La actual 'número dos' del PP, Cuca Gamarra, contribuyó a que el Gobierno de La Rioja se convirtiera en una especie de agencia de colocación de afines y conocidos del partido durante el mandato de Pedro Sanz –recién elegido miembro del Consejo de Estado–, entre 1995 y 2015. El nombre de la secretaria general de los populares aparece en varios de los documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es, que evidencian la mediación del Ejecutivo riojano en la etapa de Sanz con empresas públicas y privadas a las que directamente pedía trabajo para simpatizantes, cargos públicos del PP o sus familiares. Además, solicitantes de empleo consultados por este diario han confirmado que fue Gamarra la que les indicó que pidieran trabajo al gabinete de presidencia.

En 2011, meses antes de convertirse en alcaldesa de Logroño, Gamarra recomendó a varias personas cercanas a su partido que escribieran a Arturo Steven, jefe de gabinete de Sanz durante sus 20 años de mandato, para pedirle trabajo. Todo ocurrió en un periodo en el que el entonces presidente riojano y también Steven recibían decenas de correos en sus cuentas oficiales de ciudadanos afines pidiéndoles que intercedieran para conseguirles trabajo. Posteriormente, casi siempre a través de Steven, el equipo de Sanz remitía los currículums a compañías privadas a través de su cuenta de correo oficial, la del Gobierno, solicitándoles que se les diera un empleo.

En un correo remitido en enero de 2011 al propio Steven, uno de esos demandantes de empleo describió con las siguientes palabras el papel de Gamarra como enlace del equipo de la Presidencia de La Rioja, que actuaba como una agencia de colocación: “Hola Arturo buenos días, soy Alfredo de Varea [localidad adscrita a Logroño], ayer estuve en la reunión de vecinos que celebró Cuca Gamarra [entonces concejal del Ayuntamiento de la capital riojana] en Varea y estuvimos charlando un rato, y me preguntó cómo estaba el asunto de trabajo de mi hijo”.

A renglón seguido, el ciudadano explica cómo Gamarra le facilitó el correo oficial –el del Gobierno– de Arturo Steven, mano derecha de Pedro Sanz, que era quien se encargaba de solicitar a empresas públicas y privadas de la región que contrataran a simpatizantes o familiares de cargos del PP en La Rioja. “[La hoy 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo] me dio la dirección de tu correo electrónico para ponerme en contacto contigo y para que si sabías algo al respecto me informarías, pues me he enterado por otra persona en la misa reunión que sí que estaban cogiendo gente en embutidos Palacios”, le dijo este vecino a Steven, en su mail. “Te agradecería que me comentases algo sobre el tema, sé que estarás muy liado de trabajo, pero como comprenderás esto es un sin vivir (sic) para mí y mi chaval, pues como dijimos la cosa está muy mal para encontrarle algo”, apuntó, antes de enviar al entonces jefe de gabinete de Pedro Sanz “un efusivo saludo”.

La relación con el Grupo Palacios

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, este ciudadano añadió en su mail el currículum de su hijo, de nombre Jorge. Y en una anotación manuscrita, en el mismo documento, se puede leer: “Enviado a Palacios el 14 de enero de 2011”. Es decir, lo que reflejan estos textos es que después de que Gamarra le sugiriera a este ciudadano escribir a Steven para pedirle trabajo para su hijo, el entonces jefe de gabinete de Pedro Sanz no solo recibió el currículum del joven sino que lo remitió al Grupo Palacios, una de las principales empresas de alimentación de La Rioja a la que recurría habitualmente para pedir colocar a afines al PP.

Al margen del caso de Varea, citado al inicio de esta información, el nombre de Cuca Gamarra aparece en otro de los mails enviados a Arturo Steven pidiéndole trabajo mientras este era el jefe de gabinete de Pedro Sanz. “En una primera instancia quisiera agradecerles a Cuca y a usted la molestia y el tiempo que se han tomado en recibir mi currículum vitae para un posible puesto de trabajo”, escribió una solicitante de empleo que se identificó como Irene, en el correo enviado a Steven el 3 de enero de 2011, dando a entender que también hizo llegar ese mismo mensaje a Gamarra.

“Considero que sabrán encontrar un puesto que se adapte a mi perfil, puesto que le comenté a Cuca Gamarra que ahora, en precampaña o en campaña electoral [en mayo de 2011, cuatro meses después del envío del mail, se celebraron las elecciones municipales que encumbraron a Gamarra a la Alcaldía de Logroño] sé que se proporciona desde la sede más fondos para la consecución de objetivos y uno de ellos es la captación de capital humano”, le escribió a Steven.

Según la información contrastada por este diario, esta ciudadana, con la que ha podido hablar elDiario.es, llegó a visitar a Gamarra en el Ayuntamiento de Logroño, que le indicó que debía escribir a Steven. Una vez recibido por el jefe de gabinete de Pedro Sanz, su currículum también fue enviado por la Presidencia de La Rioja a Palacios, pidiéndole empleo a través de cauces oficiales.

Este diario se ha puesto en contacto con el equipo de Gamarra para preguntarle por esos contactos, pero la 'número dos' del PP no ha querido realizar ningún comentario.

Steven, al que Gamarra pedía acudir a quienes le pedían trabajo, mantenía una relación más que cordial con Pedro Domínguez, consejero delegado del Grupo Palacios, al que se refería como “estimado amigo” y al que, tal y como refleja la documentación recopilada, envió decenas de currículums de personas cercanas a él o a Sanz para solicitarle que las colocara en su empresa. Sin embargo, en una conversación telefónica con este diario, Steven se limitó a mostrarse “sorprendido” por el contenido de los correos reproducidos por elDiario.es y dijo no conocer a Domínguez, con el que se intercambió numerosos mails.

El 10 de marzo de 2011, Julia Veres, entonces secretaria de Inmigración del PP de La Rioja, envió a Arturo Steven un correo pidiéndole trabajo para un familiar. “Arturo, Buenas tardes. Tal como hemos hablado remito el currículo de Alexandru (...). Espero tus noticias. Un saludo. Julia Veres”, escribió ella, que adjuntó el citado currículum. Apenas mes y medio después, el 28 de abril de 2011, Steven utilizó su mail oficial para remitir el currículum de Alexandru a Domínguez, consejero delegado de Palacios. “Estimado amigo Pedro. Adjunto te remito el currículum de Alexandru, como te comenté. Un saludo. Arturo Steven”, le escribió, acompañando el texto con el logotipo oficial del Gobierno de La Rioja. Al día siguiente, Domínguez le contestó: “Buenas tardes, Arturo. El trabajador Alexandru comienza a trabajar con contrato de un mes de ett el próximo 02/05/2011 en la sección de sala blanca de pizzas. Un saludo. Pedro”.

elDiario.es se puso en contacto con el Grupo Palacios para tratar de obtener alguna explicación acerca de los correos entre Arturo Steven y Pedro Domínguez, consejero delegado del grupo alimentario, sobre las peticiones de empleo y sus respectivas respuestas. Desde el departamento de prensa se remitió al de marketing que, vía mail, optó por no hacer ningún tipo de comentario al respecto.

La implicación de las secretarias

Patricia Gil, secretaria de Steven durante su etapa en el Gobierno de La Rioja, era una de las integrantes del equipo de Sanz que, según los correos recopilados, se encargaba de pedir trabajo a empresas privadas utilizando para ello medios públicos, como su dirección de correo oficial de la Presidencia de la región. “Tal como quedó D. Arturo Steven con el Sr. D. Pedro Domínguez en la conversación que mantuvieron a principios de esta semana, adjunto remito el currículum de Dª María (...), a fin de que se lo haga llegar al Sr. Domínguez”, le escribió en septiembre de 2013 Gil a María Medrano, responsable del Grupo Palacios.

En los correos recogidos por este diario también hay solicitudes de empleo tramitadas por Malú Urbina, la secretaria de Pedro Sanz. “Hola Malú, soy María (...) la hija de Reyes Morales. Me ha dicho mi madre que había hablado contigo y que te podía mandar el cv para posibles trabajos. Muchas gracias por todo, por ser tan buena con mi madre y por aceptar mi cv. Te voy a mandar los dos que tengo, el que uso para televisión y el de otros trabajos. Estamos en contacto. Un beso”, escribió una de las solicitantes, el 11 de marzo de 2014.

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El Gobierno de La Rioja actuó como una agencia de colocación de afines y conocidos del PP durante el mandato de Pedro Sanz, que se mantuvo como presidente de la región entre 1995 y 2015 y que desde marzo es miembro del Consejo de Estado. Tal y como se evidencia en las decenas de documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es, la mediación del Ejecutivo riojano con empresas privadas a las que directamente pedía trabajo para simpatizantes, cargos públicos del PP o familiares de los mismos se convirtió en una constante, al menos entre 2009 y 2015.

El propio Sanz y su jefe de gabinete durante 20 años, Arturo Steven, recibían decenas de correos en sus cuentas oficiales de ciudadanos afines pidiéndoles que intercedieran para conseguirles trabajo. Posteriormente, casi siempre a través de Steven, el equipo de Sanz remitía los currículums a compañías privadas a través de su cuenta de correo oficial, la del Gobierno, solicitándoles que se les diera un empleo. Las peticiones a las que ha tenido acceso este diario son de lo más variopintas, pero evidencian la existencia de una suerte de red de contactos por la que el PP, desde el Gobierno de La Rioja, utilizaba su influencia para colocar a personas cercanas.

En febrero de 2009, una ciudadana que aseguraba tener los títulos de “auxiliar sanitario y celadora”, envió la siguiente carta al propio Sanz. “Sñr. presidente de la comunidad de la Rioja. Soy una votante con toda su familia del PP. Me llamo Beatriz, llevo recorrida toda la Rioja y provincias limítrofes para dejar mi currículum, pero no hay manera (...) y necesito trabajar tres años más como sea. (...) Estoy tan desesperada que no me importa que el trabajo sea lo que no quiere nadie, de noches, de lo que sea (...). Nunca pedí un favor a nadie, por favor se lo pido, no les pido caridad, les pido trabajo”, zanja. En las anotaciones escritas desde la Presidencia de La Rioja se puede leer: “Recibida por Arturo el 17/4/2009. Pasada a Dolores Rubio”. Es decir, que el gabinete de Sanz envió la mencionada petición de empleo a Rubio, que entonces era directora general de Salud Pública de La Rioja.

También en 2009, en noviembre, un ciudadano que se presenta como vigilante de seguridad y miembro del PP de Alcanadre (La Rioja), envió otro mail a la cuenta oficial de Sanz (presidente@larioja.org), que fue atendido por el equipo del Ejecutivo riojano, que envió su candidatura a varias compañías, según los correos recogidos por elDiario.es. “Después de más de 40 años sirviendo al PP, apoyando al PP, votando al PP y hacer y poner mis esfuerzos por las campañas... abogo a ti (sic) para que me ayudes a encontrar un empleo de vigilante de seguridad privada (...). Sé que vosotros si queréis podéis ayudarme, y yo os lo pido por favor. Es un favor que no es tan grande habiendo como hay tanta oferta de vigilantes (...). Ruego pues a los míos de siempre... que cuando me ha tocado hacer cosas más difíciles por el partido las he hecho, me ayuden ahora”, escribió él.

“Sé que los problemas de los riojanos los hace suyos”

En las anotaciones de los documentos recogidos por este diario se especifica que Arturo Steven “habló” en septiembre de 2009 con otro demandante de empleo que, en un mail, le dedicó estas palabras a Pedro Sanz: “Sr. presidente, sé que los problemas de los riojanos usted los hace suyos, por eso le escribo, porque me he visto afectado por la lacra del paro, le mando un currículum, por si fuese necesario algún chófer o para cualquier trabajo que pueda desempeñar, no quiero un trato preferencial y no le mandaría un currículum a vd. si mi situación no fuese tan mala”.

Las solicitudes eran, en algunos casos, muy explícitas. Un ciudadano llamado Maxi, al que el departamento de Presidencia de Sanz, en sus anotaciones en el currículum se refería como “cura de la sierra”, llegó a enviar un listado de “posibles trabajos a realizar”. Él, directamente, pidió un puesto “en el centro de Discapacitados de La Grajera”. También se ofreció como “educador o cuidador en el centro Aspace Rioja” y llegó a postularse para trabajar “en la Consejería de Cultura”, en “bibliotecas públicas” o en “alguna residencia de personas mayores” que, matiza, “a ser posible” debía ser una “no regentada por religiosas”. Otros empleos que Maxi pidió al entonces jefe de gabinete de Pedro Sanz cuando este presidía La Rioja fueron “bedel en alguna facultad”, trabajar “en alguna recepción de residencias u otros organismos”, “alguna portería con horario (no interno)”, o formador y profesor.

En el currículum, se puede leer cómo el equipo de Sanz especifica, apuntado a mano, que “estuvo con Arturo [Steven, jefe de gabinete de Pedro Sanz] reunido”. A renglón seguido se explica que le han puesto en contacto con una empresa privada. “Arturo ha hablado con José Ángel García Mena (Asprodema). Maxi ha quedado con José Ángel en Asprodema”. “Y también le aconsejamos que prepare unas oposiciones”, se añade, en las notas.

Una pareja que según las anotaciones son “hijo y nuera” de “Patro Martínez”, también le pide a Sanz “si fuese posible, un trabajo de 4 o 6 horas por la mañana, de lunes a viernes, en un organismo de su dependencia”.

Patricia Gil, secretaria de Steven durante su etapa en el Gobierno de La Rioja, era una de las integrantes del equipo de Sanz que, según los correos recopilados, se encargaba de pedir trabajo a empresas privadas utilizando para ello medios públicos, como su dirección de correo oficial de la Presidencia de la región. “Tal como quedó D. Arturo Steven con el Sr. D. Pedro Domínguez en la conversación que mantuvieron a principios de esta semana, adjunto remito el currículum de Dª María (...), a fin de que se lo haga llegar al Sr. Domínguez”, le escribió en septiembre de 2013 Gil a María Medrano, responsable del Grupo Palacios, una de las empresas alimenticias más importantes de La Rioja. Domínguez, al que Gil hace referencia en su mail, es el consejero delegado del Grupo Palacios que, tal y como desveló elDiario.es este lunes, mantenía un estrecho contacto con Steven, al que llegaba a informarle vía mail sobre cómo atendía sus peticiones y contrataba en su empresa a las personas sugeridas desde el equipo de Presidencia de La Rioja.

En los correos recogidos por este diario también hay solicitudes de empleo tramitadas por Malú Urbina, la secretaria de Pedro Sanz. “Hola Malú, soy María (...) la hija de Reyes Morales. Me ha dicho mi madre que había hablado contigo y que te podía mandar el cv para posibles trabajos. Muchas gracias por todo, por ser tan buena con mi madre y por aceptar mi cv. Te voy a mandar los dos que tengo, el que uso para televisión y el de otros trabajos. Estamos en contacto. Un beso”, escribió una de las solicitantes, el 11 de marzo de 2014.

Hijos de concejales y alcaldes

Meses antes, el 25 de noviembre de 2013, Delia Sáez-Benito Abad, que durante años fue funcionaria de la administración riojana, también pidió trabajo a Pedro Sanz en una carta que le hizo llegar directamente al entonces presidente de La Rioja. “Sr. Presidente: Me permito acompañarte el Currículum de mi hija Cristina (...), que en alguna ocasión hemos comentado, por si encajara en algún puesto. (...) No dudo y confío en que si está en tus manos harás lo posible para que pueda obtener un puesto de trabajo”, concluye. Según las anotaciones manuscritas, Sanz se encargó de responder a esta solicitante el 17 de febrero de 2014.

En otro mail dirigido a la cuenta oficial de Sanz (presidente@larioja.org), un ciudadano que se identifica como Jesús Moreno escribe a Sanz lo siguiente: “Querido presidente y amigo Pedro, tal y como hemos quedado en conversación mantenida esta tarde te mando el currículum de mi hija Inés. Espero tu interés por el mismo y te estamos muy agradecidos por tu atención”. Arturo Steven, el entonces jefe de gabinete de Sanz, aseguró en otra anotación haber llamado por teléfono a otra solicitante, Irene Martínez, que en su mail para pedir trabajo aseguró que el 3 de enero de 2011 se había presentado “en el Palacete del Gobierno a las 10 de la mañana” y entregó “un sobre en recepción con una carta de presentación” dirigida a Steven y su currículum. “Me pongo en comunicación con Ud. ya que me extraña muchísimo que no haya recibido ninguna comunicación al respecto y quisiera saber si le fue entregado dicho sobre”, concluye.

Entre los remitentes se identifica a, entre otros, un joven que, según las anotaciones, es “hijo de Espe, concejal de Alberite”. De otra de las solicitantes de empleo se señala que es “hija de Luis Cárdenas, exalcalde de Tudelilla”, del PP. Y se menciona, asimismo, a la “hija de Honorio de Ausejo”, en alusión al entonces alcalde de esa localidad riojana, Honorio Pinilla, también del PP, como una tercera demandante de trabajo. Todos ellos utilizaron distintas fórmulas para pedir explícitamente al que en ese momento era el presidente de La Rioja y a su equipo que les encontraran un empleo.

En las cartas que se adjuntan a los currículums remitidos desde la Presidencia de La Rioja a compañías privadas como la citada Palacios hay personas que se identifican como “votantes del PP”, militantes o simpatizantes del partido. Y, según ha podido saber este diario, muchos otros eran familiares de amigos personales de Sanz y de Steven o estaban vinculados a empresarios de la región.

En conversación telefónica con este diario Arturo Steven se limitó a mostrarse “sorprendido” por el contenido de los correos reproducidos en esta información y dijo no conocer, por ejemplo, a Pedro Domínguez, el consejero delegado de Palacios –una de las principales empresas de la región– con el que se intercambió los mails en los que le llama “estimado amigo”. El propio Sanz evitó responder a las llamadas y los mensajes de elDiario.es.

“Arturo, Buenas tardes. Tal como hemos hablado remito el currículo de Alexandru (...). Espero tus noticias. Un saludo. Julia Veres”. El 10 de marzo de 2011, Julia Veres, entonces secretaria de Inmigración del PP de La Rioja, envió ese mensaje por mail a Arturo Steven, jefe de gabinete del popular Pedro Sanz –que recientemente ha sido elegido miembro del Consejo de Estado– durante los 20 años en los que el también exsenador presidió la comunidad riojana, entre 1995 y 2015. El citado correo iba acompañado del currículum de un familiar de la dirigente del PP.

Apenas mes y medio después, el 28 de abril de 2011, Steven utilizó su mail oficial (arturo.steven@larioja.org) para remitir el currículum de Alexandru a Pedro Domínguez, consejero delegado del Grupo Empresarial Palacios Alimentación, una de las compañías alimentarias más importantes de La Rioja. “Estimado amigo Pedro. Adjunto te remito el currículum de Alexandru Veres, como te comenté. Un saludo. Arturo Steven”, le escribió, acompañando el texto con el logotipo oficial del Gobierno de La Rioja. Al día siguiente, Domínguez le contestó: “Buenas tardes, Arturo. El trabajador Alexandru Verus (sic) comienza a trabajar con contrato de un mes de ett el próximo 02/05/2011 en la sección de sala blanca de pizzas. Un saludo. Pedro”.

Este intercambio de correos, al que ha tenido acceso elDiario.es, es solo un ejemplo de cómo durante al menos seis años, entre 2009 y 2015 –periodo en el que se fecha la documentación recopilada–, el Gobierno de La Rioja, bajo la presidencia de Sanz, actuó como una agencia de colocación de personas vinculadas al PP o sus familiares. El equipo de Sanz utilizó medios públicos, como las cuentas de correo oficiales, y su influencia sobre las principales empresas de la región.

Este diario ha accedido a decenas de mails que evidencian un mismo modus operandi: cargos del partido, militantes o simpatizantes hacían llegar peticiones de trabajo para ellos mismos o sus familiares al gabinete de la Presidencia de Sanz que, casi siempre a través de Steven, el jefe del departamento, remitía los currículums a compañías privadas a través de su cuenta de correo oficial, la del Gobierno, solicitándoles que se les diera trabajo.

Otro correo que ejemplifica cómo funcionaba el Gabinete de la Presidencia de La Rioja en la etapa de Pedro Sanz es el que envió Jorge Abeledo a Steven el 28 de abril de 2014. “Hola buenas tardes Arturo, soy Jorge Abeledo (...), el hijo de Luis (Laguna de Cameros)”, apunta. “Es en relación a una oferta de empleo con dos vacantes, exactamente de programador web, en la empresa Knet (...). No sé si tendrá contacto con esta empresa, pero le agradecería enormemente que apoyase mi candidatura, con el objetivo de reforzarla y poder optar, más firmemente, a este puesto de trabajo. Le doy las gracias anticipadas Arturo (...)”, concluye.

“Este es el procedimiento”

La respuesta de Steven llegó un día después, el 29 de abril de 2014: “Buenos días, Jorge, de acuerdo, lo voy a intentar. Este es el procedimiento. Un saludo”, zanjó el jefe de gabinete de Sanz. El correo lo envió desde su cuenta oficial y, con sus palabras –“este es el procedimiento”–, dio por bueno el sistema para pedir trabajo utilizado por Abeledo: escribir directamente al jefe de gabinete del presidente de La Rioja para que intercediera a su favor en un proceso de selección de una empresa privada.

Entre los documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es se encuentran multitud de currículums enviados por distintas personas al propio Sanz, a Steven y a su secretaria. En todos ellos se pueden leer anotaciones manuscritas que identifican a los protagonistas de esos currículums remitidos a los máximos responsables de La Rioja entre 1995 y 2015. En uno se puede leer: “Estuvo con el presidente por el tema del consultorio de Bergasa”. “Su marido es Leopoldo Martínez Rubio (...) llamó por teléfono al presidente y le recibió Arturo”, se ve escrito en el currículum de otra de las solicitantes de empleo, que llegó a escribir al jefe de gabinete de Sanz hasta en tres ocasiones.

En un tercer currículum, se lee lo siguiente: “Estuvo con el presidente y Arturo. Trabajaba en Travelcar de Duquesa de la Victoria”. A continuación, se indica que el documento se ha enviado a otra empresa de la región. A otro demandante de empleo se le identifica como “cura de la sierra”, se especifica que “estuvo con Arturo reunido” y, a renglón seguido, se explica que se le ha puesto en contacto con otra compañía. “Y también le aconsejamos que prepare unas oposiciones”, se añade, en las notas.

En los documentos consultados, decenas de currículums se acompañan de justificantes de envío a compañías privadas desde las cuentas oficiales de Steven o de Patricia Gil, su secretaria.

Entre los remitentes se identifica a, entre otros, un joven que, según las anotaciones, es “hijo de Espe, concejal de Alberite”. De otra de las solicitantes de empleo se señala que es “hija de Luis Cárdenas, exalcalde de Tudelilla”, del PP. Y se menciona, asimismo, a la “hija de Honorio de Ausejo”, en alusión al entonces alcalde de esa localidad riojana, Honorio Pinilla, también del PP, como una tercera demandante de trabajo. Todos ellos utilizaron distintas fórmulas para pedir explícitamente al que en ese momento era el presidente de La Rioja y a su equipo que les encontraran un empleo.

En las cartas que se adjuntan a los currículums remitidos desde la Presidencia de La Rioja a compañías privadas como la citada Palacios hay personas que se identifican como “votantes del PP”, militantes o simpatizantes del partido. Y, según ha podido saber este diario, muchos otros eran familiares de amigos personales de Sanz y de Steven o estaban vinculados a empresarios de la región.

elDiario.es mantuvo el pasado miércoles una breve conversación telefónica con Arturo Steven. El que fue la 'mano derecha' de Sanz se limitó a mostrarse “sorprendido” por el contenido de los correos reproducidos en esta información y dijo no conocer, por ejemplo, a Pedro Domínguez, el consejero delegado de Palacios –una de las principales empresas de la región– con el que se intercambió los mails en los que le llama “estimado amigo”.

Este diario también llamó a Pedro Sanz, al que dejó un mensaje en su contestador automático y escribió un mensaje de Whatsapp para tratar de obtener una valoración o una explicación de las mencionadas prácticas de búsqueda de empleo de su Gobierno. Por el momento, no ha habido ninguna respuesta por parte del expresidente riojano.

elDiario.es también se puso en contacto con el Grupo Palacios para tratar de obtener alguna explicación acerca de los correos entre Arturo Steven y Pedro Domínguez, consejero delegado del grupo alimentario, sobre las peticiones de empleo y sus respectivas respuestas. Desde el departamento de prensa se remitió al de marketing que, vía mail, optó por no hacer ningún tipo de comentario al respecto tras intentar que se le remitiera este reportaje antes de ser publicado.

Sanz: “El fin último de la política es buscar la felicidad”

Tras su salida de la Presidencia de La Rioja, donde permaneció 20 años, Sanz siguió como diputado en el parlamento riojano hasta 2019. Además, en 2015, nada más dejar el poder, fue elegido senador por designación autonómica y ejerció de vicepresidente primero del Senado entre 2016 y 2019. Precisamente hace unos días, el 30 de marzo, Sanz tomó posesión como consejero electivo del Consejo de Estado tras el pacto alcanzado por PSOE y PP para los nuevos nombramientos en el citado órgano consultivo. En su toma de posesión, Sanz consideró que “el fin último de la política debe ser atender y buscar el bienestar y la felicidad de las personas” y, según informó la agencia Europa Press, el expresidente riojano abogó por que el ejercicio de los políticos “sea vocacional” porque “solo si es así” se comprende “que la pasión y la convicción resultan los pilares en los que debe residir toda su fuerza”.

Steven, por su parte, mantuvo una trayectoria completamente distinta tras su salida del Gobierno de La Rioja. Después de que, en 2017, el rey Felipe VI le impusiera la Real Orden de Isabel la Católica por sus buenas relaciones con la Casa Real, el exjefe de gabinete de Sanz dio el salto a Vox, donde llegó a ser secretario provincial de La Rioja. En febrero de 2020, sin embargo, abandonó el partido por discrepancias con la gestora que se estaba encargando en ese momento de dirigir la formación de extrema derecha en la región.

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La Audiencia Provincial de La Rioja ha acordado la investigación de las 69 construcciones diseminadas en el municipio riojano de Villamediana de Iregua, entre ellas el chalé del vicepresidente primero del Senado y expresidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz, del Partido Popular. Estas construcciones estaban en suelo no urbanizable y luego fueron “legalizadas” a través del Plan General Municipal de esta localidad, aprobado en 2013.

Según ha informado el TSJR en un comunicado, ya el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño dictó un auto el 20 de octubre de 2016 acordando que se dedujera “testimonio de los particulares necesarios de las actuaciones seguidas en diligencias previas e incoar nuevas diligencias previas 918/16 para seguir la instrucción por delito de urbanismo y prevaricación administrativa”.

En el juzgado referido se instruían las diligencias 498/15 por la edificación en suelo rústico de 20 construcciones en el municipio de Villamediana. Con el auto mencionado del 20 de octubre de 2016 se abrían unas nuevas diligencias -las 918/16- por otras 69 construcciones más del llamado sector diseminado. En el auto se mencionaba que entre estas edificaciones se encontraba la del ex presidente de La Rioja y actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

Este auto fue recurrido por el exalcalde de Villamediana Tomás Santolaya solicitando su archivo. El Juez Instructor admitió el recurso dejando sin efecto el anterior auto de 20 de octubre de 2016 por considerar que la investigación que se pretendía era “prospectiva”. Una instrucción prospectiva en términos jurídicos significa acometer investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una persona sin tener noticia de la comisión de un hecho concreto que revista caracteres de infracción penal. Así el auto del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 dice que “los tribunales no podrán realizar investigaciones prospectivas sin que existan indicios objetivos de los presuntos hechos que se quieren averiguar”

Este segundo auto dejando sin efecto la investigación sobre el sector diseminado con 69 construcciones de Villamediana fue recurrido por el actual Ayuntamiento de esta localidad y por el fiscal ante la Audiencia Provincial, que los ha estimado parcialmente.

Según la resolución dictada por la Sala, la investigación no puede calificarse de prospectiva porque ya en el atestado del SEPRONA, que dio lugar a la investigación judicial, se hace referencia a que hay 20 edificaciones en suelo rústico (sobre las que se abrieron las diligencias 498/15) y otras 69 que están construidas en suelo calificado como urbanizable de acuerdo con el PGM (Plan General Municipal) de ordenación urbanística aprobado por el Ayuntamiento y de Villamediana el 17 de junio de 2013. Por lo tanto, según la Audiencia Provincial, ya había indicios que justifican la continuación de las diligencias en relación con las 69 construcciones del sector diseminado. De esta forma la Audiencia Provincial ordena que se continúe la investigación de estas 69 edificaciones en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño.

En el recurso del Ayuntamiento actual se alegaba la comisión de un delito de prevaricación administrativa en relación a la aprobación del PGM de 17 de junio de 2013 para beneficiar al ex presidente de La Rioja. La Audiencia resuelve en el mismo sentido que el instructor, que consideró que no se había acreditado ningún indicio de que se aprobara y se informara a favor de dicho plan por el pleno del consistorio y por la COTUR respectivamente para beneficiar a ningún titular concreto de las construcciones diseminadas.

En el auto recurrido, que dejaba sin efecto la investigación sobre el sector diseminado, el juez no se pronunciaba sobre el delito urbanístico contra la ordenación del territorio alegado en su recurso por el actual Ayuntamiento de Villamediana. Por lo tanto, la Audiencia Provincial no resuelve sobre este delito porque primero debe pronunciarse el juez instructor. Es éste el que debe averiguar si se ha cometido el delito y la segunda instancia, es decir, la Audiencia Provincial ratificar o no su comisión.

La Audiencia, sin embargo, sí explica en su resolución que la última doctrina del Tribunal Supremo afirma que “la modificación del Plan de Ordenación Urbana, que tras su aprobación cambia la clasificación del suelo, no varía el carácter de edificación no autorizable al tiempo de realizarse los hechos que es lo que exige el tipo penal exigible. El delito no desaparece por esa intención del Consistorio de proceder a modificar el plan” (auto del T. Supremo de 17 de marzo de 2014). También afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018 que “aunque la normativa administrativa varíe la calificación del suelo, ello no afectaría a la antijuricidad de la conducta pasada”.

Sobre los delitos de prevaricación por falta de vigilancia e inspección y por conceder licencias de servicios municipales de agua y luz por parte del Ayuntamiento encabezado por Tomás Santolaya alegado también en el recurso, la Sala considera que en estos dos delitos tampoco ha habido pronunciamiento por el instructor. La Audiencia señala que debe ser el juez instructor quien se pronuncie primero sobre la comisión o no de estos delitos y la Audiencia Provincial resolver sobre los mismos en segunda instancia.

En cuanto a la prescripción de los hechos investigados alegada por el ex alcalde Santolaya en su recurso, el Tribunal estima que no es el momento procesal oportuno para su resolución.

Recurso desestimado

La Sala también ha resuelto el recurso interpuesto por Tomás Santolaya contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño de 15 de mayo de 2017 que dieron lugar a las Diligencias Previas 527/17. Auto por el que se admitía la denuncia presentada por el actual Ayuntamiento de Villamediana.

En el mencionado auto se solicitaban distintas diligencias de investigación sobre la edificación de Pedro Sanz en el sector diseminado y se acordaba la elevación de las actuaciones por un presunto delito contra la ordenación del territorio y urbanístico a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada su condición de aforado como vicepresidente del Senado. En estas nuevas diligencias también se investiga por el mismo delito a la esposa del expresidente riojano y a la empresa Foralia que realizó las obras. En el auto se pedía también la declaración de Santolaya y del técnico del Ayuntamiento como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El fiscal también recurrió el mencionado auto solicitando que las actuaciones no se elevaran al Supremo y pidiendo la acumulación de estas nuevas diligencias a las que se abrieron en el Juzgado de Instrucción nº 3 (918/16), ya que la construcción propiedad de Pedro Sanz está incluida en el sector diseminado de las 69 construcciones.

La Audiencia Provincial desestima el recurso contra el auto de admisión de la denuncia y acuerda su tramitación “por cuanto los hechos pueden ser constitutivos de los delitos que en ella se exponen con independencia del resultado de la tramitación, por cuanto la admisión a trámite bastará con esa posibilidad, sin necesidad de la concreta concurrencia de indicios”.

La Sala, de acuerdo con el recurso del fiscal, ordena que la denuncia se acumule a las diligencias 918/16 abiertas en el Juzgado de Instrucción 3 de Logroño por tratarse de una edificación más de las 69 que hay en el sector diseminado.

La Fiscalía General del Estado también modificó el criterio de un informe fiscal desfavorable para frenar la investigación sobre el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, por posible prevaricación urbanística en el caso de su chalet de Villamediana de la Iregua levantado en terreno no urbanizable, según informa El Mundo.

La noticia se conoce después de que este miércoles la Fiscalía General se opusiese a acusar al presidente de Murcia contra el criterio de las dos fiscales del caso Púnica y del juez, Eloy Velasco, y de que el PSOE haya pedido la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso para explicar si existieron presiones por parte del Gobierno.

El responsable de este organismo, José Manuel Maza, ha rechazado cualquier tipo de presión este jueves en relación a este caso, mientras el ministro de Justicia ha restado importancia al asunto en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha cargado también contra las dos fiscales del caso por hacer constar sus discrepancias.

Según revela El Mundo, el fiscal del caso de Pedro Sanz archivó la causa por posible prevaricación porque, aunque existían “indicios de la comisión de este delito”, no eran “suficientes para ordenar la investigación penal”. El actual vicepresidente del Senado convirtió una casa de aperos en un chalet de dos plantas en un suelo no urbanizable mediante sucesivas licencias.

En 2013, el alcalde de Villamediana de Iregua impulsó un Plan General Municipal que favoreció la regularización de las obras realizadas en la vivienda. Por ello, en octubre de 2016 una jueza dictó un auto en el que ordenaba investigar si el ayuntamiento había modificado su normativa para avalar que Sanz construyese su vivienda. La magistrada señalaba que la normativa “podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular”.

La Fiscalía General pidió al fiscal del caso un informe –remitido a la Secretaría Técnica– en el que se considera a Pedro Sanz presunto autor de un delito urbanístico. El fiscal preparó entonces un segundo informe para rechazar el recurso que había presentado el alcalde y continuar investigando.

Ese documento, sin embargo, finalmente concluyó que debía archivarse la causa. Tras pasar por la Secretaría Técnica, el redactado final del informe razona que debe archivarse “no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal”.

El PP lo niega: “Ni siquiera estaba investigado”

Tras la información difundida por el diario El Mundo, el Partido Popular de La Rioja ha emitido un comunicado para negarlo: “Es imposible que se haya dado instrucción de no acusar a Pedro Sanz, porque ni siquiera estaba investigado”.

“No existe ningún auto contra Pedro Sanz. El auto de la juez sustituta era contra el Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana, donde Pedro Sanz tiene una casa, como 90 personas más”. En el escrito se explica que “el juez titular acordó la revocación de ese auto sobre la base de que la apertura de la instrucción no tenía ningún indicio e implicaba iniciar una causa general, que es ilegal”.

“Este mismo auto establece y reconoce que este mismo fiscal de La Rioja en 2015 informó negativamente sobre iniciar una investigación respecto a todas estas edificaciones, porque no había indicio alguno de delito”, añade.

En concreto, el PP señala que el auto dice textualmente: “Esos datos para cuya recopilación se acuerda incoar un nuevo proceso penal, son datos a recabar respecto de una generalidad de personas; personas frente a las cuales tanto el SEPRONA como la Fiscalía ya descartaron, en su día, que hubiera motivos para ser investigadas judicialmente; generalidad de personas frente a las cuales no existen indicios concretos de comisión de delito; frente a ninguna de las cuales se dirige en concreto la investigación judicial y sin que ninguna de ellas haya sido declarada investigada”.

Finaliza afirmando que el Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana se aprobó en 2013, pero “se empezó a tramitar 8 años antes para ordenar el urbanismo de este municipio en un procedimiento normal, con la participación de todos los vecinos, y no ha sido recurrido por absolutamente nadie”.

Un juzgado de Logroño ve indicios de que el chalet del expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado Pedro Sanz se legalizó contraviniendo “criterios urbanísticos”. Una jueza ha ordenado que se investigue si el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua modificó su normativa para avalar que Sanz construyese una vivienda de casi 200 metros en un terreno rústico en el que había una casa de aperos.

El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, avanzado por la cadena SER, afecta a un total de 69 construcciones, y pide investigar por un posible delito de prevaricación al ex alcalde de Villamediana, el popular Tomás Santolaya y siete concejales -seis del PP y uno del Partido Riojano-, que en un pleno de mayo de 2013 votaron a favor del Plan General Municipal, con el que se “legalizaron” esas construcciones.

Para el caso concreto del vicepresidente del Senado, el auto solicita averiguar si esa decisión “discrecional” del planeamiento municipal se ha basado en motivos “espurios” por permitir la legalización de la vivienda familiar de Sanz en un suelo rústico no urbanizable.

El auto señala que la decisión municipal de hacerlo urbanizable en 2013 no está basada “en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular”.

Investigado desde 2014

La Justicia puso el foco en el chalet de Sanz en 2014. Un expediente del Ayuntamiento señaló que las obras hechas por Sanz suponían “infracciones graves”, pero el cambio del Plan General Urbanístico legalizó esas obras.

El Ayuntamiento aprobó el nuevo régimen urbanístico en junio de 2013 y la parcela de Pedro Sanz pasó a ser calificada como “suelo urbanizable delimitado”. Ante el cambio legal, el alcalde solicitó un nuevo informe sobre la situación del chalet del presidente.

El arquitecto municipal emitió un documento en el que aseguraba que el plan vigente permitía afirmar que las obras ejecutadas eran legalizables. Esto implicaba que las presuntas irregularidades pasaban a ser sanciones leves cuyo plazo de prescripción era de un año, y, por tanto, ya había pasado.

El municipio en el que se encuentra la construcción vivió una expansión urbanística durante los años de la burbuja inmobiliaria.  La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 aludía a “la proliferación de construcciones ilegales” en Villamediana de Iregua, en cuyo gobierno municipal veía “una omisión absoluta de las funciones de vigilancia urbanística”.

Indicaba que ello se mantuvo en el tiempo de forma que “hacía imposible aceptar cómo en un término municipal de tan reducido tamaño no se hubiera tenido conocimiento de las construcciones que de forma continuada se habían ido realizado en suelo no urbanizable, sin licencia que las amparase o con licencia solicitada con evidente interés en sortear las limitaciones legalmente impuestas y que fueron consentidas por aquellos por su falta de vigilancia”.

El Gobierno de La Rioja contrató para el servicio de los comedores escolares a una empresa a pesar de que su oferta económica no resultaba creíble y suponía una “baja temeraria”, según los pliegos del contrato. Serunión presentó una oferta por 3,71 euros por menú diario, pese a que el Gobierno estableció que las ofertas por debajo de 4 euros sin IVA incluido no se podrían cumplir por ser “anormales” o desproporcionadas desde el punto de vista económico. Un colegio riojano detectó gorgojos en un plato y seis escuelas de Castilla y León han encontrado gusanos en la sopa servida por Serunión.

Los pliegos para la adjudicación del servicio de comedor para los colegios públicos de La Rioja establecían que las empresas que presentaran ofertas por debajo de los 4 euros sin IVA supondrían bajas temerarias, es decir, que no resultarían creíbles por ser “anormales” o desproporcionadas. Al concurso se presentaron seis empresas y Serunión fue la adjudicataria con una oferta de 3,71 euros por menú diario, IVA incluido. Era la opción más barata.

Además de esta sociedad, otras tres presentaron un presupuesto inferior a los 4 euros, otra lo situó justo en esa cantidad, y otra ofreció 4,95 euros. El criterio económico suponía hasta 50 puntos de los 100 del concurso (en 2010 esa valoración sólo ascendía a 40 puntos) y los aspectos técnicos –el control y la calidad de los menús–, los otros 50 puntos.

Serunión, que fue la adjudicataria de ese contrato pese a presentar una oferta constitutiva de una baja temeraria, ha servido recientemente un plato con gorgojos en un colegio público de la localidad riojana de Navarrete. La comida fue retirada tras la detección de los insectos, pero la directora del centro admitió que algunos de los alumnos pudieron llegar a probarla, según informó el periódico La Rioja. La Consejería de Educación abrió un expediente a la empresa, aunque aseguró que el incidente no provocó “ningún riesgo” para los niños que comieron los alimentos.

El PSOE ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sanz incumplió sus propias normas al adjudicar ese contrato pese a que por debajo del límite fijado a la baja las empresas no pueden “cumplir con el servicio en óptimas condiciones”. Los socialistas atribuyen a los “recortes” la pérdida de calidad de la comida en los comedores escolares.

El PP ha defendido que la concesión se produjo de manera correcta y ha asegurado que el Gobierno “no se ahorra nada por unos menús más baratos”. “Se lo ahorran las familias”, ha justificado el partido de Sanz en un comunicado. Además, ha recordado que la empresa que ahora se cuestiona obtuvo la máxima puntuación en cuanto a los criterios técnicos, que incluyen la “calidad” de la comida.

La Rioja no es la única comunidad que ha confiado en esta empresa para los comedores de colegios públicos. La Junta de Castilla y León ha renovado hasta 2017 el contrato de los comedores escolares de León a Serunión, a pesar de que se han encontrado gusanos en la sopa de seis colegios públicos de la región. La adjudicación se aprobó un mes antes de la aparición de los gusanos en la sopa de cinco centros leoneses. Pero la directora provincial de Educación de León firmó el nuevo contrato cuando ya se habían producido los incidentes.

El PP de La Rioja evita pronunciarse sobre un concejal acusado de malversación que está a la espera de que arranque el juicio contra él. El Parlamento riojano ha rechazado varias preguntas parlamentarias sobre el exalcalde de la localidad de San Torcuato, que admitió haber pagado con dinero público una reforma de un pabellón de su propiedad. Además, José Manuel Hernáez se ha negado a dimitir y el PP no le ha destituido, a pesar de que se ha abierto juicio oral contra él, una de las premisas de Mariano Rajoy para la regeneración democrática.

José Manuel Hernáez “realizó una transferencia bancaria por valor de 3.340 euros con cargo al Ayuntamiento como pago del precio correspondiente a unas obras de reparación realizadas en un pabellón propiedad del acusado y que, en aquel momento, no tenían relación alguna ni con la corporación municipal ni con la actividad de esta”. Esos hechos los relata la Fiscalía en un escrito en el que pide para el exalcalde de San Torcuato un año de suspensión de cargo público y seis meses de prisión por un delito de malversación.

El pago con dinero público de las obras de su pabellón agrícola se realizó en 2008, cuando Hernáez era alcalde de la localidad. En las siguientes elecciones municipales se presentó como número dos de la lista del PP y las urnas le dieron un puesto como concejal. El PSOE puso los hechos en conocimiento de la Justicia y, tras la acusación del fiscal, el juez ha abierto juicio oral contra el concejal.

El propio Hernáez “ha reconocido su culpabilidad y ha reintegrado el dinero al Ayuntamiento”, sostiene el PSOE de La Rioja, que planteó varias preguntas parlamentarias para que el Gobierno que preside Pedro Sanz diera su opinión sobre “el reconocimiento de un delito por parte del exalcalde de San Torcuato”, la posible existencia de “responsabilidad política” derivada de esos actos. Los socialistas querían saber si al Ejecutivo le parece “correcto” lo realizado por Hernáez.

PSOE: “Prefieren mantener el poder”

El Parlamento riojano -gobernado con mayoría absoluta por el PP- ha rechazado esas preguntas amparándose en que debe respetar “los ámbitos competenciales correspondientes”, es decir, que el Gobierno regional no debe inmiscuirse en cuestiones de las administraciones locales. No obstante, fuentes socialistas sostienen que la institución “sí ha admitido preguntas idénticas en relación con otros pueblos”.

La situación de la localidad de San Torcuato es peculiar ya que, si Hernáez deja su cargo como concejal, su puesto pasaría a estar ocupado por un concejal del PSOE y, por tanto, los socialistas tendrían mayoría (actualmente hay dos miembros del PP y uno del PSOE en la corporación) y se harían con la alcaldía. “Prefieren mantener el poder en un municipio, a ser dignos y decentes”, denuncia el secretario general del PSOE en La Rioja, César Luena.

“Exigimos a Rajoy que obligue a dimitir de manera inmediata al señor Hernáez, porque si no, sus medidas de regeneración democrática serán una farsa más”, añade Luena en relación a la propuesta del presidente del Gobierno de obligar a los cargos públicos a abandonar sus puestos en el momento en el que se abra un juicio oral contra ellos.

“No puede ser que el PP tenga representando a los ciudadanos a un delincuente confeso”, expresa antes de explicar que el concejal acusado “se autoinculpó ante la Fiscalía y admitió que metió la mano en la caja del Ayuntamiento para pagar unas obras particulares”.

La misma empresa que hizo la reforma de la sede del PP de La Rioja -y que Pablo Ruz investiga por su presunto pago con dinero negro- hizo las obras de la vivienda del presidente regional, Pedro Sanz. Esa compañía se llevó 1.220.000 euros por la rehabilitación de la sede del partido, de los cuales 200.000 pudieron salir de la caja B del PP, según Luis Bárcenas expresó en la Audiencia Nacional.

En las mismas fechas que el PP regional hizo esa reforma, Pedro Sanz encargó a esa misma empresa las obras de su vivienda en Logroño. Reformar la cocina, colocar nuevas instalaciones de agua y desagües, poner parqué en toda la vivienda (82 metros cuadrados) y quitar el gotelé con posterior pintura costó únicamente 8.270 euros al presidente, según figura en la factura a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B una “entrega de La Rioja” por valor de 200.000 euros con fecha de 26 de mayo de 2008 y que atribuyó en sede judicial a una donación recibida por el partido en aquella región y que fue trasladada a Génova para que la dirección se la devolviera ya como dinero “blanqueado”. La contabilidad oficial del PP sí refleja haber pagado 200.000 euros al partido en La Rioja. Los dirigentes regionales justifican que ese pago fue un préstamo de Génova a fondo perdido.

Tan solo 14 días antes, la empresa que hizo esas obras emitió una factura por la reforma de toda la vivienda de Pedro Sanz en La Rioja. El PSOE ha exigido al presidente riojano que explica por qué la empresa que trabajó en la sede del PP fue la misma que hizo las obras de su casa y ha destacado que el precio que pagó por la reforma personal “se aleja mucho de la realidad de los precios del mercado”. Los socialistas consideran que la empresa le hizo un precio “de amigo”.

Esta no es la primera polémica que gira en torno a los inmuebles del presidente riojano. La Justicia investiga la legalidad de las obras que realizó en su chalé en la localidad de Villamediana. La vivienda, de 155 metros cuadrados, se levantó en una parcela de suelo rústico en la que, según la ley, no se puede edificar. Además, el dirigente popular pidió licencias para la realización de obras menores que incumplió al sobrepasar lo permitido en las autorizaciones.

La número dos de la consejería de Salud de La Rioja, María Luz de los Mártires Almingol, consiguió una plaza como reumatóloga en uno de los hospitales públicos de la comunidad para la que solo ella fue entrevistada. La creación de ese puesto corresponde al patronato de la Fundación Hospital de Calahorra al que De los Mártires pertenece por su cargo político en el Gobierno.

El comité de empresa del centro hospitalario denuncia las irregularidades en la contratación en 2009 de la pareja sentimental del consejero riojano de salud, José Ignacio Nieto García, que fue la única candidata entrevistada en el proceso de selección para la plaza en el servicio de reumatología del hospital público de la localidad de Calahorra. La cita fue comunicada con cuatro días de antelación a los representantes de los trabajadores -que por ley pueden tener presencia en la Mesa de Contratación-. El adelanto de la entrevista fue comunicado al comité de empresa con menos de dos horas de antelación de que se celebrara por lo que fue imposible que el representante sindical acudiera a la cita, según ha expresado en un comunicado.

El Gobierno riojano asegura que “el proceso de selección cumplió con todos los trámites legales” y niega que sólo hubiera una candidata al puesto: “Al menos lo hizo una más, que presentó el currículo y que finalmente no acudió a la entrevista personal”. No obstante, el comité de empresa denuncia que solo recibió una convocatoria con ese propósito y la única persona citada era María Luz de los Mártires Almingol.

Ataque al comité de empresa

Ante las denuncias de los trabajadores, el Gobierno regional carga contra los sindicatos: “El comité de empresa nunca ha designado ningún representante para participar en la entrevista personal de los procesos de selección de facultativos. El hecho de solicitar información sobre este proceso en concreto, y ninguno más, cuatro años después de que se llevara a cabo es indicativo de que el interés del comité de empresa no va, como en tantas ocasiones, en favor ni de los profesionales sanitarios, ni de los usuarios del centro hospitalario”.

La gerente del Servicio Riojano de Salud forma parte del patronato de la Fundación Hospital de Calahorra por su cargo político, ya que los estatutos de la entidad prevén que el director gerente del Área de Salud III Rioja Baja (cargo que desde la reorganización del servicio regional ostenta De los Mártires Almingol) sea vocal. El patronato es el órgano designado para la creación de puestos de trabajo, según el comité de empresa, que acusa de “oscurantismo injustificable” al Gobierno de Pedro Sanz por haberle denegado el “acceso a las actas del patronato y, en concreto, a aquella en que fue acordada ese puesto fijo”.

Otra de las acusaciones del comité de empresa es que la dirección haya creado una plaza para un tercer reumatólogo que nunca ha sido cubierta, ya que, tras conseguir el puesto, De los Mártires se acogió a una excedencia y no se nombró a un sustituto: “Se acredita que la creación de dicha plaza y tal convocatoria eran innecesarias”, expresa en el comunicado. “Si realmente el comité de empresa ha encontrado algo que puede ser ilegal, sabe perfectamente dónde están los tribunales y dónde puede presentar su denuncia”, señala a eldiario.es el Gobierno riojano a través de su departamento de prensa.

El PSOE ha solicitado la comparecencia urgente del consejero de Salud para que explique cómo se ha realizado la adjudicación de esa plaza cuando De los Mártires ocupaba un cargo de responsabilidad en el propio hospital. Los socialistas también han solicitado información, tanto al Gobierno riojano como a la Fundación Hospital de Calahorra, sobre todo el proceso de creación de la plaza de médico especialista en reumatología en el año 2009 y la adjudicación de dicho puesto fijo.

La modificación del plan urbanístico que ha permitido legalizar la construcción del chalé del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, cuesta a la localidad de Villamediana de Iregua casi cinco millones de euros. La nueva urbanización del municipio supone un gasto total de 4.666.998 euros. “Una parte será pagada por el Ayuntamiento a fondo perdido y otra en cuotas de participación de los vecinos”, señala el dirigente socialista Vicente Urquía.

De esos casi cinco millones de euros, el Ayuntamiento invertirá a fondo perdido un total de 1,5 millones. Esto supone que a cada vecino le costará la nueva urbanización unos 235 euros. La cantidad restante –unos tres millones de euros– tendrán que pagarla los vecinos que poseen los terrenos afectados por el plan.

Pedro Sanz construyó una vivienda de 155 metros cuadrados en un terreno rústico en el que, según la ley, no se podía urbanizar. El dirigente popular pidió licencias para la realización de obras menores, que incumplió al sobrepasar lo permitido en las autorizaciones.

Estos hechos fueron calificados en un principio como infracciones graves por el expediente tramitado en el Ayuntamiento a raíz de la petición de la oposición, pero un cambio en el Plan General Urbano legalizó las obras realizadas por el presidente riojano y redujo la valoración de las infracciones a leves. Este tipo de transgresiones –sancionadas con el pago de una multa– prescriben en el plazo de un año.

La oposición solicitó el expediente sobre la legalidad de la vivienda de Sanz en enero de 2013. En medio de su tramitación, y tras haber recibido los informes de los peritos que acreditaban la gravedad de las infracciones cometidas por el presidente regional, el Consistorio aprobó el nuevo plan urbano –por el que el terreno de Sanz pasaba de rústico a urbanizable delimitado–. Entonces el alcalde solicitó nuevos informes, que redujeron la tipificación de las infracciones a leves. Hasta noviembre de 2013 el Ayuntamiento no emitió el informe definitivo.

Denuncia contra el alcalde por prevaricación

El dirigente del PP riojano finalizó las obras en marzo de 2012 y la oposición solicitó la investigación tan sólo unos meses más tarde. Los socialistas consideran que los hechos prescribieron porque el Consistorio no actuó durante un tiempo. “Está claro que el Ayuntamiento esperó que transcurrieran los meses para decir que había pasado un año y, por tanto, prescrito”, apunta el socialista Vicente Urquía.

Los socialistas se plantean denunciar al alcalde de Villamediana (del PP) por prevaricación porque “no inició la tramitación del expediente hasta que la falta había prescrito, con el agravante de que, mientras lo tramita, cambia el plan urbanístico”, señalan fuentes de la formación.

El PSOE ya recurrió ante los tribunales el expediente que exime al presidente riojano de responsabilidad urbanística al entender que el Consistorio tuvo una dejación de funciones al no inspeccionar la edificación del chalé de Sanz. El juzgado de lo contencioso-administrativo ha comenzado la instrucción del caso y Pedro Sanz, que intentó evitar que el Ayuntamiento tomara en consideración a la oposición en el expediente por sus obras, argumentando que la actuación se debía únicamente a su cargo político y no a la infracción urbanística, se ha personado en la causa.

La Justicia va a investigar si las obras que el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y su esposa realizaron en su chalé son legales. La vivienda, de 155 metros cuadrados, se levantó en una parcela de suelo rústico en la que, según la ley, no se puede edificar. Además, el dirigente popular pidió licencias para la realización de obras menores que incumplió al sobrepasar lo permitido en las autorizaciones. El expediente del Ayuntamiento calificó las infracciones de graves, pero un reciente cambio en el Plan General Urbano legalizó las obras. Un juzgado riojano analizará ahora si esa jugada se ajusta a la legalidad.

Pedro Sanz, presidente de La Rioja desde hace 20 años, tiene una parcela en Villamediana de Iregua, una localidad situada a unos siete kilómetros de Logroño que ha experimentado un crecimiento exponencial como fruto de la burbuja inmobiliaria. La calificación del suelo impedía hasta junio de 2013 edificar en ese terreno, a pesar de lo cual el máximo representante de los riojanos construyó a partir de 1982 un chalé. Lo hizo mediante la petición de licencias para realizar obras menores –arreglo de goteras, reparaciones en el interior, dotación de electricidad, etc.– en la 'caseta de aperos de labranza', la construcción de escasos 40 metros cuadrados que le permitía la legislación.

El resultado fue un caserón de 155 metros cuadrados, de dos plantas, con piscina y porche cubierto. El Ayuntamiento se pronunció sobre varias de las licencias concedidas al presidente riojano después de que los grupos de la oposición municipal exigieran una inspección urbanística.

Los informes dejan constancia, en primer lugar, de que la construcción de la vivienda era ilegal, pero las irregularidades habrían prescrito: “La superficie construida desde 1982 –fecha de la primera licencia expedida por el Consistorio–, por tener una superficie superior a la permitida en suelo rústico, está fuera de ordenación, por prescripción de los plazos legales para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística”.

En segundo lugar, las resoluciones del Ayuntamiento de Villamediana –gobernado por el PP– también revelan que el presidente riojano cometió irregularidades al sobrepasar los límites permitidos por las licencias obtenidas en 2008, 2009 y 2012. La primera era para construir un porche o quitasol de 40 metros cuadrados, con una valoración de 1.500 euros. Sin embargo, el resultado “no se ajusta a las condiciones establecidas”, ya que se cubrió la terraza y el coste se disparó hasta los 12.740 euros. “Las obras ejecutadas al porche constituirían una infracción urbanística grave –entre 3.001 y 30.000 euros de sanción– al vulnerar las normas relativas al uso del suelo, el volumen y la situación de las edificaciones”.

La segunda licencia, otorgada para cambiar las ventanas en la “caseta” y la “renovación del hormigón exterior” por 2.500 euros, también fue vulnerada, según señalaron los peritos que llevaron a cabo la inspección, que constataron que, además de arreglar las ventanas y el pavimento del hormigón en el acceso a la parcela, se procedió a colocar “revestimiento decorativo de la fachada, pintura interior, a la colocación de una nueva puerta corredera monitorizada y a la jardinería exterior” por un importe de 14.355 euros. Esto constituía una infracción leve de la ley urbanística.

En el tercer caso, Sanz recibió una licencia para cambiar las tejas en mal estado y cubrir cuatro metros de terraza para evitar las goteras por 2.500 euros, pero se utilizó para ampliar la cubierta de la primera planta, cubriendo la totalidad de la terraza existente con una superficie cinco veces superior y que quedó cerrada con el objetivo de utilizarse como dormitorio, además de llevar a cabo tareas de carpintería y fontanería. El presidente pagó 10.166 euros. Esta infracción también fue considerada grave en mayo de 2013, fecha en la que se redactó el informe.

Un cambio legislativo que favoreció al presidente

Sin embargo, a partir de que la oposición solicitara el expediente por estas obras, el proceso de aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística se aceleró.

En marzo de 2013, Sanz presentó alegaciones al proyecto en las que solicitó que su terreno pasara de ser rústico a urbanizable. “Pido que se utilice el plan general para regular ¡y ahí estará el presidente, defendiéndome a mí y a todos los demás!”, había defendido un mes antes en un pleno del Parlamento riojano.

El Ayuntamiento aprobó el nuevo régimen urbanístico en junio de 2013 y la parcela de Pedro Sanz pasó a ser calificada como “suelo urbanizable delimitado”. Ante el cambio legal, el alcalde solicitó un nuevo informe sobre la situación del chalet del presidente. El arquitecto municipal emitió un documento en el que aseguraba que el plan vigente permitía afirmar que las obras ejecutadas eran legalizables. Esto implicaba que las presuntas irregularidades pasaban a ser sanciones leves cuyo plazo de prescripción era de un año, y, por tanto, ya había pasado.

El PSOE recurrió ante lo contencioso-administrativo la resolución emitida por el Ayuntamiento de Villamediana 10 meses después de que solicitaran el expediente. “Es un recurso contra la impunidad y la desvergüenza con la que pretende actuar el presidente con su chalé ilegal y contra un Ayuntamiento cómplice, con tránsfuga incluido, que decidió primero que el caso había prescrito y después que la actuación del presidente era una falta leve”, expresó el secretario general del PSOE riojano, César Luena. “No puede ser que el presidente de La Rioja sea el que se salte la ley. Es absolutamente desproporcionado y requiere que Sanz pida perdón”, añadió.

Los socialistas sospechan que Sanz ha cometido irregularidades fiscales, ya que las licencias concedían obras por valores muy inferiores al coste final, por lo que los impuestos que pagó el presidente fueron menores a los que habría correspondido.

“Solicitó unas obras y luego hizo otras sin pagar impuestos o pagando menos y, para rematar, hicieron un Plan General para amnistiarlo y legalizar toda la actuación irregular del presidente de la Comunidad y del PP riojano”, expone Luena, que recuerda que una empresa que ha trabajado para la Comunidad realizó trabajos en la casa de Sanz. “Esto puede tener una repercusión mayor porque hay una cadena de favores que da asco”, señala el líder socialista en relación a la investigación que el juez Pablo Ruz lleva a cabo por la supuesta compra irregular de una sede del PP en Logroño, según revelaron los 'papeles de Bárcenas'.

Ahora el expediente que exime a Pedro Sanz de responsabilidad urbanística está en el Juzgado Número 1 de lo Contencioso-Administrativo de la capital riojana, a la espera de que los demandados decidan si se personan en la causa y de que el Ayuntamiento de Villamediana remita los documentos relativos al expediente de las obras del caserón del presidente para comenzar la investigación.

Urkullu (PNV) y Sanz (PP), en un clima de máximo entendimiento, protagonizan el primer encuentro institucional entre las dos comunidades.

Euskadi y La Rioja dan por zanjada la polémica desatada durante la pasada legislatura, cuando la negativa del Gobierno riojano a seguir prestando atención sanitaria no urgente a los ciudadanos vascos de poblaciones limítrofes, quebró las relaciones entre las dos comunidades.

El convenio firmado esta mañana por los consejeros de Salud de ambas administraciones, y presidido por el lehendakari y el presidente de la Rioja, garantiza la accesibilidad sanitaria de los ciudadanos de ambas comunidades.

El acercamiento se ha escenificado en el primer encuentro de carácter institucional entre Euskadi y La Rioja, celebrado esta mañana en Ajuria Enea, y se ha formalizado con la firma de un convenio sanitario que tendrá una duración de tres años prorrogables anualmente.

Tanto la reunión entre Iñigo Urkullu y Pedro Sanz, como la posterior rueda prensa, se ha desarrollado bajo un clima de máximo entendimiento. De hecho las palabras más repetidas por ambos mandatarios en la comparecencia han sido “entendimiento, colaboración y cooperación”. Urkullu, incluso ha tildado el encuentro como “un nuevo puente sobre el río Ebro”.

El convenio firmado esta mañana por los consejeros de Salud de ambas administraciones, Jon Darpón y José Ignacio Nieto, permitirá que el Servicio Riojano de Salud preste atención especializada a los pacientes que se deriven por los facultativos de atención primaria de Osakidetza que residan en los municipios de Rioja Alavesa. Hasta el pasado 31 de agosto, unas 3.500 personas residentes en estos municipios han recibido atención sanitaria en La Rioja.

Por su parte, el Servicio Vasco de Salud prestará a los ciudadanos residentes en la Rioja servicios de alta especialización, tales como transplante renal infantil, cirugía de obesidad o Unidad de Quemados entre otros. La Rioja por capacidad demográfica y número de atenciones que precisa cada año, no puede poner en marcha estos servicios de los que podrían beneficiarse alrededor de 500 pacientes riojanos.

Régimen económico

El acuerdo recoge los mecanismos establecidos en el Sistema Nacional de Salud a través del Fondo de cohesión sanitaria y del Fondo de garantía asistencial. Una Comisión de seguimiento compuesta por cuatro personas, dos de cada administración, gestionarán y controlarán el convenio firmado hoy.

De la reunión ha salido también un principio de acuerdo para avanzar en la colaboración en materias como I+D+I, agricultura y turismo, y que podría firmarse en la visita que realizará en noviembre el lehendakari Urkullu a La Rioja.