Sopesaba yo escribir sobre los desatados criminales Trump y Netanyahu, o sobre cómo el entusiasmo ante la misión lunar está eclipsando el imperialismo espacial estadounidense, lanzado a quedarse -disputándolo, si acaso, con los chinos- un satélite terrestre, de toda la humanidad. Pero mi agenda de esta semana avisaba: “Si aún no he recibido cita del SAS, ir a reclamarla en persona al Fleming”.

El SAS es el Servicio Andaluz de Salud, el centro Doctor Fleming uno de los centros de médicos especialistas e ir, hoy por hoy, a alguno de ellos, en Andalucía, es constatar, de inmediato, el total abandono de la salud de la gente: ancianas, adolescentes, todo tipo de enfermos, doloridos… echando pestes de la gestión sanitaria del PP de Moreno Bonilla. Gestión que sigue siendo negligente, tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama, a cuyas víctimas la Junta de Andalucía se resiste a indemnizar, y en muchos más ámbitos que la oncología.

El PP de Bonilla se ha cargado la sanidad pública, por ineptitud y para empujar a la privada a cuantos puedan pagarla. Y lo ha hecho sin que, de momento, inexplicablemente, lo peor que un gobernante puede hacer a sus gobernados, que es dejar que sus enfermedades sigan avanzando, le esté pasando factura en los sondeos sobre las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Os doy contexto sobre por qué debía ir al Fleming. Al empezar 2026 pedí cita a mi médico de primaria y le consulté si debería hacerme una densitometría ósea, este año que cumplo 50, dados antecedentes familiares de osteopenia y osteoporosis, que son grados crecientes de pérdida de densidad ósea, y teniendo en cuenta mis frecuentes dolores lumbares. Él me mandó la prueba y ésta reveló “osteopenia en columna lumbar L1-L4 y en cuello femoral izquierdo”.

Cursó cita con el especialista para que éste me pusiera el tratamiento pero, en previsión de que tardaría, me mandó pastillas de calcio y vitamina D. “Si pasados dos meses no le ha llegado cita del SAS, vaya a reclamarla al centro Fleming”, dijo. Ya entonces me pareció mal sistema que, como en el desastre de los cribados de cáncer, se haga recaer en los pacientes el perseguir ser atendidos en vez de garantizarnos la asistencia.

Esperar hora y media para reclamar

Cuando finalmente estos días entré en el centro de especialidad, metí mis datos en la máquina de turnos y subí a la tercera planta, de traumatología, radiología, rehabilitación, medicina física…, me topé con la sorpresa de que la inmensísima mayoría de quienes abarrotábamos la sala de espera estábamos para reclamar citas con retraso en el mostrador, en vez de para ser ya atendidos en consulta.

“Una hora y media de espera por persona”, oí de otros pacientes, al sentarme. Hora y media para que el único trabajador tras el mostrador, junto a una segunda ventanilla rotulada “Ventanilla cerrada”, les despachara: “¿Cuánto llevan esperando cita? ¿Ocho meses? Entiendo, pero, ¡no saben la lista de espera que tiene su médico! ¡De 14 meses! No, no les recomiendo volver al médico de familia para que él les tramite otra cita ”preferente“ porque entonces todo el proceso recomienza de cero. Mejor esperen”.

Son tantas y tantos los perjudicados por el deterioro de la sanidad pública andaluza que bien podrían desencadenar un Me Too sanitario de damnificados por Moreno Bonilla. Todo un movimiento de denuncia de casos, tanto vía redes sociales como, si así lo quieren, a través de elDiario.es y elDiario.es/Andalucía.

Unos tras otros las y los pacientes, señoras apoyadas en sus andadores, llenas de dolores, padres de adolescentes necesitadas de operarse la rodilla, aducían que las pruebas hechas hacía meses, resonancias, miogramas… iban a quedar obsoletas.

“Yo no tengo potestad para adelantar a nadie en la lista”, “No puedo hacer nada”, “Pongan una reclamación, si quieren, en la planta baja”, “El que esté grave, que vaya a Urgencias”, afronta, como puede, el trabajador durante esa jornada laboral en la que, con la otra ventanilla cerrada desde hace dos años, él recibe, sin remedio, la frustración e impotencia de decenas y decenas, centenares y miles de pacientes. Tantas y tantos perjudicados, enfermos y personal, que bien podrían desencadenar un poderoso Me Too sanitario, tanto vía redes sociales como, si así lo quieren, a través de los cauces para comunicarse con elDiario.es y elDiario.es/Andalucía.

¿Citas telefónicas o acoso comercial?

Mucha gente se iba sin ser atendida, harta de esperar turno para oír en el mostrador que se fueran a sus casas a seguir esperando. Pero al marcharse se perdían una recomendación del funcionario: “Estén atentos a sus teléfonos porque cuando, al final, llegue el turno de sus citas, les llamaremos sólo dos veces, seguidas. Y mucha gente no coge la llamada creyendo que somos los comerciales de ofertas de telefonía, luz, cable… Si no contestan, el sistema deriva la cita al cauce de correo postal, que aún tarda más”.

¡Vaya sistema el de la Junta de Andalucía! ¿Por qué no mandan un WhatsApp o un SMS? ¡Y vaya perjuicio extra del ya insoportable acoso telefónico de tantas empresas que, pese a los sucesivos anuncios del gobierno central no se acaba de atajar!

No sólo es indignante sino peligroso que la gestión sanitaria del PP allá donde gobierna nos ponga a las y los pacientes, por sistema, a perseguir y rogar que nos atiendan, mientras empeora nuestra salud, en vez de garantizarnos la asistencia para frenar o curar nuestras dolencias.

“Por favor, mantengan el silencio en la sala”, ruega, a cada tanto, el funcionario y también una locución grabada. Pero la gente está que trina.

Entonces doy el paso y digo en voz alta: “Invito amablemente a todos los indignados a la manifestación por la sanidad pública que habrá este domingo 12 en Sevilla, como en toda Andalucía… Y a votar muy en conciencia en las elecciones de mayo”.

Mujeres, jóvenes y mayores, y algún hombre se interesan por la hora y sitio de la protesta. “Sí, algo tenemos que hacer, porque la Junta pasa”, “Bonilla, venga sonrisa, y aquí nos tiene, abandonaos”.

Anulaciones que recortan listas de espera

Pensaba yo en el contraste entre el clima en la sala de espera y el que proclaman las encuestas cuando, al fin, me llegó el turno. Avancé resignada a que me dijeran que esperara en casa más de un año, sin prever la sorpresa. “A usted no van a llamarla”, anunció el hombre, imprimiéndome el pantallazo de su ordenador: “NO PROCEDE CITACIÓN EN REUMATOLOGÍA. LA OSTEOPENIA DEBE SER SEGUIDA/VALORADA POR EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA”.

“¿Y esto es así? ¿Es correcto?”, le pregunté. “Debe serlo -me respondió- porque lo ha escrito el jefe de servicio”, me contestó. “Pero, el médico de familia dijo lo contrario”, pensé en voz alta. “Háblelo con él y a ver…”, propuso. “Perdonen que me meta”, se levantó una señora, como un resorte, “pero tenemos que poner reclamaciones porque yo vengo por lo mismo, rechazada del Hospital Virgen del Rocío al que me mandó un especialista de aquí. ¡Así se recortan las listas de espera, negándonos la asistencia!”

Si nada hay más valioso que la salud y vida, nuestras y de quienes amamos, y estamos viendo, en primera persona, que la gestión sanitaria del PP boicotea la prevención y nos deja tiradas cuando enfermamos, habrá que levantarse en legítima defensa y votar en masa para que dejen de hacernos daño.

Yo he reclamado, por supuesto. Y cogido nueva cita con mi médico de primaria, pese a la inseguridad que da que él mismo considere no ser el adecuado. La he cogido para primer día disponible. O sea, dentro de dos semanas. Sé que la osteopenia no es grave, pero sí algo a tratar desde ya para evitar que mis huesos, de madre de tres hijos cuyos esqueletos he creado con mi calcio, lleguen a descalcificarse demasiado pronto, de forma irremediable. Aumentando el riesgo de fracturas.

Pero, sobre todo, he visto con mis propios ojos eso que sabemos, que denuncia incluso algún alcalde del PP y que esta misma semana ha alumbrado la encuesta de DS Métrica sobre la situación sanitaria en Andalucía: que las políticas del PP le están costando la salud a la gente cada día.

La salud y hasta la vida. Y no sólo en Andalucía sino en las demás comunidades donde el PP gobierna. A veces, ocurre de forma tan salvaje que llega a los tribunales y salta a la prensa, como el caso, conocido esta semana, de una señora muerta en Urgencias del Hospital General de València, tras dejarla desatendida 36 horas. Otras, pasa en el más siniestro silencio. Me resisto a creer que pudiendo parar tantos ataques a lo más valioso, nuestra salud y vidas, no vayamos a levantarnos en legítima defensa y a votar en masa para que dejen de hacernos daño.

Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

La inspecció sanitària de la Generalitat ha multat amb 16.000 euros la Universitat Cardenal Herrera CEU per haver permés durant anys que els embalsemaments de més de 650 cadàvers amb finalitats d’investigació en la seua facultat les fera una persona sense la titulació adequada, segons ha confirmat la Conselleria de Sanitat. Els inspectors confirmen així la denúncia d’un extreballador —acomiadat prèviament— que va posar en coneixement aquesta pràctica, que ell mateix feia i que era totalment irregular. La ràpida actuació del departament que dirigeix Marciano Gómez contrasta amb la del Col·legi de Metges de València, que no ha considerat plantejar aquesta pràctica de la universitat privada com a intrusisme laboral.

Fonts de la universitat valenciana han confirmat a elDiario.es que els seus serveis jurídics estudien la possibilitat de presentar al·legacions.

Fonts de la Conselleria de Sanitat van explicar que el 16 de desembre de 2025 es va presentar, per registre davant la inspecció sanitària, una denúncia per part d’un extreballador de la Universitat Cardenal Herrera CEU en relació amb la realització de pràctiques irregulars de conservació de cadàvers amb finalitats docents en aquesta universitat. Tècnics de la Secció d’Ordenació i Inspecció Sanitària van fer una visita d’inspecció a les instal·lacions del CEU Cardenal Herrera el 17 de desembre de 2025 i van alçar les actes corresponents. Els inspectors van estar en tot moment acompanyats per personal directiu del centre universitari.

«Es va confirmar per part dels representants de la Universitat presents en la visita d’inspecció que la persona encarregada de fer les tècniques de conservació dels cadàvers era la persona denunciant, que no disposa de la titulació de metge, tal com exigeix la normativa», van manifestar des de Sanitat. Per això, es va incoar l’expedient sancionador corresponent, «i es va establir una multa de 16.000 euros».

En la mateixa inspecció, els tècnics de la Conselleria van confirmar que les instal·lacions i la dotació de la sala autoritzada per a l’ús de cadàvers amb finalitats docents o científiques «mantenen els requisits pels quals es va emetre informe favorable per a la seua autorització el 12 de juny de 2012, d’acord amb la normativa vigent». A més, van afegir, «disposa d’un registre de pràctiques de conservació de cadàvers, així com de tota la documentació que ha d’acompanyar el finat».

Les mateixes fonts de la Conselleria de Sanitat van assenyalar que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 4 de juliol de 2025 la Guia de Consens sobre Sanitat Mortuòria, «en què es preveu que altres professionals, a més dels metges, puguen fer pràctiques de tanatopràxia». «Per part seua, el personal que efectue la tanatopràxia o haja de decidir sobre la necessitat de sotmetre el cadàver a refrigeració o congelació haurà de ser graduat o llicenciat en Medicina o tenir amb la qualificació professional de Tanatopràxia ajustada al Reial decret 140/2011, del 4 de febrer, pel qual es complementa el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional Sanitat; o disposar del certificat de professionalitat especificat en el Reial decret 1535/2011, del 31 d’octubre, pel qual s’estableix un certificat de professionalitat de la família professional Sanitat inclòs en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat».

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat treballa a hores d’ara en la modificació de la normativa de la Comunitat Valenciana per a adequar-la a aquesta guia.

El tècnic de laboratori i denunciant de la irregularitat en l’embalsamament de cadàvers va ser acomiadat el mes de juliol passat. El treballador vincula el seu acomiadament —contra el qual ha recorregut— amb la seua declaració com a testimoni davant el Jutjat d’Instrucció número 1 de València tres mesos abans, en el marc d’un procediment sobre la donació del cos d’un difunt usuari d’una residència.

La inspección sanitaria de la Generalitat ha multado con 16.000 euros a la Universidad Cardenal Herrera CEU por haber permitido durante años que los embalsamamientos de más de 650 cadáveres con fines de investigación en su facultad fueran realizadas por una persona sin la titulación adecuada, según ha confirmado la Conselleria de Sanidad. Los inspectores confirman así la denuncia de un extrabajador —despedido previamente— que puso en conocimiento esta práctica, que él mismo realizaba y que era totalmente irregular. La rápida actuación del departamento que dirige Marciano Gómez contrasta con la del Colegio de Médicos de Valencia, que no ha considerado plantear esta práctica de la universidad privada como intrusismo laboral.

Fuentes de la universidad valenciana han confirmado a elDiario.es que sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de presentar alegaciones.

La Conselleria de Sanidad ha explicado que el pasado 16 de diciembre de 2025 se presentó, por registro ante la inspección sanitaria, una denuncia por parte de un extrabajador de la Universidad Cardenal Herrera CEU en relación con la realización de prácticas irregulares de conservación de cadáveres con fines docentes en dicha universidad. Técnicos de la Sección de Ordenación e Inspección Sanitaria realizaron una visita de inspección a las instalaciones del CEU Cardenal Herrera el 17 de diciembre de 2025, levantando las correspondientes actas. Los inspectores estuvieron en todo momento acompañados por personal directivo del centro universitario.

«Se confirmó por parte de los representantes de la Universidad presentes en la visita de inspección que la persona encargada de realizar las técnicas de conservación de los cadáveres era la persona denunciante, que no dispone de la titulación de médico, tal como exige la normativa», manifestaron desde Sanidad. Por ello, se procedió a iniciar el correspondiente expediente sancionador, «estableciendo una multa de 16.000 euros».

En la misma inspección, los técnicos de la Conselleria confirmaron que las instalaciones y la dotación de la sala autorizada para el uso de cadáveres con fines docentes o científicos «mantienen los requisitos por los que se emitió informe favorable para su autorización el 12 de junio de 2012, conforme a la normativa vigente». Además, añadieron, «dispone de un registro de prácticas de conservación de cadáveres, así como de toda la documentación que debe acompañar al finado».

Las mismas fuentes de la Conselleria de Sanidad señalaron que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 4 de julio de 2025 la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria, «en la que se contempla que otros profesionales, además de los médicos, puedan realizar prácticas de tanatopraxia». «Por su parte, el personal que efectúe la tanatopraxia o deba decidir sobre la necesidad de someter al cadáver a refrigeración o congelación deberá ser graduado o licenciado en Medicina; o contar con la cualificación profesional de Tanatopraxia ajustada al Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad; o disponer del certificado de profesionalidad especificado en el Real Decreto 1535/2011, de 31 de octubre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional Sanidad incluido en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad».

En ese sentido, la Conselleria de Sanidad está trabajando en la modificación de la normativa de la Comunitat Valenciana para adecuarla a dicha guía.

El técnico de laboratorio y denunciante de la irregularidad en el embalsamamiento de cadáveres fue despedido el pasado mes de julio. El trabajador vincula su despido —que ha recurrido— con su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de València tres meses antes, en el marco de un procedimiento sobre la donación del cuerpo de un fallecido usuario de una residencia.

Por provincias, 166 de las denuncias se produjeron en Badajoz y 105 en Cáceres. Los hospitales más señalados fueron, por este orden, los de Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Don Benito–Villanueva de la Serena.

Las principales reclamaciones estuvieron relacionadas con las listas de espera y con la atención en los servicios de cirugía general, urgencias, traumatología y ginecología y obstetricia, según detalla la asociación.

El Defensor del Paciente subraya que las cifras de 2025 se sitúan por debajo de la media de la última década en Extremadura, fijada en 299 casos anuales, lo que coloca a la comunidad en una franja media-baja del recuento estatal. Pese a ello, advierte de que “existe un descontento general entre la población y el personal sanitario por la situación de la sanidad extremeña”.

La entidad atribuye esta situación a la “inestabilidad” del sistema sanitario regional, derivada en gran parte de las listas de espera quirúrgica. Según sus datos, Extremadura presenta la tercera peor lista de espera para intervenciones quirúrgicas de España, solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

A 30 de junio de 2025, el tiempo medio de espera para pasar por quirófano en la región se situaba en 134 días, 30 menos que el año anterior. En esa misma fecha, 21.208 personas permanecían en lista de espera para una intervención, lo que supone un descenso aproximado de 3.072 pacientes.

La asociación también alerta de la “delicada situación” de la atención primaria en Extremadura, especialmente en las zonas rurales, debido a la falta de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Asimismo, denuncia la existencia de “más de un centenar de plazas sin cubrir” en especialidades como medicina interna, cirugía general, anestesiología y reanimación, traumatología y radiodiagnóstico.

Críticas a la privatización y defensa del sistema público

“El fortalecimiento del sistema público es la única vía para afrontar los retos de la sanidad extremeña”, concluye El Defensor del Paciente, que critica la derivación de recursos a la sanidad privada en lugar de reforzar de forma estructural la pública.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso presentado por la familia de Piotr Piskozub, el joven sin hogar que murió 12 horas después de haber sido dado de alta en el Hospital Virgen del Rocío, al no contemplar relación de causalidad entre la prestación sanitaria que se le dispensó en el servicio de urgencias y su posterior fallecimiento, a pesar de que presentaba un estado de desnutrición severa. Pesaba 30 kilogramos y sufría neumonía y tuberculosis, según el informe de la autopsia.

El esfuerzo de la familia se ha centrado a lo largo de la década en que la administración reconozca su responsabilidad a la hora de atender a esta persona vulnerable. El argumento esgrimido por el órgano judicial, y los diferentes actores implicados en el proceso, se centra en que, aun con todo el apoyo de los facultativos que le dieron el alta, de ninguna forma se hubiera podido evitar su pérdida. Sin embargo, como aseveró el hermano del fallecido a este medio, la cuestión era haberlo ingresado con el fin de darle un trato humano en sus últimos instantes de vida. “Si hubiera muerto rodeado de atención profesional, no nos hubiésemos quejado y hubiésemos tenido la certeza de que se había hecho todo lo posible desde el punto de vista médico”, dijo.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, a la que ha tenido acceso esta cabecera, llega más de 12 años después de lo ocurrido. El hecho se produjo el día 2 de octubre de 2013, cuando el varón de 23 años se desplomó sobre el suelo mientras esperaba en una cola para comer en un albergue municipal de Sevilla, lugar al que se le había derivado al dar por finalizado el protocolo de actuación en el centro sanitario en el que había estado momentos antes. Acudió al servicio de emergencias hospitalarias con el propósito de que lo alimentaran, pero, pese a su estado físico y anímico, no se realizaron las pruebas complementarias, como una hemograma bioquímico o una radiografía de tórax, que habrían facilitado un diagnóstico de las patologías que, finalmente, causaron su deceso.

En el auto, para el que cabe un nuevo recurso, se cita el informe forense, según el cual la muerte Piskozub “se hubiera producido igualmente en las horas siguientes a la atención hospitalaria, aun cuando se hubiera diagnosticado su enfermedad y este hubiera quedado ingresado en el centro médico”, a lo que se añade que “los peritos fueron tajantes respecto a esta conclusión”. Por tanto, se manifiesta que “no se puede pretender una indemnización conforme a baremo como si cupiera apreciar una relación de causalidad entre la prestación sanitaria prestada con el desenlace luctuoso” ni, tampoco, alegando lo que se conoce como “pérdida de oportunidad”, concepto jurídico relacionado con evitar un perjuicio.

“Falta de medios”

El caso removió a la sociedad hispalense, cuya movilización bajo el lema No más muertes sociales aglutinó a asociaciones aparte de a su círculo familiar, desde donde se pedía responsabilidad al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por lo que entendían como una negligencia asistencial. Con ello, se puso el foco en la atención sanitaria a las personas sin hogar, motivo por el que la Junta de Andalucía actualizó el procedimiento marco de asistencia a personas en riesgo social en las urgencias hospitalarias. Al echar la vista atrás, el periplo judicial se ha convertido en un rosario de la aurora en el que se ha negado en varias ocasiones la relación entre los hechos que denunciaba la familia y, por tanto, una cobertura digna al paciente que se encontraba desnutrido.

El primer dictamen llegó en 2013 cuando la jueza de Instrucción número 5 de Sevilla archivó la causa. Ante la ausencia de responsabilidades, los allegados del joven sin hogar apelaron el fallo y, tres años más tarde, la Audiencia de Sevilla desestimó el recurso al no ver un ilícito de imprudencia médica, como pedía la Fiscalía, por lo que la actuación de los tres médicos y el enfermero que atendieron al joven de origen polaco quedó impune desde el punto de vista penal, pese a que la acusación aludía a delitos de homicidio por imprudencia grave. De cualquier forma, el auto señalaba que “si bien la actuación de los imputados no fue del todo correcta, pues se omitió la realización de pruebas necesarias para llegar a un diagnóstico acertado, produciéndose, por tanto, la infracción del deber de cuidado, no existe, sin embargo, relación de causalidad con el resultado final, es decir, el fallecimiento del paciente”.

Aun así, la representación legal de los afectados, ejercida por Luis Santos, de la Cooperativa Jarsia Abogados, encauzó la causa a través de una reclamación patrimonial contra el SAS. Con este movimiento, se logró que la administración reconociera su implicación en los hechos, otorgando una compensación económica de 6.000 euros a la madre y el hermano de la víctima a raíz de la muerte que se había producido tras acudir a las instalaciones hospitalarias.

La Dirección Gerencia del SAS expuso en 2016, en la resolución que puso fin a la vía administrativa, que “se produjeron daños morales por la falta de medios que, siendo oportunos, dada la situación, no se le dispensaron”. Así, se admitía “el daño moral originado con motivo de la asistencia dispensada a don Piotr Piskozub”. En la condena, la jueza apunta que el estado del hombre “requería la realización de pruebas” que “no se realizaron”. De todos modos, concluía que “incluso de haber efectuado las pruebas diagnósticas mencionadas, y haber diagnosticado antes la enfermedad, se hubiera producido el desenlace fatal”, determinando que “no cabe hablar de pérdida de la oportunidad, ya que no ha quedado probada la probabilidad de que la actuación médica hubiera evitado el fallecimiento”, ya que padecía neumonía y tuberculosis.

En sus últimos instantes, Piotr Piskozub murió, según la autopsia, por una neumonía por neumococo y S. aureus en paciente con tuberculosis miliar que afectaba al pulmón, hígado y riñón. Sus pulmones pesaban en conjunto 1.760 gramos cuando el peso normal sería de 750 a 800 gramos, lo que indicaba que había “una enfermedad o infección”. Tal y como recoge el escrito del TSJA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que un estado de desnutrición severa (cuando el Índice de Masa Corporal —IMC— es inferior a 16 Kg/m2) es indicativo de hospitalización, tratamiento de malnutrición, realización de pruebas diagnósticas para la detección de las enfermedades de base y tratamiento de las mismas. El joven tenía un IMC DE 12,6 Kg/m2.

Dos años y medio después del hallazgo que dio origen al denominado caso Parches de las ambulancias canarias, vuelve a aparecer otro desfibrilador infantil caducado y con la fecha manipulada en una base de transporte sanitario público. En esta ocasión, ha sido en Tenerife, en un cuarto que la clínica privada Hospiten Sur cede a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC).

Los hechos fueron denunciados a primera hora de este jueves en la comisaría de la Policía Nacional en Adeje por un trabajador de la empresa Tasisa, adjudicataria de este servicio público. El empleado acudió a las dependencias policiales cuando finalizó su turno de 24 horas y aportó las fotografías a los agentes. El parche presuntamente falsificado lo había encontrado a las ocho de la mañana del día anterior, cuando comenzó su jornada en una ambulancia de soporte vital avanzado, una UVI móvil.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, el trabajador se percató en ese momento de que un parche desfibrilador de la marca ZOLL (utilizado para la reanimación cardiopulmonar de niños y niñas de hasta ocho años) estaba caducado desde 2022, pero había sido cubierto con una nueva pegatina que prolongaba la fecha de vencimiento seis años, hasta el 5 de mayo de 2028.

La fecha de la etiqueta manipulada es relevante, puesto que se trata de la misma que figuraba en los parches desfibriladores que encontró el denunciante del caso en Gran Canaria (un delegado de prevención de riesgos laborales del Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias -SITES-) el 20 de julio de 2023, origen de la investigación que se sustancia desde hace dos años en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la salud pública.

En abril de este año, la multinacional Health Transportation Group (HTGroup), matriz de Tasisa, adjudicataria de varios lotes del servicio de transporte sanitario urgente en Canarias, comunicó a los representantes de los trabajadores que apartaba a las tres personas de la empresa que estaban siendo investigadas por estos hechos. Dos de ellos, la gerente (J.P.M.L.) y el responsable zonal y supervisor de recursos materiales (N.M.L.) acabaron siendo despedidos y han demandado a la empresa por ello. Los juicios laborales están señalados para marzo y mayo de 2026.

El tercer investigado de la empresa es el auxiliar administrativo que se encargaba de las peticiones y suministro de material médico (M.L.J.R.), quien en su declaración ante el magistrado instructor el pasado octubre señaló a su supervisor (N.M.L.). En esa comparecencia, contó que su jefe le confesó que había manipulado los parches y que incluso presumió de ello, extremo que el señalado negó.

Además de apartar a los tres trabajadores de la empresa investigados, HTGroup informó en aquel momento de que, ante esa sospecha de falsificación, había ordenado retirar todos los parches pediátricos de sus ambulancias y reponerlos.

Correo a la empresa

Al tener conocimiento de la aparición de otro desfibrilador infantil con la fecha manipulada en Tenerife, un representante de SITES avisó a la empresa. “Creo que queda evidenciado que la tarea de retirada que llevó a cabo no fue eficaz, por lo que reitero que esta nueva gerencia disponga de los medios necesarios para erradicar este problema y presunto delito por el que se juzga a la empresa”, señala el correo.

Desde el sindicato explican que la empresa pública GSC tiene un acuerdo con Hospiten por el que la empresa privada le cede un cuarto del hospital para que el personal de ambulancias pueda descansar y guardar el material. “Prácticamente el 80% del material” utilizado en esos vehículos de transporte sanitario lo suministra la clínica, apuntan los trabajadores. En cambio, de dispensar los parches desfibriladores o los filtros HEPA, por ejemplo, se hace cargo directamente Tasisa (HTGroup).

Al ser preguntadas por el hallazgo de esta misma semana, fuentes oficiales de HTGroup afirman que no se trata “de un hecho nuevo”, puesto que “guarda relación con la investigación judicial actualmente en curso”. “La empresa tiene activados todos los protocolos y procedimientos correspondientes para detectar estas situaciones por parte de los distintos responsables”, añaden.

Antecedentes del caso

El llamado caso Parches se abrió en agosto de 2023, a raíz de la denuncia ante la Policía Nacional del delegado de prevención de Sites que encontró varios parches pediátricos manipulados. Al asumir la investigación y practicar registros a bases de ambulancias y a las oficinas de Tasisa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detectó medicamentos y material sanitario caducado o deteriorado en las ambulancias de esa empresa (tanto en las básicas como en las sanitarizadas o medicalizadas), ausencia de fármacos imprescindibles para atender a los pacientes o equipos en mal estado.

Los informes de la UDEF hablan de “lagunas terapéuticas”, con especial mención a la “habitual insuficiencia” de insulina y de otros medicamentos que o bien no estaban en las ambulancias o no cumplían con las especificaciones del contrato, generando un riesgo para los pacientes.

En relación con los parches pediátricos, fueron hallados algunos reetiquetados con ampliación de fecha, como los que dieron lugar a la denuncia original en Gran Canaria o la última en Tenerife, pero también otros en los que había un cambio de marca.

Durante las pesquisas, la Policía Nacional recabó correos electrónicos de los trabajadores que ya alertaban años antes de la falta de medicación vital y de que determinadas ambulancias no reunían los requisitos mínimos para operar. En uno de esos mensajes, un sanitario llegaba a comunicar a la empresa que un vehículo debía quedar inoperativo para no incurrir en negligencia.

La UDEF calificaba en esos informes de “extremadamente relajados y apáticos” los controles de la empresa GSC a las ambulancias. Y ponía el ejemplo de una de ellas, sanitarizada, que no había vuelto a ser inspeccionada después de que en una revisión se detectaran más de un centenar de carencias.

En la causa que se sustancia en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria también obra un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que califica de “riesgo muy grave para la salud” el uso de parches de desfibrilación caducados en pacientes pediátricos, ya que en situaciones de parada cardiaca “no se puede asegurar su correcto funcionamiento”.

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana investiga una denuncia sobre el supuesto embalsamamiento “ilegal” en instalaciones de la Universidad CEU Cardenal Herrera de más de 650 cadáveres donados a la ciencia, según han confirmado fuentes oficiales a elDiario.es. Sanitat ha abierto un expediente informativo tras la denuncia del embalsamador, un técnico de laboratorio despedido por el CEU. El hombre, que en paralelo recurrió su despido, denunció ante la Conselleria de Sanitat, que dirige Marciano Gómez, que entre 2004 y 2025 realizó “labores de embalsamamiento de cadáveres humanos donados a la ciencia”, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. “Quiero denunciar que se han embalsamado de manera ilegal más de 650 cadáveres desde el año 2004 hasta la actualidad”, indica el escrito, al que ha tenido acceso este diario.

“La ilegalidad”, abundaba, “consiste en que la persona que realizaba dicha función era yo personalmente (Técnico de Laboratorio). Las personas que están autorizadas para realizar dicha función son médicos colegiados, que después de embalsamar tienen que presentar un acta de embalsamamiento en Sanidad. Según el Decreto 39/2005, de 25 de febrero establece claramente que esta ilegalidad está tipificada como un acto muy grave y que las sanciones conllevan el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por el plazo máximo de cinco años”.

El decreto tipifica como infracción muy grave “la realización de prácticas de tanatopraxia en lugares o por personal no acreditado profesionalmente”.

El hombre aportó su contrato de trabajo, firmado en 2004 como personal no docente y oficial primero de laboratorio a tiempo completo. El contrato incluye la “realización de la obra o servicio de preparación de huesos, embalsamamiento de cadáveres y demás tareas necesarias para preparar el material necesario de las clases prácticas”.

Siete años después de que firmara el contrato, el técnico de laboratorio rellenó, a petición del área de Recursos Humanos de la universidad privada, un documento para la actualización de la descripción del puesto de trabajo, en el que detalló que gran parte de su tiempo de trabajo lo dedicaba al “mantenimiento” y “embalsamamiento” de cadáveres.

En el apartado de sugerencias del documento, el técnico de laboratorio indicó que la sala de disección en las instalaciones del CEU de Seminario en Alfara del Patriarca (Valencia) “no cumple con los requisitos mínimos indispensables que requiere la policía sanitaria mortuoria, lo que limita de una forma importante el desarrollo de esta actividad”.

El técnico de laboratorio fue despedido el pasado mes de julio. El hombre vincula su despido, que ha recurrido, con su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de València, tres meses antes, en el marco de un procedimiento sobre la donación del cuerpo de un fallecido usuario en una residencia.

Consultado por este diario, un portavoz del CEU ha asegurado que la universidad no ha recibido ninguna notificación relativa al expediente informativo de la Conselleria de Sanitat y ha declinado ofrecer su versión de los hechos.

Una niña de cinco años sufrió trastornos de salud por la anestesia en una clínica dental privada de Paterna (Valencia) practicada por el mismo anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica de Alzira y a otra de cuatro que estuvo ingresada en un hospital.

La niña de cinco años fue atendida en una clínica de Paterna el día anterior a lo ocurrido con las otras dos menores y tuvo que acudir a un hospital al sufrir complicaciones por la anestesia, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

La Policía continúa investigando los hechos ocurridos en la clínica de Alzira a raíz de un tratamiento dental el pasado 20 de noviembre, tras el cual falleció la niña de seis años y otra estuvo ingresada varios días en el hospital Clínico de València.

El anestesista, que acudía a varios lugares de trabajo, quedó el pasado 4 de diciembre en libertad con medidas cautelares, según acordó la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número cinco de Alzira, después de que ser detenido el día anterior por homicidio imprudente.

La jueza consideró que no se daban las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, ni de destrucción de pruebas.

El hombre, de 43 años, deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado, y además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional.

El anestesista queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

Por su parte, la dueña de la clínica dental privada de Alzira, de 50 años, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Un clínica sin autorización para anestesiar

La Conselleria de Sanidad informó de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor, de modo que únicamente está autorizada para “administrar sin más autorización anestésicos locales”.

El pasado 20 de noviembre una niña de 6 años ingresó, minutos antes de las 17 horas, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación, sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de cuatro años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica, y fue dada de alta varios días después.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista y a la propietaria de la clínica dental privada de Alzira (Valencia) en la que una niña de seis años y otra de cuatro recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que al hombre de 43 años se le ha detenido en València como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública. Con respecto a la dueña, se trata de una mujer de 50 años que está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública, ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado. Ha sido detenida en Alzira pocas horas después de la detención del médico.

Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento de le niña de seis años como las lesiones sufridas por la otra menor.

El suceso ocurrió el pasado 20 de noviembre. Una niña de seis años ingresó, minutos antes de las 17 horas, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en la clínica privada Mireia Vila y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15.11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de cuatro años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica, con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica. Fue dada de alta este martes.

Solo un día después del suceso, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad inició un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental. Según este departamento, no tenía autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor. Su autorización es “como clínica dental con actividad de odontología-estomatología”, de modo que únicamente está autorizada para “administrar sin más autorización anestésicos locales”.

Dos días después de estos hechos, el personal del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad se entrevistó con el anestesista que atendió a ambas menores con el propósito de elaborar un informe que será trasladado a la autoridad judicial.

Hace una semana, además, la Policía Nacional registró la clínica Mireia Vila. Según adelantó entonces el diario Las Provincias, los agentes buscaron la sustancias que administraban en este centro para la sedación de los pacientes además de la documentación relacionada con la trazabilidad de los fármacos.

Una niña de seis años ha fallecido tras haber sido atendida en una clínica dental privada de Alzira (Valencia), mientras que otra menor, de cuatro años, atendida en la misma clínica, se encuentra ingresada en el hospital Clínico de València.

Según han informado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, a las 16.52 horas de este jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital.

Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon “éxitus judicial”, según las mismas fuentes.

Previamente, a las 15.11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de cuatro años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.

Este viernes, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar más de 1,2 millones de euros, a los que hay que sumar intereses, por no detectar una lesión en la médula espinal en un niño de año y medio que se quedó parapléjico.

El alto tribunal gallego, en un extenso fallo emitido el pasado 30 de junio —y recogido por Europa Press—, tumba los recursos del Sergas y de la aseguradora XL Insurance contra la sentencia de primera instancia, emitida en noviembre de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago de Compostela, que queda confirmada. La familia del menor está representada en este caso por el abogado Alfonso Iglesias.

Según el relato de hechos probados que recoge la sentencia, que aún no es firme, el niño estaba en un parque de un municipio cercano a Vigo cuando sufrió una caída de 1,5 metros que le causó fracturas en tres vértebras y un hematoma epidural.

No obstante, estas lesiones “pasaron desapercibidas” durante dos ingresos en el Hospital Álvaro Cunqueiro y el resultado que “era previsible y evitable de haber actuado conforme a la lex artis de la medicina”.

En concreto, en el primero de los ingresos, inmediatamente después del accidente, los facultativos no detectaron una microfractura en tres vértebras que derivó en un hematoma epidural por sangrado que desembocó en una lesión medular por la que se quedó parapléjico, “ya que se le aplicó muy tarde el tratamiento descomprensivo” para evacuar la hemorragia.

Días después, el niño fue ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció hasta inicios de marzo del 2020.

Frente a los recursos del Sergas y la aseguradora, los magistrados del TSXG coinciden con el juzgado de Santiago y con los peritos en que si se hubieran detectado las fracturas vertebrales, “visibles ya en los resultados de las pruebas que se le practicaron al menor en su primer ingreso”, era obligatorio prolongar la hospitalización y practicarle una resonancia magnética, “en lugar de darle el alta”.

De hecho, horas más tarde volvió a ingresar en el hospital vigués con “síntoma clínico sugestivo de inicio de compromiso neurológico”, pero “sin embargo no mereció de la práctica de ninguna medida/prueba diagnóstica o terapéutica adecuada”.

“La sentencia (de primera instancia) tiene por cierto que si se hubiera realizado esa resonancia magnética y prolongando el primer ingreso del menor (...) se hubiera detectado el hematoma, se le habría operado de urgencia (...) y aplicado un tratamiento descomprensivo que hubiera evitado su evolución” en una lesión espinal, argumentan los magistrados, que reiteran en que fue una “infracción de la lex artis”.

El Juzgado de Instrucción 1 de Llerena (Badajoz) ha abierto diligencias previas por el fallecimiento de una joven de 24 años que, embarazada de siete meses, ingresó hasta en cuatro ocasiones en días distintos en el hospital de esta localidad por fuertes dolores abdominales y vómitos.

Fue en su quinto ingreso hospitalario, registrado el 29 de diciembre del pasado año, cuando el personal sanitario comprobó que el corazón del feto ya no latía, por lo que la joven fue sometida a un proceso de inducción al parto.

Pocas horas después, la joven vomita, pierde la conciencia y fallece en la habitación en la que estaba ingresada. Según el gabinete Vosseler Abogados, que representa a la familia, la causa de la muerte de la joven fue por una peritonitis, a tenor de lo expresado por el forense que realizó la autopsia, si bien aún no se dispone del informe final.

A juicio del letrado Javier Benito, y “dadas las circunstancias en la que se desarrolló este terrible suceso”, existe “un claro delito de homicidio por imprudencia grave”. “Es inasumible que en pleno siglo XXI, en un centro médico de un país del primer mundo, no se diagnostique una peritonitis, que acabe conllevando la muerte del feto y de la madre”, ha expuesto el letrado.

Por ello, ha pedido al juez instructor de la denuncia que solicite al Hospital de Llerena una relación del personal técnico y profesional (médicos, enfermeras y auxiliares) que atendió a la joven.

Según el relato de la parte denunciante, la joven, con 13 meses de gestación, acudió el 11 de octubre de 2024 al servicio de Urgencias del citado centro hospitalario por un dolor abdominal. Aunque los análisis mostraban “valores descompensados de leucocitos y proteína C reactiva”, fue dada de alta tres horas después.

La joven volvió al mismo centro sanitario el 23 de noviembre con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Si bien los análisis clínicos volvieron a mostrar valores descompensados, fue dada de alta horas después.

Similar episodio se produjo alrededor de las 10,10 horas del 28 diciembre. Sin embargo, ocho horas después vuelve a ir al hospital “al persistir los vómitos y tener estos características fecales”. En la medianoche de ese día, la joven es ingresada en el servicio de Obstetricia, que determina la necesidad de realizar un análisis de sangre y una ecografía abdominal, la cual se lleva a cabo en el hospital de Zafra, pues “ese día en el de Llerena no había radiólogo”.

También se indica -continúa el relato de los hechos por parte de la acusación particular- la necesidad de una sonda nasogástrica, pero esta “no se lleva a cabo, porque el personal sanitario no fue capaz de insertarla a la paciente”.

El 29 de diciembre, alrededor de la una de la madrugada y tras detectarse a través de la ecografía abdominal la muerte del feto, se procedió a la inducción del parto. Cuatro horas más tarde, la madre empieza a vomitar y pierde la conciencia en la habitación donde está ingresada.

Tras observar la ausencia de pulso, el personal sanitario activa el protocolo de parada cardiorrespiratorio y, después de 45 minutos de maniobras de reanimación, se declara el fallecimiento.

Hace 17 años, Aneta Kotwika tuvo dos hijas prematuras en un hospital zaragozano. El parto fue antes de tiempo a consecuencia de varias infecciones de orina que había padecido y, finalmente, una de las niñas falleció. La historia de Aneta, incluido el periplo judicial posterior, está reflejada ahora en un cortometraje de 23 minutos producido en Aragón de forma independiente. 

‘DLA MNIE (A MI)' es el título de este trabajo audiovisual dirigido por Francisco Javier Millán y protagonizado por Yulia Demóss. La producción ha corrido a cargo de la protagonista de la historia real, Aneta Kotwica, al no haber podido obtener ninguna ayuda pública para sacarlo adelante. El cortometraje se estrena este viernes 16 de mayo en la capital aragonesa en el Centro Joaquín Roncal a las 19:00. 

La protagonista del cortometraje se llama Marianna, es una mujer polaca residente en España que pierde a una de sus mellizas tras un parto prematuro. Decide denunciar al hospital por mala praxis en el seguimiento del embarazo. La jueza falla a favor del hospital dos veces. “Es la lucha de una madre soltera contra el sistema”, expone Millán, que destaca el doble problema con el que se encontró la protagonista: “Luchar contra el sistema sanitario, que es difícil, y encontrarse un abogado con pocos escrúpulos”. 

Sumado al drama hospitalario, el cortometraje también recoge la estafa que sufrió la protagonista por parte del bufete de abogados con el que contactó, que no presentó el caso, pero sí que cobró sus tarifas. “DLA MNIE (A MI)” es una producción independiente, junto a Yulia Demóss, participan en el reparto: Alba Gallego, Carmen Gutiérrez, Néstor Arnas, Ana María Pavía, Susana Martínez, la niña Amaia Miranda y la colaboración especial de Javier Vázquez.

El cortometraje está dirigido por Francisco Javier Millán, periodista, escritor y productor audiovisual, quien regresa a la dirección tras veinte años sin ponerse detrás de las cámaras. Es el único productor aragonés que ha sido doble finalista a los Goya y los Óscar por el cortometraje Amores ciegos (2012), dirigido por Marisé Samitier. También es director del largometraje En silencio (2006) y productor de más de treinta cortometrajes de notable recorrido internacional.

El rodaje contó con importantes exteriores de la ciudad de Zaragoza, en especial en la Ciudad de la Justicia, la Pasarela del Voluntariado y en Zaragoza Hípica, además del Balneario de la Virgen de Jaraba, en la comarca de Calatayud. Se realizó en diez días, “algo anómalo porque un corto de esta duración suele comprimirse en cinco días, pero este corto tenía la peculiaridad de muchas escenas en muchas localizaciones. Preferimos un rodaje tranquilo, salvo algún día más completo como el de Jaraba, yo quería abandonar esos rodajes de guerrilla y plantearlo como un rodaje profesional, ceñido a nuestros tiempos, buena producción, una película en pequeño”, expone Millán. 

“Ha sido un rodaje muy especial, una nueva oportunidad para ponerme en marcha, estaba un poco retirado de este mundo, pero sí que es cierto que cuando pille el proyecto cuando lo había director fue como volver a montar en bicicleta, intenté llevar una producción tranquila, muy agradable el proyecto, todo estuvo muy bien armonizado, no hubo apenas problemas de producción, ha sido una experiencia fantástica, no solamente poder trabajar con la protagonista, sino con todo el plantel de actores aragoneses”, asegura el director. 

Cortometraje independiente

En cuanto a la financiación, Millán explica que es completamente independiente. “Llamamos a todas las puertas de todas las ayudas que hay en lo audiovisual. Nos concedieron dos ayudas, una muy pequeña del Gobierno de Aragón y otra de 9.000 euros de la DPZ, pero nos avisaron con muy poco margen por un fallo administrativo, cuando nos la aprobaron nos dijeron que teníamos quince días para rodar, postproducción y entregar el corto, esto era imposible”. 

Ante esta situación, Aneta decidió financiar ella misma el proyecto: “Es triste que una mujer que ha sacado adelante su propia historia, que tiene todos los elementos propios para moverse muy bien en festivales, que de repente nos vemos encerrados en que las instituciones no entren en razón. Al final ha sido financiación privada, de la propia Aneta, ella es la productora, es netamente independiente”, explica Millán. 

Lo han enviado a más de 70 festivales nacionales e internacionales y a finales de verano se empezará a saber si los han seleccionado. El corto está subtitulado en inglés y en polaco, “con la intención de tener impacto en su país de origen”. 

La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, en auto notificado hoy, ha acordado que continúe el procedimiento por un delito de homicidio imprudente contra 10 sanitarios tras la muerte de Sara Gómez. La fallecida se sometió a una lipoescultura que resultó ser fatal, tras un mes ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La paciente, recuerda el auto, ingresó en un hospital de Cartagena el 2 de diciembre, la operación de cirugía estética finaliza a las 14.30 horas y, es trasladada a una UCI en un segundo hospital a las 18.30, donde llega en estado crítico, aunque, dada la inestabilidad de la paciente, los cirujanos de guardia deciden no intervenirla.

La resolución recoge las analíticas practicadas desde ese día, subrayando que los marcadores de sepsis aparecen desde el día siguiente. Siendo intervenida el día 7 de diciembre cuando los resultados analíticos empeoran.

Tras la cirugía, se produce una estabilización progresiva, continúa el auto, hasta el 22 de diciembre que se produce un empeoramiento de la situación clínica y el día 1 de enero se decide intervención quirúrgica urgente, con un fallo multiorgánico, que causa su fallecimiento.

Tras la denuncia de estos hechos, y practicadas las diligencias estimadas necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y de las personas que participaron, el auto señala que la mujer “ante la creencia errónea” por las publicaciones en redes sociales, de que contactaba con cirujano plástico de reconocida experiencia, decidió practicarse una lipoescultura.

No obstante, detalla la resolución, existen indicios de que era la primera intervención de esta clase que realizaba este cirujano, especialista cardiovascular, con cursos en laserlipolisis, lipomoracación abdominal 4D y máster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento. 

En concreto, la instructora estima que hay indicios de responsabilidad en el resultado mortal del cirujano y el anestesista que participaron en la intervención. Del primero la resolución destaca que no era “especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, careciendo de la formación necesaria para la intervención”. Respecto del anestesista, encargado del control y monitorización de la paciente durante la intervención y al que correspondía la decisión de trasladarla a la UCI, se apunta que esta debió hacerse tres horas antes de cuando se hizo.

Además, la magistrada alude a los indicadores de sepsis, con signos de infección generalizada, que se aprecian en los informes a partir del tercer día de ingreso en la UCI, para apreciar la concurrencia de responsabilidad en los cirujanos que estuvieron de guardia, a partir de ese día, y hasta el 7 de diciembre de 2021, cuando se practica la primera laparotomía exploradora.

Sobreseimiento para los cirujanos que la atendieron el día del ingreso

Por otra parte, se acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de los cirujanos que atendieron a la fallecida el día de su ingreso “toda vez que el estado crítico de la paciente no aconsejaba la intervención, y en ese momento las analíticas no indicaban signos de sepsis o infección” y de los que asistieron a la paciente después del día 7 de diciembre.

Una vez se dé traslado de las actuaciones, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas deberán solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa. Aunque, excepcionalmente, también pueden solicitar la práctica de diligencias complementarias.

La resolución no es firme y contra ella cabe un recurso de reforma, al tiempo que de apelación.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer a la que no le detectaron un cáncer que le provocaba parálisis facial, condenando al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 60.000 euros. Ha sido tras una apelación contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, de julio de 2024, desestimatorio del recurso contencioso interpuesto por la apelante contra la resolución de la Consellería de Sanidade, en septiembre del año anterior, en la que se rechazó su reclamación por responsabilidad patrimonial.

Lo hizo, según el fallo recogido por Europa Press, “por los daños y perjuicios ocasionados por la asistencia sanitaria prestada por el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo”. En su recurso, la afectada entendía que la sentencia incurría “en varios errores a la hora de valorar la prueba”.

“Por cuanto que, según su informe pericial, la afectada padeció cuatro parálisis faciales, y que la parálisis facial es un síntoma que obligaba a la Administración sanitaria a investigar la causa de esta dolencia”, de manera que, acudiendo a la doctrina de la pérdida de oportunidad, sostuvo la afectada que “si se hubieran llevado a cabo las pruebas médicas procedentes en el año 2018 cuando tuvo la segunda parálisis facial, el cáncer de parótida que se le descubrió en el año 2020 sería de tipo I en vez de tipo II”.

“No habría que sacar el nervio facial junto a la parótida y no hubiera padecido las graves secuelas que sufre en la actualidad, además de que habría muchas menos posibilidades de tener metástasis, que es la situación que tuvo la paciente en el año 2023”. La representación del Sergas se opuso a la demanda, entre otras cuestiones, por ser el informe pericial de un especialista en Medicina Interna y no un oncólogo, además de defender que no se pudo detectar antes el carcinoma.

“La decisión de no repetir pruebas diagnósticas en las asistencias siguientes a la segunda parálisis facial se debió a que los resultados habían sido normales, sin datos que sugiriesen la existencia de una tumoración parotídea”, señaló esta parte, entre otras cuestiones en la misma línea que la aseguradora codemandada. Esta defendió que “la tipología del tumor no se vio afectada por la asistencia procurada a la paciente”.

Resolución del Tribunal Superior

El TSXG remarca que “el objeto de la controversia versa en dilucidar dos cuestiones, la primera, si hubo o no en el proceso asistencial de la Administración sanitaria un retraso en el diagnóstico del cáncer de parótida que disminuyó las posibilidades de sanar o mejorar de la afectada”.

“Y la segunda, si las secuelas que padeció a consecuencia de la intervención quirúrgica practicada cuando se le detecta, tras la cuarta parálisis facial, habrían tenido la misma entidad, que si se le operara a continuación de la primera o segunda parálisis, en el 2017 y 2018”.

La primera sentencia dio prevalencia a la versión de los codemandados sobre las pruebas médicas practicadas, pero el TSXG incide en el hecho de que la mujer “tuvo nada menos que cuatro episodios esparcidos en el tiempo de parálisis facial”. “La reiteración de la misma dolencia por segunda vez, (segunda parálisis), y la obtención de aquel resultado cero en las pruebas médicas, obligaba a la Administración a seguir investigando el origen de las parálisis utilizando todos los medios a su alcance”, remarca.

“Esta demora en el diagnóstico, que en modo alguno se puede imputar a la paciente que está sometida a un seguimiento médico, afectó negativamente a la salud de la afectada, porque la enfermedad que padece y sigue padeciendo en la actualidad, es un cáncer de los agresivos que tiene un difícil pronóstico”, añade la Sala del TSXG que aprecia “la existencia de un daño indemnizable derivado de la demora en la detección del tumor cancerígeno”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha ratificado una sentencia que condena al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a indemnizar con 200.000 euros a los padres de una bebé prematura de dos meses que falleció en la localidad albaceteña de Almansa a causa de una bronquiolitis grave en el hospital.

La sentencia concluye que se podría haber realizado con anterioridad un diagnóstico más certero de esta infección en la atención que recibió en el mismo que hubiera evitado el fallecimiento.

El Alto Tribunal menciona tres momentos en los que la menor fue atendida médicamente. Primero en el centro de salud de la localidad; en segundo lugar, en dos ocasiones en el Hospital de Almansa, y en una tercera y última, tras la llamada de los progenitores al 112, con traslado en UVI al mismo centro hospitalario almanseño.

Así, se afirma que “de haberse conocido con anterioridad” la valoración de que los síntomas descritos podrían llevar a un diagnóstico de bronquiolitis, “las probabilidades de que el fatal resultado pudiera haberse evitado son extremadamente altas, dada la baja tasa de mortalidad por dicha enfermedad”.

Concretamente, en la sentencia se concluye que dados los antecedentes de prematuridad con historia previa de apneas, un episodio previo de atragantamiento, el rechazo de las tomas y vómitos o la presencia de somnolencia que refería la familia, “existían datos de suficiente peso como para ingresar a la lactante o al menos mantenerla en observación para vigilar evolución”.

“Hubiera sido oportuno en este caso, aunque el pediatra no tuviera un diagnóstico claro, realizar alguna exploración complementaria más, como analítica sanguínea y/o gases venosos, e incluso radiografía de tórax”, dicta el auto.

Los hechos

La bebé --A.M.M-- nació a las 33 semanas más un día el 29 de septiembre de 2018. En la primera visita de los padres al centro de salud por tos y mocos --13 de diciembre-- le diagnosticaron nasofaringitis aguda; en el mismo día en su visita al hospital por rechazo alimentario y vómitos, le diagnosticaron un catarro en vías altas.

En la segunda visita al hospital, dos días después, con persistencia de vómitos, no completando las tomas y notándola más somnolienta, en la valoración médica se anotó que al intentar darle una toma de biberón, la bebé hizo un periodo de apnea. Posteriormente fue dada de alta en el hospital con el diagnóstico de catarro en vías respiratorias altas.

Ya el día 16 de diciembre los padres llamaron al 112 refiriendo “ahogo” con respiración “con dificultad”, se le trasladó en UVI móvil al Hospital General de Almansa, y tras administrarle medicación, ante episodios de apnea se intubó a la bebé. Ante un episodio de parada cardiorrespiratoria falleció por bronquiolitis grave.

Se defiende en la sentencia que ha de valorarse el sufrimiento de los padres por tener que llevar a la menor durante cuatro días consecutivos a los servicios médicos. No obstante, ha quedado acreditado en el procedimiento que las actuaciones médicas llevadas a cabo el día 13 de diciembre de 2018 fueron correctas.

La sentencia del pasado mes de febrero se hace firme al no haber presentado el SESCAM un recurso de casación ante el Tribunal Supremo una vez ha transcurrido el plazo establecido de treinta días.

Este proceso comenzó con la presentación por parte de los padres de una reclamación de responsabilidad patrimonial el 26 de febrero de 2019 por el fallecimiento de A.M.M. Ante la desestimación de la misma por silencio negativo, los progenitores presentaron un recurso contencioso-administrativo, que el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de Albacete desestimó con fecha 1 de septiembre de 2021.

Nuevamente, los padres presentaron un recurso de apelación a esta sentencia del juzgado albaceteño, que en febrero de este año fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, revocando la sentencia anteriormente apelada.

La dinámica se repite desde hace años en el Servicio Canario de Salud (SCS). Una enfermera comunica su embarazo al servicio de prevención de riesgos laborales de su hospital o de su gerencia de atención primaria. Este servicio elabora un informe de riesgos genéricos, el centro constata la “imposibilidad técnica y objetiva” de cambiarle de puesto de trabajo y la remite a la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), entidad que desde 2002 cubre las contingencias profesionales del personal estatutario de la sanidad pública canaria. La mutua le deniega la prestación por riesgo durante el embarazo hasta la semana 24 de gestación. La sanitaria recurre a la justicia y gana. Los juzgados le reconocen el derecho a esta prestación (el 100% de su base reguladora) durante toda la etapa de gestación.  

Hasta la fecha, esa ha sido la sucesión habitual de acontecimientos para las enfermeras embarazadas del SCS. Una de ellas, sin embargo, ha ido un paso más allá y ha logrado una sentencia pionera y, en palabras de su abogada, Fany Barreto, “ejemplar”. 

El magistrado titular del Juzgado de lo Social 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de Salud y a la Mutua de Accidentes de Canarias a indemnizar a la trabajadora por dos motivos. En primer lugar, por una infracción grave en materia de prevención de riesgos, debido a la falta de formación e información a la trabajadora, achacable en exclusiva al organismo público. En segundo lugar, por los daños que esa denegación de la prestación ocasionó a la sanitaria, que acabó causando baja por un trastorno de ansiedad. En este caso, la resolución judicial atribuye la responsabilidad a ambas entidades (el SCS y la mutua), que ya han recurrido esa sentencia. 

Las cuantías de la indemnización ascienden a 9.831 por la primera infracción (la que asume en su totalidad el SCS), tipificada como grave, y a 49.181 euros por la segunda (muy grave), cantidad esta última que deben pagar de forma solidaria tanto el organismo público como la mutua en caso de que la sentencia adquiera firmeza. En total, por tanto, 59.012 euros. 

El juez incide en su sentencia el carácter “preventivo y disuasorio” de la indemnización por daños. De lo contrario, la actuación de la mutua en este tipo de casos (en que deniega una prestación que después es reconocida por sentencia) “no tendría consecuencia alguna”. 

El magistrado incide en que la MAC “denegó la prestación y ocasionó claramente un daño al pasar la actora (la enfermera) a una situación de incapacidad temporal por ansiedad derivada de la negativa de la entidad”. Si la sanitaria hubiera ido a trabajar tras esa denegación “es obvio que hubiera habido un riesgo para su salud y la del feto”. 

La primera sentencia

La enfermera demandante había encadenado contratos temporales en el Servicio Canario de Salud desde 2020. El último, en el área quirúrgica del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. En mayo de 2022 comunicó a la gerencia del complejo que estaba embarazada. Días después, una médica de vigilancia de la salud de este centro hizo un informe en donde mencionaba “una relación de tareas, condiciones de trabajo y exposición a riesgos” de la trabajadora durante el embarazo. En concreto, aludía a riesgos de naturaleza física (caídas, golpes), biológicos (bacterias, virus, hongos), químicos (gases, citostáticos -fármacos que se usan para detener o retrasar el crecimiento de las células, incluidas las cancerosas-, humo quirúrgico -el generado por el uso de instrumentos electroquirúrgicos durante las intervenciones-), psicológicos (fatiga mental), ergonómicos (manipulación de pacientes, sobreesfuerzos, fatiga postural) o la exposición a radiaciones. 

La médica declaró a la enfermera “apta con limitaciones”. Según este informe, la trabajadora tenía que evitar esfuerzos físicos, manipulación de cargas, posturas forzadas, la exposición a determinados agentes biológicos y químicos, radiaciones o medicamentos peligrosos. Tampoco podía permanecer de pie o sentada de forma prolongada (más de una y dos horas, respectivamente) ni someterse a un sistema de turnos, horarios nocturnos o jornadas superiores a las ocho horas al día. Ni, por tanto, a las guardias. 

Con esos condicionantes, la Dirección de Enfermería informó de “la imposibilidad de proceder a una adaptación o cambio de puesto de trabajo, al tener todos los puestos de esta categoría profesional similares riesgos”, y el hospital remitió el caso a la mutua para que determinase si procedía abonar la prestación por riesgo durante el embarazo. 

La Mutua de Accidentes de Canarias denegó a la enfermera esa prestación alegando que en ese momento no se podía considerar su trabajo como una actividad de riesgo, puesto que el Servicio Canario de Salud se había limitado a señalar “los riesgos genéricos” del puesto, pero no los específicos para trabajadoras gestantes. En otras palabras, no había concretado ni detallado “la secuencia o alcance” de esas actividades de riesgo.

La sanitaria recurrió esa decisión a los tribunales y ganó. “Cuando los riesgos que presenta el puesto de una trabajadora en periodo de lactancia no han sido evaluados” con arreglo a la directiva europea 92/85 “se priva a la afectada y a su hijo/a de la protección que debería otorgarse”. Por tanto, “no se puede tratar del mismo modo a una trabajadora en periodo de lactancia que a cualquier otro trabajador”, señalaba esa sentencia aludiendo a la doctrina fijada sobre la materia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Aquella resolución judicial, fechada en marzo de 2023, estimó de forma íntegra la demanda de la enfermera y reconoció su derecho a percibir la prestación desde que la solicitó, pocos días después de haber comunicado a la gerencia del hospital su embarazo. 

La segunda sentencia 

A partir de esa primera sentencia, y ahí radica la novedad de este caso, la enfermera reclamó una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por esa negativa. Y el mismo magistrado que le había reconocido el derecho a percibir la prestación por riesgo durante el embarazo, el titular del Juzgado de lo Social 8 de la capital grancanaria, le ha dado la razón en primera instancia, aunque la resolución se encuentra recurrida. 

Esta segunda sentencia distingue dos planos. En el primero, vinculado con la prevención de riesgos y el incumplimiento de las obligaciones de formación e información al profesional, atribuye toda la responsabilidad al Servicio Canario de Salud como “garante de la seguridad” de la trabajadora, máxime en un caso “donde la mutua se escuda en la falta de concreción del informe del SCS para denegar la prestación” a la sanitaria. 

El segundo se refiere no sólo a esa denegación, sino, además, al hecho cierto de que la trabajadora estuvo expuesta “a riesgos graves en su puesto” entre el periodo en que solicitó la suspensión de su contrato (mayo de 2022) y la fecha en que causó baja como consecuencia de un trastorno de ansiedad (julio de ese mismo año). Por ello, entiende que la condena debe ser compartida entre el organismo público y la mutua colaboradora.

Recursos

Desde la mutua han confirmado que han presentado un recurso contra esa sentencia, aunque han declinado exponer sus argumentos hasta que finalice el proceso. Por su parte, desde el SCS no ha habido respuesta a las preguntas formuladas por este periódico. 

En esos recursos, hay una atribución mutua de culpas. La MAC culpa al SCS por no haber realizado una evaluación de riesgos específicos a la trabajadora y el organismo público sostiene que fue la entidad colaboradora quien denegó la prestación y quien, en todo caso, debe asumir la responsabilidad. Ambas entienden, sin embargo, que el derecho a la protección del embarazo constituye una mera cuestión de prestaciones y que, por tanto, no debe trasladarse al ámbito de las reclamaciones por daños y perjuicios. 

Para Fany Barreto, abogada de la trabajadora, el daño sufrido por su cliente está “íntimamente vinculado a la actuación” de ambas demandadas. “El SCS, aun sabiendo que su inacción en la evaluación de riesgos específicos serviría como excusa para que la mutua denegara la prestación, se mantuvo pasivo, permitiendo que, tras la denegación, la actora continuara expuesta a riesgos graves señalados por los propios especialistas de prevención de riesgos laborales. Ni siquiera fue diligente en su deber de formación e información para mitigar los riesgos inherentes al puesto de enfermera en quirófano”, expone. 

A juicio de la letrada, el organismo público debió haber declarado no apta a la enfermera en el momento en que la mutua le denegó la suspensión del contrato. 

Mientras, la mutua “era consciente de que, al denegar la prestación, estaba incurriendo en una actuación contraria a derecho”, ya que son numerosas las sentencias que se han pronunciado a favor de las trabajadoras en supuestos idénticos, y a pesar de ello “persistió, de forma consciente, grave y reprochable, en el incumplimiento del deber de proteger a la mujer embarazada frente a los riesgos laborales mediante la prestación correspondiente”.  Barreto considera que si la mutua no estaba conforme con la actuación del SCS podía haber acudido a la Inspección de Trabajo. 

Para la abogada de la sanitaria, la sentencia es “ejemplar” y contribuye a “evitar futuras vulneraciones” por parte de ambas entidades. “Es inaceptable que el SCS trivialice su responsabilidad, justificando su actuación como una mera cuestión prestacional. Se trata de una obligación esencial del empresario”, concluye la letrada. 

Rosa Valeriana López Sevil murió el 23 de julio de 2017 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Era la tercera vez en el mismo año que esta mujer de 72 años acudía a urgencias aquejada de un fuerte dolor abdominal. Sin embargo, su hijo, José Ricardo Moreno, denuncia que no se atendió de forma correcta a su madre y que murió por “omisión de diagnóstico”. 

Tras el fallecimiento, Moreno inició un proceso judicial que aún continúa y que ahora ha sido admitido por la Fiscalía. Con el apoyo de un perito, Moreno asegura que puede demostrar que las imágenes TAC que el hospital presentó en el primer juicio ante las acusaciones de no haber diagnosticado correctamente a la paciente, son “falsas”. Tal y como han podido obtener del informe de resultados de abril de 2017, en el TAC que se realizó entonces se observó una “sospecha de isquemia mesentérica” y que había hallazgos que podían ser secundarios de “isquemia intestinal”. 

Sin embargo, Moreno denuncia que en el hospital cambiaron las imágenes TAC y adjudicaron a su madre otra dolencia para justificar “no haberle hecho las pruebas que necesitaba, en este caso un angio-TAC o angiografía, tal y como recogen las guías de radiología específicas”. 

Esta enfermedad puede ser crónica o aguda recurrente, y “requiere diagnóstico urgente cuando existe la más mínima sospecha”. Sin embargo, Moreno denuncia que “la dejaron sin diagnosticar, no le hicieron ninguna de esas pruebas que eran obligatorias, ni en el primer ingreso, ni en el segundo y la dejaron fallecer sin diagnóstico el 23/07/2017 en un nuevo episodio agudo de esa enfermedad”. 

Al fallecer su madre, Moreno empezó a investigar y denunció a los médicos que la habían atendido. Hubo un juicio por lo civil que perdieron en noviembre de 2019: “Todos los informes estaban falsificados”. Explica que, tras ese revés judicial, empezaron la investigación “desde cero” y contrataron a dos peritos expertos y en 2022 interpusieron la demanda. Las imágenes supuestamente falsificadas fueron aportadas por el propio SALUD en el juicio, como justificación a la falta de pruebas diagnósticas que pedía su hijo, porque descartaban que la fallecida tuviera una isquemia: “Ellos decían que en vez de ser una isquemia era una patología de la hernia, mucho menos grave, que podía dar el pego. Ahí vimos que los cortes del TAC están falsificados, los cortes axiales no coinciden”. 

Ricardo Ortega es uno de los peritos que han trabajado para la familia y asegura que las “inconsistencias” que encontraron fueron “lo suficientemente fuertes”. Ortega relata que, cuando se analizan imágenes de un TAC, se toman de referencia los huesos, que son más “inmóviles respecto a morfología”. En este caso, el perito sostiene que en las diferentes imágenes se observan cambios de dimensiones: “En tan poco tiempo no va a haber un cambio y menos un engrosamiento del hueso sin ninguna patología que lo justifique. En la segunda imagen vemos que tiene una dimensión mayor, lo mismo ocurre en el canal obstétrico, que se tiene que mantener estable”. 

Expone que llama la atención si aparece una “variabilidad de forma que no tiene esta persona o incluso alguna patología y luego vuelve a desaparecer. Una vez analizados los datos e informes, el paso de muchos peritos hemos encontrado esas inconsistencias suficientes que nos permite que reabran el caso”. 

Las imágenes “no pueden corresponder a la misma persona”

El perito explica en su informe de febrero de 2025 que hay sospechas de que la paciente “pudo haber sido víctima de una negligencia médica como resultado de una valoración errónea a través del diagnóstico por imagen por parte del servicio sanitario del Hospital Universitario Miguel Servet que supuso una reacción tardía para alterar el tratamiento a uno adecuado, lo que, a medio plazo, provocó el fallecimiento”. Refleja también los resultados del estudio biométrico y biomecánico de la cintura pélvica de la paciente, donde asegura que se observan “incompatibilidades” entre la imagen frontal del TAC y los cortes axiales y, por tanto, “no pueden corresponder a la misma persona”.

Concluye su informe asegurando que es “completamente imposible” que las dos imágenes sean de la paciente porque “no existe una explicación lógica a las anomalías detectadas en las imágenes TAC, salvo la modificación intencional de las mismas”, en referencia a cambios de dimensiones de los huesos analizados. Continúa explicando que, aunque no hay una prueba informática de la manipulación de los archivos, “se puede concluir desde un punto de vista legal o judicial que las imágenes TAC aportadas son falsas”.

Moreno también aportó a la Fiscalía un dictamen de una empresa de ciberseguridad que “demuestran que las imágenes TAC aportadas sí se han podido editar e intercambiar con las de otra persona, al no estar firmadas digitalmente”. Explica que esta misma empresa comprobó que es posible cambiar los datos de los archivos “mediante un sencillo procedimiento informático”.

Ahora, con estas pruebas y tras la denuncia formalizada el 4 de marzo de 2025, el Fiscal jefe de la fiscalía provincial de Zaragoza ha ordenado investigar la falsificación de los TAC aportados por el hospital Miguel Servet.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a Sanitas a pagar 3.055.797 euros a una madre por la negligencia médica de la que fue víctima en 2005 durante el parto de su hijo, quien sufrió lesiones neurológicas irreversibles y que en 2019 tenía un grado de discapacidad del 94%.

La mujer reclamaba un pago de 5,1 millones de euros, mientras que Sanitas estaba dispuesto a reconocer 1,9 millones. El primer juzgado que asumió el caso determinó que la cifra a abonar era 1,9 millones, aunque la Audiencia Provincial de Madrid luego la elevó a 2,2 millones. Ahora el Supremo fija la cuantía en 3 millones de euros.

Respecto a los intereses, el alto tribunal mantiene que deben aplicarse los previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde el 27 de diciembre de 2012 (fecha de la primera demanda judicial interpuesta), y no desde la fecha del parto, como pedía la madre, al no haberse acreditado que la aseguradora tuviera conocimiento del siniestro con anterioridad a este momento.

Según consta en la sentencia, recogida por Europa Press, este caso se remitía a la fijación de la cuantía de la indemnización, ya que la declaración de la responsabilidad de Sanitas por la deficiente asistencia sanitaria prestada y la relación causal entre dicha actuación y los daños y perjuicios ocasionados, quedó establecida por sentencia firme del año 2016 de la Audiencia de Madrid.

En ese momento, quedó acreditado que debido a la deficiente atención sanitaria prestada se presentaron complicaciones que desembocaron en una hipoxia extrema mantenida, causando lesiones neurológicas irreversibles en el feto. El niño nació el 23 de abril de 2005 en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.

Tras obtener en 2016 sentencia firme a su favor en la demanda contra Sanitas que reconoció la deficiente asistencia prestada, la mujer ejercitó acción contra la aseguradora para que la indemnización de daños y perjuicios se concretará en 5,1 millones de euros.

Sanitas se mostró dispuesta a pagar 1.531.138 euros, pero el Juzgado de Primera Instancia de Madrid estimó parcialmente la demanda y fijó la indemnización en 1,9 millones de euros, más los intereses.

Disconformes con la resolución, tanto la mujer como la aseguradora llevaron el caso hasta la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de Sanitas y dio la razón a la madre, elevando la indemnización a los 2,2 millones de euros.

La madre acudió en casación a la Sala de lo Civil del Supremo, que le ha dado la razón parcialmente al revisar los baremos e incrementar la cuantía de la indemnización.