Los encuentros solían celebrarse en un hotel de la Sierra de Madrid. Allí se reunía un grupo de veinteañeros -y alguno algo más mayor- que formaban parte del banquillo del PP durante los gobiernos de José María Aznar. La prensa denominó clan Becerril. Esos jóvenes compartían en los encuentros su visión del futuro de España unidos por la afinidad de su ideología. Todos pululaban por la esfera del PP, algunos con carnet.

Más allá del debate político, los seminarios servían para hacer contactos entre las jóvenes promesas del partido y empresarios que querían llevarse bien con quienes aspiraban a una larga carrera en política. Algunas de esas relaciones fraguaron 

Los encuentros, que se celebraban en un hotel y duraban varios días, solían terminar con una comida a la que acudía José María Aznar, que apadrinó muchas de las reuniones. De todo eso han pasado ya casi veinte años. Una eternidad en política. Los integrantes de aquella pandilla han desarrollado carreras muy dispares. Algunos han acabado en prisión por los negocios que surgieron de aquellas amistades. Otros están siendo investigados en casos de corrupción. Los hay también libres de toda sospecha, con una carrera política que les ha llevado a ocupar altos cargos de la vida pública.

Los implicados en casos de corrupción

Francisco Correa: Por las reuniones se pasaba solo de vez en cuando, como un empresario con ideas afines a los comensales. Correa acudía por su relación con Alejandro Agag -esa que quedó plasmada en un vídeo de sus vacaciones- y para afianzar sus contactos políticos con los cargos del PP que acudían a esos encuentros. Acabó compartiendo banquillo con algunos de ellos. Su estrecha relación con el partido le llevó, como contó durante el juicio, a tener una tarjeta que le permitía acceder a la sede del PP en Génova 13 por el párking sin que nadie preguntase por su presencia.

Las empresas de Correa llegaron a organizar algún encuentro del clan Becerril. Ahora, el empresario que cimentó su negocio en los contratos con el PP -como partido y desde la administración-, acumula condenas que cumple en la cárcel de Valdemoro: 13 años por la rama valenciana y 52 años por la pieza principal. Aún le quedan unos cuantos juicios pendientes.

Álvaro Pérez ‘El Bigotes’: Su presencia en los cónclaves de los jóvenes del PP era puntual. Iba de vez en cuando por su buena sintonía con algunos de los comensales. En aquella época, ‘El Bigotes’ era el encargado de modernizar los mítines del PP y de iluminar al mismo que presidía las comidas del clan.

Él mismo lo contó durante su declaración en la Audiencia Nacional durante el juicio de Gürtel: “Recuerdo que en alguna ocasión se dijo que Aznar se había hecho un lifting. Pero no era un lifting, era que lo iluminábamos de otra manera”. Cuando no se dedicaba a poner focos hacía negocios ilícitos que le han valido una condena a 13 años por la rama valenciana de la trama.

Jacobo Gordon: Se sentó ante el tribunal de Gürtel el primer día del juicio. No es que su papel en la trama fuese el más relevante, es que se había prestado a confesar. El empresario se definió como un economista que participaba en negocios inmobiliarios. Entre esos negocios detalló una promoción de pisos en Majadahonda. El alcalde de la localidad aportó 200.000 euros en negro para participar en ese proyecto del que luego se embolsaría parte de los beneficios.

Su presencia en aquellas reuniones del clan Becerril era fruto de su estrecha relación con Agag, al que trataba desde los tiempos del colegio. Gordon admitió durante su declaración que conocía a Correa de los mítines del PP y que de ahí nació la amistad que les llevó a colaborar en diversas aventuras empresariales. Gordon, por ejemplo, emitía facturas falsas para encubrir pagos de la trama. Su confesión le permitió rebajar la condena de dos años de cárcel a cinco meses. No llegó a entrar en prisión.

Alberto López Viejo: La primera “rana” de Esperanza Aguirre, el consejero del que la todopoderosa presidenta madrileña renegó en primer lugar. Luego vendrían Francisco Granados o Ignacio González, pero López Viejo fue la primera gran mancha de la política de fichajes de Aguirre: le rescató del Ayuntamiento para hacerle su hombre fuerte cuando ya había comenzado a enriquecerse con contratos amañados a favor de la Gürtel.

López Viejo usó sus contactos con Correa para que la Gürtel pudiera encargarse de la ingente cantidad de actos de propaganda que la presidenta exigía. El entonces consejero de Deportes se hizo con el control absoluto de la agenda de Aguirre: nada se organizaba sin pasar por él. Y él todo lo organizaba con Gürtel. Está en prisión condenado a 31 años y nueve meses de cárcel.

Lucía Figar: Aunque las comidas del clan Becerril reunían a admiradores de Aznar, el verdadero referente de Figar fue Esperanza Aguirre. La propia presidenta tuvo que calmarla porque el día que Aguirre anunció su dimisión, la que entonces era su consejera de Educación no podía contener las lágrimas.

A Figar no le roza la trama Gürtel, pero le salpica de lleno el caso Púnica, en el que está imputada. Su buena relación con el informático de esa trama, Alejandro de Pedro, le llevó a encargarle trabajos de reputación online que pagó con dinero público. Más de 120.000 euros, según los investigadores. La consejera de Educación no solo echó mano del informático de Púnica para mejorar su imagen, sino que le encargó que atacase en internet a la Marea Verde y al entonces ministro de Educación Ángel Gabilondo.

Los que prosperaron en política

Juan Manuel Moreno: Uno de los nombres más de actualidad entre quienes integraban los encuentros de jóvenes promesas del PP. El candidato del partido a la presidencia de Andalucía se pasaba de vez en cuando por esos encuentros en los que Aznar ejercía de líder del grupo. Eso no impidió que Moreno le reprochase años después sus salidas de tono en público contra el PP de Rajoy. Le pidió que las hiciese en privado o llamando al propio Rajoy.

Moreno pelea ahora por desbancar al PSOE andaluz aunque con pocas opciones de conseguirlo. Es el primer examen del PP de Casado, que ya admite que las encuestas no son buenas por el momento. El candidato ya ha fracasado en otros intentos de imponerse a Susana Díaz y una nueva derrota puede desalojarle de la presidencia del PP andaluz.

Jorge Moragas: El escudero de Mariano Rajoy durante casi toda su etapa al frente del Gobierno. Comenzó a trabajar para el Ejecutivo de Aznar como director del gabinete del Secretario General de la Presidencia. Con Rajoy se convirtió en su sombra. Cumbres europeas, visitas internacionales, viajes de Estado, en los pasillos del Congreso o en Moncloa. En casi cada foto del entonces presidente del Gobierno aparecía en segundo plano su jefe de Gabinete.

Moragas ha desarrollado su carrera política sin sombra alguna de corrupción, a diferencia de otros comensales del clan Becerril. Como agradecimiento a su trabajo, el Gobierno de Rajoy le nombró en diciembre de 2017 embajador de España ante la ONU, pero el puesto le duró poco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez le destituyó pero le ha dado otro destino: ejerce como embajador en Filipinas.

Ignacio Echániz: Otro de los jóvenes asiduos a las reuniones en la Sierra de Madrid que ha tenido una larga carrera política que aún continúa. Ha sido diputado en la Asamblea de Madrid y todavía lo es en el Congreso. Ha ejercido como consejero de Sanidad en Madrid y en Castilla-La Mancha durante el gobierno de María Dolores de Cospedal. Sin embargo, en el proceso de primarias que abrió el PP el verano pasado dio su apoyo a Pablo Casado. Actualmente es el tesorero del Grupo del PP en el Congreso.

Tomás Burgos: Uno de los que ha desarrollado una carrera política más próspera. Entró como diputado en 1993 y allí se mantuvo hasta 2016. La vuelta al Gobierno del PP en 2011 le granjeó un ascenso a la Secretaría de Estado de Seguridad Social, cargo que ocupó hasta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy cayó fruto de la moción de censura.

El currículum de Burgos le presentaba como uno de los jóvenes más brillantes de cuantos acudían a los encuentros del clan Becerril. Era licenciado en Medicina y tenían multitud de másteres en instituciones como el IESE o ESADE. No era cierto. Burgos no había terminado Medicina y nunca cursó esos posgrados. Su currículum en el Congreso quedó reducido al único título de “soltero”.

Sigfrido Herráez: Este concejal durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano lleva años retirado de la política. Renunció en 2005 a la concejalía de Vivienda para fichar por una inmobiliaria, pero mantuvo su puesto como secretario de Vivienda del PP de Madrid. Aguirre le obligó a dimitir poco después porque su inmobiliaria tenía negocios en varios barrios de la capital.

Herráez se fue discretamente de la política, pero su nombre volvió a los titulares años más tarde. En 2009 se publicó que la Concejalía que dirigía había amañado un concurso de 150.000 euros a favor de las empresas de Gürtel. Gallardón hizo limpia en el Ayuntamiento de los cargos salpicados por ese escándalo. Herráez nunca fue investigado.

No eran solo la élite. Ese grupo de veinteañeros que se permitía comer en mangas de camisa con José María Aznar, el todopoderoso líder del PP que había recuperado el orgullo de la derecha española con su mayoría absoluta del año 2000, en la sierra madrileña iba a ser el futuro.

La prensa de la época lo bautizó como clan de Becerril, en honor a la localidad que acogía aquellos encuentros de verano. También se podría haber llamado “los amigos de Alejandro Agag”. Fue este hiperactivo dirigente de Nuevas Generaciones, licenciado en Ciencias Empresariales en Cunef, donde estudian los hijos de las clases acomodadas, el encargado de reclutar a los futuros valores del partido, una vez que fue nombrado asistente de Aznar.

En un hotel de la sierra se juntaban jóvenes como Juan Manuel Moreno, hoy líder del PP andaluz, promesas como el actual jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, el diputado Ignacio Echániz y otros jóvenes como Tomás Burgos, Sigfrido Herráez, Alberto López Viejo, o la exconsejera de Educación de Madrid Lucía Fígar.

Por esa especie de seminarios políticos en los que se debatía de ideología y estrategia, se tejían relaciones y se brindaba por un futuro mejor, pululaban además otros amigos de Agag más interesados en los negocios como Francisco Correa o el que fue su socio Jacobo Gordon.

Muchos de aquellos apellidos que formaban la cantera del aznarismo desfilan ahora por el banquillo de los acusados. No es que todos estén bajo sospecha porque cuando se disolvió el grupo al final de la segunda legislatura de Aznar, cada dirigente siguió su propio camino. Pero sobre algunas de aquellas estrellas rutilantes pesan hoy graves acusaciones de corrupción y peticiones de cárcel muy altas.

Para Correa, que además de asistir, llegó a organizar con su grupo de empresas una de las quedadas, la fiscalía solicita 112 años de prisión en el primer juicio de Gürtel. A López Viejo, consejero de Aguirre que encargó todos los actos de la Comunidad a la trama, 46 años. A Jacobo Gordon, dos años por blanqueo de capitales. 

A Lucía Figar, uno de los currículum más brillantes de aquella pandilla que la llevó a trabajar junto a Aznar cuando aún era veinteañera, el juez Eloy Velasco no le imputa haberse quedado con dinero. La acusa en el sumario Púnica de cargar campañas de imagen en Internet desde la Comunidad de Madrid a los presupuestos públicos. El escándalo le costó el puesto y una prometedora carrera labrada primero de la mano de Esperanza Aguirre y cuando esta dimitió en 2012, al lado de su sucesor, Ignacio González al frente de la consejería de Educación en Madrid.

Esos son los peor parados del clan de Becerril, que propició otros titulares dudosos como el salto del arquitecto Herráez de una concejalía de Madrid a la promotora inmobiliaria que edificó con permisos municipales de su época en el Ensanche de Vallecas.

En el extremo contrario, dirigentes, como Jorge Moragas, actual jefe de gabinete de Mariano Rajoy, siguen dos décadas despues cerca del poder y a salvo de sospechas. Como Juan Manuel Moreno, hombre fuerte del PP en Andalucía que se prodigaba en aquellos encuentros veraniegos. O los diputados Echániz y Carlos Aragonés, exjefe de gabinete de Aznar y marido de Fígar, que siguen con escaño en el Congreso.

Un exmiembro de la dirección nacional que conoce bien aquella era de finales de los 90 no se extraña del final accidentado que tuvieron algunos de aquellos hombres del presidente. “El objetivo de aquellos encuentros de Becerril era la relación con el poder. Es lo que ha marcado el perfil de algunos jóvenes que han entrado en el Partido Popular. Agag ya organizó una revista en Cunef y espacios de debate para acercarse a distintos políticos y empresarios. Él estaba en Nuevas Generaciones pero en esa organización se hacía un trabajo más institucional que no le interesaba, no propiciaba ese contacto con el poder que sí le daban las reuniones en la sierra. Ese grupo de dirigentes tenía ambiciones de muy diverso tipo: económicas, para crecer en el partido o llegar a cargos institucionales. Cuando la gente ve que te relacionas con el presidente, todo lo demás viene rodado y entonces teníamos todo el poder. Ellos vivían mucho de esa formas de relacionarse del pequeño Nicolás, presumiendo de amistades, tirando de agenda para darse importancia. Eso ahora chirría pero en aquella época... y claro, así han acabado algunos. Aunque a otros les ha ido muy bien”. resume este dirigente con muchos trienios en el partido y hoy alejado de la primera línea.

Quienes estuvieron presentes en esas reuniones apadrinadas por Aznar le quitan mística a aquellas citas veraniegas en Becerril y achacan las críticas internas a “gente que no estaba en la pomada y quería estar”.

Habla uno de los invitados habituales: “Al presidente le hacía gracia, gobernaba con mayoría absoluta, tenía al partido a sus pies y le gustaba juntarse con gente joven que no tenía responsabilidades ejecutivas y que estaba formándose. Éramos gente que compartíamos inquietudes, se ha escrito mucho de aquello y desde fuera siempre se ve más épica que dentro. En realidad fue un grupo muy normal”.

Otro de los que asistía al hotel Las Gacelas, un tres estrellas sin muchas pretensiones, situado a la entrada de Becerril y que acogió varias de las citas añade: “Lo que se llamó clan de Becerril, que esa palabra ya tiene connotaciones negativas era solo un seminario político,  como pueden hacerse tantos, aunque seguramente más distentido que otros foros. Allí todo era más cercano, se evitaba la jerarquía. Y hay que ver el contexto, imagina las expectativas que desata la posibilidad de acceder al número uno del partido, al presidente. Era gente joven, prometedora, había dirigentes de Valencia, Andalucía, no solo de Madrid. Y eso provocaba recelos en otros sectores del partido”. 

El clan de Becerril murió fruto del éxito de su principal impulsor. Tan lejos habían llegado las relaciones públicas de Agag, que acabó conquistando a la hija del jefe, Ana Aznar, con la que se casó en la famosa boda del Escorial, con varios integrantes del grupo como invitados. El propio Correa, a quien nadie hoy en el PP parece conocer, ejerció de testigo en una ceremonia a la que acudieron presidentes de varios países. Las fotos de aquel banquete ilustran todavía hoy la crónica de sucesos de la prensa española.

En la España del PP es posible que tu propio dinero sufrague una campaña de difamación contra ti. Alejandro de Pedro Llorca, hoy encarcelado por su presunta participación en la trama Púnica, era sin duda un eficiente profesional en las labores que le encomendaba el cliente. “El cliente”, según sabemos ya, era la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, regentada por Lucía Figar, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Se trataba de desprestigiar a la Marea Verde en defensa de la Educación Pública –formada por profesores y otros trabajadores- y al entonces Ministro de Educación Ángel Gabilondo. Y de mejorar la imagen de su equipo. Estamos hablando de 2011.

Leer los pormenores de la investigación judicial que publica eldiario.es no puede ser más revelador del “modus operandi” de esta rastrera concepción de la política. Lanzada la campaña de Internet, es esencial involucrar a periodistas que sirvan de amplificadores. La trama dirigida por De Pedro dice, por escrito, cómo: “enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer”.

No es fácil encontrar argumentos de descrédito de Ángel Gabilondo, un catedrático de Filosofía entrado en política; aunque cuando se ponen, lo consiguen. De ahí que se dedicaran a señalar presuntas contradicciones en su actuación, sin malmeter mucho más. Todo con dinero público, conviene insistir.

Menos conocidos, a los miembros de la Marea Verde les cayó encima toda suerte de acusaciones inventadas desde que eran unos vagos a que se lucraban con la venta de camisetas. Un ejército de tuiteros y medios fantasma de la Púnica, como detalla el texto de Raúl Rejón, repetían sin cesar el argumentario dictado por el PP de Aguirre. El sistema habitual.

A la Trama Púnica, dirigida presuntamente por el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza, se le atribuye un monto en “mordidas” de 250 millones de euros en contrataciones públicas. El dinero destinado a las labores de difamación y propaganda como el que hoy tratamos no está completamente evaluado. A la propia Aguirre le hicieron también un trabajito para adecentar su imagen y en este caso se conoce, gracias al sumario, la cuantía concreta: 10.000 euros. Generosa retribución por mover unos tuits o me gusta y disgusta en Facebook.

No es un caso único, se conocen y se conocerán más con los mismos objetivos y la sociedad ha de aprender a prevenirse con urgencia. Hay gente que cobra por estas campañas de insidias y exaltación en las Redes Sociales diseñadas para ocio y comunicación, en las que la inmensa mayoría participamos –sin duda- gratis. Y en efecto periodistas o figuras relevantes con perfiles potentes en seguidores los amplifican a sabiendas o no. Probablemente, la mayoría sin percibir la intencionalidad, aunque también sin hacer grandes comprobaciones. Cuando se apunta alguno con cierto halo progresista, la tarea termina siendo mucho más eficaz. Aumenta el impacto y la credibilidad.

La manipulación en Twitter en particular, al servicio de fines políticos es un hecho. Un trabajo de la periodista Myriam Redondo documentó el funcionamiento y consecuencias de los “Bots, trolls y propaganda encubierta en la Comunicación Internacional”. La práctica cuenta ya hasta con trolls profesionales –remunerados- arrepentidos. “Lo más escalofriante es cuando hablas con tus amigos y están repitiendo las mismas cosas que viste en tu argumentario, y te das cuenta de que todo eso está teniendo un efecto”, explicaba una troll rusa a The Guardian. El problema es serio, la modalidad castiza de España es pagarla con dinero público. Pero resulta igualmente deplorable su uso con dinero privado buscando fines políticos.

Muchos personajes públicos y privados han conocido los rigores de estas auténticas plagas de avispas enfurecidas que en numerosos casos son activadas desde un despacho por encargo de un “cliente”. Una vez hecha la siembra solo hay que extenderla, tarea a la que se apuntan desde el hater de oficio a quien guarda un agravio o antipatía pendiente. La impunidad será total.

Tras la labor de campo, la maniobra llega después a la prensa y sus “Arde Twitter”. Y a las tertulias de televisión o radio. ¿Quién no reconoce a la troll arrepentida rusa en los lemas y memes que se usan en España? Habrá gente que se irá a la tumba con el muerto que le colgaron, al que no tenía ni el gusto de conocer. Por el contrario, se da el caso de personas que siempre salen impolutas como Esperanza Aguirre en la memorable viñeta de Fontdevila. Una parte de esa labor de limpieza nos costó a los residentes en Madrid 10.000 euros, según atribuye la investigación. A la alcaldesa que vendió viviendas sociales a un fondo buitre en el que trabajaba su hijo, Ana Botella, ¿le conocen mayores críticas que a su jocoso Relaxing cup of coffee? Comparen con Carmena o Ada Colau.

El trabajo en Internet es una parte muy vistosa de esa guerra capaz de utilizar los peores subterfugios con tal de conservar el Poder. Dado el método, cabe pensar que con la intención prioritaria de usarlo en beneficio propio como estamos viendo con los múltiples casos de corrupción. Hay otros más sutiles o acallados, los dosieres amañados, las escuchas, que también aspirar a entrar en el proceso de difusión. Que lo hacen aun siendo falsos gracias a quienes los divulgan. Por no hablar de las subvenciones encubiertas como publicidad institucional de la que gozan los buenos chicos entre los medios. También influyen en el “modelado” de la imagen de políticos. Es absolutamente notorio.

España ha reducido el gasto en educación por alumno en todas las etapas y esa inversión esencial ha quedado por debajo de la media de la OCDE y de la UE. En los últimos años se le han restado casi 9.000 millones de euros. Un cóctel letal: erradicar la conciencia crítica, abatir a los enemigos con trampas y su dinero y quedar como la crema en el retrato. Y pagar por ello. Con dinero público. No es, por tanto, ninguna anécdota. Es una trampa. Mayúscula. De las que alteran los resultados reales y la convivencia democrática.

La munición del Gobierno de Madrid presidido por Esperanza Aguirre contra la Marea Verde educativa que nació en 2011 era clara. ¿Los profesores? Unos vagos que apenas trabajaban y ganaban un dineral. ¿Los sindicatos? Instigadores de huelgas políticas. ¿La culpa del “ahorro”, sinónimo de recortes? El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

A Esperanza Aguirre le estalló la Marea Verde en septiembre de 2011. Y según fue creciendo, tanto Aguirre como su consejera de Educación, Lucía Figar, dedicaron más y más tiempo a atacar la movilización educativa contra sus recortes.

Intervenciones públicas, comparecencias en la Asamblea de Madrid... Cualquier foro servía para atizar a los convocantes. Y, a medida que avanzaba la protesta, se repetían las jornadas de huelga y las manifestaciones, más y más dinero público iba a reforzar sus ataques mediante una ofensiva de desprestigio online, según apunta el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incluida en el sumario de la trama Púnica.

La fórmula Aguirre fue sencilla: decretó que los profesores de instituto impartieran dos horas más de clase. De 18 a 20 a la semana. Esas clases ya no se cubrían con docentes interinos. Podían deshacerse de 3.000 profesores y recortar 80 millones de euros.

La culpa, al Gobierno de Zapatero

Lo primero que hizo que Esperanza Aguirre fue justificarse con la crisis económica, culpa del Gobierno socialista. Mandó una carta a los docentes para pedirles un esfuerzo “en medio de una de las situaciones económicas más difíciles por las que ha pasado España en las últimas décadas”.

Las empresas de la Púnica comandadas por Alejandro de Pedro lanzaban esta premisa en la redes mediante usuarios fantasma de Twitter: “Pero menuda caradura la de Gabilondo [ministro de Zapatero], que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación”, según recoge la investigación.

Lucía Figar se atrevía a explicar que se habían encontrado entre la espada y la pared: recortaban o se iba al traste la igualdad de oportunidades. “Teníamos que elegir entre contratar interinos o pagar las becas”, contaba pocos días antes de comenzar el curso 2011-2012.

Los que menos trabajan

La protesta aglutinó a muchos de los miembros de la comunidad educativa. Docentes, interinos y fijos, vieron en el decreto un deterioro evidente del sistema. Así que la siguiente andanada la lanzó Aguirre, ya sin disimulo, contra los profesionales de la educación.

Los calificó, prácticamente, como caraduras ya que, en una comparecencia para dar cuenta de los acuerdos semanales de su Ejecutivo, no se contuvo y con irónica acidez afirmó que “sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial pero 20 horas son, en general, menos de las que trabajan el resto de los madrileños”.

Ocultó que ese cómputo era el de horas lectivas, no de jornada laboral. Luego rectificó “el que tiene boca se equivoca”, a pesar de asegurar que “sabía” lo que trabajaba un profesor.

Aunque mediante un exceso, había marcado la línea de actuación. Su consejera Figar tampoco tuvo problema en seguirle el juego a la jefa y declarar: “Que se pongan en huelga por trabajar 20 horas no lo va a entender nadie. Eso da mucha vergüenza”.

Por otra vía, la contratista de la Púnica machacaba mediante sus tuiteros fantasma que propagaban la idea de que “menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles?”.

El ejército digital creado por De Pedro al servicio de la Consejería de Educación de Lucía Figar estaba formado por periodistas autónomos, empleados y medios zombi que repetían las consignas del Gobierno contra la protesta. Los perfiles que se creaban eran de “profesores, estudiantes universitarios, directivos, empresarios y amas de casa para defender la postura del ahorro escolar”, informaba la empresa.

Todo es mentira

Para socavar la legitimidad de los sindicatos que convocaban los paros y los partidos políticos que los apoyaban (el Partido Socialista e Izquierda Unida), el argumentario del Gobierno del PP madrileño subrayaba que todo era un movimiento “político”, sin motivaciones laborales. “No saben ya que hacer para justificar una huelga política”, denunciaba la expresidenta cuando ya tenía cerca de una decena de jornadas de huelga encima a mediados del mes de noviembre. “Están amedrentando a profesores”, no se cortaba en atacar.

La sección Púnica de la campaña de propaganda vinculaba a base de tuits la huelga y la política: “Se despiden 5.000 interinos en las universidades andaluzas y Tomás Gómez [PSM]] respalda una campaña contra recortes de Madrid #hipocresía”. La directriz era convencer de que “hay una marea pero de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos y que no cree en sus mentiras”, instruía la contratista a su empleados tras haber hablado con su cliente: la Consejería de Educación.

En una de sus últimas cabriolas de ataque, Aguirre aseguró que la propia iconografía de la marea, las camisetas verdes, eran una fuente de negocio para Izquierda Unida, aunque era mentira. En sede parlamentaria espetó que “ahora me he enterado de que hace un gran negocio con la camiseta que venden a cinco euros y producen a tres. Entiendo el negociazo que hacen…”.

Lo que podría pasar por un comentario en la Asamblea tuvo su cara oscura ya que una profesora fue sancionada por llevar una de estas camisetas puestas en un centro.

La ofensiva contra la Marea Verde a base de dinero público estaba inserta en la campaña para mejorar la imagen online de una de las mimadas de Esperanza Aguirre: Lucía Figar. El deterioro de su figura era galopante al ser la cara visible de los recortes.

Aguirre la había nombrado consejera en 2007. Su estrella política iba en ascenso. Cantera pura del PP de Madrid, había arrancado siendo asesora del Gabinete de Presidencia de José María Aznar en 1998. En 2010, Esperanza Aguirre la colocó como responsable de comunicación del partido. Dimitió en 2015 al ser imputada en esta trama. Una de las empleadas al servicio de la imagen de Figar, María Bernal Talavera, ha terminado como parlamentaria regional por el PP en Las Corts en la Comunidad Valenciana.

En noviembre de 2011, las elecciones del día 20 dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy. José Ignacio Wert pasó a ser ministro de Educación y la Marea Verde se convirtió en un movimiento nacional pese a las arremetidas de Esperanza Aguirre contra su origen, en Madrid.

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2011 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red que cobraba del Gobierno regional por amplificar los argumentarios del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos locales creados para ese fin.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 14 de septiembre de 2011 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que “el cliente”, la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.

En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: “El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]”.

A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: “Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles”. Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del “grupo de trabajo” es “ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general”.

Argumentarios con ataques al ministro Gabilondo

La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: “Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación”. 

Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación. 

Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: “El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online”.

De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

La UCO atribuye a Lucía Figar los delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias. Creen que “queda patente” que se pagaron con dinero público trabajos para mejorar su imagen personal y política en las redes.

Ella, en el pasado, le pedía al PSOE que no le diera lecciones sobre corrupción y hablaba de su homólogo andaluz como el ejemplo opuesto a lo que ella era.

Resulta casi enternecedor ver cómo le crecen las ojeras a Pablo Casado cada vez que tiene que salir a enjaretar mentiras con la penúltima entrega de la corrupción del PP.

Antes de darse un baño en las aguas del Jordán patrio, Rajoy nombró una flota de tertulianos jóvenes –por este orden–, para que fueran a las teles; pero a esta nueva efebocracia sin corbata le están saliendo, en tiempo récord, patas de gallo, Púnica tras Púnica, trola tras trola.

Ni los mariachis del PP son capaces de defender a un Granados (“volquete de putas”), a un José Miguel Moreno (“tocándome los cojones, que para eso me hice diputado”); siendo Granados hombre de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante años y Moreno diputado en la Asamblea de Madrid cuando controladora Esperanza estaba en el cénit.

Ni los muy cafeteros del PP en los medios, que son multitud, son capaces de  defender con solvencia las conversaciones entre los miembros de esta enésima entrega de la trama corrupta –grasientas, chabacanas, matonas, seguras de que eran impunes– y que la Guardia Civil nos acaba de contar con palabras exactas: “financiación irregular” del PP. 

Esa chulería de uña del meñique larga, ese rematar los negocios sin “fijarse en las feas” (Granados); ese “bueno, tío, que me voy de vacaciones, prepárame la pasta”(Moreno, de nuevo), retrata de forma precisa la catadura de la gente de la que hablamos. 

Martínez el facha (Saza, ¡vuelve!) es una zapatilla al lado de estos truhanes en plantilla del PP, llenos de pulseritas, patriotas por la pasta y que, por orden del mismo  PP que ahora envía a jóvenes a las teles, se paseaban antes entre risas (Granados) por los platós difundiendo la buena nueva pepera.

No se puede negar que los corruptos del PP defienden la familia con uñas y confeti; con dientes y castillos hinchables, con medias lunas de Nocilla y payasos para que los niños rían. Así Mato, como Granados, no dejan sin amarrar ni un detalle para la fiesta de los niños; todo sin pagar, a cambio de supuestas licencias de obra.

Rajoy, que bastante hizo en su día con darle ánimos fuertes a Bárcenas, no sabe, no contesta; no le parece relevante que esta corrupción se haya producido después de las mil y una frases denunciando la corrupción, cuando se trataba de establecer que los tesoreros del PP eran del PP, pero se estaban quitando; cuando todo era una conspiración contra el PP.

El caso es que a pesar de la aquiescencia entusiasta de tantos medios por vendernos a Rajoy como Gran Timonel, como hacedor del gran milagro –milagro estructural, sin precedentes: cómo tener trabajo y estar en la fatiga de lo precario–, la salsa de ese relato no cuaja. Queda, tenaz, la evidencia de que el PP se ha financiado irregularmente que así en Valencia como en Madrid, altos dirigentes de este partido han formado una trama criminal de la que es imposible que, por ejemplo, Aguirre –que despidió a un periodista de Telemadrid (Germán Yanke) por hacerle una pregunta que a ella no le gustaba– no se haya enterado. Menos escenificación impostada de rasgado de vestiduras y más dimisiones.

Como si de un árbol se tratara, los pinchazos telefónicos de la Operación Púnica permitieron a los investigadores de la Guardia Civil ir descubriendo diferentes ramas de corrupción a partir de las conversaciones que escuchaban a Francisco Granados y su amigo, el empresario David Marjaliza, sobre los que había puesto el foco la aparición de una cuenta en Suiza en diciembre de 2013. Pero el nexo que permitió dar el salto entre la investigación principal y la que afecta al penúltimo Gobierno de la Comunidad de Madrid es Alejandro de Pedro Llorca, un joven empresario ligado al Partido Popular cuyo teléfono resultó una mina para los investigadores.

De Pedro Llorca estaba tan bien relacionado con el PP que hablaba por teléfono con el número dos del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria. Esas conversaciones acabaron ofreciendo los frutos más preciados de la investigación, al menos mediáticamente: Victoria está imputado de cuatro delitos de corrupción y el juez le ha prohibido salir del país. Imputada también se encuentra la que fue consejera de Educación, Lucía Figar, a la que aquellas conversaciones con De Pedro han terminado costando su carrera política.

Según el auto del levantamiento del secreto del sumario, que dictó el juez Eloy Velasco el pasado miércoles, De Pedro hablaba con Victoria y Figar y también con el director de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, y con la directora general de Medios, Isabel Gallego. Las conversaciones de Alejandro de Pedro con todos ellos versaban sobre cómo “conseguir adjudicaciones de nuevos contratos o bien para la realización de trabajos para alguno de ellos, relacionados con la mejora de la imagen en Internet”, según relata el juez.

La Fiscalía Anticorrupción acudió al juzgado de Velasco el 13 de junio de 2014 con una querella contra Francisco Granados y David Marjaliza y las esposas de ambos, al no haber podido comprobar el origen de los fondos ingresados en Suiza. Los cuatro, junto a las sociedades Sheraton Trading y Droz & Co, eran sospechosos de integrar una trama de blanqueo de capitales. Era solo el principio de una investigación sobre una red de redes de corrupción que ya va por 92 imputados.

Cuarenta y ocho horas después de la presentación de la querella, el juez Velasco dictó un auto con la autorización para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pinchara los teléfonos de los querellados. Las conexiones comenzaban a fluir por el cable. Durante las primeras horas de pinchazos, los agentes descubrieron que Granados y Marjaliza hablaban mucho con Alejandro de Pedro Llorca y que éste, a su vez, tenía una codiciada agenda de contactos políticos en su teléfono móvil.

La figura de De Pedro fue creciendo en importancia dentro del organigrama que los agentes de la UCO iban dibujando en su sede del madrileño barrio de Barajas. Hasta tal punto que cuando el juez Velasco envió a De Pedro a prisión el 30 de octubre de 2014, dijo de él en el auto que era la “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias, alternativo en mucha parte al de David Marjaliza”.

Desde los primeros pinchazos, la cifra de sospechosos iba creciendo cada vez más y los agentes pedían continuamente prórrogas de las intervenciones telefónicas al juez. Hasta en siete ocasiones, la UCO se dirigió con ese propósito al juez y en las siete obtuvo una respuesta positiva. La última autorización es del 22 de octubre, tan solo cinco días antes de que reventara la Operación Púnica, bautizada así por la denominación en latín del árbol que coincide con el apellido del más conocido de los arrestados, Francisco Granados.

Los abogados personados en la causa de la Púnica tendrán acceso a esas conversaciones, al menos a los fragmentos que hayan resultado sustanciales para investigar la trama de corrupción, a partir del próximo lunes, cuando han sido citados por el juez para que puedan descargar el voluminoso sumario en un soporte digital.

Primeros contactos

A punto de cumplir 43 años, Alejandro de Pedro Llorca nació en Basauri, Vizcaya, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Valencia. Allí entró en contacto con responsables locales del Partido Popular, lo que le sirvió para dar el salto a Murcia, León y Madrid. Su oferta a los políticos parecía irrechazable: mejorar su imagen en la Red, en campaña electoral y fuera de ella, y verter basura sobre sus contrarios. Pronto hizo una cartera con docenas de cargos locales.

Para reforzar los indicios recogidos en los pinchazos telefónicos y los seguimientos, han servido algunas declaraciones en sede judicial, posterior a la redada de finales de octubre de 2014. En uno de esos interrogatorios, el jefe de la Oficina Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, aseguró que Salvador Victoria le había dicho que pidiera a Indra –la multinacional tecnológica adjudicataria de contratos con casi todas las administraciones- que realizara tres pagos en negro a De Pedro por un valor total de 120.000 euros.

El juez Velasco sospecha que Victoria podría estar cobrando una mordida a la empresa, que debía abonar los trabajos de Pedro para mejorar la reputación online del propio Victoria e, incluso, del presidente entonces de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En la lista de 92 imputados hasta ahora figuran el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, y su director general, Santiago Roura.

De Pedro combinaba sus sólidos conocimientos informáticos y de telecomunicaciones con un don para las relaciones públicas. Hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido ante el juez Velasco, en calidad de testigo, para explicar los contratos del club con las empresas de Alejandro de Pedro. En sede judicial, Florentino Pérez declaró que el Real Madrid contactó con el empresario a través del director en España de Societé Generale, Donato González, quien se lo recomendó por trabajar el empresario con “otras empresas del IBEX-35”. Se da la circunstancia que esta es la entidad bancaria que contrató a Granados cuando el exconsejero de Presidencia de Madrid dejó la política.

El Real Madrid pagó 300.000 euros a De Pedro por un año de trabajo. Pérez dijo que su club tiene 175 millones de seguidores en las redes sociales y que, por tanto, se trataba de un tema trascendente. El juez Velasco no se anduvo con rodeos y preguntó a Florentino Pérez si De Pedro le había pedido dinero para el Partido Popular. Los momentos posteriores fueron tensos. Tras una pausa, el presidente del Real Madrid se atrevió a decir al juez: “Me molesta la pregunta. Tengo una empresa que emplea a 220.000 trabajadores en 60 países y factura 100 millones. No, jamás. Ni en negro ni en blanco ni nada”.

En cuanto a Figar, los cuatro contratos que investiga el juez Velasco entre la Consejería de Educación y dos empresas de Alejandro de Pedro Llorca están firmados entre 2012 y 2014 y suman algo más de 80.000 euros. Tres de esos contratos estaban destinados a que Madiva, una de las sociedades de De Pedro, mejorara presuntamente la reputación on line de Figar. La sociedad controlaba una red de 60 diarios digitales zombies que reproducían las notas del departamento de Educación y engañaban a los buscadores de Internet, apareciendo la propaganda en puestos preferentes de las búsquedas de los usuarios.

Pero la ambición de De Pedro no encontraba barreras ideológicas, ni se limitaban a los trabajos en la Red. Según los investigadores, el empresario tenía como estrecho colaborador al alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, detenido en octubre. Los trabajos en Internet “abrirían la posibilidad a De Pedro de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores, para sí, o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid”, reza el auto de imputación que dictó el juez Velasco el 31 de octubre de 2014.

De Pedro está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. El juez decretó contra él prisión eludible con una fianza de 50.000 euros que el empresario abonó a la semana de estar detenido.

La aparición de una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Francisco Granados en diciembre de 2013 es el principio de un hilo que a día de hoy enreda a 92 personas, las que integran la nómina de imputados en el caso Púnica. El penúltimo nombre de esa lista, según aparece en el último auto del juez Eloy Velasco, es Manuel Pérez Gómez, que fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid en sustitución de Lucía Figar, quien abandonó el cargo a las 48 horas de conocerse su imputación en la misma causa.

Pérez Gómez ha sido consejero de Educación de la Comunidad de Madrid apenas tres semanas, las que van entre la dimisión de Figar y la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cristina Cifuentes. La imputación del exconsejero es una de las revelaciones incluidas en el auto de levantamiento del secreto del sumario que dictó este miércoles el juez Eloy Velasco y al que ha tenido acceso eldiario.es.

El Gobierno de Ignacio González desconocía la imputación y la posible implicación de Pérez Gómez en la Operación Púnica cuando decidió que sustituyera a la imputada Lucía Figar, según fuentes de la Consejería. El extitular de Educación se ha negado a aclarar desde cuándo conoce la acusación formal y ha colgado el teléfono cuando eldiario.es se ha puesto en contacto con él para detallar esta información. En las últimas semanas, varios funcionarios y miembros del gabinete de prensa de Educación con Figar han declarado como testigos ante el juez Velasco.

La imputación de Pérez Gómez podría explicarse en el hecho de que su relevancia en la Consejería de Educación trasciende las tres semanas en las que fue el máximo responsable. Antes de eso fue viceconsejero de Organización Educativa, cargo al que accedió en junio de 2014. Pérez Gómez llevaba ya siete años como secretario general técnico de la Consejería de Educación, desde 2007, siempre con gobiernos autonómicos del Partido Popular. En la actualidad, Pérez Gómez integra el Consejo Universitario, dependiente igualmente de la Consejería de Educación.

Funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, comenzó su carrera en el Ministerio de Interior en 1989, pero fue con la llegada del Partido Popular al poder cuando pasó a desempeñar altas responsabilidades en el departamento de la seguridad del Estado. En la última legislatura de José María Aznar fue director general de Extranjería e Inmigración. Entre 2002 y 2004, Pérez Gómez estuvo a las órdenes directas de Ignacio González, entonces secretario de Estado de Inmigración, y a la postre el político que le nombraría consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

Los cuatro contratos que investiga el juez Velasco entre la Consejería de Educación y dos empresas de Alejandro de Pedro Llorca, uno de los conseguidores de la trama, están firmados entre 2012 y 2014 y suman algo más de 80.000 euros. Tres de esos contratos estaban destinados a que Madiva, una de las sociedades de De Pedro, mejorara presuntamente la reputación on line de Figar. La sociedad controlaba una red de 60 diarios digitales zombies que reproducían las notas del departamento de Educación y engañaban a los buscadores de Internet, apareciendo la propaganda en puestos preferentes de las búsquedas de los usuarios. Según elconfidencial.com, el dinero público habría servido también para mantener el blog personal de la exconsejera de Educación.

La trama vinculada a Alejandro de Pedro en la Comunidad de Madrid salpica al que fuera número dos del Ejecutivo regional, Salvador Victoria. Según declaró otro imputado, el exdirector de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, Victoria le ordenó trasladar a Indra que debía pagar en negro servicios prestados por De Pedro para la citada reputación online del propio consejero de Presidencia o del presidente de la Comunidad.

“Formas de pago encubiertas”

Según el auto de Velasco, “se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de la Coiunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra”.

Hasta ahora había trascendido por ello la imputación del exdirector general de Operaciones, Santiago Roura, destituido a raíz del escándalo. Pues bien, en la nueva lista de imputados figura también Javier de Andrés González, actual consejero delegado de Indra, un gigante informático adjudicatario habitual del Gobierno central y otros autonómicos, entre ellos el de Madrid.

El País publicó que Martínez Nicolás había confesado que Salvador Victoria le había pedido hasta tres favores al director general de Indra, Santiago Roura, para que hiciera pagos a terceras personas por un valor total de 120.000 euros. El destinatario de ese dinero habría sido, si es que se hubieran llegado producir, Alejandro de Pedro, el presunto conseguidor, dueño de las empresas que mejoraban la reputación online de los políticos.

Pero la lista de imputados por Velasco depara más sorpresas y otra vez apuntan a Francisco Granados. En ella figura Edelmiro Andrés Galván Villamandos, quien fue asesor del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y al que Granados se llevó a Valdemoro cuando el político cayó en desgracia y fue apartado por Esperanza Aguirre.

En Valdemoro, Edelmiro Andrés Galván ejerció como “director de comunicación” del Ayuntamiento, pero fuentes políticas de la Comunidad de Madrid apuntan a sus responsabilidades en la organización de eventos por parte de las consejerías que dirigía Granados. Galván figura, por ejemplo, como parte del jurado del concurso de ideas para la publicidad para el programa regional de inversiones, Prisma, entre 2008 y 2011.

La lista de imputados en el lado de la empresa privada también se amplía. Y cualitativamente. En el objetivo de los investigadores está Cofely desde casi el principio de las pesquisas, filial de la multinacional GDF Suez y dedicada a la eficiencia energética. En la primera fase de la operación fueron detenidos su director general en España, Didier Maurice, y su director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva. No acaban ahí las responsabilidades, que ahora llegan ya hasta su director general en el área de Servicios, Xavier Susan Mir, nuevo imputado en la causa.

En el auto de este miércoles, el juez Velasco se refiere a Cofely España como empresa adjudicataria en 2013 y 2014 de “contratos amañados” por parte de los ayuntamientos madrileños de Móstoles, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado-Villalba, Serranillos del Valle y Parla“. En todos ellos, menos en el de Móstoles, entre los contactos de Cofely estaban los propios alcaldes de los municipios. Entre ellos y la empresa, actuaban de muñidores David Marjaliza, el amigo íntimo de Granados y gran 'capo' de la trama de corrupción, y otro de los cabecillas, Pedro García Pérez, afirma el juez en su auto.

Por parte de Cofely, Álvarez de la Casa y Maurice “aparecían impulsando y remunerando los favores y promesas acordadas”, en colaboración con el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez. Para la mecánica de los pagos, Marjaliza ponía dos de sus empresas, con las que recaudaba el dinero público “con el que pagar a Cofely las comisiones pactadas”.

Los medios fueron muy rápidos al otorgar a María Dolores de Cospedal la sucesión automática de la cartera que José Ignacio Wert dejará a finales de mes para partir a París. El País, entre otros medios, ha situado a la actual presidenta en funciones de Castilla-La Mancha como la mejor colocada para ser la próxima ministra de Educación, aunque otros nombres han aparecido también dentro de las posibilidades. Los jóvenes ‘populares’ Pablo Casado y Lucía Figar se han barajado también para este nuevo cargo, si bien Mariano Rajoy se ha limitado a señalar que habrá cambios en el Gobierno este mes de junio.

Sin embargo en la sede de Génova, donde muchos no se han mostrado partidarios de que la política ocupe un puesto tan importante, se barajan nombres de políticos menos expuestos a los medios y los escándalos, caso de Lucía Figar y de Pablo Casado. De hecho la opción de Figar durante unos días fue la más valorada por las características de la política: madrileña, consejera de Educación en la Comunidad de Madrid y además joven, que calza dentro de la nueva imagen que quiere transmitir el partido de cara a las generales. Figar cumplía los requisitos perfectos para ocupar cinco meses esa cartera (prácticamente de manera interina), pero solo hasta hace unos días, cuando fue imputada por la justicia en la trama Púnica. La 'popular' dimitió finalmente de su cargo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La imputación de Figar se reveló como un escollo para optar al Ministerio de Educación, al que María Dolores de Cospedal seguiría aspirando. Las fechas de elección del nuevo ministro son perfectas para la ahora presidenta en funciones de Castilla-La Mancha: el 16 de junio debe cerrarse el posible pacto entre PSOE y Podemos que convertiría a Emiliano García-Page en el nuevo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Además, por una propia ley aprobada por María Dolores de Cospedal, no percibiría ningún sueldo como diputada en la región. A pesar de ello, la ahora presidenta en funciones quiere mantenerse firme en su idea de seguir en Castilla-La Mancha. El diario La Razón ha publicado que Cospedal mantiene como idea aguantar los cuatro años en la oposición, incluso aunque no tenga sueldo, a pesar de que en los últimos años la actual presidenta en funciones ha declarado ganar más de 100.000 euros al año.

En el partido se manejan cambios que afectarían a las vicesecretarías en un primer momento, pero no a Cospedal que hasta las elecciones generales aguantaría como secretaria general, a pesar de los retractores dentro de su misma formación que han pedido a Rajoy un cambio y un lavado de imagen.

El 27 de octubre de 2014, la política madrileña y española se convulsionó con el arresto del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Presidencia Francisco Granados. Era uno de los 35 arrestados por una amplia trama de corrupción, que albergaba diferentes ramificaciones en su seno, y que afectaba principalmente a la Comunidad de Madrid, pero también a Murcia y Castilla y León. Saltaba la Operación Púnica.

En uno de los autos dictados en los días siguientes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enviaba a la cárcel al empresario Alejandro de Pedro Llorca como “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza –el amigo íntimo de Granados- y que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto”.

En esas pocas líneas del juez se adivinaba lo que ocurrirá el próximo 26 de junio en la Audiencia Nacional: la declaración como imputados del actual consejero de Presidencia en funciones, Salvador Victoria, y la consejera de Educación, también en funciones, Lucía Figar. Ambos habrían pagado con dinero de los presupuestos trabajos que revertían en su propio beneficio.

El gigantesco volumen de la investigación ha retrasado su citación, pero también ha influido el hecho de que ambos, como los otros tres citados para junio, gozan de la condición de aforados. La Guardia Civil puso en manos del juez la información necesaria para el interrogatorio el pasado mes de enero y el magistrado optó por esperar a después de las elecciones autonómicas y municipales para llamarles a declarar. De lo contrario, habría perdido la investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A pesar de ello no se puede decir que la Operación Púnica no haya afectado a la carrera política de los imputados. Las distintas informaciones periodísticas que iban detallando las sospechas sobre los políticos provocaron que el 27 de marzo Figar anunciara que dejaba la política. Tres semanas después, se conoció que Salvador Victoria no repetiría en las listas del PP a la Comunidad de Madrid. Ni el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz, ni el diputado en la Asamblea madrileña José Miguel Moreno, ni el alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), Mario Utrilla, encontraron un hueco en las listas del Partido Popular.

El juez Velasco envió a prisión al empresario Alejandro de Pedro el 30 de octubre. El día antes, uno de los detenidos, José Martínez Nicolás, había permitido al magistrado abrir una nueva vía de investigación. En su despacho de la Audiencia Nacional, el entonces consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, señaló a Victoria como el cargo que le ordenó reclamara 120.000 euros a Indra en tres partes. Al menos uno de ellos iría destinado a pagar una deuda con De Pedro.

Según la documentación que la Guardia Civil fue a buscar a la Comunidad de Madrid el 22 de enero, De Pedro hacía trabajos de reputación en Internet para Victoria, Figar y otros cargos de la Administración autonómica. Al mismo tiempo, Indra es contratista de la Administración. Fuentes de la investigación descartan a eldiario.es que se trate, con los indicios acumulados hasta ahora, de un caso de financiación irregular del PP. Sin embargo, hay indicios sólidos de que los políticos de la formación de Mariano Rajoy aprovechaban su responsabilidad en los contratos públicos para obtener prebendas, en este caso, trabajos para mejorar su reputación en Internet que no pagaban ellos.

Ante el juez Velasco también había declarado María José Gutiérrez Martínez, empleada de Eico Online, una de las empresas de De Pedro. Esta ingeniera informática desveló que lo que la Comunidad de Madrid quería hacer pasar como trabajos de ‘clipping’ (recopilar y resumir las publicaciones en Internet sobre un tema), eran en realidad de mejora de la reputación de políticos del PP.

Entre los trabajos que mencionó figuran los de contrarrestar las noticias sobre el origen del ático del presidente de la Comunidad, Ignacio González, o las del cheque guardería que recibía Lucía Figar. “Un hueso”, según declaró ante el juez. El trabajo de la empresa consistía en crear una especie de periódicos ‘zombies’ que solo publicaban noticias positivas de los políticos y que intentaban posicionarse por encima de las publicaciones reales que hablaban de las citadas informaciones. Esos trabajos se habrían camuflado en los contratos como de servicio a la Administración.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al todavía consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y a la titular de Educación, Lucía Figar, en una nueva fase de la Operación Púnica. El magistrado ha iniciado una nueva fase de la operación contra el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de comisiones dirigida por Francisco Granados que afecta a cinco cargos del PP en ejercicio.

El primero de los nuevos imputados en declarar será el diputado del PP Mario Utrilla, el 11 de junio. Su compañero de bancada, José Miguel Moreno, lo hará una semana después, el 18 de junio. El consejero murciano de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, se sentará ante el juez el 22 de junio. Los últimos serán Lucía Figar y Salvador Victoria, el 26 de junio.

Ninguno de ellos figuraba como candidato en las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo. Sin embargo, los cinco imputados tienen la condición de aforados por los cargos que ostentan en funciones. En caso de que no hayan abandonado sus puestos para ese momento -tras la constitución de las nuevas cámaras y gobiernos-, la fecha será retrasada.

Lucía Figar, consejera de Educación en la Comunidad de Madrid, anunció ayer su abandono de la vida política. Se trata de una noticia que ha despertado el júbilo entre amplios sectores de la comunidad educativa al ser la cara más visible de las agresivas políticas del PP contra el sistema público de educación. 

Como ya es tradición dentro del PP de Madrid, alega motivos personales, aunque la sombra de contratos de su consejería con la trama Púnica puede, quizá, haber tenido algo que ver.

La marcha de Lucía Figar puede ser una señal de los cambios que están por venir; pero tampoco podemos olvidar que las políticas  y grupos de presión que ha encarnado harán todo lo posible por perpetuar este modelo si no los detenemos.

¿Qué nos deja Figar tras sus ocho años al frente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid? A grandes rasgos, nos deja un sistema educativo más privatizado y más segregado. 

Durante los años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, el alumnado escolarizado en la escuela pública ha pasado del 60% al 50% en la región, y está por debajo del 40% en el municipio de Madrid. Este proceso de privatización, además, ha coincidido con uno de los periodos de mayor crecimiento demográfico de la región y de su población escolar.  

Entre las distintas vías que la Administración ha utilizado para potenciar los centros de titularidad privada en el sistema, la más destacada ha sido la cesión de suelo para la construcción de colegios en los nuevos desarrollos urbanísticos. En muchos casos, estos centros se han terminado de construir antes que los centros públicos y se las ha dotado de mejores prestaciones, obligando a muchas familias a optar por la educación concertada. 

Las familias de estos nuevos desarrollos, con cierta capacidad económica para poder asumir las cuotas y otros servicios educativos, y en muchos casos sin alternativa pública competitiva, garantizan una clientela segura, amortizando las inversiones realizadas y dando beneficios a los pocos años.

Sólo de esta manera se puede entender el interés que, más allá de la Iglesia Católica, han mostrado empresarios como Arturo Fernández o Florentino Pérez por estos centros. El negocio que se puede hacer con un centro concertado también ha quedado claro con las noticias referentes al pago de comisiones por estas concesiones. Sólo desde las posibilidades de un negocio seguro se puede entender que alguien esté dispuesto a pagar una comisión de un millón de euros por la puesta en marcha de un centro educativo concertado.

No se puede hablar de la privatización de la educación sin denunciar el trasvase de recursos que ha habido de la educación pública a la de titularidad privada mediante la puesta en marcha de desgravaciones fiscales por los gastos en educación privada, a la vez que se disminuía de forma severa el presupuesto de la pública.

El otro gran pilar del modelo del PP ha sido el clasismo educativo, el cual hace referencia a un patrón de comportamiento que acaba relacionando a ciertas clases sociales con determinadas redes educativas. En este sentido, una buena parte de las clases medias y medias altas urbanas se refugia en los centros concertados, donde sus hijos e hijas no tienen que convivir con sectores sociales más humildes o con perfiles sociales más estigmatizados que se escolarizan mayoritariamente en la escuela pública.  

Se trata de una característica educativa heredada del franquismo que, más allá de corregirse, se ha potenciado notablemente durante los años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. 

Una de las herramientas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha al servicio de esta sutil pero eficaz segregación es la supuesta “libertad de elección” de las familias a la hora de acudir al sistema educativo. Esta medida viene precedida o acompañada de otras que le dan contexto, como el distrito escolar único, las pruebas externas con resultados públicos o el desarrollo de una red de centros cada vez más diversos (centros bilingües, Bachillerato de Excelencia…).

Adoptando postulados neoliberales, se ha creado un mercado educativo en el que los centros deben competir y funcionar como empresas mientras las familias se asemejan más a clientes que también compiten por las ofertas educativas más exclusivas para sus hijos e hijas. 

Recientemente, hemos visto una fuerte campaña publicitaria de la Comunidad de Madrid para vender su idea de “libertad de elección” como una especie de nuevo derecho al alcance de todos. En la práctica, se trata de una gran estafa y de una libertad que no existe. Primero, porque son los centros educativos que se encuentran en mejores condiciones los que eligen al alumnado. Segundo, porque no todas las familias parten de la misma posición y, por tanto, no se trata de una competición libre e igualitaria. 

En este modelo neoliberal, el Estado se inhibe como garante de la prestación de un derecho y se deja que las tendencias más perversas de competencia social se impongan en la sociedad a través del sistema educativo. 

Este modelo de “libre elección” se desarrolla en un escenario de asfixia al sistema público. En los últimos años hemos presenciado el ataque injusto por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid al personal docente de la escuela pública, acusándoles de no trabajar suficientes horas, equiparando horas lectivas con horas laborales… Esto ha servido de excusa para aumentar su carga docente, despedir a interinos, precarizar duramente a este colectivo y no garantizar personal de apoyo y sustituciones. Estas políticas han llevado a que la escuela pública esté cada vez más masificada y tenga menos recursos, siendo menos atractiva dentro de esta modelo de “libertad de elección”.

Afortunadamente, el clamor de la marea verde no sólo ha sido un elemento de denuncia, también ha mantenido  la movilización y el orgullo por la escuela pública.

Aparte de estos dos grandes ejes educativos del PP en Madrid, merece especial atención el programa de centros bilingües que se ha puesto en marcha en la región y que el Gobierno regional y el PP utilizan como gran bandera a la hora de defender su política educativa. Si bien somos conscientes de que la enseñanza bilingüe o en lengua no materna es una línea educativa cada vez más difícil de ignorar en el mundo en el que vivimos, tampoco se puede poner en marcha de cualquier manera ni a cualquier precio.  

En Madrid, este programa se ha desarrollado de una manera cuantitativa y con objetivos propagandísticos. El número ha pesado más que la calidad, y cada vez es más urgente poner en marcha medidas de evaluación del mismo y abrir un debate público en el que se analicen todos los pros y los contras del programa. 

La evaluación del programa debe ser pedagógica y analizar los resultados en lengua extranjera, lengua castellana y en el conjunto de asignaturas.  Pero también es muy urgente hacer una evaluación social de este programa. 

Mucho se habla del número de colegios e institutos bilingües y muy poco del porcentaje de estudiantes que no superan el examen de 6º de primaria, que les permite acceder a la sección bilingüe de los institutos que llevan ese título (y que no todo el alumnado cursa) tras haber estado 9 años escolarizados en un colegio bilingüe.

¿Qué grupos sociales se concentran en los colegios bilingües? ¿Qué porcentaje de fracaso hay en el paso de los colegios bilingües a institutos bilingües? ¿A qué grupos sociales afecta más? ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de inglés del alumnado según los distritos y municipios? ¿Qué peso tiene el gasto privado de las familias en el refuerzo educativo de sus hijos e hijas que están en este programa?  Se trata de preguntas que deben tener respuesta y ser conocidas por la sociedad a la hora de valorar la forma en la que se está implantado el programa. Tampoco nos podemos olvidar de la evaluación económica del mismo, de su coste, sus recursos, sus necesidades, o de las cantidades destinadas a las empresas que participan en sus pruebas externas. 

Madrid ha estado en manos del PP desde que esta región asumió las competencias en educación. Y tras analizar brevemente sus principales apuestas educativas podemos concluir que, al igual que ha ocurrido con otros servicios sociales, han generado un modelo en el que la educación no se concibe como un derecho que se debe garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin olvidarse de la satisfacción de los intereses ideológicos, económicos y de poder de la Iglesia española, se ha potenciado su carácter de negocio y se ha dado, gravemente, marcha atrás en los pasos hacia la cohesión social , la igualdad de oportunidades y las posibilidades de movilidad social que se habían puesto en marcha durante el periodo democrático. 

Va siendo urgente un cambio de modelo educativo en el que la escuela pública sea el eje vertebrador de un sistema educativo que se conciba como derecho que se debe garantizar. Un sistema educativo en el que el lema de “Escuela Pública, de todos y para todos” se haga realidad. 

Sabemos que en Madrid faltan plazas escolares en los centros públicos. Hemos visto imágenes de alguno de los 18.000 jóvenes que no tienen plaza en FP. Hemos oído a madres denunciar que su hija o su hijo, entre muchos otros, no tenían una plaza para estudiar Bachillerato en un centro público. Conocemos familias que han peregrinando con el curso empezado en busca de una plaza escolar. Equipos directivos, profes, vecinos, alumnas, alumnos nos cuentan que están en aulas en las que no caben. Nos llegan testimonios de clases con 29 alumnos en Primaria, 35 en Secundaria y hasta de 47 en Bachillerato. Al mismo tiempo se cede suelo público para concertar centros que –lo sabemos– van a segregar por sexo porque unas decenas de familias lo solicitan inscribiéndose en la parroquia, como está ocurriendo en Rivas y en Parla.

Sabemos que –y ello con vergüenza y mucha indignación– en Madrid hay hambre. Hay pobreza infantil. Hemos oído a González decir que este curso habrá 52.OOO ayudas al comedor. Sin embargo, hace apenas tres años, con menos incidencia del paro que en la actualidad, 120.000 menores recibían beca. En este Madrid, todas las familias, hasta las que cobran la renta mínima de inserción, han de pagar una cuota por el comedor.

Hemos visto rastros, rastrillos, ferias, trueques de textos escolares porque dicen que tampoco hay dinero para libros. Conocemos algunas de las decenas de miles de familias, porque son gente como nosotros, que no pueden llevar a su peque a la Escuela Infantil porque las altas tasas se lo impiden. La explicación que dan el presidente de Madrid, Ignacio González y su consejera de Educación, Lucía Figar, a los medios afines es que el “gratis total” acostumbra mal y hace que la gente abuse. Quizás por eso, para no abusar –¿verdad Sr. Wert?– el curso pasado 9.956 estudiantes dejaron las aulas de las universidades madrileñas, cuyas tasas son las más altas de toda España. Mientras tanto, Figar cobra una beca por escolarizar a su hija en un centro privado de élite sin que ello constituya un abuso porque ella, según dicen, está en su derecho.

Sabemos que en 2010 recibía educación compensatoria el doble del alumnado que la recibe este curso. El número de aulas de compensación educativa se han reducido significativamente y algunos programas, como las aulas de enlace, prácticamente han desaparecido. Ni apoyos, ni refuerzos, ni programas de mejora para miles de menores y de jóvenes con rostros que cuentan historias de pérdida, de carencia, de desposesión. Sabemos –porque es de sentido común y porque lo dice la OCDE– que sin atención a la diversidad ese alumnado está condenado a la exclusión educativa, y, a la postre, social. Lejos de remediarlo, bien empezado el curso, el servicio de Inspección recibe órdenes de recontar los estudiantes matriculados o buscar centros en los que se haga algo diferente para acabar con ello, cerrar grupos y suprimir profesorado. Mientras, a pesar de la bajada de matrícula, se mantiene en muchos centros al profesorado de religión a tiempo completo para atender a un solo alumno.

Sabemos que durante los últimos cuatro años se han escolarizado en la enseñanza pública cerca de 70.000 alumnos y alumnas a la vez que se perdían 7.500 puestos de trabajo. Hay menos profesorado para más alumnado. Docentes de todas las especialidades han desaparecido de las aulas, aunque la expulsión del sistema educativo de los profesionales que atienden la diversidad ha sido la más grave, por numerosa y por su impacto en el conjunto del sistema. En las universidades madrileñas se han perdido miles de empleos al no reponerse las jubilaciones o al suprimirse contratos temporales. Se ha perdido el derecho a la formación continua y se niega, al parecer –por innecesario, dicen– el tiempo de preparación de clases o atención al alumnado y a sus familias.

Sabemos que miles de profesoras y profesores son contratados por unos pocos meses para trabajar con jornadas parciales y sin derecho a cobrar el verano mientras que, en estos cuatro años, se ha contratado a nativos de lengua inglesa sin titulación homologada, sin conocimiento del currículo y sin saber español. Y en este contexto desolador han sido nombrados centenares de asesores en la Consejería de Educación mientras se amortizan las plazas de estructura o simplemente no se convoca su reposición.

Sabemos que en Madrid no se garantiza la universalización, ni la igualdad. Nada es para toda la ciudadanía: ni la universidad, ni la FP, ni la educación infantil, ni el inglés, ni la tecnología, ni la música, ni los libros, ni la comida. La desigualdad se multiplica. Y sabemos que, de continuar esta situación, se perderán varias generaciones, como esas otras que ya están condenadas al paro, a trabajos precarios o al exilio.

La situación es –lo sabemos, todo el mundo lo sabe– de emergencia. Cada día que pasa alguien se puede estar quedando en el camino. La actuación ha de ser inminente y hay que empezar por restituir el presupuesto que se le ha arrebatado a la educación, terminando con una fiscalidad regresiva que redistribuye dando al que más tiene para quitárselo al que más lo necesita. Sabemos que hay que derogar los recortes y toda la normativa que legaliza el expolio de las arcas públicas para beneficio de los grupos económicos afines al Partido Popular.

Necesitamos auditar todas las externalizaciones y privatizaciones que se han producido; garantizar el regreso del profesorado y del alumnado desahuciado de las aulas públicas; restablecer la normalidad democrática en el sistema educativo acabando con la normativa que consagra la desigualdad entre familias, alumnado o centros.

Sabemos que es necesario rescatar la educación madrileña del uso partidista, de la codicia y de los fundamentalismos. Sí, sabemos lo que tenemos que hacer: recuperar la educación para que sea de tod@s y para tod@s.

Cuando en 2003 Alberto Ruiz-Gallardón anunció que Ana Botella iría en la lista electoral al Ayuntamiento de Madrid, la noticia trepó a los titulares de los periódicos. La esposa de José María Aznar, el contrapoder de Mariano Rajoy en el partido, se integraba en el equipo del que algunos medios vendían como el dirigente más 'progre' del PP. Hace 11 años de todo aquello, pero este martes, oyendo a Botella anunciar con una sonrisa que no se presentará a las próximas elecciones municipales, aquellas imágenes parecen casi en blanco y negro.

El equilibrio de fuerzas dentro del Partido Popular ha sellado el destino inmediato de Ana María Botella Serrano. Y para comprobarlo basta con repasar la situación actual de los protagonistas de aquella noticia. La influencia de Aznar en la dirección del PP es hoy casi inexistente. Quedó de manifiesto en la ausencia de Mariano Rajoy –su antiguo delfín– en la presentación de su último libro y en que nadie lo invitó a hacer campaña en las últimas europeas.

Gallardón ha dejado su imagen de moderado bien atrás, y en su papel de ministro abandera la reforma de la ley del aborto, la limitación de la justicia universal o la aplicación de tasas judiciales. Por su parte, Esperanza Aguirre, que ya convertida en 'lideresa' del PP madrileño libró con Gallardón una batalla política sin cuartel –una pelea en la que Botella ofició de contrapunto por su conexión con el sector más conservador del partido– ahora suspira por la candidatura a la alcaldía, de la que la alejan intereses ocultos.

Botella, sonriente, relajada por una vez, da por finiquitada su fulgurante (y estrellada) carrera política en una comparecencia sin preguntas. La comunicación, es verdad, nunca fue su fuerte. Al principio se achacó a su inexperiencia –estaba acostumbrada a moverse en los círculos de poder como primera dama pero no a la exposición pública– pero con el correr de los años se hizo evidente que los nervios escénicos sumados a su carácter explosivo (y una memoria que flaquea, según muchos de sus colaboradores) no la convertían en una gran promesa ni para el partido ni para la ciudad.

Manzanas, peras y mendigos

De su etapa como concejal de Servicios a la Ciudadanía se recuerda su polémica propuesta de 'limpiar' de mendigos la ciudad y la ya mítica metáfora de las peras y las manzanas para explicar su oposición a los matrimonios homosexuales. Eso sin contar con los 14,5 millones de euros que gastó en trasladar su despacho al exclusivo barrio de Salamanca.

Más tarde, al frente del Área de Medio Ambiente, Botella se enfrentó a su primera crisis de gestión: la capital tenía un grave problema de contaminación, cuyos niveles superaban los límites legales. Tras la presentación oficial de un profuso paquete de medidas, la concejal accedió a “aclarar” los detalles que no venían en las diapositivas del power point. Detrás de ella, un técnico seguía atento aquella conversación informal. Tras despedirse de los periodistas, el técnico aguantó a pie firme. Tímidamente deslizó que los detalles ofrecidos por Botella eran... “inexactos”. En realidad, no coincidían en lo más mínimo. Parecía que no se hubiera leído el documento.

Sí se había estudiado el informe sobre la fauna del río Manzanares que dio lugar a una de sus intervenciones más hilarantes, convertida en éxito de Youtube bajo el epígrafe 'gaviotas reidoras'.

Esto ocurrió meses antes de que la mujer de José María Aznar aferrara el bastón de mando de Madrid, heredado de un triunfador Gallardón que dejaba la ciudad para formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy. La coyuntura económica, sin embargo, no era la mejor. Y la responsabilidad de gobernar una ciudad de 3,1 millones de habitantes dejó al descubierto sus flaquezas.

Privatización del Gobierno municipal

Su gran legado político serán los llamados contratos integrales. Una manera de gobernar a base de gigantescas adjudicaciones que agrupan muchos servicios. Plena subcontratación de la labor de gobierno local, da igual qué: educación, limpieza, movilidad, urbanismo... El objetivo, pagar menos. La estrategia: convocar concursos de muchos millones de euros (sólo aptos para grandes empresas) en los que se juntan diversas labores de competencia municipal.

Esta fórmula ha parido el famoso contrato de limpieza de calles que llevó a la huelga a los operarios el año pasado (y a Madrid al estatus de basurero incontrolado). Ahora ha desembocado en una etiqueta en Twitter #MadridDaAsco para ilustrar las estampas de suciedad reseca y acumulada durante el verano.

Pero también se subastó con este sistema el cuidado de parques y arbolado de la ciudad. Casualidad o no, la capital lleva tres meses con quejas por desplome de ramas y árboles enteros. Dos personas han muerto por sus impactos.

Tampoco ha quedado a salvo de esta dinámica la enseñanza de los más pequeños. Las escuelas infantiles de 0 a 3 años regentadas por el Ayuntamiento han ido pasando por nuevas adjudicaciones en las que el criterio económico prima por encima de cualquier otro. El lema es que cuanto más ahorren las empresas a los pagos del presupuesto, mejores escuelas son.

Y la batería de megacontratos se ha cerrado con la recogida de basuras, que va camino de adjudicarse a otra gran contratista, que ha ofrecido una rebaja cuantiosa del precio de sus servicios –lo que hace barruntar a los trabajadores que serán la pieza sobre la que se sustenten los recortes–. Si a los desperdicios en las aceras se le suman bolsas de basura, la etiqueta tuitera gozará de largo aliento.

'Relaxing' definitivo

La todavía alcaldesa tiene fama de no dejarse ayudar. Pero en Argentina, cuando se lanzó a defender la fallida candidatura de Madrid como ciudad olímpica para 2020, sí que tenía una corte de asistentes bastante nutrida. Nacionales y extranjeros. En nómina del Ayuntamiento y contratados como consejeros externos. Todos miraban la pantalla que retransmitía su discurso en una sala cercana al hotel del Comité Olímpico Internacional. “¿Relaxing cup of café con leche?” sonó por los altavoces. La audiencia ajena al equipo municipal quedó un tanto estupefacta. Al darse la vuelta buscando las miradas evaluadoras del equipo asesor se encontraron esta respuesta: “Muy bien. Es la vez que mejor le ha salido. La más natural”.

Ana Botella se enfrenta, desde este martes, a ocho meses de Gobierno, hasta las próximas elecciones municipales, como alcaldesa y cadáver político a la vez. Ocho meses al frente de una ciudad, bastión del PP desde 1991, que el partido ve riesgos de perder en los comicios de primavera. Y que tiene más de una candidata en liza. Su salida, es verdad, relaja las tensiones internas para decidir un candidato. Un último servicio al partido, un quiebro para evitar un batacazo electoral seguro o un gesto de cansancio. Da igual. El 'relaxing cup' ahora mismo se lo beben en casa de los Aznar. Y en Génova. Y en Moncloa.

Nadie lo sabía en el partido. Sólo el presidente, Mariano Rajoy. Pero a casi ninguno en el PP le ha pillado por sorpresa. Desde que llegó a la alcaldía de Madrid, Ana Botella se ha visto discutida tanto dentro como fuera del partido. Su ascenso, propiciado por su antecesor, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nunca gozó de la confianza de destacados miembros del PP madrileño, que siempre reconocían que Botella no era “un referente del PP en Madrid; Ana no es Alberto”, y afeaban sus intervenciones en público: “La gestión del Madrid Arena fue fatal, con escapada a un spa incluida; el fracaso olímpico y el relaxing, de vergüenza ajena; y que una huelga de barrenderos tuviera repercusión internacional es inaudito”. Todo ello, en dos años y ocho meses.

“Botella no necesitaba la alcaldía para nada, y era un sufrimiento para ella estar todos los días en boca de los demás, con risas incluidas entre los compañeros del partido, sin apenas apoyos internos. No es una sorpresa que no repita”, explican en el PP, donde manejan unas encuestas propias para la alcaldía tan demoledoras para el PP y Botella como las que se han publicado en los medios de comunicación desde que llegó al cargo. “Ana Botella siempre ha hecho lo mejor para el Partido Popular”, ha tuiteado Esperanza Aguirre tras conocerse la renuncia de la alcaldesa a repetir.

Por primera vez desde que Gallardón llegó a la alcaldía de Madrid, en 2003, los aguirristas, que dominan el PP de Madrid, vislumbran la posibilidad de hacerse con el Ayuntamiento de la capital, único municipio que no controlan del centenar largo en manos del PP en la comunidad de Madrid. Pero no lo tendrán fácil: la consolidación de Ignacio González como posible candidato para el Gobierno regional supone un freno a las aspiraciones aguirristas. “Rajoy puede permitir que Aguirre y los suyos tengan una de las dos administraciones, pero no las dos”, afirman en el PP: “El tándem Aguirre-González es muy, muy improbable. Además, Aguirre ahora está en un momento delicado, con un proceso judicial pendiente [por su fuga de unos agentes de movilidad]”.

Eso sí, en todo caso, se da por hecho entre los populares que a Aguirre le seduce la idea de ser candidata, le alienta saberse una de las preferidas por la militancia y le encantaría que Rajoy se lo pidiera. Pero esta posibilidad parece poco probable, tanto como que la presidenta del PP madrileño vaya a dar una batalla abierta por ser elegida. No obstante, algunos en el PP deslizan la posibilidad de que, después de lo mucho que ha defendido las primarias, convoque una consulta, aunque no sea vinculante porque no está previsto en los estatutos, “para presionar a Rajoy”.

El 17 de septiembre de 2012 Aguirre afirmó que dejaba “la primera línea política”, decisión que no tenía “marcha atrás”. Este martes, en la SER, González ha dicho de ella: “Sería una buena candidata si quisiera”.

La carta de Santamaría

Junto a Aguirre, cobra fuerza el nombre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, si bien algunos atribuyen a Gallardón que circule su nombre: “Quiere quitársela del Ejecutivo, donde ha frenado su reforma del aborto sistemáticamente, y así poder ganar fuerza en el Gabinete”. A otras fuentes del PP, sin embargo, les cuadra la jugada: “Soraya es joven [cumplió 43 años en junio] y tiene difícil a corto plazo crecer dentro del Gobierno. Si las encuestas internas le dan bien, ser alcaldesa de Madrid uno o dos mandatos, donde podría acumular capital político, representaría un trampolín para ella para volver a la política nacional con más aspiraciones”.

La otra dirigente que tiene buena imagen entre sus votantes es Cristina Cifuentes. La delegada del Gobierno en Madrid ha logrado una notable proyección pública desde que accedió al cargo tras la llegada de Rajoy a La Moncloa. Cifuentes ha expresado muchas veces que no tiene ambiciones más allá de su actual cargo, pero, como ocurriría con la vicepresidenta, su futuro político depende únicamente de Rajoy. “No voy a entrar en el asunto de las candidaturas, porque creo que entrar por mi parte en estos momentos en este debate lo único que contribuye es a que haya personas se pongan nerviosas. No quiero que nadie se ponga nervioso conmigo, todo lo contrario”, afirmó Cifuentes recientemente.

Desde la barrera, algunos señalan a una posible tapada, Lucía Figar. La consejera de Educación tiene a su favor que, a pesar de pertenecer al equipo de Aguirre y González, está bien vista en Génova. En su contra, la falta de notoriedad. “Necesitas a alguien muy conocido, y a Lucía no la conocen ni los directores de instituto”, explican dentro del PP.

Pero ni Sáenz de Santamaría, ni Aguirre, ni Cifuentes, ni Figar son dueñas de su destino. La candidatura del PP a la alcaldía de Madrid es cosa de Rajoy –y no tanto de la providencia en la que cree Aguirre–, incluso quién llegaría a ser alcalde, si al final el Gobierno reforma la ley electoral y el PP logra mayoría simple. El propio Rajoy comunicó este lunes a sus compañeros que no tengan prisas, que no había urgencia para la elección de los candidatos, decisión que puede prolongarse hasta abril, la fecha límite de acuerdo con la legislación. No obstante, dentro del PP creen que la marcha de Botella puede tener consecuencias: “¿Rajoy puede permitirse tantos meses sin referente político en la capital de España? Puede ser, su carácter es de esperar hasta el final, pero quizá la renuncia de Botella precipite la decisión y tengamos candidato antes de que acabe el año”.

Menos impuestos para incentivar una economía, la madrileña, con 508.153 parados registrados en las oficinas de empleo, según los datos conocidos este martes. Es la receta clásica de Esperanza Aguirre, y también de su sustituto al frente de la Comunidad de Madrid desde hace dos años, Ignacio González. Y es la credencial que exhibirá este jueves en el debate del estado de la región, como el eje fundamental con el que quiere sentar las bases para ser candidato del PP a la Comunidad en mayo de 2015.

La intención es trasladar el mensaje de que Madrid ha sido una 'buena alumna' los últimos años y ha cumplido con la receta de la austeridad para equilibrar las cuentas autonómicas, lo que le permitirá ahora encarar los próximos años con mayor optimismo. “La gente necesita buenas noticias, tener la sensación de que ajustarse el cinturón ha valido la pena”, resume un colaborador cercano a González.

Por eso, el delfín de Aguirre volverá a la senda marcada por su antecesora, y desde en la Asamblea anunciará nuevos proyectos. O proyectos 'revisitados'. Por ejemplo, el del Campus de la Justicia, que tras disolver la empresa pública que gestionaba el proyecto –y que ha enterrado ya más de 120 millones de euros– volverá a la fórmula de la concesión a empresas que se encarguen de construirlo. La idea de un complejo low cost ya había sido vendida por Aguirre en 2012. El Gobierno calcula que puede sacar a concurso por 30 años las sedes judiciales con el presupuesto que actualmente destina al alquiler y mantenimiento de edificios para sus órganos de Justicia: 40 millones de euros.

Con la intención de hacer olvidar el gran fracaso de esta legislatura: la privatización sanitaria –frenada por la marea blanca en la calle y, sobre todo, en los juzgados– González retomará el tema. Esta vez para anunciar que el hospital fantasma de Collado Villalba se inaugurará casi cuatro años después de acabarse. El edificio, que está cerrado desde que acabó su construcción, en 2011, cuesta a los madrileños 900.000 euros al mes en mantenimiento.

Otro de los estandartes de Aguirre, la educación, saldrá a escena también en el debate. La Comunidad creará una asignatura de programación informática para los alumnos de la ESO. “El objetivo es que cuando acaben ese nivel tengan nociones de robótica, sepan crear páginas web, aplicaciones para móviles y tablets, juegos electrónicos...”, resume un portavoz del Gobierno. Esta materia ya empezará a impartirse este curso (aunque no se haya hecho público su contenido a pocos días del inicio de curso) en 15 institutos. El año que viene se introducirá en todos, en 1º y 3º y al siguiente en 2º y en 4º. González ofrece así un gesto a los padres después de un año de protestas constantes y ante un inicio de curso amenazado por el enfrentamiento con los profesores y las familias a causa de los recortes.

Menos impuestos

González ya se adelantó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando hace un año anunció en este mismo escenario una rebaja de impuestos: el tramo autonómico del IRPF se redujo en 0,4 puntos, el de transmisiones se quedó en el 6% y se rebajó un 25% el impuesto de actos jurídicos documentados.

El PP madrileño intenta hacer de la rebaja de impuestos su bandera política y electoral, hasta el punto de enfrentarse con el Gobierno central en repetidas veces por este asunto, al igual que con la aplicación de la doctrina Parot, la excarcelación del preso etarra Uribetxebarria y la financiación autonómica. Con todos estos elementos, Ignacio González ha intentado construir un perfil propio, pero en sintonía con el legado de Esperanza Aguirre.

Algunas de las apuestas del Gobierno regional sí han fallado: Eurovegas, el megacasino proyectado por el magnate Sheldon Adelson, el ERE de Telemadrid y su privatización, y los Juegos Olímpicos de 2020 –proyecto encabezado por la alcaldesa de la capital, compañera de partido, Ana Botella–. Por el camino, las disputas con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, otro referente del PP madrileño, han sido habituales: ya sea por las manifestaciones en Sol, la instalación de una pantalla gigante para la final de la Champions y la política de información en relación con algunos sucesos.

Quedan nueve meses para las elecciones autonómicas y municipales, e Ignacio González es el único dirigente del PP que ha expresado abiertamente su deseo de presentarse a las elecciones, que se presentan con encuestas desfavorables y con la incógnita de si se concretará una hipotética candidatura de convergencia de diferentes fuerzas de izquierda que pueda desbancar a alguno de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE.

Ante esta tesitura, el PP afronta el último tramo de la legislatura con las dudas de sus cabezas de lista, y con la seguridad de que esas dudas no se despejarán hasta que Mariano Rajoy lo decida, poco antes de las elecciones de mayo de 2015, mientras que el resto de partidos tiene previsto hacer primarias.

Un feudo en peligro

El Partido Popular acumula dos décadas de poder casi absoluto en Madrid –desde 1991 en el Ayuntamiento de la capital y desde 1995 en la Comunidad– y, por primera vez en todo este tiempo, vislumbra la posibilidad de verse fuera de las principales instituciones. El PP logró en las últimas elecciones europeas el 29% de los votos en la Comunidad y el 32% en la capital, casi 20 puntos menos que en las últimas elecciones locales, en mayo de 2011. Un resultado electoral que visualizó, además, que el PSOE no ha tocado aún fondo en Madrid y que Podemos fue la tercera fuerza más votada, por delante de UPyD e IU.

Génova puede conformarse con que una de las dos grandes instituciones esté controlada por el PP madrileño, pero no renunciar a las dos, y ese es uno de los principales riesgos para la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre y los suyos: si Rajoy cede en el Ayuntamiento, en ningún caso lo hará con la Comunidad, y en este escenario quien tiene las de perder es, precisamente, el único que ha dicho que quiere ser candidato: González. En todo caso, el Ayuntamiento es la institución que está más huérfana, toda vez que dependía de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia desde enero de 2012, mientras que en la Comunidad está instalado el equipo de Aguirre.

La presidenta del PP madrileño se ha expresado a menudo a favor de las elecciones primarias para elegir candidatos. De hecho, quien ahora es portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, recogió firmas en 2008, en vísperas del congreso de Valencia del PP, a favor de las primarias en el PP. Ahora bien, ¿se atreverá Aguirre a convocar las primarias que tantas veces ha reclamado en Madrid? Los estatutos del PP establecen que el partido regional propone candidatos y el partido nacional los dispone. Si Aguirre convocara unas primarias, que no están previstas en los estatutos y, por tanto, serían consultivas, ¿cómo podría Génova nombrar un candidato distinto al que ha ganado?

Andaos con ojo, si lo que queréis es ponerme nerviosa, vais listos..., ha venido a decir Ana Botella. Tras décadas de matrimonio con José María Aznar, nada hay en este mundo que pueda ponerla tensa. Es la mujer nofrost. Cuanto más le quieran mover la silla, más tranquila se irá a ese spa portugués que reserva para las grandes ocasiones. Lo imposible ha sucedido, Mariano Rajoy parece haber encontrado a alguien tan resistente que él mismo. A Ana Botella no la saca de su palacio de princesa de Madrid ni la pareja de la Guardia Civil.

Cuanto más cae el Partido Popular en las encuestas, más nombres se incorporan al casting de heroínas conservadoras capaces de enamorar de nuevo a un votante popular de quien todas las encuestas dicen que anda muy enfadado. Dado que no le van a devolver ni su voto, ni su dinero, el votante conservador tiene ganas de hacer sangre, y ya no se chupa el dedo tanto como antes.

Primero irrumpió Esperanza Aguirre, la yayotoyota indignada. Se presentó como la liberal con mano de hierro capaz de poner fin al reinado de terror de los agentes de movilidad del ayuntamiento. Pero tras un arranque fulminante, la lideresa se ha desinflado un poco. Ella solo juega cuando está segura de ganar y las encuestas dicen que eso ya sólo lo garantizaría la caída de otro asteroide que acabe con los votantes de izquierdas igual que con los dinosaurios.

Luego hizo el paseíllo la consejera Lucía Figar, azote de herejes y paladina de la educación separada en guetos sexuales. Sólo fue un entretenimiento para despistar y poner nerviosa a la alcaldesa. Pero a fuerza de golpes, Ana Botella ya se ha convertido en una depredadora política avezada. La sparring le duró menos que un caramelo a la puerta de un colegio.

Cuentan que en el partido muchos intentaron convencer para que candidatase a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta Maravilla. Ella no ha llegado donde ha llegado a base de hacer gilipolleces, así que naturalmente nunca quiso, ni dio a entender que quisiera. Pero en este caso la alcaldía de Madrid resulta accesoria. El objetivo es apartarla de Moncloa como sea. Su amiga de la muerte, María Dolores de Cospedal, no perderá ocasión de susurrar al oído de Rajoy lo bien que luciría Soraya en el cartel de Madrid.

Cristina Cifuentes, la delegada Robocop, siempre ha estado ahí, haciendo guardia. Ha convertido cada protesta ciudadana en un acto de su campaña para la alcaldía. Ella siempre ha estado convencida de que el camino hacia el poder municipal venía escoltado por antidisturbios. Tras dar a entender que lo de las protestas ya lo ha arreglado ella a base de hostias, adopta ahora ese aire misterioso de “sé algo que vosotros no sabéis, pringados”, y dice que no va a entrar el el asunto de las candidaturas “para que nadie se ponga nervioso”. Que en cristiano quiere decir: “Mariano, soy tuya. Si me quieres, nomíname ya”.

El casting no ha terminado. Ninguna convence del todo y para que la trampa de que sea el alcalde el más votado funcione, primero hay que ser el más votado. Si tienes ganas, eres emprendedora, te apetece y no te da miedo Ana Botella, manda tu currículum. En el Partido Popular hay una alcaldía esperando candidata.

Ana Botella, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Lucía Figar... Incluso Soraya Sáenz de Santamaría. El baile de nombres en el PP para la candidatura en el ayuntamiento de Madrid no cesa. Y en las últimas horas ha cogido ritmo: “Hay una frase: sólo hay que tener miedo a tener miedo y afortunadamente he tenido la suerte en mi vida de que no tengo miedo a nada... no tengo miedo”. Así responde la alcaldesa de Madrid en una entrevista difundida por Europa Press este lunes –si bien no se especifica en qué momento fue realizada– cuando se le pregunta si teme que alguien de su partido pueda ocupar su puesto.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ante la posibilidad de entrar en alguna carrera para las candidaturas ha contestado a Efe: “No voy a entrar en el asunto de las candidaturas, porque creo que entrar por mi parte en estos momentos en este debate lo único que contribuye es a que haya personas se pongan nerviosas. No quiero que nadie se ponga nervioso conmigo, todo lo contrario”. Cifuentes, aclaraba, no se refería a Botella ni a González, sino a sus “equipos” y “entornos”.

El Partido Popular acumula dos décadas de poder casi absoluto en Madrid –desde 1991 en el ayuntamiento de la capital y desde 1995 en la Comunidad– y, por primera vez en todo este tiempo, vislumbra la posibilidad de verse fuera de las principales instituciones. El PP logró en las últimas elecciones europeas el 29% de los votos en la Comunidad y el 32% en la capital, casi 20 puntos menos que en las últimas elecciones locales, en mayo de 2011. Un resultado electoral que visualizó, además, que el PSOE no ha tocado aún fondo en Madrid y que Podemos fue la tercera fuerza más votada, por delante de UPyD e IU. Al igual que en el PP, el resto de partidos aún tiene en el aire sus candidatos: la diferencia es que el del PP dependerá sólo de la voluntad de una persona, Mariano Rajoy, y el resto hará primarias.

“Lo que se vio el 25 de mayo es que muchos votantes del PP se quedaron en casa”, reflexionan los populares. “Por eso, en Madrid necesitamos un candidato ganador, y hoy por hoy es Aguirre”. El nombre de Aguirre, quien no ha expresado públicamente su intención de disputar la alcaldía a Botella –si bien estaría encantada de ser candidata si se lo pidiera Rajoy–, nunca ha desaparecido de las quinielas en el partido que preside, el PP madrileño. Ni siquiera después del incidente con los agentes de movilidad a los que dio esquinazo después de que le pidieran la documentación tras multarle por aparcar en un carril bus.

La opción Aguirre, líder indiscutible del PP madrileño, pasa no sólo por que Rajoy se lo pida, sino también porque el presidente del Gobierno haga ver a Botella que es mejor que no se presente a las elecciones. Desde el fiasco del BiciMad, hasta la huelga de barrenderos de repercusión mundial, pasando por su 'relaxing cup' o la escapada vacacional a Lisboa durante la crisis del Madrid Arena, la esposa del expresidente Aznar tiene bastante difícil seguir en el cargo.

Y eso, si pasa, que Rajoy recoloque a Botella, no ocurrirá hasta la víspera de las elecciones, cuando el presidente tenga todas las encuestas en su poder y vea qué le interesa más. En todo caso, hoy por hoy, el PP está más interesado en conservar el Gobierno regional que el municipal, y para el Gobierno regional, en estos momentos, sólo hay un candidato, Rajoy mediante: el actual presidente, Ignacio González, hombre designado por Aguirre para sucederle y enfrentado, como la expresidenta, con Moncloa por asuntos que en el PP madrileño se consideran fundamentales: impuestos, política en relación con ETA y el mundo abertzale y la financiación autonómica. Tres ejes que no han dejado de denunciarse desde la puerta del Sol desde que Rajoy llegó a Moncloa. Por otro lado, en este año y medio que lleva González al frente de la Comunidad, ha sufrido la espantada de Eurovegas y el revés judicial por la privatización sanitaria, que enterró hace meses el Gobierno regional para que no afectara en época electoral; algo que no podrá hacer con el ERE de Telemadrid, aún sin zanjar.

Génova puede asumir que una de las dos grandes instituciones esté controlada por el PP madrileño, pero no las dos, y ese es uno de los principales riesgos para Aguirre y los suyos: que si Rajoy cede en el ayuntamiento, en ningún caso lo hará con la Comunidad, y en este escenario quien tiene las de perder es González. En todo caso, el ayuntamiento es la institución que está más huérfana, toda vez que dependía de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia desde enero de 2012, mientras que en la Comunidad está instalado el equipo de Aguirre.

Si no es Aguirre, ¿quién más puede ser candidato ganador? Cifuentes dice que no quiere hablar de candidaturas, pero todos saben que sale bastante bien colocada en las encuestas internas del PP: ha trabajado con Gallardón, luego con Aguirre y ahora está en el Gobierno, por indicación de Soraya Sáenz de Santamaría, otro de los nombres que circulan entre miembros del PP como hipótesis para la alcaldía. “¿Y si Rajoy no se presenta en 2015? ¿Y si designara a otro, Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo? En ese escenario, dejaría el país mejor de lo que se encontró y situaría a un peso pesado de su total confianza para las municipales. Soraya puede ser una tapada”, explica una fuente, quien reconoce que otra tapada –ya no tanto–, es Lucía Figar, la consejera de Educación, quien tiene la virtud de ser dirigente del PP madrileño y estar bien vista en Génova.

La presidenta del PP madrileño se ha expresado a menudo a favor de las elecciones primarias para elegir candidatos. De hecho, quien ahora es portavoz del PP en la Asamblea, Iñigo Henríquez de Luna, recogió firmas en 2008, en vísperas del congreso de Valencia del PP, a favor de las primarias en el PP. Ahora bien, ¿se atreverá Aguirre a convocar las primarias que tantas veces ha reclamado en Madrid? Los estatutos del PP establecen que el partido regional propone candidatos y el partido nacional los dispone. Si Aguirre convocara unas primarias, que no están previstas en los estatutos y, por tanto, serían consultivas, ¿cómo podría Génova nombrar un candidato distinto al que ha ganado? La lucha de legitimidades sería difícil de gestionar. Al mismo tiempo, si Aguirre convoca primarias y se presenta, ¿quién se atrevería a competir con ella?

El baile, con sus “nervios” y sus “miedos”, acaba de comenzar.

No es afiliada a ningún partido, pero por casualidad y tras un debate televisivo, la recién estrenada presidenta de Madrid –postamayazo–, Esperanza Aguirre, la llamó para encargarse de las universidades de la región. “No pude decir que no”, asegura. Así en 2003, Clara Eugenia Núñez asumió la Dirección General de Universidades e Investigación madrileña. Una experiencia que relata, no sin polémica, en su libro Universidad y ciencia en España. Claves de un fracaso y vías de solución (Gadir), en el que analiza los fallos del sistema y en el que ninguno de sus protagonistas (profesores, rectores, sindicatos y responsables políticos) sale indemne.

La carrera política de esta profesora de Historia Económica en la UNED, y doctora en Historia por la Universidad de Nueva York y en Economía por la de Alcalá de Henares, ha estado marcada, durante sus años en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el enfrentamiento con los rectores. Entre ellos, Ángel Gabilondo, que estaba al frente de la Universidad Autónoma y se convertiría después en ministro de Educación durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Otro enfrentamiento, esta vez con la nueva consejera de Educación de Aguirre, Lucía Figar, acabó con sus días en la gestión de la Educación Superior en Madrid y truncó el desarrollo del proyecto del que se siente más orgullosa: los IMDEA, centros de investigación avanzada y formación de investigadores.

Figar, explica, se cargó de un plumazo sus logros para volver a la “política de amiguismos”. Impulsora de las becas de excelencia y de una reforma en la financiación de los centros por objetivos –en la dirección en la que camina el actual ministerio de José Ignacio Wert–, asegura que las universidades públicas españolas no están a la altura ni responden a las necesidades del país.

Asegura en su libro que el problema de las universidades españolas no se soluciona con gasto público. Algo que choca bastante con la actual situación de crisis y de asfixia presupuestaria que viven los centros universitarios.asfixia presupuestaria que viven los centros universitarios.

Una cosa es que hoy digan los rectores que están asfixiados, y lo hacen porque el presupuesto ha pasado de unos 1.200 millones en 2009 a menos de 900 millones hoy. Tienen que ajustarse a menos ingresos y las tasas no lo han compensado completamente. Pero yo creo que el problema de la universidad no es exclusivamente económico. Cuando algo funciona mal, probablemente también haya cosas que mejorar en el diseño de cómo estamos haciendo las cosas.

La reforma universitaria que está sobre la mesa parece ir hacia el modelo de financiación por objetivos que usted defiende.

En la última década creció mucho el dinero que las administraciones daban a las universidades, pero no se exigió nada a cambio. Eso era responsabilidad de los Gobiernos: pedir más calidad, más estudiantes, otras titulaciones…, lo que fuera. Pero se les dio el dinero sin poner objetivos.

Con la educación no somos igual de exigentes como usuarios de lo que somos, por ejemplo, con la sanidad. Quizá porque quien demanda educación, por lo general, es una generación en nombre de la otra, los padres por los hijos, y no vemos los resultados de tener una mala educación hasta mucho más tarde. La sorpresa llega cuando no tenemos trabajo, somos mileuristas o hay que emigrar. Hasta entonces no pensamos si la educación no fue tan buena. ¿A quién le reclamamos entonces?

La financiación del Estado no sólo afecta a las universidades. Muchos alumnos también están ahogados con la subida de tasas y la reducción de las ayudas.

El que las tasas sean más altas no me parece incorrecto. Pero quizá no es el momento adecuado porque las familias se enfrentan a las consecuencias de una complicada situación económica, tasas de paro altísimas y unos impuestos que han aumentado tremendamente.

De una crisis se sale con más educación. Si la inversión en educación tiene que ser algo, es contracíclica. No crecer tanto en tiempos de abundancia y sí hacer un esfuerzo para que todos reciban formación. Dicho esto, la financiación actual de las universidades es regresiva. Si la sociedad lo supiera, pediría un cambio. Y es regresiva porque los que no estudian financian con sus impuestos y trabajos a sus compañeros.

Pero eso pasa con cualquier servicio por el que pagamos impuestos.

La cuestión es por qué vamos a pagar 8 o 9 años en vez de 4, que dura una titulación. Está bien dar el servicio y el derecho a la educación, pero con responsabilidades. Podemos tener 10.000 estudiantes matriculados y una plantilla preparada, pero realmente tenemos 3.000 estudiantes porque 7.000 no existen, no van a clase, al examen no aparecen. Pagan lo que cuesta el curso y no lo utilizan. Entonces hay que ser más exigentes con ellos. Cuando uno paga por el servicio que disfruta, es más exigente consigo mismo y con quien se lo da.

¿Esto se podría modificar con la reforma universitaria que impulsa el ministerio?

Lo importante es que hagamos una reforma no para salir de la crisis, o de un Gobierno, sino pensando en qué está mal y cómo debemos definir ese entorno para que en 10 o 20 años podamos tener universidades del prestigio que corresponde a España por su nivel de renta. Es más, debería ser la última en los próximos 40 años.

¿Y cómo hacer que la universidad responda a esas demandas y necesidades sociales, sobre todo en un contexto de tasas de paro juvenil tan altas?

El mercado laboral quiere gente bien formada, les da igual en qué. No quiere una persona que sólo ha leído apuntes y los ha reproducido. Es verdad que hay modas, pero creo que las personas bien formadas son muy versátiles y capaces de aprender durante toda su vida.

¿Y eso cómo se logra?

Con un buen claustro. Empezando por los rectores.

En su libro les describe como los “jefes de los sindicatos”. ¿A qué se refiere?

Cuando digo que los rectores son la cabeza de los sindicatos, es porque son rehenes de quienes les votan y, en su mayoría, es la población sindicada. Es lógico, porque les resulta más fácil responder a los intereses de un colectivo que a los individuales.

El sistema español es totalmente atípico. En otros países hay un colectivo responsable de marcar las grandes directivas –que aquí sería equivalente al Consejo Social, pero no tiene poder ni representatividad ni capacidad de actuación–, que elegiría rectores con un mandato concreto.

Lo primero que habría que hacer es buscar a gente de gran prestigio académico en condiciones de atraer a gente similar, y con la independencia suficiente para poder ser impopular y hacer lo que nadie quiere que se haga.

En la Transición entendimos que la democracia era votar en todas las instituciones. Democracia es el control de las instituciones por parte del pueblo, y la sociedad española no está controlando a las universidades. Las universidades nos autogestionamos con fondos que son de todos.

Uno de los logros más importantes de su gestión política fueron los IMDEA (los centros de investigación avanzada y formación superior de investigadores), que hoy están casi muertos…

Hay algunos que todavía existen. Lo que ha muerto es la idea como tal, es decir, la institución capaz de renovar el entorno científico independientemente del poder político. Y ha muerto por decisiones arbitrarias tomadas por parte de un patrono: la Consejería de Educación.

Seguimos viendo entonces, y a nivel general, el I+D+i como la oveja negra o la hermana pobre.

Una de las grandes penas que tengo desde que dejé la consejería es ver cómo un proyecto, que era para el Madrid del siglo XXI y se basaba en hacer de la ciencia la base de la sociedad del conocimiento y del futuro, se haya torpedeado sin justificación ni razón alguna y sin que nadie se pregunte por qué se ha tumbado. Habíamos creado esa red de centros con esa dinámica, y eso alguien desde el poder político lo ha dinamitado sin dar explicaciones.

¿Se refiere a la consejera Lucía Figar?

Efectivamente. Estoy de acuerdo en que un político puede decidir qué proyecto apoya o no, pero otra cosa es actuar en contra de las normas establecidas y ni siquiera explicar por qué. Supongo que como sociedad también nos falta cultura política para pedir explicaciones porque no somos conscientes de lo importante que es la investigación y lo que nos puede ayudar en el futuro a ser una sociedad dinámica y con capacidad de crear empleo y riqueza.

En su libro describe a Lucía Figar con cierta ironía. Dice que trabajaba al dictado de la prensa, que trataba a sus subordinados con “dureza y altanería” o que no estaba muy puesta en la materia. Y cuenta que la consejera le preguntó “quién le dice a los investigadores qué investigar” y “qué hacen además de investigar”. ¿Se trata de un enfrentamiento personal?

Intento dejar claro que en la primera legislatura cumplimos el programa que teníamos: financiación por objetivos, becas de excelencia, IMDEA... Habíamos conseguido crear una relación de colaboración con las universidades sin depender de que nos cayéramos bien o mal. La consejera tenía cuatro años para consolidar esos logros, con los que la universidad en Madrid no estaría cómo esta hoy. En cambio, esa política se suspendió y se volvió a lo que había antes; es decir, a la no política universitaria.

También asegura que la política en educación en Madrid es de “amiguismos”.

Al menos en la universidad se volvió a la política de los amigos, de te doy o no, de tira y afloja. Eso no es una forma de hacer política. La gestión de Figar ha sido nefasta. Ha destruido sin sustituir por nada, volviendo a la anarquía.

¿Cómo valora la gestión educativa del exministro Ángel Gabilondo, con el que se enfrentó cuando estuvo al cargo de la Dirección General de Universidades?

No recuerdo ninguna decisión que me haya impresionado por parte del ministro Gabilondo. Sí tengo una cierta memoria, y negativa, de un Estatuto del Profesor Universitario que estaba preparando.

¿Qué le ha parecido la tramitación de la LOMCE?

Ya es grave que las leyes educativas cambien tan a menudo. Pero prometer la derogación de una ley no es la forma responsable de hacer oposición.

¿Y la responsabilidad del legislador de hacer una ley con el consenso de la sociedad?

La LOGSE tuvo el consenso necesario para ser aprobada en las Cortes, y eso la hace legítima. Los socialistas, nada más llegar Zapatero, derogaron la del PP. Y ahora, sin estar en el Gobierno, anuncian lo mismo.

Y el PP acaba de hacerlo igualmente…

No, el PP lo ha hecho con su mayoría en las Cortes y después de que le derogaran la que había hecho antes.

El PSOE lo hizo tras ganar las elecciones. Cada Gobierno pone la suya. ¿Es un juego interminable?

Creo que es necesario un consenso básico en educación sobre su objetivo, que es dar formación de la forma más eficaz posible. Otra cosa es que la educación sea un motivo de batalla política.

¿La ley Wert será eficaz?

Yo creo que es a todas luces insuficiente, que no va a cambiar la situación de la Educación Primaria y Secundaria, entre otras cosas porque deja para más adelante el proceso de selección, formación y cualificación del profesorado. La educación será tan buena como los profesores que estén enfrente y el esfuerzo que pongan los estudiantes.