Más de la mitad de los procedimientos disciplinarios por acoso sexual en las Fuerzas Armadas fueron archivados

Únicamente nueve de los 30 procedimientos disciplinarios que se han incoado entre 2018 y 2021 por acoso sexual en las Fuerzas Armadas han concluido con una sanción. Sumando los datos de los últimos cuatro años, un tercio (33%) de los expedientes abiertos por este motivo terminó con una suspensión, el 54% fue sobreseído y el 13% se continúa tramitando. A nivel penal, la tendencia de las denuncias por acoso sexual en el Ejército es diferente. Casi la mitad de las demandas (45%) que se presentaron entre 2018 y 2021 continúan tramitándose, mientras el porcentaje de condenas y archivos se encuentra igualado al 27%. 

El año posterior a la irrupción de la pandemia se alcanzó el mayor número de procedimientos iniciados: en 2021 se registraron 29 casos –16 penales y 13 disciplinarios–, en comparación con los 16 expedientes que comenzaron en 2020 (10 y 6), los 19 (13 y 6) de 2019 y los 17 (12 y 5) de 2018, según los datos obtenidos por elDiario.es a través de la ley de transparencia. El Ministerio de Defensa no ha facilitado esta información hasta que se ha pronunciado el Consejo de Transparencia estimando la reclamación realizada por esta redacción. 

La vía disciplinaria tarda menos en tramitar y resolver los procedimientos que la judicial. Solo quedan expedientes administrativos de 2021 por tramitar.

De la treintena que se han incoado en estos últimos cuatro años, algunos han terminado con los acosadores inhabilitados por un periodo concreto. Por ejemplo, en septiembre de 2020 el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire impuso una suspensión de empleo de cinco meses a un capitán que tuvo una actitud “totalmente improcedente” con una soldado en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

En el expediente sancionador quedó acreditado que “mantuvo un comportamiento de acoso sexual” al preguntar a la víctima “por temas de índole personal ofreciéndose para darle una sesión de quiromasaje”; de hecho, llegó a acariciar a la demandante “en dos ocasiones las manos, llegando a darle dos besos en las mejillas”. Los magistrados del Tribunal Militar Central, que analizaron este procedimiento, concluyeron que con esta situación se “incomodó” a la denunciante.

Cuando María (nombre ficticio) comenzó una relación sentimental, las opciones de conciliación que le había dado su superior hasta ese momento terminaron. Esta situación dio lugar a otro expediente por acoso sexual en la disciplina castrense. Esta soldado recibió llamadas y mensajes de su jefe, un teniente coronel, en las que insinuaba su intención de buscar un acercamiento sentimental.

Los jueces que revisaron el expediente sancionador concluyeron que, en una relación de afecto “excesiva”, el oficial llegó a acosar a su subordinada “cogiéndole del brazo, tocándole el pelo, la nuca o la espalda, dejando de manifiesto la soldado su incomodidad con dicho acercamiento físico”. Fue suspendido de empleo seis meses. 

Expediente anulado porque no había documentación

La misma inhabilitación recibió un cabo del Ejército de Tierra en julio de 2021, aunque su expediente fue anulado por sentencia judicial un año después porque no se aportó al Tribunal Militar Central “copia del expediente administrativo sancionador”. Sus superiores habían justificado su decisión argumentando que el soldado aseguró que “no iba a trabajar con una mujer ni acatar órdenes de una de ellas, que no pintaban nada las mujeres en el Ejército”. Y también le atribuyeron estos comentarios: “Que él sabía cómo matar y descuartizar a una mujer. Que él le daría los restos de comer a sus perros, porque él sabía cómo hacer desaparecer el cuerpo de una mujer”. Ese procedimiento quedó en nada. Como no se aportó la documentación de la instrucción, los magistrados reseñaron que esa sanción debía desaparecer del expediente del militar. 

Un balance distinto en el ámbito penal

A nivel penal, continúan tramitándose el 45% de las 51 denuncias que se han presentado por acoso sexual en las Fuerzas Armadas. En 2018, el 59% de los procedimientos judiciales fueron archivados, el 33% terminaron con una sentencia condenatoria y el 8% todavía no han concluido. Ese porcentaje, el de las causas que todavía se están tramitando, es más elevado entre las demandas iniciadas en los años siguientes, al ser más recientes. 

En uno de los últimos casos conocidos, la Justicia militar impuso una pena de siete años de prisión a un alumno de la Escuela de Especialidades de la Armada de Ferrol (A Coruña) por un delito de agresión sexual, otro de abuso de autoridad y un tercero de lesiones a una compañera. El tribunal togado consideró probado que el 6 de mayo de 2021 el denunciado no aceptó la negativa de la víctima y la agredió sexualmente, tal y como adelantó elDiario.es.

Dos militares también en formación fueron condenados a seis meses de prisión por animar a “violar en plan manada” a una compañera. En unos mensajes, escritos en un grupo de WhatsApp en el que había 40 soldados, también señalaban: “Me voy a cascar a costa de ella tonight”. “Esta solo pide polla”, fue otro de los que publicaron. Llegaron, además, a difundir una foto de la víctima en la que sobreimprimieron su nombre y la siguiente frase: “Solo follo con zapadores”. Tras el juicio y la sentencia de primera instancia, los dos condenados fueron expulsados, según informó El País. 

“Mira cómo me pones” o “te gustaría comérmela” son algunos de los comentarios que otra soldado tuvo que soportar mientras trabajaba en la Escuela Militar de Paracaidismo. El acoso de su jefe continuó. Llegó a masturbarse delante de ella. Por estos hechos, la víctima necesitó una baja de 720 días por daños psicológicos. El Alto Tribunal condenó al teniente coronel a cuatro años y seis meses de cárcel. 

La información obtenida a través de la ley de transparencia confirma que la mayor parte de las denunciantes (73), sumando los procedimientos que se inician en la vía administrativa como en la penal, pertenecen a la tropa, la escala con menor rango. En relación al resto, cinco son suboficiales, una oficial y tres no pertenecen a las Fuerzas Armadas, son civiles. Si se realiza este mismo análisis entre los denunciados, la tropa sigue siendo la escala predominante, aunque con menor representación (49), a ellos hay que añadir 19 suboficiales y siete oficiales. En estos datos, también hay que tener en cuenta que en varios casos no se ha concretado el cargo específico de la persona demandada.

En 2015 el Consejo de Ministros aprobó el protocolo contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas, como consecuencia del caso de la capitana Zaida Cantera, ahora diputada del PSOE. Esta estrategia incluyó como novedad que las militares vejadas por su superior no tuviesen que acudir a él para presentar una denuncia interna e iniciar el proceso de denuncia.

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