El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una resolución no vinculante que insta al Gobierno de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, a modificar la normativa para que, al menos en las zonas tensionadas, como las capitales, las viviendas protegidas previas a 2003 no pierdan su calificación y puedan pasar al mercado libre, con su consiguiente encarecimiento. En puridad, esta medida ya estaba anunciada y previsiblemente se meterá en una disposición adicional de la ley de presupuestos, que se presentará este mes y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Aunque en 2003 se modificó la ley y todas las casas protegidas levantadas desde entonces ya son de calificación permanente, se han perdido unas 55.000 viviendas pagadas con fondos públicos y todavía hay varios miles en riesgo, cerca de 5.000.

La Cámara, en medio de la gran convulsión social por los problemas de la vivienda y por el fallecimiento de Maricarmen Abascal en un hospital a las dos semanas de haber sido desahuciada, ha debatido una iniciativa de Sumar para hacer permanentes las viviendas protegidas previas a 2003. La coalición de izquierdas quería un texto más ambicioso que el aprobado, que no se limitase a las zonas tensionadas, donde ahora reside el 54% de la población, pero no la totalidad. “Si fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en todo caso. [...] Que nunca entren al mercado libre”, ha defendido Jon Hernández, que ha recordado que un consejero de IU, su partido, fue el que cambió la normativa en 2003, en referencia a Javier Madrazo, que formaba parte del Gobierno de Juan José Ibarretxe. “Las instituciones pueden y deben limitar el derecho de la propiedad”, ha clamado Jon Hernández, el único representante de Sumar en el hemiciclo. Las zonas tensionadas, en principio, se levantan, además, a los tres años de su declaración. Las primeras en Euskadi, decaerán en 2028.

EH Bildu se ha sumado a la propuesta de Sumar, ya que la pérdida de la calificación en pisos destinados a alquiler social puede comportar los desalojos de familias enteras por decenas, según ha dicho. Sin embargo, el texto aprobado ha sido la versión de PNV y PSE-EE. PP y Vox se han opuesto a ambas variantes.

Xabier Astigarraga, de EH Bildu, ha lamentado que estas descalificaciones han hecho que incluso construyendo nuevas casas se haya ido perdiendo oferta disponible con el paso de los años. “Es importante poner soluciones antes de que estallen los problemas”, ha demandado el representante abertzale, que ha citado los precedentes legislativos en este sentido dos comunidades, Catalunya y Navarra. En todo caso, el modelo catalán es más similar a la propuesta que está sobre la mesa para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La de Navarra, además, tiene la espada de Damocles del recurso al Tribunal Constitucional anunciado por el PP.

De hecho, el PSE-EE ha deslizado también en el debate que el PP podría hacerlo también con la reforma legislativa vasca, sin que la portavoz 'popular' Ana Morales haya aclarado este extremo. No obstante, ha ironizado que los recursos a los socialistas se los pone el socio, el PNV. Antes del debate, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso, ha señalado que lo ocurrido con Maricarmen Abascal en Madrid no debe quedarse en un “símbolo” sino que ha de motivar “acción” por parte de las instituciones. “Tomando decisiones. Haciendo reformas”, ha indicado, confiando en que todo lo ocurrido sea una “toma de conciencia institucional”.

El portavoz del PNV, Jonatan Moreno, ha aprovechado el debate no tanto para mostar su opinión sobre la reforma legal sino para denunciar que el debate sobre la Vivienda “ha caído en la red de la demagogia” y que hay fuerzas que lo usan para “polarizar” pensando “en las próximas elecciones”. “Lo valiente es quedarse en el centro”, ha reivindicado sobre el PNV, pidiendo también no hacer “enemigo” a los “pequeños propietarios”.

En todo caso, en el debate ha sobrevolado un caso concreto en Euskadi, el de las 510 viviendas de Benta Berri en Donostia, ahora en manos del fondo Blackstone. Se trata de una promoción de alquiler previa a 2003, levantada sobre suelos públicos, y en 2028 perdería la calificación. El Gobierno vasco dice estar negociando para evitar desahucios y la pérdida de patrimonio, pero la reforma legal para blindar las zonas tensiones sí se aplicaría. Moreno ha puesto en valor, igualmente, que el alcalde del PNV, Jon Insausti, también haya garantizado que en su ciudad no habrá desalojos.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), ha realizado un balance satisfactorio de los primeros meses de la ampliación general de las ayudas mensuales de 200 euros a las familias por parto, adopción o gestación subrogada de tres a cuatro años (y hasta los siete para familias numerosas o monoparentales), pero expone en una respuesta enviada al Parlamento Vasco a instancias de Sumar que el objetivo de legislatura es abonarlas en esas condiciones durante siete años (diez para los supuestos especiales), por lo que debería estar cumplido de cara a 2028. Rechaza, en todo caso, la propuesta de la coalición de izquierdas de generalizarlas hasta que el menor cumpla 18 años.

Melgosa indica que la ampliación de las prestaciones durante más años se hará de manera “progresiva” y de acuerdo a la “disponibilidad presupuestaria”. “Toda medida de apoyo a las familias de carácter universal, además de a criterios sociales, debe atender a su vez a criterios de sostenibilidad y viabilidad económica y financiera”, expone la consejera en la Cámara, donde no ofrece plazos ni cifras del coste del programa. Añade, además, que en Euskadi existen otras políticas complementarias a las ayudas, tales como los programas de conciliación o la gratuidad de las guarderías públicas (Haurreskolak).

El Gobierno vasco, este fin de semana, ha informado de que ha recibido un total de 20.548 solicitudes desde que, en julio, se actualizó el decreto con la ampliación de 36 a 48 mensualidades. De hecho, prácticamente la mitad, 10.226 corresponden precisamente a la ampliación para beneficiarios previos del programa, como 5.612 nacidos en 2022 y 4.352 de 2023. “La ampliación de las ayudas está teniendo una gran acogida por parte de las familias”, se congratuló Melgosa.

Las ayudas requieren un año de “residencia y empadronamiento” en un mismo domicilio en Euskadi, o cinco de los diez años anteriores, así como “convivencia” con el menor sujeto al programa de ayudas. Son posibles por parto, por adopción y también incluso cuando se opta por una práctica ilegal en España como son las gestaciones subrogadas. El Gobierno tiene habilitado un correo electrónico de información (umeak@euskadi.eus) y un teléfono, el 945 01 80 00.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, cuestionaba a Melgosa por posibles retrasos en los abonos de las ayudas. La consejera responde que los pagos no tienen una periodicidad fija y que se procura hacerlos “de manera habitual” en la “primera quincena” de cada mes. Con todo, en junio se tramitaron el día 5 y en julio, el mes de los cambios normativos, se retrasó hasta el 14. ¿Quejas? Dice Melgosa que se reciben “habitualmente” preguntas y reclamaciones de las familias, pero no ahonda más en la materia. Sí indica que de la normativa de 2023 quedaron pendientes de tramitación 155 solicitudes.

La debacle de la enseñanza vasca mostrada en el reciente informe PISA, la evaluación internacional más prestigiosa, ha monopolizado las críticas de la oposición al Gobierno de Imanol Pradales en la primera sesión de control tras el largo parón estival, de tres meses. El lehendakari ha asegurado que ya se han asumido “responsabilidades” en la medida en que se han anunciado “algunas” medidas para intentar revertir la situación. “No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas”, ha agregado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, a la que PP y ahora también Sumar empiezan a señalar políticamente. Asimismo, la vicelehendakari y responsable de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha pedido que no se aproveche este debate para “atacar al euskera”.

PISA ofreció los peores datos de la historia de la enseñanza vasca, con especial énfasis en los problemas de comprensión lectora. Euskadi obtuvo los resultados más bajos de España, solamente por encima de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin sistema propio y con una realidad social muy diferente. La caída en matemáticas y ciencias fue también muy significativa.

Las saetas contra el Ejecutivo han salido desde las cuatro bancadas de la oposición. El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido recuperar el espíritu del pacto de 2022, previo a la reforma legislativa, y crear una mesa con agentes y expertos para articular una respuesta compartida. También ha mostrado su preocupación por los mensajes del Ejecutivo deslizando que la inmersión del alumnado en modelos en euskera pueda ser un “problema” para los resultados. “El Gobierno no puede decir eso”, ha señalado. Pradales, que en lo que va de legislatura se ha caracterizado por crear mesas para materias tan variadas como Osakidetza, seguridad, la sequía, la industria o incluso la excelencia educativa (Eskola Bikaina Denontzat), ha despejado la propuesta de Otxandiano con una sentencia que ha atribuido al 'premier' británico, Winston Churchill: “Si usted quiere retrasar la solución a un problema, proponga una comisión”.

Desde el PP, Javier de Andrés ha insistido en que los resultados son “deplorables” y ha señalado que el problema ya se venía venir desde hace dos décadas. El PP lo atribuye fundamentalmente a un supuesto exceso del euskera en el sistema educativo porque “los mejores resultados” se dan cuando se estudia en la “lengua materna”. “Se han obcecado. Antes no había pantallas, que es en lo que ustedes se centran para poder escaquearse. Si no hacen autocrítica, no se resuelve el problema. Hay unos responsables. Son ustedes, el PNV. El proyecto ideológico del PNV ha fracasado. Asuman responsabilidades de verdad, no de palabra. Particularmente la señora Pedrosa. Escojan personas que lleven adelante un proyecto distinto”, ha agregado quien, hace una semana, ya solicitó la destitución de la titular de Educación, en el cargo desde 2024 y antes viceconsejera.

Pradales, desde luego, no ofrece ningún signo de querer modificar su equipo. Es más, ha anunciado que Pedrosa viajará a París en los próximos días para mantener una reunión con los representantes de la OCDE, la organización internacional responsable del informe PISA. Además, ha recordado que también se ha reunido con los centros y movilizado a los expertos del ISEI-IVEI, el organismo vasco encargado de la evaluación educativa. Y ha lanzado un último capote recordando que la evaluación propia realizada por el Ejecutivo, con una toma de datos posterior a PISA, ofrece una tendencia positiva que, según el Gobierno, hay que tener también muy en cuenta.

Sumar, con un único escaño, ha sido la única voz que ha recordado que Euskadi es la comunidad con un mayor peso de la enseñanza privada. Apenas un 51% del alumnado estudia en centros de titularidad pública. Según Jon Hernández, eso conduce a la “segregación” y a que la mitad del sistema asuma la mayoría de la vulnerabilidad.

Para Hernández, procedente de IU, han sido “dos años de matraca sobre la excelencia” por parte de Pedrosa cuando, en realidad, Euskadi se está quedando como “el último de la fila”. Ha pedido al PNV que rompa con el “relato autocomplaciente” y la “propaganda” de que la comunidad autónoma es referencia y ha criticado la “sobreoferta concertada” o las “inversiones que no se ejecutan” en los colegios públicos.

Pradales ha respondido que ha visto “tics” de “populismo” en Sumar, una “enmienda de totalidad” al modelo que no comparte. Es más, ha considerado “obsesión ideológica” contraponer la pública y la concertada. “El compromiso del Gobierno con la educación de calidad es incuestionable”, ha apostillado también, citando que PISA recoge igualmente los bajos niveles de abandono escolar y otros indicadores positivos. Ahora toca combinar “inclusión y equidad” con “excelencia” en los resultados.

Vox también ha mencionado la “debacle educativa”. Y ha sido la propia Pedrosa la que ha dado la réplica a la formación de ultraderecha. “Hablemos de educación. Pero hablemos de educación con seriedad. No son los resultados que queremos para Euskadi. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas. Y este trabajo no empieza ahora”, ha manifestado de entrada.

Después, ha mostrado su preocupación por el exceso de uso de las pantallas. Cuando hacía ese comentario, en la bancada del Gobierno Pradales miraba el móvil, al igual que la portavoz, María Ubarretxena. Los vicelehendakaris Ibone Bengoetxea y Mikel Torres usaban su ordenador portátil, como también Bingen Zupiria. Las consejeras María Jesús San José y Amaia Barredo leían unos documentos. Solamente Alberto Martínez, titular de Salud, ha seguido con atención toda la intervención de Pedrosa, y eso que tenía dos móviles sobre su escaño.

Pedrosa ha insistido en la idea de que se lea “todos los días” en el aula durante una hora. Y en que “toda la sociedad” se implique en medir la adicción a los dispositivos. “No buscamos excusas. Buscamos respuestas. Que nuestros alumnos aprendan más y aprendan mejor”. También ha avisado de que la sociedad vasca está cambiando: hay ya 149 nacionalidades diferentes en los colegios.

El portavoz y único parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de dirigir un Gobierno que “se desplaza hacia la derecha impulsado por el PNV”. “Cada vez estamos más lejos de este Gobierno”, ha dicho. “Su Euskadi no es la nuestra”, ha añadido.

Durante su tiempo de réplica en el pleno de política general este jueves, Hernández ha acusado al lehendakari de gestionar para las elites mientras la mayoría de la población vive una realidad “cada vez más insoportable”. “Su gestión funciona para quienes convierten los derechos en oportunidades de negocio: empresas sanitarias, patronales educativas, grandes propietarios, constructoras, consultoras y fondos de inversión. Y funciona para quienes atraviesan las puertas giratorias entre la gestión pública y el negocio privado”, ha señalado.

El parlamentario de Sumar se ha referido a una realidad de país que ha considerado que el lehendakari no quiere ver: “La de una Osakidetza debilitada, con listas de espera, falta de personal e infraestructuras insuficientes. La de los alquileres imposibles, los jóvenes que no pueden emanciparse y las familias que dedican cada vez más salario a la vivienda mientras miles de pisos permanecen vacíos o se utilizan como puro negocio. La realidad de un sistema educativo que retrocede y millones de euros europeos son desaprovechados por el Gobierno vasco para no crear plazas públicas de educación infantil que puedan molestar a la red privada concertada. Y la de miles de personas pendientes del precio de la compra, la gasolina y la electricidad, a las que no les sirve que la patronal diga que aquí gana bien y se falta demasiado al trabajo”.

“Cuando se deteriora la Sanidad pública mientras crece el negocio sanitario privado; cuando faltan plazas públicas mientras se protege a la enseñanza concertada; cuando la vivienda se trata como una mercancía, y cuando se renuncia a exigir más a quienes más tienen, existe una orientación política muy clara”, ha criticado el parlamentario, procedente de IU.

Ha señalado que esa orientación ideológica se ve “con especial claridad en la vivienda”. “Para una parte creciente de la población, especialmente la juventud y la clase trabajadora, acceder a una vivienda se ha convertido en una misión imposible. Y ustedes siguen confiando en quienes han convertido la vivienda en un negocio para solucionar el problema creado por ese mismo negocio”. En este sentido, ha criticado que la ley de “medidas urgentes” de 2025 “mantiene la lógica inmobiliaria de siempre: facilita más vivienda libre y aumenta la rentabilidad de promotores, constructoras y bancos”. “Nosotros proponemos intervenir los alquileres, ampliar el parque público, movilizar mediante el alquiler forzoso las viviendas vacías y arrebatar a la especulación el control sobre una necesidad básica. Porque los derechos no pueden depender de la rentabilidad que ofrezcan al capital privado”, ha señalado.

Hernández, que ha criticado que en el discurso de este jueves se haya referido al “absentismo” del que habla la patronal, pero no haya hecho referencia alguna a las horas extras que hacen los trabajadores vascos, se ha referido a la fiscalidad y al acuerdo del PNV y el PSE-EE en el que se mantiene un sistema “en el que quienes viven de una nómina soportan un esfuerzo superior al de quienes acumulan grandes patrimonios, beneficios empresariales y rentas del capital”.

Hernández ha hecho un repaso a diferentes temas en los que considera que se demuestra el fracaso del Ejecutivo. Por ejemplo, en Educación, ha señalado que los resultados del PISA “no han sorprendido a quienes conocen el sistema”. “Sólo parecen sorprender a un Gobierno que, de tanto hacer marketing, había terminado creyendo que teníamos el mejor modelo del mundo y que quienes lo criticábamos éramos unos plastas o unos rojos trasnochados”, ha ironizado. Y ha acusado al Ejecutivo de tomar partido por un modelo educativo privatizado“. También se ha referido a la transición energética o a la sanidad pública: ”Cuando los problemas se agravan en cualquiera de estos ámbitos, el Gobierno responde creando una mesa a su medida: elige a sus integrantes, limita el debate y presenta como consenso decisiones previamente tomadas. Eso no es participación, sino marketing institucional. Mucho autobombo, ninguna autocrítica y muy pocos resultados“.

En su intervención, ha destacado, además, que la derechización del Gobierno es “especialmente peligrosa en materia de migración y derechos humanos”. “Si se presenta a las personas migrantes como una amenaza, se abona el mismo terreno político que utiliza la extrema derecha”, ha señalado.

Sumar también ha evidenciado las diferencias con el lehendakari en materia de autogobierno. “Hablan constantemente de las competencias que faltan, pero mucho menos de cómo utilizan las que ya tenemos”, ha señalado. “El autogobierno puede servir para fortalecer los servicios públicos, redistribuir la riqueza y garantizar derechos. Pero también para sostener privilegios fiscales, privatizar servicios y consolidar el poder de las élites económicas. Y eso es lo que hacen ustedes. Reclaman competencias en nombre de toda Euskadi, pero demasiadas veces las utilizan en beneficio de una parte muy concreta de Euskadi”, ha criticado.

En este sentido ha señalado que existen “dos Euskadis”. “Existe la Euskadi de quienes viven de su salario y la de quienes acumulan beneficios gracias al trabajo ajeno. La de quienes esperan meses una consulta y la de quienes pueden pagar una sanidad privada. La de quienes no pueden emanciparse y la de quienes acumulan pisos o compran edificios enteros. ”Nuestra Euskadi no es la misma que la suya“, ha insistido. ”La suya se organiza alrededor de las grandes empresas, las consultoras y la colaboración público-privada. La nuestra se construye desde los barrios, los centros de trabajo, los servicios públicos y las luchas sociales“. ”Nuestra representación es modesta, pero nuestra posición es clara. No vamos a ser el acompañamiento progresista de sus políticas, ni la izquierda útil para el PNV“, ha indicado.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

Sumar, con un escaño, quiere que se abra ya la ponencia de reforma del Estatuto en el Parlamento Vasco. El único parlamentario, Jon Hernández, que es de IU, ha presentado este miércoles una proposición no de ley para reabrir la ponencia de autogobierno con el objetivo de abordar desde la “transparencia” el diseño de las bases políticas, jurídicas, institucionales y sociales de un nuevo pacto estatutario para Euskadi, informa Europa Press.

Hernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado, en referencia a las conversaciones que en torno a esta reforma mantienen el PNV, EH Bildu y el PSE-EE, que “la ciudadanía desconoce por completo qué se está negociando, en qué términos y con qué calendario”. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de empezar a actuar con “transparencia”. Ha abogado por operar “desde la centralidad del Parlamento Vasco”.

“No se puede marear a la ciudadanía con un debate de esta trascendencia”, cree Sumar. Hernández considera que la ponencia de autogobierno debe reabrirse “antes del verano” para ordenar las posiciones de los grupos y recuperar la deliberación parlamentaria. Ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, habló de junio como referencia, pero no hay noticias sobre ello.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, ha indicado este viernes en el Parlamento Vasco que será en “octubre” cuando arranque un programa “piloto” por el cual Osakidetza empezará a asumir, como estaba prometido, el grueso de los abortos, ahora derivados en un 95% a clínicas privadas concertadas. Después de que EH Bildu denunciara el retraso en el compromiso de publificación del servicio lanzado en 2025, otra formación de la oposición, Sumar, ha preguntado este viernes en la sesión de control -de la que se ha ausentado el lehendakari, Imanol Pradales- por la misma cuestión al titular de Salud, que ha insistido en que el Gobierno “cumplirá” con su palabra, aunque a partir de otoño.

El consejero Martínez ha iniciado sus explicaciones recalcando que, ora en la pública ora en la privada, “Osakidetza cumple de forma estricta con la ley orgánica” que regula el derecho a la interrupción del embarazado porque “es una línea roja”. Ha indicado que la Sanidad pública asume ya las intervenciones “por causa médica”, por suponer un “grave riesgo para la vida” de la madre o porque son embarazos “con enfermedades fetales graves e incurables”. Y ha añadido que, en el resto, hay una “derivación” precedida de “financiación pública” y “acompañamiento”. Ha mencionado, por ejemplo, el papel de las matronas, un colectivo que ha anunciado una huelga de

Históricamente, según recogen tozudamente las memorias anuales, el 95% de los abortos no han sido asumidos por Osakidetza. Fue en 2025 cuando, dentro de los planes para reducir la externalización de servicios exigidos en la mesa del pacto de salud, se incluyó el compromiso de publificar los abortos. Sin embargo, los datos de 2026 indican que nada ha cambiado por el momento. En los cuatro primeros meses del año, el Servicio Vasco de Salud ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 mujeres. Es un ritmo muy similar al de otros años, con unos 4.200 abortos totales.

Si EH Bildu, al ver estas estadísticas, lamentó que esto era uno más de los “muchos anuncios” de Martínez “que luego no acaban materializándose”, Sumar ha insistido en el “gran retraso” del Gobierno. Según Jon Hernández, “Osakidetza está de sobra preparada” para revetir con todas las garantías la “alta privatización” de esta prestación.

El consejero, en dos turnos, ha dicho que Osakidetza iniciará un “pilotaje” en octubre. La “progresiva” publificación del servicio arrancará con la asunción de las interrupciones “farmacológicas tempranas”, es decir, las que se han en las primeras diez semanas de gestación. Son el 88% de los abortos totales.

Actualmente, los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones en 2026, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha vuelto a cargar con dureza contra la gestión de Sumar en el Gobierno de España. Cambiando los papeles habituales en las sesiones de control, Pradales ha pasado a ser la oposición de la oposición en la respuesta a una pregunta de la coalición de izquierdas en el Parlamento Vasco sobre los escasos avances que aprecian en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto.

A falta de detalles sobre lo que se le requería, el lehendakari ha señalado a tres de los cinco ministros de Sumar. A la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha afeado que las negociaciones sobre el traspaso del Fogasa estén siendo “decepcionantes”. A la ministra de Sanidad, Mónica García, convertida ya en diana habitual del PNV, le ha vuelto a acusar de “provocar” la huelga médica que está disparando las listas de espera de Osakidetza. Y, si no desea “negociar” con los facultativos, debería ceder a las comunidades autónomas las competencias sobre el estatuto marco, ha recalcado. Y, finalmente, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha reprochado que no acceda al traslado “temporal” del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso con motivo del nonagésimo aniversario del bombardeo nazi, que se conmemorará el año próximo.

“Den la cara, no se pongan de perfil. [...] Póngase el buzo de trabajo vasco”, le ha dicho el lehendakari al único representante de Sumar en la Cámara vasca, Jon Hernández, que es de IU. El pasado año Pradales ya criticó que la parte de Sumar del Gobierno de España frenara el acuerdo en torno al Sepe y las prestaciones de paro. Incluso estando en La Moncloa le pidió “orden” a Pedro Sánchez en su gabinete para que controlara a los ministros de la coalición de Díaz.

De su lado, Hernández quería concreciones sobre cómo marchan las negociaciones sobre el Estatuto. Es algo prometido en 2012 que ha naufragado varias veces y ahora mismo los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, llevan meses hablando fuera de la Cámara sin que se sepa muy bien cuáles son los avances o los plazos. Pradales, en septiembre, dijo que en junio haría una ronda con los partidos para valorar ese asunto.

El lehendakari, sin dar muchos detalles, ha confiado en que “los partidos sigan avanzando”. Eso sí, ha indicado que él tiene como misión principal completar el Estatuto en vigor, el de 1979. De cara a julio se prevé cerrar un acuerdo en torno a la gestión económica de la Seguridad Social, la más relevante de las transferencias pendientes.

Críticas de EH Bildu por Osakidetza

Al hilo de las críticas del Gobierno vasco al central, el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha asegurado en la Cámara, en declaraciones a los periodistas, que Osakidetza no puede escudarse en la huelga y en la ministra García para explicar las listas de espera porque los indicadores ya estaban empeorando antes de la convocatoria de las movilizaciones.

Otxandiano aprecia “cierta irresponsabilidad” en la gestión sanitaria y emplaza al consejero del ramo, Alberto Martínez, del PNV, ha que mire menos “a terceros” y dé pasos donde puede darlos. Ha subrayado, por ejemplo, que el convenio de Osakidetza lleva sin ser renovado desde 2008.

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una moción presentada por el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, en la que se pedía la realización de una auditoría sobre la utilización de los 15 millones de euros de fondos europeos para la creación de 1.518 nuevas plazas públicas en educación infantil, de las que hasta este momento no se han creado más 252. La propia consejera Begoña Pedrosa afirmó recientemente en la Cámara que en total, a finales de este año, no se crearán más de 663. La moción de Sumar pedía también la creación de una comisión de investigación parlamentaria para “indagar sobre la gestión política en el incumplimiento de los objetivos comprometidos” en estos fondos, que se recibieron en 2022, pero la iniciativa ha decaído después de contar únicamente, además de con su voto, con el de los parlamentarios de EH Bildu.

En lugar de la moción de Sumar, ha salido adelante la enmienda a la totalidad presentada por los partidos del Gobierno vasco, PNV, PSE-EE. Sólo ha tenido sus votos. “Pone en valor la gestión de los fondos” que está llevando a cabo el Departamento de Educación, el Consorcio Haurreskolak y los distintos agentes locales “como un ejemplo de colaboración interinstitucional para reforzar la oferta pública de plazas en la etapa de infantil que el sistema educativo vasco necesita”. Los parlamentarios instan a Educación a “seguir reforzando el servicio gratuito y universal que presta el Consorcio Haurreskolak como servicio público” y a seguir “impulsando y ampliando la oferta educativa pública, gratuita y universal de la etapa 0-2 años ”teniendo en cuenta la demanda real existente y cuidando la adecuación de los servicios que presta el Consorcio Haurreskolak a las necesidades de las familias“.

Desde los partidos del Gobierno han defendido la necesidad que se creen las plazas según la necesidad. “No trata de ponerse a crear plazas con el único objetivo de justificar el gasto o llegar a una cifra que se nos impuso como si la realidad de todas las comunidades autónomas y la necesidad de todas las comunidades autónomas fuera la misma”, ha señalado el representante del PNV, Aritz Abaroa. “La gestión de los fondos requiere de planificación, de colaboración con los ayuntamientos, que, como bien sabe, son ellos quienes deben solicitar y activar los mecanismos para la creación de centros y plazas que necesitan. Requiere de estrategia de cara al futuro, atendiendo también a la realidad demográfica, que es una realidad”, ha señalado. Y ha recordado que como ya ha señalado la propia consejera se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio para adaptar el uso de los fondos a las necesidades reales que tienen las familias vascas.

De igual forma, Estíbaliz Canto, desde el PSE-EE, ha insistido en la necesidad de “poner en valor la gestión compartida del Departamento, del Consorcio Haurreskolak y de los agentes locales para seguir reforzando el servicio gratuito y universal que se presta desde el consorcio, que se siga impulsando y ampliando la oferta pública de cero a dos años, teniendo en cuenta la demanda real y la adecuación del servicio a las necesidades de las familias”. No obstante ha reconocido que hay que “seguir ampliando la oferta pública donde se necesita”. “Hay que trabajar con los ayuntamientos. Hay que aprovechar todos los márgenes disponibles, y evidentemente con transparencia, planificación y lealtad institucional”, ha indicado.

Por su parte, Ikoitz Arrese de EH Bildu ha criticado, como ha hecho Sumar, que el Departamento de Educación “no ha sido capaz de explicar qué ha hecho con ese dinero procedente de Europa, qué piensa hacer y cómo lo va a justificar” y ha pedido “para recuperar los consensos que construimos en torno a la Educación de 0 a 3 años que se aclare ”de la manera más transparente posible, todo lo relativo al dinero no invertido“.

El PP, a través de la parlamentaria Muriel Larrea, ha defendido la libertad de los padres de poder elegir entre la educación pública y la concertada y ha considerado que “construir plazas públicas donde ya haya oferta es una malversación de oportunidades”. “Lo que este Gobierno debería estar haciendo es negociar con el Ministerio para que esos 15 millones puedan destinarse a lo que de verdad importa: que la plaza sea asequible para la familia, independientemente de quién sea el dueño del edificio o de quién contrate a los trabajadores”, ha planteado.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha indicado que se crearán en total 663 nuevas plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años con los fondos europeos recibidos para este fin, que ascienden a más de 15 millones de euros, y con los que, en principio, estaba previsto que se crearan 1.518. Hasta el mes de enero se han creado 252.

Pedrosa, que contestaba a una interpelación del parlamentario de Sumar Jon Hernández sobre lo que considera “fraude” en la ejecución de estos fondos, ha insistido en su respuesta que desde el Gobierno “van a intentar destinar la integridad de los fondos europeos a crear las plazas que el primer ciclo de Educación Infantil necesita”, dando por sentado que no se necesitan las 1.518 que estaban previstas. En cuanto a los fondos, ha hecho mucho hincapié en que, además de negociar con Madrid la ampliación de los plazos, se ha aceptado incorporar, entre otros aspectos, conceptos “que permiten flexibilizar la justificación del gasto como son los de reforma, rehabilitación y los gastos de funcionamiento de las nuevas plazas creadas”. “Conceptos que nos permiten crear las plazas que nuestro sistema necesita siempre con criterios de eficiencia del gasto”, ha señalado.

Pedrosa respondía en el pleno de control a esta cuestión después de que de forma previa, en una respuesta por escrito al parlamentario de Sumar, señalase que hasta el 31 de enero se han creado 252 plazas en los últimos cuatro años tras recibir estos fondos. La consejera ha insistido en que el plazo de justificación de estos fondos se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026 y que para cumplir este plazo se ha fijado a los ayuntamientos los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de abril y 29 de mayo respectivamente, y, por lo tanto, ha insistido en que el “programa está en ejecución”. No obstante, a la hora de cuantificar las plazas, las ha fijado en 663. frente a las 1.518 previstas. Pese a ello, con el cambio de criterio en la justificación, Pedrosa no ha dudado en que “se podrán justificar la mayor parte posible de los fondos recibidos dentro de las necesidades de nuestro sistema educativo”.

Ante las críticas de Sumar, la consejera se ha referido a la “complejidad que implica la gestión y justificación de fondos”, desde el punto vista de manejo de documentación técnica, justificación del gasto, seguimiento del programa, requisitos de presentación y validación de facturas. Además de la disponibilidad de espacios de cada Ayuntamiento que está trabajando en este programa. “Desde que se toma la decisión de creación de nuevas plazas hasta la efectiva ejecución de las mismas es toda una aventura”, ha señalado. “Son muchos los agentes implicados de las distintas administraciones”, ha recordado. “Con sus palabras, en cierto modo está criticando a todas las administraciones de este país”, ha lamentado. Según ha señalado, las 663 plazas previstas estarán en las capitales como Vitoria, Bilbao y Donostia, pero también en los municipios de Galdakao, Getxo, Oñati, Labastida, Güeñes, Busturia o Astigarraga, dos escuelas infantiles en Eibar y una nueva escuela en Santurtzi, en Mamariga.

Hernández ha criticado la gestión del Gobierno y se ha ratificado en la acusación de “fraude” a la ciudadanía con la intención de que no hay plazas públicas suficientes y que se acabe optando por los centros privados o concertados. En este sentido, ha señalado que “la lista de haurreskolak sin hueco para niños y niña de 1 a 2 años, por no citar las de menores de esa edad, en enero de este mismo año era de 58 y en 30 municipios no había plazas vacantes en ese tramo de edad habiendo tenido ustedes los recursos para crearlas”. Y ha citado a Vitoria, Llodio, Amurrio, Salvatierra-Agurain, Bilbao, Sestao, Portugalete, Galdakao, Leioa, Santurtzi, Derio, Berango, Sondika, Güeñes, Zalla, Donostia Azpeitia, Deba, Irún o Lasarte-Oria. “Las necesidades están ahí y son claras, consejera”, ha indicado Hernández.

La consejera ha defendido la apuesta por la educación pública por parte del Gobierno vasco, y ha dado como dato del aumento de la confianza de los ciudadanos en las Haurreskolak, que “si en 2021 únicamente el 43% de las familias solicitaba el horario de mañana y tarde, en la actualidad es el 71,3% las que solicitan ocho horas de atención”. Un cambio significativo. El número de niños y niñas atendidos se ha incrementado en un 54,20% de los últimos cinco años en las Haurreskolak, y para ello, también se ha incrementado más de un 34% el presupuesto destinado en los últimos cinco años, llegando a 85,8 millones de euros.

No ha sido esta la única respuesta referida a Educación y su planificación a lo largo del pleno. La consejera ha respondido también a una cuestión planteada por el PP en relación con el cierre de institutos de Bachillerato como el de Txurdinaga en Bilbao. “Se suprime la oferta pública en barrios como Txurdinaga, Santutxu, Begoña u Otxarkoaga y se obliga al alumnado a desplazarse generando barreras adicionales, sobre todo para quienes parten de unas situaciones más vulnerables. Una comunidad de más de 60.000 habitantes quedaría con un solo centro público de bachillerato. ¿De verdad crea el departamento que eso mejora la igualdad de oportunidades”, ha preguntado la parlamentaria del PP, Muriel Larrea.

Pedrosa ha insistido al respecto que la reordenación de la oferta educativa “no afecta al alumnado que actualmente cursa sus estudios en el centro”.“ El año que viene seguirán estudiando en el centro” y el objetivo de la reordenación “es precisamente reforzar la oferta pública”, ha señalado, para añadir que el centro carece de demanda suficiente.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, de un plumazo y en apenas tres cuartos de hora, una doble reforma legislativa del sistema electoral para eliminar que el orden de las candidaturas en las elecciones forales y autonómicas, las que se pueden regular desde las instituciones vascas, venga establecido por el tiempo en que se registran, lo que había motivado largas esperas de horas o incluso días, también de madrugada, para coger el primer turno en el día en que se abría el plazo de presentación. El retoque venía previamente pactado por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, y a esa amplia mayoría se ha sumado el PP. Es decir, 73 de 75 escaños. Sí se ha opuesto Sumar, lo que ha motivado un durísimo cruce de acusaciones entre el portavoz socialista, Ekain Rico, y el parlamentario de la coalición de izquierdas, Jon Hernández, que ha incluido un doble aviso al primero de la presidenta, Bakartxo Tejeria, para que Rico se contuviera en el escaño. También Vox ha votado 'no'.

La aprobación de los cambios, consistentes en apenas un artículo en las respectivas leyes, de 1987 y 1990, respectivamente, estaba ya asegurada de antemano. La nueva redacción dejará el orden en función del resultado de la anterior cita con las urnas o, en el caso de nuevas siglas, por sorteo. Se había justificado la urgencia de la tramitación porque es inoportuno modificar la normativa electoral cuando queda menos de un año para una cita con las urnas y la siguiente, en principio, está fijada en el calendario para mayo de 2027, por lo que había que operar en abril de 2026. El asunto ha seguido el procedimiento de lectura única, es decir, sin comparecencias de expertos y debates de enmiendas en comisión. Al ser una iniciativa de los partidos y no del Gobierno, tampoco han sido necesarios todos los informes consultivos que exigen los proyectos de ley. Ahora bien, un matiz relevante es que las elecciones forales coincidirán con las municipales, todavía bajo la norma estatal y que les exigiría, igualmente, volver a las colas si quieren tener un orden prioritario.

Los tres partidos proponentes, PNV, PSE-EE y EH Bildu, han expuesto sus argumentos muy brevemente, en apenas ocho minutos del turno de la primera de las leyes, sin participar en los turnos de la segunda. “No tiene efectos en los derechos de electores y partidos”, ha dicho Jon Andoni Atutxa, del PNV, en una exposición de apenas unos segundos, mucho más corta que las que se suelen hacer en iniciativas no legislativas. El socialista Rico y Eraitz Sáez de Egilaz, de EH Bildu, han coincidido en que era un ajuste necesario para evitar “fotografías curiosas” en cada proceso electoral, la de las sillas de playa y los víveres para 'acampar' delante de los palacios de justicia, donde están las juntas electorales.

El debate se ha estirado porque Jon Hernández de Sumar ha formulado una dura crítica a la propuesta presentada por la mayoría parlamentaria. Ha señalado que “es una reforma no muy democrática” y que se hace “para tener ventaja”. “Se han puesto de acuerdo para tener ventaja”, ha insistido Hernández, que procede del PCE y de IU. Ha alegado que es “bien conocido” que el orden de las candiaturas tiene “efectos” y ha lamentado también las formas de acometer una reforma como la electoral, sin apenas debate. Ha abundado que “no había inseguridad jurídica con el sistema actual”, más allá de la “incomodidad” de las colas. “Hay alternativas mucho más democráticas o neutrales. Desde la izquierda se debe defender el pluralismo político, nos beneficie o nos perjudique”, ha añadido Hernández, que planteaba un sorteo entre todas las candidaturas.

Sus palabras han encendido a Rico, que no iba a volver a intervenir en las réplicas, pero que ha cambiado de ideas, según ha admitido. Ha considerado “insoportable” y llena de “mentiras” la postura de Sumar, una coalición con la que los socialistas comparten el Gobierno de España. No ha aceptado que pueda ser “antidemocrático” ordenar las listas en función del número de votos de las anteriores convocatorias, porque eso es justamente lo que se hace con los espacios publicitarios o en los medios de comunicación públicos, por ejemplo. Ha citado que se calca el modelo ya vigente en el Senado, por ejemplo. “Yo me he comido muchísimas colas. He coincidido con el PNV, con EH Bildu, con el PP. Hasta nos hemos hecho amigos. Hasta tenemos grupos de WhatsApp. A ustedes no les visto nunca. No son ustedes la España que madruga, precisamente”, le ha espetado a Hernández.

El representante de Sumar ha vuelto a la tribuna y a denunciar la reforma y los comentarios del PSE-EE. Desde el escaño, Rico ha seguido quejándose y es cuando la presidenta Tejeria ha intervenido. “¿Usted me va a decir a mí lo que es militancia?”, ha lanzado Hernández, que ha criticado las decenas de “liberaciones” y “cargos” de las que gozan algunos partidos. Desde el PNV, Atutxa, de nuevo brevemente, ha ironizado que igual con la reforma le hacen un “favor” a Sumar porque, en las últimas elecciones, tuvo un orden mucho más retrasado que el que le daría su posición en las urnas, quinta fuerza de la comunidad autónoma.

PP y Vox no han intervenido hasta después de votadas y aprobadas las leyes. Los 'populares' lo han hecho para darles el visto bueno, según ha indicado Laura Garrido. Vox, por el contrario, ha votado en contra por el “fondo” y por la “forma”. Amaia Martínez Grisaleña ha dicho que es “legislación a la carta” para dar “ventaja electoral” a las grandes fuerzas. “Se altera el tablero electoral”, ha dicho la fuerza que quedó séptima en las autonómicas, incluso por detrás en votos de la extraparlamentaria Podemos.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco sólo ha creado 252 plazas de educación pública en los últimos cuatro años pese a contar con fondos europeos para crear 1.518 plazas. El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado este hecho y lo ha calificado de “fraude” a las familias vacas. El dinero recibido para este fin de los fondos europeos era de 15,4 millones de euros, y en los años de ejecución, desde 2022, pese a crearse sólo el 16% de las plazas comprometidas, se ha gastado el 42% del presupuesto, 6,49 millones de euros. “Es decir, ni se han creado las plazas ni se han ejecutado correctamente los recursos disponibles”, ha denunciado Hernández.

El número de plazas creadas en la educación pública de 0 a 3 años con el paraguas de los fondos europeos, 252, figura en una documentación remitida por el Departamento de Educación al parlamentario de Sumar, en la que señalan que esta cifra es la que ejecutada a 31 de enero de 2026, pero que el plazo de justificación de estos fondos se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026. Para poder cumplir con ese plazo, se ha fijado a los ayuntamientos, los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de abril y 29 de mayo respectivamente. Desde el departamento de Educación no han querido valorar las afirmaciones de Jon Hernández, más allá de remitir a la documentación remitida al Parlamento. El representante de Sumar ya ha anunciado que preguntará por esta cuestión a la consejera en el próximo pleno de control. “Estamos ante un fraude a la ciudadanía: había financiación europea, había necesidad y no se ha cumplido el objetivo”, ha señalado Hernández.

Para el parlamentario de Sumar, esta no es una cuestión de “retraso administrativo”, sino que se corresponde con una “decisión política consciente de no ampliar la red pública”. “No hablamos de incompetencia. Hablamos de una decisión política. El Gobierno vasco se resiste, con todos los medios a su alcance, a ampliar la red pública, pese a contar con financiación europea”, ha afirmado. Además, ha asegurado que primero intentaron utilizar el dinero para plazas concertadas, lo que no era posible porque los fondos son finalistas, y ahora no crean las plazas públicas. Una vez más perjudican a la educación pública para mimar a la privada, a la que no quieren que se le haga competencia“, ha señalado.

Hernández ha recordado en una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento que el Gobierno vasco rechazó en diciembre de 2022 cerca de 11 millones de euros adicionales al considerarlos innecesarios, alegando que existían plazas suficientes. “Hoy sabemos que eso no era cierto, porque hay casi 30 municipios sin plazas públicas suficientes y decenas de centros con listas de espera”, ha señalado Hernández.

El parlamentario, muy crítico con la consejera, ha señalado que durante todos estos años desde que se distribuyeron los fondos, se han ofrecido datos que no se ajustan a la realidad. Según ha señalado, la consejera de Educación aseguró en noviembre de 2024 que el plazo para justificar los fondos se extendía hasta 2026, “cuando en realidad finaliza el próximo mes de mayo”. “Ese mismo día afirmó que ya se habían creado 577 plazas, una cifra que posteriormente fue rebajada, mientras se sostenía que un tercio de las plazas estaba en marcha y el total del dinero comprometido, afirmaciones que han quedado desmentidas por los datos actuales”, ha indicado Hernández.

Sumar también ha denunciado que parte de las plazas contabilizadas no son nuevas, sino traslados o ampliaciones, lo que “maquilla el grado real de cumplimiento, y ha citado expresamente los casos de Busturia o Astigarraga. Según ha destacado, en 2024 no se creó ninguna plaza nueva y de las once haurreskolak anunciadas para 2025 solo se han abierto tres, mientras otras se retrasan o ni siquiera cuentan con previsión. ”Con los plazos actuales, todo apunta a que más de mil plazas financiadas no se van a crear“, ha advertido. Frente a ello, Hernández ha puesto el foco en la situación real de las familias, recordando que en enero había cerca de 60 haurreskolak sin plazas disponibles para niños y niñas de entre 1 y 2 años, y que en casi 30 municipios la oferta pública es insuficiente. ”Esto ocurre en ciudades como Vitoria, Bilbao o Donostia, lo que demuestra que había necesidad, había dinero y no se ha actuado“, ha señalado.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.

El PCE e IU izarán la bandera republicana en Eibar este domingo en vísperas del nonagésimo aniversario de la proclamación de la II República, hito que se dio, precisamente, en esa localidad de Gipuzkoa. Ambas formaciones aseguran que España padece “una monarquía hereditaria y corrupta, puesta a dedo por un dictador, que perpetúa las desigualdades y carece de legitimidad democrática”.

Ambos partidos conmemorarán el domingo el 95 aniversario de la II República con una marcha que partirá a las 10.00 horas desde Ermua, en Bizkaia, para concluir a las 11.00 horas con un acto político en Eibar, ya en Gipuzkoa. En la plaza de Unzaga abogarán por una III República como “único sistema capaz de profundizar en una democracia real y en la plurinacionalidad”, proclamarán el “no a la guerra”, exigirán la salida de España de la OTAN y apostarán por “un bloque político y social alternativo”.

La coordinadora de IU en Euskadi (Ezker Anitza), Arantza González, y el secretario general del PCE-EPK, Jon Hernández, han presentado en Bilbao estos actos conmemorativos durante una comparecencia en la que han defendido la república como “la única forma de estado capaz de abrir un proceso de profundización democrática, una democracia real, participativa, laica, plurinacional, íntegra y transparente que garantice una vida digna a todas las personas”. Además, han destacado que supone “una salida real a las necesidades de la mayoría social”, informa Europa Press.

“El próximo domingo en Eibar, reivindicaremos la república como el único modelo de Estado capaz de garantizar la igualdad y la justicia social, el único modelo capaz de profundizar en la plurinacionalidad del Estado”, ha insistido González. Asimismo, ha advertido que esto “no será posible con una monarquía hereditaria y corrupta, puesta a dedo por un dictador, que perpetúa las desigualdades y carece de legitimidad democrática”.

“Hoy, al igual que en 1931, nos encontramos en un tiempo complejo y difícil. Ante una escalada belicista, el rearme y el incremento del gasto militar, defendemos uno de los valores fundamentales de aquella república: la renuncia a la guerra como instrumento de la política”, ha manifestado Hernández, que es parlamentario vasco por la coalición Sumar. “Se trata de construir una república que garantice los derechos laborales y sociales, blindando en su constitución el empleo estable y salario digno; vivienda asequible y habitable; medidas estructurales contra la carestía de la vida; y unos servicios públicos fuertes en materia de educación, sanidad, pensiones suficientes, protección social y ambiental y cultura, y una presente y futuro para la juventud”, ha concluido.

El Parlamento Vasco ha dado el antepenúltimo paso para aprobar, a la cuarta, una ley de transparencia. La Cámara, este miércoles, ha cerrado la redacción definitiva del articulado, con la introducción de una treintena de cambios con respecto a la propuesta inicial del Gobierno de Imanol Pradales. Por ejemplo, PNV y PSE-EE han acordado con Sumar que la nueva agencia Gardena no tenga una presidencia de designación política sino que opere de un modo similar a otros órganos de control como el Ararteko, con control parlamentario y mayorías reforzadas. También ha habido un par de ajustes pactados con el PP. EH Bildu, por el contrario, no ha alcanzado ninguna transacción con los partidos del Ejecutivo y, aunque algunas de sus medidas sí estarán, adelanta ya que no apoyará la ley cuando pase a comisión, el penúltimo paso, y a pleno, el momento final de su promulgación.

Euskadi es la única comunidad autónoma sin normativa propia de transparencia, de modo que se opera con la legislación estatal. La actual es la cuarta legislatura en la que se tramita una propuesta. Por diferentes circunstancias, en los tres mandatos de Iñigo Urkullu nunca se cumplió ese compromiso lanzado allá por 2012, pero ahora sí se podrá aprobar. De hecho, la previsión es que el pleno definitivo pueda celebrarse antes del parón vacacional de verano, es decir, en este período de sesiones. El texto pasará ahora a comisión el 22 de abril y seguramente ya en mayo pueda quedar resuelto, indican fuentes parlamentarias.

La sesión legislativa de este miércoles, que sigue a una que ya tuvo lugar este viernes, era decisiva para perfilar el articulado. Se han discutido las enmiendas presentadas por los partidos. Como adelantó este periódico, los propios PNV y PSE-EE habían accedido ya a once cambios, incluido uno de cierta relevancia para forzar a la Administración a hacer público trimestralmente un informe con los contratos menores, los que se adjudican sin concurso por ser de pequeña cuantía. El PP también lo demandaba.

La novedad más relevante de este trámite, en todo caso, es que Sumar ha forzado, con un escaño, a que PNV y PSE-EE accedan a dar más “independencia” a la nueva autoridad vasca de la transparencia, de nombre Gardena. “A pesar de que estamos ante una mala ley, hemos evitado que la autoridad la elija 'a dedo' el Gobierno vasco”, ha señalado el portavoz de la coalición de izquierdas, Jon Hernández. Era “inaceptable” que el Ejecutivo pretendiese “controlar” un órgano de fiscalización externo. La fórmula escogida hará que el titular de ese puesto sea elegido por el Parlamento con una mayoría de tres quintos -ahora mismo los partidos del Gobierno precisarían de un tercer partido- y “tras un proceso público, transparente y basado en criterios de mérito, capacidad e independencia, con comparecencias ante la comisión competente”, según se congratula Sumar. La formación, sin embargo, no ha acudido este miércoles al Parlamento.

También PNV y PSE-EE han destacado de modo “especial” este acuerdo con Sumar. “Se refuerzan así los mecanismos de control democrático”, sostienen. Desde el PNV, Xabier Barandiaran ha puesto en valor la “política útil desde el acuerdo” y que la redacción final tenga aportacones de “todos” los partidos. Según el socialista Pau Blasi, Euskadi tendrá con la ley “una Administración más abierta, inteligente y transparente, que rinda cuentas de su gestión” y abierta a la participación de la ciudadanía y al “empoderamiento ciudadano”.

Por el contrario, EH Bildu ha reporechado a nacionalistas y socialistas “falta de voluntad para mejorar” el texto inicial del Ejecutivo. La formación abertzale indican que PNV y PSE-EE han tumbado la “inmensa mayoría” de las propuestas que habían lanzado, 127 en total. “No significará un avance cualitativo de cara a reforzar la transparencia en las políticas públicas y en la gestión de las administraciones”, entiende Lamia Arcas, que avisa que la norma orilla fenómenos candentes como la inteligencia artificial o los algoritmos.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

El Gobierno de Imanol Pradales, a través de una respuesta parlamentaria de su consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha defendido que el objetivo del sistema educativo vasco no tiene que ser atribuir “responsabilidades colectivas”, sino formar a una ciudadanía “crítica y comprometida con los valores democráticos”. Preguntada en concreto por las acciones emprendidas en torno al pasado colonial de Euskadi, la consejera ha defendido, de manera genérica, que el sistema educativo vasco ya aborda “el estudio del pasado desde una perspectiva contextualizada y rigurosa”. En otra respuesta más lacónica, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha sostenido que los museos vascos no albergan elementos ni discursos con “lecturas coloniales”.

La pregunta, formulada por el parlamentario de la coalición Sumar Jon Hernández, era esta: “¿Qué acciones están llevando a cabo el Gobierno vasco y otras instituciones vascas en el ámbito cultural, educativo y patrimonial para reconocer, investigar y divulgar el pasado colonial de Euskadi y sus implicaciones en la memoria colectiva y las políticas culturales actuales?”. La formación de izquierdas, desde el Gobierno de España, ha defendido precisamente revisar esas huellas coloniales.

La consejera de Cultura y Política Lingüística y también vicelehendakari primera ha respondido que “las actuaciones históricas realizadas en este contexto se pueden calificar como de carácter residual”. “Los fondos de los museos vascos carecen de elementos significativos y, más aun, de discursos que tengan lecturas coloniales, o al menos estas no son relevantes”, añade Bengoetxea a renglón seguido.

La respuesta de Pedrosa es algo más extensa, de tres párrafos. Arguye la consejera de Educación que el “análisis crítico de los procesos históricos” se engloba en un marco más amplio de una serie de políticas educativas dirigidas a “la formación en pensamiento crítico, derechos humanos y convivencia democrática”. “Con carácter general, el sistema educativo vasco aborda el estudio del pasado desde una perspectiva contextualizada y rigurosa, integrando en los currículos contenidos que permiten comprender los grandes procesos históricos, sociales y económicos que han configurado el mundo contemporáneo, incluido el colonialismo, así como sus consecuencias en términos de desigualdad, diversidad cultural y relaciones de poder”, señala Pedrosa.

Defiende la consejera que el objetivo del sistema educativo “no es la atribución de responsabilidades colectivas”. En cambio, se apuesta, según sostiene, por “la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con los valores democráticos, capaz de comprender la complejidad del pasado y de promover una convivencia basada en la igualdad, el respeto y la cohesión social en una sociedad diversa como la actual”. Recalca en más de una ocasión que el enfoque del sistema educativo vasco pasa por conseguir “una mirada pedagógica que fomenta la reflexión crítica y el respeto a la pluralidad cultural”.

Ninguna fuerza de la oposición en Euskadi ha opinado sobre el mensaje lanzado a los migrantes por el lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, que aprovechó su discurso de fin de año (o de Gabon, en su denominación tradicional) para recordarles sus “obligaciones”. La excepción, Vox, que ha considerado desde la ultraderecha que se ha quedado corto, que ha insistido en asociar criminalidad y extranjeros y que ha pedido “mano dura” contra este colectivo.

EH Bildu, como hizo con el mensaje de Felipe VI, ha optado por no hacer un balance como tal, a diferencia de la práctica habitual con Iñigo Urkullu o con el propio Pradales el pasado año. Según Radio Euskadi, la coalición entiende que en su país hay más de un lehendakari, en referencia a la navarra María Chivite y a los dirigentes de Iparralde. Por ello, tanto el líder institucional, Pello Otxandiano, que ha lanzado un mensaje en sus redes sociales, como la portavoz Nerea Kortajarena han optado por lanzar un mensaje propio para lanzar “esperanza” al conjunto de Euskal Herria a pesar de las “amenazas” reaccionarias.

En el flanco izquierdo, la coalición Sumar ha criticado por “escandalosamente autocomplaciente” la alocución de Pradales, al que ve “alejado de la realidad cotidiana”. Pero su único parlamentario, Jon Hernández, ha considerado que el “speech político del PNV” ha fallado en sus referencias a la vivienda, a las personas durmiendo en la calle o a la juventud. Nada ha mencionado sobre la migración, que ha ocupado la parte principal de la intervención del lehendakari y que era el mensaje más destacado que quería lanzar.

Desde el PP, Javier de Andrés ha optado por subrayar los temas “olvidados” por Pradales. Ha criticado la escasez de menciones al “coste de la vivienda”, que a su entender se debe a la “excesiva regulación que estrangula el mercado”, la falta de referencias al “crecimiento de la delincuencia”, algo que atribuye a la “laxitud” del Gobierno en sus respuestas, y también que no se aborde la “pérdida de capacidad adquisitiva”, lo que contrasta con el “crecimiento del gasto público”. “Parece que no hay límite”, ha ironizado De Andrés.

Desde fuera del arco parlamentario, Podemos ha bromeado que fue más interesante el vídeo a modo de inocentada del 28 de diciembre grabado con José Luis Korta en Ajuria Enea. “La verdad es que me gustó más el vídeo que hizo con Korta el día de los Inocentes porque al menos ese día sabíamos que era una broma”, ha asegurado Richard Vaquero, que está intentando en estos meses devolver el protagonismo perdido a la formación morada con acuerdos como la reforma fiscal o los presupuestos en Álava y Gipuzkoa, todos ellos con PNV y PSE-EE.

Los socios del Gobierno

Desde Araia, su localidad natal, el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha visto “enfadada” a la oposición y “centrado” a Pradales. Ha mostrado su temor de que ese “enfado” de las fuerzas políticas vaya a traer en 2026 a Euskadi “el ruido y la polarización” de Madrid. Díez Antxustegi sí ha destacado que la migración haya sido el punto central del mensaje y agradece tener un mandatario que hable “claro” sobre el asunto, subrayando que Euskadi es un país de “acogida” pero en el que hay derechos y a la vez “obligaciones”.

Los socios del PNV, el PSE-EE, han enviado su propio mensaje con un Eneko Andueza que no ha ocultado que tienen “algunas diferencias” con los nacionalistas. Ha destacado como hitos de la gestión el empleo, la vivienda, el transporte y Osakidetza, de los que los tres primeros son carteras gestionadas por los socialistas. De hecho, ha insistido en que la “influencia” de su partido en el Ejecutivo es muy relevante y que gracias a ellos hay una orientación “progresista” de la gestión.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afrontado la última sesión de control de 2025 en el Parlamento Vasco en dos tribunas. Dentro, en el hemiciclo, ha podido lanzar sus mensajes sobre el Guggenheim o la situación económica. Por el contrario, para analizar la situación de Pedro Sánchez a la luz de las investigaciones de corrupción, a instancias de Vox, ha delegado en la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea. Fuera, ante los medios de comunicación, ha dejado otros tres mensajes. Se ha felicitado de que Europa haya dado luz verde a la macrorregión atlántica, un proyecto iniciado por su predecesor, Iñigo Urkullu, ha insistido en que enero se reunirá con Pedro Sánchez para analizar si se ha cumplido o no el compromiso de completar el Estatuto antes de final de año, incluida la Seguridad Social, y ha clamado contra la “crispación” tras el áspero debate de elección del Ararteko de este jueves, que incluyó al líder del PP, Javier de Andrés, deseando el “exterminio” de EH Bildu.

Por partes. En el arranque de la sesión, Pradales había preparado con su partido, con el PNV, una autopregunta para analizar el escenario abierto por la paralización del Guggenheim en Urdaibai. No es solamente que el lehendakari sea presidente del patronato de la fundación Guggenheim, sino que en su etapa como diputado foral en Bizkaia defendió con firmeza el proyecto que ahora se deja de lado por inviable. Llegó a “blindar” en primera persona 40 millones de financiación foral. La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha usado su turno para preguntar a Pradales por ello. Pero, como en el caso del PNV, el líder de la oposición, Pello Otxandiano, ha renunciado a las réplicas.

El lehendakari, en sus dos turnos, ha insistido en que “da por buenas las razones” para la paralización del proyecto de ampliación con dos subsedes, Gernika y Murueta. Con todo, ha insistido en que para la pinacoteca de Bilbao “quedarse parado no es una opción”. Ha citado el impacto del museo inaugurado en 1997, en lo cultural y como motor de transformación. Lo ha cuantificado en 8.300 millones de impacto económico -tanto como el presupuesto compartido de Salud y Educación-, 6.500 puestos de trabajo y casi 1.300 millones de recaudación para las Haciendas forales. Son “28 años con 28 millones de visitantes”.

Pero “los éxitos del pasado no garantizan el futuro” y ha confiado en que el Guggenheim plantee una nueva mirada estratégica ahora que “se abre una nueva etapa”. Después, ha criticado que la izquierda abertzale criticara el proyecto original hace tres decádas y que nunca haya aplaudido el éxito que ha sido. Y ha puesto en valor el proceso de participación en Urdaibai paralelo al debate sobre la viabilidad del proyecto de ampliación (y a las protestas sociales).

Por motivos familiares, Laura Garrido ha sustituido a Javier de Andrés en el turno del PP. Era un debate económico y a Pradales le ha permitido sacar pecho de los datos macro. “No somos un oasis, pero no nos pinte una catástrofe”, ha pedido a los 'populares'. Garrido se ha quejado también de que PNV y PSE-EE no hayan tenido “voluntad” de “ensanchar” el acuerdo para los presupuestos de 2026, que serán aprobados en el siguiente pleno, el martes, merced a la mayoría absoluta de nacionalistas y socialistas.

En el turno de Sumar, Jon Hernández ha denunciado las “puertas giratorias”, que son “un resorte muy presente” en Euskadi. Ha dado como ejemplo el fichaje de Andoni Ortuzar por Telefónica, que antes se había incorporado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), en la que no podrá seguir por incompatibilidades. También ha lamentado el salto de excargos de la Sanidad pública vasca a la privada, aunque sin nombres ni apellidos. En sus respuestas, el lehendakari ha defendido el código firmado por “todos” los altos cargos y ha negado “injerencia” del poder económico en la política. No ha mencionado ni a Ortuzar ni tampoco a Unai Rementeria, el exdiputado general de Bizkaia que desde esta semana es el nuevo presidente de la fundación BBK.

La “reválida” con Sánchez

Antes, ante los medios de comunicación, Pradales ha querido felicitarse del acuerdo del Consejo Europeo para constituir una macrorregión atlántica, una vieja aspiración del PNV y de los dos últimos lehendakaris, Urkullu y él mismo. Ha confiado en que sea una realidad en 2027 y ha defendido que permitirá que Euskadi tenga más voz en Europa y se impulsen proyectos como las conexiones ferroviarias o energéticas, pero también universitarios o de investigación. Ahora ha confiado en que haya avances, igualmente, en la oficialidad del euskera a nivel comunitario.

También ha apuntado a que esto es una muestra de la “bilateralidad” en las relaciones entre los Gobiernos central y vasco. En todo caso, a doce días de que expire el plazo para completar o al menos acordar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, el lehendakari ha insistido en que en enero tendrá una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la ve como una “reválida”. Se sigue avanzando en las negociaciones y el lunes habrá otra toma de contacto en Madrid en torno al traspaso más relevante encima de la mesa, el de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Asimismo, preguntado por el áspero debate de designación de Mikel Mancisidor como titular del Ararteko, tras el cual EH Bildu denunció que el PP había superado varias “líneas rojas” al desear un “exterminio” de la que es la segunda fuerza política, Pradales ha mostrado su “tristeza” por “cómo se elevó el tono y la crispación”. Ha dicho que hubo “palabras gruesas” del PP pero también de la propia coalición abertzale. “Lo que nos toca es ser responsables, no alimentar la crispación”, ha apostillado.

Vox había formulado tres preguntas, pero Pradales ha delegado la respuesta de las dos prmeras. En la tocante a los casos de corrupción en España, la que ha tomado la palabrada ha sido la vicelehendakari Bengoetxea. Ha dicho que “la situación política en el Estado es ciertamente preocupante” porque “es innegable la gravedad” de los hechos que se están conociendo. Sin embargo, ha contrapuesto la “estabilidad” de Euskadi a la del Estado, donde se opera de una manera “limpia”. “La situación aquí es totalmente diferente”, ha insistido la 'número dos' del Gobierno vasco. La pregunta sobre GKS y Ernai ha sido atendida por el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. Solamente ha tomado la palabra el lehendakari cuando le ha lanzado la ultraderecha su pregunta sobre el euskera y las recientes sentencias judiciales. Ha cerrado su intervención, la última del año parlamentario, deseando una feliz Navidad a los presentes.

PNV y PSE-EE se han valido este martes en el Parlamento Vasco de su mayoría absoluta para tumbar en el pleno las cuatro enmiendas de totalidad presentadas contra los presupuestos autonómicos de 2026, tantas como partidos de la oposición, EH Bildu, PP, Sumar y Vox. Es el antepenúltimo trámite para la aprobación de las cuentas, que tienen un techo de gasto histórico de 17.300 millones. En los próximos días, se debatirán en comisión las enmiendas parciales y se realizarán algunos ajustes en la propuesta original del Gobierno de Imanol Pradales impulsados por los propios nacionalistas y socialistas. Después, el 23 de diciembre, otro pleno visará el presupuesto para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

La sesión, de más de cuatro horas y media a pesar de que de antemano se conocía su resultado y los argumentos que se iban a lanzar, la ha arrancado el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. Ha empezado citando la “rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China” y ha seguido poniendo en valor la “estabilidad” y “solidez” de la que goza Euskadi, en contraposición con España y con Francia. Los presupuestos “no son un mero ejercicio contable”, ha insistido D'Anjou.

Ha señalado que, en 2026, las cuentas tienen una inyección adicional de casi 1.000 millones de euros para inversiones extraordinarias con cargo a la deuda autorizada este año, que se suman al disponible ordinario, de algo menos de 16.400 millones, también récord. Ha agregado que el proyecto combina “rigor” en lo tocante a deuda y déficit -“Euskadi es de las comunidades con la ratio deuda/PIB más bajo del Estado”- con “ambición” en la defensa de los servicios públicos o contra el problema de la vivienda. Y eso que el grifo de los fondos europeos se ha cerrado, según ha repetido en varias ocasiones el titular de Hacienda.

D'Anjou se ha puesto la venda antes de la herida y ha replicado a la oposición antes incluso de que sus portavoces tomaran la palabra. “Ningún grupo ha querido apoyar el proyecto de presupuestos”, se ha quejado. Hubo una ronda de contactos con todas las fuerzas salvo con Vox. Ha ironizado que a la vez se le ha criticado por ofrecer unos números de la “derecha reaccionaria” y “socialistas y de izquierda radical”. “Parece algo extraño que pueda ser al mismo tiempo de un extremo y del otro. No nos distraemos en esas polémicas”, ha zanjado.

Otxandiano y el “problemón” de la vivienda

El líder de la oposición y portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el encargado de defender el 'no' a los presupuestos. Lo ha hecho sin leer un discurso y con unas notas manuscritas que ha ido preparando en un cuaderno de tapas verdes. Ha señalado, en una primera parte, que los números no son tan “expansivos” como parecen, ya que el crecimiento real sería del 1,5% si se tiene en cuenta la evolución de los precios. Y ha vuelto a sacar el 'elefante' de los problemas estructurales que el Gobierno parece no querer enfrentrar. “En la política hay un problema endémico, la mirada corta. Hay cosas de las que no quiere hablar nadie”, ha insistido después de repetir que “en los próximos años habrá dificultades en los servicios públicos”, como Sanidad y Educación.

Después, se ha referido al “choque institucional” entre la EHU y el Ejecutivo por la financiación universitaria y ha demandado que se explore un acuerdo. También ha calificado de “problemón” el acceso a la vivienda. Sin embargo, ha afeado al Gobierno que no cuente con EH Bildu para llegar a consensos. Ha recordado las 53 enmiendas rechazadas en el plan director y las 47 a la reforma urgente de la normativa de suelo y vivienda. “Habéis rechazado todas. No la mitad. Ni tres cuartas partes. Todas y cada una de ellas. ¿A qué responde esa actitud política? ¿Cuál es la oferta de diálogo y negociación que se traduce de esa actitud? La vivienda es un problemón, que está generando una fractura social”, ha lanzado Otxandiano, adelantándose a las críticas de falta de voluntad de acuerdos prespuestario que sabía que le iban a arrojar PNV y PSE-EE. En ese momento de su intervención, el lehendakari ha abandonado su escaño.

Las palabras de Otxandiano han motivado un cruce dialéctico, sobre todo con el portavoz nacionalista, Joseba Díez Antxustegi. “No esperen que hagamos las políticas de [EH] Bildu. Nos han votado para hacer otras políticas. Tenemos modelos distintos. Asúmanlo. Ésta es la confianza que podemos tener con un interlocutor que un día dice una cosa y otro la contraria”, ha manifestado Díez Antxustegi, que ha visto “enfadado” al líder de EH Bildu, extremo que él ha negado. Y ha replicado que hay margen para el acuerdo, pero entiendo que ello implicaría que los partidos del Gobierno salgan del “confort” y no sean “ofensivos” hacia la oposición. Díez Antxustegi, con todo, ha llamado a la tranquilidad porque Euskadi, a pesar de las críticas, tendrá presupuesto por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE.

El PP critica el gasto en cargos y asesores

El PP también ha formulado una dura crítica al Gobierno. Javier de Andrés ha insistido en que se ha disparado el gasto en altos cargos y asesores. “El criterio no es la excelencia en el servicio, sino excelencia en el partido”, ha denunciado. Después, ha seguido asegurando que hay “73” sociedades públicas cuando Catalunya, con cuatro veces más población, “tiene 62”. “Y Madrid muchas menos. Veinte sociedades o algo así”, ha apuntado, sin concreciones, poniendo en valor a Isabel Díaz Ayuso. Ha agregado que este gasto aparentemente superfluo hace que el peso proporcional de Salud, por ejemplo, haya caído algunas décimas en los últimos años. Y ha criticado el “modelo intervencionista hasta el extremo” en Vivienda y el excesivo, a su juicio, gasto en Educación sin resultados -“está todo muy mal”- y que, supuestamente, busca publificar la concertada.

Tirando de ironía, Díez Antxustegi ha bromeado que De Andrés, periodista de profesión, habría titulado la noticia sobre el seísmo en Vitoria con un “Terremoto sacude un sitio a 360 kilómetros de Madrid y el PNV no hace nada para evitarlo”. “El PP está perdido en la política vasca”, ha sostenido el portavoz nacionalista, asegurando que el foco de De Andrés está en la capital de España y no en Euskadi y que sigue herido con el PNV por haber apoyado en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy. Como le ha dicho a EH Bildu, el PNV también ha indicado en este tramo de la sesión que tampoco comparten “modelo” con los 'populares'. “Sí, somos previsibles y estables”, ha apostillado, aunque, a la vez, también ha lanzado un dardo a los socialistas por los “escándalos” que “acechan” a Pedro Sánchez día tras día.

Sumar critica a Podemos y Vox a los extranjeros

Desde la bancada de Sumar, Jon Hernández, su único representante, ha avisado de que Euskadi tiene encima de la mesa presupuestos “envueltos en un lenguaje de progreso” pero “pensados para no cambiar nada, para mantener el statu quo” en 2026. “Es conservador [...]. Crecen las cifras, pero no el país”, ha sentenciado Hernández. Sobre la negociación, ha asegurado que el Ejecutivo ha mostrado voluntad de acuerdo sólo “de cara a la galería”, mientras en las reuniones únicamente ofrecía “lentejas”. “Se renuncia a fortalecer unos servicios públicos debilitados”, ha agregado citando que “se gastan dos euros en Policía por cada euro en Vivienda” y que la educación “privada-concertada sigue blindada”.

Hernández, que procede de IU, ha aprovechado, asimismo, para lanzar un dardo a Podemos por haber pactado la reforma fiscal en el ámbito foral, donde mantiene representación, con PNV y PSE-EE. “Mantienen una arquitectura de ingresos injusta”, ha avisado sobre los últimos cambios fiscales. El dato oficial es que esa modificación acarreará una bajada de la recaudación de unos 335 millones, “que no estarán ni en Sanidad, ni en cuidados ni en Vivienda”. El PSE-EE, por boca de Susana Corcuera, ha salido en defensa de una reforma fiscal “justa” y ha lamentado que Sumar se “ensañe” con sus antiguos socios. Durante toda la sesión, ha ido despachando las críticas de la oposición al igual que Díez Antxustegi y ha reivindicado que las cuentas son “progresistas” gracias a los socialistas vascos.

Vox, en su turno, ha tirado de su principal bandera. Ha situado la “inmigración” como “causa principal del incremento de los delitos” y de un “ingente” gasto público en otras materias. Ha culpado incluso a los extranjeros de las “listas de espera que se prolongan en el tiempo” en Osakidetza o del problema de la vivienda. “El presupuesto es altavoz del efecto-llamada”, ha argumentado Amaia Martínez Grisaleña. Luego, ha seguido con se segunda bandera, la crítica al euskera y a la “imaginaria nación vasca”. Y ha acabado su intervención atacando a los medios de comunicación privados, a los que considera “correa de transmisión” del “binomio gubernamental”.