La inacción del PP bloquea durante meses la ley para proteger a los denunciantes de corrupción
La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes tampoco saldrá adelante este curso político. Es el tercero que pasará empantanada en el Congreso tras ser presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en septiembre de 2016. Organismos internacionales como la ONU o la OCDE la consideran básica para la lucha contra la corrupción. Fue bandera electoral de PSOE, Podemos y Cs en las pasadas elecciones pero ha quedado atrapada en un cajón mientras España se quedaba sola: es el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción ni mediante una ley propia ni en el articulado de otras normas.
El trámite burocrático para la aprobación de la ley lleva parado desde finales de 2017 en la comisión Constitucional de la cámara baja. Entonces finalizó el periodo de enmiendas tras ser prorrogado varias veces debido al gran número de ellas (más de 400) que propusieron los diferentes grupos. El siguiente paso era la convocatoria de la ponencia, que debe poner de acuerdo a los miembros de la comisión Constitucional sobre el texto que entregar al Pleno para su votación definitiva.
Sin embargo, la norma lleva más de seis meses estancado en este punto. El presidente de la comisión, el histórico diputado del PP y ex presidente del Congreso Jesús Posada, a quien corresponde convocar la ponencia, no ha permitido que la tramitación de la ley continúe. “Nos hemos encontrado con una presidencia que no ha puesto ningún esfuerzo en impulsarla”, revela Nacho Prendes, diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso.
“Nosotros, como grupo impulsor de la ley, hemos pedido reiteradamente que se convoque la ponencia de manera inmediata, para que se produzca el arranque formal de las negociaciones. Hemos llegado a elevar un escrito al presidente. Estos meses hemos tenido un montón de reuniones con el PSOE, con Podemos, con el PP, con miembros del anterior Gobierno como la secretaria de Estado de Justicia o la de Función Pública… pero hasta que no se convoque la ponencia no podemos avanzar de manera oficial”, expone Prendes en conversación con este medio.
Acuerdo mayoritario en los puntos clave
El texto inicial de presentado por Ciudadanos en 2016 recibió una gran contestación por parte de los grupos que entonces ocupaban la oposición parlamentaria, e incluso por organizaciones de la sociedad civil que impulsan la salida adelante de la ley. Acusaron a los de Albert Rivera de presentar deliberadamente una norma con agujeros que impedían una correcta protección de los alertadores y denunciantes.
No obstante, tras dos años de negociaciones, las diferencias entre los grupos se han limado hasta el punto de que PSOE, Podemos y Ciudadanos reconocen que no tardarían demasiado en ponerse de acuerdo. Pero para ello tiene que convocarse la ponencia. El PP, por su parte, es el que ha mostrado más reticencias, aunque no ha llegado a expresar su negativa a apoyar el texto.
Lo confirma la diputada de Podemos Ángela Ballester: “Hay muchas enmiendas que tenemos que negociar porque son detalles que nos parecen importantes, pero en los puntos principales estamos muy cerca”. Estos puntos son asegurar el puesto de trabajo del denunciante ante las posibles represalias de los superiores a los que señala, facilitar la posibilidad de hacer denuncias anónimas y garantizar que pueda contar con una asistencia jurídica gratuita en los procesos judiciales en los que previsiblemente se verá inmerso.
“Nuestro interés es que esta ley pudiese salir cuanto antes, es fundamental. Nosotros hemos apoyado la protección de los alertadores en los parlamentos autonómicos porque lo consideramos una prioridad y queremos que se avance rápido”, explica Ballester a eldiario.es.
Efectivamente, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Baleares y Navarra han adelantado al Estado en la protección de los denunciantes. Algunas de ellas iniciaron los trámites mucho después de la presentación de la ley que aspira a hacerlo en toda España. Asturias también ha iniciado los trámites, mientras que Catalunya ha dotado de herramientas a su oficina antifraude para esta labor.
Este medio ha intentado contactar en repetidas ocasiones con un portavoz del PP en la comisión Constitucional o con Jesús Posada para recabar su opinión sobre el retraso en la tramitación de la ley, pero no han considerado oportuno ofrecerla por “respeto a los tiempos parlamentarios”, han aclarado fuentes del grupo popular. “La ley está dentro de los tiempos y queremos ser respetuosos con esos tiempos, con el diálogo con los grupos y el trabajo dentro del propio grupo”, añaden las mismas fuentes. El PP llevaba en su programa electoral la protección de los denunciantes, que también formó parte de su acuerdo de investidura con Ciudadanos.
Manifestación frente al Congreso
Esta situación de inacción ha provocado que más de treinta denunciantes de corrupción se hayan unido para convocar una concentración este sábado a las 12.00 horas frente al Congreso de los Diputados. El llamamiento se produce a título individual, sin plataformas o formaciones políticas que lo impulsen.
“La pasividad de la administración pública, junto a la inacción de la justicia, así como el absoluto abandono de todos los partidos políticos que ignoran legislar en la materia, nos ha conducido a esta reivindicación”, reza el manifiesto que han aprobado y que suscriben reconocidos filtradores cuyos casos han saltado a los medios de comunicación y los juzgados, como Ana Garrido (Gürtel), Azahara Peralta (Aquamed), Juanjo Romero (Aena), Clara Reinoso (niños robados) o Luis Gonzalo Segura (Fuerzas Armadas).
