencia de otras formas de acceder legalmente a las obras sin detrimento de los derechos del titular, además de la compraventa mercantil.

- Entiende comprendida en la copia privada aquellas a las que puede accederse desde redes como Internet. Considera que “la puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos es un acto de comunicación pública”.

- Quita la clasificación de un régimen especial para los derechos de reproducción “para fines educativos o de investigación científica, ya que consideran que no debe ser diferente al del general para copia privada.

- Amplía de 5 a 10 años el plazo de prescripción de las acciones para reclamar daños y perjuicios por parte de los ciudadanos.

- Defiende la libertad de los titulares de las obras de elegir libremente la entidad de gestión de sus derechos.

- Suprime el derecho de las entidades de gestión de hacer uso anticipado o disponer de dinero pendiente de prescripción por no haber sido reclamado por su titular.

- Prevé multas entre 30.000 y 300.000 euros por el incumplimiento de dos o más veces de requerimientos de retirada de contenidos, y establece que la falta de colaboración para el bloqueo se considerará infracción.

[Documento completo de las enmiendas de UPyD - PDF]

Izquierda Plural

- Pide la supresión del canon AEDE, pero pide pago en compensación por copia privada.

- Pide que no sea con cargo a los Presupuestos del Estado.

- Agrega unos nuevos responsables de ese pago. Piden que ese pago sea cargado a proveedores de acceso a internet y además a “empresas en internet”, donde no queda muy claro qué empresas entran en la definición.

- Pide que los titulares de derechos de autor tengan libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra, así como para utilizar licencias libres. En ese sentido plantean que el derecho de autores y artistas intérpretes o ejecutantes sobre su obra es irrenunciable, salvo que opten por usar licencias libres.

- En la enmienda 47, al definir contra quiénes se dirigirá la ley se incluye todo prestador de servicios que vulnere derechos de propiedad intelectual, quitando la especificación de la ley que agregaba que esta vulneración tiene que ser “de forma significativa, atendiendo a su nivel de audiencia en España” y al “número de obras o prestaciones”, lo que hace que puedan ir contra una web que no tenga una audiencia numerosa (por ejemplo un blog o página individual).

- Hay cierta intención de que esto no se pueda dirigir contra gente que actúa de buena fe y sin ánimo de lucro.

[Documento completo de las enmiendas de Izquierda Plural - PDF]

Según el abogado Carlos Almeida, “se piden nuevos cánones con gran indefinición jurídica, y esto abre las puertas a que por vía del decreto ley se meta el canon digital del que nos habíamos librado por via de la Unión Europea”. “Todos los partidos del régimen bendicen la ley Sinde”, concluye Almeida, que explica que las puntualizaciones que hacen son mínimas y todas las enmiendas van contra las páginas de enlaces.

También hace notar que algunas previsiones que había en la ley, por ejemplo las de ser infracción significativa y a gran escala, quieren que desaparezcan. ¿Por qué? “Para poder meterlo todo y perseguir ya no solamente a páginas de enlaces sino a cualquier usuario que tenga una web y que enlace a su blog por ejemplo”.

Como ya ha acabado el período ordinario de sesiones, el PP ha solicitado al Parlamento una sesión extraordinaria para votar las enmiendas antes del verano, que tendrá lugar el 16 de julio.

A Pablo Soto se le ve contento. Acaba de lanzar su proyecto, Torrents.com, un buscador de archivos para descargas. Pablo no es un desarrollador cualquiera, y “P2P” no es sólo un agregado a su nick en Twitter. Programador autodefinido como activista procultura libre, con 19 años creó Blubster (llamado el Napster español) y hace 2 años ganó una demanda a las discográficas, que lo acusaban de lucrarse con sus contenidos y pedían 13 millones de euros en compensación.Justo unos días después de eso, el Ministerio de Industria le otorgaba una ayuda por 1,6 millones de euros por Foofind, un buscador hecho con software libre, que según el Gobierno de España, es “un activo de sustancial presente y enorme potencial de futuro para nuestro país”.

Sin duda fueron años movidos para Pablo y Torrents.com es el producto de todo ese aprendizaje. Utiliza la misma tecnología de Foofind, desarrollada gracias en parte al dinero que recibió. El proyecto, que ha sido calificado por el sitio especializado Torrentfreak como “el más importante en años en tomar internet por asalto” consta de tres partes: Torrents.fm, el buscador de archivos; Torrents.com para noticias, y Torrents.ms, una aplicación para descargar torrents.

Pablo no espera problemas legales, ni aún con la Ley Sinde-Wert, en vigor desde hace más de un año. No los tuvo con Foofind, que nació en 2011 y de donde retira los enlaces cada vez que alguien le indica que tienen copyright. De unos 500 millones de archivos rastreados, calcula que debe haber unos 500.000 denunciados, que ellos han retirado en el acto para no tener problemas. “El abogado (David Bravo) es parte del equipo, está en muchas reuniones de desarrollo”, comenta Pablo.

Torrentear en épocas de la NSA

¿Qué pasa con nuestros datos al entrar a un sitio de descargas? ¿Pablo nos garantizará que nadie nos espía? Con una sinceridad brutal, Pablo nos recuerda que todo lo que hacemos en la red pueden mirarlo gobiernos y empresas, incluso sin orden judicial. La garantía de un sitio de descargas como este pasa en gran parte porque es software libre, pero que aún así pueden conseguir los datos de los usuarios: “si no ves el código, no tienes garantías; si lo ves puede ser libre, pero al final está en un servidor y no puedes controlar por dónde pasan tus búsquedas”. Y si el gobierno te pidiera datos de los usuarios ¿se los darías?, preguntamos y Pablo fue tajante: “No, no sin orden judicial”.

De todas maneras, en Torrents.com se ha modificado el código de Google Analytics para que Google no tenga los datos de lo que están buscando sus usuarios. A Pablo le preocupa la privacidad y que el gobierno espíe a sus ciudadanos. “Internet no se hizo pensando que se iba a ser espiado, no pensando en ataques de man in the middle o a la privacidad. ”El DNS es extremadamente confiado“, (Pablo se refiere a que la arquitectura del DNS no está preparada para defenderse de ataques). ”Con que haya una sola empresa que decida tumbar un sitio, con la colaboración de un gobierno corrupto, te sacan el dominio, esto es lo que les está pasando a The Pirate Bay todos los días.“

Pablo coge carrera y empiezo a temer que el artículo termine en la sección de Política. “El problema de PRISM es que no hay forma de pararlo si no es con acciones tecnopolíticas, y si no quieren pararlo, la única forma [de conservar los derechos que tenemos hoy] es que nos hagamos un internet paralelo con tor y con DNSs distribuidas. Los caminos de los gobiernos son pasar por encima de los derechos individuales cada vez mas para que internet no sea lo que era.”

Un buscador de torrents

La normativa española que sanciona a quienes enlazan a descargas no autorizadas no perjudica a Torrents.com, ya que es un buscador como Google, cuyos robots rastrean automáticamente la web, aunque en este caso lo que buscan es archivos torrent y magnet. Después de que los robots encuentran los archivos, los pasan por dos filtros: uno que detecta si esos archivos tienen copyright restrictivo y otro que filtra específicamente pornografía infantil.

En estos años en los que los servicios de streaming tanto de música como de películas y series han aumentado, ¿hay una tendencia a descargar menos? Pablo dice que puede ser, pero aún así unas 5 o 6 páginas de torrents están entre las más vistas del mundo y el 35% del tráfico de internet en bites son torrents. Esto tiene relación con que los torrents normalmente empaquetan, se organizan en estructuras de carpetas donde se incluyen colecciones o varios ítems. “La gente no tiende a bajar una canción en torrent, se bajan toda la colección. Para una canción se usa el streaming”.

Acuerdos con la industria y la influencia del 15M

Vemos entre los resultados de lo más descargado dos palabras que nos resultan curiosas: telugu y tamil, dos palabras indias. Y Pablo nos comenta que están en medio de conversaciones con una productora de Bollywood que ha sacado miles de películas y tienen un catálogo muy amplio que por el momento están inaccesibles para el consumidor y quieren poner online. La mayoría de esas películas consisten en series transmedia donde el personaje, el actor estrella o la historia tienen continuidad y por eso apuestan porque un público interesado en varias que vio de forma gratuita pague para consumir los estrenos. Las películas online sirven como forma de promoción de su catálogo más reciente.

¿Alguien de la industria cultural española se puso en contacto con ellos para interesarse por el buscador? Pablo asiente: “sí, sí, directores, pero no son gente que tenga mucho poder”, y Pablo explica que ahora tiene muchos amigos artistas y directores. “En el 15M ha habido mucha gente de distintos colectivos que de repente nos hemos visto haciendo cosas en las asambleas. Algunos de aquellos con los que dormí la primera noche en la Puerta del Sol, la noche del 15, estábamos en contra de la Ley Sinde, y allí había otros que la defendían. En esos entornos comunes es donde nos pudimos explicar muchas cosas. Si sacas de la Justicia la decisión para dársela al Ejecutivo, eso es fascismo. La Ley Sinde es eso. La Ley de Seguridad Ciudadana es exactamente lo mismo. LegalSol -la comisión legal del 15M en la Puerta del Sol- ha llevado 300 casos en los Juzgados de gente que ha sido detenida o propuesta de sanción por delitos de resistencia a la autoridad: y han ganado los 300. Y la gente que vive de la cultura también ve esas cosas.”

Le preguntamos si dentro de la industria cultural la gente ha cambiado su forma de apreciar las redes P2P, el torrent. Pablo cree que siempre ha sido así, lo que no cree es que el mensaje que nos llegaba de ese “bando” haya sido representativo. Explica que hay muchas asociaciones enviando notas de prensa pero que “cuando sale un Alex de la Iglesia diciendo ”vamos a escuchar“, le cortan la cabeza. Y cuando un músico, como Alaska dijo ”A mí la piratería no me parece mal“, retiraron su disco de las tiendas en 24hs y tuvo que retractarse sacando un comunicado”.

Coincidimos con Pablo en que lo que está cambiando es que hay más conexión social, y que ahora nos enteramos de lo que piensan los artistas directamente, y no a través de un comunicado. “Ahora te digo, el fiscal ha pedido cárcel para Teddy Bautista y yo me estoy tomando cañas con actores”, remata.

"Los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares: transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas
bajo el control del poder ejecutivo".

"Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho", de Boaventura de Sousa Santos

Muchos intentaron avisar de que el nacimiento de la Comisión Sinde abría una espita peligrosa: la posibilidad de que el Ejecutivo le cogiera el gusto a eso de quitar competencias a los jueces que no dictaban resoluciones de su agrado. A los que avisaron los dibujaron como a bebés que lloraban porque se quedaban sin el chupete de las descargas, como a fanáticos del todo gratis, como puristas del Derecho que pedían procedimientos con garantías para entorpecer el camino de la verdadera justicia.

Ahora que quiere nacer la nueva Ley de Seguridad Ciudadana nutriéndose de los mismos principios de la Comisión Sinde, es hora de recordar y pedir cuentas a los que la apoyaron. Ahora que todos los medios parecen haberse olvidado, es hora de pasar factura. De pasarla a aquellos que crearon el atajo que sortea a los jueces. De pasarla a aquellos que aplaudieron un truco burdo porque esta vez el fin –por el hecho de ser su fin– sí que justificaba los medios. La impunidad del abuso fomenta su repetición y, ahora que sufrimos las consecuencias de aquella pasividad e incluso del apoyo de gente que se dice intelectual de izquierdas, es hora de recordar.

Ahora que sabemos que la Comisión Sinde-Wert se enfrenta a un procedimiento penal por prevaricación, es hora de recordar a los que nos la vendieron y a sus padres, dos ministros de Cultura de partidos políticos gemelos.

Ahora que sabemos que la Comisión Sinde ordena la retirada de contenidos y el bloqueo de páginas webs sin intervención alguna de un juez, es hora de recordar lo que nos contaron.

Ahora que sabemos que no solo no hay jueces en esa Comisión sino que las resoluciones de esta dicen lo contrario que las de aquellos, es hora de hacer recuento.

Aquí tienen el primero, vendrán más. González Sinde, con ayuda de Àngels Barceló, mintiendo con la tranquilidad de quien sabe que quien la entrevista no ejercerá de periodista esa noche. González Sinde, asegurando que los procedimientos ante su Comisión los decide un juez. Hoy, tiempo después de aquellas palabras, los abogados que llevan más de un año presentando escritos ante esa Comisión, y que sienten que es como meter mensajes en una botella y tirarla al mar, siguen recibiendo resoluciones sin ver juez alguno por ninguna parte.

Pasen y vean. Ahora que se constata que toda aquella información previa a la aprobación de la Ley era falsa, estos programas, esas risas, esas burlas hacia el único que ejercía de periodista en aquella tertulia, se escuchan y se sufren de una manera muy diferente. Cuando escuchen este ya viejo fragmento de audio que les traigo, descubrirán que lo verdaderamente importante no es que a usted le quiten jueces para que un órgano administrativo diga lo contrario que ellos, lo importante es que el Gobierno le ha quitado de hacer esas pesadas colas en los registros públicos. Así lo sugiere Àngels Barceló, que sabe qué es lo realmente importante más allá de complicados discursos sobre garantías judiciales que nadie entiende y que a nadie importan. ¿Qué otra cosa puede importarle a usted que las cuestiones verdaderamente prácticas del día a día? ¿Qué podría importarle a usted si no es eso, estúpido ciudadano?

Quince minutos, quince preguntas: entrevistar a la finalista del premio Planeta en plena gira de promoción no deja tiempo para más. Especialmente cuando se trata de la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde.

¿Qué le hace más ilusión llevarse el Goya o ser finalista del Planeta?

Pues te diré que el proceso es tan distinto que el Planeta me hace más ilusión. Porque es un premio antes de empezar. Cuando tu recibes un Goya, la película se ha estrenado, ya tiene todo el camino hecho, pero esto es completamente distinto; es el proceso de un embarazo, esa expectativa, la lista de finalistas, la noche del premio, el que se empieza a fabricar y a imprimir... Aparte, es más personal porque eres tú solo frente al lector.

¿Esperaba que fuese tan polémico?tanpolémico

Yo esperaba que iba a haber críticas, pero no me esperaba que fueran a cuestionar si era legítimo o no que yo escribiera. Porque es a lo que me he dedicado, el oficio que tenía antes, y lo que fue un interludio ha sido mi dedicación a la política. Cuestionar si debo escribir o no, cuando la ley expresamente ampara ese derecho y cuando ha pasado un tiempo, eso sí que me dejó completamente bloqueada.

¿Cree que ser ministra le ha perjudicado en su carrera profesional?

No, yo creo que me ha enriquecido mucho como persona, que he conocido mucho mejor no sólo mi país sino cómo funciona una democracia. Es una experiencia de la que no reniego, a la que no renuncio y que estuvo muy bien.

Entonces, ¿no se arrepiente de haber sido ministra?

No. Yo creo que uno se arrepiente de las cosas que no ha hecho.

¿De qué está más orgullosa de su época como ministra?

Estoy orgullosa de todo lo que tiene que ver con los museos, de la obra del Museo Arqueológico que todavía no ha inaugurado este Gobierno, de haber comprado un Bruegel para el Museo del Prado, de todas las obras que se compraron o se restauraron para ampliar la colección del MNAC... En general, el arte, los museos, la conservación, todo eso me generaba mucha satisfacción. La Tabacalera de Embajadores, generar un modelo de participación ciudadana en un espacio público, ese era un camino que me hubiera gustado que creciera más y que me pareció que la crisis ofrecía esa oportunidad de darle la vuelta a las infraestructuras públicas que no están utilizadas y abrirlas a los ciudadanos. Pero de nuevo te acuerdas más de lo que se quedó pendiente.

Son aspectos que los ciudadanos no relacionan con su paso por el ministerio.

Son cosas más anónimas, que también está bien. Si no eres un político o partido profesional obsesionado con la comunicación, te apropias menos de las acciones. Tú las impulsas, detectas dónde hay talento y rigurosidad profesional y las apoyas. En los museos públicos, en los teatros públicos, en las orquestas públicas hay mucha gente que propone cosas que están muy bien y sólo tienes que permitirles hacerlas y ayudarles.

¿Cree que ha sido el chivo expiatorio de la polémica ley que popularmente lleva su nombre?

En los Gobiernos siempre hay un ministro que tiene una presencia mediática mayor, que a veces es inversamente proporcional al presupuesto que tiene su ministerio. El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto muy pequeño comparado con otros y, en cambio, tenía un protagonismo mediático... También le pasó a mis antecesores, con distintos asuntos polémicos. Eso es lo bueno de la cultura, está hecha para ser entregada al público y juzgada por el público, y sus protagonistas tienen mucha más voz y más lugares donde mostrar su desacuerdo.

Y también son más vulnerables: es más difícil que te apoye la confederación de artistas de música clásica a que te apoye una confederación de empresarios cuando eres ministro de Industria. Los artistas, los creadores, la gente de la cultura –por mucho que este Gobierno lo diga– no están en el juego de la política como están los empresarios y otros elementos de nuestra sociedad. Por eso tienes una posición a veces de fragilidad como ministro de Cultura, pero va en el cargo. Yo tampoco lo vivía con sorpresa.

Yo venía de la Academia de Cine, que tampoco está exenta de polémica; sabía lo que era tener un cargo institucional en el que no te representas a ti mismo como individuo, sino que representas a un colectivo y en el que tienes que defender los intereses del bien común, no lo que a ti te parezca individualmente. Conjugar todo eso fue muy intenso pero, cuando miro hacia atrás, tampoco me sorprende. ¿Que lo hubiera manejado de otra manera ahora? Sí, pero es muy fácil decirlo cuando las cosas ya han sucedido.

¿Quizá se siente identificada con Wert?

No, hombre. No me siento identificada con Wert porque los valores, la ideología en la vida, para distinguir lo bueno de lo malo del señor Wert y mío son muy distintos. Yo puedo respetar los suyos, como respeto el juego democrático y parlamentario, pero no los compartimos. Yo tuve que hacer recortes también. Pero no eran los mismos que ahora ni se recortan de los mismos sitios y, como cualquiera que maneje un presupuesto, tienes opciones de dónde poner dinero, dónde quitar o cómo repartirlo. Y eso depende del valor que tú le des, en este caso, a la cultura, al conocimiento, de la utilidad que tú creas que tiene para una sociedad, y yo creo que en eso las derechas y las izquierdas tienen una idea muy distinta.

¿Cómo lleva que haya una ley que lleva el nombre de Wert pegado al suyo, la conocida como ley Sinde-Wert?

Bueno, no me parece mal, aunque él llegó al final y, sobre todo, él no la está aplicando. Es una ley que llegó al final de su tramitación muy descafeinada y seguramente podía haber sido mucho más eficaz si hubiera sido finalmente aprobada en su modelo originario pero, como ahora tampoco veo que la estén aplicando, pues tampoco veo una ley que está siendo muy útil.

A día de hoy, ¿cuál es su postura con respecto a 'la piratería'? ¿Cambiaría ahora algo de esa ley?

No. No cambiaría mucho; creo que la situación es la misma, con una economía sumergida que no tributa, que no genera altas en la Seguridad Social, en la que se venden y compran unos contenidos, y unas personas se benefician sin haber pedido permiso a otras, y ya está. Es bastante simple.

Que hay distintas maneras de afrontar ese problema, desde luego. Que una ley pueda ser de una manera –un modelo británico, un modelo francés, un modelo alemán, estadounidense–, que tiene que haber un acuerdo entre todas las partes –y ahí el Estado tiene un lugar limitado como mediador– y que son las grandes empresas y corporaciones privadas las que tienen que ponerse de acuerdo, desde luego. Pero es insostenible como modelo económico, pues también. Mi análisis sigue siendo ese, que es un modelo muy desequilibrado y que no tiene viabilidad de futuro.

Dice que la ley no se ha aplicado, pero ha tenido un gran impacto mediático. Hay analistas que afirman que uno de los orígenes del 15M está en la aprobación de su ley.Hay analistas que afirman

Jo, tú imagínate qué país. Es que me parece sensacional. Imaginar un país que se levanta en armas y se arma una gran revolución cívica por el precio de la cultura. Sería maravilloso, apoyo esa hipótesis. Lo que pasa es que no me la creo.

¿Qué países lo están haciendo bien?

Lo están haciendo bien los países donde todos ganan. Donde uno que hace un disco puede tener la expectativa de unas ventas acordes con el interés que genere y donde también el que lo alberga en su web tiene su beneficio y donde todo es legítimo y donde, según unos contratos, unos dan unos permisos y el que prefiere Creative Commons también puede hacerlo, y todos los modelos son contemplados y todo el mundo respeta y todos los derechos son compatibles. Esos son los países donde funciona bien.

Pero ¿en qué países pasa eso?

Pasa en más países de los que en España pensamos que ocurre. En general todos los países de nuestro entorno están encontrando un sistema equilibrado.

Volviendo al nuestro, ¿qué piensa sobre los presupuestos de cine y el IVA cultural?los presupuestos de cineIVA cultural

No puedo pensar que son muy positivos. Yo entiendo que puedas no tener dinero y que un país pueda estar en una situación en la que no tiene recursos para eso, pero también entiendo que tú tienes que pelear como un ministro en la mesa del consejo de ministros cada viernes para defender a los sectores que te han sido designados para que los defiendas y los representes. Es tu cometido y es tu obligación.

Quizá el modelo actual ha quedado fuera y quizá ahora estamos en otro tipo de mercado y hay que apoyar la cultura en general de otra manera. Pero entonces cambias las reglas, tienes otros instrumentos de Estado para activar estos sectores. Y ahora yo no veo que haya unas alternativas. Tampoco creo que nos beneficie como país o como colectivo no tener presencia audiovisual. Es dar pasos atrás en algo que íbamos conquistando y que iba bien, diga lo que diga el ministro Montoro.

Su primer guión se llama La buena estrella; su primer libro, El buen hijo, ¿escribirá La buena ministra?La buena estrellaEl buen hijoLa buena ministra

Pues no me había dado cuenta. A veces cuando estaba apoyando a candidatos en campaña electoral municipal sí me parecía que había recorrido para una comedia porque todo es tan precipitado y tan intenso, y las cosas que me contaban alcaldes y concejales o aspirantes... Sí me parecía que había una buena historia pero quizá necesito más tiempo, la escritura no es así de inmediata.

El Gobierno español quiere perseguir por primera vez con penas de cárcel a los dueños o administradores de las llamadas webs de enlaces, es decir, aquellas páginas que en sí mismas no albergan contenidos protegidos por los derechos de autor pero que redireccionan a otras que sí los alojan. La reforma del Código Penal por la protección de la propiedad intelectual, que fue iniciada a finales de 2009 por la controvertida ley Sinde, sería aprobada por el Gobierno mañana, según informa El País.

Según el último borrador del texto, -susceptible de ser cambiado- las penas se agravarían con hasta seis años de cárcel, la retirada de los contenidos y, en casos determinados, el bloqueo de la página. El Código Penal vigente ya recoge la pena de hasta cuatro años de cárcel para el tráfico de obras sujetas a derechos de autor para quien “reproduzca, plagie, distribuya o comunique” obras ajenas sin permiso de su autor. Pero no para las webs de enlaces.

“Lo que se tipificaba hasta ahora es comerciar con la obra pero no el decir ”ahí está esa obra“ eso es lo que quieren tipificar”, explica Javier Maestre, abogado del bufete Almeida especializado en derechos en internet. “Si ahora se hace una tipificación en estos términos lo que se está reconociendo implícitamente es que a día de hoy no es delito lo que denominamos las páginas de enlace por lo tanto los que ahora se están imputando a ese tipo de páginas adolecen de una falta de tipicidad”.

Desde eldiario.es hemos consultado a fuentes oficiales del Ministerio de Justicia sobre el caso de Google, que indexa otras páginas que pueden albergar contenidos protegidos por los derechos de autor, y aunque no se han querido pronunciar sobre “hipótesis”, señalaron que “por sentido común no les pasaría nada”.

La excepción Google

Con la pretendía reforma, cualquier página que indicara el camino a la información buscada estaría cometiendo un delito contra la propiedad intelectual. Y aquí toparían con un gigante al que sería mejor no despertar. Google es el mayor motor de búsqueda de contenido de internet y bajo este borrador: un infractor de la ley.

“Cuando se aprobó la ley Sinde se hablaba de la 'excepción Google'. En la exposición de motivos se decía que los buscadores que no llevaran a cabo una actividad de encaminar hacia un determinado resultado quedarían excluidos”, explica Mestre a eldiario.es. “Habrá que ver la letra pequeña y en ese caso sería ambigua, es decir, ¿esto afecta a todas las páginas de enlace menos a Google? Eso no se puede decir. Tienen que hacer una redacción lo suficientemente amplia para que entre Google pero a la vez lo suficientemente pequeña para que no entren otras cosas que no sean Google, con lo cual lo que tienen ahí es un encaje de bolillos”.

Si la actividad de Google entrara dentro de la reforma del Código Penal la fiscalía tendría que abrir diligencias a los responsables de Google. Por lo que, en este supuesto, habría que iniciar las acciones penales oportunas. “Habrá que ver en qué queda la redacción final que apruebe el Consejo de Ministros o la que resulte del trámite parlamentario”, dice Maestre. “ Y una vez que se apruebe habrá que ver la interpretación que hacen los jueces de la normativa”.

De momento, habrá que esperar a ver qué sucede mañana en el Consejo de Ministros y cuál será la reacción en caso de que finalmente se apruebe. “Cabe la posiblidad de que haya grupos parlamentarios que interpongan un recurso de inconstitucionalidad, esa sería la reacción primera”, señala el abogado.

Según Maestre, en el momento en que empiece a aplicarse a personas, en el marco de un procedimiento concreto, se podría plantear también sobre la inconstiticionalidad de la norma. “En un principio, a ver cuál es la redacción final, pero prohibir el hecho de informar -que en definitiva eso es lo que es un enlace, indicar que en un determinado sitio hay una información-, podría ser contrario a la libertad de expresión y de información, incluso contrario a la libertad de creación artística, científica y técnica”, asevera Javier Maestre. “Va contra lo que es la base de internet: el enlace”.

Ilustración: Asociación Cultural Alifa

La Comisión reaccionó preguntando al juzgado que ya estaba estudiando este mismo caso si ellos consideraban que efectivamente existía la prejudicialidad penal alegada por nosotros y, por lo tanto, si debía suspenderse el procedimiento administrativo mientras el penal estuviera en curso. Dado que se había hecho tal pregunta enviamos un escrito a la Comisión advirtiéndoles de que no podían emitir su resolución final de este caso hasta que les contestaran, de lo contrario ¿de qué iba a servir la pregunta de si debía suspenderse el procedimiento sin dictar resolución si la emitían antes de recibir respuesta?

No sirvió para nada. La Comisión, hecha su pregunta y sin al parecer importarle lo más mínimo la respuesta, emitió su resolución. El riesgo del que tratamos de prevenirles -que se emitieran dos resoluciones contradictorias entre sí en dos procedimientos seguidos en paralelo- se dio de la forma más evidente y llamativa posible: El 2 de septiembre se me ha notificado resolución dictada por la Comisión Sinde que dice que mi defendido infringe la propiedad intelectual por enlazar películas sin que sea relevante si las aloja o no y, también este mismo día, se me ha notificado auto de archivo del juzgado de instrucción que dice que mi defendido no infringe la propiedad intelectual porque solo se limita a enlazar películas sin alojarlas. El juzgado de instrucción, además, y en contestación sin duda a la pregunta cuya respuesta ha dado más bien igual, ha solicitado que su resolución sea comunicada inmediatamente a la Comisión Sinde. Todo ello sin saber que ésta, ya ha dictado ese mismo día y por su lado la suya propia, que resulta decir exactamente lo contrario que la del juzgado.

Esto es lo que puedes encontrarte cuando das carta blanca a un órgano administrativo para que hagan de jueces según su libre arbitrio: dos resoluciones, de dos órganos distintos, sobre los mismos hechos, notificadas el mismo día y que dicen exactamente lo contrario entre sí.

Nos encontraremos más como estas hasta que resolvamos definitivamente este asunto en su lugar natural: en los juzgados, esos mismos cuyas competencias están siendo usurpadas.

En enero de 2011, un estallido de indignación recorría las redes contra una ley que pretendía proteger la Propiedad Intelectual de los autores pero que, para muchos, atentaba contra la libertad de expresión en un medio hasta ahora libre como internet. Las protestas se hicieron físicas en la calle pero no lograron impedir que la polémica Ley Sinde se aprobara en el Congreso y que un año más tarde -con Wert como ministro de Cultura- entrara en vigor.

“Estos inicios de lucha apenas salían de internet. El movimiento ciudadano que estaba siendo muy activo en redes sociales no tenía los mecanismos suficientes ni era un momento en el que se tuviera la fuerza necesaria”, cuenta a eldiario.es Mario Tascón, presidente de la Red de Empresas de Internet (REI). Pero el momento ha llegado.

Tascón lleva desde el principio en lucha contra la Ley Sinde y ahora, después de casi dos años, el Supremo estima parte del recurso presentado por la REI y tumba uno de los aspectos más criticados de la Comisión Reguladora. El artículo en cuestión se refería a que la acción de retirar un contenido -de forma voluntaria- supuestamente vulnerador, se le daba una valoración automática a este comportamiento como “un reconocimiento implícito de la referida vulneración”. Es decir, según dicho artículo, retirar un contenido (un enlace a una descarga) de un sitio web tras recibir la petición de Cultura podía implicar que el responsable de ese sitio web reconocía que vulneraba un derecho de propiedad intelectual. “Era un razonamiento maquiavélico”, afirma Mario Tascón. “Si me llega un aviso y yo lo retiro por miedo a la ley, o por precaución, no por ello estoy admitiendo que sea robado. Son cosas distintas”.

Medio pulso ganado

Hasta ahora, la respuesta de la Comisión Sinde ante esos casos era archivar las actuaciones considerando que el administrador de la web acababa de reconocer implícitamente la infracción al retirar los contenidos. “Lo archivaba pero incluía la coletilla de lo que ello implicaba”, dice Javier Maestre, abogado del Bufet Almeida que ha llevado el caso. Una espada de Damocles que pendía sobre cualquier supuesto infractor. “Si se ha procedido a la retirada del enlace no tiene sentido seguir adelante con el procedimiento. No se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad”.

Con la sentencia, que se daba a conocer el pasado jueves, se despeja este terreno y se disipa la situación de incertidumbre para los usuarios o webmasters. Sin embargo, el Supremo continúa considerando legal el precepto por el que la Ley Sinde atribuye a un órgano administrativo la facultad de retirar contenidos y suspender servicios de páginas web. Aunque recordaba también que “los jueces deberán ser los que revisen la ejecución de estas medidas”. “Es una victoria agridulce”, se lamenta Tascón. “Esta Ley sigue atentando contra la libertad de expresión y crea un internet distorsionante en España. Si están interviniendo sitios, un internauta español puede ver un internet diferente que el de otro país”.

La Asociación de Internautas, por su parte, también recurrió ante el Supremo, aunque sin éxito, exigiendo que se anule la potestad de la Comisión de cerrar webs porque considera que “la Constitución atribuye únicamente a los jueces esa capacidad”.

Comisión secreta

Es ese órgano administrativo, denominado Comisión Sinde, lo que más ampollas levanta en en la poco apreciada ley. En más de un año que lleva vigente dicha Comisión, las acusaciones de opacidad y secretismo no han cesado. Lejos de facilitar información sobre sus miembros, ha llegado a prohibir revelar los nombres bajo pena de multa como le ocurrió a David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual y colaborador de este medio. Aunque finalmente, en febrero de este año dieron a conocer los nombres, el poder que ostentan es obvio. “En su propio reglamento, en los artículos 22 y 23, dice que es la Comisión quien decide qué es una infracción y quien ordena la retirada de los contenidos”, explica Bravo.

Pero ¿bajo qué criterios? “Si, por ejemplo, aparece un vídeo de Siria denunciando lo que está pasando allí y ellos [ la Comisión] sin jueces de por medio, deciden que es ilegal y lo retiran, ahí ya estamos hablando de censura, al más puro estilo franquista”, asevera Mario Tascón.

Para el Tribunal Supremo, sin embargo, a tenor de la sentencia publicada, esto no coarta la libertad de expresión. “La Ley Hadopi en Francia -contra las descargas- ha sido derogada. Como la Ley Sinde no hay ningún país que la tenga, a no ser que sean países con menos tradición democrática como China e Irán”, explica el abogado. “Desde luego existen pocos países que recurran a la administración para adoptar el papel que tiene en España”.

En pie de guerra

La sentencia abre una brecha en la hasta ahora intocable ley. “Hemos conseguido una parte importante”, dice Javier Maestre. “En Internet están sucediendo muchas agresiones a derechos que estaban consagrados y hay que defenderlos, y en el marco de esa defensa la resolución de esta sentencia es un paso adelante”.

Para el abogado y para el presidente de la REI, la Ley Sinde tiene unos criterios que no son aquellos para lo que inicialmente fue concebida que es para proteger a los autores y favorecer que los ciudadanos tengamos acceso a la cultura. “Esos objetivos se dejan de lado para favorecer unos modelos de negocio caducos de todos los intermediarios de la industria cultural”, critica Maestre.

“La Ley Sinde es solo un granito dentro de otro mar mucho más complejo, y de mucho más calado”, advierte Tascón. “Tenemos que reservarnos para una lucha que va a venir en breve que es contra la reforma de la Propiedad Intelectual, porque visto lo visto hay que prepararse pero bien preparados. Aunque esto, como mínimo, ha sido un palo en la rueda”.

La sentencia tumba uno de los aspectos más criticados del funcionamiento de esa Comisión y que consistía en que si la persona contra la que se dirigía el procedimiento retiraba los contenidos objeto del mismo, se daba a ese acto valor implícito de reconocimiento por su parte de haber cometido una infracción de propiedad intelectual

Hoy se ha dado a conocer la sentencia de 31 de mayo de 2013, que estima parcialmente el recurso que interpuso la Red de Empresas de Internet contra el Real Decreto 1889/2011, que regula el funcionamiento de la popularmente conocida como Comisión Sinde.

Pese a que desestima la gran mayoría de las pretensiones de la recurrente, la sentencia sí tumba uno de los aspectos más criticados del funcionamiento de esa Comisión y que consistía en que si la persona contra la que se dirigía el procedimiento retiraba los contenidos objeto del mismo, se daba a ese acto valor implícito de reconocimiento por su parte de haber cometido una infracción de propiedad intelectual.

No solo el propio texto del reglamento era desmedido al hacer una presunción sin base alguna de un acto de lo más común -retirar a las primeras de cambio y de puro miedo todo aquello que te señale un órgano administrativo- sino que el uso que estaba haciendo la Comisión Sinde de ese artículo podría estar superando incluso lo que permitía su tenor literal. Se ha llegado a dar el caso de que una web ha retirado los contenidos objeto de solicitud pero no sin antes presentar alegaciones explicando con detalle por qué consideraba que con esa actividad no estaba infringiendo derecho alguno de propiedad intelectual, solicitando que así se declare en la correspondiente resolución que ponga fin al procedimiento. La respuesta de la Comisión Sinde en esos casos ha sido archivar las actuaciones considerando que el administrador de la web acababa de reconocer implícitamente la infracción al retirar los contenidos y ello pese a que explícitamente y por escrito manifestó lo contrario.

Ahora, el artículo que servía de asidero para este tipo de interpretaciones que hacían primar una interpretación de lo implícito sobre lo explícito, ha quedado en nada con la sentencia del Tribunal Supremo, que dice que “el cumplimiento del requerimiento mediante la retirada del contenido o la interrupción del servicio, puede obedecer a muy distintas razones, que resultan incompatibles con tal reconocimiento de la vulneración”.

Consulta íntegra la sentencia del Supremo.

En el año 2006 los medios de comunicación se inundaron de noticias que aseguraban que habían detenido en España a redes internacionales de piratería en la “más importante operación policial en toda Europa”. La ministra de Cultura, por entonces Carmen Calvo, aprovechó la coyuntura para golpearse el pecho en un discurso en la Biblioteca Nacional reivindicando aquella acción como una de las más importantes durante su cargo. Y así, celebrando el gol mientras señalaba el número de su camiseta, bajó triunfal del atril.

No tardó mucho en llegar la primera resolución, el famoso auto de sobreseimiento de una de las webs denunciadas, la página Sharemula.com. El auto archivaba el asunto porque entendía que enlazar a obras intelectuales no es delito. Y así, a las primeras de cambio, las denunciantes vieron morir su mediática acción judicial cuando apenas acababa de empezar. Tras Sharemula vinieron muchas más resoluciones idénticas y los casos de “la operación más importante contra la piratería en toda Europa” se archivaron sin ir ni siquiera a juicio.

Echando la vista atrás me doy cuenta de hasta qué punto yo era ingenuo en aquellas fechas. Creía que esas resoluciones dejaban claro que los gigantes en el fondo tienen los pies de barro y que se les podía plantar cara. Esa impresión se diluyó cuando EEUU vino a poner a cada uno en su sitio y a demostrar quién manda. El informe 301, de cuya redacción se encargan las multinacionales del entretenimiento estadounidenses, puso a España en la lista negra de los “países más piratas”, y ello porque la resolución Sharemula era el mayor ejemplo “de la frustración” de la industria con “los procesos judiciales en España”. El anterior Gobierno fabricó la vacuna para paliar toda esa frustración y redactó la Ley Sinde, que fue aprobada por el Gobierno actual. Con la Ley Sinde-Wert han sustituido a los jueces que no daban la razón a la industria del entretenimiento y ahora es el Ministerio de Cultura el que tiene la facultad de decidir sobre estos casos en una vía administrativa creada al efecto.

Con la aprobación de la Ley Sinde-Wert, EEUU, que nos había levantado la mano, la bajó y nos sacó de la lista 301 por buen comportamiento. La Ley Sinde, que tiene la misma capacidad para frenar las descargas que la que tiene poner un dedo en un colador para frenar el agua, no dio los resultados esperados. Las amenazas no han tardado en volver y el pasado mes de febrero, la industria de EEUU señaló con el dedo la lista a la que volveremos si lo que ven por aquí no les acaba de convencer. Hay que recordar que estar en esa lista no es una mera mancha estética sino que puede suponer la imposición de sanciones comerciales desde EEUU.

El Código Penal de Gallardón sigue ese mismo camino de transformar en ley los deseos de las multinacionales estadounidenses. Hasta ahora los jueces lo veían claro y decían que por mucho lucro que hubiera, un enlace a una obra intelectual “facilita el acceso” a la misma pero ni la copia ni la comunica públicamente, que es la actividad prohibida. Así, la sentencia de 9 de marzo de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, -que son los juzgados especializados del orden civil para asuntos de propiedad intelectual- dijo que “en nuestro derecho no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces, en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas”.

En el mismo sentido la Audiencia Provincial de Alicante en su sentencia de 18 de febrero de 2010 dice que “si bien los actos de selección, ordenación e información de títulos facilitan la descarga, no pueden equiparse a ésta”. Como ven, las sentencias reconocen que estas webs “facilitan el acceso” a las obras, pero aclaran que la actividad prohibida es su comunicación pública, lo que exige alojar el archivo y no sólo indicar dónde se halla mediante un enlace.

Mientras que nosotros los mortales recurrimos las sentencias con las que no estamos de acuerdo, los grupos de presión de las grandes multinacionales disponen de atajos. El nuevo Código Penal arregla el problema de la industria de forma sencilla: como los jueces dicen que facilitar el acceso a obras intelectuales “en nuestro derecho no está prohibido”, con la reforma ya lo estará. Así de simple y así de sencillo. Y además no estará castigado de cualquier manera sino que la pena prevista sería de seis meses a tres años de prisión. La desproporción es tal, que es una pena sustancialmente mayor que la que actualmente está prevista para el acoso sexual por alguien que aprovecha su superioridad jerárquica en el trabajo. De hecho si una productora de cine porno exhibiera sus obras en una guardería tendría menos pena que si yo enlazara a canciones infantiles en un blog con publicidad.

Basta leer someramente la reforma para percatarse de su desproporción y de los peligros que encierra su amplia y burda redacción de brocha gorda. La solución, si existe, no estará en redactar artículos como éste con la esperanza de que el Gobierno se dé cuenta del disparate. Eso es inútil. Me temo que tan inútil como explicar a un guiñol las barbaridades que por su boca dice el ventrílocuo. Lo único que a la represión le hace replantearse su estrategia es su ineficacia y hace tiempo que se demostró que cada reforma legal en cuestiones de propiedad intelectual solo ha servido de estímulo para la sofisticación de los modos de compartir bienes culturales. El problema al que intenta dar solución la industria de los contenidos no está ni nunca ha estado en lo que dice la teoría legal ni en su interpretación por los jueces, sino en la transformación de las obras intelectuales en unos y ceros y en su ya absoluta ingobernabilidad.

Pierden el tiempo la industria y el Gobierno, su fiel representante, en una batalla que sin embargo dejará muchas bajas colaterales. Quizás deberían centrarse solo en la cuestión que parece resoluble y que no es desde luego prohibir lo que es imposible frenar. Quizás deberían plantearse que hasta ahora los únicos que han conseguido que ciudadanos como yo no descarguemos tanto, no han sido ni Sinde, ni Wert ni lo será Gallardón. Se llaman Spotify, Filmin y Steam.

A las tres de la tarde del miércoles, a dos horas y media del debate, me llaman para recordarme que lo tengo pendiente y que van a contactar conmigo por teléfono poco antes de que comience. Aprovechan también para explicarme brevemente cómo funcionará la dinámica del programa y les digo que me parece todo muy bien, porque tal y como me lo explican será una conversación en igualdad de condiciones.

A las 17:30 horas el programa La Ventana anuncia el debate en twitter y yo, que llevo un par de horas repasando la ley y medicando mi leve afonía, aviso también de su inminencia. La presidenta de la Comisión Sinde comienza a hablar con su propaganda habitual y yo la oigo por la radio, como todo el mundo. Me extraña esto porque lo normal es que estemos los dos en línea simultáneamente, al fin y al cabo es la Cadena SER y estoy casi seguro de que tienen más de un teléfono. Cuando ya llevo diez minutos oyendo a la presidenta de la Comisión, por fin me llaman por teléfono, pero no para decirme que ya es mi turno de palabra, sino para decirme que cancelan mi participación en el debate. La excusa es “falta de tiempo”. Yo con “cara de portero goleao”, como diría Riki López, cuelgo el teléfono mientras escucho a la presidenta de la Comisión Sinde seguir con lo suyo en el programa.

Tuve que pedir disculpas a la gente de twitter por haberles invitado a escuchar propaganda con la promesa de que yo después trataría de contrarrestarla, lo que nunca sucedió.

Aprovecho ahora este medio para decir lo que la SER no me dejó con la excusa del tiempo, que efectivamente estaba lluvioso.

La presidenta de la Comisión Sinde, en su debate consigo misma, dijo durante el programa:

1.- Que lo que llamamos Ley Sinde es la modificación de tres artículos, por lo que ha habido una confusión con la amplitud de esta reforma.

No es la primera vez que se juzga la importancia o alcance de una modificación legal al peso, es decir, según el número de folios que ocupa. Ya en su día el expresidente de la Coalición de Creadores utilizó el mismo argumento manifestando que la llamada Ley Sinde eran solo “cuatro folios”. Los cuatro folios de la llamada Ley Sinde, incluso si los folios se han escrito con letra gordota, tienen el alcance que tienen: apartan a los jueces para que sea un órgano administrativo el que decida qué es una infracción y qué contenidos deben retirarse de internet.

2.- Que han hecho unos “ajustes en la Comisión” Sinde para redundar en una mayor “eficiencia del trabajo”.

Tras tanto eufemismo se esconde algo mucho más crudo. Según el texto de la reforma, la Comisión se convierte en una especie de tribunal de excepción para los casos relacionados con propiedad intelectual y será quien imponga todas las acciones coercitivas necesarias para que se cumplan sus propias resoluciones. La Comisión podrá adoptar medidas para que se interrumpan aquellos servicios que crea infractores y para retirar contenidos. Es más, podrá incluso imponer multas de hasta 300.000 euros cuando considere que hay reincidencia. También puede pedir a los intermediarios que te prestan servicios de publicidad o de hosting que dejen de dártelo bajo pena de multa de hasta 600.000 euros. Además podrá bloquear el acceso a webs extranjeras que dirijan sus servicios específicamente a España si consideran que infringen derechos de propiedad intelectual. Hay que tener en cuenta que todo esto se hará según el criterio de unos meros funcionarios que el Reglamento ni siquiera exige que estén licenciados en derecho sino que basta con que tengan “conocimientos” en propiedad intelectual.

3.- Que en la Comisión hay garantías porque interviene un juez.

Es sorprendente que esto pueda sostenerlo la presidenta de la Comisión Sinde porque ella, como yo, habrá notado que el juez no aparece por ninguna parte. Llevo un buen número de casos ante la Comisión y jamás he visto al juez ese del que habló ayer en la radio su presidenta. ¿Dónde lo tienen? ¿Se le puede ir a visitar? La respuesta es sencilla y la da el propio reglamento de la Comisión, que dice en sus artículos 22 y 23 que es la Comisión quien decide qué es una infracción y quien ordena la retirada de los contenidos. El juez solo aparecería si la persona contra la que se dirige el procedimiento es tan valiente como para incumplir lo ordenado en la resolución. Ni que decir tiene que hasta ahora nadie que yo conozca ha sido tan osado, pero incluso si lo hubiera el juez aparecería simplemente para ejecutar la medida que ha acordado la Comisión. De hecho el juez tiene prohibido entrar en el fondo del asunto, de manera que ni siquiera si considera que la Comisión ha errado en su resolución puede oponerse a ejecutar la medida. Solo podrá hacerlo en el caso extremo de que la medida afecte a determinados derechos constitucionales como el de libertad de expresión.

4.- Explicó qué es la copia privada según su interpretación de la Ley.

Finalmente, de una forma confusa y tratando desesperadamente de evitar respuestas concretas y precisas, la presidenta de la Comisión Sinde explicó cómo quedaría la copia privada. Su tartamudez en esta parte del programa me hizo apreciar cierta vergüenza para decir las cosas claras. Aprovechemos para dejarlo claro: las únicas copias que serían legales tras la modificación de la Ley serían aquellas que se hacen de un soporte original que has comprado, por tanto serían ilegales las copias de un original alquilado, la de un original que te presta un amigo e incluso las que parten de una obra que has comprado tú mismo pero que no está en un soporte físico. También puedes grabar de la tele o de la radio siempre que la copia sea temporal (no te olvides de borrarla) y únicamente si el objeto de la copia es disfrutar de la obra en un momento “más oportuno”. Es tan ridículo y tan de los tiempos de la familia Alcántara que en cierto modo comprendo la vergüenza de la presidenta a la hora de expresarlo claramente. Es más, yo, que a estas alturas ya me contento con poco, me congratulo de que al menos tenga esa vergüenza que creí notarle. Últimamente ni siquiera eso abunda.

Gerd Leonhard es un escritor, asesor y ponente internacional en temas como el futuro de los medios, el consumo y la distribución de contenidos digitales, el marketing y la publicidad digital y, recientemente, sobre el medio ambiente y el crecimiento sostenible. Algunos de los libros que ha publicado son: El Futuro de la Música con David Kusek (2005), Friction is Fiction, el futuro de los contenidos, los medios y los negocios (2009), The Future of Content (2011). Leonhard mantiene dos blogs: http://www.futuristgerd.com y http://www.greenfuturist.com/ y asesora regularmente a numerosas empresas.

Mikel Lekaroz: En la historia de la humanidad no se ha vivido nunca la velocidad de integración de la tecnología en la sociedad como la que vivimos ahora. ¿Cómo crees que la evolución de la tecnología va a influir en el futuro de la sociedad?

Gerd Leonhard: La tecnología evolucionará cada día más rápido y eventualmente sobrepasará la capacidad humana. La inteligencia artificial se convertirá en un estándar, dispositivos electrónicos inteligentes estarán a disposición de la mayoría y el llamado “big data” se convertirá en un asunto de extrema importancia globalmente. Sin embargo, a menos que cada innovación tecnológica nos permita ser más humanos o vivir mejor (no solamente ser más ricos), será rápidamente desechada. La sociedad está, como ha estado siempre, condicionada por la tecnología y esto es absolutamente irremediable por lo que va a haber muchas cosas que tener en cuenta en un futuro próximo. Los interfaces humanos-máquinas causarán una enorme confusión sobre lo que significa ser Humano.

ML: España está viviendo un periodo en el que la sociedad se siente muy poco identificada con sus políticos. ¿Cómo crees que la tecnología puede fomentar la participación ciudadana en la política?

GL: La tecnología otorga poder al ciudadano, que utiliza la tecnología social y las aplicaciones móviles para seguir y controlar lo que los gobiernos y los políticos hacen, y esto no ha hecho más que empezar. Este nivel de transparencia hace que las grandes corporaciones y los gobiernos se encuentren virtualmente desnudos. Mentir o engañar se está haciendo cada día más difícil de ocultar. En 5 años no habrá un solo político que no sea completamente transparente y accesible para los ciudadanos. La confianza solo llega a través de la apertura, el dialogo y la transparencia.

ML: Tú viviste la etapa de Napster muy de cerca. ¿Crees que se consiguió algo cerrando Napster? ¿Aceptan los grandes propietarios de contenidos el nuevo modelo de acceso a música, video, etc?

GL: Lo que Napster proponía en 1999 es lo que tenemos hoy: música en la nube, acceso, no propiedad. Youtube ya es esa máquina de música (Juekbox) global, y Spotify y otros van a ser los siguientes. Las grandes corporaciones musicales son, de hecho, tan inútiles como lo serán los grandes petroleros en 10 años. Se están dando cuenta de ello y están trabajando duro para cambiarlo, pero 15 años de ignorancia, arrogancia y ceguera puede que les haga llegar tarde.

ML: La Ley Sinde y Lassalle, las SOPA españolas, pueden entre otras cosas, cerrar páginas web sin la intervención de un juez. ¿Cuál es tu experiencia en otros países que han aplicado leyes similares?

Las leyes SINDE y LASSALLE, las SOPA Españolas, pueden, entre otras cosas, cerrar páginas web sin la intervención de un juez. Cuál es tu experiencia en otros países que han aplicado leyes similares?

GL: Si estas iniciativas se están convirtiendo en leyes, todo político que las haya defendido debería ser boicoteado, tal y como está sucediendo en los USA con la Ley SOPA. Nadie debería salir impune tras haber apoyado estas leyes. Este tipo de regulación no va a generar ingresos para nadie en la industria excepto para los abogados y son, además, un insulto a los principios básicos de una sociedad democrática y abierta.

ML: Dices que los Datos son el nuevo petróleo. ¿Cómo pueden utilizarse para beneficio de todos, empresas y público sin violar la intimidad de estos últimos?

GL: Este es un asunto muy complicado y un enorme reto. Si no cedemos nuestros datos a alguien, el mercado global de la publicidad y el marketing incluyendo el comercio electrónico desaparecerá. Ya estamos consiguiendo muchas cosas de manera gratuita o por muy poco debido a que intercambiamos nuestros datos por servicios. De todas formas, si no pagas por el contenido significa que tú eres el contenido. La clave de todo es el permiso para ello, la transparencia, la confianza y el control por parte del usuario. Las grandes corporaciones están aprendiendo rápidamente, pero si estas corporaciones violan nuestra confianza deberíamos abandonarlas.

ML: Muchos medios de comunicación se quejan de que Internet no genera lo suficiente para mantener sus versiones online. ¿Como deberían transformarse los medios de comunicación si quieren sobrevivir en el futuro?

GL: El problema de fondo es que muchos periódicos no tenían un modelo de negocio viable incluso antes de que Internet empezara “a comerles la tostada”. Simplemente, tenían el monopolio de la información y de la audiencia, es decir, la distribución, pero no se daban cuenta de ello. En otras palabras, la gente realmente nunca ha querido pagar por los contenidos pero solamente ahora se están dando cuenta de ello. Los periódicos necesitan convertirse en nativos digitales, ser SOLOMO (Social, Local y Móvil) y desarrollar nuevos modelos de negocio que generen valor y nuevas líneas de ingreso ALREDEDOR del contenido no solamente DEL contenido. El Economist, Fast Company, The Atlantic, Popular Mechanics y otros están haciéndolo muy bien. Este es una reconversión muy difícil pero es irreversible.

ML: Si hace tan solo 15 años nos hubieran dicho que dispondríamos de aparatos en la mano que nos permitieran hacer lo que hacen ahora los smartphones, muchos no nos lo habríamos creído. ¿Cómo crees que serán los dispositivos que usaremos de manera habitual en el futuro?

GL: Tendremos control sobre gestos y lenguaje, mente/cerebro, interfaces con máquinas y posiblemente, implantes, realidad aumentada y dispositivos que se vuelven invisibles. Y por supuesto, inteligencia insertada a nuestro alrededor. Imaginemos Minority Report, Robot & Franck y The Joneses. La tecnología no será una barrera, será lo que nosotros -los seres humanos-, seamos capaces de aprovechar del inmenso potencial que tiene.

En primer lugar se avanza en la criminalización del enlace. El enlace es una parte fundamental de la web. Es lo que permite que se pueda navegar de una página a otra. Es lo que permite que la navegación no se produzca sólo de forma jerárquica y controlada por unos pocos actores. Es lo que permite que descubras nuevas páginas y nuevas empresas porque alguien te las señala. Cuando enlazas a una página no controlas que es lo que tiene esa página, que además puede ser fácilmente cambiado después de creado tu enlace. Simplemente indicas algo que te parece interesante en el momento en el que tú lo enlazas. Esta ley pretende equiparar el acto de enlazar al de poner un contenido a disposición. El efecto previsible de aprobarse este proyecto de ley, es que muchas empresas se cuidarán de enlazar tan generosamente como hasta ahora por miedo a posibles riesgos. Lo que hará que el tráfico de internet tienda a concentrarse más en pocos sitios ya conocidos y dificultará el descubrimiento de sitios nuevos.

En segundo lugar se pretende actuar no contra los que, supuestamente, alojan contenidos para los cuales no tiene derechos, sino contra los que enlazan a estos. Y para ello, no sólo se les puede multar e incluso cerrar sus páginas, sino que se fuerza a infinidad de prestadores de servicios a que inmediatamente dejen de trabajar con estas páginas, o de lo contrario se verán sujetos a multas de cientos de miles de euros. Y todo esto sin recibir una notificación directa y sin ser parte de un procedimiento en el que puedan defenderse mínimamente. En el anteproyecto de ley se habla específicamente de empresas de medios de pago y empresas de publicidad.

Obviamente los que han redactado la ley no tienen mucha idea de cómo funciona realmente el mercado de publicidad online. Para que un anuncio aparezca en una página de enlaces puede haber 5 o 6 empresas de publicidad intermediando entre anunciante y página. El anunciante habitualmente trabajará con una agencia de medios, que a su vez puede trabajar con una red de afiliación o con un “adexchange”, un mercado de subasta de publicidad en tiempo real. Por su parte la página puede trabajar con un representante, una red de soportes o incluso varias en cascada. Todos estos van a estar ahora sometidos a la amenaza de cuantiosas multas si resulta que una de sus campañas ha aparecido en una página que no le gusta a la comisión Lassalle. Y son millones las impresiones publicitarias diarias que manejan estas redes. Como para ponerse a revisarlas una a una.

Por si fuera poco, la ley sigue incluyendo la posibilidad de cerrar páginas webs sin autorización judicial y también el solicitar a los operadores el bloqueo de páginas en el extranjero. A esto se añade que obliga a todos los intermediarios a identificar a los propietarios de las páginas en cuestión.

Todo esto, de ser aprobado, llevará posiblemente a que más empresas de internet decidan sacar elementos de su actividad de España ante el mayor riesgo que representa operar en este país. Igual que ya pasó con la Ley Sinde y los servicios de hosting, a partir de ahora va a resultar más seguro contratar la publicidad en Miami o en Irlanda. En algún momento veremos también empresas de internet de tamaño mediano y pequeño trasladando sus sedes sociales a esas ciudades. No en busca de beneficios fiscales, sino de seguridad jurídica y de igualdad de condiciones con sus competidores extranjeros. Una estupenda manera de ayudar a desarrollar uno de los pocos sectores que en la coyuntura económica actual es capaz de generar empleo. ¡Gran idea!

Julio Alonso es, además de fundador y Director General de Weblogs SL, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de Adigital.

Fernando Acero Martín es un conocido defensor del software libre y de los derechos civiles en la Red, donde ha publicado numerosos artículos y trabajos, todos ellos con licencias libres.

Podéis seguirle en su blog y en @facemar. Os traemos a #Interferencias su último texto, escrito al calor de la próxima #LeyLassalle, a punto de ser llevada al Consejo de Ministros.

A la hora de redactar una Ley de Propiedad Intelectual (LPI), es fundamental no confundir dicha Propiedad Intelectual con el hecho de que existe el
Derecho Humano básico a la protección de los intereses morales y materiales resultantes de cualquier producción científica, literaria o artística de la que sea el autor y esas dos conceptos son distintos y en ocasiones contrapuestos.

Si no se tiene esta cautela a la hora de establecer las legislaciones de Propiedad Intelectual, lo que se hace realmente, es vulnerar gravemente otros Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a formar parte en la vida cultural, el derecho de disfrutar de los beneficios de los progresos científicos y de sus aplicaciones y a la indispensable libertad de los autores para realizar investigaciones científicas o para ejercer la actividad creativa.

Anteponer el concepto de Propiedad Intelectual por delante de los Derechos Humanos básicos, es algo que va claramente en contra de la esencia de la humanidad, puesto que en casos extremos, este desequilibrio entre derechos humanos puede afectar a la salud y a la vida de las personas. Recordemos que ese mismo concepto de Propiedad Intelectual también se aplica y en ocasiones, de forma abusiva, a alimentos, medicamentos y a avances técnicos o científicos de todo tipo, por lo que no solamente hablamos de producción artística o literaria.

Es evidente por lo tanto, que la relación entre los derechos de los autores y de la ciudadanía, queda reforzada, siempre que se impongan ciertos límites recíprocos a los mismos. Es decir, que no debe haber discusión en el hecho de que debe haber unas limitaciones impuestas a los derechos de los autores a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de sus producciones científicas, literarias, en beneficio de otros derechos humanos igualmente importantes y básicos.

Los derechos de la Propiedad Intelectual son por lo general de naturaleza temporal, pueden ser revocados, licenciados o asignados a alguien y poco tienen que ver con los derechos humanos que hemos comentado anteriormente. Mientras que los derechos de Propiedad Intelectual, frecuentemente con la excepción de los derechos morales, pueden ser asignados, limitados en el tiempo y en el alcance, negociados, enmendados o incluso decomisados, los Derechos Humanos son expresiones intemporales de los derechos fundamentales del ser humano, por lo que no puede ser expropiado de ellos.

A pesar de lo anterior, la reforma de la LPI que se está preparando en España, solamente hace énfasis en el instrumento de protección de Propiedad Intelectual, olvidando por completo, la existencia de unos Derechos Humanos que hay que salvaguardar en un delicado equilibrio.

El Derecho Humano de beneficiarse de la protección de los intereses materiales y morales resultantes de la producciones científicas, literarias y artísticas salvaguarda el enlace personal entre los autores y sus creaciones, pero también salvaguarda el importante enlace de los autores con las personas, las comunidades, o otros grupos, así como con su herencia cultural colectiva e intereses materiales básicos, lo que a la postre, es lo que permite que el autor pueda disfrutar de un adecuado nivel de vida.

Por el contrario, los regímenes de Propiedad Intelectual buscan primariamente la protección de los negocios, los intereses empresariales y las inversiones, algo que si no se trata con cuidado, puede provocar que se rompa el enlace de los autores con la sociedad para la que crea sus obras y dado el caso, que no puedan ejercer su actividad científica o artística en libertad. Como me comenta un buen amigo “Esta reforma crea un escenario anticompetitivo en el mercado digital y hace que el valor de la cultura española tenga menos posibilidades de ser expandida y por tanto monetizada, perjudicando nuestro desarrollo tecnológico y comercial y nuestra posibilidades de incursión en el mercado exterior”

El proyecto de LPI española, muestra un claro divorcio entre el legislador y los autores, así como entre el legislador y la sociedad. Pero lo más preocupante, es que el legislador demuestra que no tiene interés en tener en cuenta y proteger los Derechos Humanos aplicables, tanto para los autores, como para la sociedad en general, quedando claro en la redacción, que solamente hay interés en la protección de los intereses económicos de los negocios, empresas e inversores por encima de cualquier otra consideración ética o social.

Si alguien piensa que yo he pensado todo esto por mi mismo, le recomiendo que se lea lo que dice la ONU al respecto y sobre todo, si es alguien que está involucrado en la redacción de la nueva LPI ya que nos jugamos mucho con esto y en especial si somos autores.

Fernando Acero

“Copyleft 2013 Fernando Acero Martín. Se permite la copia textual, la traducción y la distribución de este artículo entero en cualquier medio digital, a condición de que este aviso sea conservado. Se permite la cita.”