Andalucía asumirá el tratamiento de 45 pacientes que sufren la enfermedad epidermólisis bullosa distrófica, conocida como “piel de mariposa”. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispensará el fármaco que tiene un coste aproximado de 100.000 euros al mes, lo que eleva el gasto estimado a unos 20 millones de euros por persona a lo largo de su vida con los precios actuales, de acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A) ha hecho el anuncio a su llegada al Parlamento andaluz antes de someterse a la sesión de control. En la jornada de este jueves, se ha reunido con Leo, un niño sevillano que sufre la enfermedad rara, así como con su madre y otras familias de la Asociación Debra.

Con ello, ha reivindicado a Leo como un niño “muy valiente” cuyo caso “se ha viralizado” por el “trabajo previo que ha hecho su madre durante mucho tiempo, y los profesionales y la asociación” a la que pertenece, y ha explicado que, “gracias a esa movilización”, desde el SAS han conseguido encontrar “de manera excepcional” una “fórmula” para comprar “un tratamiento que es muy pionero, que no está en la cartera del Sistema Nacional de Salud”, que sirva “no solamente para aliviar, curar y mejorar” la situación de Leo, sino también la de “otros niños” como él.

Se trata del medicamento Vyjuvek, según ha confirmado el presidente, que ha agregado que se espera que “en unas semanas” ya esté “a disposición de Leo”, así como de la citada asociación y de “otros niños”.

Un medicamento “caro”

Moreno ha apuntado que “el hecho de que Andalucía lidere este movimiento va a posibilitar que otras comunidades autónomas también sigan” a esta región y, “por tanto, el Sistema Nacional de Salud también lo incorpore, y podamos conseguir que ese medicamento esté distribuido por toda España, y también que baje el precio del medicamento, que ahora mismo es excesivo”, según ha añadido.

Al respecto, ha comentado que “este tipo de medicamentos son caros porque son muy pioneros, no están todavía comercializados”, y ha augurado que “el precio irá bajando a medida que otras comunidades autónomas empiecen a demandarlo”, siguiendo la ley de la oferta y la demanda. “En el momento en que haya más demanda de ese medicamento, yo creo que ese fármaco irá bajando” de precio, “es lo que deseamos y además necesitamos”, ha añadido Moreno en esa línea.

Además, el presidente ha realizado “un llamamiento a la industria farmacéutica para que también tengan en consideración que en este tipo de enfermedades raras, cuanto más barato sea” el tratamiento necesario, “más fácil” será “extenderlo al conjunto de la población”.

“Mejorar calidad de vida”

Por su parte, la madre de Leo ha comentado que la aplicación de dicho tratamiento va a permitir a su hijo “cerrar las heridas crónicas que tiene”, lo que redundará en una “mejora” de su “calidad de vida” y también de su ánimo, según ha valorado. Y el propio niño, Leo, ha dicho que se sentía “muy orgulloso” por que vaya a quedar “libre ya de este dolor diario”, así como ha celebrado que el uso de dicho tratamiento “va a cambiar la vida de todos los afectados con esta enfermedad”.

“Va a ser un cambio muy fuerte en todos, nos va a librar de este dolor, nos va a salvar heridas que durante muchos años no nos han salvado, y eso va a ser un gran avance en la enfermedad”, ha incidido el pequeño, quien, a la pregunta de qué es lo primero que va a hacer cuando ya disfrute de ese tratamiento, ha respondido que lo anunciará “en la radio, en la tele”, y que se irá “de fiesta”.

Posteriormente, ya en el salón de Plenos, el presidente de la Junta ha aludido a este caso al inicio de su respuesta a la pregunta que le ha dirigido el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, y ha explicado que Leo --presente en la tribuna de invitados-- es “un niño de Sevilla que convive con esa enfermedad, 'piel de mariposa', como otros tantos niños y jóvenes, y ha puesto voz y rostro” a la misma “en el Parlamento europeo”.

Moreno ha indicado que la Junta llevaba “ya un tiempo trabajando para conseguir algo” que entendían “fundamental” como es “facilitar el acceso a ese medicamento”, que es “una nueva terapia autorizada por la Unión Europea que va a permitir no solamente aliviar la situación de dolor y de sufrimiento que tienen esas personas, sino también incluso una mejora no solo en su calidad de vida, sino en su situación desde el punto de vista clínico”.

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja no descarta salir a las calles “en defensa del sector público”. Así lo han adelantado tras el balance de la situación sanitaria en 2025. Y es que aseguran que los informes y propuestas realizados por la Plataforma a lo largo del pasado año no han sido tenidos en cuenta por el Gobierno regional, sobre todo, los referidos a la privatización del sistema público de salud. Un Ejecutivo que, critican, ha optado por “profundos mecanismos de privatización a través de conciertos o colaboraciones con la empresa privada; la prestación de servicios sanitarios a través de concesiones administrativas o la compra de lo que la industria farmacéutica quiera vender a la sanidad pública, a precios cada vez más elevados”.

Desde la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja evidencian el “deterioro” de este servicio público con el “aumento de las listas de espera en los centros de salud y el incumplimiento del mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una atención en 48 horas, como máximo; retrasos en la atención hospitalaria y en las intervenciones quirúrgicas; demoras en pruebas radiológicas que impiden un diagnóstico temprano y eficaz; escasez de camas hospitalarias y unas urgencias colapsadas, entre otras”. Y como consecuencia de todo esto advierten de que se está produciendo una “aceleración de la privatización de la asistencia hospitalaria y un progresivo desmantelamiento de la Atención Primaria”.

Asimismo denuncian que la situación de las listas de esepra ha “empeorado sustancialmente”. Hablan de listas de espera “falseadas y elevadas que son utilizadas por el gobierno y su presidente para incrementar la concertación con el sector privado, y por los seguros sanitarios privados que han crecido de manera muy importante aprovechando los problemas estructurales de nuestro Sistema Sanitario”.

Para esta Plaforma ciudadana, la sanidad pública riojana sigue “mal dirigida, no hay una planifiación y está en manos de gerentes designados por afinidad política”. Y el descontento con la sanidad pública “con las listas de espera y las barreras de acceso a la atención primaria, están provocando la aparición y consolidación de plataformas de defensa de la sanidad pública que ya han convocado grandes movilizaciones en Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Castilla León, Murcia”. En La Rioja destacan la Plataforma SOS Hospital de Calahorra y su férrea defensa de este centro “sobre el que el Gobierno de La Rioja está presionando para modificar su actual estatus y convertirlo en algo muy distinto a un hospital comarcal público”.

El aviso se recibió alrededor de las 22.00 horas de la noche del jueves, cuando una llamada alertó de que dos personas se encontraban indispuestas en una vivienda situada en la calle Centeno del municipio. De inmediato, el 112 movilizó varios recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), además de una patrulla de la Guardia Civil.

A su llegada, los equipos médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, pese a los intentos de asistencia. En el mismo domicilio se encontraba una mujer de 86 años que también presentaba síntomas de intoxicación. Fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital de Coria en estado menos grave.

La Guardia Civil ha iniciado las diligencias para esclarecer el origen de la acumulación de monóxido de carbono, un gas tóxico que puede generarse por un mal funcionamiento de estufas, braseros, chimeneas o sistemas de calefacción en espacios poco ventilados. Este tipo de incidentes suele incrementarse en los meses de invierno, cuando se intensifica el uso de aparatos de combustión.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener una ventilación adecuada en las viviendas, revisar los sistemas de calefacción y evitar el uso de braseros o estufas en habitaciones cerradas, especialmente durante la noche.

Hace tiempo que Javier ha perdido la esperanza. Afincado en Málaga, a sus 57 años padece una enfermedad renal crónica (ERC) que se ha visto agravada por los continuos retrasos médicos que le dejaron sin un trasplante que pudo haber mejorado su vida. Ni siquiera es él quien atiende la entrevista de elDiario.es Andalucía, sino que es su mujer, alertando que Javier no tiene ánimos ni fuerzas para afrontar una realidad que se emergió tras contraer la Covid-19 y que, mientras transita a la espera de un nuevo intento de trasplante, sirve para dibujar cuál es el panorama de los pacientes renales en Andalucía: retrasos asistenciales, transportes en ambulancia que se eternizan y familias y enfermos agotados.

La voz de alarma ante esta realidad la ha dado Concepción Martín, paciente renal y presidenta de ALCER Granada, una de las asociaciones que más empeño están poniendo en que la Junta de Andalucía mejore la atención de estos enfermos y por lo tanto su calidad de vida. A raíz del escándalo de los cribados por el cáncer de mama, Martín ha decidido poner encima de la mesa que la falta de recursos públicos también está afectando a otras patologías, también con opacidad por parte de la Junta de Andalucía, según denuncia. Afirma que el agotamiento generalizado de los pacientes y la falta de datos y lucha por parte de otras asociaciones y sindicatos, hacen que el Ejecutivo regional, que reconoce parcialmente la problemática a preguntas de este periódico, tenga abandonados a estos ciudadanos.

Lo cierto es que, durante la investigación que ha llevado a cabo elDiario.es Andalucía, los datos concretos sobre el número de pacientes que padecen de una ERC no salen del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino de organizaciones externas como la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Según esta entidad, hay alrededor de 11.500 andaluces afectados por esta patología que conlleva que el enfermo necesite un trasplante o una diálisis. No hay más caminos. Un número elevado de personas que, sin embargo, se enfrentan a una cascada de problemas interrelacionados entre sí. Ante el envejecimiento de la población, unido a la falta de sanitarios en la atención primaria, la derivación a los especialistas se demora en el tiempo, lo que hace que los trasplantes y las citas para las diálisis no sean todo lo rápidas que en muchos casos sería conveniente.

“Si sigues hablando te quedas sin subvenciones”

Martín lleva ocho años diagnosticada. Recuerda que en 2018, cuando su enfermedad cambió su vida por completo, fue atendida por un nefrólogo en menos de dos semanas. Hoy, asegura, son necesarios 15 días sólo para ver a la médica de cabecera y hasta ocho meses para lograr una cita con Nefrología. “La consulta de ERC avanzada sirve para retrasar la entrada en diálisis y decidir el mejor tratamiento. Pero cuando no hay citas, se vulnera el derecho a elegir”, denuncia. Como presidenta de ALCER Granada, asegura haberse encontrado con miedo en el movimiento asociativo.

“Durante todo este año he escuchado lo mismo: si sigues hablando de este tema, te vas a quedar sin subvenciones. Las asociaciones están calladas por miedo, y mientras tanto los pacientes seguimos esperando, sufriendo y sintiéndonos solos”, lamenta. En marzo, durante un acto por el Día Mundial del Riñón, se dirigió a un alto cargo de Salud de Granada reclamando un sistema que escuchara las historias detrás de los números. “Su respuesta fue machista y paternalista: me trató de niñata y de utópica”, recuerda.

El testimonio de Concepción no es una excepción. La historia de Javier y de su esposa Mila, que lo acompaña a diario en este proceso, muestra hasta qué punto los tiempos y la descoordinación pueden quebrar una vida. En 2021 se preparaban para un trasplante de donante vivo -ella era compatible-, pero entre junio y septiembre pasaron más de dos meses sin revisión médica. Cuando volvieron a consulta, ya era tarde: Javier había perdido la función renal y tuvo que entrar en diálisis de urgencia.

“Nos dijeron que tenía que empezar a dializar ya, sin tiempo para preparar la operación. En cuatro días le pusieron un catéter y comenzó las sesiones. Psicológicamente fue devastador”, recuerda Mila. El posterior intento de trasplante de donante fallecido tampoco acabó bien. “Le operaron tres veces en 24 horas, con hemorragias y complicaciones. Nadie me informó durante ocho horas de si mi marido estaba vivo o muerto. Y a los cinco días le dieron el alta sin revisión ni seguimiento. Tuvimos que ir a un hospital privado para que lo atendieran”.

Mila asegura que la atención hospitalaria y la diálisis están deshumanizadas. “Hay centros que tratan al paciente como persona, pero otros funcionan como surtidores de gasolina: llegas, te enchufas y te vas. No hay apoyo psicológico, ni social, ni nada.” Javier, dice, ha perdido la motivación. “Está desilusionado. No por la enfermedad en sí, sino por todo lo que conlleva el sistema”. Ahora, trata de rehacerse a diario para volver a someterse al proceso que le permita un nuevo trasplante. “Una vez encontrado un riñón compatible, la espera es relativamente corta, pero lo que vivimos en 2021 fue demasiado duro”.

Dos horas para treinta kilómetros

El caso de Inmaculada, una mujer de 60 años que vive en Guájar Alto (Granada), muestra la cara más cruda del sistema. Tras perder ambos riñones, depende de la diálisis que recibe tres veces por semana en Motril, a unos 27 kilómetros de su casa. El contrato entre la Junta de Andalucía y la empresa adjudicataria del transporte sanitario, SSG, fija que los trayectos inferiores a 30 kilómetros no deben superar los 41 minutos, pero su hijo Vicente denuncia que los viajes de su madre duran hasta dos horas. “He presentado cinco reclamaciones al SAS y siempre me responden con el mismo texto copiado y pegado. Nadie hace nada. Mi madre termina la diálisis destrozada, con la tensión por los suelos, mareada, y aún tiene que pasar dos horas en una ambulancia dando vueltas”, cuenta.

Según Vicente, el contrato obliga a la empresa a registrar las rutas por GPS y a la Junta a crear una comisión de seguimiento, pero ninguna de las dos cláusulas se cumple. “No sé qué es más frustrante: que la empresa incumpla o que la Junta lo permita”. La situación es tan grave que la familia se plantea mudarse a Motril para evitar el desgaste de los traslados. “Mi madre vive sin riñones, no puede caminar más de diez minutos ni poner una lavadora. Es una vida limitada y sin descanso”.

El caso de Inmaculada no es aislado. Asociaciones de pacientes y familiares aseguran que en varias provincias se repiten trayectos similares, incumplimientos en los tiempos y falta de supervisión. Ni ALCER Granada ni otras entidades han podido acceder a los datos de cuántas personas están afectadas por estos retrasos, cuántas reclamaciones se han presentado o qué sanciones se han impuesto. “Llevamos meses pidiendo cifras al SAS y no las facilitan. Sin datos no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay mejora posible”, denuncia Concepción Martín.

La Junta se defiende

Preguntada por esta situación, la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud aseguran tener “pleno respeto hacia todos los pacientes renales y sus familias” y sostienen que trabajan “cada día para garantizar una atención segura, accesible y de calidad en todas las fases del proceso”. Defienden que los tiempos de cita en Nefrología se ajustan a los mismos criterios que el resto del Sistema Nacional de Salud, priorizando los casos más graves según su estado de salud, y que se están reforzando las agendas y ampliando la capacidad asistencial en los procesos crónicos.

En relación con la diálisis, la Consejería mantiene que los centros concertados cumplen los estándares de seguridad y calidad exigidos por la normativa estatal, y que cuando se detecta alguna incidencia se actúa “de inmediato” con los responsables para garantizar la mejor atención posible. También afirma que se está desarrollando un proceso de mejora en las rutas de transporte y en la coordinación con las empresas adjudicatarias para reducir los tiempos de espera y optimizar los trayectos, en coordinación con las unidades de hemodiálisis y con seguimiento de incidencias.

Pese a ello, los testimonios de pacientes y familiares recabados por este medio dibujan una realidad muy distinta. Retrasos, externalizaciones que no se controlan, falta de información y desatención emocional marcan el día a día de miles de personas en Andalucía que dependen de una máquina para seguir vivas. “Hoy necesitamos una sanidad digna y humana, donde el Gobierno no olvide que detrás de cada número no hay un voto: hay una historia de vida”, resume Concepción Martín. Una frase que explica el sentimiento general de quienes, tres veces por semana, se juegan la vida entre la máquina de diálisis y una ambulancia que nunca llega a tiempo.

El escándalo de los cribados en el cáncer de mama en Andalucía -donde el retraso en la comunicación y seguimiento de mamografías con resultados no concluyentes ha terminado en casos de cáncer- ha desnudado las consecuencias de años de recortes y privatización en la sanidad pública. Un modelo que no sólo se aplica en Andalucía, donde el Gobierno de Juanma Moreno ha gestionado de forma errática y sin transparencia la mayor crisis política y social a la que se ha enfrentado hasta ahora.    

Hablamos con Anabel y Silvia, dos mujeres afectadas gravemente por estos retrasos en el Servicio Andaluz de Salud. Con Dani Cela, periodista de la delegación de elDiario.es en Andalucía, explicamos lo que se sabe de estos fallos y el impacto en el liderazgo político de un presidente autonómico que se preparaba para adelantar las elecciones.

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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha conseguido el aval definitivo a la adjudicación del acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos para volver al concierto público con la sanidad privada, tras cinco años prorrogando contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, casi de forma sistemática.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) ha resuelto de forma favorable para el Gobierno andaluz los recursos presentados por las empresas participantes en el proceso, lo que permitirá que los primeros contratos puedan formalizarse a partir de mediados de septiembre, según avanzan desde el SAS.

El plan –que cuenta con un presupuesto estimado de 231 millones de euros y una duración inicial de dos años, prorrogables otros dos hasta alcanzar los 533 millones– contempla la derivación de pacientes pendientes de una cirugía o de una prueba diagnóstica a clínicas privadas. En total, han resultado adjudicatarias 38 empresas (71,7% de las presentadas) y 50 centros sanitarios (66,7%), “más que nunca en la historia de la contratación de estos servicios”, según fuentes del SAS.

Este acuerdo marco sustituye al sistema de contratos prorrogados a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el Gobierno andaluz venía empleando de forma sistemática durante los últimos cinco años y cuya última adjudicación fue anulada por el propio Tarcja hace unos meses.

Una vez resueltas las impugnaciones, como ha adelantado ABC y lo han confirmado fuentes del SAS a Europa Press, ya se han firmado los documentos de formalización del acuerdo marco con las empresas adjudicatarias. Las mismas fuentes indican que las centrales provinciales de compras están recopilando la información necesaria para planificar los primeros contratos, que arrancarán a partir de mediados de septiembre.

Plan para reducir listas de espera

“El SAS ha trabajado con todo el empeño y el objetivo de acelerar este procedimiento, pero su propia naturaleza y las garantías que conlleva ha hecho que se haya dilatado en el tiempo. No obstante, siguen vigentes hasta el mes próximo los contratos contemplados en el plan de garantía”, ha recordado el SAS.

Según la administración andaluza, esta actuación responde “exclusivamente” a la necesidad de proteger el interés público y la prestación asistencial “sin comprometer ni ampliar los recursos asignados al plan”. La Junta ha recordado que gracias al plan de garantía sanitaria se han reducido en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía (-14,26%) y en 30.074 los pacientes fuera de plazo (-56,73%) respecto a diciembre de 2023.

De acuerdo con los datos del SAS, el porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica fuera de plazo era del 18,78% en junio de 2025, mientras que, hace menos de un año y medio, este porcentaje era del 37,20%. Asimismo, la demora media actual se sitúa en 108 días frente a los 150 que se registraban en diciembre de 2023, últimos datos anteriores a la implementación del plan de garantía sanitaria.

En Andalucía, de enero a junio, se han realizado más de 223.000 operaciones, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se intervinieron 216.738 personas. El 86% de estas intervenciones se han realizado en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que el 14% se han afrontado mediante la fórmula de concierto.

El Departamento de Salud y Osakidetza han hecho un llamamiento a la población a donar sangre este mes de junio para garantizar las reservas durante el verano, ya que, según han recordado, cada día se necesitan cerca de 300 donaciones. Coincidiendo con el Día Mundial del donante, que se celebra este sábado 14 de junio, Salud y Osakidetza animan a donar sangre a personas entre 18 y 65 años, que se encuentren en buen estado de salud y pesen más de 50 kilos, y les insta a acudir a los puntos de donación.

Al igual que durante las Navidades, según han identificado las instituciones, los meses de julio y agosto son fechas “complicadas” para el suministro de componentes sanguíneos en los hospitales vascos. En este sentido, desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) de Osakidetza se recuerda que la donación de sangre “continúa siendo la única manera de obtener numerosos componentes destinados a transfusión o a la elaboración de medicamentos derivados del plasma, indispensables en la actividad sanitaria”, informa Europa Press.

Para anticiparse a esa bajada de suministros, el Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza consideran que este mes de junio es “un momento adecuado para acudir a donar y lograr reservas suficientes para afrontar el periodo estival, de ahí que soliciten la colaboración ciudadana”. “La donación puede ayudar cada día a centenares de personas que precisan de un tratamiento vital, ya que la sangre se fracciona en componentes que permiten atender diferentes necesidades médicas: desde tratamientos oncológicos hasta intervenciones quirúrgicas o urgencias, y para elaborar medicamentos destinados a pacientes agudos y crónicos”, han apuntado.

Más de 79.000 donaciones

Durante el año pasado Euskadi registró un total de 79.032 donaciones por parte de 46.844 donantes, la mayoría habituales y que donan de forma regular (dos o más veces cada año), aunque destaca la incorporación de 6.567 nuevos donantes. Se obtuvieron 70.225 concentrados de glóbulos rojos, 11.211 dosis de plaquetas y 23.664 litros de plasma, de los cuales 22.096 se utilizaron en la elaboración de medicamentos como inmunoglobulinas, factores antihemofílicos albúmina, etcétera.

En total, más de 30.000 personas se beneficiaron, salvando su vida o mejorando su salud, de todos estos productos, distribuidos a través del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza a los 23 hospitales públicos y privados de Euskadi. Por último, el Departamento de Salud y Osakidetza, con motivo del Día Mundial del Donante, han agradecido la labor de todas aquellas personas que donan o han donado sangre alguna vez, pues sin ellas ni ellos no se podrían salvar miles de vidas como se salvan anualmente.

Toda la información con respecto a puntos de donación y horarios se pueden consultar en la web donantesdesangre.eus/donde-donar/ o en las redes sociales de Donantes de Sangre de Euskadi (@donantesangreuskadi).

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha inaugurado las nuevas instalaciones en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) para la atención al paciente psiquiátrico infantojuvenil con la apertura de un nuevo espacio en la zona hospitalaria que duplica el número de camas disponibles. Además, conlleva “mejoras en la comodidad de pacientes y familiares y de renovar los espacios de trabajo de los profesionales”, destacan desde el Departamento de Salud.

Esta nueva unidad ha supuesto una inversión total de 476.477,34 euros y se ha elaborado mediante una construcción modular, es decir, mediante módulos construidos fuera de su emplazamiento final, transportados y ensamblados en obra en su ubicación, lo que ha permitido agilizar tiempos y evitar el impacto derivado de esta obra en el hospital.

La nueva Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil (UHP-IJ) pasa de contar con dos habitaciones para cuatro pacientes en total a disponer de cuatro habitaciones que pueden acoger hasta ocho pacientes. Las obras han supuesto también un incremento de la dotación estructural para la actividad asistencial, con zonas de consultas para la intervención multidisciplinar del equipo de profesionales, áreas comunes para el desarrollo de intervenciones terapéuticas grupales y espacios auxiliares de apoyo. Asimismo, se ha construido una nueva sala de estar y comedor, y se ha acondicionado una amplia zona de jardín y esparcimiento emocional para las y los pacientes.

La nueva unidad llevará el nombre de “Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil María Zandio”, en honor a la que fuera jefa de sección del Servicio de Psiquiatría del HUN, desde donde mantuvo una especial dedicación a la atención de la infancia y la adolescencia, y posteriormente directora asistencial del centro hasta su fallecimiento en 2021.

Empeoramiento de la salud mental y aumento de la demanda

El Servicio de Psiquiatría del HUN viene constatando en los últimos años un empeoramiento progresivo de la salud mental en la infancia y adolescencia, de manera paralela a un aumento de la demanda en todos los niveles asistenciales relacionados con la salud mental por parte de ese sector de la población.

En el año 2024, se registraron en el HUN 38 ingresos infantojuveniles, con una estancia media de 21,5 días. En lo que se refiere a las urgencias psiquiátricas en pacientes menores de 17 años se viene notando un incremento notable en nuestra comunidad desde 2020, pasando de 90 atenciones en 2020 a entre 140 y 160 en los años posteriores.

En los últimos cinco años se han desarrollado en el HUN varias líneas para afrontar nuevas demandas sanitarias en este grupo de población, que han derivado en programas de psicología clínica: el programa en diabetes, para el debut en el tipo I de esa enfermedad y la comorbilidad grave; el programa en neonatología, para el acompañamiento de las familias en la prematuridad; el programa del niño crónico o con patología compleja; y el del niño con daño cerebral adquirido.

Trastornos más frecuentes en la población infantojuvenil

Según el Servicio de Psiquiatría del HUN, los trastornos mentales que con más frecuencia se diagnostican o que constituyen un motivo de consulta médica son los relacionados con la depresión o la ansiedad. En este sentido, según ese servicio, uno de cada cinco jóvenes experimenta dificultades graves relacionadas con la ansiedad, y aproximadamente la mitad admite tener dificultades vinculadas con el bajo estado de ánimo. También son motivo habitual de consulta los trastornos de la conducta alimentaria, las autolesiones y la ideación suicida, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y los del espectro autista.

Asimismo, cabe mencionar como un factor frecuente que da pie a problemas mentales en la infancia y la adolescencia las situaciones de riesgo social y familiar relacionadas con disfunciones en el ámbito familiar, escolar y social. A este respecto las situaciones en las que se experimenta algún tipo de trauma y las situaciones de riesgo de exclusión aumentan notablemente la vulnerabilidad hacia el desarrollo de patología en salud mental infantojuvenil.

El modelo de atención es proporcionado por un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras y psicólogos clínicos con un perfil específico infantojuvenil, enfermeras y técnicos en cuidados asistenciales de enfermería, terapeuta ocupacional y trabajador social. Además, se proporciona un apoyo educativo por profesionales del Departamento de Educación.

Desde el inicio del ingreso, se promueve la implicación directa de los padres o cuidadores en el plan de tratamiento, dado que se trata como una atención integral que abarca no solo al paciente, sino también a su familia. Y en todos los casos se establece un plan de alta coordinado con la red de salud mental infantojuvenil.

La duración de la intervención multidisciplinar durante el ingreso es de entre una y cuatro semanas. Durante el transcurso de la estancia se llevan a cabo intervenciones clínicas basadas en la evidencia científica de forma individualizada, tanto durante la fase de la crisis aguda como en la fase subsiguiente de estabilización. El objetivo principal es abordar el problema que provoca la hospitalización en el menor tiempo posible y obtener el alta temprana, para posibilitar que el paciente reanude su propia trayectoria vital y familiar cuanto antes y continúe su atención especializada de salud mental en régimen ambulatorio o, en su caso, en régimen de hospitalización de día.

La Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U. asistió en 2024 a un total de 113.015 personas y atendió casi 600.000 llamadas de emergencias a través del servicio telefónico 112, lo que supone una comunicación cada 53 segundos. Así se desprende de la memoria de actividades de la empresa pública dedicada al transporte sanitario en la región, analizada por el Consejo de Gobierno, que se consolida como un pilar clave en la calidad asistencial a los ciudadanos, tanto en los servicios de urgencia como en los programados, gracias al trabajo y el esfuerzo de sus 341 empleados.

A lo largo del año pasado, La Rioja Cuida realizó casi 310 actuaciones diarias, hasta totalizar 113.015 servicios. De ellos, 34.559 fueron urgentes: 4.706 del Soporte Vital Avanzado y 28.887 del Soporte Vital Básico. A estos se sumaron 73 actuaciones a través de helicóptero y 893 del servicio localizado, es decir, de las atenciones de urgencias en las que no están comprometidas las vidas de los pacientes.

Además, el Soporte Vital Avanzado secundario o interhospitalario (realiza traslados de hospital a hospital que necesitan la supervisión o atención de un equipo médico) registró 409 servicios, teniendo como principales destinos Logroño (196), Pamplona (107) y Vitoria (74).

Por otro lado, en 2024 se registraron 78.047 asistencias no urgentes o programadas para consultas, tratamientos, ingresos o altas, tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por tipos de traslado, 22.805 correspondieron a diálisis, 20.183 a rehabilitación y 18.173 a consultas.

Asimismo, de las 595.858 llamadas gestionadas en el servicio telefónico, 326.265 fueron recibidas y 250.743 salientes. De las comunicaciones entrantes, solo 2.913 fueron perdidas, lo que supone el 0,89% del total, ratio inferior al 2% establecida como indicador de calidad.

En paralelo, La Rioja Cuida continuó con su actividad formativa en 2024. En el ámbito interno se impartieron 47 cursos a los que asistieron 533 alumnos. En el externo fueron 34 cursos en el CEIS (bomberos), la Guardia Civil, la Consejería de Educación, el CIBIR, la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Cornago. También hubo talleres de socorrismo y primero auxilios en centros escolares. 

En cuanto a los recursos humanos, La Rioja Cuida incrementó su plantilla en 27 trabajadores en 2024 hasta alcanzar los 341 empleados: 304 indefinidos (62 más) y 37 temporales (35 menos). Estos eventuales son necesarios para la sustitución de bajas, vacaciones y excedencias de larga duración. 

Convenio colectivo y acción especial por la DANA de octubre

Otro hito dentro de este ámbito fue la firma en septiembre del año pasado del convenio colectivo, fruto de una intensa ronda de negociaciones. El acuerdo convenio tiene una vigencia de cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2027) y mejora ampliamente las condiciones salariales y sociales de la plantilla. Con este acuerdo, asimismo, se unificaron los convenios colectivos del servicio de ambulancias y del SOS Rioja 112, de forma que se ampara también a los trabajadores del centro de recepción de llamadas del 112 que, hasta ese momento, tras la internalización del servicio de transporte sanitario en dos fases, todavía estaban sujetos al acuerdo colectivo que regula los call center.

Por último, la memoria también recoge los dos dispositivos desplegados por 11 voluntarios de La Rioja Cuida con 6 ambulancias para paliar los efectos del desastre provocado por la DANA del 29 de octubre en el Levante español.

Un hombre de 59 años ha permanecido atrincherado en una caseta de aperos provisto con una garrafa de gasolina, en el concejo asturiano de Grado, durante 16 horas. Aunque se resistía a abandonar su encierro “hasta que llegara el alcalde”, finalmente aprovechado una salida que hizo para intentar huir, los efectivos policiales que se encontraban tratando de disuadirle, lograron retenerlo y lo redujeron en el suelo.

Inicialmente, ni las súplicas de su mujer, ni las conversaciones que estuvo manteniendo un negociador de la Guardia Civil lograron disuadirle. Llevaba 15 horas amenazando con quemarse a lo bonzo cuando este mediodía tras mantener contacto con el negociador de la Guardia Civil, familiares y el alcalde José Luis Trabanco, salió de la caseta con intención de fugarse, pero no lo logró.

Según ha confirmado la Comandancia asturiana, fue una fuga frustrada ya que “pudo ser asegurado por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC)”.

Han sido 16 horas de angustia. La esposa se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Grado ayer, martes, pasadas las ocho de la tarde para pedir la ayuda de los agentes. Les comunicó que su marido se había encerrado en una caseta de las inmediaciones de los depósitos de agua de la localidad y que portaba una garrafa de gasolina, amenazando con quemarse “si no era escuchado por el alcalde del municipio”.

El hombre mantiene su amenaza

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Grado, así como de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) junto al negociador de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias.

Además, se alertó a los servicios sanitarios y a los Bomberos que han estado permaneciendo en la zona a la espera de lograr que, tal y como ha ocurrido finalmente, depusiera su actitud.

La caseta está ubicada en una zona aislada

“A las 11horas de esta mañana, la situación continúa en las mismas condiciones”, señaló un portavoz de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Asturias.

El hombre se encerró en la caseta ubicada en una zona conocida como Molino de Agosto y, según fuentes oficiales, al tratarse de un paraje aislado “permite valorar la situación exenta de riesgo para terceras personas”, han ratificado las mismas fuentes. 

Una hora después, en torno a las doce del mediodía, el hombre lograba ser retenido por los agentes, sin necesidad de ser trasladado a un centro hospitalario, según han indicado desde la OPC de la Guardia Civil.

El desencadenante

El hombre quería hablar con el alcalde por un problema que tenía en la zona de Castañedo. Al parecer, él había colocado una cadena para cerrar un espacio y el Ayuntamiento de Grado le instó a que la retirara y esa era la razón por la que pretendía que el alcalde le escuchara.

Solo cuando esta mañana, en vista de que seguía manteniendo esta actitud de resistecia, el alcalde se personó en la zona y, tras hablar con él, salió de la caseta, aunque al emprender la huida tuvo que ser reducido.

La Policía Nacional ha presentado este martes en el Complejo Policial de Canillas el balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante el año 2024, en el que se llevaron a cabo más de 10.000 intervenciones policiales. Concretamente se realizaron más de 3.000 actuaciones policiales en centros sanitarios y 7.000 en asistencias domiciliarias. Se practicaron 106 detenciones por agresiones a profesionales en el ámbito sanitario, según el comunicado de prensa difundido esta mañana.

Durante el pasado 2024 se redujeron las agresiones físicas y aumentaron las amenazas. Las agresiones verbales supusieron un 70% del total de las mismas y las físicas un 30%, aproximadamente, y en comparación con el año 2023 han disminuido éstas últimas.

Las provincias donde más hechos delictivos se han registrado en plantillas de la Policía Nacional fueron Sevilla, Las Palmas y Madrid. Y que los tipos delictivos más frecuentes fueron las amenazas y los atentados a funcionario público.

Disminución respecto a 2023

En comparación con el año 2023 se observa una disminución de las agresiones físicas y un aumento de las amenazas, contabilizándose un total de 406 denuncias en el transcurso del 2024.

Un total de 57 policías nacionales ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, “estableciendo canales bidireccionales de comunicación fluidos con el sector sanitario, los departamentos de seguridad y sus responsables en el caso de estar constituidos, los responsables de los centros médicos y el personal que trabaja en los mismos, con la finalidad de adquirir la información necesaria para la realización de la actividad policial y el desarrollo de actividad preventiva y la difusión de formación en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones”, indica el comunicado.

En 2017 se implantó la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, más de 40.000 profesionales han recibido instrucción impartida por la Policía Nacional en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones, tanto en forma presencial como online.

Miércoles y jueves, entre las 10 y las 14 horas, el peor momento

De los datos analizados por la Policía Nacional se deduce que los miércoles y los fueron los días de la semana con mayor incidencia de agresiones, concentrándose las mismas en la franja horaria comprendida entre las 10 y las 14 horas.

La Policía recalca que el incremento de denuncias recibidas en el año 2024 respecto a las tramitadas en 2023 no implica un aumento de las agresiones, sino el resultado de una “mayor concienciación por parte del colectivo sanitario de la importancia de la denuncia” y de asumir una actitud de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares o acompañantes.

La localidad oscense de Jaca no dispone de una UVI móvil medicalizada todos los días. Tan solo, de lunes a viernes de 09:00 a 21:00. Es decir, que durante 108 horas a la semana se deja de prestar este servicio sanitario; además, en los días en los que se concentra una mayor afluencia de visitantes en pleno Pirineo aragonés. También en los festivos. Una situación que se viene registrando desde hace un año y medio y por la que se han movilizado ya miles de personas en una demanda canalizada por la plataforma ciudadana ‘UVI Móvil Jaca, ¡la necesitamos!’, cuya voz ha llegado a las Cortes de Aragón y a las calles con manifestaciones como la del pasado sábado en la capital de la Jacetania.

Desde esta plataforma se recuerda que “todos somos susceptibles de padecer un evento grave urgente y la urgencia no entiende de horarios”. La situación se viene produciendo desde el 1 de junio de 2023, cuando el Gobierno de Aragón modificó el pliegue para el nuevo contrato del servicio sanitario urgente y se dibujó este nuevo mapa para la zona. Se reclama una UVI móvil presencial y medicalizada 24 horas los 365 días del año, como sucedía hasta entonces.

Mamen Sánchez, portavoz de la plataforma, ha sido perjudicada de forma directa y trágica por esta medida. En su testimonio explica que se diagnosticó a su marido la disección de la arteria aorta y “en el hospital de Jaca nos dijeron que necesitaba una UVI móvil para su traslado”. La medida se decretó a las 21:20, veinte minutos después de que terminara el servicio. “El médico vio que la escasez de recursos podía suponer la pérdida del paciente. Tenía que venir la UVI móvil de Sabiñánigo”, pero no se pudo disponer de esta hasta pasadas dos horas y media. “Llegó a la UCI del hospital Miguel Servet de Zaragoza a las dos de la madrugada, muy grave y con posibilidades muy escasas de sobrevivir”, para fallecer poco después.

Cuando se carece de UVI móvil en Jaca, el plan B reside en la Unidad Médica de Emergencias (UME) de la cercana población de Sabiñánigo, que debe cubrir las comarcas de Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe, con una extensión de 5.400 kilómetros cuadrados. Además, en el caso de que la UVI móvil de Sabiñánigo tenga que desplazarse a Huesca o Zaragoza, deja estas comarcas desatendidas durante varias horas más.

La plataforma asevera que desde se quitó la UVI móvil de Jaca, “ha habido casos de personas que han muerto tras un accidente o enfermedad grave que necesitaron una UVI móvil en el menor tiempo posible y no la tuvieron, teniendo que aguardar a que llegase la de Sabiñánigo con tiempos de espera de hasta una hora porque este recurso estaba ocupado en el momento del aviso”.

Expone que la falta de médicos alegada como causa del problema “no es real”: a la última oposición resuelta el año 2023 para médicos de urgencias y emergencias del 061 de Aragón se presentaron 105 personas que fueron admitidas a examen: 58 aprobaron y las 27 plazas que se ofertaron fueron cubiertas. Además, no se cuenta con camas UCI en el hospital de Jaca.

El Gobierno de Aragón replica que hacen faltan tres profesionales para atender esta demanda y no facilita un plazo preciso. La previsión lanzada por el ejecutivo autonómico se refiere a febrero de 2025 como la fecha de la realización de un curso de capacitación tras el que los médicos que así lo pidan podrán ser destinados a la capital de la Jacetania. En todo caso, atisban una solución en la voluntad de los profesionales. La plataforma, por el contrario, insiste en que “no es un problema de médicos disponibles sino de plazas”.

Los servicios que ofrece una UVI móvil no pueden ser recogidos por una ambulancia convencional. Como especifica ‘UVI Móvil Jaca, ¡la necesitamos!’, “ante un infarto, un ictus o cualquier otra enfermedad dependiente del tiempo de actuación queremos tener la oportunidad de poder salvarnos o de no padecer secuelas irreversibles toda la vida”.

Atención inmediata

Una UVI móvil, como se denomina a las ambulancias de Soporte Vital Avanzado, está preparada para atender de forma inmediata, con material y medicación, todas las urgencias y emergencias en las que el paciente corra un riesgo vital inmediato y potencial. Una ambulancia se limita a la atención primaria y prioriza el traslado del paciente al centro hospitalario sin que sea necesaria la presencia de un médico.

El Real Decreto 836/2012 establece que la UVI móvil ha de contar al menos con un conductor que esté en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias y un enfermero. Además, con un médico y un segundo técnico en emergencias sanitarias si así fuera preciso. La equipación es mucho más específica que la de las ambulancias. Por ejemplo, con monitores cardíacos.

Durante la intervención de la plataforma el pasado 4 de diciembre en la comisión de comparecencias ciudadanas y derechos humanos de las Cortes de Aragón, el diputado socialista Sergio Ortiz reconoció el error cometido por el anterior equipo de gobierno para privar a los usuarios de un servicio que existía: “No me explico cómo licitamos un contrato tan importante, destinando 13 millones de euros más al año y sin satisfacer las necesidades del territorio y de los usuarios que viven en él. Por la parte que me toca, pido disculpas sinceras y siento la necesidad de hacer esta reflexión autocrítica”.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano (PP), subraya que se trata de un “problema heredado” que “ya se está solucionando” y tacha a la plataforma de “politizada”: “Paradójicamente, está formada por socialistas, algunos de ellos parte de listas electorales, y no explican que el actual Gobierno de Aragón creó en enero de 2024 las partidas presupuestarias necesarias para dotar a Jaca de UVI móvil las 24 horas a través del departamento de Salud”.

Recuerda que el Partido Popular presentó en su momento “multitud” de mociones y propuestas el Ayuntamiento de Jaca, la Diputación Provincial de Huesca y Gobierno de Aragón contra la modificación del pliego del transporte sanitario y la defensa de la sanidad en el municipio, “siempre con el voto en contra de los socialistas”.

Un pleno dividido del Constitucional ha desembocado en una sentencia que rectifica la doctrina que el propio tribunal estableció durante la pandemia: el estado de alarma es suficiente para imponer medidas como un confinamiento que, dice ahora el Constitucional, no suponen la suspensión de un derecho sino su limitación. La mayoría progresista del pleno ha sacado adelante una resolución que, tras analizar una ley sanitaria gallega de 2021, anuncia que rectifica su propio criterio y establece que medidas como el confinamiento son viables a través del estado de alarma sin que sea necesario acudir al estado de excepción o de sitio.

Las sentencias del estado de alarma de 2021 fueron el mayor y casi el único varapalo judicial a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Un pleno extremadamente dividido estimó los recursos de Vox y declaró que las medidas que tomó el ejecutivo para hacer frente a la pandemia eran necesarias, pero que el estado de alarma no era suficiente para ponerlas en marcha. Entendió entonces el Constitucional, con numerosos votos en contra, que medidas como el confinamiento habían suspendido los derechos fundamentales de la población y que para eso hubiera sido necesario activar el estado de excepción o de sitio.

El debate se ha reavivado cuando este martes el pleno ha analizado otro recurso de Vox pero contra una ley sanitaria que la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo implantó en 2021 para tomar medidas si había que enfrentarse a una nueva emergencia sanitaria. El pleno, explican fuentes del organismo a elDiario.es, ha estado unido al entender que esa norma gallega es inconstitucional porque entraba en un terreno reservado para las leyes orgánicas, pero se ha dividido profundamente al incluir un párrafo que cambia la doctrina constitucional sobre estos asuntos.

Un comunicado del tribunal explica que ha tomado esta decisión “rectificando su doctrina anterior” establecida en 2021 cuando anuló el estado de alarma. Dice ahora el tribunal de garantías: “El propio decreto de estado de alarma puede establecer limitaciones de alta intensidad en los derechos fundamentales siempre y cuando se ajuste a los requisitos constitucionales necesarios y, en particular, siempre que respete el principio de proporcionalidad”.

Distintas fuentes del tribunal explican a este periódico que esta resolución no afecta a la decisión que tomaron en 2021 sobre el estado de alarma, pero sí genera nuevas reglas de cara al futuro. El Constitucional entiende ahora que confinar a la población en sus casas como se hizo en 2020 durante las primeras olas de coronavirus no suspendió tal cual un derecho fundamental de la población. Y que, por tanto, el estado de alarma sí es suficiente para poner en marcha este tipo de medidas al ser proporcional. Estas mismas fuentes explican que una medida más restrictiva sí podría considerarse como una suspensión de los derechos fundamentales y requerir, por tanto, de un estado de excepción.

El sector mayoritario entiende que desde 2020 hasta la actualidad se ha producido una evolución, no solo de la realidad sanitaria sino de la jurisprudencia y el criterio del Constitucional, en sentencias que por ejemplo han avalado la vacunación obligatoria de niños o han analizado la capacidad para convocar manifestaciones durante la pandemia.

Las deliberaciones del estado de alarma de 2021 divieron profundamente a un tribunal que entonces tenía mayoría conservadora y han vuelto a hacerlo tres años más tarde. Los cinco magistrados del sector conservador han votado en contra de esta parte de la sentencia y han anunciado cinco votos particulares.

El sector conservador, en contra

Los magistrados conservadores han manifestado su posición contraria a la nueva doctrina y han anunciado un total de cinco votos particulares, cuyo contenido se conocerá en los próximos días. Fuentes de este sector explican a elDiario.es que consideran que esta nueva doctrina da carta blanca al Gobierno para imponer restricciones sin someterse al control que implica el estado de excepción, recurriendo al de alarma si lo ven necesario. También entienden que en tres años no se ha producido esa evolución de la doctrina que ha expuesto el sector progresista para sacar adelante su sentencia en sentido radicalmente opuesto al que expusieron en 2021.

El debate sobre el asunto ha llegado a la mesa del TC por iniciativa de Vox, y el recurso que esta formación presentó contra una ley autonómica (Ley de Salud de Galicia) que Feijóo aprobó en solitario y por la que se reservaba la potestad de restringir derechos como la libertad de circulación o el derecho de reunión. En aquellas fechas de zozobra por el COVID, la administración gallega regulaba el número de personas que se podían reunir a la vez en un domicilio o las horas a las que estaba permitido circular libremente por las calles.

La doctrina que en su momento defendió el TC sirvió para que otro recurso, presentado por el Gobierno contra la norma de Feijóo, cayese en saco roto y las decisiones del actual líder del PP fuesen declaradas dentro de los límites de la Constitución. La nueva interpretación dice lo contrario de lo que dijo entonces y asegura que las limitaciones que en su día aplicó el dirigente del PP sólo se pueden adoptar “a través de una ley orgánica, pues constituyen un desarrollo directo de dichos derechos fundamentales”.

La unidad de Urología del Hospital San Pedro incorpora un nuevo ureteroscopio de bajo calibre para el tratamiento de los cálculos renales. La ureteroscopia es un procedimiento mínimamente invasivo que facilita acceso a las vías urinarias (uréter y cavidades intrarenales) para el tratamiento de la litiasis ureteral y renal, permitiendo destruir en torno al 95% de los cálculos

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo, en el quirófano de Urología del Hospital Universitario San Pedro, el primer procedimiento para litiasis renal con un nuevo ureteroscopio de bajo calibre que proporciona mayor accesibilidad y visión a los profesionales, al incorporar una vaina asociada de aspiración. Para el paciente, la principal ventaja es que este procedimiento, de reciente implantación en el SERIS, es menos invasivo, ya que utiliza un endoscopio de menor calibre. La ureteroscopia es un procedimiento mínimamente invasivo mediante el cual se puede acceder a las vías urinarias (uréter y cavidades intrarenales) para el tratamiento de la litiasis ureteral y renal, que permite destruir entre un 90% y un 95% de los cálculos.

Respecto a las indicaciones, esta técnica se llevará a cabo cuando el paciente presente cálculos en el uréter que no pueden ser expulsados de forma natural o están causando grandes molestias; si el afectado tiene cálculos en el riñón y no se puede tratar con ondas de choque; y, en algunos casos, para poder detectar el problema en pacientes que tienen como síntoma la aparición de sangre en la orina. El responsable del Servicio de Urología, Daniel Pascual, estima que alrededor de 60 personas pueden beneficiarse de esta técnica cada año. 

Las litiasis renales -también conocidas como cálculos renales o piedras en el riñón- son una de las patologías urológicas más recurrentes. Cuando el paciente no puede expulsar el cálculo espontáneamente, una de las técnicas más habituales para su tratamiento es la litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC), pero cuando esta técnica no funciona, existe una alternativa eficaz como la ureteroscopia.

El sindicato CSIF de La Rioja denuncia la sobrecarga de trabajo que están padeciendolos técnicos espcialistas en Radiología por la falta de contrataciones una categoría en la que dicen “no hay falta de profesionales por lo que la cobertura de las plazas no se cubre por parte de la Consejería de Salud por motivos económicos”.

De hecho aseguran que el Plan de Cobertura de los Técnicos Especialistas en Radiología publicada por la Consejería y alertaba de estas carencias porque aseguraba, textualmente, “que habrá días en los que los centros de salud donde diariamente haya servicio de radiologia no lo haya porque el técnico de ese centro le impongan ir a trabajar a otro centro de salud”, algo que desde CSIF califican de “verdadero despropósito ya que el TER se tiene que desplazar a un puesto de trabajo que no es el suyo y que haya personas que se tengan que ir a otro centro de salud porque el suyo lo han cerrado y que el personal administrativo tenga que modificar agendas”. Y todo ello por no contratar a un nuevo técnico“.

Un profesional para Rioja Alta y otro para Rioja Baja

Es lo que pasa en Rioja Baja, denuncian desde el CSIF. Y es que si el técnico especiaista en radiología de Alfaro o Arnedo se pide un día libre, se cierra el servicio de rayos en Cervera del Río Alhama y el técnico de este municipio se desplaza a Arnedo o Alfaro, de forma que los pacientes de Cervera del Río Alhama que ese día tenían consulta tendrán que desplazarse a otro municipio. En Rioja Alta aseguran que la situación es “aún más compleja”. Y es que tal y como explican, “si un TER de Haro de turno de mañana pide el día libre, el TER de Santo Domingo de la Calzada cubre la consulta de Haro y cierra la consultal de Santo Domingo de la Calzada y los pacientes deben trasladarse a Nájera para ser atendidos. Es un sinsentido que estos pacientes se trasladen a Nájera para ser atenidos mientras su técnico también debe desplazarse para atender a los pacientes de Haro”.

Un “ir y venir de profesionales sin sentido de profesionales y pacientes” que para este sindicato tiene una facil solución. “La contratación de un tecnico espeicalista en radiología en Rioja Alta y otro para Rioja Baja”. Una solución “sencilla” que la “Consejería de Salud se niega a llevar a cabo. Hay profesionales de forma que la externa excusa de la Administración riojana no es válida en este caso”, concluyen.

De las 731 farmacias que hay en Aragón, 206 dan servicio en localidades de menos de 1.000 habitantes y 123 en pueblos de menos de 500 vecinos y vecinas. Las farmacias rurales garantizan el acceso a medicamentos y atención vivas donde vivas, “no es solo un servicio de dispensación de medicamentos, ofrece una atención sociosanitaria. Esta atención es importante en cualquier localidad, pero lo es mucho más, en pequeños municipios, donde la farmacia es la primera puerta de acceso al servicio aragonés de salud”, explican desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Sin embargo, cada año hay pueblos que se quedan sin este servicio, la viabilidad económica y la falta de relevo generacional son algunas de las causas.

Los datos están ahí y cada año cierran farmacias rurales en Aragón. Que se sepa, en 2024 van a cesar su actividad seis farmacias en núcleos pequeños. “En la provincia de Zaragoza hay más de 100 farmacias que operan en municipios de menos de 1.500 habitantes y que son indispensables para que los vecinos y las vecinas de esos pueblos tengan acceso a un servicio tan fundamental como los medicamentos”, ha destacado Sánchez Quero, el presidente de la Diputación de Zaragoza, tras su reunión con la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ), Raquel García Fuentes, para abordar los problemas y los retos a los que se enfrentan las farmacias rurales de la provincia.

“Sin embargo, en la reunión la presidenta del Colegio me ha trasladado las dificultades cada vez mayores que encuentran los farmacéuticos rurales para que su negocio sea rentable económicamente y para encontrar relevo cuando se jubilan. De hecho en los últimos años en la provincia de Zaragoza han cerrado una decena de farmacias rurales a las que hay que sumar otras dos en lo que llevamos de 2024 y una más que va a echar la persiana en breve”, ha explica el presidente.

Es por este motivo por el que el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido con la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ), Raquel García Fuentes, para abordar los problemas y los retos a los que se enfrentan las farmacias rurales de la provincia. Durante el encuentro se ha hablado de diferentes medidas para ayudar a la viabilidad de estos establecimientos y Sánchez Quero se ha comprometido a buscar fórmulas para apoyar al Colegio en la puesta en marcha de esas iniciativas.

Medidas

Por su parte, García Fuentes ha explicado que entre las medidas planteadas por el Colegio para paliar esa situación está el apoyo de la Diputación de Zaragoza a la implantación en las farmacias rurales del sistema personalizado de dosificación de medicamentos. “Es un servicio que se puede implementar en colaboración con los trabajadores sociales y con otros profesionales sanitarios y que está diseñado para que los pacientes sigan correctamente el tratamiento indicado, especialmente aquellos que están polimedicados o que tienen dificultades para seguir las pautas médicas”, ha detallado la presidenta del COFZ, que ha recordado que “en un contexto de envejecimiento poblacional y acceso sanitario limitado, la implantación del sistema personalizado de dosificación facilita la toma de medicamentos y mejora la calidad de vida de los pacientes permitiéndoles mantener su autonomía y seguir viviendo en sus pueblos”.

En la reunión, a la que también ha asistido el vocal de Farmacia Rural del COFZ, Enrique Eguizábal, se han abordado otras posibles iniciativas como incluir a la farmacias en las líneas de ayudas para fomentar la actividad comercial en el medio rural (actualmente están excluidas por su consideración de establecimientos sanitarios) o la instalación de desfibriladores en las farmacias rurales.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza sostienen la importancia cuidar este servicio, que es “parte de la solución para regenerar este Aragón vacío y ayudar a que los municipios rurales se mantengan vivos. Facilitar su viabilidad económica y profesional con medidas prácticas, reales y efectivas ha de convertirse en una prioridad para todos los agentes implicados”. De hecho, un estudio del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de este 2023 sostiene que los municipios rurales que cuentan con farmacia registraron una pérdida de población en edad de trabajar menor que aquellos que no disponen entre sus calles de este espacio médico.

Varias organizaciones sindicales de Castilla-La Mancha, empezando por CSIF, han alertado de la falta de contrataciones en el sector sanitario regional. De hecho, CSIF ha señalado que se ha realizado un “bloqueo” de contrataciones “por motivos de ejecución presupuestaria”, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre. Esta “restrictiva política”, afirman, ha llevado a “graves dificultades” en “todas” las gerencias de atención sanitaria de la región.

Esto, después de un verano que, han señalado, fue “difícil” por contrataciones “insuficientes” durante el periodo vacacional. La presidenta de CSIF Sanidad de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha tachado las medidas de “parches” que no “garantizan una correcta asistencia sanitaria” y que afecta a “todas las categorías y servicios”, con la excepción de Urgencias, UCI y quirófanos.

El sindicato realizó la denuncia el pasado 12 de septiembre y confía en que ayudará a que haya “más flexibilidad” en las contrataciones, aunque de “momento no lo hemos visto”. “La instrucción era que se llevaba a cabo una decisión política que atiende a la ejecución presupuestaria de 2024 del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que son medidas de contención del gasto hasta el 31 de diciembre del 2024. Esas fueron las palabras textuales”, explica Fernández en conversación con elDiarioclm.es.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha asegurado a este medio que es “totalmente falso” que exista un bloqueo en las contrataciones y que estas seguirán produciéndose.

La sindicalista expone una situación de una compañera suya, con una baja que “se va a dilatar en el tiempo” y que “no se ha cubierto”. “Nos están quitando los días libres para que sustituyamos, para que vayamos cubriendo los huecos de esta persona”, afirma la profesional. Y así, otras situaciones, en las que se deniegan libres de día disposición, o excedencias que no se cubren, según relata.

“Están sobrecargando las plantillas de horas de trabajo y esto está generando que la gente se sienta mal, que tengan bajas. Entonces, no sabemos cómo va a quedar esto”, describe la profesional, que insiste en que la situación es la misma “en todas las provincias”. “Están prescindiendo del personal, no es que no haya. La situación es grave”, resalta Fernández.

CCOO pide que se “garantice” el mantenimiento del personal

Desde Comisiones Obreras han pedido este mismo miércoles a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha que autorice las “contrataciones necesarias” para cubrir plazas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. El sindicato ha coincidido en que el periodo estival fue “complicado”, precisamente por lo que aseguran es “falta de autorización administrativa para realizar contrataciones a la hora de sustituir a profesionales ausentes por motivo de vacaciones, situaciones de IT u otras contingencias”.

“Desde CCOO valoramos positivamente la apuesta que se viene realizando desde el año 2015 por el aumento de plantilla y su consolidación, pasando de los 25.000 profesionales de aquel año a los más de 36.000 con los que contamos en la actualidad. Sin embargo, la mejora de nuestro servicio de salud no se consigue solo con el aumento sin más del personal, sino con la garantía del mantenimiento presencial, de forma constante a lo largo de todo el año, de todos y todas las profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios”, ha advertido la secretaria general de CCOO-Sanidad Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra.

Cuadra añade que se deben autorizar contrataciones en “todos los servicios asistenciales” y “no solo de los que consideran esenciales como pueden ser la UCI o los quirófanos”. “Todos son esenciales porque todos tienen demanda asistencial, más aún en el periodo otoñal en el que aumenta considerablemente el número de pacientes, tanto en el ámbito hospitalario como en el de atención primaria. Un servicio público de salud no puede depender de la falta de previsión presupuestaria”, ha añadido la sindicalista.

UGT matiza las demandas de otros sindicatos

Desde UGT, el responsable regional de Sanidad, Fernando Peiró, matiza lo que señalan ambos sindicatos, y resalta que son informaciones que “no están contrastadas con ningún documento”. Peiró hace más bien referencia a un concurso de traslados que ha supuesto la entrada masiva de “muchos profesionales” con plazas en otros servicios de salud y que ahora han vuelto a Castilla-La Mancha. “Para las personas que cesan es negativo, pero el que tengamos una plantilla mayoritariamente ocupada por personal propietario, es bueno”, recalca.

Peiró sí concede que “desde antes del verano” las contrataciones que realice el Servicio regional de Salud tienen que “pasar antes por la consejería de Hacienda”. “Pero eso no significa que la contratación va a ser cero”, recalca.

Es un “grave riesgo” para la salud laboral

Por su parte, el Sindicato de Enfermería, SATSE, denunciaba que en la provincia de Ciudad Real las diferentes gerencias habían comunicado que no se iba a contratar a personal de enfermería, ni de fisioterapia y que esto afectaría tanto a hospitales como a atención primaria “hasta que finalice el año”. Desde el sindicato alertaban de que esta situación supone “un grave riesgo tanto para la salud laboral de los profesionales como para la calidad de la atención que se presta a los usuarios”.

Sara Oropesa, secretaria provincial de Satse Ciudad Real señala que los profesionales sanitarios están frustrados por la falta de previsión en la gestión en los centros sanitarios pues “las enfermeras se enfrentan a situaciones de estrés y ponen en riesgo su seguridad y la de los pacientes debido a la sobrecarga laboral derivada de esta política”. Por eso, pedían la “autorización de contratos para dar cobertura al cien por cien de las Incapacidades Temporales, reducciones de jornada, permisos, exceso de jornada, entre otras, puesto que, al disponer los centros sanitarios de plantillas muy ajustadas, cualquier incidencia supone un desequilibrio organizativo”.

“La falta de contratación y el consiguiente déficit de enfermeras y fisioterapeutas supone que los profesionales de enfermería que trabajan deben soportar la carga de esas enfermeras y fisioterapeutas que faltan, y que ese déficit repercute no solo en los profesionales, sino que produce un aumento de la mortalidad de los pacientes, tal y como demuestran numerosas investigaciones científicas”, ha denunciado el sindicato.

Primeros cambios en la Consejería de Salud desde que a finales de julio aterrizara como consejera en este departamento Rocío Hernández. Tras los cambios anunciados este martes en el organigrama, que incluyen la supresión de la estructura autonómica de tres fundaciones públicas de investigación sanitaria, este miércoles se ha conocido que Salud ha cesado a la gerente del Hospital de Valme de Sevilla, Rocío del Castillo, que apenas llevaba un año y medio en el cargo tras su nombramiento oficial.

El anuncio de cese le fue comunicado personalmente este martes, tal como publica Diario de Sevilla y confirman a Europa Press fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Estas mismas fuentes esgrimen que la decisión obedece a “cambios habituales, dentro de la renovación de cargos directivos”.

De este modo, la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria cesará en sus funciones en el puesto, al que accedió en abril del pasado año. Durante este tiempo ha tenido que hacer frente a numerosas protestas, con denuncias continuas por la falta de plantilla y el cierre de camas, los problemas en El Tomillar (dependiente de Valme) o la reciente denuncia sobre la “situación límite” que se vive en este centro.

El director médico de este área, el doctor Ignacio Vallejo, se hará cargo de la gestión de la citada zona sanitaria, que incluye los hospitales de Valme y El Tomillar.

Tercera responsable desde 2022

En enero de 2022, el SAS cesó a la entonces gerente del mencionado centro hospitalario, María Jesús Pareja Megía, que dejaba así el puesto tres años después de tomar las riendas de una etapa profesional que asumía “como un reto enorme” por intentar aportar proyectos de mejora y “contribuir a optimizar tanto a los centros y profesionales como a los ciudadanos”, tal como expresaba públicamente.

A mediados de febrero, Luis Martínez Hervás se convertía en el nuevo director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Sin embargo, siete meses después abandonaría ese cargo aludiendo motivos personales. A partir de ese momento, Rocío del Castillo asumiría el puesto en funciones hasta su nombramiento oficial, en abril de 2023.

El Portal de Contratación Pública del Gobierno de La Rioja recoge hoy, 13 de agosto, la adjudicación del contrato para elaborar el anteproyecto, estudio de detalle, proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción del Centro de especialidades y cirugía mayor ambulatoria “Adoración Sáenz”. La adjudicataria ha resultado la Unión Temporal de Empresas (UTE) “CEPA Arquitectura e Ingeniería S.L.P- Patricio Martínez Maximia Torruella Arquitectura S.L, CECMA La Rioja” por un importe total de 1.017.680,28 euros. 

A esta convocatoria pública se presentaron nueve licitadores, estudios de arquitectura e ingeniería, para el diseño de un edificio que se construirá en el solar del antiguo Hospital San Millán, junto a la Escuela de Enfermería y el Centro de Alta Resolución y Procesos Asistenciales (CARPA). El nuevo centro se concibe como una instalación sanitaria puntera para procesos ambulatorios y de cirugía mayor ambulatoria, ampliando y mejorando servicios que en este momento se prestan desde el Hospital Universitario San Pedro.

La parcela cuenta con una superficie de 16.102,72 metros cuadrados y una edificabilidad de 15.186,74 metros. En un principio, albergará dos de las especialidades con mayor demanda, Oftalmología y Dermatología, además de la Unidad del Dolor.

Siguiendo los trámites y plazos de un proyecto de estas características, se espera que las obras puedan licitarse a mediados del próximo año para empezar la construcción a principios de 2026. 

Un problema informático global ha provocado fallos en múltiples servicios, también en La Rioja. Y es que la caída ha afectado a compañías privadas, bancos, aerolíneas y medios de comunicación, También las instituciones públicas se han visto afectadas como es el caso de La Rioja aunque desde el Ejecutivo regional confirma que hacia las 10.00 horas el SOS Rioja, el Hospital San Pedro y las sedes de las distintas consejerías, “ya funcionan con normalidad”. El fallo ha provocado también problemas en el teletrabajo en la administración regional y hacia las 14.40 horas todos los sistemas han recuperado la normalidad.

El Gobierno de La Rioja va a encargar un informe exhaustivo para cuantificar las incidencias. Como primera valoración, apuntan que todos los servicios que funcionan con servidores Windows, lo que incluye el acceso a la red y a los sistemas informáticos y a muchas aplicaciones desde los puestos de trabajo de los empleados públicos, así como el acceso de teletrabajo, se han visto afectados.

La caída informática ha provocado que algunas operaciones quirúrgicas se han retrasado, aunque se ha seguido operando con normalidad, y en consultas ha provocada fallos de acceso al historial médico de los paciente y caída del servicio. Los profesionales han apuntado los datos en papel mientras ha durado la incidencia y luego se han pasado al servicio responsable para que lo añada al historial.

Diversos especialistas en ciberseguridad han responsabilizado del fallo a una actualización defectuosa del sistema Falcon de CrowdStrike, que a su vez habría causado un fallo en cadena en Windows y Azure, el sistema de computación en la nube de Microsoft. CrowdStrike es una empresa de ciberseguridad que protege redes informáticas contra ataques, utilizando inteligencia artificial y tecnología en la nube. Se especializa en servicios de detección y prevención de amenazas en tiempo real. Sus acuerdos con Azure, el segundo operador de servicios en la nube del mundo, hacen que su software esté profundamente integrado en la red global.