La Fundación Enaire inaugura este jueves, 27 de julio, a las 19.30 horas, en las Naves de Gamazo de Santander, la exposición Roma, siempre Roma: infinitas formas. Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales.

Tras las dos exposiciones realizadas en Madrid (Roma, siempre Roma e Infinitas miradas, infinitas formas), ambas bajo el epígrafe Mujeres de la Academia en las artes visuales, se unen mostrando el trabajo de 37 artistas que han residido en la Academia gracias a las becas de creación e investigación promovidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Las artistas son: Greta Alfaro, Irma Álvarez-Laviada, Paula Anta, Isabel Banal, Rosalía Banet, Natividad Bermejo, Gabriela Bettini, Ángela Bonadies, Berta Cáccamo, Naia del Castillo, Pilar Cossío, Miren Doiz, Laura F. Gibellini, Diana García Roy, Carmen Garrido, Yeyei Gómez, Begoña Goyenetxea, Inma Herrera, Susanna Inglada, Pilar Insertis, Jana Leo, Isabel Martínez Marín, Rosell Meseguer, Leire Mayendía, Clara Montoya, Ruth Morán, Blanca Muñoz, Sonia Navarro, Maria Teresa Peña Echeveste, Esther Pizarro, Belén Rodríguez, Beatriz Ruibal, Estibaliz Sádaba, Shirin Salehi, Antonia Santolaya, Elo Vega y Begoña Zubero.

La muestra está organizada en el marco del 150 aniversario de la Academia y nace de una iniciativa desarrollada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con el objetivo de poner de manifiesto el compromiso institucional respecto a la consecución de la paridad de género también entre los creadores e investigadores de la Academia de España, mostrando la actividad que diversas artistas han realizado durante su residencia en Roma.

El caso Romanones llegará al Supremo. En el último día del plazo habilitado para ello, el abogado de Daniel, el denunciante de abusos a menores, ha anunciado la presentación de un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, que la pasada semana absolvió al padre Román de un delito de abusos sexuales a menores con agravante de acceso carnal, condenando a las costas al joven.

El anuncio, paso previo a la presentación del escrito –para el que no hay una fecha determinada–, no especifica si el recurso se refiere a toda la sentencia, o únicamente al pago de los estipendios por parte de Daniel.

El caso Romanones es considerada la mayor trama de pederastia eclesial en la Iglesia española. Llegó a tener investigados a una docena de personas, diez de ellas sacerdotes, que formaban un círculo compacto y cuyas actividades fueron denunciadas en diversas ocasiones ante los organismos eclesiásticos.

La sentencia absolutoria llegó después de que el fiscal del caso, Francisco Hernández, tras haber dirigido toda la investigación -y haber llevado el peso de la acusación-, variara su posición en el último día del juicio, pasando de solicitar nueve años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros a pedir la libertad para el sacerdote al advertir “contradicciones y ambigüedades” en el relato de la víctima. Una tesis, la del fiscal, que fue asumida unánimemente por los tres miembros del tribunal.

A partir de ahora, cabe esperar el recurso íntegro, la designación de la sala del TS que dirima dicho recurso de casación, y el fallo final, ante el que no cabría recurso.

El caso se destapó después de que Daniel escribiera una carta al papa Francisco tras no hallar respuesta en el Arzobispado granadino. Su cabeza, Francisco Javier Martínez, fue reprendido por el Vaticano por no actuar con diligencia y le obligó a abrir una investigación canónica. Francisco llamó personalmente a la víctima, a la que animó a denunciar.

La sentencia, de 80 páginas, indicaba cómo a lo largo del procedimiento, especialmente durante el juicio, se puso de relieve la “inconsistencia del relato del acusador particular, sin apoyo periféricos alguno y, al mismo tiempo, que determinadas circunstancias que él daba por ciertas e inequívocas han sido desmontadas a través del material probatorio que obraba”.

La absolución del procesado, indica el fallo, se basa no solo en la falta de pruebas, sino en la falta de convicción que el testimonio de la presunta víctima causa, con “aspectos absolutamente inverosímiles”.

El tribunal también habla de “conducta desleal” del denunciante a lo largo del proceso, al ir aportando datos de manera sucesiva, y ocultando otros aspectos, como su presencia en determinadas fotos o el momento de cese de los presuntos abusos.

La absolución del padre Román en el caso Romanones, decretada este martes por la Audiencia Provincial de Granada, pone punto y aparte al mayor caso de pederastia denunciado en la Iglesia española. A falta de conocer si el denunciante interpondrá recurso ante el Tribunal Supremo (tiene de plazo cinco días hábiles, sin tener en cuenta la Semana Santa), ahora se reabre una nueva vía, la canónica, como ha recordado el propio Arzobispado de Granada en una breve nota.

Daniel, nombre ficticio de la víctima, se encuentra “triste pero tranquilo”, según sus íntimos, y con “la seguridad de que ha hecho lo que debía y de que se ha cometido una injusticia”, aunque ha dejado en manos de su abogado, Jorge Aguilera, si recurre el fallo o, al menos, la condena a costas.

Por su parte, el abogado del padre Román, Javier Muriel, declaraba que su defendido recibió con “alivio” la sentencia y se siente “tranquilo” y “satisfecho” al conocer la decisión del tribunal, que “por esperada no deja de ser grata”. Pero, ¿cuáles son las claves de la sentencia, y los pasos a seguir a partir de ahora?

Solo se juzgaba la penetración

El caso Romanones ha girado en torno a las penetraciones, ya que el resto de prácticas sexuales denunciadas, y que no implicaban acceso carnal, habían sido declaradas prescritas por el juez instructor, quien apreció, no obstante, que éstas habían quedado “acreditadas indiciariamente”, no solo en el caso de Román, sino en el de otros de los inicialmente imputados. El caso implicaba a otras 11 personas que no han sido juzgadas, entre ellas, sacerdotes.

Eso mismo indica la sentencia, que el religioso ha sido absuelto del delito que se le imputaba, pero el tribunal no ha juzgado el resto de acusaciones. El propio fiscal, que se retiró de la acusación en el último momento, reconoció que, a la vista de las declaraciones, se puede pensar que existía en el entorno de los Romanones “un clima sexual”, pero sin la posibilidad de establecer “la verdad acerca de que fuera, o no, consentido, ni si existió con Daniel”.

A su vez, los informes policiales señalan cómo los investigadores no pudieron acceder a una decena de archivos encriptados que se encontraron en el ordenador de Román. Tampoco ha quedado claro por qué el sacerdote tenía entre sus libros algunos ejemplares digitales que versan sobre masturbación o sobre abusos sexuales por parte de curas a menores.

Las denuncias de Daniel, bajo lupa

La sentencia resulta tumbativa, y se recrea en relatar el proceso de denuncia de Daniel. Así, los miembros del tribunal dedican la práctica totalidad de su argumentario a desacreditar las sucesivas declaraciones (hasta cuatro) del denunciante.

El fallo considera una “falta, total y absoluta, de prueba” contra el padre Román, a la vez que sostiene que los sucesivos testimonios de Daniel estuvieron plagados de “contradicciones e inexactitudes”. La Audiencia Provincial de Granada recalca la declaración “muy débil, inconsistente y carente de cualquier elemento que lo corrobore, no solo en lo esencial, sino también en lo accesorio”. 

“A lo largo del procedimiento, especialmente en el acto del juicio, se ha puesto de relieve la inconsistencia del relato del acusador particular, sin apoyos periféricos alguno y, al mismo tiempo que determinadas circunstancias que él daba por ciertas e inequívocas han sido desmontadas a través del material probatorio”, recalca la sentencia, que explica que no ha habido persistencia en la incriminación, un requisito fundamental, junto a la verosimilitud del testimonio, para que hubiera condena. En resumidas cuentas: los jueces no han creído a Daniel ni en el fondo, ni en las formas.

“Falta de convicción” del denunciante

“La absolución del procesado se basa no solo en la falta de prueba contra el mismo, sino también, y a consecuencia de ello, en la falta de convicción que el testimonio de Daniel nos causa, resultando de su relato aspectos absolutamente inverosímiles”, concluye el fallo, que critica una suerte de “revelación por entregas” por parte del denunciante.

Desde las asociaciones de víctimas, no obstante, se apunta a que, en la práctica totalidad de los casos, quienes sufren abusos no son capaces de recordarlos nítidamente hasta pasado mucho tiempo.

Y, pese a ello, el recuerdo puede variar, así como nuevos datos, a medida que la víctima se atreve a sacar a la luz sus padecimientos. Pese a todo, la sentencia concluye que “no resulta lógico que vengan a la memoria los datos de menor entidad y se sigan guardando los más graves y reprochables, que tuvieron que causar mayor desgarro emocional”. Para los jueces, no coinciden las versiones de los hechos, ni la cronología, ni algunos de los datos físicos aportados por Daniel sobre Román, como una supuesta mancha de color café en el pene.

“Las exigencias del derecho fundamental a la presunción de inocencia imponían que el testimonio de la presunta víctima se erigiera con tal fuerza y contundencia que consiguiera doblegar, por sí solo, el citado derecho constitucional. Y ello no ha ocurrido. La declaración de Daniel no permite ni tan siquiera dudar”, culmina la Audiencia, que reconoce que se le “escapa” la motivación que hay tras la denuncia, pero sí desliza una “conducta desleal” del denunciante, por lo que le impone las costas de la defensa de Román.

El expediente canónico no cuenta

Otro de los aspectos que toca la sentencia de la Audiencia Provincial es el tocante al expediente canónico que, según ha informado la diócesis en un comunicado, se reabrirá a partir de este momento, pues “sigue otros cauces y tiene otras normas”. Aunque se aceptó como prueba durante el juicio, los magistrados subrayan que su importancia a efectos de prueba “es nula”, pues las declaraciones no se llevaron a cabo con la debida cautela judicial. Este expediente contiene los interrogatorios al padre Román y el resto de implicados que hizo el personal eclesiástico tras la denuncia de Daniel. 

Una vez se cierre el proceso judicial penal, arranca otro en el ámbito canónico, toda vez que el proceso fue cerrado de forma abrupta cuando se tuvo conocimiento de las primeras detenciones relacionadas con el caso.

En el mismo, podrían juzgarse todos los abusos denunciados, puesto que en el ámbito eclesiástico, la prescripción de los delitos relacionados con abusos a menores es de 20 años a partir de que el denunciante sea mayor de edad. Por tanto, podría darse el hipotético caso de que Román y sus compañeros sacerdotes fueran condenados por la Iglesia, aunque hayan sido exonerados por la Justicia civil. Por de pronto, tanto Román como otros dos sacerdotes continúan suspendidos a divinis.

Las consecuencias

El caso Romanones ha reabierto el debate sobre la prescripción de los delitos de abusos a menores, algo en lo que han puesto especial hincapié tanto el presidente de Prodeni, Juan Pedro Oliver, como colectivos de víctimas. Para Oliver, es preciso cambiar la ley, los plazos de prescripción en los abusos sexuales a menores y la manera de tomar testimonio a las víctimas para favorecer que salgan a la luz estos casos y las sentencias “sean más justas”.

Tres denunciantes de abusos contactados por eldiario.es lamentan que el resultado del proceso pueda llevar a víctimas de abusos sexuales a no animarse a denunciar a sus depredadores. No obstante, agradecen a Daniel haber iniciado el proceso, ya que el caso Romanones ha marcado un antes y un después en el tratamiento de la pederastia eclesial en España y su visibilización.

La reciente sentencia absolutoria del caso Romanones ha reabierto el debate en nuestro país sobre cómo debe responder la Justicia, las instituciones que trabajan con niños y la sociedad ante las acusaciones de abusos sexuales a menores. Se da la desgraciada circunstancia que los delitos de pederastia son al mismo tiempo muy frecuentes y muy difíciles de probar. Suelen ser cometidos por personas del entorno de confianza de la victima, su modus operandi se basa en la manipulación emocional y no en la fuerza física, no suele haber testigos directos del crimen y muy frecuentemente no hay evidencia forense concluyente.

Los jueces se suelen encontrar con que tienen que tomar su decisión basándose principalmente en el testimonio totalmente contradictorio de las dos partes enfrentadas y decidir cuál relato les merece mayor credibilidad. Los anglosajones suelen describir este complejo escenario como he said, she said (él dijo, ella dijo).

Al mismo tiempo una sentencia equivocada, tanto a favor como en contra del acusado, puede tener consecuencias devastadoras para la parte perjudicada. Si el acusado es culpable, un pederasta queda en la calle con la posibilidad de cometer nuevos crímenes. Si el acusado no lo es, se ha cometido una grave injusticia, mandando a un inocente a prisión y al mismo tiempo imponiéndole un terrible estigma social.

Si les soy sincero, no me gustaría estar en esa endiablada posición, por eso admiro profundamente a los jueces que con profesionalidad y rigor intentan hacer lo mejor que pueden su trabajo, frecuentemente con escasos medios y excesiva carga de trabajo. Pero también pienso, que hay una serie de medidas, que se podrían tomar desde distintos ámbitos que podrían facilitar su labor.

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la principal prueba inculpatoria recae en el testimonio de la víctima, se tendrían que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la contaminación externa de su relato. Es ampliamente conocido que las  pruebas forenses como el ADN tienen que ser cuidadosamente analizadas para evitar su contaminación, que la convertiría en no valida judicialmente. Menos sabido es que la memoria traumática de la víctima también puede ser contaminada por elementos externos como el número y el tipo de preguntas formuladas por su entorno. El tener que repetir en múltiples ocasiones y ante diferentes entrevistadores la misma historia (policía, médico forense, fiscal, juez) puede desvirtuar el relato e introducir aparentes contradicciones que afecten innecesariamente a la validez de la prueba. Por ese motivo, para aumentar la fiabilidad de su testimonio se tendría que intentar reducir al máximo el número de veces que la víctima tiene que testificar ante estamentos judiciales.

El abuso sexual infantil es una experiencia profundamente traumática para la víctima. Este efecto traumático, afecta de forma significativa tanto a su comportamiento posterior a la agresión sexual como a su memoria del crimen. Para el lego en la materia, puede ser muy difícil comprender comportamientos aparentemente incongruentes de la víctima que, sin embargo, son estadísticamente muy frecuentes, como mantener contacto con su abusador después de la agresión sexual; no denunciar los hechos inmediatamente o no contar todos los detalles de la agresión en un primer momento sino irlo haciendo progresivamente a lo largo de diferentes entrevistas.

También suele ser frecuente que la víctima no recuerde con claridad todos los detalles específicos de la agresión, sino que tenga memorias fragmentadas y lagunas mentales producto del trauma. Por este motivo es muy importante que los tribunales tengan acceso a peritos independientes que les ayuden a entender tanto las reacciones típicas de las víctimas de delitos sexuales, como la diferente forma en que las experiencias traumáticas son procesadas por la memoria. De lo contrario puede ser muy difícil interpretar de forma válida el relato de la víctima. 

Desgraciadamente en nuestro país aún sigue vigente la ley del silencio en los casos de pederastia. Eso hace que muchas veces tanto el entorno de la víctima como las instituciones que trabajen con menores no colaboren con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Casos como el obispo de Granada, que se negó hasta en ocho ocasiones a entregar la investigaciones canónica del padre Román al juez de instrucción, deben dejar de producirse. Todo ciudadano de bien debe comunicar a la justicia cualquier información que tenga, por pequeña que sea, que pueda ayudar al esclarecimiento de un delito. Muchas veces, en los casos de pederastia, una buena investigación se basa en construir un caso sólido a partir de informaciones aisladas que por si solas puede parecer que no tienen mucha importancia, pero como las piezas de un puzzle solo adquieren sentido cuando son valoradas en su conjunto.

Por último hay que recordar que aunque las acusaciones falsas por violación son minoritarias (estudios científicos sugieren que entre el 5-10% de denuncias por violación son denuncias falsas) un gran número de casos terminaran en absolución por la dificultad de demostrar el delito y por el alto estándar probatorio. Como suelen explicar los juristas, in dubio pro reo; es mejor que cien culpables queden absueltos que un inocente vaya a prisión.

Pero no debe haber ningún impedimento para que una vez que se ha dictado sentencia, la institución donde ha trabajado el acusado abra una investigación interna y, si encuentra pruebas suficientes, comience un proceso disciplinario que pueda llevar incluso a la expulsión del acusado. En un país civilizado, quien decide quién va a la cárcel y por cuánto tiempo siempre debe ser un juez. Pero quien decide si hay que expulsar a un sacerdote por pederastia es el obispo. Por tanto, una vez que los tribunales han hablado, la pelota pasa ahora al tejado del obispo de Granada.

La absolución del padre Román, juzgado por abusos sexuales en la diócesis de Granada, ha sido tan chocante como esperada. Chocante por la contundencia de los testimonios prestados durante el proceso, que convencieron al propio papa Francisco. Esperada, después del súbito cambio de opinión de la Fiscalía, que pasó de pedir nueve años de cárcel para el sacerdote a defender su inocencia por falta de pruebas y acusar al denunciante de mentir. La sentencia, aunque recurrible ante el Supremo, supone prácticamente dar carpetazo al caso, después de que otros 11 acusados (9 sacerdotes y dos laicos) fueran previamente exonerados al declarar prescritos los delitos.

No sería prudente entrar a juzgar las circunstancias específicas de este caso, y en realidad solo nos queda confiar en que la justicia haya hecho bien su trabajo y no esté dejando a sus anchas a una docena de depredadores sexuales. Igual que cuando el pasado febrero la prescripción libró también al ex vicario de Gipúzkoa de ir a juicio por tocamientos a menores. La realidad es que, más allá del caso Romanones en concreto, la sentencia supone un duro golpe para los movimientos que luchan desde hace años por levantar las alfombras que durante décadas han ocultado las agresiones y abusos perpetrados en el seno de la Iglesia, con la indiferencia, cuando no la abierta complicidad, de la alta jerarquía religiosa.

Lo más preocupante de esta sentencia son así los tres peligrosos precedentes que puede representar.

El primero, revalidar esa sensación de impunidad con la que muchos delincuentes con sotana han actuado durante demasiado tiempo, amparados por una Iglesia que, cuando actuó, optó sistemáticamente por trasladar al sacerdote sospechoso mientras ejercía sin piedad la intimidación sobre las víctimas.

Frente a los cientos, miles de casos destapados en Estados Unidos, en Irlanda, en Australia, hasta ahora en España las denuncias han sido pocas, poquísimas, y apenas una docena de sacerdotes los condenados.

El segundo, que después de la inédita decisión del papa Francisco de exponerse -y arriesgarse- dando públicamente su apoyo al denunciante, la reacción del Vaticano (y de ahí, para abajo) sea volver a mirar para otro lado y dar marcha atrás en su muy tímido, pero valioso, compromiso con la verdad y la justicia.

Y el tercero, por supuesto, es el desalentador mensaje que reciben las víctimas, pasadas y presentes, para que no denuncien, para que dejen las cosas como están. Aquí paz y después gloria.

El caso Romanones ha quedado visto para sentencia con una sorpresa final: la retirada de la acusación contra el padre Román por parte del fiscal del caso, Francisco Hernández. Durante una hora, el fiscal justificó su cambio de postura –al principio le pedía 9 años de cárcel, 50.000 euros de indemnización y alejamiento de 100 metros–. Lo basó en las “contradicciones” y “ambigüedades” tanto del relato de Daniel como el del resto de testigos. En opinión de Hernández, y en un giro de la postura de la Fiscalía –que la noche anterior no había dado su ok al fiscal para seguir este nuevo camino– sin pruebas “contundentes”, no se puede condenar al padre Román. 

Sin embargo, y como se puede confirmar con la lectura de las 1.600 páginas del sumario, tras una investigación de más de un año a cargo del juez instructor, Antonio Moreno, y la Policía científica –que apuntó a un posible testimonio “deshonesto del padre Román en el juicio– las pruebas no han variado, pero la posición del fiscal sí. 

Solo ha habido una novedad relevante en el juicio: los tres magistrados que ahora tendrán que dictar sentencia en la Audiencia Provincial de Granada aceptaron como prueba el expediente canónico, una suerte de sumario paralelo, elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Arzobispado de Granada. El propio prelado admitió en el juicio que la acusación es verosímil, lo mismo que ese texto canónico añadido durante el juicio como prueba. Esa es la novedad en este juicio y favorece a la víctima, no al padre Román.

Ese informe eclesiástico define al clan de los Romanones como “un grupo muy compacto y cerrado” y admite que algunos de esos sacerdotes “habrían sido víctimas” de abusos por parte del clan y, con el tiempo, ellos mismos se habrían convertido “en cómplices, en mayor o menor grado”.

El resto de supuestas “contradicciones” y “ambigüedades” declaradas por Francisco Hernández son las mismas que estaban en la instrucción, donde estaban las pruebas y los testimonios que durante dos semanas se han escuchado en sede judicial. 

Las tres justificaciones para retirarse

Para la Fiscalía, además de las “contradicciones”, existen tres cuestiones tras las que, en su opinión, no se han conseguido probar los abusos. En primer lugar, el hecho de que, en el primero de los tres interrogatorios y en la carta al Papa Francisco, la víctima denunciante, Daniel no hubiera explicitado la penetración anal por parte de Román.

La segunda, que el joven no hubiera sabido concretar el tamaño de las pigmentaciones en la piel del pene del padre Román, y que en una de sus declaraciones asegurara que el párroco estaba circuncidado, lo cual, según han confirmado los peritos, no es cierto.

Finalmente, las posibles “implicaciones” del Opus Dei a la hora de animar al denunciante, algo que el fiscal ha sugerido al término de su intervención final.

En realidad, todas estas aristas aparecen en el sumario que llevó a padre Román al banquillo, y que exoneró al resto de miembros del clan de los Romanones por la prescripción de sus delitos, que consideraba “indiciariamente probados”, en palabras del juez instructor.

También aparecen en el sumario y se explicitó en el juicio que los informes de la Policía Nacional concluyeron que “el testimonio prestado por Román M. V., en lo relacionado con los presuntos hechos delictivos que se investigan, es altamente compatible con un testimonio deshonesto”.

Tampoco son novedad para el cambio de postura de la Fiscalía las declaraciones del padre Román, o la esperada declaración de Daniel. Algo que ha sido denunciado por el abogado de la asociación Prodeni, Juan Pedro Oliver, quien ha lamentado la “doble victimización” del denunciante. Tampoco resultaron novedosas las declaraciones de los otros inicialmente implicados, ni de los testigos de la acusación, más allá que para que se dieran en sede judicial.

Sea como fuere, el “caso Romanones” queda visto para sentencia. Distintas fuentes han recalcado que, aunque la retirada de la Fiscalía no es habitual, en los casos de abusos a menores la verdadera carga de la prueba reside en la veracidad que los magistrados otorguen a los testimonios tanto de la víctima como del acusado. La solución, a la espera de siguientes recursos, se espera en las próximas semanas.

La última sesión del “caso Romanones” ha deparado una notable sorpresa: el fiscal del caso, Francisco Hernández, ha retirado la acusación inicial contra el padre Román, al no considerar “concluyentes” los hechos. Una medida que venía anunciando en determinados corrillos en los últimos días, pero que no contaba hasta ayer por la noche, con el beneplácito de la Fiscalía Provincial de Granada.

El anuncio de Hernández ha marcado la jornada final del mayor juicio por abusos en la Iglesia española, en una trama en la que llegaron a estar investigados diez sacerdotes y dos laicos, y que finalmente solo prosiguió contra el padre Román, al considerarse prescritos los posibles delitos del resto.

“Desconocemos la verdad. Sólo sabemos que hay 12 declaraciones distintas de las que no podemos concretar nada”, ha declarado Hernández ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada. “Esto nos puede hacer pensar que existía un clima sexual. Pero no tenemos la verdad acerca de que fuera o no consentido ni si existió con Daniel [que tenía entonces 14 años]. Sólo sabemos que hay ambigüedad en las declaraciones y en la acusación”.

¿Cuáles son estas ambigüedades? En opinión de la Fiscalía, principalmente dos. Una, la más clara: el hecho de que “Daniel” no hubiera concretado el tamaño de las pigmentaciones en la piel del pene de Román, y que éste no estuviera circuncidado (como apuntó el denunciante en una de sus declaraciones). En segundo lugar, las dudas del fiscal sobre si hubo o no penetración, y por qué la víctima no lo denunció explícitamente en uno de los tres interrogatorios que se le hicieron, o en la carta al Papa Francisco.

En realidad, todas estas apreciaciones no son una novedad, pues tanto las declaraciones de “Daniel” como los informes periciales ya se encontraban en el sumario, de más de 1600 páginas, que llevaron al padre Román al banquillo. Tampoco lo eran los informes periciales y de la Policía Científica, en los que se apreciaba el “testimonio deshonesto” del sacerdote, así como la declaración, “altamente compatible con un testimonio honesto” del denunciante.

La única novedad del juicio, pues, se produjo en el primer día, cuando la Audiencia Provincial decidió aceptar como prueba el informe canónico elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Arzobispado de Granada, en el que se apreciaba “fumus delicti” (apariencia delictiva) tanto en Román como en el resto del miembros del clan. Un informe que fue ratificado, en su declaración ante el Juzgado, por el arzobispo de Granada, Javier Martínez.

Tras retirar su acusación inicial, de nueve años de cárcel, se han mantenido las peticiones tanto de la acusación particular, que ha pedido 26 años, de cárcel y la de Prodeni, que solicita 15 años de prisión para el sacerdote. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del sacerdote.

La Fiscalía atribuía al padre Román un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, por el que, además de los nueve años de cárcel, solicitaba prohibición de aproximarse a la supuesta víctima a menos de 100 metros y de comunicarse durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, pedía que el acusado indemnice a la víctima en 50.000 euros por daño moral.

Salvo con algunas modificaciones, la acusación particular, que ejerce el denunciante de los supuestos abusos, ha mantenido su acusación y pide para el padre Román 26 años de prisión.

El letrado del denunciante, Jorge Aguilera, justifica 10 años de cárcel para Román por “acceso carnal” y 16 por dos “dos delitos continuados y relacionados con masturbaciones y felaciones”.

También han mantenido su acusación la acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, que atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal.

Pide para él la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por 15 años, privación de residir en el lugar en que resida la víctima por 15 años y prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante 15 años, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral. La defensa solicita por su parte la libre absolución y ha reclamado la anulación del expediente canónico.

El juicio ha quedado visto para sentencia. A partir de ahora, serán los tres miembros del Tribunal quienes emitan su veredicto, que se espera para dentro de unas tres semanas.

“El testimonio prestado por Román M. V. (el padre Román), en lo relacionado con los presuntos hechos delictivos que se investigan, es altamente compatible con un testimonio deshonesto”. El juicio por el caso Romanones ha entrado en su fase final con la declaración de los responsables de la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional realizaron un análisis de conducta de los testimonios tanto del padre Román como de Daniel, la víctima que ha denunciado.

Respecto al testimonio de Daniel, los expertos de la Policía Nacional subrayaron que “el testimonio prestado respecto al hecho de haber sido víctima de unos abusos sexuales repetidos a lo largo de varios años cuando era menor de edad, fundamentalmente, a cargo del denunciado Román M.V., es altamente compatible con un testimonio honesto”.

Sobre el hecho de que Daniel siguiera frecuentando durante algún tiempo la parroquia, después de los abusos, los expertos señalan que “existe un vínculo emocional muy poderoso entre D. y Román M., vínculo formado principalmente gracias al poder de influencia de este último, mayor de edad, logrado a lo largo de varios años en los que la edad de D. le hacía especialmente vulnerable, y en los que se fueron produciendo comportamientos progresivamente de mayor intensidad emocional y física entre ambos”.

“La extensión de la denuncia de D. a otros miembros adultos de la comunidad referida durante las actuaciones judiciales por presuntos abusos sexuales y, por tanto, la implicación de éstos en los hechos denunciados, es altamente compatible con un testimonio honesto”, afirma la Policía Nacional, quien vuelve a abrir la hipótesis de que no solo pudiera haber sido el líder del grupo el causante único de los abusos denunciados.

“Ansiedad” y “hostilidad” en el sacerdote

En lo tocante a Román, los investigadores aducen que “la expresión emocional asociada a los diferentes momentos de la entrevista resulta en general incongruente con la situación concreta que está viviendo. Se aprecia ansiedad, compatible por supuesto con el hecho de haber sido acusado de la comisión de un presunto delito, pero se aprecia también hostilidad hacia el entrevistador, mientras que no se aprecia frustración o ira para enfrentarse a la situación que supone para él ser acusado de algo sobre lo que es absolutamente inocente”.

A preguntas del fiscal del caso, Francisco Hernández, han explicado que se mueven en el terreno de “hipótesis”, aunque el análisis conductual conlleva una “valoración psicóloga rigurosa”. Ambos han ratificado su informe y aunque han admitido que la víctima incurrió en algún error o contradicción en su declaración, lo justificaron “porque los recuerdos varían y son transformados a lo largo del tiempo”. Han afirmado también que no apreciaron simulación alguna en Daniel, todo lo contrario de lo advertido en el caso del padre Román.

Por contra, las dos forenses que exploraron físicamente al padre Román, han declarado que no pudieron “apreciar una pequeña mancha como tal”, con un contorno definido, en su miembro viril, como subrayó Daniel en los interrogatorios, aunque sí una “hiperpigmentación difusa” en toda la piel. “Eran zonas más oscuras en la piel, ni siquiera se apreciaba una mancha más oscura”, han señalado, si bien han reconocido, a preguntas del abogado del joven, que el color puede evolucionar con el tiempo.

El denunciante dijo también que el padre estaba circuncidado y tenía estrías. Sin embargo, los forenses han descartado la operación de fimosis.

Siento llevar la contraria a la mayoría de mis conciudadanos que han puesto el grito en el cielo (más chistes que gritos, también es verdad) a cuenta del autobús de la organización ultra tolerante (con sus propios demonios), ¡Hazte oír!, que ha tenido la bendita ocurrencia de sacar a la calle el autobús con la campaña contra los niños y niñas transgénero. El mensaje ha servido, sobre todo, para poner de actualidad un drama del que no se hablaba. No era yo consciente del sufrimiento de las personitas que nacieron en cuerpo equivocado y que en su búsqueda de la felicidad se topan con el desprecio y la incomprensión de la sociedad. Agradezco sinceramente que ¡Hazte Oír! me haya hecho escuchar lo que esas criaturitas tenían que decirme para así poder darles un poco de cariño y que tengan fuerza para seguir peleando por sus derechos, que en el fondo también son los nuestros.

Además, la campaña del autobús vociferante me ha complacido por la evolución manifiesta que han sufrido estos pitecántropos erectus, que ya empiezan a parecerse al homo sapiens del siglo XIX, ya que se han puesto a escribir palabras, que son incompatibles con las hogueras de los autos de fe y los potros de tortura donde, no ha mucho, acababan todos aquellos que se oponían a su benéfica religión y pudorosas costumbres.

Sin ir más lejos, en los años 70, los papás (presuntos) de estos pequeños torquemadas redactaron una ley llamada de Peligrosidad Social en la que se castigaba, entre otras cosas, la homosexualidad y la mendicidad, gravísimos delitos que te hacían beneficiario de una buena mano de hostias en comisaría. No te quiero contar si además de pobre eras mariquita. Un avance con respecto a la anterior ley que regulaba la materia, llamada de Vagos y Maleantes, promulgada por la II República y que fue ampliada por Franco para incluir a los homosexuales. En virtud de esta norma, muchos españoles de la acera de enfrente (enfrente, según desde donde mires) acabaron en los campos de trabajo o ante el pelotón de fusilamiento. Ahí está el caso de Lorca, al que lo último que le hicieron oír fue “rojo maricón”.

Como ven, lo del autocar es un avance espectacular, que se redondea con la explicación de que lo suyo no es propaganda transfóbica, sino ciencia, que decir que “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer seguirás siéndolo. Que no te engañen” no es más que Biología. Un poco más y son capaces de reconocer que el hombre viene del mono (y que nos perdone el mono) y no de un pegote de barro recogido de un albañal o de una costilla flotante del arzobispo de Calahorra.

Y no queda aquí la cosa, que el propio lenguaje también ha evolucionado, que donde los curas y monjas decían “pilila” y “cosita”, ellos hablan de “pene” y “vulva”. Señor, Señor, que vocabulario tan soez. Sólo les falta decir “paja” en vez de tocamientos impuros con ánimo libidinoso.

Con dos romanones

Lo curioso del caso es que a algunos directores espirituales de estos beatísimos y rectísimos hombres les da igual que sea niño o niña, que hay curas que no hacen distingos cuando se trata de cubrir de amor (cristiano) a nuestros infantes, como se está demostrando en el juicio al club de los ‘romanones’ que se celebra estos días en Granada. Y es que hay curas que van a pelo y a pluma, que en tiempos de penuria y de guerra, piensan, cualquier cavidad es trinchera. De todos estos niños esparcidos por España, los de 'Hazte oír' hacen oídos sordos.

[Punto y aparte para disentir de la santa indignación que he detectado en el partido autodenominado Podemos, que ha pedido que se prive de la condición de asociación de utilidad pública a 'Hazte oír' y deje de beneficiarse de subvenciones y exenciones fiscales. Está bien eso de rasgarse las vestiduras (aunque la verdad, a ellos no se les nota), pero mejor hubiera sido que no hubieran rechazado a Pedro Sánchez propiciando que el PP siguiera al frente del Gobierno. En este momento los energúmenos estarían pidiendo limosna y se les podría aplicar la Ley de Peligrosidad Social].

En conclusión, dado el éxito de la campaña, les rogaría que hicieran otra defendiendo la brecha salarial que sufren las mujeres, por ejemplo, que a lo mejor consiguen que el país se ponga a pensar en tamaño despropósito. Eso sí, les aconsejaría que en vez de hacerse oír se lo hicieran mirar por un especialista, por ejemplo un proctólogo, aunque soy pesimista y no creo que mejoren, ya que aunque llevan razón en que si naces persona eres persona siempre, también es verdad que si naces cochinillo, mueres marrano.

El padre Román, el único acusado de abusos sexuales a un menor en el conocido como caso Romanones, ha negado hoy cualquier tipo de relación o abuso sexual con el denunciante o que con sus compañeros mantuviera comportamientos homosexuales, y ha asegurado que todo se engloba en el “amor cristiano”.

Lo ha hecho durante la primera sesión del juicio que se celebrará hasta el próximo 21 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, y ha mantenido, como hizo durante la declaración indagatoria, que su comportamiento respondía a un proceder de “amor cristiano”, en el que ha asegurado no hubo conductas sexuales.

El acusado, para el que la Fiscalía solicita nueve años de prisión por abuso sexual a un menor, ha asegurado que “asesoró” al joven denunciante en diferentes momentos de su vida y ha negado cualquier comportamiento sexual o que compartiera cama con el entonces menor: “No me entra en la cabeza dormir con otra persona”.

“No he dado besos en la boca en mi vida, ni los he recibido”, ha dicho el único acusado en la causa, que ha señalado que se distanció del denunciante porque llevaba “una doble vida”, y ha añadido que mantuvo una relación de consejo con la que fue novia del entonces menor, que le contó que la acosaba.

“Te quiero mucho”

El padre Román ha negado además que los sacerdotes que convivían mantuvieran relaciones homosexuales “de ningún tipo” y ha defendido que la carta al denunciante que firmó con un “te quiero mucho” se enmarcaba en el contexto “cristiano” de la palabra amor.

Sin embargo, el expediente canónico dice otra cosa y va a ser admitido en el juicio. El tribunal de la Audiencia Provincial de Granada ha rechazado la petición de la defensa del padre Román de declarar la nulidad del expediente canónico sobre los abusos, al considerar que se han cumplido todos los requerimientos legales.

La admisión del expediente canónico tiene una vital importancia, toda vez que la investigación eclesiástica da por probados los abusos, no solo por parte de Román, sino de varios de los miembros del clan, a los que define como “un grupo muy compacto y cerrado”. Algo que, este viernes, habrá de confirmar el propio arzobispo, quien ha sido llamado a declarar en la causa.

En la documentación enviada por el arzobispo de Granada a Doctrina de la Fe el 30 de octubre de 2014, y que debió entregar al juez instructor tras nueve peticiones y cinco apercibimientos de sanción contra Javier Martínez varios meses después, el arzobispo de Granada admite que algunos de esos sacerdotes “habrían sido víctimas” de abusos por parte del clan y, con el tiempo, ellos mismos se habrían convertido “en cómplices, en mayor o menor grado”.

En la carta que monseñor Martínez envió al cardenal Müller, el arzobispo reconoce que el sacerdote investigador (un canonista valenciano) ha apreciado “fumus delicti” (apariencia delictiva) en las acusaciones vertidas contra el padre Román y los también sacerdotes Manuel Morales y Francisco Campos.

Además, en la misiva se pide a Roma “ampliar la investigación”. Al final de la misiva, Martínez reclama a Müller que el juicio eclesiástico, paralelo al civil, no se celebre dentro de la jurisdicción de la diócesis granadina. Algo que justifica dada la condición de juez eclesiástico que venía desempeñando hasta su acusación Francisco Campos, uno de los principales encausados durante la instrucción.

El letrado del denunciante, Jorge Aguilera, ha dicho que su cliente está “tranquilo”, que el archivo de la causa para el resto de investigados iniciales por haber prescrito los delitos le provocó desazón y que afronta el juicio con esperanza.

“La verdad es la verdad, y no debe esconderse, cueste lo que cueste”. Las palabras del Papa Francisco resuenan con fuerza en los pasillos de la Audiencia Provincial de Granada, donde este lunes, a partir de las nueve y media de la mañana, comienza el juicio por el “caso Romanones”, la mayor trama de pederastia eclesial de nuestro país, que tuvo implicados al 7% del clero de Granada y al propio arzobispo, Javier Martínez, quien tendrá que sentarse en el banquillo, pues la diócesis está acusada como responsable civil subsidiaria de los abusos supuestamente cometidos por el padre Román y sus secuaces contra “Daniel” y, como apunta el sumario, contra otros chicos y chicas.

El caso, en el que se ha visto implicado el mismo Vaticano (el juez de instrucción tuvo que solicitar al prelado, hasta en nueve ocasiones, la entrega del expediente canónico del caso, cuyo contenido demostraría la implicación de hasta doce personas -diez sacerdotes y dos laicos- en una trama de abusos perfectamente coordinada y silenciada desde el interior de la Iglesia), finalmente sólo ha llevado al banquillo al líder del clan, el padre Román. El resto de inicialmente implicados no serán juzgados, por la única razón -así lo dejó claro el juez instructor- de que sus delitos habrían prescrito.

¿Cuáles son las claves del “caso Romanones”? ¿Por qué resulta tan relevante? ¿Cuál es el papel del arzobispo de Granada en la trama? ¿Qué ha cambiado en la Iglesia en la cuestión de los abusos? ¿Qué protagonismo ha sido el del Papa? Estas son algunas de las respuestas a las preguntas del que, sin lugar a dudas, es el caso más importante de pederastia eclesial en la historia de la Iglesia española, y el primero en el que el Papa Francisco tomó cartas en el asunto en sus cuatro años de pontificado.

¿Qué supone el caso Romanones en la lucha contra la pederastia en la Iglesia española?

Un antes y un después, por varias razones. La más obvia, la intervención directa del Papa Francisco, quien en agosto de 2014 llamó por teléfono a “Daniel”, la víctima de los abusos del padre Román y del clan de los Romanones, para pedirle perdón en nombre de la Iglesia y animarle a denunciar. El mismo Papa que obligó al arzobispo de Granada a abrir una investigación que, por el momento, únicamente tiene suspendidos a tres de los diez sacerdotes afectados por la trama. El resto, pese al clamor de los fieles, siguen dando misa en sus parroquias como si nada.

El caso obligó a la Conferencia Episcopal, además, a hacer públicos sus protocolos de actuación ante los abusos, que aunque se habían aprobado ¡en 2010! no se habían aplicado. Tras la publicación del “caso Romanones” y la intervención papal, algunas víctimas se decidieron a denunciar. En los últimos meses, hemos asistido a denuncias en Astorga, el caso “Gaztelueta” en Bizkaia, los maristas de Cataluña o los abusos del ex vicario general de San Sebastián, entre otros. La denuncia de “Daniel” rompió el velo de silencio en la Iglesia española ante los abusos, un camino que no tiene marcha atrás.

¿Qué se juzga?

Los abusos sexuales padecidos por “Daniel” de forma continuada (entre 2004 y 2007) y con prevalimiento por parte de Román y, por extensión, la espiral de silencio que recorrió la diócesis durante años. Del 6 al 21 de marzo, 40 testigos y 14 peritos pasarán por la sala de la Audiencia, para intentar probar la culpabilidad o la inocencia del sacerdote.

La Fiscalía atribuye al padre Román un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal contra un menor desde 2004 a 2007, por el que, además de los nueve años de cárcel, solicita prohibición de aproximarse a la supuesta víctima a menos de 100 metros y de comunicarse durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado (o, e su defecto, la diócesis, como responsable civil subsidiario), indemnice a la víctima en 50.000 euros por daño moral.

Por su parte, la acusación particular atribuye al padre Román tres delitos de abuso sexual por el que solicita 26 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse durante 20 años y una indemnización de 50.000 euros por daño moral.

La acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal, y pide para él la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por 15 años, privación de residir en el lugar en que resida la víctima por 15 años y prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante 15 años, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral.

La defensa, por su parte, solicita por su parte la libre absolución y ha reclamado la anulación del expediente canónico, al entender que los derechos de su defendido, y los del resto del clan, pueden ser violados al revelar declaraciones reservadas, casi “secreto de confesión”.

¿Cómo se sucederá el juicio?

Precisamente, lo primero que habrá de determinar la Audiencia Provincial será si aparta o no el expediente canónico del caso, como pide la defensa. En principio, fuentes jurídicas consultadas apuntan a que dicho expediente se mantendrá como prueba de cargo. Tras las cuestiones previas, este mismo lunes se procederá al interrogatorio al padre Román.

A la declaración del acusado le seguirán la de un total de cuarenta testigos propuestos por las partes y distribuidos en las distintas sesiones que se celebrarán hasta el 13 de marzo. Así, la declaración de “Daniel” se producirá este miércoles, mientras que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, será interrogado el viernes.

Posteriormente le tocará el turno a los peritos, 14 especialistas que declararán ante el tribunal en las sesiones previstas el 14 y el 20 de ese mismo mes. La última jornada del juicio, el día 21, se dedicará a la prueba documental y a las conclusiones finales, además de tener el acusado la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra.

¿Habrá condena para Román?

Todo parece indicar que sí pues, pese a que la defensa ha llamado a declarar a todos los miembros del clan inicialmente imputados, la jurisprudencia en los casos de abusos a menores tiene especialmente en cuenta el testimonio de la víctima, así como las pruebas llevadas a cabo tanto por la Policía Científica -que determinó un alto grado de veracidad en “Daniel”, y una ausencia de verosimilitud en el testimonio de Román-, y las pruebas periciales.

El caso Romanones tiene, al fin, fecha de comienzo. Según ha confirmado la sección segunda de la Audiencia de Granada, el 6 de marzo arrancará el juicio contra el padre Román, el único de los inicialmente imputados cuya causa no ha prescrito. El sacerdote está acusado de abusos sexuales con prevalimiento.

La causa, que tiene previstas nueve sesiones, vera cómo el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, declara como testigo en la causa. Su declaración será el 10 de marzo, dentro de las investigaciones que tienen a la archidiócesis de Granada como responsable civil subsidiario. La víctima, Daniel, lo hará el 8 de marzo.

La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para Román, mientras que la acusación particular, que representa a Daniel, ha solicitado una condena de 26 años de cárcel, mientras que la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años.

La Audiencia de Granada ha resuelto además que la petición de la defensa del padre Román, que solicitaba la nulidad del expediente canónico, se analice como cuestión previa, después de que todas las partes rechazaran el escrito del abogado Muriel, que quería que se eliminara directamente al considerar que se trataba de un expediente privado, cuya propiedad residía en la Santa Sede.

Una Santa Sede que ya ha declarado su intención de que se sepa toda la verdad, “cueste lo que cueste”, como apuntó el Papa Francisco. De hecho, tal y como ha podido saber eldiario.es, Roma ha reactivado la causa, esta vez a través de la Congregación de Obispos, que tendrá que dilucidar si la actuación del arzobispo de Granada fue la más adecuada o si, por el contrario, no hizo lo necesario para salvaguardar los derechos de la víctima.

De hecho, aunque la diócesis argumenta que ha hecho todo lo posible por aclarar los hechos, lo cierto es que de los diez sacerdotes inicialmente imputados (nueve de los cuales no van a juicio, según afirmó el juez instructor, única y exclusivamente por la prescripción de los delitos), siete continúan en sus parroquias, en contacto con menores, para mayor escándalo de muchos feligreses.

El juicio se celebrará en nueve sesiones fijadas entre el 6 y el 16 de marzo, en las que declararán en calidad de testigos los sacerdotes y seglares que inicialmente estuvieron investigados en la causa hasta que la Audiencia decretó que habrían prescrito los delitos que se les podrían imputar.

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, se sentará en el banquillo del caso Romanones para declarar como testigo, a petición de la Fiscalía, en el caso de presuntos abusos cometidos por varios eclesiásticos en su diócesis, denunciados por el joven Daniel –nombre ficticio– y que provocaron la inmediata reacción del papa Francisco.

La diócesis de Granada ya ha sido declarada responsable civil subsidiario, y ha tenido que realizar un depósito de 50.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones si, finalmente, el padre Román –único imputado tras la prescripción de los posibles delitos del resto de miembros del denominado clan de los Romanones– es condenado y no puede hacer frente a la condena económica. La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para el religioso, mientras que siete de los sacerdotes inicialmente imputados continúan, a día de hoy, dando misa en distintas parroquias de la diócesis.

Y es que el testimonio del arzobispo de Granada puede ser considerado “clave” para el fiscal, Francisco J. Hernández, y así lo consigna en su escrito de acusación, que presentó el pasado viernes. Junto a Martínez, la Fiscalía también ha pedido la declaración de hasta 15 personas, entre las que se encuentran el resto de miembros del clan e inicialmente imputados, así como otras de las posibles víctimas del padre Román. 

El fiscal también ha pedido la pericial elaborada por la Unidad Central de Inteligencia Criminal, encargada de analizar la conducta de acusado y denunciante durante sus declaraciones para tratar de saber si los testimonios de ambos eran o no veraces. Como se recordará, la investigación policial dictaminó que el testimonio del padre Román resultaba “altamente compatible con un testimonio deshonesto, que oculta la verdad e incluso la altera”.

Vínculo emocional

El informe policial apunta cómo existía un “importante vínculo emocional” entre el padre Román y “Daniel”, y otorga un “alto grado de veracidad” al testimonio de la víctima, tanto en lo tocante al único imputado como al resto de miembros del clan.

En un momento de la entrevista, asegura la Unidad Central de Inteligencia Criminal, el sacerdote niega haber mantenido relaciones sexuales con el denunciante, pero los agentes detectan que el movimiento de cara negando los hechos lo delata. “El movimiento de cara negando los hechos lo hace bajando la mandíbula y perdiendo el contacto visual con el investigador, lo que podría entenderse como una contradicción entre su respuesta verbal y la no verbal”, subraya el informe.

El fiscal también ha solicitado las pruebas practicadas por dos médicas forenses a la víctima, practicadas en diciembre de 2015. Además, el fiscal pide la lectura de distintos folios de un sumario que tiene más de cuatro mil páginas.

A su vez, se presentará el informe canónico, que concluyó apuntando la “apariencia delictiva” de los hechos denunciados. Según han informado fuentes del caso, el informe aprecia “fumus delicti” (apariencia delictiva) en los supuestos abusos relatados por el denunciante -un joven que hoy tiene 24 años- y por los que llegaron a estar imputadas doce personas, en su mayoría sacerdotes, si bien la investigación judicial sólo continúa contra el supuesto cabecilla del grupo, el padre Román.

El expediente, elaborado por un sacerdote, también incluye la apreciación de que no debería ser el tribunal eclesiástico de Granada quien juzgue los hechos (en la vertiente eclesiástica), dados los vínculos de algunos de los curas que llegaron a ser investigados con miembros de ese jurado.

Un año después, el caso de abusos sexuales a menores conocido como el caso Romanones concluye su etapa de sumario. En breve, arrancará el juicio, que por el momento solo afectará al líder del grupo, Román Martínez, dado que el resto de investigados, otras once personas entre seglares y religiosos, han sido exonerados por la prescripción de sus delitos.

Han pasado doce meses desde que saliera a la luz que el Papa Francisco había tomado cartas en el asunto y llamado por teléfono al joven Daniel -nombre ficticio- para pedirle perdón, en nombre de la Iglesia, por las atrocidades a las que se vio sometido siendo adolescente por un grupo de sacerdotes y laicos. El Papa le instó a poner la pertinente denuncia. Mientras tanto, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, se echaba a un lado y no colaboraba con la víctima, hasta el punto de que el juez instructor del caso, Antonio Moreno, ha declarado su “responsabilidad civil subsidiaria”. En los próximos meses, pues, el obispo se verá obligado a comparecer ante el tribunal.

Un año después de que salieran a la luz los presuntos abusos sexuales, y tras la intervención directa del Papa Francisco, el juez instructor del caso, Antonio Moreno, ha decretado el fin de la instrucción y su traslado a sumario, que a partir de ahora pasa a la Audiencia Provincial de Granada, quien habrá de poner fecha al comienzo del juicio.

“Delito de abuso sexual continuado”

En el auto final, al que ha tenido acceso eldiario.es, el magistrado confirma que de la instrucción del caso “se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten (...) imputar a Román Martínez Velázquez de Castro por los hechos presuntamente cometidos por el mismo sobre la persona de (”Daniel“), que podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal, y tentativa de introducción de miembro viril, y prevalimiento del art. 181,1.3.4. y 5 del código penal castigado con pena de prisión de cuatro a diez años , y en su mitad superior”.

Al tiempo, el juez explicita, hasta en dos ocasiones, que la única razón para la prescripción de los delitos de los que han sido investigados los otros once miembros del clan es la “aplicación legal obligatoria”. Esto es: que el tiempo transcurrido entre la comisión de los posibles delitos y su denuncia ha sido demasiado.

Por si cupiera duda, el magistrado recalca, en otro momento del auto, que por providencia de fecha 7 de octubre de 2015 en cumplimiento de dicho auto “se dejan sin efecto, por la prescripción declarada, y no por otro motivo”, la imputación de todos a excepción de Román Martínez Velázquez de Castro.

Al tiempo, el auto recuerda que “se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada”. La lectura del escrito deja en un lugar delicado a la diócesis, toda vez que se reitera que la única razón para no seguir investigando los hechos no relativos al padre Román está en la prescripción civil de los presuntos delitos. La diferencia se encuentra en que, en el ámbito eclesiástico, dichos delitos no han prescrito y deberían ser juzgados.

A partir de ahora, será la Audiencia Provincial de Granada la que determine la fecha de inicio del juicio, así como nuevas tomas de declaración.

Por su parte, el padre de Daniel ha querido responder a las acusaciones vertidas contra su hijo por el abogado de los Romanones, Javier Muriel. En un escrito, el padre de la víctima responde con “hechos probados” aparecidos en el sumario las palabras del letrado, en las que calificaba de “mentiroso” y “delincuente” al joven granadino.

En primer término, se refiere al análisis de la Unidad de Inteligencia Criminal, cuyo informe, datado el 5 de marzo de este año, subraya que “el testimonio prestado por Román Martínez Velázquez de Castro, en relación con los presuntos hechos delictivos que se investigan, es altamente compatible con testimonio deshonesto, logrando mostrar incongruencias entre su conducta verbal y no verbal”.

“Un grupo compacto y cerrado”

En segundo término, la propia declaración del arzobispo de Granada, constantado que “hay fumus delicti” en el caso de abusos, y solicitando a Roma “considerar la conveniencia de ampliar la investigación al resto del grupo, ya que forman un grupo muy compacto y cerrado. Si se confirman los presuntos delitos, sería posible que al menos algunos de los sacerdotes pudieran haber sido víctimas, convertidos con el tiempo en cómplices en mayor o menor grado”.

“Mi impresión inicial es que por desgracia las acusaciones tienen verosimilitud. La realidad de éste grupo es problemática por diversos motivos y estos dolorosos hechos, en el caso de que se confirmen, vendrían a explicar algunas características del grupo y a corroborar una actitud de distanciamiento doctrinal y en la pertenencia a la comunión general de la Iglesia. También es previsible, dado que uno de los acusados directamente es Juez del Tribunal Eclesiastico, conociéndo su trayectoria, una actitud virulentamente defensiva”, subrayaba Martínez. Del mismo modo, los sacerdotes investigadores afirmaron el 13 de octubre que “después de la declaración de la victima se puede llegar a afirmar que existen indicios de que puede darse un delito por parte de los tres investigados”.

Finalmente, el informe de la Unidad Central de Inteligencia Criminal subraya que el testimonio de la víctima “es altamente compatible con un testimonio honesto”, al igual que “la extensión de la denuncia a otros miembros adultos de la comunidad referida”. Algo en lo que también coincide el juez instructor en su último auto, señalando cómo la única razón para que todo el clan no sea procesado se basa en la mera prescripción temporal.

“Retira la denuncia, hijo de puta, o prepárate”. Daniel, el joven víctima de los presuntos abusos sexuales por parte del clan de los Romanones formado por religiosos de Granada, recibió la pasada semana un anónimo. Uno más: son muchos meses, algo más de un año, desde que se decidió con el apoyo del Papa Francisco a denunciar el calvario sufrido cuando era menor de edad, y las presiones no han cesado.

Como hiciera en alguna otra ocasión, Daniel puso las amenazas a disposición de la Fiscalía de Navarra (comunidad en la que reside), que ha abierto una investigación sobre la autoría del anónimo. Aún no se sabe si tiene relación con los doce implicados de la diócesis de Granada en los abusos, de los que finalmente uno solo, el padre Román, será juzgado por pederastia, pues la Audiencia Provincial declaró probados, pero prescritos, los delitos de los otros once investigados.

Las autoridades han otorgado credibilidad a las amenazas, que se producen en el momento en que se cumple un año desde que Daniel presentó la denuncia de abusos que, tras la prescripción de parte de los delitos, continúa ahora sólo contra el padre Román Martínez.

La investigación continúa su curso, y en noviembre podría concluirse la instrucción del caso, pasando directamente a la Audiencia Provincial de Granada, que será quien determine fecha del juicio. La estrategia de la defensa se basa en intentar desacreditar a la víctima de abusos, pese a que los informes periciales de los expertos ya han subrayado la “alta veracidad” de su testimonio, así como la ausencia de ella en los interrogatorios al principal encausado.

A su vez, se ha filtrado que la Policía no ha hallado evidencias de material pedófilo en el material informático requisado a los miembros del clan, sin que dichas fuentes recuerden que, en su momento, los investigadores denunciaron la falta de colaboración de los implicados -el propio padre Román se negó a dar sus claves-, así como que algunos de los ordenadores no aparecieron en el momento de los registros.

Algunos de los implicados alegaron en un primer momento que habían sido víctimas de un robo. Después, se comprobó que todos los archivos de los dos ordenadores incautados en noviembre habían sido borrados, y expertos denunciaron que los investigados podrían haber destruido pruebas. No hay que olvidar que los investigados conocían, al menos un mes antes de su detención, la denuncia del chico.

Los implicados participan en actos de la diócesis

Entretanto, varios sacerdotes granadinos han confirmado a eldiario.es que la mayor parte de los sacerdotes implicados en este caso de abusos -incluyendo a los curas que, a día de hoy, continúan suspendidos por su arzobispo, Javier Martínez- participaron recientemente en un retiro para clérigos de la diócesis. Según dichas fuentes, el único que no participó en el mismo fue el padre Román.

El caso se hizo público hace ahora un año, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión que quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas. Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ipso facto denuncia contra todos los afectados.

El caso Romanones también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los “escándalos” que afectaban entonces a la Iglesia. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado recientemente declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos, al considerar que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.

Mantiene además el juez que los hechos se producen “por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial”.