Adelaida Guerrero nació hace 93 años en una casa menuda y arrinconada del barrio del puerto pesquero de Portmán, en el sureste de la Región de Murcia, y ahora –“desde hace ya tantas décadas que he perdido la cuenta”, matiza– se levanta cada mañana, se asoma a su puerta y observa, con una decepción a la que nunca ha logrado habituarse, el único puerto marítimo sin agua del mundo. Ella tiene, dice, la extraña sensación de estar viviendo en el mismo día desde que la playa y la bahía con la forma de una concha y el sonido de los barcos desaparecieron para siempre, arrastrados por la minería de plomo y zinc que enterró el pueblo entero.

A Portmán le han prometido una y otra vez en los últimos 35 años, con el fin de paliar el declive económico que acarreó ese cierre de la actividad minera de la multinacional Peñarroya, y para revertir uno de los mayores atentados ecológicos de la historia del Mediterráneo, que los 60 millones de toneladas de estériles mineros vertidos directamente al mar entre 1957 y 1990 como si fuera un pozo sin fondo serían limpiados; que el agua salada y el tranquilo oleaje volverían a dignificar el pueblo; que la pesca resurgiría otra vez como la principal manera de ganarse la vida; que se atraería, además, el turismo vacacional y las inversiones inmobiliarias.

Menos de 1.000 vecinos, y bajando

En pleno 2025 no se han cumplido ninguna de esas promesas, y el declive económico, lejos de mitigarse, ha avanzado como una enfermedad letal. Tan solo hubo, en 2016, tras largos años de estudio, una tentativa de proyecto de descontaminación de la bahía que resultó estar plagada de errores y que dejó la playa y el mar inaccesibles e invisibles desde la calle por la construcción de tres balsas de seis metros de altura que no sirvieron para nada. Entonces los vecinos tenían el consuelo de que el Gobierno central estaba trabajando a destajo por hacer realidad la promesa más definitiva de todas: el convenio que firmó en 2006 junto con el Ayuntamiento de La Unión y el Ejecutivo regional para dragar la bahía y generar una línea de costa a 250 metros de distancia de la original. Los estériles mineros colmataron el mar 600 metros hacia dentro.

Al fin se iba a recuperar, pensaron todos, una parte de la identidad que siempre hizo especial al pueblo. Pero aquellos trabajos se detuvieron en 2019 sin demasiadas explicaciones, y comenzó una nueva espera, y otro catálogo de estudios, que culminó el pasado 10 de abril con una decisión definitiva. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) descartó la opción del dragado y propuso, sin vuelta atrás, un sellado de los estériles que ya fue rechazado unánimemente por los habitantes de Portmán en 2005.

Los paseos de Adelaida Guerrero por la ensenada del puerto la sumergen en la costumbre nunca asimilada de mirar y no reconocer. Residir en el pueblo se ha convertido en una tarea difícil. En sus años más prósperos llegaron a ser más de 3.000 vecinos. Ahora quedan menos de mil, y bajando. Los jóvenes se marchan porque no hay trabajo. “¿Por qué otros sitios sí se han descontaminado y Portmán no?”, exclama.

El MITECO apuesta por el sellado

Pero esta pregunta, que resuena con eco en las calles desiertas del barrio, no tiene una respuesta sencilla. El 10 de abril se puso fin, con el anuncio del sellado por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a ese sueño vecinal de recuperar la bahía y revertir el desastre consentido por todas las administraciones que estuvieron al mando durante la explotación minera: primero, la franquista; después, la democrática. La decisión de enterrar los estériles cuenta con el amparo de un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). “Aquí hay una mano negra que no tiene interés en que este pueblo vaya para arriba. Al contrario. No hacen más que echarnos a pique. Nos dejan años esperando, sin soluciones, y les damos igual. Yo ya no tengo esperanza”, reitera Adelaida Guerrero, resignada, vestida con un tocado negro de luto. Su marido murió hace 27 años arrastrando las secuelas de un accidente laboral en la mina.

En su casa conserva, enmarcada en el gotelé, una panorámica en blanco y negro de la bahía. En Portmán todo el mundo tiene una foto parecida. Es como esos iconos de santos y mártires antiguos que decoraban antes las casas. Se ven buques de vapor, barcas pesqueras y un humo denso escapando de las chimeneas del principal responsable del problema: el lavadero Roberto. Cuando ella era joven los camiones ya revolvían la tierra inagotable de la sierra y los carros del ferrocarril llegaban solos y como suspendidos en el aire a esa ciudad industrial que extraía el mineral y expulsaba al mar 7.000 toneladas de desechos diarias. Ahora el lavadero es una ruina de ventanales rotos, metales oxidados y techos caídos que nadie se atreve a visitar por miedo a que ocurra la desgracia del derrumbe.

En casi cualquier punto, sea cerca o lejos de la casa de Adelaida Guerrero, el pueblo trata de escapar de una contrarreloj hacia el olvido, con viviendas que se vinieron abajo hace años y muros de hormigón con pintadas de ‘se vende’ muy leves, como asumiendo de antemano que no habrá ninguna llamada. La determinación del MITECO, recalcan fuentes consultadas del Ministerio, ha sido tomada, además de por la imposibilidad técnica de realizar el dragado de la bahía, para no dar lugar a más proyectos fallidos. En las casas que sí están habitadas los portmaneros gritan y escriben y reclaman que el Gobierno está rompiendo el compromiso que adquirió con ellos en 2006.

“Nos sentimos ciudadanos de tercera”

El presidente de la Liga de Vecinos de Portmán, Daniel Portero, explica que ahora, después de décadas de trabajo y espejismos de avances, se ha vuelto al punto de partida, y narra, porque él la vivió en primera persona, aquella mítica manifestación del año 2005 en la que cientos de vecinos conformaron sobre la arena negra de la playa una pancarta humana: “No al sellado”. En esa época, prosigue, el Ministerio había tomado la misma decisión que ahora.

“Pero conseguimos, gracias a nuestra presión, que –el Gobierno– diera marcha atrás y firmara el convenio para recuperar la playa y el espejo de agua que tuvimos toda la vida. Sabemos que el problema de Portmán es único, y entendemos que es difícil extraer los residuos. Pero no aceptamos el sellado como solución. No queremos más engaños. Llevan 35 años haciéndolo. Queremos que se invierta el dinero que haga falta, que se implemente la tecnología necesaria para que no sigamos pisando veneno”.

Daniel Portero recalca un agravio comparativo: que el Ejecutivo apuesta por la opción del confinamiento de los estériles porque pretende evitar una elevada inversión económica en la bahía tanto tiempo después. Las fuentes del MITECO preguntadas al respecto subrayan que el coste del nuevo proyecto “no será menor a 50 millones de euros”.

“Por qué ahora dicen de sellar cuando llevan prometiéndonos tanto tiempo que se va a hacer un dragado. Por qué se empezó ese dragado en 2016. Por qué se cambia de opinión sin importar cómo nos sentimos”, cuestiona Portero. “Es un tema de dinero. Todos los desastres ecológicos de España se han solucionado invirtiendo mucho en ellos, como el Prestige o Aznalcóllar. Pero, al parecer, este no lo merece. Nos sentimos ciudadanos de tercera. Exigimos respeto por los vecinos que han luchado por la descontaminación de Portmán y ya no la van a ver”.

La protesta política y la especulación inmobiliaria

Los científicos contactados por elDiario.es para este reportaje sostienen que en la bahía de Portmán hay tal cantidad de restos mineros contaminantes que dragarlos supondría un riesgo elevado y del todo incomprensible. La intención del Ministerio es que “la solución definitiva esté plenamente perfilada antes de verano y que los trabajos se liciten para que puedan arrancar en 2026”. Ahora hay un plazo de un mes para que las partes implicadas presenten propuestas.

En cuanto Hugo Morán hizo públicas las intenciones del MITECO, la protesta de las administraciones locales fue inmediata: una confrontación política que ahora resuena a todo volumen en el pueblo con un estruendo de megáfonos. “No al sellado. Sí a la regeneración. Vecino, vecina, te necesitamos”. Una furgoneta pagada por el Ayuntamiento vaticina grandes concentraciones de rechazo a la iniciativa del Ejecutivo. La primera de todas se celebró el pasado domingo 27 de abril. Estuvo comandada por el alcalde, Joaquín Zapata (PP), por la Consejería de Fomento de la Región de Murcia y por Vox y su presidente autonómico, José Ángel Antelo. 

La reivindicación obedece a razones financieras. El Ayuntamiento busca la descontaminación completa de los terrenos porque prevé el uso turístico de la zona. No es ningún secreto la intención empresarial de construir urbanizaciones de veraneo, como las que se anuncian en un cartel utópico que aún sorprende junto a las ruinas del lavadero. Si la bahía se sella, el suelo no podría convertirse en urbanizable. 

El primer edil Zapata recibe a este periódico en su despacho y asegura que la decisión del MITECO es “inaceptable” y que condena “la creación de un motor económico en el municipio”. El PP municipal pretende comparecer incluso ante el Parlamento Europeo para explicar la “atrocidad que quiere hacer el Gobierno”. Fuentes consultadas de la Consejería de Fomento regional se oponen, de la misma forma, “rotundamente” al sellado. Ambas administraciones apelan a ese acuerdo “histórico” de 2006.

Dragar liberaría contaminantes

Para saber bien cuál es la mejor solución, si el sellado o el dragado, resulta útil escuchar al catedrático de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, Miquel Canals, que ha estudiado a fondo el problema de Portmán durante años.

“Hay que tener presente”, explica, “que el depósito de residuos mineros de la bahía está fijo y ocupa un espacio concreto y concentrado. En otros casos de contaminación, como el Prestige o Aznalcóllar, los contaminantes se estaban expandiendo, y la cantidad de residuos era mucho menor. Que esté fijo abona la opción de plantear un sellado”.

A partir de esa premisa, Miquel Canals opina que las alternativas de dragado son “excesivamente agresivas”. “Extraer residuos daría lugar a una generación de nubes de material en suspensión cargadas de metales pesados que se expandirían por un área mucho más extensa. Luego habría que secar los estériles para alojarlos en una corta, y ese secado ocasionaría flujos ácidos que se infiltrarían en el terreno. Recuperar algo similar al estado inicial de la bahía no es del todo realista. Hay que pensar en cómo se puede regenerar minimizando los riesgos ambientales”.

El catedrático añade que los contaminantes, que ahora permanecen relativamente estabilizados a nivel subacuático, se liberarían sin control al dragar. Sería algo parecido a abrir un sarcófago de plomo, zinc, cadmio, mercurio o arsénico. El edafólogo José Matías Peñas profundiza en la idea: “Se trata de cambios en la especiación química de los residuos cuando entran en contacto con el oleaje. Eso los haría más solubles y tóxicos”.

El informe del CEDEX que sirvió de apoyo consultivo al MITECO plantea un “dragado mínimo”, de menos de un 0,3% del total de residuos –unas 150.000 toneladas–, sin que retroceda la actual línea de costa, y recomienda un “recubrimiento” del resto de materiales contaminados para evitar que lleguen a pie de playa o se sigan esparciendo por el mar.

Pero, ¿qué es en realidad sellar?

Ante estos condicionantes surge una pregunta: ¿En qué consistiría ese “recubrimiento”? “Sellar no es tapar residuos y ya está”, explica José Matías Peñas. “Es estabilizar el terreno y cubrirlo con capas impermeabilizantes; generar un perfil de playa que permita el baño y las actividades recreativas, con arenas limpias; promover en la zona sellada usos deportivos, campos de golf, chiringuitos, estaciones balnearias o lagunas. Es cumplir con la normativa de residuos. Es aislar los materiales y evitar que sigan contaminando. Dragar de forma masiva implicaría ir contra todas las leyes ambientales”.

“Con el sellado nos podemos quedar razonablemente tranquilos, porque la posibilidad de que haya escapes de metales pesados hacia el agua marina, como sucede ahora y lleva sucediendo años, se va a disminuir en un grado muy elevado”, detalla Miquel Canals.

El experto saca a la palestra otra cuestión, también importante, que no contemplaría el dragado masivo de la bahía: el “ecosistema submarino”. “En torno al 90% de los estériles mineros está bajo el agua y eso hace que la vida en el fondo sea inexistente. La capa superior contará con elementos como arenas, gravas o rocas para favorecer la recuperación de organismos, especies animales y praderas de posidonias”.

Errores pasados y muy visibles

Entre la pugna política de las administraciones locales y la realidad científica con la que trabaja ahora el MITECO, los errores cometidos por el Ejecutivo en la recuperación de la bahía saltan a la vista en cualquier costado de la localidad. Aquel proyecto fallido de 2016 que se paralizó en 2019 –y obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2011 firmada por Teresa Ribera–, terminó por hundir la poca moral que les quedaba a los vecinos. En la playa del Lastre, un cartel blanco escrito con mayúsculas rojas deslumbra a quienes ya se tumban al calor de finales de abril. “11/04/2019. Se paralizó la limpieza y el dragado de la bahía. Después de 29 años esperando. Hasta cuándo”. Las fechas se quedan grabadas a fuego en Portmán.

Ese intento de descontaminación buscaba cumplir con el convenio de 2006 y retrasar la línea de costa hasta los 250 metros, pero resultó ser “una chapuza inviable”, a juicio de José Matías Peñas, en la que se invirtieron cerca de 33 millones de euros.

Únicamente se construyeron las infraestructuras. Josefina Marín pasa su día a día frente a las consecuencias directas de la paralización de los trabajos. A unos pocos pasos de su casa, que hace poco más de medio siglo estaba en primera línea de playa, ahora se perfila la valla kilométrica que protege la nada absoluta: las balsas de secado altísimas, la cinta transportadora que pretendía llevar los residuos, una vez secos, a los intersticios de la sierra, la escollera que provoca cada año la desaparición de la línea de playa.

Cuando sale a su puerta no puede ni ver el mar. “Este desastre”, señala, “nos terminó por fastidiar del todo”. “La obra nos quitó nuestras vistas. El acceso al Mediterráneo. La brisa. Nos han ido matando la esperanza. Dentro de un tiempo, si al final se sella, nadie hablará del dolor que nos produce que la bahía no se vaya a recuperar”.

Entre toda la sinfonía de dilaciones y sueños frustrados hay tan solo una promesa, la más simple de todas, que sí llegó a materializarse. Josefina Marín abre la portezuela de un armario en el comedor de su casa. Afuera intimida siempre la envergadura de la cinta transportadora, la valla como un muro o como la frontera de un país confinado. Agarra de dentro del armario un frasco de cristal. “Nos prometieron que nos lo darían el día en que dejasen de tirar mierda al mar. Lo hicieron, supongo, para que nunca se nos olvidara este crimen. Pero cómo se nos iba a olvidar”.

Dentro del frasco están contenidos los mismos lodos que durante 33 años sepultaron para siempre la bahía. En la parte frontal hay pegada una etiqueta que se desharía entre los dedos con solo moverla. La tinta de las palabras impresas aún resiste a la humedad. “31 de marzo 1990. Fin de los vertidos en Portmán”.

El pasado día 30, en el salón de actos del centro municipal García Alix, de Murcia, se celebró un acto de la campaña ‘Yasunicemos el Mundo’, avalada en España por Entrepueblos, que coordina la gira como aliada internacional de las organizaciones ecuatorianas Yasunidos, Acción Ecológica, Conaie y UDAPT, impulsoras de la consulta popular que ha logrado paralizar la extracción petrolera en una región de la selva amazónica ecuatoriana, el Yasuní.

En los meses de julio y agosto de 2023, Entrepueblos colaboró en la difusión de la campaña de Sí al Yasuní y en la sensibilización e información a la población ecuatoriana que vive en el Estado Español. La actual campaña, que tiene lugar dos meses después de la histórica victoria del SÍ en la citada consulta, busca avanzar solidariamente y a nivel internacional en la transición hacia un modelo ecosocial que proteja la vida y la Naturaleza.

La organización considera que “el resultado del referéndum del pasado 20 de agosto en ese país andino representa un importante logro de la democracia y de la voluntad popular frente a la poderosa industria petrolera”. Además, “señala el deseo de la ciudadanía de un cambio social y político que defienda los derechos humanos y el medio ambiente”

Durante el periplo por el Estado Español, tres personas de Ecuador directamente implicadas en la campaña darán visibilidad a un proceso de diez años que logró unir en torno a la defensa del Yasuní, el lugar de mayor biodiversidad del Planeta, a las organizaciones ecuatorianas y comunidades indígenas que lideraron la consulta. También, buscarán promover el apoyo internacional para que la consulta se haga efectiva en los plazos previstos por la Corte Constitucional ecuatoriana.

El acto de Murcia contó con la presencia del ciudadano ecuatoriano Alberto Acosta, exministro del presidente Rafael Correa, economista, activista y Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que estuvo acompañado en la mesa por María Teresa Vicente, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del Mar Menor, profesora titular de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia; por Pedro Luengo, portavoz y coordinador de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, y por Práxedes Muñoz, de Entrepueblos, que moderó la mesa.

El contexto de la consulta

La campaña ‘Salvar el Yasuní’ ha contado con la colaboración, durante una década, de un grupo de ambientalistas, los Yasunidos, y se conformó tras el giro experimentado en relación a la política petrolera de Ecuador por el entonces presidente Correa. Alberto Acosta recordó que el expresidente abordó en su día, como una política de Estado, la necesidad de proteger la vida de los pueblos indígenas, la diversidad y las reservas de agua dulce y la no emisión de gases de efecto invernadero, lo que le supuso el reconocimiento internacional, incluso del Bundestag alemán.

Ese proyecto, que intentaba evitar la explotación petrolera en el país, se pondría en marcha a cambio de una compensación de 3.600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional. Pero la constatación de que sólo se habían recaudado 13 millones, apenas el 0,3% de lo esperado, llevó a Correa a afirmar que “no era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático. El mundo nos ha fallado”, por lo que reanudó la actividad extractivista petrolera.

A partir de ese momento, y como hemos avanzado arriba, la juventud dice ‘no’, se organiza en el colectivo ‘Yasuní’ y plantea la necesidad de que el pueblo se pronuncie, con una cierta labor obstruccionista del presidente Correa. Se consigue, no obstante, la convocatoria de la citada consulta popular el 5 de mayo de 2023, una lucha de ‘David contra Goliat’, según Acosta, en un contexto en que multitud de grupos interesados inician una campaña de terrorismo económico.

Un espacio de la Biosfera a salvo del extractivismo petrolero

No obstante, después de una década de lucha para salvar el Parque Nacional Yasuní, Ecuador decidió en esa consulta popular celebrada el pasado 20 de agosto, y con la adhesión del 58,9% de los 10,2 millones de ciudadanos que votaron, detener la explotación petrolera en el bloque 43 ITT. Se trata de un hecho histórico, por lo que significa para el movimiento medioambiental y por tratarse de la primera vez que se hace una consulta por iniciativa popular en este país latinoamericano. Con la victoria del sí, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, el Estado ecuatoriano dispondrá de 18 meses, desde la notificación de los resultados oficiales, para ejecutar los resultados de la consulta, se suspende la explotación petrolera actual y no se podrán firmar nuevos contratos para la extracción de este recurso.

El Parque Nacional Yasuní -ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Napo y Orellana- fue declarado en 1989 como Reserva de la Biosfera, según nos aclaró Acosta. Es una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En sus más de un millón de hectáreas alberga más de 300 especies de anfibios y reptiles, casi 400 tipos de mamíferos y 600 especies de aves. Además, es el hogar de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario: los Tagaeri y Taromenane. Acosta nos aclaró que, tras la decisión adoptada por el pueblo ecuatoriano en esa consulta, procede ahora restaurar toda la zona, incluyendo el desmontaje de las instalaciones, por respeto a las comunidades indígenas que la pueblan.

Este político y activista, que en su día creía en las bondades del petróleo, uno de los mayores recursos exportadores de Ecuador que llegó a aportar hasta un 11-12% del PIB del país, o, lo que es lo mismo, el 35% de los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, nos dijo que su país padece la ‘maldición de la abundancia’, lo que propició una buena dosis de clientelismo en las relaciones sociales y corrupción y violencia como condición necesaria.

Enfatizó el hecho de que es la primera vez en el planeta que la sociedad civil plantea la supresión de la extracción petrolera, algo que puso en relación con la ILP del Mar Menor, con especial protagonismo ciudadano, actuaciones ambas que suponen una ‘democracia ecológica’ para poder hacer cosas ‘desde abajo’, pues “es necesario abrir espacios para otro tipo de hacer política”, otro tipo de sociedad, con colaboración Norte-Sur, para construir una Internacional Ecologista.

Precisamente, al día siguiente de esa charla, Alberto Acosta, acompañado de personas de Entrepueblos y de Ecologistas en Acción, giró una visita al Mar y a la Bahía de Portmán, donde pudo comprobar in situ el deterioro de estos espacios naturales por culpa, como en su país de origen, fundamentalmente también de la actividad extractivista minera.

Intervino a continuación en esa mesa de debate María Teresa Vicente, que dedicó gran parte de su intervención a la gestación y desarrollo de la ILP del Mar Menor, aprobada en las Cortes tras conseguir alcanzar más de 600.000 firmas populares, con sólo los votos en contra de tres diputados de Vox, por lo que en el acto del día 30, y en relación con esa ILP y el triunfo de la consulta sobre Yasuní, afirmó que “la Ciencia de Occidente y la cosmovisión indígena se han encontrado”.

Recalcó que esos pueblos indígenas del planeta, cuya cultura “no es nada primitiva”, han sido los maestros de este modelo alternativo que queremos desarrollar para otorgar derechos a la Madre Naturaleza, habida cuenta, afirmó, “que hasta este momento hemos venido cometiendo tres errores históricos: la relación con las poblaciones indígenas, la desigualdad de la mujer y nuestra relación con la Naturaleza”.

Y recordó que, en la Universidad, allá por los años 80, no había diferenciación entre derechos sociales y derechos ambientales, por lo que en la Facultad de Derecho se empezó a estudiar cómo dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. En ese sentido, dijo que “la ILP, redactada desde la Constitución española y el Derecho occidental, ha abierto una brecha para que se entienda que los Derechos Humanos también tienen que ver con el medio ambiente”. Recordó que se ha designado el 22 de abril como el Día de la Madre Naturaleza, y que ya se ha iniciado el camino hacia la Asamblea de la Tierra, lograda en países como Brasil, Colombia, y también en nuestro país.

Por su parte, Pedro Luengo, expuso que también en la Región de Murcia, como en Ecuador, ha dejado su huella el extractivismo minero, a cargo del capital extranjero, impune durante la dictadura franquista con empresas esquilmadoras del territorio y con una explotación a cielo abierto que ha destruido el paisaje. Se centró, como era de esperar, en el desastre ambiental del Mar Menor y de la Bahía de Portmán, con una empresa, Peñarroya, que hasta los años ’90 del pasado siglo estuvo vertiendo estériles mineros a esa bahía, colmatándola.

Esa minería incontrolada, recordó, ha dejado un nefasto legado a las nuevas generaciones de la Sierra Minera, además de que, en su día, fue la causa de muchas enfermedades laborales.

Y, en sintonía con la reivindicación conseguida por el pueblo ecuatoriano en el Yasuní, Luengo recordó que “las luchas que cambian las cosas vienen desde abajo”.

El Llano del Beal es una pequeña población de Cartagena donde viven poco más de 1.300 habitantes, un lugar tranquilo a apenas 10 kilómetros de la costa. En esta pequeña diputación, que se puede atravesar en apenas cuatro minutos en coche, todos los vecinos comparten un inquilino incómodo que lleva más de 20 años instalado en la zona. Se trata de la balsa Jenny, un depósito de contaminantes mineros de más de 1.000 metros, situado a apenas cinco de algunas viviendas.

En 2001 el Gobierno Regional aceptó la cesión gratuita de los terrenos en los que se encuentran estos residuos para proceder a la restauración de la zona. De acuerdo con Ecologistas en Acción, se invirtieron 5.452.12 millones de euros en la descontaminación de la balsa, sin éxito. Tras dos décadas, el Gobierno de la Región de Murcia ha declarado de emergencia las obras y actuaciones para sellar la balsa Jenny, un mes después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena le diese 20 días para cumplir esta medida cautelar.

El cierre de la zona costará 815.000 euros y llevará unos seis meses de trabajo. La obra consistirá en un “sistema de filtro activo de carbonato cálcico con barreras reactivas” y un “sistema de canalización y recogida de aguas pluviales de escorrentía e infiltración que atraviesan la parcela procedentes de la cuenca vertiente aguas arriba, esta canalización estará dotada de lechos de grava caliza”. Adicionalmente, la Dirección General de Medio Ambiente tendría que haber instalado “de inmediato” una valla que delimitase el perímetro de la balsa e impidiese el acceso de personas y fauna al interior del depósito: “No se ha producido ninguna medida práctica ni preventiva y urgentes que el juzgado planteó a la Administración regional, en concreto a la Dirección General de Medio Ambiente”, subraya Pedro Belmonte, miembro de Ecologistas en Acción.

El presidente de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, Juan Ortuño, celebra la imposición de estas medidas para la protección del Mar Menor, pero les preocupa que la contaminación por vía aérea continúe llegando a los vecinos del Llano del Beal: “Las medidas lo único que van a hacer es quitar la acidez del agua, pero los vecinos aún sufrimos la erosión eólica”, explica Ortuño.

Para Belmonte, la balsa Jenny es uno de los grandes problemas medioambientales que tiene la Sierra Minera y de La Unión. El ecologista explica que existen muchas balsas estériles en la Sierra Minera de La Unión, además de balsas ácidas de Zinsa y los fosfoyesos radiactivos de los terrenos de El Hondón: “Para colmatar esto tenemos el problema no resuelto de la bahía de Portmán y la contaminación de nitratos y fosfatos en el Mar Menor”, recuerda Belmonte. “Un súmum de problemas medioambientales que, a nuestro juicio, tienen una arista de salud pública”, describe desde Ecologistas en Acción. “Estos residuos provocan la contaminación de suelos, acuíferos, producen la llegada de metales pesados al Mar Menor y también la dispersión aérea de partículas”, asegura.

“Regalo envenenado”

Durante la descontaminación fallida de la balsa Jenny en 2001 “no hubo vigilancia ni control de la forma en la que se ejecutó el proyecto, independientemente de que fuera mejor o peor”, apunta Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Para el ecologista, la Administración no estableció las medidas para garantizar que el proyecto se ejecutase de manera adecuada: “Se malgastaron cinco millones de euros”.

“La Comunidad aceptó con todas las consecuencias el regalo envenenado de la balsa Jenny. El problema de estas cosas con el tiempo es que, independientemente de la responsabilidad penal, nadie asume su responsabilidad política”, lamenta García, que recuerda que el consejero de entonces, Antonio Cerdá, negó la existencia de la contaminación del Mar Menor y asistió la restauración de la balsa Jenny, “aceptando la donación de los terrenos y ejecutando el demencial proyecto que no se debería haber ejecutado con dinero público, al menos no de forma tan chapucera”.

El naturalista explica que la restauración de las zonas afectadas por la minería es obligación de los titulares de las explotaciones. Si los titulares de las explotaciones mantienen abierta la posibilidad de explotación de un recurso están obligados a tratar todas aquellas superficies que todavía tienen el inventario de recursos aprovechables. “Por sorprendente que parezca estas zonas abandonadas aún tienen la posibilidad de continuar con esa actividad, aunque en la mayor parte de los casos ya no sea rentable. Por tanto tienen la obligación de proceder a la restauración”, zanja García.

Más residuos en Los Blancos

El pasado 11 de mayo el Seprona tomó muestras sobre tres parcelas situadas junto al vertedero de residuos peligrosos Los Blancos, también ubicado en el Llano del Beal. Lo hicieron tras la petición realizada por la asociación Ecologistas en Acción al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena en la causa abierta contra la empresa Portmán Golf por un presunto delito contra el medio ambiente por el retraso de ocho años en el sellado de esta antigua corta minera.

El juzgado ordenó en enero estas diligencias para aclarar si la fuga de residuos mineros denunciada por el Seprona en 2013. Los residuos de Los Blancos proceden de la balsa Jenny, de la que se trasladaron un millón de toneladas de material contaminado a este solar. Nueve años después, se investiga si se ha contaminado suelos agrícolas.

“Leyenda negra” fue el recurso utilizado para desmontar las historias que sobre España rondaban por toda Europa, cuando a los adelantados intelectuales se les ocurría hablar de este país y de todo, bueno malo o peor, teníamos incorporado a nuestra empresa, cultura y cualquier tradición metida en el tuétano.

De leyendas negras y sus consecuencias sabe Pedro López Milán, alcalde de La Unión, que nos recibe en su despacho oficial para hablarnos de una ventana de luz que ayudará a disipar algunas de las sombras y nieblas que sobre la capital de la Sierra Minera siguen circulando.

La semana pasada, viernes 23, tuvo lugar la presentación del proyecto de turismo sostenible para Portmán, el epicentro de uno de los mayores desastres ambientales de esa Europa que tanto ha criticado a España y que, ahora, podría estar a la altura de las circunstancias con la aprobación de los fondos de recuperación “Next Generation”.

Este proyecto, que funcionará como anclaje a la regeneración de la bahía, tuvo como invitados a medio centenar de representantes de la sociedad civil y vecinos de la comarca minera y es visto desde el consistorio unionense como la punta de lanza de un discurso que acelere las perspectivas económicas. Es pues un apuesta conjunta, de la administración pública con el respaldo de la práctica que tanto reclaman las instituciones europeas, la del gobierno abierto y participativo.

Recién llegado del encuentro con la Consejería de Turismo, le preguntamos:

¿Cuál ha sido el recibimiento por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma?

Ha sido bueno, de momento por parte del ITREM (Instituto de Turismo) y los técnicos de la consejería nos están ayudando a perfilar alguno de los aspectos del proyecto. Les parece más que interesante. Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo de empresarios y asociaciones, es un impulso de aire fresco para nuestro futuro y vamos a aportar al cien por cien por conseguir sacarlo adelante.

¿Cuál es el eje principal de este proyecto?

Todavía tenemos que crear una marca, un referencia fácil de identificar, pero lo que tenemos claro es lo que hay que hacer y lo que nunca se debió haber hecho. Estamos hablando de crear rutas de conexión para todo el patrimonio natural, arquitectónico, histórico, arqueológico e industrial, pero también de la rehabilitación de las fachadas históricas del pueblo, de la utilización de los espacios que han podido quedar vacíos, darle un enfoque diferente a la actividad del pueblo.

Esta es la parte que le toca a la administración pública, pero ¿y la iniciativa privada?

Evidente, estamos hablando de crear riqueza, pero una riqueza diferente a la que ha caracterizado a este municipio durante muchos años de su historia. Aportar valor ligado a un turismo de calidad y sostenible. Hemos confirmado una mesa de trabajo empresarial para que las ideas vayan llegando y se incorporen al proyecto porque hay que recalcar que se trata de un proceso completamente abierto. Es la primera vez que podemos obtener este tipo de ayudas por parte de todas las administraciones al mismo tiempo y tenemos un buen historial porque ya tenemos gestión en la recepción de fondos del 1’5% cultural, por poner un ejemplo.

Parece una operación a largo plazo…

Lo es, se están dando los pasos para crear una oferta turística de gran calado, también para Roche, nuestra otra pedanía. Será un cartel atractivo porque sabemos que nuestro municipio tiene muchas fortalezas.

¿Las Administraciones Públicas, gobiernos central y regional, tienen una deuda con La Unión?

Siempre lo he dicho, la tienen, nos deben mucha atención, a La Unión sí, pero sobre todo a Portmán. Para solventar esto nosotros no paramos de hacer propuestas viables, como lo es este proyecto de turismo sostenible que hemos cifrado en un millón de euros. Tenemos claro cual es nuestro camino.

¿En qué momento se encuentra la gestión de la regeneración de la bahía?

Ayer tuve una videoconferencia con el secretario de estado, Hugo Morán, y a primeros del mes de Mayo saldrá en el BOE el pliego para la contratación del nuevo proyecto. Se tienen en cuenta las apreciaciones de los vecinos y esta vez será sostenible y seguro y sobre todo, tenemos la garantía de que cuenta con el suficiente soporte presupuestario.

¿Se puede decir abiertamente que el anterior proyecto no salió adelante porque era una pifia?

Se puede decir y se dice. Sus padrinos son los responsables de su paralización y fracaso y yo le pido al Ministerio que se exijan responsabilidades…

¿Qué tipo de responsabilidades?

Todas. Las que sean necesarias. Porque estamos hablando de indemnizaciones millonarias y la frustración de todo un pueblo.

Y hablando de responsabilidades… ¿El Ayuntamiento de La Unión tiene alguna responsabilidad en la limpieza y regeneración de balsas, pozos y otros elementos de la sierra minera cuyos estériles terminan en las ramblas que van al Mar Menor?

El ayuntamiento no es competente, pero sí hemos señalado al Ministerio y al gobierno regional que parte de los fondos que lleguen deben ir al sellado y estabilización de todos esos elementos. Nos parece feo que se hable tanto de las ramblas y no del entorno del municipio que está rodeado de balsas mineras, hay que actuar sobre ellas y su inertización.

Javier Sánchez Serna, diputado de Unidos Podemos en la Cámara Baja, ha presentado una proposición no de ley para que el gobierno central “garantice” la continuidad del proyecto. Desde la agrupación morada en señalado que la regeneración de Portmán debe resolver los problemas técnicos, y debe haber “una mayor dotación económica, todo ello de manera transparente y ofreciendo la información durante todo el proceso”.

Sánchez Serna ha recordado que la comunidad científica ha calificado lo de la Bahía de Portmán “como uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterráneo. Según un estudio de la Universidad Complutense es actualmente uno de los puntos más contaminantes que existe en la península. La presencia de cadmio, plomo y arsénico está muy por encima de los niveles admitidos y en la zona viven más de 20.000 personas”.

Es por ello, ha dicho el diputado de Unidos Podemos por la Región de Murcia, por lo que piden que su restauración “no sea una chapuza. Hemos presentado esta iniciativa porque desde hace meses las obras de regeneración, que se iniciaron hace dos años, presentan una serie de dificultades y parones de actividad, que parecen derivar de insuficiencias técnicas”. En este sentido, Serna ha criticado que el problema está en que “el anterior Gobierno del PP licitó en 2015 un proyecto de dudosa solvencia técnica, sin suficiente presupuesto y con una notable carencia de transparencia”.

Desde Podemos consideran la regeneración de Portmán “una deuda histórica con la ciudadanía de la Región de Murcia”. Asimismo, Serna ha indicado que deben aunarse esfuerzos políticos para que el proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán “continúe ejecutándose y se solventen los principales problemas, que presenta el proyecto en ejecución y viene arrastrando desde prácticamente sus orígenes”.

Tal y como ha detallado Sánchez Serna, entre esos problemas se encuentra que la Corta San Jóse, destino final de estos residuos no cumple con los requerimientos técnicos para albergar los residuos tóxicos y los peligrosos dragados. Otro es que los lodos dragados no se secarán del todo en las balsas previstas para su depósito en un vertedero de residuos tóxicos. Por último, cuando se inicien las obras de dragado, las aguas resultantes de estas operaciones y del propio escurrimiento de los residuos, resultarán altamente peligrosas por metales pesados y el proyecto no dispone de ninguna acción ni partida presupuestaria para su tratamiento. Según el diputado de Unidos Podemos en el Congreso por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, “con las tecnologías disponibles, esto tendrá un coste financiero importante. De ninguna forma estas aguas pueden acabar contaminando el Mar Mediterráneo”.

Las obras de regeneración y de adecuación medioambiental de la bahía de Portmán, en La Unión, “avanzan a buen ritmo con la construcción de las tres balsas, que acogerán los dos millones de metros cúbicos de estériles que a día de hoy hay este paraje natural”, ha informado el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera.

El consejero y la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Raquel Orts, han realizado este miércoles una visita a las obras que se desarrollan en la bahía de Portmán, a la que también han asistido el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Antonio Sánchez-Solís, y el alcalde de La Unión, Pedro López, entre otros.

Pedro Rivera ha subrayado que “el Gobierno regional, junto al Gobierno central, ha estado desde siempre muy sensibilizado e implicado en dar solución a la situación injusta que se produjo en Portmán y a los vecinos de La Unión”, quienes “pueden estar tranquilos”, pues tras más de 25 años de vertidos y continua reivindicación, “la regeneración es una realidad”.

La regeneración de Portmán, que se materializará con un minucioso trabajo de ejecución de 46 meses, está cumpliendo los plazos previstos en la planificación de los trabajos del proyecto, que cuenta con una inversión del Estado de más de 32 millones de euros y supondrá 200 puestos de trabajo directo e indirecto.

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

A continuación de la visita, se ha celebrado en Cartagena la reunión de la Comisión de Seguimiento de los trabajos de recuperación de la bahía de Portmán para informar de la evolución de los que están ejecutados hasta el momento y la planificación de las próximas actuaciones.

En estos momentos se está ejecutando la primera fase del proyecto que consiste en la construcción de las tres balsas que acogerán el material dragado de la bahía para su secado y posterior traslado al punto de vertido final en la cantera de San José, donde se depositará y sellará.

Estos recintos, que estarán impermeabilizados, son necesarios para el proceso de secado teniendo en cuenta que el material dragado se compone el 75 por ciento de agua y un 25 por ciento de arena. En concreto, una de las tres balsas está terminada y se está trabajando en la construcción de las otras dos.

Una vez concluida su construcción, se procederá a la retirada de unos dos millones de metros cúbicos de estériles, la regeneración de la nueva línea de playa reutilizando materiales de la actual y la aportación de arena caliza de machaqueo para mejorar su granulometría.

Estos trabajos permitirán recuperar unos 250 metros hacia el mar desde la línea de costa, que fue alterada con motivo de la actividad de vertido durante décadas y que, en la actualidad, se sitúa a 550 metros de la original y tiene una profundidad de unos cuatro metros.

Se trata del primer estudio que se realiza desde la década de los años setenta sobre el impacto de los residuos de la minería metálica en el ecosistema marino del Mar Menor y lo ha desarrollado la bióloga, Ana Muñoz Vera, dirigida por el profesor del área de Edafología y Química Agrícola, Gregorio García.

Entre otras conclusiones, la tesis doctoral revela niveles muy elevados de hierro, zinc, arsénico, estaño y plomo en estas medusas; del orden de 50 partes por millón. Este hallazgo debería alertar sobre varios problemas, según el profesor Gregorio García: “hay proyectos planteados de explotación comercial de las medusas y con estas concentraciones de metal puede haber problemas. Lo mismo ocurre cuando se retiran las medusas de la laguna, dado que se acumulan a toneladas en tierra y pueden contribuir a la contaminación de suelos”.

La tesis, calificada con la máxima puntuación, pone de manifiesto que, desde el siglo XIV hasta finales del XIX, el aporte de residuos mineros procedentes de la sierra fue constante. Las lluvias llevaron a través de las ramblas metales y metaloides que se depositaron en el Mar Menor a razón de 4 centímetros por siglo. A partir sin embargo de esa fecha, los sedimentos se multiplican por seis y esto viene a coincidir con el aumento de la actividad humana, agrícola e industrial en el entorno del Mar Menor y en la propia laguna (apertura de golas y dragados).

Varios siglos de exposición al metal

La Sierra Minera de Cartagena-La Unión ha sido utilizada, desde los fenicios en el siglo V a. C. hasta 1991, como yacimiento minero, principalmente de plata y plomo. Con la minería a cielo abierto y las técnicas de procesamiento del mineral utilizadas por la multinacional Peñarroya desde 1957 se movilizaron más de 360 millones de toneladas de rocas y se crearon unas 90 balsas de lodos y 360 escombreras que aún existen en la actualidad y en las que hay depositados cerca de 170 millones de metros cúbicos de materiales estériles. No hay una cifra exacta de las cantidades que han ido a parar al Mar Menor a lo largo de los siglos aunque el director de la tesis habla de, posiblemente, millones de toneladas.

“La contaminación del Mar Menor por elementos traza (metales pesados y arsénico) es un proceso que se ha producido en este ecosistema de forma paralela a su evolución durante los últimos 2.500 años”, valora el director Gregorio García. “Seguramente por esta razón, por la dinámica de estos contaminantes y las propias características del Mar Menor, el riesgo y los efectos negativos asociados a la contaminación polimetálica son relativamente poco notorias y de escasa relevancia en relación a otros procesos de contaminación en la laguna”, concluye.

El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Pablo Saavedra, ha firmado el contrato para regenerar ambientalmente la bahía de Portmán, unas obras que se pondrán en marcha en las próximas semanas por parte de la unión temporal de empresas constituida por Marco y Ciomar a través de un proyecto valorado en más de 32,1 millones de euros.

El secretario de Estado ha subrayado “el compromiso del Gobierno de España, a través del MAGRAMA, con la regeneración de la bahía de Portmán, con el objetivo de llevar a cabo la actuación para devolver a la zona su riqueza ambiental y paisajística con las máximas garantías tanto técnicas como medioambientales”.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 46 meses, consisten en la recuperación de 250 metros para el mar desde la línea de costa, que fue modificada como consecuencia de la actividad de vertido llevada a cabo en la bahía durante décadas, según informan fuentes del Ministerio en un comunicado.

El proyecto consiste en el dragado de estériles depositados en la bahía hasta retrasar la línea de orilla actual, para lo que se retirarán de la bahía unos dos millones de metros cúbicos de estériles, los cuales se trasladarán a la corta minera de San José, en la región.

También está previsto regenerar la nueva línea de playa reutilizando materiales de la actual y aportar arena caliza de machaqueo para mejorar su granulometría. La bahía de Portmán fue contaminada, hasta 1992, por vertidos procedentes de minas de La Unión. Se vertieron unos 48 millones de metros cúbicos de residuos mineros.

Andrés Pedreño ha recordado que desde finales de este mes de junio el procedimiento de las obras de regeneración de la bahía de Portman había sido recurrido por Acciona. La ley dice que la mera presentación del recurso suspende el procedimiento. “De hecho el 30 de junio ya se acordó mantener la suspensión una vez que se presentó recurso contra la adjudicación definitiva”, ha asegurado el diputado morado.

Pedreño ha criticado que mientras el recurso está vigente, “el Gobierno regional ha estado continuamente mintiendo al insistir en que ya estaba desbloqueada la adjudicación de las obras” y de hecho “El propio Presidente Sr. Pedro Antonio Sánchez, insistió en la mentira en el pasado Debate del Estado de la Región, por lo que puede apreciarse que alrededor del proyecto de la Bahía de Portmán solamente hay desgobierno” ha denunciado el diputado regional.

En este sentido, Andrés Pedreño ha señalado que independientemente de cómo se solucione el recurso de Acciona, dos cuestiones siguen sin resolverse “en la espiral de confusión que caracteriza al Gobierno del PP en todo cuanto se refiere a la Bahía de Portman”.

El diputado regional ha denunciado que “Las obras de impermeabilización de la Corta de San José continúan paralizadas y es condición previa a cualquier proyecto de regeneración hacer esa obra” y ha recordado que en  2011, tras el cambio de Gobierno en las elecciones, el nuevo ministerio de Arias Cañete paralizó en 2012 las obras en marcha de la Corta San José y anuló injustificadamente la licitación del proyecto, alegando unas supuestas irregularidades administrativas nunca aclaradas.

La Bahía de Portmán y sus alrededores anegados por más de sesenta millones de toneladas métricas de estériles mineros contaminados sigue siendo aún el mayor desastre medioambiental de España y el Mediterráneo, a pesar de los veintiséis años transcurridos desde que cesaron los vertidos del lavadero Roberto.

Lo ocurrido desde 1991 es indignante, pero no es nada comparado con el origen del problema. Éste tiende a olvidarse aunque supone un buen ejemplo de la complicidad entre poder económico y político y su continuidad desde el franquismo hasta nuestros días. En 1946 Peñarroya absorbió por completo a la que desde 1930 había sido su socia al 50%, la Sociedad Zapata-Portmán. Los caciques tradicionales, el mítico tío Lobo, su yerno Tomás Maestre y sus descendientes, eran sustituidos por una empresa transnacional de capital francés, propiedad para más señas de la muy poderosa e influyente familia Rothschild. Curiosamente, aunque la Ley de minas de 1944 exigía que al menos el 75% de la propiedad de las empresas mineras fuese española, el Consejo de Ministros decidió que se incumpliese su propia ley y permitió que Peñarroya explotase la Sierra Minera de Cartagena-La Unión prácticamente en régimen de monopolio y en condiciones neocoloniales.

La multinacional contaba con buenas conexiones en las altas esferas del Estado. Jesús Romero Gorría, letrado del Consejo de Estado desde 1942, fue presidente de la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya hasta que en 1957 fue nombrado Subsecretario del Ministerio de Trabajo, cartera que acabó dirigiendo entre 1962 y 1969. Ya en los años 80, en plena democracia, Romero Gorría volvió a la presidencia de la empresa mientras era también miembro del Consejo de Estado. No son un invento reciente las ‘puertas giratorias’.

En 1957 Peñarroya comenzó la explotación a cielo abierto y los vertidos al mar: una gran inversión en capital, poca mano de obra y una enorme tasa de beneficio. El Ministerio de Obras Públicas había negado dos veces los permisos para los vertidos y había hecho una serie de recomendaciones. A pesar de no cumplir con ninguna, la multinacional obtuvo el visto bueno en 1959. Justo ese año había contratado como ingeniero de minas a Tomás Martínez Bordiú, hermano del yerno de Franco. El lavadero Roberto empezó procesando 876.000 toneladas de tierra al año y en 1978 llegó a la cifra de 2.900.000 toneladas. A día de hoy unos 30 millones de toneladas de estériles mezclados con metales pesados y reactivos químicos como el sulfato de cobre, el cianuro sódico o el ácido sulfúrico colmatan la bahía.

Coincidiendo con una crisis de cotización del mercado de metales Peñarroya vendió en septiembre de 1988 todos sus activos y pasivos de la Sierra Minera a Portmán Golf, una empresa recién creada por dos promotores inmobiliarios de la comarca, Alfonso García y Mariano Roca, entonces bien relacionados con el poder político murciano. El precio acordado fueron 200 millones de pesetas, una cantidad que pareció ridícula a casi todo el mundo, especialmente a los trabajadores que en poco tiempo acabarían en la calle. La intención declarada de Portmán Golf era sustituir paulatinamente el negocio minero por el de la urbanización y el turismo, dejando -eso sí- la responsabilidad de la regeneración ambiental en manos de las administraciones públicas. La sensación generalizada era que Peñarroya había buscado una manera de cambiar un negocio por otro sin asumir los gastos a los que le obligaba la ley. Cierto o no, la realidad es que la multinacional francesa desapareció sin necesidad de invertir ni una peseta en reparar los daños ambientales de los que era responsable.

Incluso la justicia avaló esta huida en 1993 aceptando que la empresa disponía de los permisos gubernativos pertinentes para realizar los vertidos sin cuestionar la legitimidad de los mismos. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia siguió exactamente la misma lógica que el Tribunal Supremo franquista que en 1972 desestimó el recurso del Ayuntamiento de La Unión argumentando que se debía “tener respeto por industrias como la de la sociedad Peñarroya-España, de gran interés por su importancia y por el número de puestos de trabajo creados”, es decir, que una empresa a partir de determinado tamaño debía ser inmune.  

La explotación obrera y medioambiental alimentó los balances de la multinacional Peñarroya durante más de 30 años con la connivencia del poder político. Que la regeneración la pagase quien se lucró contaminando sería lo mínimo exigible, pero llegados a este punto estoy casi seguro de que la mayoría de los murcianos y especialmente los vecinos de Portmán se conformarían con que se hiciese por fin sólo un poco de justicia y no un favor a la medida de intereses económicos espurios.

“Ya está bien de demorar este proyecto y sacarlo en los momentos preelectorales, como ahora. Portmán, La Unión y la Región de Murcia tienen derecho a que esto sea una realidad, y que desde los diferentes ámbitos, vamos a trabajar en esa línea para que no haya más tomaduras de pelo, ni retrasos injustificados”.

Así ha exigido el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Rafael González Tovar, quien ha matizado que el proyecto de regeneración “tiene ADN socialista”. Tovar ha querido recordar que fue una apuesta de su partido “con una investigación puntera en Europa y en la que se sacaron muchas conclusiones”. El líder socialista en la Región ha querido explicar que durante estos últimos cuatro años el proyecto “ha estado fuera de posibilidades, olvidado en los cajones”.

También ha querido hacer memoria y criticar al consejero de Fomento, Francisco Bernabé, quien “vendió como solución milagrosa un proyecto de área que fue un bochorno”.

“El contrato se debe firmar, no es un proyecto exclusivo de La Unión, es un proyecto de comarca y de la Región de Murcia”, ha concluido Tovar.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras informa que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la mesa de contratación, ha procedido a la adjudicación de las obras de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán a la UTE constituida por las empresas Marco y Ciomar, con un proyecto valorado en más de 32,1 millones de euros, IVA incluido, según ha confirmado a la Comunidad la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, subrayó que “es, sin duda, una magnífica noticia para la Región y la sociedad española que se logre recuperar una bahía con la que todos tenemos una deuda social histórica y a la que ya por fin daremos una solución integral”.

Bernabé expresó la satisfacción de la Comunidad por esta decisión que “pone luz al final del túnel tras cumplir 25 años del cese de los vertidos y que nos permitirá conseguir devolver el esplendor a esta joya del litoral mediterráneo español para que disponga de las mejores y más competitivas condiciones y se convierta en un referente en turismo de calidad y en generación de riqueza y empleo”.

Subrayó que el Gobierno regional “apuesta decididamente por el desarrollo de la bahía como un proyecto estratégico de la Región; una apuesta que va más allá de la regeneración total, que promueven el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico para recuperar el estado natural de esta zona”.

La línea de costa a día de hoy se sitúa a 550 metros de la original y con una profundidad de unos cuatro metros, por lo que los trabajos se centrarán en la retirada de unos dos millones de metros cúbicos de estériles, que se trasladarán a la corta minera de San José. Para la creación de la nueva línea de playa se reutilizarán los materiales de la actual y se aportará arena caliza de machaqueo para mejorar su granulometría.

Voluntarios de SABIC han plantado 450 árboles en el Monte de Las Cenizas y limpiado la playa de Portmán. En la iniciativa de repoblación y limpieza, que cuenta con la colaboración del Proyecto Life de la Unión Europea, han colaborado alrededor de 140 personas entre trabajadores, familiares y amigos de SABIC, con la participación de casi 50 niños.

La acción ha consistido en plantar en el Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en Portmán (La Unión), alrededor de 150 árboles de cada una de las siguientes especies: el Ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), el lentisco (Pistacia lentiscus) y el Acebuche (Olea europea sylvestris), en una superficie aproximada de una hectárea.

Posteriormente han recorrido la Batería de La Chapa y la Bahía de Portmán y han procedido a la limpieza de la misma. Durante la visita un responsable del Parque ha explicado a los voluntarios las características que lo hacen único y la importancia de su diversidad biológica, que hace que esté declarado protegido como Parque Natural y declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Esta acción de voluntariado pretende contribuir a la conservación de la biodiversidad y transmitir a los asistentes valores como el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. Además, forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa de SABIC, bajo los principios del programa Responsible Care.

Pretende PAS confundir a los murcianos dando por hechos lo que no son más que promesas. No sé si a estas alturas de la película alguien en la Región todavía es capaz de tomarse en serio nada relacionado con Corvera, la Paramount, Contentpolis, Portmán o el agua… Quienes, sin duda, están entrenados para no caer en estas trampas son los vecinos de La Unión, una mueca de incredulidad e indiferencia debe de haber atravesado sus rostros al ver al PP anunciar sobre una foto de la amarillenta bahía de Portmán: “Volveremos a disfrutar del tesoro de Portmán. 60 millones de euros y 200 empleos para regenerar la bahía de Portmán”.

Desde que se iniciasen los vertidos en 1959, y en 1969 la Dirección General de Costas eximiese a Peñarroya de dragar la bahía para evitar su paulatina colmatación, los anuncios de planes de desarrollo y regeneración han sido innumerables, casi siempre unidos a proyectos abiertamente rechazados por la población y desde el fin de la minería en 1991 curiosamente planteados cerca de citas electorales: recalificaciones de terrenos con ratios indecentes de edificabilidad, uso de los estériles para rellenar la dársena de Escombreras, sellado y construcción sobre la bahía sin trabajos de recuperación, construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel…

La lista de promesas –o amenazas– es tan larga que en 2009 Ginés Guerrero, entonces presidente de la Liga de Vecinos de Portmán, resumió magistralmente el estado de ánimo de este pueblo al preguntarse en declaraciones a la prensa si “lo que están haciendo con el pueblo es un estudio sociológico sobre cuánto puede aguantar el ser humano”.

El “estudio sociológico” llegó probablemente a la cumbre de lo absurdo cuando en 2012 parte del expediente del concurso de adjudicación de las obras de regeneración desapareció del Ministerio y se hizo inevitable volver a convocarlo. En el interregno, el último gobierno Valcárcel recibió con alegría berlanguiana el proyecto de Aria S.L. Esta compañía alemana pretendía explotar la magnetita presente en los estériles que colmatan la bahía y en seis años devolverla a su estado original. Mr. Aria acabó resultando un completo farsante, su empresa suspendió pagos en agosto de 2014 y él fue detenido por estafa dos meses después.

Hace pocos días era noticia que 13 empresas han presentado ofertas y que las obras de regeneración se adjudicarán –¡oh, casualidad!– a final de año para comenzar “inmediatamente”. En esta ocasión el proyecto planea recuperar aproximadamente el 50% de la bahía y construir un puerto con 815 amarres de los que sólo 171 serían para usos tradicionales, primando un modelo turístico de gran impacto al que los vecinos de Portmán se han opuesto repetidamente.

Y es que parece que ningún Gobierno Regional y casi ningún Ministerio de Medio Ambiente han sido conscientes de que la regeneración de la bahía de Portmán es, más allá de su componente ambiental, un caso de justicia histórica por el que debe ser compensado un pueblo explotado de forma neocolonial con la bendición de los poderes del Estado. Pero aún más grave es que no sean conscientes de la enorme oportunidad que desaprovechan una y otra vez: en Portmán se podría poner en marcha un proyecto de desarrollo innovador, sostenible y en gran medida autogestionado, aprovechando un tejido asociativo y una conciencia socio-ambiental única en la zona.

Los vecinos de Portmán han demostrado sobradamente que quieren un futuro para su pueblo; cientos de protestas, acciones reivindicativas y arenas vertidas desde el Ayuntamiento de La Unión hasta el Congreso de los Diputados lo avalan, pero quieren ser ellos quienes decidan cómo debe ser ese futuro y con insistencia han pedido que no se parezca a La Manga ni al fracasado mundo Polaris, sino que se base en la recuperación de los usos pesqueros tradicionales, el medio ambiente y un turismo de baja intensidad, una fórmula que en definitiva ponga los recursos de la comunidad al servicio de la comunidad, una fórmula que desgraciadamente parece que sigue sin interesar a quienes gobiernan.

La Liga de Vecinos de Portmán, las asociaciones vecinales de La Unión, El Gorguel y Roche, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, la Fundación Sierra Minera y los colectivos ANSE y Ecologistas en Acciónhan rechazado el cambio en el proyecto del puerto deportivo de Portmán a la llamada 'alternativa 2bis' por considerarlo “inadmisible”.

Según explican estas organizaciones vecinales y ecologistas, para la regeneración de la Bahía de Portmán, la Región de Murcia asumió en el Convenio de 2006 “la construcción de una instalación náutico-deportiva de acuerdo con la solución global ganadora del concurso de ideas”, y “elaboró en 2008 el Proyecto Básico del Puerto Deportivo de la Bahía de Portmán, contratando sin embargo su redacción a un equipo diferente del ganador del concurso de ideas, que desde el principio planteó alternativas muy alejadas de la idea ganadora del concurso y de las tesis defendidas por las organizaciones sociales y ecologistas”.

Estos colectivos explican que siempre han reclamado la recuperación del antiguo puerto pesquero,y que si se creaba un puerto deportivo, cumpliera unos requisitos esenciales como no superar los 500 amarres, situarlo detrás de la playa, diferenciar la zona profesional de usos tradicionales de la zona deportiva y recuperar también el antiguo muelle del carbón.

“Tras un proceso de diálogo entre colectivos sociales y las administraciones local y regional, se llegó a un consenso en la denominada 'anternativa 1' como la más cercana a la idea ganadora del concurso y a los criterios defendidos por los colectivos sociales, y finalmente el 14 de noviembre de 2011, la directora general de Medio Ambiente firmó la Declaración de Impacto Ambiental -DIA- positiva con un máximo de 718 amarres entre la zona pesquera y la deportiva”, relatan estas asociaciones.

“Sin embargo”, prosiguen, “el pasado 24 de junio, la DGTCP presentó a información pública el Estudio de viabilidad para la construcción mediante concesión de obra pública del puerto deportivo de la Bahía de Portmán, alternativa 2bis, culminando el proceso que inició en 2012 para cambiar esa alternativa 1 por la 'alternativa 2, que desde el principio había sido rechazada por los colectivos sociales, con el argumento de que es más viable económicamente porque es más barata, con un mayor número de puntos de amarres y tamaño del puerto, defendida públicamente por el propio consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, el mismo que se opuso inicialmente a esa alternativa cuando era alcalde” de La Unión.

Ante este “cambio inadmisible”, los mencionados colectivos han presentado alegaciones conjuntas en contra de esa alternativa y han enumerado las razones: en primer lugar, la rechazan “porque no se basa en la idea ganadora del concurso tal como obliga el Convenio firmado por las tres administraciones”, algo que consideran como un “incumplimiento”; en segundo lugar, explican que “supone un incremento significativo de los puntos de amarre hasta 815, y de la superficie total de la Bahía destinada a puerto deportivohasta 254.824,08 m2, lo que convertiría a la Bahía de Portmán en un macro puerto deportivo, el segundo mayor de la Región de Murcia, reduciendo el dominio público restaurado para uso de la población, y aumentando la presión de embarcaciones deportivas sobre el litoral protegido situado a ambos lados de la bahía de Portmán”.

En tercer lugar, proclaman que con esa alternativa se cambia “profundamente” el modelo del puerto, “convirtiendo la Bahía de Portmán una vez regenerada ambientalmente en un gran 'aparcamiento' de barcos deportivos, basado en un modelo de puerto deportivo típicamente asociado a grandes desarrollos urbanísticos en el litoral, propios de la etapa del 'boom' inmobiliario”; en cuarto lugar, creen que “no se da prioridad ni se recupera adecuadamente el puerto pesquero tradicional”, ya que “la actuación prevista en el antiguo muelle pesquero con 171 pequeños puntos de amarre en batería, no tiene nada que ver con un puerto pensado para la pesca profesional, que podría dar servicio también a las granjas de acuicultura cercanas”.

Por último, explican que “no está justificada realmente la viabilidad económica del proyecto, concebido como una inversión exclusivamente privada, puesto que se hace una reducción injustificada de diversos costes del proyecto, y se saca artificiosamente del cálculo del presupuesto los costes correspondientes al dragado, transporte, y acondicionamiento y sellado de la corta”.

Las organizaciones sentencian que “este proyecto de puerto tiene que estar ligado a la regeneración ambiental de la Bahía”, motivo por el cual exigen que se recupere como base del proyecto la 'Alternativa 1', “y que tenga una componente de inversión pública, dando prioridad a la recuperación del puerto pesquero y reservando un número razonable de plazas de amarre para barcos de vigilancia, salvamento e investigación de las administraciones, barcos en tránsito y escuelas de vela y otros usos de interés social, en detrimento de atraques de uso privado”.

El alcalde de La Unión, el socialista Pedro López, se ha mostrado cauteloso “ante el anuncio de licitación de las obras el pasado mes de Julio en el BOE y la presentación de ofertas”. López cree que hay que ser “prudente al tratar un tema tan delicado y que ha tenido tantos anuncios falsos por parte de los dirigentes del Partido Popular”.

Para el alcalde, “el Gobierno del Partido Popular en numerosas ocasiones ha anunciado el comienzo de las obras, y sin embargo todo ha sido un engaño, tanto por parte del exministro Arias Cañete como por el exalcalde de La Unión, Francisco Bernabé”. En cuanto a Bernabé, López ha indicado que en marzo de 2014, el que fuera su antecesor dijo, sobre la adjudicación de las obras a la empresa Aria y que “resultó ser un fraude”: “El nuevo impulso del proyecto de regeneración ha sido posible gracias a la iniciativa privada de la empresa Aria que presentó un planteamiento que adquiere fuerza tras la declaración de los estériles de la bahía como recurso minero”. “La opción de la minera Aria entierra la necesidad de buscar 80 millones de los fondos públicos”, añadió.

Asimismo, Pedro López ha dejado patente su “malestar con las malas formas del consejero de Fomento, Francisco Bernabé, quien se dedica a reunirse con los concejales del PP de La Unión antes de informar de los proyectos del municipio al alcalde, como máximo responsable y representante elegido democráticamente por todos los unionenses”. El socialista Pedro López ha insistido en que su posición es la de “estar junto a los vecinos de Portmán, recogiendo sus inquietudes y haciéndoles partícipes en las reuniones de la Comisión de seguimiento de los trabajos de la regeneración de la Bahía”.

A la orilla del Mediterráneo se presenta uno de los mayores retos de la historia medioambiental de la Región de Murcia y de España. La regeneración de la Bahía de Portmán pasa no sólo por retirar los millones de toneladas de hierro y plomo, entre otros materiales, que en forma de residuos se han ido depositando sobre sus playas, sino también por recuperar una pequeña pero imprescindible parte del paisaje natural de la Región.

El nombre de Portmán es de origen romano: Portus Magnus. Desde antiguo la bahía fue puerto natural de especial actividad por encontrarse a los pies de una sierra minera. Era, además, una herradura perfecta y un paisaje de valor excepcional. Así se mantuvo durante siglos, hasta que en los años 50 de la centuria pasada, la empresa francesa Peñarroya llevó a cabo la explotación de las minas a cielo abierto.

En un reportaje publicado por el diario El País en marzo de 2014, un extrabajador de Peñarroya, Pedro De la Hoz, trataba de explicar la situación en la que se encontraban los empleados, que sin tener responsabilidad en las decisiones de la empresa, siguieron las instrucciones de sus superiores y ejecutaron a la bahía con el “chorro”, la conducción que a modo de enorme grifo vertió a diario sobre la arena y el mar toneladas de fango con metales pesados. Y así durante 30 años hasta colmatar el lugar, e incluso arrasando el entorno submarino a lo largo de 12 kilómetros mar adentro. Peñarroya cerró la explotación en 1987 y dejó su huella en forma de residuos. El debate público y la polémica sobre la regeneración de la Bahía de Portmán es un clásico en la historia reciente de la Región de Murcia y no ha faltado en las semanas previas a cada cita con las urnas.

La bahía 28 años después

La imagen actual de Portmán es desoladora. Una histérica mezcla de belleza y destrucción cubierta por el rojo de la blenda y el amarillo del azufre tras décadas de vertidos, han transformado una playa paradisíaca en un desierto resignado al olvido y a la curiosidad de los extraños. 40 millones de toneladas de desechos que han pesado demasiado en un pueblo que quiere ver cómo su patrimonio natural se recupera. La posibilidad de reutilizar con fin industrial los materiales depositados abrió tímidamente la puerta a la esperanza, como fruto del posible interés de compañías privadas por hacerse cargo de los costes de su extracción.

En el año 2011, tras casi dos décadas de lucha de la localidad de La Unión y del mismo pueblo de Portmán, así como de asociaciones medioambientales como Greenpeace, ANSE o Ecologistas En Acción, por fin se aprobó un proyecto de reforma que cubriría las exigencias emitidas. Sin embargo, el cambio de Gobierno que se produjo a finales de dicho año dio un giro al proyecto, que finalmente nunca salió a subasta.

Enrique Ayuso, miembro del Partido Socialista de la Región de Murcia y conocedor de la situación de la Bahía de Portmán, asegura que el proyecto que surgió hace cuatro años era “el más indicado y en el que todas las partes que se veían involucradas estaban de acuerdo, desde los habitantes de la zona hasta la Comunidad Autónoma”. Incluso, añade que ya se puso en marcha la permeabilización de la mina de San José, la cual albergará parte de los residuos estériles que se extraigan de la bahía. “Aquello supuso un coste de 10 millones de euros que el nuevo proyecto se ha ahorrado, y por lo tanto el coste del presupuesto actual es más reducido”, confirma Ayuso.

Este año se ha puesto de nuevo en marcha la maquinaria administrativa para tratar de dar una solución al proyecto medioambiental: Una nueva subasta salió a la luz en los últimos días de julio y el propio Ayuso es optimista al respecto, aunque asegura que el proyecto es “un calco de lo que se aprobó en 2011, con algunos ajustes de presupuesto”. Además, afirma que esto deja en evidencia la actuación del Gobierno en los últimos cuatro años, tiempo que considera “perdido”.

David Fernández, miembro de Izquierda Unida-Verdes y activista involucrado en la regeneración de Portmán, asegura que el Gobierno regional no ha atendido todas las demandas de las diferentes asociaciones ecologistas y de los vecinos del pueblo: “No creemos que el proyecto actual cumpla, ahora mismo, los criterios medioambientales que exigimos. No se va a recuperar la totalidad de la costa y se ha dado prioridad a la creación de un puerto deportivo, por lo que tampoco se pretende destinar a los usos tradicionales que ha tenido la bahía, como la pesca. A los vecinos de Portmán les robaron una parte muy importante de su patrimonio, y si se le devuelve, qué menos que intentar dejarlo como estaba”.

Por ello, el miembro de IU-V se posiciona de manera más escéptica respecto al nuevo acuerdo: “Además, no le damos todavía toda la credibilidad al proyecto, porque no sabemos cómo se van a garantizar ciertas medidas de seguridad y tampoco se han hecho los estudios necesarios sobre la posible contaminación que tiene el agua de la bahía”. “Al final, parece que se da demasiada prioridad a la creación de un futuro puerto deportivo, que no es una mala opción para ayudar a contribuir a la regeneración de la zona, pero que no tiene que convertirse en un fin en sí mismo”, asegura Fernández.

Con la mente en la estafa de la empresa ARIA

En junio del año pasado, la empresa ARIA SL adquirió un nuevo contrato por valor de 69 millones de euros para los derechos de regeneración de la bahía. Era un negocio redondo, puesto que la empresa de origen alemán aseguraba que cubriría la totalidad de los costes de rehabilitación y que además no sólo serían 250 metros de playa los que se recuperarían, sino que la situación volvería a encontrarse como 50 años atrás, con hasta 500 metros más de agua del Mediterráneo

El socialista Enrique Ayuso ya se mostró muy escéptico respecto a la postura de ARIA SL, porque los estudios llevados a cabo por técnicos de la Universidad de Murcia aseguraban que no se podría rehabilitar la totalidad de la bahía, y que extraer los residuos de unos terrenos tan contaminados hubiera supuesto un coste mayor que el impacto económico del mismo desastre ambiental, por el perjuicio ecológico que conllevaba. “La empresa ARIA trabajaba de manera muy sospechosa, y esto lo descubrimos antes incluso de ser declarada en quiebra, pues pretendían utilizar los estudios de impacto ambiental para 250 metros de bahía cuando su pretensión era la de regenerarla por completo. No tenía sentido”, explica Ayuso.

Al parecer, en esta ocasión es muy poco probable que una empresa como la alemana sea la que definitivamente se haga cargo de la puesta a punto de Portmán. Enrique Ayuso es optimista, y coincide en que el nuevo proyecto se asemeja lo suficiente a la realidad y mantiene un “equilibrio entre lo que se demanda y lo que la Comunidad puede permitirse llevar a cabo”. Entretanto la Bahía de Portmán sigue muda e inmutable, viendo pasar los años como sombra de lo que fue.

El líder de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, lamenta que se hayan perdido cuatro años “por culpa del Partido Popular” y pide al Gobierno regional que retome el proyecto de 2011, que se consensuó con los vecinos

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Rafael González Tovar, ha afirmado que la regeneración de Portmán debe realizarse de acuerdo con el proyecto aprobado en 2011 por el Gobierno socialista, y que estaba consensuado con los vecinos de la Bahía. En su opinión, “éste y no otro, ni mucho menos un nuevo experimento, es el proyecto de regeneración que se tiene que llevar a cabo sin modificaciones ni rebajas”.

“No se puede perder más tiempo, la regeneración de Portmán tiene que hacerse ya, sin más demoras”, ha subrayado el líder socialista, que ha lamentado una vez más “el tremendo fracaso de la experiencia privatizadora del Ayuntamiento de La Unión cuando estaba dirigido por el actual consejero de Fomento del PP, el exalcalde Francisco Bernabé”, una persona que para González Tovar, “no tiene ninguna credibilidad”.

“Este fiasco que han sufrido los habitantes de Portmán, de La Unión, y de toda la Región, nos avergüenza a todos”, ha añadido, porque a su juicio, “el Partido Popular ha hecho que se hayan perdido cuatro años”. “Y ahora, como vienen las elecciones generales, dice que tiene intención de comenzar la regeneración... Bien, pues que no se pierda un minuto más en el inicio de regeneración de la Bahía”, ha insistido.

Finalmente, González Tovar ha mostrado su apoyo a los vecinos y vecinas de Portmán, y también al nuevo alcalde de La Unión, el socialista Pedro López Milán, por su lucha para que pronto sea una realidad el inicio de las obras, “y que no se queden otra vez en anuncios electorales del PP”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la contratación del proyecto de regeneración y adecuación de la bahía de Portmán, y a juicio de Izquierda Unida-Verdes, lo ha hecho de espaldas a los colectivos sociales y ecologistas

Izquierda Unida-Verdes considera “inaceptable que dentro de la Comisión de Seguimiento no se haya constituido ningún grupo de trabajo para contar con la supervisión y participación de la Asociación de Vecinos de Portmán, de la Fundación Sierra Minera, ni de las asociaciones Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción”.

De ese modo ha reaccionado IU-V a la autorización del Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a la contratación del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán por un valor de 59,5 millones de euros, sobre la base de declaración de impacto ambiental aprobada el 10 de febrero de 2011 por la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

Según Izquierda Unida, dicha declaración no despejó las dudas ya planteadas en su momento por la formación política en cuanto a la idoneidad de dicho proyecto para la restauración de sus valores medio ambientales, extremo en el que coincidió con la Asociación de Vecinos de Portmán, La Fundación Sierra Minera y las asociaciones ecologistas ANSE y Ecologistas en Acción.

Según ha explicado IU-V, “el proyecto, que no ha sufrido modificación alguna desde el 2011, sigue sin contemplar una solución para la restauración de todo el entorno natural de la Bahía de Portam que se encuentra limítrofe con zonas protegidas de la Red Natura 2000, como son los Lugares de Interés Comunitario de la Franja litoral sumergida de la Región de Murcia, el Parque Natural de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y la Zona Especial de Protección de Aves de la aledaña Sierra de la Fausilla”.

Además, añaden, “no aporta soluciones eficientes para evitar el vertido al mar del lixiviado de los estériles que se depositaron al borde de la Bahía, y tampoco se plantea la recuperación total de la antigua Playa de Portmán, ni la recuperación de sus usos tradicionales”.

Por último, desde Izquierda Unida-Verdes se hacen eco de la reclamación del Instituto Español de Oceanografía “para que se hagan ensayos biológicos en la zona, y estudios que aporten datos actualizados sobre los niveles de contaminación encontrados”.

El Consejo de Ministros ha aprobado el contrato para la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán

La bahía de Portmán fue contaminada hasta 1992 por vertidos procedentes de minas de La Unión. En concreto, se vertieron unos 48 millones de metros cúbicos de residuos mineros. Con el objetivo de eliminar estos vertidos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente licitó un concurso público para otorgar una concesión administrativa con esta finalidad.

Tras mantener una reunión con el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, el consejero murciano de Fomento, Francisco Bernabé, explicó recientemente que el pliego de condiciones para la licitación de las obras ya había sido aprobado.

Según el proyecto, que toma como base el de 2011, el presupuesto de licitación se establecerá en unos 60 millones de euros y se prevé la recuperación para el mar de unos 250 metros desde la actual línea de costa, teniendo en cuenta que ésta se encuentra a 550 metros de la original.

El plazo para la ejecución de las obras “será de 46 meses” y, según explicó el consejero, “se introduce la posibilidad de valorar como mejora para los licitadores del concurso, a la hora de la adjudicación, el aprovechamiento del mineral extraído, cuya venta llevaría aparejada la consiguiente disminución del precio de las obras”.

El Consejo de Ministros de este viernes ha estado presidido Mariano Rajoy, y ha contado con la presencia de todos los miembros de su Gabinete a excepción de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, y de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.