No ha sido el primer encuentro de víctimas de la transición, ni será el último, pero ha sido más que necesario que se hiciera y que se consiguiera, además de la unidad, un planteamiento de futuro en sus conclusiones.

Del 23 al 25 de enero del 2026 nos hemos dado cita en la ciudad de Logroño familiares de Marc Muñoz, Manuel José García Caparrós, Ángel Almazán, Caso Almería, Arturo Ruiz, Vitoria (3 de marzo de 1976), Teófilo del Valle, entre otros… El llamamiento lo realizó la asociación Manuel José García Caparrós desde Andalucía, con unos objetivos muy claros para las demás familias y entidades: 1) unir fuerzas desde las familias para conseguir más transparencia y verdad en nuestros casos; 2) avanzar en la reparación de las víctimas de la transición. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda; 3) consolidar una relación entre todas las asociaciones y familiares para ayudarnos en nuestros objetivos de verdad, reparación y justicia.

En octubre de 2018 organizamos desde la asociación Manuel José García Caparrós un encuentro estatal de víctimas de la transición en Málaga, que contemplaba un segundo encuentro en el Parlamento Europeo, en el que participaron más de 80 personas provenientes de todo el Estado Español. De aquellos encuentros de Málaga y Bruselas surgió una red de amistad y colaboración entre las diferentes familias y un sentimiento de saber que estamos conectados y que podemos compartir nuestras luchas y sentimientos.

También nació la Asociación Andaluza de Víctimas de las Transición, que ahora ha adoptado un perfil más bajo tras tener un papel importante en algunos seminarios y cursos académicos de universidades andaluzas. El motivo principal es el repentino fallecimiento de nuestro compañero Manuel Ruiz, al que siempre recordaremos por su humanidad y tenacidad en su lucha por su hermano Arturo Ruiz y demás víctimas de la transición. Esperamos también ir saliendo de este letargo emocional y seguir su ejemplo con todo su legado de voluntad y sacrificio.

Constatamos la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición

La elección de Logroño surgió del contacto que se forja en las diferentes iniciativas que hemos desarrollado por todo el Estado español. Así conocimos la voluntad del homenaje a Miguel Sarabia, uno de los supervivientes de la matanza de Atocha del 24 de enero de 1977, al que nunca se le había realizado un homenaje institucional en su ciudad natal.

Así que consideramos a principios del año pasado que sería una buena idea unir la memoria de los abogados de Atocha con las demás víctimas de la transición. Gracias al trabajo institucional y su propuesta de homenaje por parte del PCE e IU de La Rioja, la familia de Miguel Sarabia, en concreto su viuda, una de sus hijas y dos nietas, pudieron disfrutar de un acto de colocación de una placa en la calle Barriocepo donde nació; y también de un acto cultural donde no faltó la palabra, tanto de la poesía de un exalumno de Miguel Sarabia llamado Manuel Tejedor, recitada por la joven Elena Ollero; y la música comprometida nacida del pueblo con el flamenco del cantaor Juan Pinilla y el toque de David Caro. “El hombre que fue bueno durante toda su vida”.

La prensa local y regional nos ha acompañado en todos los días de este encuentro y ha destacado con respeto y cierto entusiasmo el homenaje al logroñés Miguel Sarabia. Tan solo un diario estatal como eldiario.es se hizo eco del homenaje y encuentro. Sorprende mucho, porque cuando han querido otros medios han convertido a las víctimas en protagonistas. Esto sirve para constatar la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición, y consigamos evitar la impunidad con la que la ultraderecha vive desde la transición hasta la actualidad. Es el hilo negro que queremos desenmascarar desde muchos ámbitos de nuestra acción ciudadana.

En el encuentro nos hemos conocido más aquellos que ya nos conocíamos y hemos descubierto nuevas familias y casos. Yo escribo estas líneas desde una posición personal, y me gusta destacar que vinieran personas especialistas que están desarrollando investigaciones serias sobre la impunidad en los crímenes de lesa humanidad. En esa línea de investigación se debe insistir, sin cesar, porque se trata de conocer todo para poder sanar en lo más que se pueda el sistema democrático. Desde aquí hago un llamamiento no solo a familiares sino también a activistas e investigadores a sumarse a nuestra red.

Proponemos acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática

Pronto saldrán a la luz las conclusiones de todo este encuentro, de los debates y propuestas que han surgido. Me gustaría destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, la necesidad de promover acciones conjuntas sabiendo que la unidad hace la fuerza. Por eso se han acordado unos máximos: entre otros, la derogación de la ley de amnistía, que choca con la capacidad de intervención de la justicia sobre los victimarios, o la modificación de la ley de secretos de estado, que no nos permite acceder a la documentación de nuestros casos.

Hay acuerdos concretos que tienen margen de desarrollo, como la propuesta de acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática o la confección de una unidad didáctica sobre las víctimas de la transición con una perspectiva global y curricular.

En el encuentro tuvimos otro momento abierto a la ciudadanía, que al igual que el homenaje a Miguel Sarabia, nos enriqueció con la participación de la gente de la ciudad. La proyección de la película Las armas no borrarán tu sonrisa de Adolfo Dufour nos habla de las víctimas y nos cuenta más concretamente la semana negra de Madrid de 1977.

Y esto es un tema que me apasiona: cómo el cine ayuda a la difusión de los casos, como fue la película de ficción basada en los hechos reales, El Caso Almería (Pedro Costa, 1984) o Vitoria, 3 de marzo (Victor Cabaco, 2018). Casi todos los casos tienen un documental que recoge lo que ocurrió: es el caso de Gustavo Muñoz, con Gustau, la transición al descubierto (Jaume Domènech, 2021) o Manuel José García Caparrós, que acumula varios estupendos…

La fuerza del cine llega hasta tal punto que en el caso del Teófilo del Valle el documental dirigido por Manuel de Juan abre nuevas perspectivas en la investigación y además provoca un movimiento que llega reactivar el caso incluso judicialmente, siendo el único caso abierto en un juzgado antes de que prescriba a sus cincuenta años el próximo febrero de este año. Sabemos de la fuerza que puede tener el cine. Por eso estamos apoyando la película documental El hilo negro de JAC López, donde participa Carlos Bardem, basada en la gran investigación de Carlos Portomeñe, La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado: anatomía de la transición (Atrapasueños ed. 2022).

Nos queda un camino que recorrer y en ese camino ya no estamos tan solos y solas.

Joaquín Recio es escritor, editor y vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós

El grupo parlamentario plurinacional Sumar ha reclamado al Gobierno central los cambios legislativos necesarios para que las víctimas de la “violencia policial” del 'caso Almería' sean reconocidas como víctimas del terrorismo, sentido en el que han pedido al Gobierno que detalle las medidas que se están tomando a cabo para modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

El Parlamento de Cantabria ya homenajeó en 2018 a las víctimas del Caso Almería, en un acto promovido por el colectivo Desmemoriados en el que se instaba al Gobierno de España a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos” para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección“ que corresponde a esta condición.

Ahora, el portavoz del grupo parlamentario Sumar, Íñigo Errejón, ha trasladado en el Congreso de los Diputados una batería de cuestiones sobre la modificación legislativa tras el reciente cumplimiento de los 43 años del crimen de los jóvenes Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales, quienes fueron “brutalmente” asesinados por la Guardia Civil tras ser erróneamente identificados como miembros de ETA el 10 de mayo de 1981.

Los cuerpos de los tres residentes en Santander, que emprendieron el viaje para acudir a la comunión del hermano de uno de ellos, aparecieron al día siguiente de su detención calcinados en el interior del vehículo en un paraje de Gérgal (Almería) tras haber sido torturados.

En la iniciativa rubricada también por el diputado Nahuel González y consultada por Europa Press, el grupo parlamentario se interesa además por los pasos que se han dado hasta ahora para asegurar un relato oficial “fiel a los hechos” del 'caso Almería' así como por la fecha en la que se pondrá en marcha la comisión técnica que lo estudiará.

Desde Sumar han incidido en la necesidad de aplicar los cambios legislativos para reconocer a las víctimas de la violencia policial, de los grupos de ultraderecha y los grupos parapoliciales como víctimas del terrorismo y, por otro lado, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y de la Guardia Civil, “quienes deben asumir plena responsabilidad y pedir perdón formalmente a las víctimas y sus familias”.

En este sentido, ha incidido en que el 'caso Almería' representa uno de los episodios “más oscuros y vergonzosos” de la Transición española ante el cual las familias de las víctimas “han mantenido una lucha incesante durante más de cuatro décadas, en busca de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

“A pesar de sus esfuerzos, los avances han sido limitados y fragmentarios”, han expuesto al señalar que “sólo tres de los once guardias civiles implicados fueron condenados, cumpliendo sus penas en condiciones privilegiadas, lo que pone de manifiesto un cumplimiento parcial de los principios de justicia”.

Según Sumar, para alcanzar una reparación completa es “crucial” abordar tanto el cambio legislativo demandado como la asunción de responsabilidad por parte del Estado y la Guardia Civil, más allá de la “serie de declaraciones institucionales y actos de disculpas” que han tenido lugar en los últimos años.

En concreto, fue el 20 de enero del pasado año cuando el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, pidió perdón “desde el corazón del Estado” a los familiares de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero en un acto con la entonces directora de la Guardia Civil en el que se entregó a sus familiares unos diplomas de reparación.

El grupo parlamentario ha reconocido, no obstante, “avances significativos” entre los que destacan el nombramiento de Zoraida Hijosa como directora general de Atención a las Víctimas y la creación de comisiones gubernamentales para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

“En este contexto, es imperativo adoptar medidas concretas y urgentes para garantizar que se cumplan plenamente los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en relación con el 'caso Almería'”, ha añadido de cara a conseguir “respuestas claras y específicas sobre las acciones y compromisos asumidos por el Estado en este sentido”.

Queremos traer a la memoria el 10 de mayo de 1981, día en que aparecieron los cuerpos mutilados, calcinados y cosidos a balazos de tres jóvenes residentes en Cantabria, Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales, que, tres días antes habían salido desde Santander hacia Pechina, en Almería, para celebrar la primera comunión del hermano de Juan, sin imaginarse el terrible destino que les esperaba. Ya habían llegado a Almería cuando fueron detenidos, torturados y asesinados violentamente por la Guardia Civil al ser confundidos supuestamente con un comando de ETA que días antes había cometido un atentado terrorista. Se trata de uno de los episodios más sangrientos, trágicos y vergonzosos de la mal llamada “pacífica” Transición española.

Las familias de los asesinados iniciaron una incansable lucha, que aún mantienen en la actualidad, en defensa de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de estos terribles acontecimientos. ¿Qué se ha conseguido desde entontes? Respecto a la verdad y la justicia, se ha dado un cumplimiento parcial e incompleto a estos principios. Si el 'Caso Almería' no cayó en el olvido fue gracias al empeño y determinación de los familiares de las víctimas que cuestionaron la versión oficial de los hechos y llevaron ante los tribunales a los responsables, aunque finalmente solo se logró condenar a tres de los once guardias civiles que participaron en el secuestro y asesinato, que cumplieron solo una parte de la condena en unas condiciones de privilegio.

La satisfacción de los principios de reparación y garantía de no repetición requiere de dos requisitos o condiciones inexcusables. Primero, el reconocimiento de las víctimas del 'Caso Almería' como víctimas del terrorismo, ampliando el ámbito de aplicación de la actual Ley 29/2011, de 22 de septiembre, con el objeto de incluir a las víctimas de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales. Segundo, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y sus agentes, en este caso el cuerpo de la Guardia Civil, y la petición de perdón a las víctimas y sus familiares. A día de hoy no se ha realizado ninguna modificación de la ley, a pesar del incansable esfuerzo de las familias en este sentido y de algunas declaraciones institucionales: la moción, aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Santander el 31 de mayo de 2016, y la declaración aprobada también por unanimidad por el Parlamento de Cantabria, el 10 de mayo de 2018, ambas con el fin de devolver la dignidad a las víctimas del 'Caso Almería' y reconocerlas como víctimas del terrorismo. El 20 de enero de 2023 la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Memoria Democrática, en un acto oficial de entrega de diplomas de reparación a los familiares, pidieron perdón a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, es necesario aclarar que se trata de actuaciones no vinculantes, que no se han materializado en un cambio legislativo, en un relato oficial que sea fiel a la verdad y en una depuración efectiva de responsabilidades.

Esperamos que esta confluencia de acontecimientos favorezca que, de una vez por todas, se dé cumplimiento efectivo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto al 'Caso Almería'

En lo que llevamos de año se han producido varios acontecimientos dignos de destacar. Comenzando por el nombramiento, el 24 de enero de 2024, de Zoraida Hijosa Valdizán, anterior directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria entre 2019 y 2023 como directora general de Atención a las Victimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España. Más recientemente, el pasado 24 de abril de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la creación de tres comisiones gubernamentales para el cumplimiento de la Ley 20/22, de 19 de octubre de Memoria Democrática. Una de ellas es la comisión técnica para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas, comisión formada por expertos que ha de elaborar un informe en un plazo máximo de un año. En el acto oficial de 20 de enero de 2023, mencionado en el párrafo anterior, el secretario de estado de Memoria Democrática apuntó durante su intervención que la ley aprobada a finales de 2022 es “ambiciosa” en cuanto a sus propósitos, destacando la disposición adicional decimosexta que “plantea y establece una comisión técnica para un estudio sobre la vulneración de derechos humanos en la Transición entre 1978 y el 31 de diciembre de 1983, señalando posibles vías de reconocimiento y reparación”. Así, ha incidido en que será objeto de estudio de esta comisión la situación de las víctimas y familiares del 'Caso Almería'.

Esperamos que esta confluencia de acontecimientos favorezca que, de una vez por todas, se dé cumplimiento efectivo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto al 'Caso Almería', sirviendo este escrito como una interpelación a Zoraida Hijosa Valdizán en su calidad de directora general de Atención a las Victimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España, para que adopte un compromiso profundo con este objetivo.

En esta terrible efeméride, desde Desmemoriados solo podemos decir a los familiares del 'Caso Almería' que seguiremos luchando y no les olvidamos.

Cantabria honrará de nuevo este miércoles 10 de mayo a Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, los tres jóvenes residentes en Santander que hace 42 años fueron torturados y asesinados cuando se dirigían a una comunión en la provincia Almería a manos de la Guardia Civil, que dijo haberlos confundido con militantes de ETA, en uno de los capítulos más negros de la Transición.

Las víctimas del conocido como 'Caso Almería' estuvieron olvidadas durante mucho tiempo, y sus familias no obtuvieron ni el reconocimiento ni la reparación por parte de las administraciones públicas, en una reivindicación histórica que poco a poco va encontrando su hueco, como el reciente homenaje en el que participaron miembros destacados del Gobierno de España.

Ahora, en este 42 aniversario de la fecha del asesinato, la sala polivalente del Parlamento de Cantabria acogerá el estreno del documental 'Almería, 1981' dirigido por Andrés Barrio y Alicia Céspedes en colaboración con Desmemoriados. Será este miércoles 10 de mayo, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y tras la proyección y el coloquio posterior con los directores se realizará un homenaje a las víctimas en la Plaza de las Estaciones de Santander

Desmemoriados ha sido la organización impulsora durante los últimos años de diversas acciones de reconocimiento a los jóvenes asesinados en el 'Caso Almería'. Entre otras, en mayo de 2018 el Parlamento de Cantabria rindió homenaje a esas víctimas, en un acto solemne celebrado en su sede, aprobado entonces por los diputados de todos los grupos parlamentarios.

También en octubre de 2021 se colocó en la Plaza de las Estaciones de Santander una escultura del artista campurriano Nacho Zubelzu, en homenaje a aquellas víctimas. El pasado mes de enero, casi 42 años más tarde, en un acto público, la directora general de la Guardia Civil pidió perdón a las familias, que reconocen que “es un gran paso, pero todavía insuficiente”.

El 9 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores de Santander de camino a celebrar la comunión de Francisco Mañas en Pechina (Almería) fueron detenidos a punta de pistola por agentes de la Guardia Civil a la altura de Roquetas de Mar y trasladados a las ruinas de un cuartel de Cabo de Gata. Después, los agentes los torturaron, los acribillaron a balazos, desmembraron sus cuerpos y los arrojaron dentro del coche barranco abajo en Gérgal. Los muchachos se llamaban Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales e iban a la comunión de Francisco, que entonces tenía ocho años. Sus cuerpos aparecieron el 10 de mayo al fondo del barranco, carbonizados.

La reacción inicial de las autoridades, que aquellos días buscaban desesperadas a los miembros de un comando de ETA que acababa de atentar contra un militar de alto rango en Madrid (en el que murieron sus tres acompañantes), fue ignominiosa: dijeron que los jóvenes iban armados y trataron de escapar de la Guardia Civil saltando del coche en marcha. Era falso. La labor de algunos periodistas hizo que se conociera la verdad, pero no hubo reparación. Casi 42 años después, el Gobierno va a celebrar un acto de recuerdo con los familiares de las víctimas en el que entregará sendos diplomas de reparación por los hechos sucedidos en 1981.

A la convocatoria, prevista para el próximo 20 de enero en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería, acudirán el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, la actual directora general de la Guardia Civil, María Gámez y el subdelegado José María Martín.

El acto da respuesta a una petición histórica de las familias, que no solo sufrieron la muerte atroz de los jóvenes, sino que luego se vieron sometidas a la humillación de pasar por las falsedades vertidas por las autoridades. No dudaron en ensuciar la imagen de los jóvenes para descargarse de responsabilidades, como si el hecho de que hubiesen tratado de huir (lo cual era falso) justificara las torturas y el asesinato. “A lo hecho, pecho”, dijo el juez Ángel Tortosa a los padres de Juan Mañas. Quedó para la historia la declaración de Juan José Rosón, ministro del interior: “Un trágico error”.

“Siempre hemos sentido un vacío”

“No es normal que las personas que se encargan de proteger al ciudadano maten de forma tan cruel a tres personas, en este caso además inocentes. Y, obviamente, aunque no le fueran”, dice hoy Francisco Mañas, hermano de Juan. Nunca se condenaron las torturas, y hubo que exhumar los cadáveres para realizarles un nuevo examen forense ante las falsedades y omisiones del primero. Años después del crimen se supo que los agentes implicados cobraron fondos reservados después de su expulsión del cuerpo. También se les aplicaron beneficios penitenciarios. “No tenemos nada en contra de la institución de la Guardia Civil, pero sí de aquellos asesinos y la institución que en su momento los protegió y no apoyó a la familia”.

Aún recuerda que el día de su comunión todo el mundo disimulaba a su alrededor. La celebró sin sus padres, que ya buscaban alarmados a su hermano. Él pidió que Juan y sus amigos apareciesen pronto. El acto de desagravio le satisface después de tanto tiempo de silencio. Acudirán él y su madre, a la que protegerán de las emociones excesivas. También un sobrino de Luis Montero.

“Siempre hemos sentido este vacío y así lo hemos reivindicado”, señala. En su día se realizó un homenaje en Cantabria, pero nunca hasta ahora en Andalucía ni por parte del Gobierno, responsable de la Guardia Civil. El mayor reconocimiento que ha tenido Juan Mañas en Andalucía es un monolito y dar nombre desde 2015 a un parque en su Pechina natal: el Parque Juan Mañas Morales. Cayó en saco roto la petición de la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición para que el Parlamento Andaluz instara al reconocimiento de los jóvenes como víctimas del terrorismo. Aún no está claro si la nueva Ley de Memoria Democrática podría amparar esa petición.

El acto de desagravio sí se hará. “Es una reparación de cara a las familias. De alguna manera, una disculpa oficial”, se felicita Mañas, quien agradece la implicación personal de Fernando Martínez. También de María Gámez, que escribió una carta de disculpas a un amigo de Mañas que había pedido a la directora general de la Guardia Civil una reparación simbólica a las familias.

Casi 42 años después de ser torturados y asesinados de forma extremadamente cruel, Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, los tres del Caso Almería, recibirán al fin un homenaje y sus familias, el acto de reparación que no han recibido en cuatro décadas. 

Francisco Mañas era apenas un niño cuando su hermano Juan y sus amigos Luis Cobo y Luis Montero fueron asesinados por un grupo de agentes de la Guardia Civil, que simularon un accidente de coche en las profundidades de un barranco en Almería al comprobar que los tres hombres a los que habían detenido y torturado no eran miembros del comando de ETA al que supuestamente estaban persiguiendo. Este terrible suceso tuvo lugar en la primavera de 1981, el día antes de la comunión de Francisco, motivo del viaje por el que estos tres jóvenes se habían desplazado a Andalucía desde Cantabria, donde residían y trabajaban. “Hubiera quedado como otro caso más de la Transición, tapado, cerrado y en el olvido”, reconoce ahora Francisco, que ha dedicado una parte importante de su vida a reivindicar y dignificar la memoria de estas víctimas inocentes: “Uno de los problemas que tiene España es que no se cierran heridas y mientras sigan abiertas, nosotros seguiremos luchando”, admite durante una visita esta semana a Santander, donde se ha instalado un monumento en recuerdo del conocido como Caso Almería. “El Estado siempre ha permanecido ausente y no nos ha pedido perdón ni existe ninguna disculpa oficial”, lamenta.

Han pasado 40 años del asesinato a manos de la Guardia Civil de su hermano Juan Mañas junto a sus amigos Luis Cobo y Luis Montero cuando acudían a su comunión. ¿Qué recuerda de aquellos días en plena tragedia familiar?

Era bastante pequeño, pero evidentemente es el tipo de cosas que nunca se olvidan… Yo iba a hacer la comunión, que en aquel momento era algo muy importante en la vida de un niño, y mi hermano y sus compañeros llegaron a casa desde Cantabria un viernes por la tarde para pasar aquellos días con mi familia. Salieron por Almería aquella noche y al día siguiente, cuando desperté por la mañana temprano, no estaban en casa. Avisé a mis padres, que se extrañaron mucho. A partir de ahí, se montó un dispositivo de búsqueda con amigos y conocidos hasta que nos enteramos por la televisión de lo que había sucedido. En teoría, las noticias decían que habían aparecido los cuerpos de tres etarras muertos en la carretera de Gérgal, pero mis padres inmediatamente fueron conscientes de lo sucedido. Antes de todo eso, mi padre estuvo pidiendo ayuda en la Guardia Civil hasta en dos ocasiones y explicó reiteradamente que había desaparecido su hijo junto con dos compañeros, pero lo negaban, no dieron ningún tipo de información, e incluso se enfadaron mucho con mi padre por insistir, así que imagínate…

El Estado siempre ha permanecido ausente y no nos ha pedido perdón ni existe ninguna disculpa oficial

Entiendo que ese momento cambió sus vidas y sus prioridades para siempre. ¿Hasta qué punto ha influido en su familia ese terrible suceso?

Evidentemente, ese día nuestra vida dio un giro de 180 grados. Hemos intentado llevar un día a día como el de cualquier persona, pero una gran parte de nuestro tiempo se ha dedicado a luchar por la dignificación y la memoria de mi hermano y sus dos compañeros. Se celebró un juicio de forma muy rápida porque se intentó tapar el caso. De hecho, si no hubiera sido porque nuestro abogado Darío Fernández supo llevar el caso a los tribunales y defenderlo de la mejor manera posible, lo mejor que pudo, hubiera quedado como otro caso más de la Transición, tapado, cerrado y en el olvido. Pero a pesar de todo, el caso se calificó de homicidio en lugar de asesinato. Se consiguió hacer un poco de justicia, aunque quedaron ocho guardias civiles implicados totalmente impunes. Como te digo, hemos dedicado nuestra vida a seguir luchando por la memoria y la reparación de las víctimas inocentes, aunque el Estado siempre ha permanecido ausente y no nos ha pedido perdón ni existe ninguna disculpa oficial. Parece que en vez de ser víctimas del terrorismo de Estado, hubiéramos hecho algo malo.

Hubo muchos intereses en aquel momento para que no se conociera la verdad del conocido como Caso Almería. ¿Cómo han vivido este luto las familias? ¿Se consideran víctimas de segunda?

Nosotros seguimos en la misma línea de siempre, intentando que se repare y se dignifique a las víctimas. Sabemos que no se puede hacer justicia porque no se hizo en su momento y no se condenó a los ocho guardias civiles que quedaron impunes, y solo se culpó a tres y ni siquiera cumplieron la totalidad de sus penas. Hemos pedido dos veces al Estado que se les reconozca como víctimas del terrorismo, y se nos ha denegado, y también hemos reclamado un reconocimiento al Gobierno de España, pero no se ha hecho, y el Parlamento de Andalucía tampoco ha accedido. En cambio, estamos muy contentos y muy orgullosos de tener muy buenos amigos entre el pueblo cántabro. Las instituciones de Cantabria se han portado muy bien con nosotros. Se hizo un reconocimiento en 2018 en el Parlamento de Cantabria y ahora, la colocación de una escultura en su memoria, ha supuesto para nosotros un acto muy importante y sentimos al pueblo cántabro muy volcado gracias a la asociación Desmemoriados, que lleva bastante tiempo trabajando en ello.

Una de las premisas básicas que exigen las organizaciones memorialistas como Desmemoriados es la necesidad de que haya verdad, justicia y reparación. ¿Consideran que poco a poco se está consiguiendo o no es suficiente?

Ten en cuenta que han pasado más de 40 años y los máximos reconocimientos han tenido lugar en Cantabria. Son pasitos muy pequeños, pero no vamos a dejar de insistir y pensamos que algún día el Gobierno de España llegue a hacer su reconocimiento.

En 40 años, algunos políticos deberían haber tenido la dignidad y la voluntad de haber reconocido los hechos. Uno de los problemas que tiene España es que no cierran heridas y mientras las heridas sigan abiertas, nosotros seguiremos luchando

Las torturas y asesinatos de estas tres víctimas son un claro ejemplo de terrorismo de Estado. ¿Van a seguir luchando para que se reconozca como tal o han tirado la toalla?

En 40 años, algunos políticos deberían haber tenido la dignidad y la voluntad de haber reconocido los hechos. Uno de los problemas que tiene España es que no cierran heridas y mientras las heridas sigan abiertas, nosotros seguiremos luchando.

Y por parte de la Guardia Civil, que fue responsable de los asesinatos, ¿han tenido algún acercamiento o disculpa a nivel institucional?

Sí hemos tenido recientemente una respuesta a un compañero a título particular, que escribió una carta a la directora de la Guardia Civil. Nos ha contestado dando su apoyo, pero ha sido porque se le ha pedido, y estamos agradecidos, pero no porque haya salido de ellos. Creo que la Guardia Civil como institución deberían reconocer los hechos y pedir perdón públicamente. Tendría que haber sido en su momento, pero nunca es tarda para hacer un acto de justicia.

En los últimos años, instituciones como el Parlamento de Cantabria o el Ayuntamiento de Santander han aprobado mociones y declaraciones institucionales como reconocimiento a las víctimas del Caso Almería y este viernes se ha inaugurado en Santander un monumento en su memoria. ¿Cómo afrontan este momento? ¿Sirve para ir cerrando heridas?

El hecho de que se haga este reconocimiento otra vez en Cantabria ha sido muy emotivo. Hemos vivido otro momento lleno de recuerdos y a nosotros no nos importa recordar porque de esta forma mi hermano está siempre con nosotros. Seguro que él hubiera hecho lo mismo o más, porque era una persona muy especial y con muchos amigos en Cantabria.

En mayo de 1981, los jóvenes Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales planearon un viaje de Santander a Pechina (Almería) para acudir a la primera comunión del hermano de Juan. En el camino fueron torturados, tiroteados, y sus cuerpos desmembrados y calcinados. Los autores del crimen, conocido popularmente como el Caso Almería, fueron agentes de la Guardia Civil, que sospechaban que los muchachos estaban implicados en un atentado cometido por ETA tres días antes, en el que murieron tres miembros de la Guardia Real.

Este miércoles, casi 40 años después, se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento Andaluz: sus promotores pretenden que la cámara legislativa autonómica pida al Gobierno de España que cambie la ley, de modo que Montero, Cobo y Mañas, y todas “las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales” sean reconocidos como víctimas de terrorismo.

El escrito, dirigido a la mesa del Parlamento y presentado entre otros en nombre de la familia de Juan Mañas, está promovido por la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, en la que está integrada la familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado en una manifestación por la autonomía el 4 de diciembre de 1977.

La petición se basa en una declaración similar aprobada el 10 de mayo de 2018 por el Parlamento de Cantabria, de donde era natural uno de los jóvenes. Aquella moción fue aprobada por unanimidad por todos los grupos cántabros y suscrita por sus 35 diputados. El manifiesto fue leído por la entonces presidenta de la cámara, Lola Gorostiaga (PSOE) en un acto de homenaje institucional. El presidente Miguel Ángel Revilla admitió que Cantabria había tardado en honrar la memoria de los tres muchachos.

Hasta ahora, Andalucía no ha aprobado ningún reconocimiento institucional similar. “Ha habido distintas iniciativas que no han llegado a nada”, señala Joaquín Recio, portavoz de la asociación, que pide un reconocimiento unánime de todos los partidos para “cerrar la herida”, igual que ocurrió en Cantabria.

Un “error”

Aunque trabajaba en Santander, Juan Mañas era natural de Pechina (Almería), y los jóvenes fueron secuestrados por los agentes a punta de pistola en Roquetas de Mar, la noche del 9 de mayo.

El 10 de mayo a las seis de la madrugada, sus cuerpos aparecieron en el interior del coche que habían alquilado, en un barranco de la carretera de Gérgal, con múltiples orificios de bala, desmembrados y calcinados. La versión oficial era que los jóvenes iban armados e indocumentados, que todo fue un “error” al ser identificados como terroristas, y que murieron en un accidente de tráfico tratando de huir.

Esta versión la defendió en el Parlamento el ministro del Interior, Juan José Rosón, a pesar de que los medios de comunicación ya informaban de que los cadáveres estaban calcinados, desmembrados y presentaban múltiples orificios de bala. Las familias tuvieron que sortear múltiples impedimentos para ver los cadáveres, y en un programa de radio la madre de Cobo llegó a pedir al ministro que le dijera dónde estaban las piernas y brazos de su hijo.

En 1982, el Teniente Coronel Carlos Castillo Quero, jefe del operativo, fue condenado a 24 años de prisión por tres delitos de homicidio, con la eximente incompleta de “cumplimiento del deber”. El teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas fueron condenados por los mismos delitos a quince y doce años de prisión respectivamente, con el atenuante de obediencia debida. No fueron condenados por asesinato. Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992. Los otros dos condenados pasaron siete y cinco años en prisión, respectivamente.

“Segunda categoría de damnificados”

“Los métodos de terror que se señalan merecen el reproche de la sociedad en general, y no menos la violencia ejercida por algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en el ejercicio de sus funciones, torturaron y asesinaron a estos tres jóvenes, violando los más importantes derechos de las personas sometidas”, señala el manifiesto que ahora se lleva a la cámara andaluza.

La Ley 29/2011 no contempla reparaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Aunque la competencia para modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo es estatal, Recio cree que el eventual reconocimiento por parte de la cámara andaluza tendría un notable peso simbólico. Los proponentes creen que la falta de reconocimiento vulnera el principio de no discriminación y revictimiza “a quienes integran la segunda categoría de damnificados”, a los que se niega acceso a las políticas públicas de memoria.

La petición, suscrita por una veintena de asociaciones memorialistas y por la familia de Juan Mañas, se dirige a la presidenta de la Mesa, Marta Bosquet, para que tramite el procedimiento que corresponda. Recio anticipa que acudirán también ante el Parlamento Europeo.

La respuesta del Gobierno de España ante el Caso Almería y su decisión de no considerar como víctimas del terrorismo a Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, que en 1981 fueron detenidos, torturados, asesinados y calcinados por agentes de la Guardia Civil tras identificarlos erróneamente como miembros de un comando de ETA cuando hacían un viaje entre Santander y Almería, ha sido tachada de “incompleta, timorata y decepcionante” por Desmemoriados, el colectivo que lleva trabajando varios años por la recuperación de su memoria.

Esta asociación se pronuncia así tras la información publicada por eldiario.es, que se desprendía de una respuesta por escrito en el Senado en la que el Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez despachaba diversas cuestiones relativas al Caso Almería planteadas por el senador Jon Iñarritu (EH Bildu) en apenas dos párrafos y remitiéndose directamente a la normativa actual para descartar esta opción defendida incluso por el propio Parlamento de Cantabria de forma unánime.

La respuesta del Gobierno refrendaba, sin introducir matiz alguno, que la condición de víctimas de terrorismo la ostentan “únicamente las que lo hayan sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana”.

A juicio de Desmemoriados, “esta noción supone un anacronismo parcial que sigue teniendo la finalidad de no reconocer que en este país ha existido el terrorismo de estado, además de  proteger las actuaciones irregulares de miembros de las Fuerzas de Orden Público cada vez que alguno de ellos se tomó la justicia por su mano. Una parálisis que deja desprotegidos los innumerables casos de ciudadanos inocentes que durante la Transición conocieron en carne propia las malas prácticas de esos contingentes”.

Esta Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria también recuerda que el 31 mayo de 2016, la Corporación del Ayuntamiento de Santander, compuesta por ediles del PP, PSOE, PRC, Ciudadanos, Ganemos, Santander Sí Puede e Izquierda Unida, que impulsó la iniciativa, aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que se mostraba “el dolor y respeto a los familiares” de los tres jóvenes asesinados en Almería en mayo de 1981, y se solicitaba su “reconocimiento como víctimas del terrorismo”, instando al Gobierno a efectuar los cambios oportunos en la normativa.

A este hecho relevante hay que añadir que el Parlamento de Cantabria, integrado por representantes del PP, PSOE, PRC, Podemos, Ciudadanos y un diputado no adscrito, aprobó el pasado 10 de mayo, también por unanimidad, una moción similar a la del Consistorio santanderino en la que instaba al Gobierno de España a seguir un camino similar y restituir casi cuatro décadas de olvido.

En este texto, que se leyó en un acto público en presencia de los familiares de los tres jóvenes, se reclamaba al Estado “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política”. 

Ante este escenario, desde Desmemoriados valoran la respuesta gubernamental, fechada el 14 de septiembre de 2018, como “una mera copia de la que las familias de los asesinados han ido recibiendo por parte del Estado durante estas casi cuatro décadas, cada vez que han solicitado –y han sido unas cuantas veces– la consideración para sus familiares como víctimas de terrorismo”.

En este sentido, señalan que las declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Santander y el Parlamento de Cantabria no se impulsaron para quedarse en un plano únicamente simbólico, sino que pretenden promover la ampliación del marco legislativo de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, “cuyos márgenes se ven superados en la práctica por los acontecimientos desarrollados durante la Transición: el de una violencia ejercida desde algunas instancias del aparato del Estado y sus aledaños”, consideran.

“La legislación actual transgrede en este aspecto el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de derechos humanos ya que, independientemente de las circunstancias que concurrieron en los hechos que provocaron su victimización, todas tienen derecho a ser reparadas. Si lo que se pretende verdaderamente es la búsqueda de justicia y reconciliación, nos atrevemos a creer que el Gobierno español debería tener anchura de miras y valentía y plantearse la ampliación del estatus de víctima del terrorismo para todos aquellos que lo sufrieron alguna vez”, concluyen desde Desmemoriados.

Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, que en 1981 fueron detenidos, torturados, asesinados y calcinados por agentes de la Guardia Civil tras identificarlos erróneamente como miembros de un comando de ETA cuando hacían un viaje entre Santander y Almería, seguirán sin ser considerados víctimas del terrorismo, tal y como vienen reclamando desde hace casi cuatro décadas las familias de estos tres jóvenes fallecidos en el conocido como Caso Almería.

Así se desprende de una respuesta por escrito del Gobierno de España en el Senado, en la que el Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez despacha diversas cuestiones relativas al Caso Almería planteadas por el senador Jon Iñarritu (EH Bildu) en apenas dos párrafos y remitiéndose directamente a la normativa actual para descartar esta opción defendida incluso por el propio Parlamento de Cantabria de forma unánime.

“La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reconocen dicha condición de víctimas únicamente a las que lo hayan sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana”, dice el Gobierno en su escrito.

Además, en esta respuesta registrada en la Cámara Alta el pasado 14 de septiembre, el Ejecutivo también añade que “cabe señalar que los delitos de terrorismo están tipificados en el Código Penal español”, ateniéndose estrictamente a la literalidad de la ley y no dejando ninguna puerta abierta a la posibilidad de una modificación legislativa que atienda esta petición reiterada de las familias de los afectados.

Este posicionamiento se produce tras las preguntas realizadas por Iñarritu, en las que además de cuestionar al nuevo Gobierno sobre la intención o no de reconocer como víctimas del terrorismo de Estado a los implicados en el Caso Almería, el senador vasco reclamaba más información sobre las “lagunas” que siguen sin ser aclaradas en relación a ese triple asesinato, así como detalles sobre posibles pagos con fondos reservados a los agentes de la Guardia Civil que fueron condenados por este crimen, entre otros detalles.

“El Gobierno ni siquiera ha querido entrar a valorar estas cuestiones en un asunto de tal gravedad y en el que hubo cobertura del Estado”, ha lamentado el representante de EH Bildu en declaraciones a eldiario.es. Además, Iñarritu ha criticado la “falta de voluntad política” del Gobierno de Sánchez en atender la petición de las familias y ha lamentado el “nulo interés” del Ejecutivo en hacer cambios normativos en este terreno para resolver los impedimentos legales que pudieran existir en estos momentos.

El senador, que ha explicado que planteó esta batería de preguntas tras entrar en contacto con uno de los familiares de las víctimas del Caso Almería y con la intención de incidir en las peticiones que vienen realizando desde hace décadas, ya se había encontrado con una respuesta similar del PP en 2015, cuando el entonces Gabinete de Mariano Rajoy tampoco aportó más detalles en el Congreso de los Diputados y contestó que “el Gobierno carece de información que pueda aportar dada la antigüedad de los hechos” en una iniciativa parlamentaria muy similar.

Homenaje en Cantabria

Tras años de olvido y silencio, el Caso Almería volvió a la primera línea de la actualidad en el 35 aniversario de los hechos, tras un profundo trabajo de investigación impulsado por el colectivo Desmemoriados y publicado en eldiario.es, que propició el reconocimiento unánime de todos los grupos políticos y que culminó la pasada primavera con un homenaje en el Parlamento de Cantabria.

En ese acto promovido por Desmemoriados, en presencia de familiares y de todos los partidos con representación en la Cámara autonómica, se reconoció a las víctimas del Caso Almería y se instó al Gobierno de España a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos” para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección“.

Con esta iniciativa se buscaba, “en aras de cumplir con los principios de verdad, reparación y justicia para las víctimas” que la sociedad civil de Cantabria, -37 años después y en su nombre sus representantes legítima y democráticamente elegidos- “mostrara el dolor y el respeto” a los familiares e “hiciera suyo el padecimiento sufrido a lo largo de tantos años, considerando que las citadas personas deben ser reconocidas a todos los efectos legales como víctimas de terrorismo”. 

Así se exponía en el manifiesto leído entonces por Dolores Gorostiaga (PSOE), presidenta del Parlamento de Cantabria. El documento, que fue suscrito por los 35 diputados de la Cámara, criticaba que la legislación española “no contempla ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado, ya sea por elementos policiales incontrolados”, como en este caso. 

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reclamó al Gobierno de España, a través de las fuerzas representadas en el Congreso, a seguir los pasos dados en Cantabria y a reconocer a los tres jóvenes como víctimas del terrorismo. “Lo que ocurrió entonces ya no tiene arreglo, pero esto sí se puede y se debe hacer”, zanjó el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención.

El tiempo histórico en nuestro país se cuenta con las medidas del silencio y el olvido. No con las de la historia. No con las de la memoria democrática. Y lo que es peor: cuando alguien intenta llenar esos huecos con la verdad, otra gente las llena vergonzosamente con mentiras. Treinta y siete años después de aquel 7 de mayo de 1981, día en que comienzan las circunstancias terribles de un viaje acabado trágicamente, la versión oficial de aquel crimen de Estado sigue llena de mentiras. Un crimen de Estado, sí. Un crimen de Estado que necesita ser reconocido democráticamente como verdad y como exigencia de justicia y de reparación.

Esos días hubo un atentado terrorista en la cuenta de ETA. Los jóvenes viajaban tranquilamente a la fiesta de una comunión en Pechina, el pueblo almeriense de Juan Mañas. Después del festejo viajan a algunos lugares próximos. El 9 de mayo son detenidos por la Guardia Civil en una tienda de Roquetes de Mar. Es ya de noche. El día siguiente aparecen en uno de los coches que habían alquilado para el viaje “calcinados, desmembrados y con múltiples balazos”. Unas horas tan sólo de la detención y aparecen así, en un barranco, acusados de pertenecer a ETA y de haber querido fugarse cuando una caravana de coches policiales los transportaba a Madrid. La ley de fugas, tan famosa en el relato embustero de los crímenes cometidos por la espalda. Se supo enseguida la verdad, pero esa verdad se ocultó y se sigue ocultando en las versiones oficiales de los asesinatos.

Ahora el Parlamento de Cantabria ha rendido homenaje a esa verdad. Los nombres de aquellos jóvenes han ocupado estos días el espacio parlamentario que ha rendido homenaje a su memoria. Hay en Cantabria un colectivo que no cesa en su lucha porque la historia deje de ser un territorio obsceno ocupado por el cinismo gobernante. Se llama precisamente Desmemoriados, como un apremio a salir de esa cueva oscura del olvido y el silencio, una cueva donde siguen presas las políticas serias de memoria que tanta falta nos hacen para dejar de ser esa anomalía histórica y moral que tanta vergüenza nos provoca. Somos el segundo país del planeta con más desaparecidos. Sólo nos supera Camboya. ¡Vaya orgullo, ¿no!

Ha sido ese colectivo el que ha impulsado el acto celebrado en el Parlamento cántabro. Y su propuesta va más allá de esa celebración instando al gobierno español a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a esta condición”. Leo mucho de lo que les acabo de contar en la edición cántabra de eldiario.es y me pongo contento. Recordar aquellos días -cuando ya tenemos algunos una cierta edad- es constatar qué mierda de miedo y de oportunismo político y cobardía se apoderó de este país cuando las cosas hubieran podido empezar a cambiar -digo “empezar a cambiar”, sólo digo eso- en vez de a cerrar filas con el franquismo. Hace más de cuarenta años que se murió el dictador, llevamos ya más tiempo de democracia que del que duró la dictadura: ¿y en qué se nota eso cuando hablamos de memoria democrática? La voz hegemónica cuando hablamos de esa memoria sigue siendo la del franquismo. La derecha defiende su memoria fascista. ¿Y la izquierda?: ¿qué memoria defendemos la izquierda?

Han pasado 37 años desde aquel 10 de mayo de 1981. Los asesinatos cometidos ese día en nombre del Estado siguen sin otra versión oficial que la de entonces. Tres guardias civiles -de los once que formaban el operativo criminal- fueron condenados a penas de cárcel de las que se libraron mucho antes de lo que les tocaba. Y punto final. Hasta hoy. Con todo el respeto a las víctimas de ETA, hay en este país muchas otras víctimas sin ningún reconocimiento oficial. Las republicanas, por ejemplo. Y esos tres jóvenes que salieron un día felices y contentos de Santander y acabaron en un barranco de Almería convertidos en un revoltijo inmundo de huesos y cenizas. El acto celebrado en el Parlamento de Cantabria hace unos días ojalá sirviera de aliento para emprender iniciativas iguales o al menos parecidas. Es hora -aunque sea tardía- de salir ya de esa extraña patria “llena de vacíos”, como escribía Mario Benedetti de la suya. En la parte que me toca, este artículo y tantos otros de los que escribo están ya fuera de esa patria. Y cuento con ustedes para urdir más salidas en buena y noble compañía. Ojalá sea así. Ojalá.

El Parlamento de Cantabria ha homenajeado este jueves, en presencia de familiares y de todos los grupos políticos, a las víctimas del Caso Almería, los tres jóvenes -Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero- que fueron asesinados en 1981 por la Guardia Civil tras ser identificados por error como miembros de ETA. En el acto promovido por el colectivo Desmemoriados se ha instado al Gobierno de España a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos” para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección“ que corresponde a esta condición.

Con esta iniciativa se ha buscado, “en aras de cumplir con los principios de verdad, reparación y justicia para las víctimas” que la sociedad civil de Cantabria, -37 años después y en su nombre sus representantes legítima y democráticamente elegidos- “muestre el dolor y el respeto” a los familiares y “haga suyo el padecimiento sufrido a lo largo de tantos años, considerando que las citadas personas deben ser reconocidas a todos los efectos legales como víctimas de terrorismo”.

Así se ha expuesto en el manifiesto leído por Lola Gorostiaga, presidenta del Parlamento de Cantabria. El documento, que ha sido suscrito por los 35 diputados de la Cámara, critica que la legislación española (Ley 29/2011) “no contempla ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado, ya sea por elementos policiales incontrolados”, como en este caso.

“Esta situación, a todas luces injusta, vulnera el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos”, cuestiona el texto, que al tiempo ha lamenta que estas familias, al igual que otras víctimas del franquismo, “sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato de sufrimiento y desamparo, así como negarles el rol debido en las políticas públicas de memoria y reconstrucción”.

Durante la lectura de la resolución, Gorostiaga ha hecho un repaso por los hechos que comienzan el 7 de mayo de 1981 cuando los tres jóvenes partieron de Cantabria hacia Almería para acudir a la comunión de Francisco Mañas y se quedaron a dormir en Madrid, el mismo día en que el general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sufrió un atentado en la capital.

Al día siguiente, las víctimas retomaron el viaje, pero su coche se averió y alquilaron otro vehículo. Una de las personas con las que coincidieron ese día mientras buscaban una solución creyó reconocerles como los tres terroristas que aparecían como presuntos autores del atentado en una imagen publicada por los medios de comunicación y se lo trasladó a la Guardia Civil, que les detuvo el día 9 en Roquetas de Mar. El 10 de mayo aparecieron en el coche alquilado los cuerpos de los tres jóvenes “calcinados, desmembrados y con múltiples balazos”, y la versión oficial fue que murieron en un tiroteo tras un intento de fuga.

“Sobre lo ocurrido en el periodo que media entre su detención y el hallazgo de sus cadáveres -aproximadamente nueve horas- no existe más allá de una versión oficial reconstruida por los mandos responsables de su secuestro y desaparición, que responsabilizó a los propios jóvenes, 'peligrosos terroristas', de su muerte por un intento de fuga”, ha denunciado ante los cerca de 300 personas que han acudido al acto. “Versión inverosímil que mantuvieron y aumentaron incluso cuando se conoció fehacientemente la verdadera y pacífica identidad de los asesinados”, ha incidido.

Según Darío Fernández, abogado de las familias de las víctimas, fue necesario hacer “siete autopsias y multitud de pruebas periciales” porque los primeros informes estaban “manipulados para inculpar a los jóvenes como etarras, lo cual fue la tónica general por parte de las defensas de los miembros de la Guardia Civil, que incurrió en un sinfín de contradicciones”.

Seguidamente, en la lectura del manifiesto, Gorostiaga ha recordado que en 1984, la familia Mañas recibió una carta anónima redactada a máquina por un supuesto agente de la Guardia Civil implicado en la que se acusa a cuatro agentes, entre ellos al Teniente Coronel Castillo Quero. En la misiva se podía leer que “al principio les dieron una paliza (…) perdiendo uno de ellos el conocimiento (…) los mataron de un tiro por separado…”.

Versión oficial en duda

“Gracias al dolor de los familiares, a la tenaz actividad de su abogado -que soportó múltiples amenazas e incluso intentos de hacer explotar su coche- y al apoyo de algunos periodistas, se pudo poner en duda la versión oficial y procesar a tres de los once guardias civiles implicados en el secuestro y asesinato de las víctimas”, ha explicado. No obstante, ha lamentado que solo esos tres procesados fueron condenados por tres homicidios y no por asesinatos.

A ello hay que sumarle, tal y como expone el manifiesto, que estos guardias civiles “cumplieron tan solo una parte de las condenas”: Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992, con lo que estuvo 11 años en prisión, dos de ellos en régimen abierto. Murió libre, de muerte natural, en 1994. Gómez Torres estuvo en la cárcel siete años y Fernández Llamas no llegó a cinco años. “El cumplimiento de las penas fue en unas condiciones privilegiadas, hasta que la prensa lo destapó, recluidos en establecimientos militares”, ha puesto de manifiesto.

Finalmente, ha concluido señalando que esos “métodos de terror merecen el reproche de la sociedad en general, y no menos la violencia ejercida por algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en el ejercicio de sus funciones, torturaron y asesinaron a estos tres jóvenes, violando los más importantes derechos de las personas sometidas”.

Continuidad en el Congreso

Tras concluir la lectura del manifiesto, ha tomado la palabra Francisco Mañas, el niño que cumplía la comunión y por el que los tres jóvenes se desplazaban desde Santander hasta Almería. Después de agradecer a Desmemoriados y al Parlamento de Cantabria la celebración de este acto de reconocimiento, Mañas ha dicho no entender la “complicidad” del Estado con los asesinos, ni de la Guardia Civil por “encubrir” este “crimen a sangre fría” y ha pedido que el Caso Almería sea reconocido como “símbolo de la Transición”.

“Siempre hay tiempo para reparar las heridas”, ha expresado Mañas, quien ha asegurado que las familias persistirán en su empeño de conseguir que se haga justicia con la memoria de Luis Montero, Juan Mañas y Luis Cobo.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha instado al Gobierno de España, a través de las fuerzas representadas en el Parlamento nacional, a seguir los pasos dados en Cantabria y a reconocer a los tres muchachos como víctimas del terrorismo. “Lo que ocurrió entonces ya no tiene arreglo, pero esto sí se puede y se debe hacer”, ha dicho el presidente durante su intervención.

Revilla ha admitido que “Cantabria ha tardado” en honrar la memoria de quienes perdieron la vida en un “hecho terrible”. Sin embargo, ha confiado en que esta iniciativa de la Comunidad Autónoma tenga continuidad y que los grupos políticos presentes en el Parlamento regional, que tienen todos representación en las Cortes Generales, salvo el PRC, y mayoría en el Congreso y el Senado (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) promuevan la aprobación por unanimidad de una resolución por la que se inste al Gobierno del Estado a reconocer a estas tres personas, y a otras que se vieron involucradas en situaciones similares, como víctimas del terrorismo.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo cántabro, visiblemente emocionado, ha expresado su solidaridad con los familiares de las víctimas y su agradecimiento al colectivo Desmemoriados, la asociación para la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria que ha promovido este homenaje, por su “entereza para aguantar todos estos años de dolor” y mantener muy presente la memoria de las víctimas.

Al concluir su intervención, una mujer del público ha increpado a los políticos al considerar que “no es de recibo” que sean los ciudadanos los que tengan que tomar la iniciativa y pelear durante años para que reconocimientos así puedan ser una realidad. De igual forma, un amigo de la familia de Mañas, que no ha podido acudir al homenaje pero que ha hecho una breve declaración a través de un representante, ha mostrado su deseo de que la Junta de Andalucía lleve a cabo un acto similar al celebrado en Cantabria.

En el acto también han intervenido Carolina Hernáiz y Agustín Macías en nombre de Desmemoriados, quienes han hecho un relato de los hechos acontecidos y apelado a conservar el recuerdo de las víctimas. El homenaje, en el que se ha visionado un adelanto del documental que está preparando Desmemoriados, ha concluido con la actuación musical de Belén Puerto y Andrés Pueyo, que han interpretado ‘El cant dels Ocells’, de Pau Casals; ‘Nimrod’, de E. Elgar, y el ‘2º movimiento sinfonía número 9’, de Dvorak.

La fotografía que ilustra el texto corresponde al barranco de Gérgal, en el desierto de Tabernas, lugar elegido por los guardias civiles implicados en el Caso Almería para escenificar, de madrugada, un delirante intento de huida de Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, tres jóvenes trabajadores que residían en Cantabria y que se habían desplazado a Pechina para asistir a la primera comunión del hermano pequeño de Juan y que habían sido detenidos horas antes.

En realidad se trató de un montaje para eliminar indicios incriminatorios de las torturas y asesinatos cometidos. En 1981 no se había construido aún el tramo de la autovía A-92 que se aprecia en la imagen (se inauguró en el año 2001), por lo que nos encontramos en un paraje solitario, apropiado para el fin que se perseguía. En este lugar, hoy próximo a la salida 388 de la citada autovía, se reúnen cada 10 de mayo familiares, amigos y miembros de sociedad civil para rendir homenaje a las víctimas y tratar de que el crimen no caiga en el olvido.

Sin embargo, en el relato de los acontecimientos, en el qué y el cómo de los hechos, con demasiada frecuencia se sigue colocando un elemento que distorsiona absolutamente lo sucedido y sus implicaciones posteriores. Hablamos del error, la confusión, el equívoco…

El argumento del “trágico error” o la “confusión reiterada” fue utilizado por el ministro de Interior del momento, Juan José Rosón, como elemento causal que dio lugar a todos los acontecimientos posteriores. Ciertamente y para desgracia de la verdad, la expresión ha hecho fortuna. Y no, no puede ser. Se trata de una tergiversación de la historia que el error, la confusión, la equivocación constituyan uno de los elementos capitales del Caso Almería.

El relato del Caso Almería que perdure en nuestra sociedad no puede incluir una distorsión que atenúe la extrema gravedad de lo sucedido. El error es un factor de azar, un atributo que nada tiene que ver en este caso con la tortura y asesinato de tres jóvenes bajo custodia. La obcecación criminal del teniente coronel Castillo Quero le hizo sostener en el juicio al que fue sometido que lo volvería a hacer. Porque para él no hubo ningún error en ejecutar a tres asesinos etarras, delincuentes comunes, o lo que, según su criterio, fueran aquellos tres jóvenes que cayeron en sus dominios.

Lejos de abandonar esta línea argumental, el último espacio informativo de difusión general que ha tratado el Caso Almería, el programa de La Sexta '¿Dónde estabas entonces?', dedicado al año 1981 y emitido el 14 de diciembre de 2017, la reitera. Bajo la dirección de Itziar Bernaola, Ana Pastor comenzaba la locución centrando el tema: “Hay historias que están por escribir y otras que se interrumpieron de forma inesperada. Aquel mes de mayo del 81 se sucedieron las malas noticias. Tres jóvenes viajaron desde Santander hasta Almería para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos. Nada les hizo pensar que en ese viaje perderían la vida por una terrible confusión”.

El planteamiento del trágico error o de la confusión como titular del Caso Almería convierte lo circunstancial en sustantivo. Llevando la premisa al absurdo también podemos concluir que la causa de todo fue la avería del coche que les transportaba desde Santander o convertir al ciudadano que creyó reconocer en ellos al comando etarra que había asesinado brutalmente en Madrid el 9 de mayo de 1981 a Guillermo Tebar, Manuel Rodríguez y Antonio Nogueras y dejado gravemente herido al teniente general Joaquín Valenzuela y que llamó a la Guardia Civil, como el origen de lo sucedido. No, el peso del error finaliza un segundo después de ser detenidos. A partir de ese momento, ya bajo custodia, comienza lo irregular, lo arbitrario, las prácticas criminales: el horror. No hay una línea razonable y coherente que en un estado democrático conduzca de una detención errónea a la tortura y al asesinato.

Volvemos en este punto a recordar un fragmento de lo escrito por Jorge M. Reverte en la tribuna de El País titulada 'Almería', publicada el 12 de abril de 1994: “Dicen los cronicones que Castillo Quero mandó torturar y asesinar a unos jóvenes porque los confundió con etarras. ¿El crimen de Castillo Quero fue, entonces, confundirlos? ¿Si hubieran sido etarras sería menos crimen torturar y asesinar a unos chavales? Nos podemos confundir mucho. El crimen es el mismo en cualquiera de los casos. Castillo Quero torturó y asesinó a unos jóvenes…”. Convendría que periodistas, documentalistas, historiadores, etcétera, no olviden el sentido y trascendencia de estas palabras cuando elaboren programas o escriban retrospectivas sobre el tema.

El otro elemento fundamental que ha contribuido a fijar en la sociedad un relato distorsionado de los sucesos fue, sin duda, el desarrollo del juicio por el Caso Almería y la sentencia dictada.

Se presupone que el juicio debería haber aportado luz y habernos acercado a la verdad de lo sucedido para condenar a todos los culpables y aplicado una pena proporcional a los crímenes cometidos. Nada de esto sucedió. Treinta y seis años después de su celebración sigue pareciendo un elemento necesario que contribuyó a no disipar la niebla que interesadamente se  extendió sobre los sucesos. Si como en todo juicio los objetivos fundamentales eran probar unos hechos, tipificarles, aplicar los fundamentos de derecho y dictar sentencia en función de las peticiones de las partes y el fiscal, el empeño fue una pura frustración.

La lectura hoy de las crónicas periodísticas del juicio produce, 36 años después de que tuviera lugar, indignación e impotencia. Es un hecho evidente la desigual correlación de fuerzas que se planteó desde un comienzo en la sala y fuera de ella. Las presiones y coacciones de todo tipo fueron extraordinarias, como bien puede dar testimonio el abogado de la acusación, Darío Fernández. Se intoxicó con falsedades a medios de comunicación y opinión pública. Periodistas como Melchor Miralles sufrieron amenazas contra su integridad física…

Para empezar, la instrucción del sumario fue deficiente, por no hablar de la fiabilidad de las pruebas forenses. Ya en el juicio, las contradicciones de los testimonios aportadas por los encausados, la inconsistencia de su relato, la destrucción o desaparición de documentos y pertenencias de las víctimas y la evidente colocación de pruebas falsas motivaron la petición de reconstrucción de los hechos por parte del abogado de la acusación. A pesar de todo ello, el fiscal y la presidencia de la sala no la consideraron necesaria. Este elemento y que se diera por buena la práctica totalidad de la versión de los procesados fue capital a la hora de emitir el fallo.

Bien por estrategia, bien porque el juicio no se atuvo completamente al desarrollo que habían previsto, incluso los abogados de los tres guardias civiles cambiaron la petición de absolución inicial por la de homicidio en la exposición de conclusiones, acercándose así a la tipificación de la fiscalía. No por ello aminoraron en su empeño de condicionar y amedrentar al tribunal, valgan como muestra dos intervenciones efectuadas en la fase de conclusiones: “Sois un tribunal civil pero debéis juzgar teniendo en cuenta normas de tipo militar, porque la ley os obliga a ello” o, de forma más chusca, “66.000 compañeros de los procesados esperan con ansiedad vuestra sentencia, convencidos de que en su comportamiento los procesados actuaron lealmente como guardias civiles y esperan que así lo reconozcáis”.

Si, ya de entrada, únicamente fueron juzgados tres de los once guardias civiles que participaron en los hechos que condujeron a la muerte de los tres jóvenes, la sentencia se situó en un punto medio entre la petición del fiscal y las de las defensas al aceptar dentro de la calificación de homicidio las eximentes parciales de cumplimiento del deber (teniente coronel Castillo Quero) y obediencia debida (sus subordinados Gómez Torres y Fernández Llamas). El juicio se cerró así en falso, por lo que los sentimientos de dolor, angustia e impotencia han anidado desde entonces en las familias de las víctimas. De ahí la certera afirmación del valiente periodista y profesor universitario, Antonio Ramos Espejo, de que el Caso Almería es un caso cerrado para la Justicia y abierto para la Historia.

La actuación de la Guardia Civil como institución dejó mucho que desear a lo largo de todo el proceso. Su alineación con los encausados y condenados fue más allá del corporativismo y llegó al cuestionamiento de la honorabilidad de las víctimas y al intento de deteriorar las relaciones entre las familias de los asesinados, lo que no consiguieron. La dilación en el cumplimiento de las sentencias, las condiciones en las que se desarrollaron e incluso la utilización de fondos reservados son únicamente explicables a partir del deficiente desarrollo democrático de las instituciones y el contexto político de aquellos años.

La Guardia Civil como institución haría bien en pedir perdón de forma expresa a las familias. No hacen falta cámaras de televisión. Han pasado casi 40 años y hay posiciones que no deberían mantenerse por más tiempo. Como puede leerse en la página oficial de la Guardia Civil: “El honor es un conjunto de obligaciones que, de no cumplirse, hacen que se pierda”. ¿Son solo palabras de un lema?

Actos de homenaje como el que se van a celebrar el 10 de mayo en el Parlamento de Cantabria y declaraciones institucionales como la del Ayuntamiento de Santander de mayo de 2016 o la propia del Parlamento cántabro, unidas a la posibilidad que abre la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (y esperemos que próximamente la de Cantabria) de su reconocimiento como víctimas, constituyen contribuciones necesarias y valiosas para la restauración de la justicia y el derribo del “muro de silencio”, en expresión de Reyes Mate. Igualmente necesaria e imprescindible es la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para que personas como Luis Cobo, Juan Mañas, Luis Montero y tantos otros, tengan cabida.

Todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria han alcanzado un acuerdo definitivo para poner en marcha el reclamado homenaje a Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, los tres jóvenes torturados, asesinados y calcinados por la Guardia Civil en el año 1981 cuando fueron confundidos con terroristas de ETA en el conocido como Caso Almería.

El consenso de los grupos parlamentarios se ratificó en una reunión celebrada este martes en la Cámara autonómica y en la que estuvieron presentes los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos -PP y PRC excusaron su ausencia por distintos motivos y aceptaron lo que decidiera la mayoría- y varios miembros de Desmemoriados, el colectivo de recuperación de la memoria colectiva de Cantabria que lleva meses impulsando este homenaje.

Tal y como adelantó eldiario.es, el acto de reconocimiento institucional se celebrará el próximo 10 de mayo de 2018, coincidiendo con el 37 aniversario de la fecha de la muerte de los tres jóvenes afincados en Cantabria. Las familias de los fallecidos, -que sí han sido homenajeados en el pueblo almeriense en el que ocurrieron los hechos-, han reclamado insistentemente que se les reconozca como víctimas del terrorismo de Estado.

Alcanzado el acuerdo político que había frenado el acto hasta el momento, solo falta perfilar los últimos flecos del acto que tendrá lugar en el patio del antiguo Hospital de San Rafael. Según adelantaron ayer Víctor Casal (PSOE), Verónica Ordóñez (Podemos) y Rubén Gómez (Ciudadanos), habrá espacio para un discurso institucional de las máximas autoridades de la comunidad autónoma, la intervención de uno de los familiares de las víctimas y la proyección de un fragmento del documental que se está elaborando sobre el Caso Almería.

Casi cuatro décadas de olvido

Este suceso se produjo durante la madrugada del 9 de mayo de 1981, cuando los tres residentes en Cantabria fueron arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar donde habían acudido a una comunión al ser erróneamente reconocidos como militantes de ETA. En un viejo cuartel abandonado fueron torturados y, cuando los once agentes que los custodiaban se dieron cuenta del error que habían cometido, los jóvenes fueron calcinados. 

El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once implicados: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación; el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas, que además gozaron de una serie de prebendas durante su corta estancia en la cárcel, de donde salieron mucho antes de cumplir su condena.

Desde entonces, las familiares y amigos han emprendido diversas acciones de protesta para recordar su memoria, que sí ha sido reconocida por ejemplo en la localidad almeriense en la que fueron asesinados. Con este acto en el Parlamento de Cantabria, se cumplirá una reivindicación que permanecía vigente desde hace casi cuatro décadas.

El colectivo Desmemoriados, que trabaja desde hace años en la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria a través de distintas iniciativas sociales, ha presentado este jueves un escrito ante el registro del Parlamento de Cantabria para reclamar un encuentro con los miembros de la Junta de Portavoces y poner en marcha el prometido homenaje a las víctimas del Caso Almería el próximo 10 de mayo de 2018, coincidiendo con el 38 aniversario del asesinato de estos tres jóvenes a manos de la Guardia Civil.

De esta forma, se inician los trámites del reconocimiento institucional que tendrá lugar en el antiguo Hospital de San Rafael, en un acto largamente reivindicado por las familias de los fallecidos y por los colectivos sociales, que han reclamado durante muchos años que Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales sean considerados víctimas del terrorismo de Estado.

Y es que casi cuatro décadas después del trágico suceso que acabó con la vida de estos tres jóvenes residentes en Santander, -que fueron detenidos, torturados y calcinados por miembros de la Benemérita que supuestamente los confundió con un comando de la banda terrorista ETA, en uno de los episodios más oscuros de la Transición española-, tendrá lugar un acto que se celebrará en el patio del Parlamento, en el que se leerá una declaración institucional y se trasladará el pésame a las familias.

Ahora, tras el acuerdo oficioso de todos los partidos con representación parlamentaria -PRC, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos-, que confirmó a eldiario.es el portavoz socialista, Víctor Casal, se trata de dar forma a ese homenaje, motivo por el que una representación del colectivo Desmemoriados ha acudido a la Cámara para solicitar una reunión formal cuando se inicie el próximo periodo de sesiones en el mes de febrero.

Casi cuatro décadas de olvido

El conocido como Caso Almería se produjo durante la madrugada del 9 de mayo de 1981, cuando los tres residentes en Cantabria fueron arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar donde habían acudido a una comunión al ser erróneamente reconocidos como militantes de ETA. En un viejo cuartel abandonado fueron torturados y, cuando los once agentes que los custodiaban se dieron cuenta del error que habían cometido, los jóvenes fueron calcinados.

El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once implicados: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación; el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas, que además gozaron de una serie de prebendas durante su corta estancia en la cárcel, de donde salieron mucho antes de cumplir su condena.

Desde entonces, las familiares y amigos han emprendido diversas acciones de protesta para recordar su memoria, que sí ha sido reconocida por ejemplo en la localidad almeriense en la que fueron asesinados. Con este acto en el Parlamento de Cantabria, se cumplirá una reivindicación que permanecía vigente desde hace casi cuatro décadas y que el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), había prometido cumplir.

Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, víctimas del conocido como Caso Almería, tendrán casi cuatro décadas después de su asesinato a manos de la Guardia Civil un reconocimiento institucional en el Parlamento de Cantabria, que rendirá homenaje a estos tres jóvenes el próximo 10 de mayo de 2018, coincidiendo con la fecha de su muerte.

Esta reivindicación de los familiares y amigos de los fallecidos ha sido impulsada insistentemente durante los últimos meses por el colectivo Desmemoriados, que trabaja de forma altruista en la recuperación de la memoria histórica de Cantabria, y parece que al fin tiene luz verde de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria en la Cámara para que se lleve a cabo.

Dos años después de la publicación de un extenso reportaje en eldiario.es que causó gran impacto mediático sobre el trágico suceso que acabó con la vida de estos tres jóvenes residentes en Santander, -que fueron detenidos, torturados y calcinados por miembros de la Guardia Civil que supuestamente los confundió con un comando de la banda terrorista ETA-, tendrá lugar un acto que se celebrará en el patio del Parlamento, en el que se leerá una declaración institucional y se trasladará el pésame a las familias.

Así lo ha confirmado a este medio el portavoz parlamentario del PSOE, Víctor Casal, que junto al colectivo Desmemoriados se ha encargado de pactar con el resto de grupos cómo se realizará ese homenaje, atascado durante mucho tiempo pese a que el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), se había comprometido a reconocer a las víctimas del Caso Almería.

Revilla valoró aquel suceso como “una historia terrible” y “truculenta”, un “exceso de las Fuerzas de Seguridad del Estado” que a día de hoy “no tendría cabida”. “En aquellas épocas que parecía que todo valía para luchar contra el terrorismo se llevaron por delante a tres inocentes”, un hecho que, según dijo el presidente, le tuvo “traumatizado durante muchísimo tiempo”.

Las familias, sin embargo, no han conseguido aún que los tres jóvenes sean reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado, una petición que sí se realizó durante la presente legislatura desde el Ayuntamiento de Santander, que aprobó por unanimidad una moción presentada por Izquierda Unida para reclamar esta consideración para los asesinados y mostrar el respeto de la Corporación a los familiares.

Reparación y justicia

Durante la madrugada del 9 de mayo de 1981, los tres residentes en Cantabria fueron arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar donde habían acudido a una comunión al ser erróneamente reconocidos como militantes de ETA. En un viejo cuartel abandonado fueron torturados y, cuando los once guardias civiles que los custodiaban se dieron cuenta del error que habían cometido, los jóvenes fueron calcinados. 

El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once implicados: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación; el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas, que además gozaron de una serie de prebendas durante su corta estancia en la cárcel, de donde salieron mucho antes de cumplir su condena.

Desde entonces, las familiares y amigos han emprendido diversas acciones de protesta para recordar su memoria, que sí ha sido reconocida por ejemplo en la localidad almeriense en la que fueron asesinados. Con este acto en el Parlamento de Cantabria, se cumple una reivindicación que permanecía vigente desde hace casi cuatro décadas.

36 años después de que se cometiera el brutal asesinato de los santanderinos Luis Cobo Mier y Luis Montero García y el almeriense Juan Mañas Morales a manos de un grupo de agentes de la Guardia Civil, que les confundió con un comando terrorista, sus familiares y amigos siguen aguardando a que el Gobierno los reconozca como víctimas del terrorismo.

A pesar de que Miguel Ángel Revilla consideró ahora exactamente hace un año -a raíz de un extenso reportaje publicado por eldiario.es- que un acto de reconocimiento a los tres jóvenes sería “absolutamente necesario” y se comprometió como jefe del Ejecutivo a estudiarlo, lo cierto es que 365 días después el conocido como 'Caso Almería' ha vuelto a quedar en el olvido para los representantes políticos, que no para los allegados de las víctimas ni para una parte de la sociedad civil que entiende y comparte su dolor.

La asociación Desmemoriados, que trabaja de forma altruista para la recuperación de la memoria histórica de Cantabria, ha tratado durante este tiempo de consensuar con los cinco partidos que tienen representación en el arco parlamentario una iniciativa en este sentido, pero no ha sido posible pese a las buenas palabras e intenciones manifestadas por todos los grupos. 

Las gestiones, según explica a eldiario.es uno de los miembros de este colectivo, Mariano Calvo, comenzaron hace aproximadamente ocho meses, cuando se reunieron con Revilla y este mostró su disposición, si bien les remitió a consensuar una propuesta en la Cámara autonómica. Así se reunieron con los portavoces de PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos, a quienes propusieron descubrir una placa en el patio del Parlamento y realizar un homenaje en el que estuvieran presentes familiares de las víctimas, del Gobierno y la sociedad civil.

Calvo cuenta que algunos no veían lo de la placa, otros abogaban por una declaración institucional, aunque todos se mostraron “amistosos e interesados”. El caso es que -continúa relatando- en todo este tiempo la propuesta no ha llegado nunca ni siquiera a debatirse en la Junta de portavoces, ya que se ha ido posponiendo un viernes tras otro, lo que desde Desmemoriados consideran “vergonzoso”. No obstante, Calvo subraya que “no nos vamos a dar por vencidos”.

Reconocidos en Andalucía

Si bien en Cantabria nunca se ha llevado a cabo ningún tipo de iniciativa pese a que dos de las víctimas eran de Santander y los tres residían en esta ciudad, sí lo han hecho en Almería, provincia en la que tuvo lugar el trágico suceso.

En la carretera de Gérgal, donde aparecieron los tres cuerpos esposados, descuartizados, calcinados y acribillados a balazos en el interior de un Ford Fiesta abrasado, se levantó un monilto en su memoria. Allí, se reunieron este pasado domingo familiares y amigos de Juan Mañas Morales -entre ellos su hermana-.

También en marzo de este año 2017, Andalucía les ha reconocido como víctimas del terrorismo de Estado. La ley de Memoria histórica y democrática andaluza declaró por primera vez a los tres jóvenes asesinados como víctimas de aquella represión. Sin embargo, el Gobierno español negó por tres veces a las familias este reconocimiento.

El Gobierno de Cantabria, a través del consejero de Educación, Cultura y Deporte, el Ramón Ruiz, también anunció en abril del año pasado de contar con una Ley de Memoria histórica propia, similar a la que se ha aprobado en el Parlamento andaluz. Con motivo de un acto celebrado en la Biblioteca Central en memoria de las víctimas del franquismo, Ruiz indicó que el proyecto legislativo contaría con un proceso de participación ciudadana y marcó el ecuador de la legislatura como fecha para que entrara en vigor.

El 10 de Mayo de 1981 se produjo el trágico Caso Almería, en el que tres jóvenes fueron asesinados y torturados por la Guardia Civil al ser confundidos con un comando de ETA. 36 años después, amigos y familiares han recordado a Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero para que la tragedia “no quede en el olvido”. Lo hacen todos los años.

El pasado domingo un grupo de personas -entre ellas la hermana de Juan Mañas Morales, Mary Carmen, el almeriense asesinado- familiares y amigos se reunieron ante el monolito levantado en su memoria junto a un barranco de la vieja carretera de Gérgal, donde aparecieron los tres cuerpos esposados, descuartizados, calcinados y acribillados a balazos, en el interior de un Ford Fiesta abrasado.

Reiteradamente, el abogado defensor de las familias, Darío Fernández, ha manifestado que el caso debería reabrirse porque existen pruebas que así lo exigen. El letrado, de 78 años de edad, en una reciente conversación con eldiario.es/andalucia reconocía que “cuanto más tiempo pasa de aquellos hechos más me afectan. No quiero hablar del asunto ya. No sé cómo pude sacar aplomo y valor entonces para enfrentarme a aquella monstruosidad”. Fernández, que abandonó la abogacía escribiendo un polémico libro titulado 'La justicia manchada', vive actualmente en el extranjero

En este emotivo acto, Mariano Junco, del Centro Andaluz del Pueblo ‘Javier Verdejo’, denunció “el trato de favor que tuvieron los únicos tres guardias que fueron condenados por el crimen a pesar de que fueron once los que se vieron implicados. Además, los hechos fueron calificados de homicidio en vez de asesinato, al no admitirse la existencia de premeditación ni alevosía, y sí un acto propio del cumplimiento del deber… como si la tortura y el falseamiento de la escena de un crimen fuera parte de las obligaciones”.

Participaron en algún momento en aquellos hechos juzgados, pero no fueron condenados, los sargentos Rafael Cañadas Pérez, Antonio González Bueso, Juan Sánchez Cabrera, Cabo Primero Guillermo Visiedo Beltrán, los guardias Eduardo Fenoy Rodríguez, Ángel Ojeda Guerrero, Antón Pavón Merino, Juan Martínez Castro.

Según Junco los condenados vivieron a “cuerpo de rey” tras un juicio que fue “una farsa total”. La hermana de Juan Mañas, dijo allí que “el Caso Almería, como muchos otros, no puede quedar en el olvido, ni en un libro empolvado en una biblioteca. Que sirva para transmitir a las nuevas generaciones valores como la amistad, la solidaridad y la justicia. Hay que seguir luchando para reparar las heridas que aún siguen abiertas en España”.

Criticó que estos hechos se calificaran como “un trágico error, un trágico error que marcó la vida de tres familias, emprendiendo una lucha con uñas y dientes contra el Estado que siempre dio la espalda a tres víctimas y tres familias, que sólo pedían Justicia, Justicia que nunca apareció”. El entonces ministro del Interior, Rosón, fue quien calificó los hechos de “un trágico error”. Mary Carmen Mañas destacó en el acto la lucha por la “dignidad, la inocencia y la honradez de Juan Mañas (24 años), Luis Cobos (29) y Luis Montero (33)”.

Al menos, en marzo de este año 2017, Andalucía les ha reconocido como víctimas del terrorismo de Estado. La ley de Memoria histórica y democrática andaluza, aprobada en el Parlamento andaluz, declara por primera vez a los tres jóvenes asesinados como víctimas de aquella represión. Sin embargo, el Gobierno español negó por tres veces a las familias este reconocimiento pese a exigirlo.

Aquella noche

Todo comenzó cuando la Guardia Civil recibió un aviso de que habían reconocido en Alcázar de San Juan a los tres presuntos etarras cuya imagen había aparecido en los medios de comunicación por cometer un atentado contra el teniente general Valenzuela. El denunciante confundió a las víctimas asesinadas con Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa, y los tres fueron detenidos en una tienda de regalos de Roquetas, comenzando el calvario con la detención en Roquetas de Mar. Pese a las explicaciones de los fallecidos no se comprobó el domicilio en Pechina (Almería) de Juan Mañas, a donde se dirigían de comunión acompañado de sus dos amigos.

La familia Mañas Morales recibió años después, en 1984, una carta anónima enviada por un guardia civil de la zona. Antonio Ramos, autor de un libro sobre el caso, afirmó que “describía de forma descarnada lo que más o menos se sabía o se intuía”.

Relataba su brutal muerte en un antiguo cuartel. “Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C.., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola que cada uno que recibieron (sic) por separado. Posteriormente, los envolvieron (sic) en mantas (sic), penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no se conocieran los malos tratos”.

El anónimo guardia civil llega incluso a relatar en su carta que los asesinos utilizaron el dinero que llevaban las víctimas en sus carteras para comprar la gasolina con la que fueron carbonizados. “En la actualidad (1984) soy guardia civil, pero no asesino”.

El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena “por ser criminalmente responsables de tres delitos de homicidio” al teniente coronel Castillo Quero, jefe de la comandancia de Almería, al teniente Gómez Torres y al guardia Fernández Llamas, y fija una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las tres víctimas. En 1984 el Tribunal Supremo confirmará la sentencia de 24 años de cárcel para el primero, 15 para el segundo y 12 para el tercero. El resto de Guardia civiles no fueron condenados. Fue la primera vez que se llevó a juicio a la Guardia Civil, expulsando del Cuerpo a los condenados.

Francisco Javier, el hermano que nunca pudo celebrar su comunión, recordaba años después que “a aquellos criminales siempre los protegieron. Se les dieron hasta unas viviendas en el pueblo costero de San José. Imagínate la rabia y la impotencia de saber que esta gente sigue sin ningún tipo de condena y encima no se haya pedido ni perdón por parte del Gobierno. Los familiares, 36 años después, siguen reclamando justicia contra todos los implicados y denunciando el amparo del Estado a los asesinos.

La memoria y el reconocimiento a Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales ha puesto de acuerdo este martes a todos los grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Santander. Y es que el pleno municipal ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Izquierda Unida, que reclamaba que se considere víctimas de terrorismo a los jóvenes del 'Caso Almería', que supuso la detención, la tortura y el asesinato de estos tres jóvenes en el año 1981 a manos de la Guardia Civil.

Miguel Saro, el concejal de IU que promovió esta iniciativa, ha explicado que la intención de la moción es “mostrar el respeto de la Corporación a los familiares de los fallecidos” y “solicitar su reconocimiento como víctimas del terrorismo con todos los efectos”. A su juicio, la legislación actual impide que “muchas víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado obtengan una justa reparación”.

Por este motivo, la moción también solicita “instar al Gobierno de la Nación que se constituya tras las elecciones del 26 de junio a que inicie los cambios legislativos necesarios para que todas las víctimas del terrorismo, incluyendo las víctimas de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política”.

Para redactar la moción, IU se puso en contacto previamente con las familias de las víctimas, buscando su aprobación en el texto que finalmente se ha presentado. Saro se ha mostrado “muy satisfecho” por haber conseguido que todos los grupos se hayan sumado a esta propuesta. Finalmente, también Ciudadanos ha votado a favor en el pleno, a pesar de que en un primer momento no habían firmado la moción como sí habían hecho IU, Ganemos, Santander Sí Puede, PRC, PSOE y PP.

35 aniversario

El pasado 10 de mayo, fecha en la que se cumplía el 35 aniversario del asesinato, eldiario.es Cantabria publicó de la mano del colectivo Desmemoriados un especial del 'Caso Almería' en recuerdo de aquel suceso. Durante la madrugada del 9 de mayo, los tres jóvenes fueron arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar al ser erróneamente reconocidos como militantes de ETA. En un viejo cuartel abandonado fueron torturados y cuando los once guardias civiles que los custodiaban se dieron cuenta del error que habían cometido, los jóvenes fueron calcinados.

El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación; el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas, que además gozaron de una serie de prebendas durante su corta estancia en la cárcel.

“A mi madre le dieron una bolsa con los restos de mi tío. Ahí había un colgante, una prenda de ropa… y luego ya le dieron los restos de mi tío”, explicó en una entrevista Lola Liquete Cobo, la sobrina de Luis Cobo Mier, en alusión al hostigamiento, represión y falta de empatía sufridos por los familiares de las víctimas.

Hay ocasiones, demasiadas, en las que la memoria ha de ser tozuda para sobrevivir al olvido.

Hace 35 años tres jóvenes trabajadores residentes en Cantabria fueron asesinados en Almería por miembros de la Guardia Civil que hicieron mal su trabajo. Guardias civiles que ni quisieron ni les interesó, pese a tener medios a su alcance, realizar una correcta identificación de Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales; identificación que habría permitido desmontar rápidamente las sospechas iniciales de que dichos jóvenes eran miembros de un comando de ETA que había atentado en Madrid en los días anteriores contra varios militares.

Tal vez no sea el momento de indagar en los motivos por los cuales los guardias civiles implicados en el asesinato (hasta un número de once, pese a que solamente fueron enjuiciados tres) olvidaron las más elementales normas de actuación. Sin embargo, que los asesinos intentaran pasar por cierto que dos pistolas corroídas y antiquísimas habían sido encontradas en el coche de las víctimas en el momento de la detención y que el desgraciado desenlace fuera una aplicación revisada y ampliada de la tristemente conocida “ley de fugas”, cuya pretensión era ocultar posibles huellas de tortura en los cuerpos mutilados y calcinados, hacen especialmente sórdido y dramático a lo que se conoce como el Caso Almería.

Recientemente algunos medios de comunicación se han hecho eco de este desdichado aniversario. Tan desdichado como los anteriores para las familias de las víctimas, que aún, tantos años después, buscan consuelo, pero que sobre todo buscan razones y siguen haciéndose muchas, muchas preguntas en un país en el que, hasta el momento, la justicia ha sido ciertamente remisa y cicatera.

Sería demasiado prolijo relatar las barreras, los sinsabores y el oscurantismo con el que se encontraron las familias y su abogado en la búsqueda de la verdad desde que aparecieron los cadáveres. Baste decir que la maquinaria del Poder se ha empeñado hasta hoy en ocultar las responsabilidades de un Cuerpo de la Seguridad del Estado que en ningún momento fue cuestionado, más allá de la propia implicación de unos sujetos que demostraron no merecer el uniforme que vestían y que, no sólo fueron condenados (en el caso de los tres enjuiciados) a penas ridículas para el daño causado, sino que disfrutaron de privilegios económicos y morales inusitados.

Además, es precisamente esa diligencia en tapar lo acontecido, en echar tierra de olvido, ese temor del Poder, el que levanta nítidas sospechas de que en este país constitucional se ha practicado terrorismo de Estado y que el Caso Almería se encuentra entre los más dolorosos.

Hasta hoy, las víctimas del Caso Almería, tanto los tres jóvenes fallecidos como sus familias, no han encontrado ni verdad, ni justicia, ni reparación. Una solitaria cruz con una placa en su memoria se levantó en el barranco de Gérgal donde ardió el coche con los cuerpos de los tres en el interior, y otra placa se encuentra en una plaza de Pechina como homenaje al único que era natural de aquella población, Juan Mañas Morales.

De Cantabria, lugar en el que residían los tres jóvenes, treinta y cinco años después no hay noticias.

En los últimos días hemos conocido que Izquierda Unida de Cantabria ha propuesto una moción en el Ayuntamiento de Santander para que se considere víctimas del terrorismo a los fallecidos Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, algo que por otra parte llevan solicitando muchos años, inútilmente, las familias. Entendemos que, por el momento, el hecho de que saliera adelante dicha moción sería únicamente una muestra de respeto sin una traducción específica. Pero eso ya es mucho para quien no tiene nada.

Por ello no es comprensible que algún partido político, integrante del Ayuntamiento de Santander, se haya negado, tan siquiera a firmar la moción. Salvo que se trate de falta de cintura o bien, en la peor de las situaciones, un caso de involuntario desenmascaramiento político.

Así mismo Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma y, en apariencia, gran defensor de lo cántabro, se descolgó también en días pasados, a raíz de publicarse en eldiario.es de Cantabria un recordatorio del aniversario del asesinato, diciendo que “algo habría que hacer”. Y mientras se lo piensa, esperamos. Tenemos treinta y cinco años de paciencia. Pero torpe ejemplo es tanta espera para una tierra que defiende tan malamente a sus hijos.

El concejal de Izquierda Unida en Santander, Miguel Saro, ha presentado una moción para su debate en el Pleno del próximo martes, 31 de mayo, en la que pide que se considere víctimas de terrorismo a los jóvenes del 'Caso Almería', en el que miembros de la Guardia Civil acabaron con la vida de tres personas en el año 1981.

Según ha informado IU, la intención de la moción es mostrar el respeto de la Corporación a los familiares de los santanderinos Luis Montero García y Luis Cobo Mier, así como al almeriense Juan Mañas Morales y solicitar su reconocimiento como víctimas del terrorismo con todos los efectos.

A juicio de Miguel Saro, la legislación actual (Ley 29/2011) impide el reconocimiento como víctimas del terrorismo a “muchas víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado”.

Por este motivo, la moción también solicita “instar al Gobierno de la Nación que se constituya tras las elecciones del 26 de junio a que inicie los cambios legislativos necesarios para que todas las víctimas del terrorismo, incluyendo las víctimas de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política”.

Para redactar la moción, IU se puso en contacto previamente con las familias de las víctimas, buscando su aprobación a la redacción de la misma. Saro se ha mostrado “muy satisfecho” por haber conseguido que la mayoría de los grupos municipales, salvo Ciudadanos, hayan firmado la moción.

35 aniversario

A comienzos de este mes de mayo, eldiario.es Cantabria publicó de la mano del colectivo Desmemoriados un especial del 'Caso Almería' con motivo del 35 aniversario de los asesinatos de los tres jóvenes, que habían partido de Santander con dirección a la provincia andaluza para acudir a la comunión del sobrino de uno de ellos. Durante la madrugada del 9 de mayo fueron arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar al ser erróneamente reconocidos como militantes de ETA. En un viejo cuartel abandonado fueron torturados y cuando los once guardias civiles que los custodiaban se dieron cuenta del error que habían cometido, los jóvenes fueron calcinados.

El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación; el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas, que además gozaron de una serie de prebendas durante su corta estancia en la cárcel.

“A mi madre le dieron una bolsa con los restos de mi tío. Ahí había un colgante, una prenda de ropa… y luego ya le dieron los restos de mi tío”, explica en una entrevista Lola Liquete Cobo, la sobrina de Luis Cobo Mier, en alusión al hostigamiento, represión y falta de empatía sufridos por los familiares de las víctimas.