En el episodio de hoy hablamos con Mònica, Francesc y Cristina. Los tres salen en un documental de TV3 que se llama ‘Et faran un home. Morts silenciades’. Los tres tienen en común que son hermanos de personas que, ellos tienen claro, murieron en extrañas circunstancias en la mili o por culpa de la mili. Han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya. Contamos sus historias y les preguntamos cómo se sienten en un contexto internacional en el que la guerra vuelve a ser protagonista y en el que muchos países de nuestro entorno recuperan el servicio militar obligatorio. 

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Correo de contacto: veu.victimesmili@gmail.com

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Familiares de fallecidos en la mili se organizan para buscar justicia: “Lo peor es no saber qué les pasó”

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El 23F se ha contado mil veces, de todas las formas y en todos los formatos posibles, pero faltaba la versión del Estado, que ha mantenido clasificados bajo secreto oficial desde 1981, al menos 153 documentos. Papeles confidenciales que estaban en el Ministerio de Defensa, en el de Interior, en Presidencia, en el CNI y que, 45 años después, el Gobierno ha decidido publicar sin mucho contexto. Hay transcripciones de llamadas telefónicas, informes de inteligencia, documentos sin firmar y hasta dibujos. 

Estos papeles tan secretos ¿desvelan algo relevante o que realmente no se supiera? ¿Cambian el sentido de la historia? Hablamos con Raquel Ejerique, Marta Borraz e Iñigo Aduriz, miembros del equipo de elDiario.es que ha explorado esos documentos. Con Carlos López Fonseca, uno de los escritores y periodistas que más ha indagado en el 23F, calibramos la relevancia del material revelado por el Gobierno. 

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Cada 8 de diciembre aparece marcado en rojo en el calendario español. Es festivo nacional, pero su significado suele quedar difuminado entre viajes, escapadas y el inicio del puente de diciembre. Sin embargo, detrás de esta fecha hay una historia que atraviesa siglos y que explica por qué España mantiene viva esta celebración, mucho más antigua que el propio calendario laboral.

El origen religioso del día parte del dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta doctrina fue proclamada oficialmente por el Vaticano en 1854, aunque la devoción en España había aparecido mucho antes, especialmente desde la Edad Moderna. Esa carga simbólica sería decisiva para que el 8 de diciembre terminara convertido en festivo nacional.

Pero si hay un acontecimiento que transformó esta fecha en algo más que una celebración religiosa, ese fue el llamado Milagro de Empel. Según detalla el archivo oficial del Ejército de Tierra, en 1585 los Tercios españoles quedaron cercados en la isla de Bommel, en los Países Bajos. En plena desesperación, un soldado encontró una tabla con la imagen de la Virgen entre el barro de las trincheras. Aquella misma noche, el río Mosa se congeló de forma repentina, permitiendo a la tropa cruzarlo y sorprender al enemigo.

La victoria fue tan inesperada que los soldados la atribuyeron directamente a la intervención de la Inmaculada. Desde entonces, la Virgen pasó a ser la patrona de la Infantería española, una tradición que el propio Ejército sigue reivindicando cada año en sus actos institucionales. La historia se integró en la identidad militar del país, convirtiendo el 8 de diciembre en una jornada con un fuerte componente histórico además de religioso.

Entre la fe y la memoria militar

Con el paso del tiempo, el relato del Milagro de Empel trascendió los cuarteles y se consolidó en la cultura popular, reforzado por crónicas, celebraciones locales y una devoción que mantuvo el vínculo entre la Inmaculada y la historia española. ACI Prensa explica que miles de creyentes continúan viendo este día como una celebración litúrgica de gran importancia, con vigilias, misas y procesiones que siguen reuniendo a comunidades enteras.

Ese peso simbólico explica que el 8 de diciembre se haya mantenido como festivo incluso en épocas de secularización creciente. Forma parte de la estructura de festivos estatales aprobada en el calendario laboral, pero también de una memoria colectiva que mezcla tradición católica, historia militar y la costumbre contemporánea del “puente de diciembre”.

Para la mayoría de personas, es un día que abre la puerta a los preparativos navideños, reuniones familiares o escapadas antes de las fiestas. Sin embargo, su permanencia en el calendario recuerda que, detrás del descanso, hay un entramado cultural que ha sobrevivido durante siglos y que conecta a la España de hoy con la de los Tercios.

El 8 de diciembre es, en definitiva, una fecha que une lo religioso y lo profano, lo histórico y lo cotidiano. Un día que parece ligero, casi vacacional, pero que lleva a sus espaldas un relato épico que comenzó en un invierno de 1585 y que sigue marcando el ritmo del último mes del año.

La Compañía Asturias formada por personal del Regimiento Príncipe 3 partía a 2.537 kilómetros de distancia del Principado, en la primavera de 1995, para participar en su primera misión internacional en pleno conflicto étnico en la antigua Yugoslavia.

Viajaban con el objetivo de servir como fuerza de interposición entre los bandos enfrentados en la guerra de los Balcanes y como unidad de protección y escolta para expediciones humanitarias bajo el paraguas de las Fuerzas de Protección de la ONU (UNPROFOR).

La primera misión internacional

Cuando se cumplen 30 años de aquella pionera misión, los WhatsApp, los correos electrónicos y el teléfono están conectados las 24 horas del día en la ingente búsqueda del mayor número posible de componentes del Regimiento Príncipe 3 que, bajo la bandera de la ONU, se integraron en la Agrupación Táctica Galicia para realizar, entre otras, labores de protección de ayuda humanitaria, escolta de convoyes y asistencia a la población civil en Bosnia-Herzegovina.

Aprovechando el acto a los caídos que se celebra cada mes en esta Unidad, se les ha ofrecido la posibilidad de reunirse. La finalidad no es reclutarles para una nueva misión, sino que están intentando localizar a todos aquellos que se desplazaron a la antigua Yugoslavia para conmemorar esa primera misión internacional que abrió el camino a las otras 20 que se han llevado a cabo y que marcó un antes y un después en el acuartelamiento de Cabo Noval, en el concejo asturiano de Siero.

Un testimonio de amistad y solidaridad

Muchos de ellos no han vuelto a coincidir en estos 30 años, por lo que se espera que además del acto institucional -donde no faltarán la misa, el acto a los caídos y las intervenciones con discursos sobre su misión de paz- se convierta en un emotivo testimonio de amistad y solidaridad en torno a una espicha.

Como recuerdo de esa gesta, está prevista la entrega de una medalla conmemorativa y un USB con documentación, recortes de prensa y fotografías tomadas a lo largo de esos seis meses.

Unos 162 hombres y mujeres del Príncipe 3 integrados en la Agrupación Táctica de Galicia participaron en la antigua Yugoslavia como fuerza de interposición entre los bandos enfrentados en la guerra de los Balcanes y como unidad de protección y escolta para expediciones humanitarias

De la señora Fátima a los caramelos

La cita para esta celebración que se espera multitudinaria se ha fijado para el 7 de noviembre en el Principado.

En esta reunión rememorarán muchas anécdotas, recordarán a algunos de los habitantes de Bosnia como a “la señora Fátima” que se volcó en atenciones hacia los componentes de la Compañía Asturias y muy especialmente la gratitud de aquellos niños y niñas que, en medio de tanto horror, les dedicaban una amplia sonrisa cuando les repartían los caramelos que les había enviado el Sindicato de Enseñanza a través de la campaña “Endulza su esperanza”.

No faltarán tampoco las imágenes de edificios destrozados, puentes volados como el “Stari Most” y reconstruido posteriormente por la Unión Europea (UE), los trabajos de reparación de infraestructuras como conducciones de agua.

También habrá tiempo para hablar de cada experiencia personal e incluso de verbalizar aquellos momentos más delicados cuando les caían granadas a su lado, cerca de los destacamentos y puestos de control, donde los sacos terreros les daba protección, y que podían separar la fina línea de la vida y de la muerte, junto a tantos recuerdos que aún conservan en la retina, 30 años después.

El reencuentro con el teniente Jiménez

Uno de los momentos más emotivos y especiales será el reencuentro con el teniente Alberto Miguel Jiménez Sánchez, quien el 12 de junio fue víctima junto a su patrulla de un ataque en el que sufrió lesiones graves.

Una muestra de la dureza de esta experiencia se puede apreciar en la imagen que se reproduce a continuación.

La 'otra' familia

Serán instantes para retener en la memoria de aquellos seis meses donde la vida se circunscribía a los compañeros y compañeras de cada pelotón. Todos ellos se convirtieron en su “otra” familia durante su permanencia en Bosnia y con los que la convivencia era muy intensa, durante 24 horas.

Los cinco minutos de la llamada telefónica de la que podían disfrutar cada día, al existir solo una línea para comunicar con el exterior, era el ansiado momento en el que podían tener un contacto más directo con sus familias.

El Día de Asturias en Bosnia

Pese a la distancia, no se olvidaron de celebrar festividades como la del 8 de septiembre, Día de Asturias, donde ellos mismos prepararon un menú a base de productos típicos asturianos, como fabada bien regada con sidra o postres como arroz con leche.

Era su manera de sentir que estaban más cerca de la tierra. Una celebración gastronómica a la que fueron invitados todos los componentes de la Agrupación Galicia.

Actos de despedida en Asturias y Galicia

La plaza de la Catedral de Oviedo había acogido, en abril de 1995, el acto de despedida de la unidad, donde el entonces presidente del Principado de Asturias, Antonio Trevín, entregó su guión a la Compañía Asturias.

Antes de partir hacia Bosnia, para relevar a la Agrupación Extremadura, se hizo la fase de concentración en Pontevedra, donde se reunieron todas las unidades que iban a formar parte de la Agrupación Táctica Galicia.

La mayoría de los 1.150 componentes de la Agrupación Galicia eran militares profesionales, ya que solo un cuatro por ciento eran soldados de reemplazo. Entre el colectivo había 50 mujeres.

El homenaje en la plaza del Obradoiro

Antes de viajar a Bosnia fueron homenajeados en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, donde el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, entregó el guion a la Agrupación. En la fotografía, imagen de los militares formados en el acto.

Los reconocimientos

El trabajo de la Compañía Asturias en Bosnia ha sido ampliamente reconocido. Una vez completados los seis meses de misión internacional, fueron distinguidos con varias condecoraciones y diplomas por su actuación a favor de la paz.

El relevo en Presidencia del Principado

Se da la circunstancia de que durante estos seis meses de misión internacional, el Gobierno de Asturias tuvo un relevo en la Presidencia. En la primavera de 1995, el presidente era el socialista Antonio Trevín Lombán, quien fue el encargado de entregar el guión al Capitán-Jefe de la Compañía -actual coronel- Enrique Corominas Rodríguez.

A su vuelta, el presidente del Principado era Sergio Marqués, en aquella fecha aún en las filas del PP, quien entregaba la Medalla de Oro de Asturias a Enrique Corominas Rodríguez, tras ser aprobada por unanimidad del Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1995. Ese mismo día la compañía también recibió la Medalla de Oro de Oviedo.

En la imagen, momento en el que Sergio Marqués hacía entrega de la Medalla de Oro y el diploma acreditativo.

Una “brillante trayectoria”

La Medalla de Oro de Asturias se otorgaba en reconocimiento a “la brillante trayectoria de la Compañía en las misiones dе seguridad y protección realizadas en Bosnia-Herzegovina, contribuyendo con sus acciones a enaltecer y resaltar de manera significativa en los ámbitos nacional e internacional al Principado de Asturias”, rezaba el diploma acreditativo.

Una distinción a la que posteriormente seguirían otras muchas como la Medalla de Oro de la Junta General del Principado de Asturias, así como el título de miembros de honor de Los Caballeros de la Orden del Sabadiego del concejo asturiano de Noreña.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes que “todos los efectivos del ejército” están desplegados en las zonas afectadas por los incendios, aunque insiste en que “solo la UME” puede atacar directamente al fuego. “Va a haber un refuerzo de militares, pero en ningún caso pueden atacar el fuego”, ha aclarado. En una entrevista en TVE este lunes, Robles ha explicado que los efectivos se enfrentan a fuegos “incontrolables” y que, en muchos casos, “hasta que no haya un cambio meteorológico, va a ser imposible controlarlos”.

A la espera de que la climatología se vuelva más favorable para frenar los incendios, la ministra ha reconocido la situación “de enorme frustración” que viven algunos efectivos por la dificultad de extinguirlos y por la gran cantidad de focos activos en distintos puntos al mismo tiempo. Menciona, por ejemplo, a las unidades de helicópteros, que actualmente “no pueden entrar” en las zonas críticas “ni lanzar agua” debido a la falta de visibilidad por el humo. “En 20 años de la UME, nunca se ha visto un incendio de esta magnitud”, ha añadido.

Preguntada en la SER por los casos de vecinos que desoyen las órdenes de evacuación con la esperanza de proteger sus hogares de las llamas, Robles ha pedido que se deje trabajar a los profesionales: “Yo entiendo el drama humano, pero para atacar el fuego de esta intensidad hay que ser profesional, no se pueden poner en riesgo las vidas. Entiendo que la gente quiere quedarse, pero solo deberían quedarse cuando los técnicos les digan que se pueden quedar”. Y ha remarcado: “Hay que asumir que hay que tener algunas pérdidas materiales para poder evitar daños mayores, la prioridad es salvar vidas”.

Robles acusa al PP de “demagogia”

En el plano político, la ministra ha defendido la gestión del Gobierno y ha reiterado que el Ejército está desplegado a través de la UME “desde el primer día”. Además, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de “demagogia” por las críticas de la oposición y sus peticiones de movilizar más recursos de las Fuerzas Armadas. “Decir eso [que el Gobierno llega tarde] es una ignorancia por parte de Feijóo. Desde el 2 de agosto todos los medios de la UME están desplegados; cuando se necesita la ayuda de los Ejércitos para maniobras, las están realizando”, ha puntualizado.

Robles ha insistido en que lo “esencial” es el ataque directo al fuego, que corresponde a la UME por ser un cuerpo especializado. “Va a haber 500 militares más, pero no son para el ataque directo y lo sabe bien Feijóo”, ha señalado, en respuesta a las declaraciones del líder del PP, quien ha acusado al Gobierno de movilizar nuevos recursos “cuando Sánchez ha decidido salir de La Mareta”, pero que, según él, “tendrían que haber llegado mucho antes”.

“No podemos engañar a los ciudadanos, no podemos decir que faltan medios para la extinción, están desde el primer día. El ataque directo solo lo puede hacer la UME desde el primer día con un enorme riesgo. Me gustaría que no se hiciera demagogia con este tema y faltar a la verdad”, ha concluido.

Las Fuerzas Armadas españolas han puesto en marcha en los últimos años herramientas para combatir el sexismo en su seno, pero por ahora los resultados son más bien pobres. El mejor ejemplo es que apenas una de cada diez denuncias acaban en condena, mientras que la gran mayoría terminan archivadas. Y eso pese a las particularidades del Ejército, jerarquizado, proclive a lavar internamente los trapos sucios y donde las mujeres aún tienen pocos incentivos para denunciar: buena muestra de ello es la cantidad de militares de sexo femenino que, tras un episodio de acoso, se ven obligadas a causar baja por una supuesta pérdida de las condiciones psicofísicas para su profesión. Es decir: denunciar conlleva una probabilidad muy alta de tener que dejar tu profesión. Por supuesto, oficiales de comandante para arriba parecen casi intocables.

El abogado zaragozano Sergio Escobedo, especializado en derecho militar desde hace casi 30 años, tiene claro dónde puede radicar el problema: en la redacción de la propia normativa, que genera una “indefensión” en las denunciantes, como desgranará más adelante.

En 2015, el Ministerio de Defensa, entonces con el popular Pedro Morenés al frente, puso en marcha un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. Lo hizo como consecuencia de la explosión del caso de Zaida Cantera, cuyas características recuerdan mucho a lo vivido en la unidad del cuartel de San Fernando de Zaragoza; la propia Cantera acabó siendo baja por ese motivo.

Entre otras medidas incluidas en el protocolo de hace diez años está la recopilación estadística de los datos tanto en el ámbito disciplinario como en el penal, provenientes de la Fiscalía Togada y las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA) y recogidos anualmente en el informe del Observatorio de la Vida Militar. Con el paso de los años −los últimos datos son de 2023− ya se puede analizar si los instrumentos puestos en marcha funcionan o no. Y la realidad no es muy esperanzadora.

En ocho años se han interpuesto 265 denuncias, y menos de un 10% (en concreto, 25) han derivado en un procedimiento penal con condena. La gran mayoría de los casos terminaron en archivo, en especial cuando derivaron a procedimientos disciplinarios: en este caso, de las 187 denuncias instruidas por este cauce −más leve para el presunto acosador−, 114 quedaron en nada, un 60%, mientras que solo 18 derivaron en sanción.

Como explica el Observatorio de la Vida Militar, una misma denuncia puede dar lugar a la apertura de las dos vías, la penal y la disciplinaria. Esto sucede cuando la jurisdicción militar correspondiente considera que los hechos pudieran ser constitutivos de delito: entonces se abre un proceso penal. Pero, en caso de cerrarse sin condena, se reanuda la vía disciplinaria para investigar si hay responsabilidad en este ámbito.

Llama la atención también la lentitud de la Administración de Defensa a la hora de tramitar los procedimientos. En los dos últimos ejercicios analizados, 2022 y 2023, se interpusieron 84 denuncias en total (38 y 46). Pues bien, en el ámbito penal no consta ninguna condena, mientras que más de una treintena de asuntos continúan en trámite. En el disciplinario, del último año aún hay 16 denuncias en fase de investigación, sin que se haya impuesto ninguna sanción todavía.

El propio Observatorio de la Vida Militar lo reconoce: “Se observa cierto retraso en algunos procesos penales, lo que, conforme ha informado la Fiscalía Togada, se debe a la complejidad procesal de la causa”.

Consultado por este periódico, fuentes del Ministerio de Defensa han querido “insistir” en que, “cada vez que un caso se denuncia, se activan los protocolos, se acompaña a la víctima y se inicia la investigación, que es lo que hay que hacer”. “De hecho −apuntan las mismas fuentes−, todos los casos de los que se habla están judicializados, lo que quiere decir que no se mira hacia otro lado, sino todo lo contrario”.

Defensa expresa su “total y absoluto compromiso con la erradicación” de prácticas de acoso contra las mujeres y destaca “sobre todo” su “rigor a la hora de poner en marcha la maquinaria para ayudar a esclarecer los hechos y apoyar a las víctimas”. “Las UPAS −destaca el Ministerio− son referencia para otros ministerios, entre ellos Igualdad, y nuestro protocolo de prevención y acompañamiento ha servido incluso de base para el de la Administración General del Estado”.

Entonces, ¿dónde radica el problema?

Escobedo, una de la voces más autorizadas en derecho militar a nivel nacional, empieza con una advertencia previa: “No quiero que quede la sensación de que en el Ejército hay un abuso sistemático a las mujeres; hay personas concretas, en situaciones concretas y en unidades concretas. Se ha avanzado: antes era mucho más difícil sacar a la luz casos de acoso, mientras que ahora hay mandos comprometidos con que eso no suceda”, deja claro de antemano.

Ahora bien, destaca que existe una traba de redacción normativa que, una vez expuesta, resulta difícil de concebir. Se unen dos cuestiones. Por un lado, los dos artículos que abordan el acoso sexual en las Fuerzas Armadas, uno en el Código Penal Militar y otro en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario, son casi idéntico: ambos castigan al militar que lleve a cabo “actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional”; la diferencia es que en el primer caso es delito y en el segundo, falta disciplinaria muy grave.

Y a esto se suma otro factor. Las unidades de protección frente al acoso (UPA) derivan la mayoría de las denuncias a la vía disciplinaria en vez de a la penal. Y ahí “la víctima no se puede personar, cosa que sí que puede hacer el acusado para defenderse”, explica Escobedo. Esto genera una gran “indefensión” en la propia denunciante. El abogado zaragozano abunda en ello: “Cuando te dicen que un asunto va de penal a disciplinario, ya sabes que has perdido el control del procedimiento: no puedes participar en pruebas ni proponer pruebas y estás a expensas de lo que instructor haga”.

En el régimen disciplinario, la Fiscalía Militar puede optar, en caso de que observe indicios de delito, por remitir el asunto a la jurisdicción penal. Lo llamativo es que la redacción de los dos artículos sea tan similar. “Mi propuesta es que, en los expedientes de falta muy grave, la víctima pueda personarse en le procedimiento y ser parte, no mera denunciante. Claro, hay que modificar una Ley Orgánica, pero así partiría en igualdad de condiciones con el acusado”, analiza Escobedo.

Eliminar los aforamientos

Y aún hay una tercera dificultad para las mujeres que denuncian acoso sexual o por razones de sexo. “En empleos de comandante o superior, para los procedimientos penales militares hay un aforamiento a favor de los juzgados togados centrales, que están en Madrid. Eso ya genera un primer problema, porque si una soldado quiere denunciar a su teniente coronel su abogado tiene que ir a Madrid, con el coste económico que conlleva, o bien personarse por videollamada, y esto no es lo mismo”, explica el abogado, partidario de terminar con esta “traba procesal para la denunciante” −que en ocasiones tienen posibilidades económicas más limitadas− y eliminar los aforamientos: “Si un teniente coronel comete un delito en Zaragoza, que se le juzgue en Zaragoza”.

Todos estos factores dificultan la lucha contra el acoso sexual en el Ejército. “La propia estructura del Ministerio complica las cosas respecto de lo que sería una denuncia de una trabajadora en un centro comercial”, sintetiza Escobedo.

Cambios en el equipo de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón. La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha anunciado este martes el cese a petición propia de Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y el único alto cargo del equipo de la exconsellera Salomé Pradas que había sobrevivido en el Ejecutivo autonómico tras la DANA del pasado 29 de octubre. Mazón recurre a otro uniformado del Ejército español: el coronel Vicente León Zafra, actual director del Museo de Historia Militar de València y el jefe del escuadrón de helicópteros que 'conquistó' la isla de Perejil el 17 de julio de 2002, en una misión comandada por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y convertida en uno de los episodios más ridiculizados de la etapa del Gobierno popular de José María Aznar.

Licenciado en Derecho, Humanidades y Ciencias Políticas y de la Administración, según ha destacado Camarero, el coronel León Zafra “cuenta con una amplia trayectoria profesional en Emergencias, habiendo sido responsable de coordinación y de gestión de servicios logísticos y jefe de unidad en diferentes misiones internacionales”.

Se trata del tercer militar que incorpora Carlos Mazón a su Ejecutivo, tras el fichaje del teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, y del general de brigada Venancio Aguado, secretario autonómico del mismo departamento, creado tras la DANA del pasado 29 de octubre.

El nuevo director general de Emergencias destaca por su papel en la sonada recuperación de la isla de Perejil, punto culminante de uno de los mayores conflictos diplomáticos con Marruecos. En respuesta a la presencia de efectivos militares del país vecino en el islote, de soberanía disputada entre España y Marruecos, el ministro Trillo envió a una treintena de hombres a reconquistar el enclave situado en el estrecho de Gibraltar, a apenas 255 metros de la costa norteafricana.

El reciente fichaje de Mazón era el jefe del escuadrón de helicópteros que protagonizó el llamativo episodio. El coronel León Zafra queda ahora encuadrado a las órdenes del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Martín Moratilla, un cese de ida y vuelta

Alberto Martín Moratilla participó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica DANA que ha dejado 228 fallecidos. Fue también el autor del informe remitido a la jueza instructora de la causa de la DANA en el que afirmaba que las pausas en el Cecopi se ordenaron para un periodo de trabajo “exclusivamente presencial”. Una explicación que la magistrada tildó de mero “eufemismo” y de explicación “absurda”. El alto cargo cesado es uno de los testigos citados a declarar ante la instructora.

El cese de Alberto Martín Moratilla, al que se le agradecen los servicos prestados, ha sido a petición propia, al estar inmerso en un proceso de promoción interna en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, de donde Mazón recuperó al alto cargo para el equipo de Pradas de Emergencias. Martín Moratilla se reincorpora así al consorcio para tomar posesión de su plaza de oficial, según ha explicado Susana Camarero.

La previsión del Consell, una vez que haya tomado posesión de su plaza de oficial, pasa por recuperar a Alberto Martín Moratilla para un nuevo puesto de alto cargo, con rango de director general: coordinador de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, una nueva “estructura” considerada como “imprescindible” y diseñada para una “mejor respuesta” de la Generalitat ante catástrofes, ha agregado Camarero.

Por otro lado, Martín Moratilla también es dueño de una residencia geriátrica en Alicante, un empresa de propiedad familiar, tal como informó elDiario.es.

Refuerzos para el alto cargo experto en toros

Por otro lado, el Consell ha recolocado a Raúl Quílez, hasta ahora gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), como director general de Innovación de Emergencias. Quílez está casado con la actual secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez.

El departamento autonómico dirigido por el conseller Valderrama abarcará así cuatro direcciones generales y se refuerza, según Camarero, con “perfiles profesionales” y de “acreditada experiencia”.

La Conselleria de Emergencias también incluye en su organigrama al director general de Interior, el exalcalde popular Vicente Huet, un experto en festejos taurinos nombrado por Mazón la misma mañana de la DANA.

El Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla ha incoado un procedimiento penal por un presunto delito de abuso de autoridad, en su modalidad de agresión sexual, a raíz de la denuncia formulada por una legionaria contra un superior con el grado de teniente. Los hechos que se están investigando ocurrieron en el municipio malagueño de Ronda.

Así lo han confirmado a Europa Press desde la jurisdicción militar, apuntando que dicho juzgado ha iniciado la causa en sustitución del Juzgado Togado Militar Territorial número 24 de Málaga.

Se trataría de la denuncia presentada por una legionaria sobre un teniente de la Legión de Ronda, por una presunta agresión sexual que tuvo lugar durante una fiesta de Navidad el pasado mes de diciembre, según la información publicada por Málaga Hoy.

Ratifica las acusaciones

La joven compareció este martes en el Juzgado Togado Militar de Sevilla, competente para la investigación de los hechos y donde ratificó las acusaciones que inicialmente denunció ante la Guardia Civil, señala el rotativo.

Según la denuncia, todo sucedió en la madrugada del 13 de diciembre de 2024 cuando la legionaria, de 21 años, estaba de fiesta con unos compañeros en Ronda. Los soldados fueron luego a la casa del teniente denunciado, donde presuntamente se produjeron tocamientos que ahora ha llevado a la Justicia la víctima, que asegura que ha recibido presiones para que no hacer públicos los hechos.

Rearme en Europa: aumentar el gasto militar, incluso desviando fondos destinados a la cohesión europea hacia el ámbito de la defensa. Son tiempos “peligrosos” en los que “graves amenazas” se ciernen sobre el continente, según la presidenta de la Comisión Europea.

A finales de marzo, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez cuestionó la retórica belicista de la Unión Europea, pero lo cierto es que la sombra del ‘rearme’ propuesto por Ursula von der Leyen planea en el ambiente de un complicado contexto geopolítico mundial. Esta semana Sánchez anunciaba un aumento de 10.500 millones de gasto en Defensa para cumplir los compromisos de la OTAN.

En España, algunos han dejado caer la posibilidad de que vuelva la ‘mili’, el servicio militar obligatorio que eliminó el Gobierno de José María Aznar hace ya 24 años. Lo hizo vía Real Decreto que se hizo efectivo a finales de 2001, firmado por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

Diez años antes, lo ocurrido en los juzgados de Albacete había marcado la cuenta atrás para la ‘mili’. Seis objetores de conciencia se habían negado a cumplir la llamada Prestación Social Sustitutoria (PSS). Era una forma de esquivar el servicio militar, pero eso obligaba a prestar servicio de “utilidad social” durante año y medio, seis meses más de lo que duraba la propia ‘mili’.

Los protagonistas de esta historia se habían negado a realizar la ‘mili’ y la Prestación Social Sustitutoria (PSS) en el Imserso de Albacete a finales de 1989. El 21 de enero de 1991 fueron juzgados y después, condenados a pena de cárcel. Era la primera vez que ocurría en España.

Más de 2.000 jóvenes se desplazaron a la ciudad para apoyarles, entre ellos personajes muy conocidos de la vida social, cultural o política, como se muestra en este vídeo compartido por Manuel Pino.

Julián García Olivares, ‘Juli’, se había convertido en objetor de conciencia en 1986. Tenía 20 años. “Después, unos cuantos nos dimos cuenta de que no era suficiente y nos embarcamos en una campaña nacional de insumisión”, aunque él nunca llegó a ser juzgado. “Éramos unos 60 o 70 en Albacete y solo 13 llegaron a ser encarcelados, uno de ellos fue mi hermano”, recuerda.

El MOC, un movimiento fraguado durante tres décadas

Pedro Oliver Olmo es doctor en Historia y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Fue uno de los encarcelados por insumiso, aunque eso ocurrió tiempo después, en otro de los procesos que se producirían después en cascada.

Uno de sus artículos, ‘El movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España (1971-2002)’, publicado en la revista Hispania Nova, recoge la historia de tres décadas de movilización en seis etapas desde la dictadura franquista hasta la despenalización de la insumisión.

En sus orígenes fue un movimiento pacifista ligado a razones religiosas -entre ellos centenares de Testigos de Jehová-, que en sus primeros momentos se caracterizó por la desobediencia civil y la creación de redes de apoyo. Entre sus protagonistas estuvieron Pepe Beunza, preso entre 1971 y 1974, o Giuseppe Lanza del Vasto, discípulo de Gandhi y activista de la no violencia. 

El MOC se había nutrido al principio del cristianismo social, pero se entrelazaba con el feminismo, el ecologismo o el anarquismo. “En Albacete caló porque había un fuerte movimiento anti OTAN, un grupo de no violencia antes del propio MOC y otro colectivo antimilitarista”, opina Julián García.

La corriente se consolidó con la llegada de la democracia a España. En 1977 se fundó el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) que rechazó los intentos de regulación de la objeción por parte de los gobiernos de la Transición y que se intensificó a partir de 1983, durante los gobiernos del PSOE.

Pedro Oliver recuerda que durante la etapa de gobierno de Adolfo Suárez, a finales de los 70, “la objeción de conciencia se convirtió en un problema político porque a los objetores de conciencia les confrontaban con el bunkerizado ejército español”, mientras desde otras partes del mundo llegaban los aires pacifistas impulsados por diversos movimientos sociales.

A se sumó, apunta, “el nervio libertario, el anarquismo que se recupera durante la Transición y enlaza con el pacifismo”. En los albores de la vigente democracia, dice el historiador, “la izquierda radical estaba a por uvas y la izquierda nacionalista en la estratosfera”, cuando se habla la objeción de conciencia.  Por otro lado, abunda, “ni PSOE ni PCE fueron capaces de valorar que lo que tenían delante era una radicalidad distinta: la de la desobediencia civil. Los despreciaron”.

Ni siquiera en la consensuada Constitución española de 1978 se había reconocido la objeción de conciencia como derecho. “Solo consta como un motivo de exención del servicio militar, pero no se quería molestar a los militares”, recuerda el historiador.

Eran tiempos en los que se hablaba de la ‘puta mili’. Se había tomado conciencia de que eso se iba a acabar, lo que hoy llamamos empoderamiento

Pedro Oliver — Historiador e insumiso

El servicio civil sustitutorio destinado a evitar el servicio militar obligatorio propició la llegada de la “insumisión” de la que surgieron colectivos como ‘Mili KK’ -como cantaba Reincidentes- y que en 2025 cumple 40 años.

“Eran tiempos en los que se hablaba de la puta mili. Se había tomado conciencia de que eso se iba a acabar, lo que hoy llamamos empoderamiento”, resume Pedro Oliver.  

En el MOC destacó de forma particular el papel de las mujeres. Durante la etapa que Pedro Oliver califica de “consolidación”, entre 1977 y 1982, pasó a denominarse ‘Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia’. Una de sus ramificaciones fue el colectivo ‘Mujeres de Negro’ que sigue activo en la actualidad.

El objetivo, señala el profesor, era “transmitir que su lucha no concernía exclusivamente a jóvenes varones conscriptos, sino a hombres y mujeres con valores antimilitaristas y antiautoritarios que dirigían contra el patriarcado en general y el machismo de los ejércitos en particular”.

“No hubo interferencias de ningún partido político, no se lo permitimos”, explica Pepe Sánchez, insumiso y estudiante de Derecho en aquella época. “No entrábamos en cuestiones como el aborto. Entre nuestros amigos insumisos había curas”, añade Juli. Esta era otra lucha.

La insumisión derivaría en movimiento entre 1989 y 1996, provocando detenciones, juicios y penas de cárcel. Pero no solo eso, también produjo una crisis en el sistema de reclutamiento. Cada vez eran más los que no solo se negaban a hacer la ‘mili’, sino también la prestación civil sustitutoria.

“En España se produjo el movimiento social de desobediencia civil al servicio militar obligatorio más importante de la historia, con cifras asombrosas: más de un millón de objetores, además de los 20.000 insumisos a partir de 1989, un movimiento más arriesgado porque nos jugábamos la cárcel”, señala Oliver, que la sufrió en primera persona.

El historiador cuenta cómo ya en las semanas previas al juicio de 1991 a los insumisos en Albacete se había activado una intensa campaña que contó con el apoyo de movimientos políticos, sociales y religiosos y también de los sindicatos UGT, CCOO, CGT y CNT. 

“Desde 1988 el MOC le venía anunciando al Gobierno que se iba hacia la insumisión. En febrero de 1989, en Albacete ya había una persona lista para declararse insumiso. A todos ellos se les mantenía en la clandestinidad porque iban a desobedecer el llamamiento a filas. Se presentaron 52 en toda España y solo detuvieron a dos en Vizcaya”, relata el historiador, al recordar que en aquel momento había además otro centenar “en reserva” y que después serían “miles”.

“Pensamos que la estadística iba a impedir al Gobierno aplicar la prestación sustitutoria”, señala el historiador, que había sido regulada mediante la Ley de Objeción de Conciencia, pero entonces llegó la apertura de un macrojuicio a seis insumisos en 1991. “Creo que eligieron Albacete porque pensaron que era una ciudad poco movida. No iban a hacerlo en Bilbao o en Barcelona, donde dos años antes se habían convocado los dos primeros ‘consejos de guerra’ porque los primeros insumisos fueron reclutas”.

“No se esperaban que coincidiendo con los juicios de Albacete miles de personas salieran a la calle. Lo preparamos a conciencia y buscando impacto mediático”, recuerda Oliver, quien apunta también que hubo una “suerte loca”. Se refiere a la coincidencia con el inicio de la ‘guerra del Golfo’, entre 1990 y 1991. “Surgieron desertores que se bajaban de las corbetas, sin relación con el MOC. Se juntó eso con el ambiente antimilitarista y pacifista. Los periodistas nos dieron voz y lo aprovechamos”.

Pepe Sánchez se colegió en 1993 como abogado en Albacete. Había militado en los movimientos sociales desde la adolescencia, entre ellos en el MOC. “Yo nunca entendí por qué había que hacer la mili, por qué la gente se mataba por órdenes de otros”.

Se ocupó de la defensa de muchos de los compañeros insumisos. “Para un abogado que no estuviese en el movimiento pacifista quizá era difícil de entender que alguien asumiera ir a prisión como acto de responsabilidad. Ni siquiera el fiscal entendía por qué no llegábamos a acuerdos para evitar la cárcel”.

Los juicios que se preveían cortos, se alargaban a instancias de abogados como Pepe Sánchez. “Llevábamos testigos que declaraban que no esto no era un capricho, hablábamos de las trayectorias sociales de los acusados… Se hablaba de derechos humanos o de libertad de conciencia. Los procesos judiciales se convirtieron en ”instrumentos“ para denunciar ”el disparate de la situación belicista“ y ”visibilizar el pacifismo“.

“El impacto de los juicios fue tremendo. Pensábamos que habíamos ganado y que era imparable pero no fue así porque cayeron las condenas previstas de dos años, cuatro meses y un día. Hubo que lidiar con ese vértigo”, explica Oliver. Se crearon grupos de apoyo para cada insumiso preso, más allá de las propias familias.

Para derribarnos, decían que apoyar la insumisión era peligroso. Nos llamaron etarras, gandules o maricones

Julián García Olivares — Educador ambiental

Hasta 1992 la mayoría de los insumisos recibieron sentencias de menos de un año. Incluso hubo algunas absoluciones. “Muchos no lo aceptaban, se renunciaba incluso al régimen abierto y eso no siempre se entendía”, cuenta Pepe Sánchez.

“Fue un movimiento muy transversal. Creo que hoy sería casi imposible por la polarización que existe”, apunta Pedro Oliver, no sin recordar los intentos de “asociarlo con ETA”. “Para derribarnos, decían que apoyar la insumisión era peligroso. Nos llamaron etarras, gandules o maricones”, apostilla Juli.

“En el MOC no inventamos nada. En realidad, esto es lo que hacía Martin Luther King con la desobediencia civil. Lo imitamos y salió bien”, recuerda Pedro Oliver.

La despenalización del delito de insumisión no llegaría a ser efectiva hasta 2002, con reformas penales retroactivas que afectaban a 4.000 insumisos y “siete desertores”. El anuncio del fin del servicio militar obligatorio, previsto para 2003 y que finalmente se adelantó al 31 de diciembre de 2001, puso fin a todo un ciclo de movilizaciones sociales. “Las cárceles estaban llenas de insumisos y eso era insostenible para el régimen penitenciario”, comenta el abogado.

“Esto no va solo de rearme, sino de la vuelta del servicio militar obligatorio”

Décadas después, los protagonistas de aquel momento contemplan el panorama actual entre el asombro, la indignación y un espíritu de no resignación y hablan de lo que ocurre cuando se reúnen “a comer fritillas” o en un grupo que comparten en Whatsapp.

“La gente cree que la ‘mili’ se cayó por los insumisos y hoy nos damos cuenta de que ganamos una batalla, pero hemos perdido todo lo cultivado. El pacifismo no está de moda y los de aquella época estamos metidos en vitrinas”, lamenta Juli, centrado hoy en su trabajo de educación ambiental y gestión cultural. “La sociedad no entiende que el pacifismo no devuelva la hostia que te dan”.

El abogado Pepe Sánchez trabaja hoy en Cáritas Albacete. “Lo que hicimos valió la pena. Decidimos que no era justo y que había que actuar hasta las últimas consecuencias”, comenta el letrado. “Ahora hay una crisis brutal de movimientos sociales. Es un ciclo social que nos toca vivir y en el que vamos a tener que resistir, educando frente a bulos y disparates como los de Trump”.  

“Las personas insumisas estamos dispersas hoy. Ojalá alguien levantase la bandera porque ahora somos 'activistas de dedo', desde casa, a través del Goteo, el Verkami... o de vez en cuando voy a una 'mani' o pongo copas en el stand de alguna ONG en la Feria de Albacete. En Bilbao el movimiento antimilitarista no ha decaído ni un gramo y todos los veranos hay un encuentro, pero el pacifismo es hoy un residuo social en este país”, añade Julián García. “Hay que pensar si en lo pequeño podemos hacer algo porque la masa es muy tonta y va detrás del primer loco que se sube a una caja”.

Ahora hay una crisis brutal de movimientos sociales. Es un ciclo social que nos toca vivir y en el que vamos a tener que resistir, educando frente a bulos y disparates como los de Trump

Pepe Sánchez — Abogado e insumiso

“No soy partidario de la nostalgia, pero llama la atención el contraste de lo que se consiguió con lo que ocurre hoy”, dice Pedro Oliver al recordar la expansión hace un cuarto de siglo de “esa cultura de la ‘puta mili’ y a partir de ahí la conciencia antimilitarista”. Cree que quizá “sonaría utópica”, pero también que “generaba debate” y que, aunque no se pueda hablar de “pacifismo militante mayoritario” en la España entonces, sí había “una conciencia pacifista que entroncaba con la guerra civil” y que esa actitud eclosionó en los años 80.

“Es el miedo lo que deriva ahora en la idea de que Europa se tiene que defender y tener más armas. Pero cuando uno tiene armas, se pueden usar”, apostilla Pepe Sánchez.

Hoy, cuando la guerra se percibe más cerca no es posible el consenso antibélico de otras épocas, sostiene el historiador. “Que sea en Ucrania favorece la propaganda de guerra, que es muy mentirosa de por sí”.

En su opinión, “se ha roto el consenso pacifista de 2003 con Irak. Hoy, ese No a la guerra no es posible”, afirma, pero también es contundente al señalar que otra cosa es que la cultura pacifista de base esté muerta. “Sigue ahí y tiene que trabajarse. Aquel magma social de los años 80 no ha desaparecido. No somos solo los que ahora tenemos cincuenta o sesenta años”.

“Esto no va solo de rearme, sino de la conscripción, de la vuelta del servicio militar obligatorio”, advierte el historiador, no sin razón. Suenan tambores para que vuelva la ‘mili’.

El Tribunal Supremo ha establecido que los militares españoles destinados en misiones internacionales como el Líbano o a bordo de la fragata 'Victoria' no tienen que pagar IRPF por el dinero que ganaron mientras participaban en la misión de paz de Naciones Unidas o bajo mandato de la OTAN. Los jueces han dado la razón a varios soldados y mandos que, al volver a España, reclamaron la devolución de miles de euros que habían pagado por este impuesto por el sueldo que cobraron mientras trabajaron en las bases de Naqoura y Marjayún o mientras patrullaban aguas del Mediterráneo en una misión de la OTAN.

Los jueces han estudiado tres recursos de tres militares que sirvieron en varias misiones internacionales en distintos momentos entre 2016 y 2018: dos de ellos en el Líbano con Naciones Unidas y una tercera a bordo de la fragata 'Victoria' dando apoyo a la operación 'Sea Guardian' en aguas del Mediterráneo.

Todos reclamaron a Hacienda la devolución de los entre 3.000 y 6.000 euros que habían pagado de IRPF porque la Agencia Tributaria no les había declarado exentos de hacerlo: por entender que eran servicios prestados a la ONU o, incluso, porque el Líbano es considerado un paraíso fiscal. Los tribunales territoriales habían dejado decisiones contradictorias: en Andalucía los jueces se habían puesto de parte de Hacienda y en Asturias de los militares.

Los jueces reconocen que España nunca ha firmado un convenio fiscal con la República del Líbano pero Naciones Unidas sí mantenía un acuerdo con ese país “que suministraba toda la información necesaria al Gobierno de España”. En términos generales, concluyen los magistrados en los dos casos que afectan a soldados destinados en esa misión, los militares españoles que cobraban por esos servicios no tenían ninguna posibilidad de evadir impuestos: “La tributación de esas rentas resulta totalmente transparente para el fisco español y no existe ninguna posibilidad de evasión fiscal”. 

En el caso de la militar que había pasado buena parte de 2018 a bordo de una fragata en el Mediterráneo en una misión de la OTAN, el argumento es más general: “No cabe restringir la aplicación de la exención porque el beneficiario sea un organismo internacional, ni porque España sea miembro de ese organismo internacional”.

Según la última información actualizada por el Ministerio de Defensa España cuenta, en la actualidad, con hasta 3.000 militares y guardias civiles desplegados en un total de 16 misiones en el exterior. Seis de ellas bajo mandato de la Unión Europea, siete de la OTAN y otras dos más de la ONU.

En España la mili, el servicio militar obligatorio para los hombres jóvenes, se acabó hace más de 20 años. En un país donde lo nacional, lo católico y lo militar se habían mezclado durante décadas, fue un gobierno de derechas, el de Aznar, el que libró a los españoles de la mili e inauguró la era del Ejército profesional. Han pasado casi 25 años y el mundo es diferente. Se habla de rearme, se habla de tener un ejército europeo… Está volviendo la idea de una formación militar obligatoria. Aunque no parece que en España esté cerca.

Con el jefe de la información internacional en elDiario.es Javier Biosca repasamos qué países de nuestro entorno conservan o han recuperado un servicio militar obligatorio y con Jesús Núñez, el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, analizamos por qué esta idea no garantiza una mayor defensa de los intereses militares y de seguridad de cada país y de Europa en general.

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Un total de 13 niños y niñas gazatíes con cáncer, acompañados de 23 familiares, han llegado esta tarde en un avión medicalizado eslovaco a la Base Aérea de Zaragoza provenientes de Egipto para ser atendidos en hospitales españoles. Los menores serán trasladados en ambulancias de la Cruz Roja a los hospitales de las comunidades que les van a atender, entre las que están Cataluña, País Vasco, Asturias y Navarra.

Equipos del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto con el doctor Fernando Aguirregomezcorta, pediatra oncólogo del Hospital Universitario Central de Asturias, se desplazaron a El Cairo, donde durante tres días realizaron evaluaciones médicas y sociales a los menores para valorar su acogida y tratamiento oncológico en España. Tras completar el proceso, viajaron con ellos hasta Zaragoza.

Se trata de una evacuación organizada por el Ministerio de Sanidad en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se hace cargo de la acogida de los desplazados, y que ha contado con el apoyo de los ministerios de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Interior; y Defensa.

Esta operación se lleva a cabo a través del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), auspiciado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea y por la Organización Mundial de la Salud. Además, el Gobierno de Eslovaquia ha colaborado poniendo a disposición un avión medicalizado para el transporte de los pacientes y familiares desde El Cairo a Zaragoza.

Además, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA, perteneciente al Ministerio de Sanidad), junto con la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), han coordinado la atención sanitaria en España.

Los menores serán distribuidos para completar su diagnóstico y tratamiento en el Hospital Universitario Vall d’Hebron y Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; en el Hospital Universitario de Navarra; el Hospital Universitario Central de Asturias; y los hospitales de Cruces y el de Donostia en el País Vasco.

Acogida

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también se ha desplazado en la delegación enviada a El Cairo para atender a las familias de los niños que serán posteriormente atendidos en España. Los acompañan dos miembros de la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio y dos intérpretes de Accem, la entidad colaboradora que lleva a cabo el conocido como Proyecto Aman.

El objetivo del proyecto es atender las necesidades médicas urgentes de los niños, permitiendo que estén acompañados por sus familiares más cercanos durante el tratamiento.

Accem y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestionarán la prestación de distintos servicios y actuaciones dentro de la acogida, como el alojamiento, la manutención y la cobertura de necesidades básicas; así como la atención integral, consistente en información y orientación, acompañamiento, atención psicológica y jurídica, y servicio de traducción e interpretación.

Coordinación internacional

MEDEVAC es un dispositivo de evacuación médica que se activa cuando un país se enfrenta a un desastre que desborda su capacidad de respuesta y requiere ayuda por la vía del mecanismo de protección civil y cuya activación involucra al Centro de Coordinación de Respuestas de Emergencia de la Comisión Europea para movilizar asistencia y expertos de los países participantes.

En este caso, la OMS ha coordinado la gestión de esta solicitud al ERCC, que ha contado con la ayuda de Protección Civil, y ha activado el MEDEVAC. España ha participado en anteriores operaciones para asistir a pacientes provenientes de Ucrania, Moldavia y, más recientemente, de Macedonia del Norte.

Al mismo tiempo, toda la evacuación ha sido coordinada con el St. Jude Children's Research Hospital, una agrupación mundial de instituciones y fundaciones dedicadas a ayudar a los niños con cáncer y otras enfermedades catastróficas y que se ha hecho cargo de los pacientes desde que salieron de la Franja de Gaza.

Un total de 13 niños y niñas enfermos de cáncer y procedentes de la Franja de Gaza han partido este miércoles de El Cairo en dirección a la Base Aérea de Zaragoza, donde han aterrizado poco antes de la medianoche para recibir tratamiento en diferentes hospitales de España, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad.

Los niños, acompañados de 23 familiares, viajaron a bordo de un avión presidencial y medicalizado de Eslovaquia —cuyo Gobierno se ha sumado a la operación prestando este apoyo logístico— que despegó sobre las 17.00 hora local (15.00 GMT) de una base militar aérea de El Cairo y que ha aterrizado a última hora del miércoles en la Base Aérea de Zaragoza.

Todos los niños que viajan a España sufren distintos cánceres y tumores infantiles, entre los que hay algunos casos graves que fueron trasladados desde el Greek Community Hospital en cuatro ambulancias hasta la base de El Cairo, mientras que el resto llegó hasta el país vecino en autobús.

Miembros de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto con el pediatra oncólogo del Hospital Universitario Central de Asturias Fernando Aguirregomezcorta García se habían desplazado anteriormente a El Cairo, donde durante varios días realizaron evaluaciones médicas y sociales a los menores para valorar su acogida y tratamiento oncológico en España.

Una vez que en Zaragoza, los menores serán atendidos en diferentes hospitales españoles de distintas comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, Euskadi, Asturias y Navarra, según señalaron a EFE los familiares de los heridos y confirmó el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, Sanidad explicó en un comunicado que los menores serán distribuidos para completar su diagnóstico y tratamiento en el Hospital Universitario Vall d'Hebron y Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el Hospital Universitario de Navarra, el Hospital Universitario Central de Asturias y los hospitales de Cruces y de Donostia en el País Vasco. 

La operación se ha llevado a cabo a través del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), auspiciado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En julio del año pasado, España llevó a cabo una operación similar cuando recibió a 15 niños y niñas gazatíes enfermos y heridos por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que actualmente siguen recibiendo tratamiento en diferentes hospitales de España, donde fueron acogidos.

La Sala de lo Militar ha confirmado la condena un soldado por acosar sexualmente a una compañera de Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11, en Salamanca. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el condenado, al que condenó el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña por un delito de acoso sexual e impuso el pago a la víctima de 5.860 euros en concepto de responsabilidad civil. Además, se le suspendió de empleo y se le inhabilitó para el sufragio pasivo durante un año.

La Sala considera que el soldado condenado, que llevaba en su unidad desde 2006, realizó comentarios y acciones con “un claro contenido hostil y humillante solicitando favores de naturaleza sexual” desde marzo hasta octubre de 2022: comentarios sexuales, insinuaciones y contacto físico que provocaba la incomodidad de la soldado.

La Sala concluye que el soldado condenado tenía “pleno conocimiento de lo que hacía” y aprecia dolo en su conducta, que provocó el “miedo, angustia y ansiedad” de la soldado, que se vio obligada a cambiar sus hábitos o su comportamiento diario para no coincidir o evitar al soldado que la acosaba.

El soldado comenzó con comentarios de carácter sexual y solicitudes veladas de favores sexuales y llegó a ofrecerle dinero a cambio. En otra ocasión le dijo que tenía que llevar minifalda mientras conducía un vehículo. También pidió a un compañero que le pasasen un vídeo grabado de la soldado mientras realizaba trabajos con una apisonadora para “pajearse” por la noche.

El soldado volvió a ofrecerle dinero —sacó un billete de 50 euros— a cambio de favores sexuales y que realizó comentarios como “qué buena está”, “vaya culo” o sobre el aspecto que tendría en una determinada posición con una clara significación sexual. Además, el varón intentaba hacerle regalos que la soldado siempre rechazaba.

La sentencia explica que él intentaba mantenerse cerca de ella (por ejemplo, en las marchas o formaciones), procurando tocarla o agarrarle la mano, incluso apartando a los compañeros para ponerse a su lado, y le enviaba mensajes al Whatsapp privado (no al del grupo de whatsApp para asuntos laborales) con fotos de regalos que iba a hacerle. Afirma que la soldado no contestaba y lo llegó a bloquear. También le hizo saber que le molestaban tales conductas y pidió al recurrente que la dejara en paz.

Agrega que durante la realización de un ejercicio “la intensidad y persistencia del acercamiento o contacto físico que el recurrente pretendía mantener llegó a un punto que finalmente la soldado, al no poder soportar más la situación, decidió poner los hechos en conocimiento de sus mandos”.

Situado en el corazón de las Bardenas Reales, un paraje semidesértico a sur de Navarra declarado Parque Natural, Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Conservación (ZEC) en el que habitan especies protegidas, se encuentra un pequeño reducto de la OTAN, un polígono de tiro que es el único de Europa en el que se ensayan bombardeos con munición real. Este hecho genera el rechazo frontal de partidos antimilitaristas, así como de organizaciones y colectivos ecologistas por el impacto medioambiental que generan las maniobras que allí se realizan. Al mismo tiempo, las poblaciones limítrofes apuestan por mantener operativa la base por el canon millonario que reciben anualmente del Ministerio de Defensa por el uso de las instalaciones.

En medio de este paraje, en la confluencia de dos de las rutas que se pueden realizar por las 42.000 hectáreas que tiene el parque natural y que cada año recorren miles de turistas para ver los senderos y cabezos, se yergue la base militar del polígono de tiro del Ejército del Aire y del Espacio. En ella están destinados 110 militares, de los que 19 son mujeres, un porcentaje similar al de otras unidades, asegura una militar destinada en esta base. Desde el Ejército destacan la función “esencial” que tiene el polígono en el adiestramiento de los pilotos y ensalzan la ubicación “idílica” del polígono para realizar las maniobras. “Estamos cerca de la base de Zaragoza, lo que permite ahorrar combustible, y además generar poco impacto ambiental”, apunta el coronel José Manuel Bellido.

El polígono de tiro sirve de zona de pruebas para la práctica de tiro y bombardeo desde el aire con cazas, pero también para ejercicios de lanzamiento de paracaidistas y de cargas, el adiestramiento en rescates de combate, ejercicios en tierra o incluso el vuelo de aeronaves no tripuladas.

Son en total 2.244 las hectáreas que el Ejército español, así como otros de países de la OTAN, utilizan para sus maniobras, si bien, matizan desde esta unidad, “únicamente” se utilizan “unas 300” para las prácticas de tiro con fuego real. Desde el Ejército del Aire y del Espacio aseguran que “el 95%” del material que se emplea en las prácticas son bombas de 60 centímetros sin carga explosiva y que al contactar con el suelo desprenden humo “como el de los petardos” que sirve para comprobar si el piloto ha acertado en el blanco. Insisten además en que, una vez finalizan los ejercicios, hay equipos que se encargan de recoger todos los desechos y depositarlos en un punto limpio. “No contaminamos el suelo”, asevera el coronel al frente del polígono.

Las maniobras con fuego real, añaden desde el Ejército del Aire y del Espacio, “son muy limitadas” y se concentran en una única semana al año, si bien puntualizan que en los últimos años, por la situación geopolítica que atraviesa Europa, las tripulaciones se encuentran “muy dispersas en diferentes misiones”, por lo que ha sido necesario ampliar el tiempo. En concreto, en el último año se realizaron prácticas de este tipo durante seis semanas, con ejercicios de tres horas durante tres días a la semana. “Cuando va a haber actividad avisamos a la Guardia Civil y anunciamos el cierre de caminos para que no haya viandantes por la zona”, apunta el coronel Bellido. Apostilla que durante las épocas de anidamiento de aves, así como cuando se avistan animales sobrevolando la zona, se suspenden las maniobras.

El ejercicio de estas prácticas cuenta con el rechazo de colectivos ecologistas por el impacto que tienen para el medioambiente: desde la contaminación acústica que producen los cazas cuando rompen la barrera del sonido, hasta los daños que producen los bombardeos, que en varias ocasiones han provocado incendios. A ello se le suma además el “riesgo” que generan las prácticas de tiro y bombardeos para especies protegidas como el águila real o el alimoche.

Es el caso también de la alondra de Dupont, ave en peligro de extinción que requiere de un hábitat muy específico con un vegetación de una altura máxima de 30 centímetros, de la que hay documentadas dos poblaciones en la zona del polígono de tiro. “El hábitat de las Bardenas Reales es propicio para esta especie porque el terreno no ha sido roturado para la agricultura y la alondra de Dupont no vive allí donde hay agricultura. Eso no quiere decir que subsista gracias al polígono de tiro, sino que lo hace a pesar de que ahí se realicen bombardeos. Uno no bombardea poblaciones de alondras para protegerlas”, apunta Eduardo Navascués, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Asamblea Antipolígono, quien asegura que la Alondra de Dupont estaría sufriendo “las molestias” ocasionadas por las maniobras, con varios incendios tras ejercicios con fuego real del Ejército del Aire y del Espacio.

Desde el Ejército del Aire y del Espacio, sin embargo, aseguran que durante las épocas de anidamiento de aves, así como cuando se avistan animales sobrevolando la zona, se suspenden las maniobras y que están preocupados por la gestión del medio ambiente y que destinan recursos para ello. 18 de los 110 militares destinados en este acuartelamiento se dedican a estas labores y exhiben “como una medalla” el certificado ISO 14001 de Gestión Ambiental con el que cuentan desde 2018. Potabilizan su propia agua que cogen del Canal de Navarra y han reducido un 33% el consumo eléctrico anual gracias a unas placas solares que han instalado que les permiten ser autosuficientes durante los meses de verano. Además, recientemente han incorporado a su flota de vehículos un coche eléctrico para pequeños traslados, como el que comunica el polígono de tiro con el aeródromo de Ablitas.

“Qué menos que si tiras bombas que recojas los restos o que depures el agua que utilizas. Pero eso no quiere decir que protejas la biodiversidad”, señala el portavoz de Ecologistas en Acción y de la Asamblea Antipolígono. “Es verdad que ahora tienen más cuidado que hace unos años, pero históricamente han realizado maniobras sin importarles el medio ambiente”, añade.

La historia del polígono, inaugurado en 1951, es la historia del rechazo popular a su existencia ante el silencio de las entidades que viven de los millones de euros que reciben por parte del Ministerio de Defensa. Los terrenos de las Bardenas eran en origen propiedad de la Corona de Navarra, que cedió su uso y disfrute a varias localidades en pago por sus servicios durante las guerras o en contraprestación por sus préstamos para cubrir los gastos del reino. Fueron 19 pueblos de la Ribera, a los que posteriormente se sumaron el Valle de Salazar y el de Roncal, situados a más de 100 kilómetros de este paraje, así como el monasterio de la Oliva, cuyos monjes reciben el mismo dinero que cualquiera de los municipios. A este conjunto de entidades y poblaciones se les conoce como “entes congonzantes”, quienes se benefician del canon por el alquiler de las instalaciones.

La última vez que se renovó fue en 2008 y por 20 años. Desde entonces, las entidades locales han cobrado siete millones de euros anuales durante los 10 primeros años –hasta 2018– y 14 millones durante los diez siguientes –hasta 2028, cuando deberá volver a renovarse–. 210 millones de euros en total. Sin embargo, otros municipios colindantes de Aragón no tienen esa suerte, y no se llevan dinero, pero sí ruidos, vibraciones y peligros. “Solemos decir que esos municipios no son congozantes, pero sí consufrientes”, ironiza Eduardo Navascués.

Así las cosas el desmantelamiento del polígono se antoja “complicado”, pese a que cuente con el apoyo en Navarra de partidos como EH Bildu, Geroa Bai y la coalición Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre). Pese a que el terreno fue declarado Parque Natural en 1999 y Reserva de la Biosfera en 2000, movimientos orientados a su cierre definitivo, el Gobierno Aznar reaccionó declarando el polígono Zona de Interés para la Defensa, lo que en la práctica blinda la continuidad de las instalaciones ya que en caso de que los entes congozantes rechazasen ampliar el acuerdo de alquiler, el Ministerio podría expropiar los terrenos.

Desde el Ejército del Aire y del Espacio no quieren llegar a ese extremo y aseguran que la interlocución con los municipios y entidades propietarias de los terrenos es “fluida” y “muy buena”. “Hablo más con el presidente [de la Junta de las Bardenas] que con mi pareja, estoy todo el día al teléfono con él”, bromea el coronel José Manuel Bellido.

Lo que también seguirán serán las movilizaciones para reclamar su desmantelamiento, una de las reivindicaciones de más arraigo en la comunidad foral. Así cada año se repiten los bombardeos, el reparto de dinero entre los entes congozantes, pero también las protestas contra la existencia de la base militar, un pequeño reducto de la OTAN en Navarra en el que ensayar con fuego real en la época de mayor tensión geopolítica de la historia reciente.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la inversión de 400 millones de euros que permitirá aumentar las retribuciones de las Fuerzas Armadas, tildándola de “noticia importante” y de medida “justa que nuestros militares se merecen”. Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa, tal y como informó El País, la intención del Gobierno es que la mejora salarial se aplique este mismo año. El incremento supondrá un aumento “lineal y consolidable” de 200 euros del componente general del complemento específico de todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

En una breve declaración ante los medios antes de asistir en el Ateneo de Madrid a la presentación del libro 'La justicia de los jueces', de Pascual Ortuño, la ministra ha valorado el “esfuerzo” de 400 millones para el incremento de las retribuciones. “Es justo porque nuestros militares lo merecen. España es un aliado firme y va a cumplir sus compromisos”, ha recalcado la ministra de Defensa.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que Sumar apuesta por una autonomía estratégica de la UE en materia de seguridad, pero rechaza que se haga a costa de más gasto militar que contribuya al belicismo. En su lugar, ha desgranado que para la formación “no se trata de gastar más”, sino de “gestionar mejor” y ser “eficientes” en materia de inversión en defensa. “Europa tiene que apostar por la seguridad y no por el belicismo. Necesita una política de seguridad y defensa propias, necesita una posición de autonomía estratégica (...) Eso no se hace con más gasto militar, se hace siendo eficientes”, ha enfatizado.

En rueda de prensa en el Congreso, Martínez Barbero ha desgranado que lo esencial para Europa es no depender de “quien gobierna en la Casa Blanca”, algo que “no está relacionado con el incremento o no del gasto militar, sino con la eficiencia del gasto militar”. “Es lo que nosotras queremos hablar en el ámbito del Gobierno”, ha agregado.

A su vez y cuestionada sobre si estarían dispuestos al envío de tropas a Ucrania si se tratara de una misión de paz, la portavoz de Sumar ha indicado que “todo lo que sea hablar de misiones de paz estarían abiertos a comentarlo”. La formación ha desgranado que su posición es que haya una mayor coordinación de recursos entre los países de la UE, al entender que una mayor colaboración hará que no sea necesario subir el gasto. Así, agrengan que el compromiso de elevar las partidas armamentísticas viene sobre todo de Estados Unidos.

Podemos se opone al aumento de gasto

Por su parte, el coportavoz de Podemos y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha dejado claro que su formación se va a oponer a cualquier iniciativa que suponga seguir con la “escalada bélica” en Ucrania, más si cabe si supone un “aumento del gasto militar” y, por tanto, “recortes” en áreas sociales como educación, sanidad o pensiones. Cuestionado sobre la posibilidad de que se enviaran tropas europeas a Ucrania para velar por la paz en caso de acuerdo para terminar con la guerra, ha afirmado que esa opción, a su juicio, solo se tendría que articular desde una propuesta por parte de Naciones Unidas, como ha sucedido en otro conflictos internacionales.

En todo caso, el dirigente ha desgranado que son defensores de la autonomía estratégica de Europa, lo que es “incompatible” a su juicio con permanecer en la OTAN, que es la estructura militar de Estados Unidos y la que ha “empujado” a un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia sin posibilidad de diplomacia.

A su juicio, tras las cumbres de líderes europeos en París y la que mantienen EEUU y Rusia en Arabia Saudí, ha agregado que la UE se encuentra en una situación “imposible”, dado que puede haber una “mala paz”. Por tanto ha apelado a fuerzas europeas que han “jaleado la escalada bélica” a demostrar si quieren una “defensa autónoma real” de Europa,, que ahora está subordinada a Norteamérica aunque no percibe que quieran superarse mucho de EEUU.

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha manifestado su rechazo a subir el presupuesto militar y que no es preciso enviar más armas a Ucrania para apoyar a este país, resaltando que el campo donde debe contribuir España es en la ayuda humanitaria. “Un Gobierno progresista y de izquierdas no debería apostar por la guerra”, ha subrayado.

Luego y cuestionada por la posibilidad de que el PP apoye incrementar el presupuesto en Defensa, la diputada ha replicado que los 'populares' tienen una relación complicada con Trump, debido a su connivencia con la extrema derecha española y su tendencia al “bullyng” al resto de nacionales al que la UE no se debería plegar.

La Junta de Castilla y León, a través de su Comisión Delegada, ha iniciado este jueves la tramitación del Plan Regional vinculado al proyecto de acuartelamiento de Monte la Reina, promovido por el Ministerio de Defensa en terrenos del municipio zamorano de Toro.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este paso llega después de que este miércoles fuera presentada por parte del Ministerio de Defensa la documentación relacionada con este expediente.

Carriedo ha indicado que ahora este expediente del Plan Regional será sometido a información pública, para que los municipios afectados y otras entidades como la Confederación Hidrográfica del Duero planteen las consideraciones que entiendan necesarias antes de que el texto llegue al Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, donde será aprobado de forma definitiva, antes de ser publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El cuartel del Ejército de Tierra de Monte la Reina, en el término municipal de Toro (Zamora), comenzará su construcción a principios de 2026, estará concluido al año siguiente, ocupará unas sesenta hectáreas y costará 130 millones de euros, según la previsión anunciada por el Ministerio de Defensa en las últimas semanas.

En otra zona de las más de 1.200 hectáreas de las instalaciones militares de Monte la Reina está previsto que en verano de este año esté ya totalmente habilitado un campo de maniobras que permitirá recuperar el uso militar del antiguo campamento de Monte la Reina, inaugurado en 1944 y que dejó de tener uso en 1997.

El grueso de la inversión prevista se acometerá en los años 2026, cuando está previsto destinar 50 millones a las obras del acuartelamiento, y en 2027, con otros 64 millones de inyección económica que permitirá que a finales de ese año concluya el equipamiento básico de ese cuartel para que entre en funcionamiento.

En las instalaciones tendrán su base un grupo de artillería y un batallón de zapadores, además de la plana mayor, una unidad de servicios y otra de telecomunicaciones.

El cuartel contará con un nuevo acceso desde la Autovía del Duero (A-11), dispondrá de una depuradora propia de aguas residuales y las infraestructuras y dotaciones públicas necesarias.

Los trabajos previos que se han acometido desde 2023 suponen una inversión de 4,5 millones de euros que ejecuta la empresa pública Tragsa y que incluye el acondicionamiento de terrenos, vallado, habilitación de zonas de maniobras y rehabilitación de edificios del antiguo campamento militar.

El proyecto, además de ser referente para el Ejército por su sostenibilidad, cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca y la empresa pública Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) y se ha planteado como una iniciativa que representa una oportunidad demográfica para la provincia de Zamora.

La ocupación ilegal de inmuebles se ha convertido en uno de los protagonistas de la vida pública española. Un fenómeno criminal cuya presencia constante en los medios de comunicación y en el discurso de los políticos no se corresponde con los datos reales de los tribunales españoles, pero que la derecha y la extrema derecha utilizan para alimentar un discurso concreto: el de la inseguridad y la inoperancia del Estado. Desokupa, la empresa de Daniel Esteve, surfea la cresta de todas esas olas con un nuevo modelo de negocio, su 'Club Desokupa', con el que convencen a la población de que necesitan saber defenderse de ataques con cuchillo y que han extendido, a través de convenios, a los cuerpos de seguridad: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El último ejemplo es el acuerdo firmado con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) que el Ministerio de Defensa ya ha exigido anular. Los cursos, que según Esteve arrancarán en Madrid el próximo mes de enero, tendrán un objetivo: formar a los soldados que vayan a reinsertarse en la sociedad civil para que puedan trabajar en el sector de la seguridad privada. El sector del que proceden una parte relevante de los trabajadores de este tipo de empresas de la desocupación de inmuebles.

Tanto la empresa de Esteve como todas las que han surgido a lo largo del último lustro buscando su porción del pastel de la 'okupación' han buscado siempre ubicarse del lado de las fuerzas de seguridad del Estado. Haciendo equilibrios sobre la fina línea que separa sus representaciones pseudopoliciales de las actuaciones que, en el caso de empresas como Bastión Desokupación, los jueces han considerado incluso delictivas. Y su nueva línea de negocio es ofrecer formación, directamente, a miles de policías nacionales y militares.

El acuerdo con ATME llega cuatro meses después de que Desokupa firmase otro convenio con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Formación sindical histórica de la Policía Nacional, una de las que más afiliados tiene en este sector de las fuerzas de seguridad en España, y que desde el pasado verano ofrece a sus decenas de miles de afiliados formarse con Desokupa en materia de “defensa personal”. Los receptores de esos cursos son los mismos agentes que, en un momento dado, podrían tener que intervenir en algún desalojo relacionado con la empresa.

El desembarco de Desokupa en el entrenamiento extraoficial de policías y militares deriva de la puesta en marcha de un 'Club Desokupa' con el que la empresa de Esteve traslada un mensaje claro: “Proporcionar a las personas las habilidades necesarias para defenderse en situaciones peligrosas en las calles”. Sin diferenciar entre hombres, mujeres o niños. Porque en sus mensajes en la red social X, el líder de la empresa afirma que ofrecen su entrenamiento a jóvenes de 14 y 15 años.

La amalgama de mensajes promocionales, como “los niños no se tocan” o “los militares no se tocan” conducen a un único marco promovido por esta y otras empresas similares para buscar un hueco en el debate público español: el Estado actual es un Estado fallido, no hay seguridad en las calles y la Justicia no es capaz de recuperar una casa ocupada ilegalmente. Ni Interior ni Defensa forman a policías y militares para que puedan defenderse de los peligros reales que acechan en las calles. Todo en aleación constante y diaria con las consignas políticas de Desokupa, que ha llegado a colgar una lona gigante pidiendo la expulsión de Pedro Sánchez de la Moncloa, ha pedido el voto para Vox o se ha aliado públicamente con Luis 'Alvise' Pérez.

Los convenios que ha firmado la empresa con sindicatos y agrupaciones profesionales de policías y militares, algunas sumidas en duras peleas por su representatividad en sus respectivos cuerpos ante sindicatos de corte radical, suponen llevar el discurso de Desokupa hasta comisarías y cuarteles. Lugares donde la forma de actuar de este tipo de empresas no siempre es bien recibida. Un ejemplo de ello es cuando Esteve lideró la procesión de miles de personas desde la calle Ferraz hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados durante las protestas de noviembre de 2023. Una concentración que él mismo desconvocó cuando los mandos de los antidisturbios, poniendo distancia con ese supuesto mimetismo policial que fomenta Desokupa, les advirtieron del peligro que tenía la algarada que impulsaba junto con Alvise.

Las consignas de la extrema derecha

La estrategia comercial de Desokupa está clara. Difundir que las calles de España no son seguras y vender unos cursos de defensa personal para protegerse a uno mismo y a los suyos. Una de las múltiples consignas de la extrema derecha española y europea que la empresa de Esteve ha difundido en el último lustro y usado a su favor. Desde el racismo contra los migrantes hasta el machismo y con objetivos políticos concretos. Liderando, por ejemplo, manifestaciones en Barcelona contra Ada Colau o en Madrid contra el Gobierno central.

La supuesta incapacidad del Estado para proteger a su población es un punto recurrente en el argumentario de la extrema derecha que Desokupa ha conseguido monetizar, como sucedió anteriormente con las ocupaciones ilegales. Allí donde los datos judiciales no respaldan la existencia de un fenómeno criminal desatado, la alianza entre estas empresas, los medios de comunicación y la derecha política española ha conseguido convertir este asunto en una de las armas más potentes del debate público español. Confundiendo de forma deliberada la realidad del fenómeno, ocultando la actuación judicial y, sobre todo, sin explicar quienes son sus clientes más allá de los casos que exhiben en televisión. Los que nadie es capaz de discutir.

Las consecuencias que esta incursión en la Policía y el Ejército pueda tener para Desokupa y sus nuevos aliados no están claras. Desde el Ministerio del Interior, su titular Fernando Grande-Marlaska ha calificado de “macarras y chulos de poca monta” a este tipo de empresas, aunque su departamento ha cerrado sin sanción el expediente que abrió al SUP por aliarse con Daniel Esteve. Defensa ha ido más allá y ha esgrimido un informe jurídico interno para exigir la anulación de ese acuerdo.

La alianza entre asociaciones profesionales de las fuerzas de seguridad y esta empresa, cuyo modelo de negocio y base ideológica se basa en sustituir a dichas fuerzas de seguridad sobre el terreno, lleva un paso más allá la capacidad de expansión de Desokupa, hasta ahora aupado por sus propios canales de comunicación y medios que han optado por difundir su versión de los desalojos sin comprobar lo que hay detrás.

Ahora la maquinaria se vuelve a activar con un relato similar: los ciudadanos deben formarse para protegerse porque la Policía no es capaz de hacerlo. Y uno de los sindicatos más importantes de la historia de la Policía Nacional, efectivamente, ha firmado un convenio con la misma empresa para que 30.000 agentes puedan recibir esa misma formación. El mensaje, una vez más, directo desde Desokupa hasta el cliente sin que nadie lo cuestione.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de cárcel impuesta a un militar por acosar durante meses a una subordinada con mensajes de WhatsApp y encuentros no deseados. Los jueces explican que la víctima tuvo incluso que coger una baja médica por las consecuencias del hostigamiento de un cabo que, además, era su “jefe directo” en el Centro de Formación de San Fernando en Cádiz. “Exceden de lo que podría considerarse una mera molestia”, reprocha la Sala de lo Militar del Supremo.

Los jueces explican que el condenado, cabo primero y jefe de taller, era el superior jerárquico de la soldado afectada en uno de los Centros de Formación de Tropa ubicado en la provincia de Cádiz. Durante más de medio año, a lo largo de 2022, tuvo gran cantidad de “comportamientos inadecuados” con un objetivo: “Mantener una relación sentimental” con su subordinada, que llevaba dos años trabajando en Cádiz. Algo que ella rechazó continuamente.

El hostigamiento se produjo a través de WhatsApp pero también con encuentros en persona no deseados por ella. “Se presentaba en el domicilio de la soldado sin haber sido invitado y sin previo aviso a cualquier hora”, explican los jueces. También en lugares donde estaba con su familia, como en un centro comercial en el que ella estaba con sus hijos. Un día apareció en la puerta de su casa. “En 15 minutos estoy en tu puerta”, dijo, con el pretexto de ayudar con un problema. “Dime algo, sigo en tu puerta esperando...”. Llegó a aparecer en un restaurante donde ella celebraba el Día de la Madre con sus hijos intentando pagar la cuenta.

La víctima le dijo al acosador claramente en varias ocasiones que no quería mantener ese tipo de contacto. La estrategia de defensa del cabo condenado fue explicar que el contenido de sus mensajes siempre fue “extremadamente correcto”, sin usar “ninguna palabra malsonante”, sin usar términos sexuales o de coacción contra ella. Sus mensajes, alegó ante el Supremo, respondían a “una confianza mutua” que fue “malentendida” por la víctima. Llegó, incluso, a enviarle “emoticonos con caritas de risas, de fiesta o de rubor”.

La sala quinta del Supremo contesta desestimando su recurso y confirmando los seis meses de cárcel que le impuso un tribunal militar por un delito de abuso de autoridad, además de la obligación de indemnizar con 600 euros a su víctima. Los hechos se destaparon en el seno del centro de formación cuando un subteniente encontró llorando a la víctima. Hasta entonces no había denunciado porque “no quería ser la comidilla del cuartel”, explicó.

“Se tomaba libertades que no le había dado”

Para cada mensaje que el cabo primero interpretaba con una invitación a la intimidad, la víctima relataba que para ella eran excesos incómodos de su superior. “La controlaba, se presentaba en lugares y se tomaba libertades que ella no le había dado en ningún momento”, afirmó en su declaración.

El punto de inflexión, relató ella, fue cuando el cabo primero se presentó en el cumpleaños de su hija. Fue entonces cuando un subteniente vio llorando a la víctima y le dijo que “tenía que saberlo el capitán”. Poco después se dio de baja. A lo largo del proceso, los testigos apoyaron su testimonio: solo paró cuando el coronel al mando del CEFOT de Cádiz le dijo, claramente: “Déjalo ya”.

Para el Supremo es razonable entender que estos mensajes se convirtieron, a lo largo de los meses, en acoso “por su duración en el tiempo y persistencia, junto a la intimidación derivada de la relación de subordinación jerárquica directa que militarmente vinculaba a la víctima con el acusado”.

El Supremo contesta a la alegación del militar de que nunca envió mensajes de contenido sexual o de acoso laboral, sino que actuó movido por el “amor” que sentía hacia su subordinada. “No todos los delitos se cometen por sentimientos viles o deleznables, como pueden ser el odio, la envidia o la venganza. También puede ocurrir que aparezcan guiados por sentimientos o emociones en principio respetables”, recuerda el Tribunal Supremo.

La Fiscalía explicó en sus alegaciones que este cabo primero no podía alegar que no supiera que la víctima no quería mantener ese tipo de relación con él. En sus mensajes, el condenado se quejaba “del silencio de la soldado”, en otras lamentaba que estuviera “siendo ignorado” y en otro distinto pedía “que no se lo pusiera difícil”. Siguió adelante, reprocha el Ministerio Público, a pesar de que “era consciente del malestar que estaba causando” y “con todas las consecuencias, que pase lo que tenga que pasar”.

El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) publica este martes una oferta laboral solo para militares profesionales. Se trata de 50 plazas de agentes de movilidad reservadas para militares profesionales de tropa y marinería, lo que supondrá aumentar su plantilla en un 11,6 %.

El medio centenar de plazas están dirigidas a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y a los reservistas de especial disponibilidad. Según el Ayuntamiento, ofrecen “una oportunidad profesional a este colectivo dentro del servicio público municipal y fomentarán la colaboración entre administraciones”.

La oferta de empleo no computa en el cálculo de la tasa de reposición, por lo que el Ayuntamiento de Madrid puede disponer de esta manera de más efectivos, gracias a la ley de presupuestos del año pasado, que indica explícitamente que “estas convocatorias solo podrán aprobarse en los ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura”, como es el caso de los agentes de movilidad municipales.

Con estas incorporaciones, en 2025 la plantilla de agentes sumará 196 efectivos, 146 en turno libre y los citados 50 de la oferta de tropa y marinería.

La nueva oferta -explica el Ayuntamiento- ha sido negociada en la Mesa General de Empleo, contando con el voto favorable de CSIF, UGT y CC. OO. y la abstención del Sindicato CITAM.

El Cuerpo de Agentes de Movilidad lo creó el Ayuntamiento de Madrid el 27 de enero de 2004 con la finalidad de gestionar el tráfico de Madrid con personal especializado de dedicación exclusiva y con el compromiso de la presencia física permanente. Actualmente, cuenta con 431 agentes que se encuentran integrados en el Área de Medio Ambiente y Movilidad.