María Elósegui, la jueza que representa a España en el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo, cuya revocación pidieron 75 diputados europeos por sus escritos homófobos, ha emitido su primer voto particular para reclamar una sanción al grupo punk feminista Pussy Riot por llevar a cabo una protesta en la catedral de Moscú en febrero de 2012.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó a Rusia el pasado 17 de julio por la severidad de las sanciones impuestas a las activistas, castigadas con dos años de cárcel, y concluyó que dichas penas vulneraban la libertad de expresión de las condenadas.

En su fallo, el tribunal de Estrasburgo condenó a Rusia a indemnizar con 37.000 euros a las tres integrantes del grupo pero la sentencia contó con un voto particular. La jueza Elósegui, cuyo nombramiento el pasado invierno fue muy polémico por sus controvertidos escritos sobre la homosexualidad, se opuso a la condena penal, como el resto de sus compañeros, pero asegura que la protesta de las activistas no solo no está amparada por la libertad de expresión, sino que hubieran merecido “una sanción administrativa o haber llegado a la conclusión de que existía responsabilidad civil”.

Los hechos a los que se refiere el fallo tuvieron lugar en 2012 en la Catedral del Cristo Redentor de Moscú, el principal templo ortodoxo de la capital rusa. El grupo Pussy Riot, formado por Maria Alyokhina, Yekaterina Samutsevich y Nadezhda Tolokonnikova, irrumpió en la iglesia para tocar una canción titulada “Rezo Punk” en la que criticaban el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa al presidente Vladimir Putin. Allí corearon letras como “Virgen María, madre de Dios, líbranos de Putin; Virgen María, madre de Dios, conviértete en feminista...”.

La actuación en sí duró menos de un minuto, ya que fue inmediatamente interrumpida por agentes de las fuerzas de seguridad, que arrestaron a las integrantes del grupo y las acusaron de “vandalismo motivado por odio religioso”. Las activistas fueron internadas en prisión provisional sin fianza y fueron condenadas a dos años de cárcel.

Elósegui en su voto para discrepar del resto del tribunal justifica que la protesta en la catedral de Moscú, en un momento en que no se celebraba ninguna misa, no debe ser amparada por la libertad de expresión con el siguiente argumento: “No estoy de acuerdo con el hecho de haya habido una violación del Artículo 10 de la Convención [el que protege la libertad de expresión], porque dicho artículo no protege la conducta que consiste en invadir iglesias y otros edificios religiosos con objetivos políticos, y tampoco protege conductas que impliquen intimidación y hostilidad en contra de la comunidad cristiana ortodoxa”.

La jueza defiende además que el Estado “tiene la obligación de proteger la libertad de asociación de los creyentes, asegurando que sus lugares de culto son respetados por el Estado” basándose en una sentencia emitida por el magistrado Pinto de Albuquerque. De acuerdo con Elósegui, lo proporcional habría sido imponer una sanción a las activistas, porque en su opinión los cristianos “tienen el derecho a rezar con libertad sin temor a que tenga lugar dentro de la iglesia una protesta obscena, hostil e incluso violenta” y las integrantes de la banda punk “invadieron” la catedral.

El voto particular de Elósegui señala que “la actitud provocadora” del grupo punk puede implicar “el estereotipado negativo de la comunidad cristiana ortodoxa”, razón por la que defiende que las activistas debieron ser sancionadas con multas económicas.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por la magistrada es que aunque la libertad de expresión protege las críticas políticas, no incluye “las expresiones que son gratuitamente ofensivas hacia otros y por tanto infringen sus derechos y no contribuyen de ninguna forma al debate público”. “Esto es suficiente para dañar la dignidad de los creyentes ortodoxos, ya que les desprecia y les insulta, además de tratarles como inferiores”, apunta.

Rodeadas de perros policía

La sentencia condenatoria a Rusia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos humanos se detiene en el contexto en que se celebró el juicio a las activistas de Pussy Riot. Y recuerda que éstas tuvieron que seguir las audiencias desde una suerte de pecera de cristal, rodeadas de perros policía y agentes policiales.

El tribunal recalcó en su fallo que las integrantes de Pussy Riot eran transportadas desde la cárcel en furgones atestados y que durante las audiencias tenían que “soportar la humillación” de estar expuestas a la vista de todos en un banquillo separado del público por un cristal. En estas audiencias, se encontraban flanqueadas por policías armados y por un perro, pese a la “ausencia de riesgo manifiesto para la seguridad”.

En su voto discrepante, Elósegui se ha mostrado especialmente contundente a la hora de rechazar ese argumento, ya que alega que las Pussy Riot buscaron “de manera premeditada” el escrutinio público durante su performance en la catedral de Moscú. Además, añade que las denunciantes “se expusieron a sí mismas voluntariamente y llegaron incluso a publicar imágenes en Internet enseñando sus caras y sus cuerpos desnudos en lugares públicos”.

A modo de conclusión, la magistrada apunta también que es “muy probable” que las Pussy Riot hubieran aprovechado la oportunidad de alterar la vista en el tribunal ruso “si se les hubiera presentado la ocasión”, razonando así la necesidad de “tomar medidas especiales de control” durante las vistas judiciales, debido al “carácter disruptivo” del grupo punk.

El nombramiento de la jueza ya estuvo rodeado de polémica. eldiario.es desveló escritos en los que Elósegui defendió controvertidas teorías sobre la homosexualidad, que señaló como causa de patologías.

El PSOE no quiere que la selección de los candidatos españoles para los tribunales europeos dependa exclusivamente del Gobierno. Los socialistas quieren evitar una situación como la que recientemente protagonizó España en el impulso al aspirante Francisco Pérez de los Cobos, el favorito de Mariano Rajoy para ocupar un puesto en Estrasburgo y que recibió un cero de valoración en el Consejo de Europa, y que acabó con el nombramiento de María Elósegui, que había protagonizado declaraciones homófobas.

El Grupo Socialista ha registrado este martes una proposición de ley para cambiar el mecanismo de selección de los aspirantes españoles a ocupar puestos en los tribunales europeos. La propuesta del PSOE señala que los candidatos “serán propuestos al Gobierno por un comité de selección mediante una propuesta vinculante”.

El comité lo formarán dos diputados, dos senadores, el ministro de Exteriores, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, un representante del Ministerio Fiscal y el presidente del Consejo General de la Abogacía. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el PSOE incluye en ese comité al Defensor del Pueblo y un miembro del Consejo de Cooperación al Desarrollo.

Ese organismo evaluador se pronunciará sobre “las candidaturas presentadas tras una convocatoria pública” que tendrá difusión en al menos tres periódicos impresos de tirada nacional y en páginas web de instituciones oficiales, según la propuesta presentada por los socialistas.

El proceso de selección, que será vinculante para los candidatos que se presenten ante los organismos europeos, obligará a los aspirantes a tener quince años de experiencia y, tras una preselección, se producirá la comparecencia de al menos diez de ellos “de forma individual y en audiencia pública”, según la proposición del PSOE.

El PSOE incluye en la propuesta “el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres” en los nombres que se eleven a Estrasburgo así como la consideración del conocimiento de idiomas. En el caso del Tribunal de Justicia Europeo los socialistas plantean que se tenga en cuenta el conocimiento y la experiencia en Derecho de la Unión Europea así como el conocimiento de francés.

El Gobierno se desentiende de la designación de la catedrática María Elósegui como jueza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, a pesar de que la propuso: “El Gobierno no tiene nada que ver con el nombramiento”, ha despachado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la sesión de control sobre la elección de la catedrática que ha defendido tesis homófobas.

El ministro ha obviado que el Gobierno propone al Consejo de Europa una terna para que sea la Asamblea Parlamentaria integrada por diputados de todos los países la que decida en una votación final previo paso por una comisión de expertos que evalúa a los candidatos.

El Gobierno cambió las reglas para evitar a la magistrada María Emilia Casas, que tenía intención de concurrir a ese puesto. El candidato del Ejecutivo de Mariano Rajoy era el expresidente del Tribunal Constitucional Fernando Pérez de los Cobos, que fue militante del PP; pero finalmente María Elósegui recabó más apoyos en Estrasburgo.

Además, el Gobierno dio el visto bueno al currículum de Elósegui, que estaba hinchado. La jueza sostiene tesis homófobas y en contra del aborto. “Está claro que la homosexualidad produce patologías”, defendió.

El ministro ha hecho alusión al currículum de Elósegui, en el que la jueza se atribuye el mérito de haber participado en la redacción de la Ley de Igualdad durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Este es el certificado de la secretaria general del Instituto de la Mujer que en el año 2005 acredita que ayudó al Gobierno a hacer su Ley de Igualdad”, ha proclamado Catalá esgrimiendo un documento.

Sin embargo, como publicó eldiario.es y ha admitido la propia Elósegui, la jueza no participó en la redacción de la ley, y tan solo colaboró para redactar un borrador que nunca se utilizó para impulsar esa norma. En una entrevista, Elósegui admitió que el Gobierno socialista optó por una técnica legislativa distinta que dejó a un lado su borrador y atribuyó la redacción de su currículum a un esfuerzo de síntesis.

“Deberíamos felicitarnos porque por primera vez en la historia de España va a haber una mujer”, ha respondido Catalá, que ha aprovechado para echar en cara a los socialistas su negativa a impulsar a Elena Valenciano al frente del grupo socialdemócrata y les ha reprochado sus “contradicciones”.

“No hay justificación. No tiene perdón de dios. El bochorno es total”, le ha recriminado el diputado del PSOE, Artemi Rallo: “Lo peor es que ustedes han sentado a una jueza integrista y homófoba –ha continuado–. ¿Qué necesita para tener un arrebato de dignidad y presentarle su dimisión al señor Rajoy visto que el no va a cesarle?”.

“No acabo de entender qué le molesta de la señora Elósegui. ¿Que sea mujer, que sea progresista, que tenga ideas religiosas?”, le ha contestado el ministro.

Catalá ha aprovechado también para echar en cara al PSOE el juez que propuso durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis López Guerra, quien ejerció como secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2007 (ese mismo año comenzó su periodo de nueve años en el TEDH).

El titular de Justicia ha defendido el perfil de Elósegui frente al de López Guerra porque considera que le da “todas las garantías de estar del lado del derecho” y que “no compre el argumentario de los terroristas”, ha espetado Catalá sobre la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tumbar la 'doctrina Parot'. López Guerra participó en esa sentencia y se posicionó a favor de condenar a España.

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75 eurodiputados instan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a revocar la designación de María Elósegui como jueza en representación de España por sus declaraciones homófobas. Los parlamentarios, de varios grupos y distintas nacionalidades, solicitan tanto al presidente del tribunal como al de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que votó el nombramiento que inicien el trámite de revocación si la catedrática no da marcha atrás en sus comentarios, como que la “homosexualidad produce patologías” o la apuesta por “terapias psicológico-psiquiátricas” para las personas transexuales, entre otros. 

Los parlamentarios, representantes de los socialdemócratas, liberales, la izquierda europea y los verdes, han secundado la carta impulsada por el PSOE y que remitirán a los máximos responsables de dichas instituciones con la intención de que Elósegui se desdiga de dichas teorías publicas en artículos, revistas y libros. En caso de que no lo haga, los firmantes solicitan al tribunal que inicie el procedimiento para su revocación (el nombramiento, una ve efectuado, puede retirarse si así lo deciden dos tercios de los jueces que forman parte del mismo –uno procedente de cada país del continente europeo–.

El PSOE, como impulsor de la iniciativa, y el resto de firmantes sostienen que las consideraciones de Elósegui son “alarmantes e inaceptables”. Por eso cita algunas de las palabras que publicó eldiario.es para “poner en conocimiento de estas instituciones el pensamiento de quien pretende trabajar en una institución que debe defender los derechos humanos y la no discriminación por razón de sexo, de orientación sexual ni de ningún otro tipo”, según explica la delegación que dirige Iratxe García.

Además de toda la delegación socialista española, firman la misiva un buen número de eurodiputados nacionales, a excepción de los representantes del PP. Los parlamentarios de Podemos e IU firman la iniciativa del PSOE y, junto a ellos, Izaskun Bilbao Barandica (PNV) y Ramón Tremosa (PDeCAT). En el caso de los liberales ha habido distintas posiciones dentro de los españoles respecto al caso de Elósegui. 

Mientras que la eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset –muy crítica con Albert Rivera– ha firmado la carta, no lo ha hecho su compañero de partido Javier Nart. En el caso de los parlamentarios que concurrieron a las elecciones bajo el paraguas de UPyD, Maite Pagazaurtundúa (que es la única que sigue representando a la siglas) y Beatriz Becerra han secundado la iniciativa que los socialistas enviarán este lunes a Estrasburgo. Por el contrario, Enrique Calvet y Teresa Giménez no lo han hecho. 

La carta, no obstante, llegará a Estrasburgo con el respaldo de tan solo el 10% de la Eurocámara, donde el Partido Popular Europeo tiene 217 asientos; los socialdemócratas, 189; los liberales, 68; los conservadores euroescépticos, 74; la izquierda europea 52; y los verdes, 51. 

La revocación de Elósegui la han apoyado 41 socialdemócratas; 18 representantes de la izquierda europea; diez de los verdes y seis liberales. No la ha firmado ningún representante del PP europeo ni de las fuerzas euroescépticas y xenófobas.

La catedrática María Elósegui ha confirmado en una entrevista con elconfidencial.com que no participó en la redacción del anteproyecto de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres del Gobierno de Zapatero, como desveló eldiario.es, y aun así insiste en que no falseó el currículum con el que ha resultado elegida jueza española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Nos pidieron la elaboración del borrador y luego se quiso redactar de una manera diferente de cara a la publicación, pero las ideas son exactamente las mismas”, afirma en la entrevista.

En el currículum que Elósegui remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que está redactado en tercera persona, dice de sí misma: “Preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo”. En el apartado de méritos que cuelga en la web de la Universidad de Zaragoza -donde es catedrática de Filosofía del Derecho- Elósegui sostiene que ella fue quien elaboró el borrador de la Ley de Igualdad “por encargo del Gobierno español”.

En la citada entrevista, Elósegui confirma las afirmaciones de la exdirectora del Instituto de la Mujer Rosa Peris en eldiario.es sobre el encargo que desde el organismo se hizo al magistrado Fernando Lousada -quien había colaborado en la redacción de la ley de igualdad gallega- para que redactase un documento de asistencia técnica para una futura ley de Igualdad estatal. Según consta en el currículum de Lousada, este decidió reclutar a tres expertos para realizar aquel trabajo. Una de ellas fue María Elósegui. La directora de la Mujer aclara que el ministerio nunca trató con ella, que el contrato se firmó únicamente con el magistrado y que el documento elaborado nunca se utilizó.

Cuando se pregunta a Elósegui si la afirmación que incluyó en su currículum no es un falseamiento de la realidad sino una “imprecisión”, la catedrática contesta: “Bueno, yo no diría que es una imprecisión. Es una manera de sintetizar en inglés y francés una frase que es muy larga. Sin más, sin ningún afán de nada”.

La exdirectora del Instituto de la Mujer explicó que, en lugar de elaborar la ley a partir de ese tipo de aportaciones de expertos, el Gobierno de Zapatero optó por “otra técnica legislativa” y recurrió a la comisión interministerial, que se puso a trabajar a finales de 2005 a las órdenes de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Peris insistió en que ni Lousada ni mucho menos Elósegui pueden atribuirse ningún papel en la elaboración de la ley ni reconocerse en el texto. “Da a entender que ha tenido parte activa en la elaboración de la ley y no es así”, asegura.

Además de Peris, ni Jesús Caldera, titular de Trabajo -el Ministerio que figuró como proponente del proyecto de ley- ni la secretaria general de Igualdad entonces, Soledad Murillo, reconocen aportación alguna de Elósegui a aquel proyecto legislativo, que reformó 27 leyes y cambió las políticas de igualdad en España.

Elósegui se defiende con lo siguiente: “Soledad Murillo dice que no me conoce, pero hay fotos de cuando estuvimos juntas en un acto de la asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas en la Universidad de Zaragoza en junio de 2006”.

Sus comentarios homófobos, “una tergiversación”

María Elósegui ni se va ni acepta las críticas. La nueva magistrada española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos trata de defender su imagen tras la cascada de comentarios y artículos homófobos que recogió eldiario.es tras su elección. “Los periódicos no son el lugar donde se vota”, dice Elósegui, quien asegura que no va a dimitir a pesar de lo que piden colectivos sociales y partidos de la oposición. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”.

Elósegui asegura que sus palabras, comentarios y artículos han sido “sacado de contexto y tergiversado” para “lesionar” su “honor”. En la información de eldiario.es se recogieron artículos publicados durante casi veinte años y se incluían párrafos enteros, algunos de gran extensión. Entre sus afirmaciones, figura la de que “está claro que la homosexualidad produce patologías” o que “cualquier intento de presentar a una pareja homosexual como el equivalente a un matrimonio feliz no pasa de ser una pretensión sencillamente imposible”.

A pesar de ello, Elósegui asegura que se han puesto en su boca cosas que no ha dicho y que todo responde a “una lucha entre partidos” en la que se le ha utilizado como “una marioneta en medio de un juego”. Elósegui fue votada por 114 miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Entre ellos hubo miembros de todo el espectro ideológico. También entre los representantes españoles, como es el caso de la representante de Podemos.

Elósegui también ha dicho que la homosexualidad es una “vivencia de sufrimiento” o que ser transexual es “una tragedia, una enfermedad”. eldiario.es ha solicitado entrevistar a Elósegui en repetidas ocasiones, tanto dar su versión sobre el falseamiento del currículum como para contextualizar sus afirmaciones, pero la catedrática se ha negado a contestar.

En la entrevista que se publica hoy se le pregunta por su vinculación de homosexualidad y patologías: “¿Usted cree eso?”. Y contesta: “Bueno... no, tendría que explicar muchísimas más cosas. No creo eso”.

Las declaraciones de María Elósegui sobre la homosexualidad y la transexualidad siguen indignando a los colectivos LGTBI. La jueza elegida para representar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) inquieta a las organizaciones y no solo dentro de nuestras fronteras. La delegación europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) se ha referido a su nombramiento afirmando que “está preocupada por las revelaciones acerca de las publicaciones y declaraciones homófobas y tránsfobas de la jueza Elósegui”.

La ILGA se ha posicionado en un comunicado emitido este lunes al que se suma también la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que la semana pasada envió a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una carta pidiendo explicaciones al Ejecutivo. La ILGA revela que está actualmente “monitoreando la situación” junto a colectivos españoles y que “evaluará cualquier información adicional cuando surja”.

La mayor organización LGTBI de Europa, que alberga 490 organizaciones de 45 países europeos, espera que los jueces y juezas elegidas para el tribunal desempeñen su trabajo “con una mente abierta y libre de prejuicios”. Por eso, prosigue, “cualquier sugerencia de imparcialidad antiLGTBI es, obviamente, preocupante”.

La ILGA reconoce además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido “la fuente” de muchos juicios que han acabado reforzando la protección en Europa de los derechos LGTBI y añade que los profesionales que forman parte de la corte “no son solo juristas altamente cualificados”, sino que “también personifican las principales decisiones que se dictan, decisiones que, literalmente, pueden cambiar la vida de las personas”.

La tendencia pro derechos del tribunal

El TEDH comenzó hace más de una década una tendencia de defensa de los derechos LGTBI con algunas sentencias consideradas como puntos de inflexión dictadas en los años 2002 y 2003. Aunque a paso lento y, con sus luces y sombras, el tribunal ha ido adaptándose paulatinamente a la realidad LGTBI y reconociendo derechos como la autodeterminación, el cambio legal del nombre y sexo de las personas trans y ha condenado a países por discriminaciones basadas en la orientación sexual. Sus sentencias han provocado cambios de leyes en algunos países a lo largo de los años.

La denuncia de la ILGA se suma a la que ya hizo Transgender Europe, una red Europea de organizaciones por los derechos trans que ya puso el foco en esta jurisprudencia al afirmar que ha reconocido con fuerza y consistencia que la identidad de género es una de las partes más íntimas de la persona“, tal y como explicó a eldiario.es Richard Kölher, coordinador de asuntos políticos de la organización.

Transgender Europe confía en que el tribunal “siga defendiendo los derechos humanos en Europa y liderando el camino contra la patologización y la discriminación de las personas trans”. Kölher nombra los avances que en los últimos años se han dado en el contexto europeo y el papel del Consejo de Europa, que en 2015  adoptó una resolución que  insta a los Estados a “garantizar que las personas transexuales, incluidos las menores, no sean considerados como enfermos mentales”. 

El PSOE da un paso para presionar al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para revocar el nombramiento de la catedrática María Elósegui como nueva jueza española en Estrasburgo por sus “declaraciones homófobas”. La delegación socialista española recoge firmas en la Eurocámara para instar a sendas instituciones a que inicien el trámite de revocación de Elósegui si no se retracta de sus comentarios publicados en entrevistas, artículos e incluso libros. 

La delegación que dirige Iratxe García ha enviado una carta firmada por todos sus miembros al resto de europarlamentarios para que la secundan. La misiva, que está dirigida al presidente de de la Asamblea Parlamentaria que votó a favor del nombramiento de Elósegui y del presidente del Tribunal, relata los comentarios “homófobos” de la catedrática de los que informó eldiario.es. 

El PSOE considera inviable que Elósegui represente a España en una institución internacional que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente teniendo un pensamiento en el que considera que la homosexualidad genera “patologías” o que aboga por “terapias” para las personas transexuales y así lo comparte con el resto de eurodiputados a los que recuerda que la igualdad de género y la lucha contra la discriminación son fundamentales para el Consejo de Europa y para el Parlamento Europeo –dos instituciones que no tienen vinculación entre sí–.

Por eso los eurodiputados del PSOE piden a sus colegas que secunden su petición, que concluye: “Solicitamos que tengan en cuenta nuestras preocupaciones y pidan a la señora Elósegui que dé marcha atrás en sus alarmantes e inaceptables declaraciones o, en caso de negativa, se inicie el procedimiento para revocar su nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. 

Las normas del tribunal de Estrasburgo solo contemplan para la revocación que sea acordada por dos tercios de los miembros que lo integran (uno corresponde a cada estado). Fuentes socialistas admiten que lo único que pueden hacer para evitar la presencia de la catedrática en el tribunal europeo es la “presión política”. 

Me imagino a María Elósegui en Estrasburgo, tomando un café de máquina con sus compañeros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me gusta pensar que alguno de sus colegas es gay y que Elósegui, toda bondad ella, toda espíritu opusiano, le recomienda un buen terapeuta. La veo revolviendo su latte macchiato y soltando, en perfecto inglés, que debería probar con el psicoanálisis y, si no funciona, porque el psicoanálisis ya se sabe, pasarse a los psicofármacos. El electroshock, por sus contraindicaciones, conviene dejarlo como última opción, solo para casos de obcecada desviación, de pertinaz mariconeo.

Elósegui no ve nada raro en defender los derechos humanos de los europeos y, al mismo tiempo, poner por escrito que la homosexualidad es una patología que deriva en depresión y suicidio. No siempre, claro. Ella no es una radical. Hay gays que no se tiran por la ventana pero que, a cambio, se pasan atribulados toda la vida porque, en fin, ¿cómo no vas a estar triste si desafías tu naturaleza biológica? ¿Cómo vas a estar bien de la cabeza si tus cromosomas van por un lado y tu corazón por otro?

Claro que la culpa no es de los gays, sino de Dios, que a veces patina. Uno no puede crear cientos de miles de humanos cada día y esperar que todos te salgan a derechas. Hasta el Todopoderoso se permite un desliz de vez en cuando. Tal es su divina humildad que, pudiendo ser perfecto, yerra. Y no solo le pasa con humanos. También los elefantes africanos machos se lían entre sí, igual que las jirafas. Peor aún: varios estudios científicos han demostrado que buena parte de nuestras gaviotas tienen comportamientos lésbicos. ¡Las gaviotas! A saber qué opina FAES de eso.

De momento, Elósegui ya ha dejado claro que ella defenderá a quien le toque, incluso a los enfermos, incluso a los desviados. Al fin y al cabo, es el Creador quien debe juzgar a toda esa chusma, no ella. Su misión, la de Elósegui, es nada más que aplicar el reglamento. Hará, se supone, un ejercicio de abstracción y se esforzará en pensar que todo el mundo es normal. Como ella. Vasca, española, católica y del OPUS. Como hay que ser. Como Dios manda.

¿Son compatibles los Derechos Humanos con la homofobia? Sin duda, no. Que haya que argumentarlo solo se explica porque la discriminación contra este colectivo es un discurso de odio recientemente admitido como tal

1. Su homofobia

La catedrática María Elósegui cree que los homosexuales desarrollan patologías “por ir contra su biología”. Que son infelices y promiscuos. Que muchos tienden a la depresión neurótica y al suicidio. Que “cualquier intento de presentar a una pareja homosexual como el equivalente a un matrimonio feliz no pasa de ser una pretensión sencillamente imposible”. Que la homosexualidad es una “vivencia de sufrimiento”. Que ser transexual es “una tragedia, una enfermedad”. Que se cura con tratamiento.

Todas estas opiniones no forman parte de su ámbito privado. Es algo que lleva décadas defendiendo en público, en libros, conferencias y artículos académicos. No son charlas de café. Es una parte sustancial de su discurso supuestamente científico.

¿Son compatibles los Derechos Humanos con la homofobia? Sin duda, no.

Que haya que argumentarlo solo se explica porque la discriminación contra este colectivo es un discurso de odio recientemente admitido como tal. Menos gente dudaría si, en lugar de contra los homosexuales, Elósegui hubiese argumentado en artículos supuestamente científicos, desde su cátedra universitaria, que los judíos son suicidas, neuróticos y promiscuos. O que un negro no se puede casar con una blanca porque va contra su biología (y si lo hacen, que no lo llamen matrimonio).

2. Su falso currículum

La homofobia debería ser motivo suficiente para que esta catedrática no represente a España en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. No es el único. María Elósegui falseó su currículum y se presentó como la autora del anteproyecto de la ley de Igualdad de Zapatero. Mintió al TEDH, y lo hizo por escrito. La realidad es que su papel en esta ley es más que secundario.

El Instituto de la Mujer encargó un estudio a otro magistrado que, a su vez, subcontrató a tres expertas; Elósegui entre ellas. Aquel documento nunca se usó, según aseguran las mujeres que sí redactaron la ley de Igualdad, y que hoy desmienten a la nueva jueza del TEDH. Aquel estudio no era el anteproyecto de ley, ni mucho menos la ley completa, como llegó a asegurar en otras entrevistas.

“No sé quién es. No recuerdo que tuviera nada que ver”, dice Mariví Monteserín, exdiputada del PSOE y ponente de la ley de Igualdad de la que presume Elósegui.

3. Su campaña electoral

“Soy imparcial y neutral. El candidato recomendado por la comisión trabaja para el Gobierno”, decía Elósegui en los numerosos correos que envió a los parlamentarios europeos antes de la votación que ganó frente a José Martín y Pérez de Nanclares, el juez mejor valorado por la comisión de expertos que examinó a los tres candidatos españoles. Obviamente, este argumento no era el que usaba con los eurodiputados del PP, que también le apoyaron.

¿Puede una candidata al TEDH poner en marcha una campaña electoral de desprestigio contra los demás candidatos? El reglamento lo permite, admiten fuentes del Consejo de Europa, que también dicen que nunca antes se han encontrado con una actuación así. Tampoco se sabe quién pagó los numerosos viajes por Europa para reuniones con los distintos europarlamentarios.

Elósegui llevaba meses dedicada a una campaña que resultó ser de una eficacia asombrosa. Entre otros, logró conjugar los votos de eurodiputados del PP y de Podemos en un extraño consenso que solo se explica por lo poco que se documentan antes de votar algunos parlamentarios. Su campaña fue muy hábil. A cada partido le decía lo que quería escuchar.

4. Su suspenso ante los expertos

Pero la última razón por la que es escandaloso que María Elósegui vaya a representar a España ante el TEDH es que no fue la candidata preferida por la comisión de expertos que evaluó a los tres candidatos españoles. Pérez de los Cobos, el expresidente del Tribunal Constitucional con carné del PP, sacó un cero rotundo, pero Elósegui no tuvo un resultado mucho mejor: solo tres votos de diez. La comisión que evaluó esa terna dio siete votos a Martín y Pérez de Nanclares.

Siete a tres, y eso que ese comité no sabía entonces nada ni del currículum falso ni de las opiniones homófobas. Siete a tres, y aun así fue elegida Elósegui.

Un candidato español al Tribunal de Estrasburgo, un currículum hinchado y el visto bueno del Gobierno. La fórmula que ha aupado a María Elósegui al máximo órgano judicial europeo en materia de Derechos Humanos no es nueva. En 2002, el Ejecutivo de José María Aznar se empeñó en que Margarita Retuerto ocupara el sillón de España en el TEDH, a pesar de que los otros dos miembros de la terna acumulaban más experiencia y méritos. En aquella ocasión, un empate en la votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa permitió ganar tiempo y obligar a España a presentar una nueva terna de candidatos en la que ya no figuró Retuerto.

A finales de 2002 tocaba renovar a José Antonio Pastor Ridruejo como magistrado español en el TEDH. Como ha ocurrido este 2018 con el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, el Gobierno tenía también un claro favorito. Se trataba de Margarita Retuerto, quien había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y después adjunta al Defensor del Pueblo. El Consejo de Europa, como ahora, obligaba a presentar una terna y que uno de sus miembros fuera mujer.

Junto al de Retuerto fueron enviados a Estrasburgo los nombres del diplomático Aurelio Pérez Giralda y de la jueza María Jesús Salvo. En 2002, las maniobras del Gobierno del PP fueron aún más abruptas. El representante entonces de España ante el Consejo de Europa, Guillermo Kirkpatrick, no tuvo reparo en comunicar a al secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, que su Gobierno quería que su representante en Estrasburgo fuera una mujer, al tiempo que le destacaba el “excelente currículo” de Retuerto, según publicó El País entonces. La otra candidata, María Jesús Salvo, llegó a explicar en una carta a Schwimmer que nunca quiso ser candidata al TEDH y que no llegó a presentarse al examen de corte en España.

En plena polémica por estos hechos se supo que el currículum de Retuerto enviado a Estrasburgo por el Gobierno español aseguraba que era magistrada del Tribunal Supremo, toda una falsedad. Ella dijo que nunca había escrito eso y el entonces responsable de Asuntos Exteriores el Partido Popular, el diputado Gustavo de Arístegui, lo achacó a un “error de traducción”. “Se dijeron muchas bobadas que no se creyó nadie”, rememora para eldiario.es Ignasi Guardans, diputado de CiU en esa época, representante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y miembro del subcomité que examinaba a los candidatos al TEDH de los distintos países.

En el caso de Elósegui, el Gobierno ha trasladado al Consejo de Europa que la selección de la terna española incluyó un “cuidadoso” examen de los currícula de sus miembros. A pesar de ello, el expediente de la catedrática de Filosofía del Derecho recoge que “preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo”. Tres responsables políticos directos de aquella ley niegan tajantemente la participación de Elósegui en el proyecto.

Como ocurrió el pasado 12 de enero, el panel de representantes de la Asamblea Parlamentaria que entrevistó a la terna española en 2002 optó por recomendar a un candidato distinto del preferido por el Gobierno español. Fue el diplomático Aurelio Pérez Giralda el elegido por los ‘examinadores’ antes que Retuerto o Salvo. Lo mismo ha ocurrido este año. La mayoría del panel de expertos consideró que José Martín y Pérez de Nanclares era el candidato más cualificado de la terna española, por delante de María Elósegui y a mucha distancia de Pérez de los Cobos. Se da la casualidad de que Pérez Giralda ocupaba en 2002 el mismo puesto que Martín y Pérez de Nanclares ahora, director jurídico de Asuntos Exteriores.

“Las ternas tienen que ser ternas y si se piden son para que el Gobierno se lo tome en serio y no meta dos candidatos de relleno. Pero entonces y ahora, el Gobierno despreció a la Asamblea Parlamentaria, que es la que decide, y en 2002 el PP casi acusaba de deslealtad a quien creía que no iba a votar a Retuerto, después del teatro de despreciar a los otros dos miembros de la terna”, asegura Guardans.

En la votación de la Asamblea Parlamentaria del 25 de septiembre de 2002, Margarita Retuerto, candidata del Gobierno, obtuvo 76 votos, quedándose a un sufragio de la mayoría necesaria para ser elegida jueza española del TEDH. En una segunda votación, el recomendado por los expertos y Retuerto empataron a 73.  

Tras esta segunda votación, el panel de expertos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó al Gobierno español que enviara una nueva terna, en una iniciativa en el que jugó un papel destacado Guardans. La diferencia con el caso Elósegui es que Retuerto no llegó a imponerse nunca en una votación. La catedrática María Elósegui tomará posesión de su puesto de jueza en Estrasburgo el próximo mes de marzo. Hasta entonces, fuentes del Consejo de Europa descartan que haya un mecanismo para evitar la toma de posesión diferente a que la propia Elósegui renuncie.

Una salida al caso de María Elósegui

Una vez integre el tribunal, el propio reglamento del mismo acoge un supuesto en su reglamento en el que, con la propuesta de un miembro del TEDH, dos tercios del tribunal pueden decidir que el juez “ha dejado de cumplir las condiciones requeridas”. Guardans asegura, sin embargo, que ese punto está reservado para el caso de que alguno de los miembros del TEDH cometa un acto impropio durante su periodo en el tribunal y descarta que pueda aplicarse al caso de Elósegui.

El PSOE, sin embargo, ve inviable que Elósegui represente a España por sus “pensamientos” homófobos y busca fórmulas para exigir su revocación en el tribunal después de que eldiario.es revelara que exageró su currículum. Fuentes de la dirección socialista admiten que lo único que pueden hacer una vez celebrada la votación en la Asamblea Parlamentaria es “presión política”.

“No podemos echarla nosotros, ni el Parlamento Europeo ni la Asamblea Parlamentaria”, señalan esas fuentes, que explican que la figura de la reprobación no existe en el Consejo de Europa como, por ejemplo, en el Congreso.

Los socialistas buscan, por tanto, fórmulas con las que presionar para que la decisión que salió adelante con 114 votos en la Asamblea de Estrasburgo sea reconsiderada. Una de las opciones, por ejemplo, es instar a los jueces del tribunal a que expulsen a su nueva compañera, que aún no ha tomado posesión.

Ciudadanos ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno en el Congreso por “el procedimiento” para seleccionar a una jueza homófoba con el CV falseado, María Elósegui.

Elósegui formó parte de la terna de magistrados seleccionados por el Gobierno para aspirar a una plaza en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Ante la polémica causada por la elección de María Elósegui como representante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirma el partido de Albert Rivera, “Ciudadanos quiere conocer los motivos por los que esta candidata, sospechosa de haber falseado su currículum, y a la que se atribuyen declaraciones homófobas y contrarias a la igualdad, ha llegado a la terna propuesta por el Gobierno”.

Ciudadanos votó al candidato recomendado por la Comisión interparlamentaria, Pérez de Nanclares, explica el partido. “La elección de una candidata bajo sospecha como Elósegui, así como la presencia en la terna de otro candidato que también ha sido objeto de controversia por su deficiente dominio de los idiomas requeridos, han empañado la elección de un juez español para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por primera vez”.

Así, Ciudadanos ha registrado las siguientes preguntas:

“Si ha habido una falsificación de currículum estaríamos ante un tema grave sobre el que habría que actuar”, ha señalado José Manuel Villegas al ser preguntado sobre el caso de la jueza María Elósegui, cuya candidatura y credenciales para optar a una plaza en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo fue validada por el Gobierno de Rajoy.

“Nosotros siempre hemos defendido que un falseamiento de este tipo es una de las causas que debe de tener consecuencias graves para cualquier cargo que lo cometa”, ha manifestado el número dos de Rivera en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en la sede nacional de su partido .

En este sentido, ha opinado que se deben “verificar los mecanismos que se han utilizado para llegar al nombramiento de la jueza” y “los filtros que se ha seguido el Gobierno” para conocer sus méritos y su capacidad para ocupar la plaza.

El dirigente de Ciudadanos, que ha recordado que ellos apoyaron para el puesto a José Martín Pérez de Nanclares, ha adelantado que su partido estudiará “en profundidad” el caso para ver las iniciativas parlamentarias que decide presentar.  “Si en algún caso se ha producido algún engaño para pasar esos filtros, habría que actuar en consecuencia”, ha remachado.

Las falsedades del currículum

Como ha ido desvelando estos días eldiario.es, la jueza falseó su currículum  y se presenta como autora del Anteproyecto de la Ley de Igualdad de 2007, cuando todos los responsables políticos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero han negado a eldiario.es que la catedrática participara de alguna manera en el proyecto.

Su expediente, que manejó el Consejo de Europa para elegirla como próxima representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, había sido antes examinado “cuidadosamente” por el Gobierno español, según trasladó éste al organismo europeo.

El ejecutivo apostaba para ocupar esa plaza por el  el expresidente del Constitucional Pérez de los Cobos y maniobró en la preselección para auparlo pero los representantes europeos votaron a Elósegui.

La semana pasada el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ya criticó las polémicas opiniones de Elósegui sobre asuntos como la homosexualidad, el uso del preservativo o el aborto. 

La jueza, entre otras cosas, ha plasmado en libros, artículos y entrevistas sus teorías sobre la homosexualidad vinculándola con distintas patologías y defendido en sus escritos que los transexuales deben someterse a terapias “psicológicas y psiquiátricas”. “No entiendo que una persona que es una buena jurista se mete en esos jardines”, afirmó Girauta. 

El portavoz de Ciudadanos cuestionó que alguien que mantiene esas teorías pueda evitar luego “un sesgo” a la hora de dictar resoluciones judiciales. A su juicio, “es muy peligroso” que alguien que debe juzgar tenga esas convicciones. No obstante, reconoció que ve “muy difícil” que las instituciones europeas puedan revocar ya ese nombramiento de la jueza española “por tener opiniones de ese tipo”.

También el PSOE se posicionó considerando “inaceptables” sus declaraciones. “Este tipo de personas, con estos pensamientos, no deben representar a España en las instituciones”, señalaron desde la dirección del partido de Pedro Sánchez.

Desde Unidos Podemos-En Comú-En Marea tanto Alberto Garzón, como la diputada Yolanda Díaz, calificaron de “bochornoso” y un “desatino” el nombramiento. “No es un reflejo de lo que es España, uno de los países más avanzados en derechos civiles”.

“Vamos a explorar cualquier posibilidad para revertir la decisión, pero somos escépticos porque ya se ha producido la votación y es ir contra unos hechos consumados”, adelantó el coordinador federal de IU.

El PSOE estudia qué acciones puede llevar a cabo en las instituciones para revocar el nombramiento de María Elósegui como jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que eldiario.es haya revelado que falseó su currículum. 

El portavoz en el Senado, Ander Gil, ha anunciado que los socialistas están “valorando si desde el ámbito de la Asamblea Parlamenta del Consejo de Europa -que es el órgano que la eligió en votación secreta- o de otros ámbitos cabe instar a la Asamblea Parlamentaria algún tipo de revocación. Gil ha asegurado que, en caso de que no haya mecanismos posibles, el PSOE lo denunciará ”en los foros oportunos“.

Para los socialistas la actuación de Elósegui es “rechazable” y la dirección constata que no participó en la elaboración de la Ley de Igualdad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como figuraba en su currículum. Gil ha explicado que para la elaboración de la norma no se contó con ningún grupo de expertos sino con un panel interministerial. “Esta jueza no pudo participar”, ha afirmado. 

En cualquier caso, para los socialistas la responsabilidad recae en el Gobierno de Mariano Rajoy, al que corresponde proponer a los aspirantes a ocupar la plaza de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “El Gobierno del PP es el que se ha empeñado a fondo para colocar a una jueza de su cuerda, ultraconservadora. El resultado ha sido este”, ha afirmado Gil, que ha lamentado la “imagen exterior” que proyecta España con el polémico nombramiento de la catedrática, que hizo comentarios como que la homosexualidad genera “patologías”. 

Esas declaraciones ya provocaron que la dirección de Pedro Sánchez considerara inoportuna su presencia en el Tribunal de Estrasburgo. Los socialistas europeos no dieron una instrucción clara de voto en la Asamblea Parlamentaria, aunque en la reunión de grupo se hizo hincapié en que ninguno de los tres aspirantes presentados por España eran progresistas y que, en todo caso, fue José Martín y Pérez de Nanclares el que obtuvo una mejor valoración de la comisión evaluadora. 

Pablo Iglesias: “A su casa”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también ha criticado duramente a Elósegui por el falseamiento de su currículum y ha comparado la situación de la jueza con la de “cualquier estudiante” que opte a una beca y sea cogido mintiendo. “Los estudiantes deben estar flipando porque si a ellos les pillan, les quitan la beca”, informa Aitor Riveiro.

El líder de Podemos ha considerado “de chiste” que los partidos tengan que opinar de algo que, en su opinión, no merece ninguna discusión. “Es evidente que la deberían mandar a su casa sin necesidad de que nos pronunciemos”, ha zanjado.

El fracaso del Gobierno al empeñarse en que el magistrado Francisco Pérez de los Cobos y no otro fuera el representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha propiciado que finalmente se haga con la plaza la aspirante de la terna con menos posibilidades. Ahora, al revés por no colocar a su candidato, el Ejecutivo debe sumar la responsabilidad de haber preseleccionado a María Elósegui, autora durante veinte años de escritos teñidos de homofobia y que, como ha revelado eldiario.es, falseó el currículum que visó el Ejecutivo y en el que se basaron los miembros del Consejo de Europa para votarla mayoritariamente.

En el caso de que María Elósegui no acceda a las peticiones de dentro y fuera de España para que no tome posesión dentro de tres meses, la catedrática que se inventó haber redactado la Ley de Igualdad de Zapatero y que ha escrito que “la homosexualidad produce patologías” será la representante española en la máxima instancia judicial en Derechos Humanos hasta 2026.

Minutos antes de las siete de la tarde del martes pasado, los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fueron informados del resultado de la votación que habían celebrado por la mañana. Un total de 114 de ellos, la mitad más uno de los que habían participado, votaron a la catedrática de Filosofía del Derecho María Elósegui Ichaso. El jefe Asuntos Jurídicos de Exteriores, José Martín y Pérez de Nanclares, quedaba en segundo lugar con 76 votos, a pesar de haber sido el recomendado a la Asamblea por el panel de juristas que habían examinado a los tres aspirantes españoles. El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, solo conseguía 37 apoyos.

El jueves por la mañana, eldiario.es recopilaba en una información textos publicados por Elósegui durante dos décadas con posiciones homófobas y transfóbicas. El sábado, llegaba la noticia del currículo falso. En 60 horas el Gobierno había pasado de fracasar en su intento de colocar a su candidato en el TEDH a ser cuestionado por haber incluido en la terna de candidatos seleccionada por Presidencia, Justicia y Asuntos Exteriores a alguien que piensa que el preservativo “puede fomentar los abusos sexuales” y que ha mentido en su currículum.

Lo que sigue es el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy para que Pérez de los Cobos accediera en alfombra roja al Tribunal de Estrasburgo y cómo el expresidente del Constitucional acabó tropezando por el tapiz, lo que María Elósegui aprovehó para convertirse en la sustituta de Luis López Guerra en el Tribunal de Estrasburgo. 

1. Un juez para contener el procès desde Estrasburgo

Para llegar hasta la elección de Elósegui hay que retroceder un año atrás. El 31 de 2017 se cumplía el periodo máximo de nueve años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el español Luis López Guerra, antiguo secretario de Estado de Justicia con el PSOE. El Gobierno, sin embargo, había retrasado la apertura del proceso de selección hasta 11 días antes de que se cumpliera su mandato. En ámbitos jurídicos y políticos circulaba ya que el candidato de Moncloa para Estrasburgo era el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Pero éste no dejaba el sillón del tribunal hasta marzo. Con los plazos impuestos por el Gobierno, Pérez de los Cobos estaba a tiempo de optar a la plaza de Estrasburgo.

Pero el plan del Ejecutivo se comenzó a torcer pronto. El 9 de marzo, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia presentaba un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la nulidad del Acuerdo del Gobierno. Este imponía un límite de 61 años para acceder al puesto de juez del TEDH, con el argumento de que la jubilación del organismo es a los 70 años. En su recurso, la asociación de jueces alegaba que se producía “una discriminación por razón de la edad y una vulneración del derecho fundamental a la igualdad”. Alegaban los progresistas que el acceso de las mujeres a la Judicatura se había producido en España mucho más tarde y que ese límite de edad suponía una traba extra para ellas. En verano, tras un intenso debate, el Tribunal Supremo falló a favor del recurso de Juezas y Jueces para la Democracia y anuló el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

En los mentideros jurídicos, además, era conocida la intención de la expresidenta del Tribunal Constitucional y magistrada progresista María Emilia Casas de optar a la plaza de Estrasburgo. El Acuerdo del Gobierno de Rajoy, sin embargo, la dejaba fuera al tener entonces 66 años. El magistrado que debía ser sustituido era Luis López Guerra, quien ejerció como secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2007. Ese mismo año, López Guerra comenzó su periodo de nueve años en el TEDH.

En 2013 López Guera participó en las resoluciones del tribunal que tumbaron la ‘doctrina Parot’. La aplicación del mandato de Estrasburgo provocó un incendio en el seno de la derecha española, con las asociaciones mayoritarias de víctimas yel  sector más reaccionario de los votantes del PP enfrentados al Gobierno de Rajoy, al que acusaban de no haber hecho nada por impedir la excarcelación de presos de ETA, una vez hecho el cálculo de reducción de condenas que impuso Estrasburgo. El nuevo juez español podrá participar, directamente o a través de su influencia en otros miembros del tribunal, en los recursos presentados ya y los que lleguen contra las decisiones de la justicia española respecto al proceso soberanista en Catalunya.

2. Operación Alfombra Roja (para Pérez de los Cobos)

En julio, un nuevo Acuerdo de Gobierno reabría el proceso de selección de juez del TEDH, ya sin el límite de edad. Para entonces, María Emilia Casas había renunciado a aspirar a la plaza, coinciden fuentes jurídicas. Un total de 17 aspirantes concurrieron, de ellas, dos mujeres. El Consejo de Europa imponía condiciones: un nivel alto de inglés o francés y “pasivo” del otro. Se trata de los dos idiomas en el que trabaja y falla el Tribunal. Además, una de los tres candidatos españoles debería ser mujer.

Tras la retirada de dos de los aspirantes, un comité de expertos entrevistó y examinó los currículum de los 15 restantes. El Gobierno había establecido que compondrían ese comité el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro López, en calidad de presidente, y que lo acompañarían la número dos del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; la subsecretaria de ese mismo departamento, Aurea Roldán; el subsecretario del Ministerio de Presidencia y Administración Territorial, José María Jover; y el agente para la representación de España ante el TEDH, Rafael Andrés León, en calidad de secretario.

Asistidos de dos intérpretes de Exteriores, el comité entrevistó a los quince candidatos en inglés o francés, los dos idiomas que Estrasburgo utiliza, entre el 9 y el 23 de septiembre. Todos menos fueron considerados válidos y al llegar a la elección de tres de ellos no hubo sorpresas, uno era el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos. Junto a él integrarían la terna española un subdirector general de Exteriores, José Martín y Pérez de Nanclares, y la catedrática de Filosofía del Derecho María Elósegui, los tres elegidos por unanimidad.

Entre la documentación remitida a Estrasburgo desde Madrid el 1 de noviembre figuraba el currículum de los tres candidatos. En el de Elósegui, redactado en tercera persona, se puede leer que “preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo”.

El pasado viernes, eldiario.es publicó que tres de los máximos responsables políticos de aquella Ley, integrantes del Gobierno de Zapatero, desmienten tajantemente aportación alguna de Elósegui al texto. La catedrática había ayudado a un juez gallego, Fernando Lousada, a elaborar junto a otros dos expertos un trabajo que el Instituto de la Mujer había requerido al magistrado y que finalmente no fue tenido en cuenta. La “cuidadosa evaluación” del Gobierno español nunca detectó el fraude.

3. El plan se tuerce al salir de España: cero apoyos de los expertos 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa está compuesta por 648 representantes (324 representantes y otros tantos suplentes) de los 47 países miembros. Un panel de expertos pertenecientes a la Asamblea entrevistó el pasado 12 de enero a los tres candidatos españoles. Entre ellos estaba el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá. Las entrevistas se hicieron en inglés y francés y versaron sobre distintos asuntos de actualidad, jurisprudencia del TEDH y supuestos prácticos.

Una web española publicó que Pérez de los Cobos no supo expresarse en inglés ni francés y que pidió ser entrevistado en español. No fue así. El expresidente del Tribunal Constitucional leyó una introducción en inglés y respondió a las preguntas de los expertos en un francés “bastante correcto”, según fuentes del Consejo de Europa.

Tras las entrevistas, de alrededor de una hora, el panel de expertos se retiró a deliberar y acordó que los tres aspirantes eran válidos para convertirse en jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con tal de que uno de los candidatos hubiera sido considerado no apto, la terna entera se hubiera devuelto al país de origen, como ha ocurrido en varias ocasiones.

El diputado Xuclá se retiró a la hora de la votación y dejó su puesto a otro jurista no español. De los diez expertos, siete consideraron que el más cualificado de los aspirantes era Martín y Pérez de Nanclares. Otros tres votaron a Elósegui. Pérez de los Cobos, el candidato del Gobierno y con la única experiencia en Derechos Humanos que el contacto institucional del Constitucional español con el TEDH, según su currículum, no fue elegido por ninguno de los diez miembros del comité evaluador.

4. Campaña fantasma de María Elósegui y campanada final

María Elósegui había comenzado una campaña a finales de noviembre con el envío masivo de correos electrónicos a los miembros de la Asamblea Parlamentaria. Según las fuentes consultadas, también viajó por distintos países para exponer su candidatura. El hecho de que la catedrática no cuente con apoyo público de organización alguna ha levantado suspicacias en el seno del Consejo de Europa sobre cómo pudo sufragar esa campaña, en algunos aspectos muy agresiva.

Así lo atestiguan algunos de esos correos electrónicos, que Elósegui envió a los parlamentarios de los que detectó no tenían decidido su voto hasta horas antes del pleno de la Asamblea. “¿Nunca es momento para una mujer solo porque cuenta con sus propios apoyos y no trabaja en un Ministerio?”, se preguntaba en uno de esos mensajes, en referencia al cargo de subdirector general de Asuntos Jurídicos de Exteriores que desempeña Martín y Pérez de Nanclares, el favorito del panel de expertos.

Y así se llegó al jueves pasado. La votación comenzó a las 10 de la mañana, pero los resultados no se conocieron hasta poco antes de las siete de la tarde. Elósegui se había impuesto al candidato del Gobierno español y al recomendado por el propio Consejo de Europa por mayoría absoluta y en primera ronda.

La inclusión de su falsa colaboración con el Gobierno de Zapatero en una Ley de Igualdad no ha supesto un asunto menor en la explicación de por qué Elósegui consiguió el apoyo mayoritario de la Asamblea Parlamentaria. Fuentes del Consejo de Europa aseguran que la catedrática de Filosofía del Derecho ha sido votada por representantes tanto de la derecha como de la izquierda europea, entre estos últimos la única parlamentaria de Podemos, según confirmaron fuentes de la propia formación.

La toma de posesión de Elósegui está prevista para marzo. Una vez elegida por la Asamblea parece imposible que pueda evitarse que llegue al TEDH, con el reglamento en la mano. Esta redacción lleva desde el miércoles intentando ponerse en contacto con la catedrática, que no atiende a las peticiones. En una entrevista ha dicho que no piensa renunciar por el contenido homófobo de sus publicaciones. Fue antes de que eldiario.es publicara que había mentido en su currículum.

"Consideramos completamente inaceptable que alguien que se posiciona en contra del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que considera a las personas transexuales enfermas y que describe el comportamiento homosexual como compulsivo, pueda pertenecer al Tribunal de Derechos Humanos europeo."

El pasado jueves saltaba a la prensa la lamentable noticia de la elección de la jueza María Elósegui como nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, habiendo sido ésta una de las propuestas del Gobierno de España.

Entre sus muchas declaraciones en libros, artículos y entrevistas, esta jueza y catedrática de Filosofía del Derecho, ha lanzado claras y contundentes opiniones homófobas y transfóbicas que no pueden dejarnos indiferentes.  

Estas son algunas de sus perlas más destacadas:

“Numerosos estudios sobre la conducta homosexual, que como se sabe es mucho más compulsiva y lleva, a pesar de la gran necesidad afectiva de estas personas, a tener un elevado número de parejas”.

“Quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías”.

“El derecho civil es bastante crudo. Le interesa los efectos patrimoniales y los derechos sucesorios patrimoniales. De ahí que regule las relaciones sexuales de las que se puede derivar descendencia. Lo demás simplemente no le interesa porque no tiene efectos públicos. Es verdad que la ideología liberal de género ha penetrado también en el derecho civil y eso explica las corrientes recientes de intentar equiparar jurídicamente las relaciones homosexuales a las heterosexuales. Pero a pesar de todo, ningún ordenamiento jurídico europeo ha llamado a esas relaciones matrimonio, aunque les intente otorgar cierta protección jurídica que yo también considero justa dentro de ciertos límites”.

Consideramos completamente inaceptable que alguien que se posiciona en contra del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que considera a las personas transexuales enfermas y que describe el comportamiento  homosexual como compulsivo, pueda pertenecer al Tribunal de Derechos Humanos europeo.

Se equivoca la Sra. Elósegui en todas sus alucinógenas y prepotentes declaraciones sobre estos asuntos, opinando de forma descadaramente dañina en contra de aquello por lo que pretende velar.  Ignora de manera alarmante la realidad de las personas LGTBI, y cae en grandes prejuicios que la convierten en atacante y contradefensora de esos Derechos Humanos. Impresiona comprobar que una jurista, jueza y catedrática,  a la que se le supone un conocimiento profundo de las leyes y de la realidad social en la que vive caiga en tan profundo desconocimiento.

Quizá sería bueno explicarle a esta jurista que son precisamente los mensajes  como los suyos los que provocan que las personas homosexuales puedan llegar a padecer ciertas dolencias psicológicas.  Que son ese tipo de afirmaciones las que nos condenan a sentirnos enfermas, las que consiguen que miles de personas, en una situación de vulnerabilidad, se desarrollen y vivan sus relaciones de manera insana, socialmente menospreciadas, armarizadas, desconectadas de su entorno social, reprimidas, vapuleadas, atemorizadas, maltratadas por esa supuesta élite saludable a la que ella pertenece, las personas cisgénero y heteronormativas.   Son sus declaraciones las que alientan y justifican la LGTBIfobia que venimos siglos padeciendo, las que nos roban la libertad y la dignidad como personas.  

Ha quedado en completa evidencia, que para ser defensora de los Derechos Humanos le falta conocimiento, le falta sensibilidad, le falta empatía, le falta humildad, y le sobra prepotencia heteronormativa.  Ha quedado patente que su línea de pensamiento va en contra de lo que toda la comunidad LGTBI persigue para conseguir la igualdad plena necesaria para defender su dignidad como personas, que es la normalización de la diversidad sexual.  Ha quedado claro que son las personas como ella las que inventan los armarios, alentando al que no cumple su idealizado orden sexual,  a que se introduzca en ellos si es que no sienten la suficiente fortaleza para enfrentarse a esas opiniones que evidencian la más vieja homofobia.  Y ha quedado de sobra demostrado que la Ley de Igualdad que actualmente se tramita en el Parlamento español es completamente necesaria y urgente, porque hay que educar para ampliar la mirada, la conciencia y la capacidad para comprender que la diversidad es un hecho, y así evitar que quienes nos tienen que defender no sepan de qué hablan cuando hablan sobre lo que defienden.

 Es indignante y humillante que personas como la Sra. Elósegui ocupe un lugar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

Desde aquí solicitamos y exigimos que esta señora sea retirada de su recién elegido cargo inmediatamente, y responsabilizamos al gobierno de Mariano Rajoy de ésta tan surrealista propuesta.  Desde hace meses nuestro gobierno viene defendiendo nuestra Constitución por otros asuntos:  Sr. Rajoy, empiece por los Derechos y Libertades fundamentales y saque de sus puestos de poder a quienes no saben defenderlos, o en cualquier caso no los promocione. 

*Mar Tornero es Vicepresidenta de Asociación Ni Peras Ni Manzanas Murcia

y miembro Coordinación de Comunicaciones de Paro Internacional de Mujeres Cartagena

El currículum de María Elósegui que manejó el Consejo de Europa para elegirla próxima jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos había sido antes examinado “cuidadosamente” por el Gobierno español, según trasladó éste al organismo europeo. Elósegui, sin embargo, se presenta en él como autora del Anteproyecto de la Ley de Igualdad de 2007, cuando todos los responsables políticos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero han negado a eldiario.es que la catedrática participara de alguna manera en el proyecto.

El 1 de noviembre de 2017, el Consejo de Europa recibió una comunicación de Rafael Andrés León Cavero, agente para la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ella, León Cavero daba cuenta del proceso de selección realizado en España y de la terna resultante. En su escrito afirma que el Gobierno español ha “deliberado y evaluado cuidadosamente los currículum de todos los candidatos” y que propone “por unanimidad” a Elósegui, Francisco Pérez de los Cobos y José Martín y Pérez de Nanclares.

En esa misma comunicación, el agente español explica que la selección ha sido realizada por un Comité compuesto por altos cargos de Asuntos Exteriores, Presidencia del Gobierno y Ministerio de Justicia. Presidió ese Comité el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro López, y lo integraron la número dos del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; la subsecretaria de ese mismo departamento, Aurea Roldán; el subsecretario del Ministerio de Presidencia y Administración Territorial, José María Jover; y el propio Rafael Andrés León, que actuó de secretario.

En un principio se presentaron al convocatoria abierta un total 17 candidatos, pero dos renunciaron antes de las entrevistas personales que realizó el Comité en inglés, francés o ambos idiomas, los que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dos intérpretes de la Oficina de Servicios Lingüísticos del Ministerio de Asuntos Exteriores asistieron a los altos cargos, según detalla la carta. Las entrevistas se realizaron entre el 9 y el 23 de septiembre y solo uno de los 15 candidatos fue considerado no apto.

Con las entrevistas realizadas y una vez evaluados “cuidadosamente” los currículum de cada uno, los cinco altos cargos del Gobierno decidieron, por unanimidad, que la terna española, extraída de los 14 candidatos que quedaban, estaría compuesta por Pérez de los Cobos, Martín y Pérez de Nanclares y Elósegui.

La carta del representante español en Estrasburgo fue hecha pública por el Consejo de Europa esta semana, tras la elección de Elósegui, así como otra documentación relacionada con el proceso de selección, en España y en Estrasburgo. Entre esa documentación figura el currículum de la elegida por la Asamblea Parlamentaria. En tercera persona se puede leer que María Elósegui “preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo”.

El Gobierno de Zapatero desmiente su colaboración

Esta redacción se puso en contacto el pasado viernes con Jesús Caldera, titular del departamento de Trabajo, Ministerio proponente del Proyecto de Ley; con la secretaria de Igualdad entonces, Soledad Murillo; y con la directora del Instituto de la Mujer de aquella época, Rosa Peris. Todos ellos dijeron no tener constancia de aportación alguna de Elósegui a aquel proyecto legislativo, que reformó 27 leyes y cambió las políticas de igualdad en España.

Al tiempo, eldiario.es intentó preguntar a María Elósegui por esta cuestión, como había procurado desde el miércoles con otras relativas a sus publicaciones. La catedrática no respondió a las reiteradas llamadas a la Universidad de Zaragoza, donde trabaja, ni a su domicilio particular. Tampoco contestó a los correos electrónicos remitidos a sus direcciones personal y de trabajo, previa comprobación de que se encuentran activos y utiliza habitualmente.

La antigua directora del Instituto de la Mujer Rosa Peris, a consultas de eldiario.es, buscó entre su documentación y encontró un estudio que en 2004 encargó el organismo que dirigía al magistrado Fernando Lousada, con el objeto de utilizarlo en una futura Ley de Igualdad. Según consta en el currículum de Lousada, éste decidió reclutar a tres expertos para realizar aquel trabajo, que nunca llegó a ser utilizado por el Instituto de la Mujer. Elósegui no entró jamás en contacto con el Ministerio ni con ninguno de sus órganos dependientes, aseguró Peris.

El falso currículum y la intensa campaña

La inclusión de su falsa colaboración con el Gobierno de Zapatero en una Ley de Igualdad no supone un asunto menor en la explicación de por qué Elósegui consiguió el apoyo mayoritario de la Asamblea Parlamentaria. Fuentes del Consejo de Europa aseguran que la catedrática de Filosofía del Derecho ha sido votada por representantes tanto de la derecha como de la izquierda europea, entre estos últimos la única parlamentaria de Podemos, según confirmaron fuentes de la propia formación.

Elósegui ha sido protagonista de una intensa campaña que el Consejo de Europa no había vivido antes, según varias fuentes del organismo europeo. Como reveló eldiario.es, la catedrática en persona estuvo enviando correos electrónicos a los miembros de la Asamblea Parlamentaria en los últimos dos meses y hasta horas antes de la votación.

En esos correos alcanzaba un tono de descalificación hacia su principal adversario, Martín y Pérez de Nanclares, el recomendado por el panel de expertos de la citada Asamblea. “¿Nunca es momento para una mujer solo porque cuenta con sus propios apoyos y no trabaja en un Ministerio?”, se preguntaba en uno de esos mensajes en referencia al cargo de subdirector general de Asuntos Jurídicos de Exteriores que desempeña su adversario.

Al tiempo, Elósegui había exhibido su verdadero perfil conservador a los parlamentarios de esa tendencia en entrevistas por los estados miembros del Consejo de Europa y también durante sus desplazamientos a Estrasburgo, con motivo de su papel en el ECRI, un comité antirracista del Consejo de Europa que integra desde 2013.

El Consejo de Europa obliga a los estados miembros a que presenten una terna para el Tribunal de Estrasburgo en la que cada candidato hable con fluidez inglés o francés y tenga un conocimiento “pasivo” de uno de esos idiomas. También exige que uno de esos tres candidatos sea mujer, cuota que representó Elósegui.

El Gobierno tuvo desde el principio como auténtico candidato al expresidente del Tribunal Constitucional Diego Pérez de los Cobos. Para facilitar su elección retrasó meses la apertura del proceso de selección, a la espera de que el magistrado dejara el Constitucional. Después, aprobó unos criterios que dejaban fuera a la que iba a ser su principal oponente, la también expresidenta del Constitucional, María Emilia Casas, pero tuvo que modificarlos porque el Tribunal Supremo tumbó el acuerdo del Consejo de Ministros por discriminatorio.

Al llegar el proceso de selección a Estrasburgo, siete de los diez juristas del panel de expertos de la Asamblea Parlamentaria optaron por Pérez y Martín de Nanclares y tres por Elósegui. Pérez de los Cobos no recabó ningún apoyo en ese corte. Todo apuntaba a que los representantes europeos seguirían el criterio de su panel de expertos y votarían al subdirector general de Exteriores, pero Elósegui acabó imponiéndose con 114 votos de los 227 emitidos, la mayoría absoluta.

El reciente nombramiento de María Elósegui para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las informaciones que nos han llegado sobre su falso currículum, tratando de ofrecer un perfil acorde con la defensa de los Derechos Humanos, no solo muestra la predisposición de nuestros gobernantes a seguir haciendo el ridículo internacional y el escaso interés que les merece la defensa de los Derechos Humanos. No, aquí no solo se han puesto de manifiesto el enchufismo y el nepotismo a que nos tiene acostumbrados el PP.

El hecho de que esta Catedrática de Filosofía de Derecho incluyera datos falsos en su expediente, suponemos que, como mínimo, debiera provocar que se revise el procedimiento de votación para su designación, pues ésta se produjo bajo engaño. Este es un cometido de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, víctima del ardid, que esperamos reaccione y remedie y subsane como corresponde. Lo verdaderamente alarmante fue saber que la recién elegida es una fiel militante de las doctrinas deterministas acerca de gays, lesbianas y transexuales, según las cuales, estas personas tendrían tendencia a desarrollar patologías o, como en el caso de los trans, debieran ser sometidos a tratamientos psiquiátricos a fin de superar su “disforia” o descontento con el sexo que les correspondió cuando nacieron.

Estas teorías, ya superadas, establecían que la biología -degeneración genética- o el entorno social -desviación social- eran determinantes en la homosexualidad. De ahí que, inspirados en estos perversos principios pseudocientíficos, muchos países incluyeron las “prácticas” homosexuales como delitos. Esta creencia, además, entronca con todas aquellas inspiradas en la finalidad procreadora de toda relación de pareja. Más tarde, el régimen nazi, el fascista italiano y el franquismo, con diferente intensidad y variedad en la persecución, propiciaron la criminalización de estas personas no heterosexuales. Negar la dignidad como personas al colectivo LGTBI, cuestionándolo e infravalorándolo como “patología” y anomalía psicosocial es radicalmente contrario a cualquier postulado basado en el respeto a los Derechos Humanos.

En la actualidad se cuentan, al menos, 70 países en todo el mundo que persiguen y reprimen violentamente a los homosexuales, lesbianas y transexuales. Por eso, hay numerosos Convenios e Instrumentos Internacionales que recogen la preocupación por la injusta exclusión y persecución de este colectivo. Sin dignidad humana no hay Derechos Humanos. No en vano, en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza a proclamarse que “la dignidad humana libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. La dignidad humana es la cualidad de las personas, como sujetos de derechos, que no se adquiere ni se concede, sencillamente es inherente al ser humano. Y los seres humanos en cuanto que diferentes, diversos y peculiares, nos reconocemos y respetamos.

Reconozcamos que hay ideologías y creencias de todo signo y que la grandeza y el sustento de todos los sistemas democráticos consiste en cobijarlas a todas, aun aquellas teorías y opiniones inquietantes y contrarias a los principios de igualdad, que propugnan la exclusión de los colectivos más vulnerables, como el LGTBI. Pero que el sistema democrático tolere y no persiga la libertad de opinión y de expresión no significa que deba dar lugar preeminente a las doctrinas que fomentan la homofobia y la transfobia. María Elósegui, militante a ultranza de estos postulados contrarios a la dignidad de millones de personas no heterosexuales, perseguidas en numerosos países por su orientación y/o identidad sexual y vulnerables por el hostigamiento y rechazo que suelen padecer en nuestro entorno, no es la persona más idónea para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Tribunal más prestigioso del mundo en esta materia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos incide notablemente en la vida de los ciudadanos europeos y ha logrado, incluso, modificar legislaciones internas, como es el caso de España, que no ha podido eludir sus compromisos en varios y sonados asuntos. Pero su área de influencia no sólo opera en Europa; por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muy presente la jurisprudencia emanada de este Tribunal con sede Estrasburgo. Por eso, que esta Catedrática de Filosofía del Derecho consiguiera su plaza en el TEDH constituye una flagrante desnaturalización del digno desempeño que realiza este alto Tribunal. El solo hecho de trascender su ideario -nada compulsivo y sí muy reflexionado y documentado- contrario a la dignidad de las personas LGTBI, ha provocado algunas reacciones en contra. Las que salieron en su defensa, alegaban que las creencias de los jueces no deben ser determinantes a la hora de optar a sus cargos. Y eso es cierto, los jueces han de enjuiciar con sujeción al principio de imparcialidad sin que su ideología o creencia les influya o determine en sus resoluciones.

Sin embargo, cabe plantear si es posible la defensa de los Derechos Humanos por quien no los acepta. Recordemos que la base de éstos no es otra que el reconocimiento de la dignidad humana y que María Elósegui niega este Derecho a gran parte de la humanidad. Es tanto como designar ante este Tribunal a quien defiende en determinados casos la práctica de tortura o la pena de muerte. Aquí no caben equidistancias ni partidismos ni corporativismos: cada retroceso en la exigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos nos sume en una etapa más insolidaria, perversa y e indigna que la anterior superada. Quienes ganan con estos retrocesos suelen aprender a construir andamiajes aptos para blindarse a las exigencias del cumplimiento de aquéllos. Por eso, es tan complicado reconquistar los derechos previamente arrebatados.

Los mecanismos de defensa o resistencia a la aplicación de los Derechos Humanos suelen pasar por procesos de “normalización” en los que la ciudadanía ya ni reacciona, como ha sucedido en este caso de la nominación de María Elósegui. A poca gente le ha alarmado, incluso, se han invocado argumentos muy elaborados sobre su derecho a ser juez ante el TEDH, muy a pesar de su militancia contra la dignidad humana -enfocada contra el colectivo LGTBI-. El hecho de que ella falseara su currículum desmonta todos estos planteamientos: ella edulcoró y reelaboró su trayectoria académica y profesional, a fin de simular una apariencia de idoneidad, sabedora de que, de no hacerlo, no llegaría a ser elegida.

Salvo honrosas excepciones, no hemos visto que ningún representante político se haya levantado de su cómodo asiento para denunciar públicamente esta grave anomalía, que una persona que no cree en los Derechos Humanos nos va a representar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como miembro de la judicatura en los siguientes 9 años. Como un verso suelto, tan sólo Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha reclamado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se subsane este grave error; la pena es que la responsabilidad, humanidad y solidaridad de su acción no se ha visto apoyada por nadie. Por más que la defensa de los Derechos Humanos ha de ser transversal, plural y universal.

No son las convicciones las que inhabilitan para juzgar sino la incapacidad para abstraerse de ellas a la hora de hacerlo. Los textos revelados por este diario, pertenecientes a la nueva magistrada electa del Tribunal de Estrasburgo en representación de España, han llevado a muchos a concluir que no es aceptable que una persona que tiene un pensamiento que se considera homófobo pueda defender adecuadamente los Derechos Humanos desde tal instancia. Como abogada de causas perdidas que saben que soy, yo quiero argumentar aquí que no son sus convicciones ortodoxas cristianas -o ultraortodoxas si quieren- las que tienen que preocuparnos sino su capacidad para juzgar aplicando la ley y sin mezclarlas en ello. María Elósegui es numeraria del Opus Dei, como otros jueces lo son en España. Nadie hace un examen ideológico a los jueces para ejercer su labor. Sólo se les exige que sus convicciones íntimas no tuerzan su mano al juzgar. Lo mismo le debe ser exigido a la nueva magistrada internacional.

Así que la pregunta que parece planear sobre la polémica es en realidad: ¿Es posible creer y defender los derechos humanos desde ciertas posiciones? Yo creo que, afortunadamente, sí. Creo que se llega a la defensa de esos valores fundamentales desde diversas ideologías o creencias y digo afortunadamente porque, en caso contrario, si sólo desde el laicismo se defendieran los principios fundamentales de nuestra convivencia, estos estarían demasiado solos y demasiado en peligro. Pero dejaré que sea la propia Elósegui quien conteste a eso: “Creo que hay unos valores comunes y universales entre todas las culturas, que se reflejan en los Derechos Humanos, y que estos deben enseñarse en las escuelas y a toda la ciudadanía. Hay una ética racional que nos une a todos. A pesar de que aumente el relativismo moral, cabe llegar a puntos comunes objetivos, que no son un mero consenso sino que forman parte del humanismo cívico”. Es algo que he comprobado en muchos debates y ocasiones. En muchos temas clave que afectan a la dignidad humana y a los derechos fundamentales del individuo, es más fácil confluir desde la izquierda con personas que proceden del humanismo cristiano que con los descarnados neoliberales. Estos creen, al final, que las leyes del mercado pueden regir también la vida humana y por eso apuestan por los vientres de alquiler, la prostitución como negocio,el capitalismo salvaje, la desigualdad o incluso en casos extremos la venta de órganos. Nunca encontrarás a un humanista cristiano en ese barco.

El caso es que Elósegui lleva años trabajando en el Consejo de Europa en temas de inmigración y que se ha interesado por los Derechos Humanos hasta centrar su carrera académica en ellos. No se si puede deducirse de ahí que los desprecia o que no es capaz de defenderlos. No he podido leer sus 17 libros y más de 100 artículos. Ha escrito tratados completos sobre “la inclusión del otro”, la “ciudadanía inclusiva”, el problema de Francia con su no aceptación de esa inclusión y ha manifestado que “los que vinculan inmigración con terrorismo, mantienen una xenofobia basada en miedos y que llega a atacar al Islam cuando muchos de esos chicos son vulnerables y son utilizados”. La catedrática mantiene una postura respecto a los delitos de odio que ya me gustaría a mi que asumiera el ministro del Interior y hasta la Fiscalía de este país. “El discurso del odio, además, debe tener como intención el incitar a otros a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra quien va dirigido el discurso. El contenido del injusto es que se genere un peligro cierto de actos ilícitos contra esos grupos o personas”. Justo lo que muchos en este país no quieren entender, extendiendo el discurso del odio hasta lograr represiones inaceptables. Es una mujer que cree que “la Doctrina Parot se hizo a través de la jurisprudencia y no era justa”. Ya ven. Lo que le dolieron las tripas al PP con el hecho de que López Guerra estuviera sentado en Estrasburgo y fuera partidario de tumbarla. No les hubiera ido mejor ahora.

Otro de los campos de trabajo intelectual de Elósegui ha sido el tema de la igualdad. En su currículum afirma haber trabajado en un grupo de cuatro expertos con contrato del Instituto de la Mujer en la elaboración de la actual Ley de Igualdad. La indignación ha saltado ante la exclusiva de este medio en la que se descubre que ha tuneado su CV y convertido un contrato externo para realizar un estudio previo en ser redactora de la norma. Esta cuestión sí merece la exigencia de explicaciones públicas urgentes. Además, entiendo que quiénes estén habilitados podrían poner en conocimiento del TEDH esta circunstancia por si fuera motivo de cese en su cargo. En Europa son poco comprensivos con esta costumbre española del maquillaje de méritos.

No obstante, parece que el problema se circunscribe a sus opiniones sobre la homosexualidad, matrimonio igualitario, transexualidad y otras similares. Ha defendido tesis más o menos criticables en lo antropológico pero ha expresado su aceptación de la diversidad. Aquí me gustaría incluir la cuestión de si la homofobia la constituye cualquier discurso o análisis teórico que no coincida con la opinión mayoritaria y comunmente expresada por los colectivos LGTBI o si es preciso que exista “aversión” hacia estas personas como dice la RAE. Es decir, si hay personas que, fundamentalmente por un tema de creencias religiosas, no son partidarias del matrimonio igualitario o incluso que creen que es pecado, que respetando a estos colectivo y afirmando su libertad individual, están en contra de cualquier tipo de discriminación y están dispuestos a castigar a todo el que no lo respete ¿se les puede considerar homófobos? ¿Todo discurso distinto es homófobo o hace falta ese plus de la aversión y el rechazo? Elósegui termina una de sus polémicas frases diciendo: “aún con eso, cada individuo debe ser libre para desarrollar su identidad sexual como quiera”. ¿Es inaceptable esa postura para formar parte de un tribunal de Derechos Humanos? Ojo con la respuesta porque podría abrir la caja de Pandora de qué ideologías o creencias nos habilitan y cuáles no.

Preguntada por el matrimonio igualitario ha dicho: “Como juez tengo que respetar la legislación. Yo no estoy de acuerdo con el activismo judicial y he criticado sentencias por esto”. En mi opinión eso es lo único que le es exigible a un juez, que cuando se ponga la toga cuelgue en el toguero prejuicios, convicciones personales y creencias. Si María Elósegui Itxaso lo hace, será una buena magistrada.

De lo que estoy bastante convencida es que no será una magistrada sumisa al poder político, que no la ha apoyado, y que no aceptará ser su correa de transmisión como parece que se pretendía con Pérez de los Cobos. El resto ya lo veremos. No hubiera sido mi candidata, eso es obvio, y dentro de nueve años espero que haya un gobierno de izquierdas que mande otro tipo de ternas. No la defiendo personalmente a ella. No la conozco, pero me he pasado la juventud huyendo de las numerarias que me querían convertir. No creo que simpatizáramos. Lo que defiendo es el derecho de todos a no ser excluidos en razón de nuestros pensamientos y creencias en aplicación, precisamente, del principio contenido en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “el goce de los presentes derechos debe ser asegurado sin distinción alguna por motivo de (...) religión, opiniones políticas u otras (...) o cualquier otra situación”.

Ninguno de los altos cargos del primer Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y participaron en la elaboración de la Ley de Igualdad conoce ni ha tratado nunca a María Elósegui, la nueva juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a que en el currículum que la catedrática envió a Estrasburgo se presenta como autora del anteproyecto de la ley estrella del PSOE.

Ni Jesús Caldera, titular de Trabajo -el Ministerio que figuró como proponente del proyecto de ley- ni la secretaria general de Igualdad entonces, Soledad Murillo, ni la directora del Instituto de la Mujer de aquella época, Rosa Peris, tienen constancia de ninguna aportación de Elósegui a aquel proyecto legislativo, que reformó 27 leyes y cambió las políticas de igualdad en España.

En el currículum que Elósegui remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que está redactado en tercera persona, dice de sí misma: “Preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo”. En el apartado de méritos que cuelga en la web de la Universidad de Zaragoza -donde es catedrática de Filosofía del Derecho- Elósegui sostiene que ella fue quien elaboró el borrador de la Ley de Igualdad “por encargo del Gobierno español”.

La representante que España envía al Tribunal de Derechos Humanos se ha atribuido la autoría de aquella ley histórica en artículos de prensa y también en conferencias. En una entrevista publicada por la web Euskonews se le preguntó qué contribución había hecho desde el mundo académico al político. Ella respondió que su “independencia” de los partidos políticos le había permitido desarrollar un asesoramiento técnico en varios ámbitos. “Me ha permitido, por ejemplo, hacer la Ley Orgánica de Igualdad entre hombres y mujeres del Estado”, añadió.

Todos los responsables de políticas de Igualdad del Gobierno y del PSOE en aquella época, los dirigentes que redactaron y tramitaron la ley, desmienten tajantemente el protagonismo que Elósegui se ha atribuido en documentos académicos, en medios de comunicación y en el currículum que ha aportado para que el tribunal de Estrasburgo valorase su idoneidad. eldiario.es lo corroboró este viernes con los cuatro dirigentes que impulsaron y coordinaron aquellos trabajos.

La secretaria general de Igualdad, Soledad Murillo desmiente a Elósegui y explica cómo se elaboró la ley: “Desde el Ministerio de Trabajo no contratamos a ningún experto para redactar el anteproyecto, que fue elaborado por una comisión interministerial [en la que participaron los departamentos de Educación, Trabajo, Justicia e Industria]”.

“Contábamos con los expertos del Ministerio de Justicia y teníamos además al equipo jurídico del Instituto de la Mujer. No conozco a Elósegui personalmente, aunque sé quien es, y te puedo asegurar que no tuvo ninguna participación en la ley, aunque he visto que lo subraya en su currículum. Revisamos 82 leyes a la hora de elaborar esa norma, que reformaba 27. Ella no tuvo ninguna participación y es imposible que entregara borrador alguno. Sobre todo porque ella defiende que lo hizo en febrero de 2005 y nosotros no empezamos a preparar la ley hasta finales de ese año. La aprobó el Consejo de Ministros en marzo de 2006 y se publicó en el BOE un año más tarde. Elósegui tampoco compareció como experta en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si habrá asesorado a algún partido en el trámite de enmiendas pero desmiento que tuviese ninguna participación”, ha afirmado Murillo a eldiario.es.

La diputada del PSOE que actuó como ponente de la ley y participó en todos los debates, Mariví Monteserín, actual alcaldesa de Avilés, también descarta que la recién elegida jueza de Estrasburgo aportase nada a aquel texto. “No sé quién es. No recuerdo que tuviera nada que ver. La de Igualdad fue una ley que nació de un grupo interministerial y que el Gobierno elevó después al Congreso. La única aportación externa que recuerdo partió de los planes de igualdad de las empresas que aportaron los sindicatos, especialmente Almudena Fontecha, desde UGT. Estoy convencida de que Elósegui ni siquiera fue citada en las comparecencias parlamentarias”.

En el diario de sesiones, la catedrática de Filosofía del Derecho no figura entre los expertos que acudieron a la Cámara Baja.

Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer cuando se elaboró la ley,  tampoco recordaba este viernes ninguna aportación de Elósegui a una norma de la que se siente especialmente orgullosa. Ante la insistencia de este diario, decidió ponerse a repasar la documentación que conserva de aquella tramitación legislativa. Insistió varias veces en que la catedrática de la Universidad de Zaragoza no redactó una sola línea de la norma.

Buceando en los papeles, a última hora recordó un estudio que en el año 2004 el Instituto de la Mujer decidió encargar al magistrado Fernando Lousada -quien había colaborado en la redacción de la ley de igualdad gallega- que redactase un documento de asistencia técnica para una futura ley de Igualdad estatal. Según consta en el currículum de Lousada, este decidió reclutar a tres expertos para realizar aquel trabajo. Una de ellas fue María Elósegui. La directora de la Mujer aclara que el ministerio nunca trató con ella, que el contrato se firmó únicamente con el magistrado y que el documento elaborado nunca se utilizó.

La exdirectora del Instituto de la Mujer explica que, en lugar de elaborar la ley a partir de ese tipo de aportaciones de expertos, el Gobierno de Zapatero optó por “otra técnica legislativa” y recurrió a la comisión interministerial, que se puso a trabajar a finales de 2005 a las órdenes de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Peris insiste en que ni Lousada ni mucho menos Elósegui pueden atribuirse ningún papel en la elaboración de la ley ni reconocerse en el texto. “Da a entender que ha tenido parte activa en la elaboración de la ley y no es así”, asegura.

En realidad, la nueva jueza de Estrasburgo hace algo más que eso en sus entrevistas y currículum: directamente se atribuye la autoría del proyecto estrella del Gobierno de Zapatero.

El ministro de Trabajo de entonces, Jesús Caldera, también ha respondido a esta redacción que no conoce a Elósegui más que por las noticias de los últimos días.

En 2013, ya con el Gobieno de Mariano Rajoy en La Moncloa, Elósegui sí asistió al Congreso de los Diputados, a propuesta del Partido Popular, y participó en la subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios. En la citación se le presentó como “miembro del equipo de redacción de la Ley Orgánica 3/2007”. El debate se celebró a puerta cerrada y según consta en el diario de sesiones, la catedrática se explayó sobre sus aportaciones a la norma de Zapatero.

eldiario.es ha intentado obtener una respuesta de la nueva jueza de Estrasburgo desde el pasado miércoles, en que adelantó la primera información sobre sus posiciones homófobas. El jueves Elósegui pidió que se le remitiese un cuestionario y aclaró que, dependiendo del tipo de preguntas que se le formulasen, contestaría o no a este diario. No lo hizo.

El viernes esta redacción volvió a intentar varias veces conversar con ella por teléfono. A la vista de que era imposible, a media tarde se le envió un nuevo correo electrónico en el que se le informaba de que los dirigentes políticos que impulsaron la Ley de Igualdad desmienten el papel que ella se atribuye en los currículum. Para recabar alguna explicación de la jurista se le remitieron una serie de preguntas a la dirección que que Elósegui había facilitado a esta redacción y también a otra con la que ha hecho campaña entre los representantes del Consejo de Europa que la eligieron para ejercer de juez de en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tampoco esta vez respondió.