Nuevo miembro del antiguo gobierno de Mariano Rajoy que encuentra trabajo en la patronal. La CEOE ha anunciado este miércoles el fichaje de José Luis Ayllón, diputado con el PP y que fue jefe de gabinete del presidente. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha sumado a la organización en los últimos años a la exministra de Empleo Fátima Báñez y a Iñigo Fernández de Mesa, que fue secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Luis de Guindos.

“CEOE incorpora a José Luis Ayllón como director del nuevo Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes, en el marco de la apuesta de la Confederación por reforzar un ámbito clave en la defensa de los intereses económicos y sociales propios de las organizaciones empresariales”, anuncia la patronal.

El fichaje del 'sorayista', por su proximidad con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, fue adelantado hace unos días por El Confidencial, pero la patronal respondió entonces que Ayllón era uno de los candidatos al puesto y que su nombramiento no estaba cerrado. Este miércoles, la organización oficializa si incorporación.

La CEOE destaca que José Luis Ayllón “tiene amplia experiencia en el mundo parlamentario y la comunicación institucional y política”. Ayllón ha sido diputado con el PP y ocupó el cargo de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (2011-2018) antes de ser nombrado jefe de gabinete de Mariano Rajoy, con la salida de Jorge Moragas del puesto.

“Su experiencia en el sector privado le ha llevado a trabajar para la consultora LLYC, de la que hasta ahora era director senior de Contexto Político, en Arthur Andersen o en CaixaBank, entre otras empresas”, añade la patronal.

También es “docente en distintas escuelas de negocio y centros de estudio y ha colaborado también, de forma habitual, con algunos medios de comunicación”.

Preguntada sobre si el fichaje de otro cargo del PP de Mariano Rajoy puede vincular a la patronal con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, desde CEOE no han respondido a este medio.

En plena pandemia, Garamendi fichó a la exministra de Empleo Fátima Báñez, tras mucha incomodidad y críticas al respecto de parte de la patronal que consideraba que su inclusión ponía en juego la imagen de independencia de la CEOE.

Antes, en 2019, ya había sumado a Iñigo Fernández de Mesa, exsecretario de Estado de Economía, como presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), centro de estudios de la patronal.

“El PP ha vuelto a Catalunya para quedarse”. Así se ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado, tras presidir la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional en Barcelona. El nuevo líder de los populares ha revelado que la estrategia del partido para las municipales del año que viene pasa en Catalunya por candidaturas conjuntas con el resto de fuerzas constitucionalistas. “Tenemos que ir juntos”, ha dicho.

La mirada de Casado está puesta en desalojar a Ada Colau de la alcaldía de Barcelona. Casado ha expuesto la “triple disyuntiva” que cree que deben encontrarse los barceloneses a la hora de depositar su voto en las municipales: “Que Barcelona siga siendo la capital europea del populismo, una capital ruinosa de una república independiente o una capital de una ciudad europea cosmopolita”. Todo ello mientras el exprimer francés Manuel Valls baraja presentarse a la alcaldía de la capital catalana.

En el turno de preguntas, Casado ha rebajado lo expuesto inicialmente y ha apostado por una “actuación” y “estrategia coordinada” entre las fuerzas constitucionalistas. Y en vez de Barcelona ha enfocado esta coordinación para que el líder de los populares en Catalunya, Xavier García Albiol, recupere la alcaldía de Badalona y que el PP vuelva a gobernar en municipios del área metropolitana como Castelldefels. “La gente echa de menos a Xavier García Albiol en Badalona”, ha afirmado.

Mientras aboga por la unidad con el resto de partidos, Casado no ha logrado mantener la de su formación. El reparto de puestos directivos en el nuevo PP ha reavivado la batalla entre Casado y Sáenz de Santamaría. El nuevo presidente de los conservadores ha elegido a su jefe de campaña en las primarias, Teodoro García  Egea, como secretario general, y a la exministra Dolors Montserrat, que apoyó a Cospedal en la primera vuelta, como portavoz en el Congreso. 

Casado ha relegado a puestos de segunda y tercera fila a los populares que apoyaron a Santamaría. La exvicepresidenta ni siquiera forma parte del Comité Ejecutivo y no ha viajado a Barcelona, donde el presidente del PP ha desvelado su nuevo núcleo duro.

“El PP está listo, preparado, unido y dispuesto a afrontar cualquier cita electoral”, ha dicho Casado en rueda de prensa, en la que ha mostrado su disposición a “integrar” a la exvicepresidenta. “Mi teléfono está abierto para que me conteste si se quiere integrar”, ha añadido. Y al mismo que tiempo que ha implorado la necesidad de “unidad” en el partido, ha lanzado esta advertencia: “No voy a permitir ninguna corriente interna ni etiquetados de personas”.

El nuevo presidente del PP ha mantenido la dureza contra el independentismo de su campaña y ha reiterado que el primer proyecto de los populares en el Congreso será proponer una reforma del Código Penal para castigar la “sedición impropia” y la “convocatoria ilegal de referéndums”. Casado ha justificado estos cambios en que hay que “anticiparse” al independentismo, más en vísperas del primer aniversario del otoño soberanista catalán. 

“Si en la agenda de ruptura de los partidos independentistas se prepara cualquier tipo de ruptura de la legalidad hay que tener los mecanismos de defensa efectivos para que no pase lo que pasó el año pasado”, ha defendido. Además, ha mostrado su mano tendida al Gobierno de Pedro Sánchez para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el “mínimo desafío secesionista” del Govern.

Fue idea del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Para llevarla a cabo, puso a trabajar a su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien durante un cuarto de hora negoció con todos los grupos parlamentarios el minuto de silencio por la muerte de Rita Barberá, que acababa de ocurrir minutos antes del comienzo del Pleno de este miércoles.

Ayllón logró el sí de la mayoría de los grupos, pero se topó con la negativa del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Íñigo Errejón, Alberto Garzón y Xavier Domènech coincidieron en expresar personalmente su rechazo a la iniciativa de Moncloa.

¿Por qué? “Lamentamos la muerte de Barberá pero no podemos participar en un homenaje político a alguien cuya trayectoria está marcada por la corrupción”, explicó Pablo Iglesias. “Hacer un minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Rita Barberá es un homenaje a su trayectoria. Nos negamos y nos salimos”, sostuvo Garzón. “Respeto y condolencias en el ámbito privado, pero no participamos en el homenaje político póstumo, en sede parlamentaria, a Rita Barberá”, afirmó Errejón.

Según fuentes de las negociaciones, Ayllón sopesó la idea de retirar la iniciativa ante la falta de consenso –fuentes gubernamentales aseguran que temía que pudiera producirse algún tipo de “follón” durante el minuto de silencio–. “Los minutos de silencio se hacen por consenso”, explican algunos de los presentes.

“Pero la negociación final fue de Pastor con la Mesa, y ninguneó completamente nuestro criterio”, afirma un miembro de la dirección del grupo confederal.

“Una vez que Pastor llama a Íñigo [Errejón] a la Mesa para decirle que se va a hacer el minuto, a pesar de las dudas de Ayllón por la falta de consenso ya que nosotros habíamos dicho que nos parecía mal, en cuestión de segundos decidimos marcharnos”, explica otra fuente del grupo parlamentario. “Entre nosotros estábamos totalmente de acuerdo”.

Así, los 67 diputados del grupo confederal fueron abandonando el hemiciclo por la parte de arriba, no por el centro de la Cámara. Después de salir todos, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decretó el minuto de silencio por Rita Barberá que había pedido Rajoy.

El Gobierno no acudirá a las sesiones de control de los miércoles. Tampoco a las Comisiones del Congreso para someterse a las preguntas orales de los grupos parlamentarios. Pero, además, se niega a contestar a las preguntas por escrito que han registrado y seguirán registrando los grupos parlamentarios en la Cámara Baja. De momento, hay acumuladas 518 de diferentes grupos parlamentarios, excepto del PP. Pero ninguna de ellas tendrá respuesta, según han confirmado a esta redacción fuentes de Moncloa.

La negativa a responder este tipo de preguntas es algo insólito. Como aseguran desde el PSOE, “el Gobierno puede que se escude en que está en funciones, pero los funcionarios que son los encargados de recabar esa información, no”. Los diputados de los grupos parlamentarios consultados consideran un despropósito que los departamentos ministeriales se nieguen a cumplir con su trabajo y “con su obligación”. Pero así va a ser.

Desde que comenzó la legislatura, ya hay registradas en el Congreso 518 preguntas escritas para su respuesta por parte del Ejecutivo. Algunas de ellas se refieren a la corrupción en Valencia, como la batería de preguntas que un grupo de diputados del PSOE de las circunscripciones de Alicante, Castellón y Valencia registró a finales de febrero: Ana María Botella; José Luis Ábalos; María Palomares; Patricia Blanquer; Julián López Milla; Artemi Vicent Rallo Lombarte y Herick Campos, fueron los parlamentarios firmantes.

En el preámbulo de la iniciativa justificaban su interés “dado los numerosos e impactantes casos de corrupción que asolan la Comunidad Valenciana, en los que están implicados destacados dirigentes del Partido Popular, así como miembros de este partido político en su ejercicio activo como altos cargos del Gobierno de la Generalitat Valenciana en pasadas legislaturas”.

“¿En qué se han concretado los esfuerzos de investigación por parte del Ministerio del Interior en la lucha contra la corrupción en la Comunidad valenciana?”; “¿Cuál es la estadística, para los años 2011 al 2015, de los delitos de cohecho, malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias (delitos más asociados a la corrupción) en la Comunidad Valenciana, y comparativamente con el conjunto del ámbito nacional?”; “¿Cuál es la estadística de hechos conocidos, esclarecidos, detenciones, e imputaciones en esos mismos años en el ámbito territorial en la Comunidad Valenciana y su comparativa con el conjunto de España?”; “¿Qué efectivos, inversiones o cualquier otro recurso de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado ha movilizado el Ministerio del Interior en la Comunidad Valenciana en los años 2012-2015 en la lucha contra la corrupción?”, fueron las preguntas.

Según Ana Botella Gómez, diputada por Valencia y vicepresidenta de la Comisión de Interior del Congreso, el PP no solo no ha movido un dedo para evitar los escándalos que son conocidos en toda la Comunidad, sino que “ha obstaculizado” las investigaciones de la policía y el trabajo de los jueces. En otras cosas, los socialistas denuncian que en casos como el Brugal –que afecta a importantes dirigentes del PP, entre ellos, a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo-, han puesto al frente a mandos policiales “que han mantenido una estrategia predeterminada para que no avancen las investigaciones”. Una prueba de ello, afirman, es que al jefe provincial de la Policía de Alicante, que fue uno de los encargados de “tapar” este asunto y al que los jueces han recriminado por ralentizar este caso, le hayan ascendido a Jefe Superior de la Policía la de Comunidad Valenciana, “como premio”. 

Los socialistas han pedido la comparencia urgente en la Comisión de Interior del ministro Jorge Fernández Díaz, para que explique este ascenso, así como el nombramiento como jefe superior de la Policía Nacional en Galicia del antiguo responsable de la UDEF que encargó el informe sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. Pero el ministro, al estar “enfunciones”, no acudirá, según ha confirmado el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que asegura que les ampara la ley. 

Garzón tampoco tendrá respuesta sobre las denuncias de Snowden

Pero también se  quedarán sin respuesta las preguntas que acaba de registrar en el Congreso el diputado de IU-UP, Alberto Garzón, sobre “el espionaje masivo” denunciado por el exagente de la Agencia de Seguridad de EEUU (NSA), Edward Snowden. El portavoz de IU quiere saber si las autoridades españolas participaron de alguna manera en el programa que desveló primero The Guardian y que el propio Snowden ha explicado en una amplia entrevista con eldiario.es.

Otras se refieren a ejecuciones de obras e infraestructuras licitadas o en marcha en diversas comunidades autónomas; o sobre las dificultades que han tenido los residentes españoles para votar en el extranjero en las últimas elecciones, como se interesa el diputado de Podemos, Pablo Bustinduy; o sobre el indulto a dos trabajadores vigueses condenados por participar en una huelga legal, de la diputada de Podemos, Yolanda Díaz.

Asimismo, quedará sin contestar por qué el CESEDEN invitó al historiador Stanley Payne a dar una conferencia sobre “El Camino hacia el 18 de julio”, que ha presentado el diputado Fèlix Alonso (En Comú Podem). Pero hay cientos más.

El Gobierno tiene cerca de dos meses de plazo para responder a estas preguntas, aunque en muchas ocasiones se pasa este tiempo y las respuestas llegan fuera de plazo o decaen. El encargado de tramitar y distribuir por los diferentes ministerios estas preguntas es la secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes, que dirige José Luis Ayllón.

En la legislatura anterior, según datos ofrecidos en abril de 2015 por el propio Ayllón en la Comisión Constitucional del Congreso, el Gobierno contestó a 143.122 preguntas escritas planteadas por los diputados y senadores. Es decir, un 93% del total presentadas (153.616). En esta ocasión el balance será cero. 

La presidenta del Consejo de Transparencia comparecerá finalmente en el Congreso tras el veto del PP de este verano y por primera vez desde que fuera designada para el cargo. Esther Arizmendi explicará la semana que viene el proyecto del organismo que dirige ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Arizmendi asistirá el 23 de septiembre, un mes después de que ella misma se comprometiera y seis semanas después de que el rodillo del PP en el Congreso le impidiera explicar el presupuesto de su departamento durante la tramitación de las cuentas del Estado para 2016.

El primero bloqueo del Ejecutivo se produjo el pasado mes de agosto. El grupo popular en el Congreso hizo valer su mayoría para impedir la comparecencia de Arizmendi en la Comisión de Presupuestos. La intención era conocer los planes de gasto en el organismo creado precisamente para luchar contra la opacidad en las instituciones, pero el PP prefirió que no acudiera.

En los presupuestos de 2016, el ejecutivo prevé un gasto de tres millones de euros para el Consejo. El incremento respecto al año anterior es de medio millón que, según la documentación facilitada por Hacienda, se gastarán en “complementos para el personal del Consejo” (155.000 euros) y “estudios y trabajos técnicos adicionales” (200.000). Ninguna explicación o detalle sobre esos incrementos pudo ser debatida en el Parlamento durante la tramitación de los presupuestos por la negativa del PP.

Dos días después de este bloqueo, la propia Arizmendi aseguró en eldiario.es que tenía intención de solicitar su propia comparecencia. “Veo que hay un gran interés y para mí la claridad es completamente indispensable”, aseguró entonces la presidenta del Consejo de la Transparencia. Dos semanas después, Arizmendi envió un escrito a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en el que hacía la solicitud.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, guardó el escrito en un cajón y no lo ha tramitado hasta este jueves, después de que eldiario.es se hiciera eco del bloqueo. El departamento no respondió a este medio sobre el paradero de la solicitud de Arizmendi. Tras la publicación de la información, fuentes de la Secretaría de Estado explicaron que la demora se debió “al paréntesis de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año”. 24 horas después de esas explicaciones la solicitud se registró debidamente en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Gabriel Elorriaga, ha convocado para el miércoles una reunión de la misma con un único punto en el orden del día: la comparecencia de la presidenta del Consejo de la Transparencia.

La demora en la rendición de cuentas de Arizmendi tras su compromiso no es el primer problema de este verano del Gobierno con la transparencia. En agosto eldiario.es publicó que el portal donde se recoge el control de las puertas giratorias de los altos cargos que cesan no se actualizaba desde enero. Apenas un día después, se publicó nueva información que revelaba como se había autorizado al ex fiscal general del Estado para trabajar en el despacho de abogados Garrigues y al ex subsecretario de la Presidencia, estrecho colaborador de Sáenz de Santamaría, fichar por el Santander.

El enfado del Gobierno con los pactos propiciados por el PSOE para desalojar al PP del poder municipal y autonómico es mayúsculo y puede tener más consecuencias que los ataques y descalificaciones a Pedro Sánchez. Moncloa deja la puerta abierta a reformar la ley electoral sin consenso, a pesar de que Mariano Rajoy siempre ha defendido que una medida de esa importancia no debe decidirla un solo partido. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha dejado la puerta abierta a que sea así porque “daría tiempo” a tramitarla de aquí a que se disuelvan las Cámaras.

Ayllón se ha negado a entrar en detalles a la espera de lo que Rajoy pueda plantear en el Comité Ejecutivo Nacional extraordinario que ha convocado para este jueves en Génova. Aunque sí ha especificado que la reforma podría hacerse de forma exprés. Bastaría con hacerla a través de una proposición de ley del grupo del PP en el Congreso, igual que se ha tramitado la reforma del aborto en cuanto al permiso obligatorio de los padres para las mujeres menores de 18 años. La ventaja para el Gobierno es que no sería necesario informes consultivos como el del Consejo de Estado.

La reacción del Ejecutivo y del PP a raíz de los acuerdos posibilitados por los socialistas tras el 24 de mayo ha sido furibunda y así quedó claro tanto el comunicado que el PP difundió el sábado tras la constitución de los ayuntamientos y en los tuits que el propio presidente difundió. El hecho de que se emplearan adjetivos como “mezquino, sectario, indigno y radical” entre otros se considera más que justificado. El propio Ayllón reconocía este lunes a los periodistas que el presidente se quedó corto: “Me parece poco”.

Como ha hecho su jefe, Ayllón ha responsabilizado al propio Sánchez de la polémica provocada por Guillermo Zapata y Pablo Soto, de Ahora Madrid, a raíz de sus tuits. “La reacción más soprendente es la del PSOE que lidera Sánchez. ¡Oiga! que lo ha puesto usted. Entre otras cosas, es concejal porque Pedro Sánchez se ha apuntado al discurso de la felicidad y ha perdido el norte”, ha cargado. No se ha quedado ahí, Ayllón ha llegado a decir que a Sánchez “le pasa como a Zapata, que ahora sabemos lo que piensa”.

El PSOE ha visto vetada en el Congreso su intención de cambiar la pregunta que va a realizar este miércoles Pedro Sánchez en la sesión de control al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El líder de la oposición ha intentado sustituir in extremis su pregunta sobre la actuación del Gobierno ante las inundaciones causadas por el Ebro por otra sobre la decisión del juez Ruz de abrir juicio oral a los implicados del PP en la trama Gürtel. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, lo ha impedido en la Junta de Portavoces alegando que los socialistas habían hecho el cambio “fuera de plazo”.

Este veto ha irritado a los socialistas que afirman que el Reglamento del Congreso permite hacer sustituciones de preguntas doce horas antes de que se reúna la Junta de Portavoces y que el cambio lo hicieron en ese plazo. Antonio Hernando ha protestado enérgicamente, pero no le ha servido de nada dado que la última palabra para bloquear una pregunta dirigida al Presidente la tiene el propio Gobierno. “Se ha rechazado nuestra petición por razones estrictamente políticas”, ha asegurado el portavoz del PSOE, que ha recordado que la Mesa del Congreso había “calificado” la nueva pregunta previamente en su reunión de primera hora de la mañana.

Además, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en ambos órganos, también ha rechazado la posibilidad de que Rajoy comparezca en un pleno para hablar de corrupción y la financiación ilegal del PP; y la comparecencia del ministro del Interior, solicitada por la Izquierda Plural y UPyD, para que aclare las vinculaciones del presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, y el Comisario Villarejo.

Hernando ha arremetido contra los populares asegurando que todo lo que se está conociendo sobre Francisco Granados, el propio Ignacio González y su ático, y sus conversaciones con el comisario es “propio de mafiosos”. Un culebrón lleno de “filtraciones y ”basura“ que deja en evidencia la ”pornográfica guerra interna“ en la que, a juicio del portavoz del PSOE, está inmerso el PP madrileño ante la confección de las listas para las elecciones locales y autonómicas de mayo.

También José Luis Centella ha lamentado el veto del PP a las comparecencia de Rajoy y del Ministro del Interior en el Congreso. El portavoz de la Izquierda Plural ha advertido de que su grupo va a continuar pidiendo explicaciones al presidente por la corrupción de su partido. “No van a acabar con nuestra paciencia. Al final, van a tener que abrir los cajones y sacar los discos duros para que los ciudadanos sepan la corrupción que hay en el PP”, ha dicho Centella.

La réplica ha llegado del portavoz del PP, Rafael Hernando, que ha insistido en que Rajoy ha comparecido en la Cámara muchas veces en estos meses para hablar de corrupción. El popular ha recordado que el caso Gürtel esta “judicializado”, mientras defendía la “honarabilidad de Ignacio González” que, en su opinión, ha hecho “una gestión muy positiva en la Comunidad de Madrid”.

Dicho esto, Hernando ha justificado que Rajoy haya decidido que no sea él el candidato recordando que “antes tampoco lo ha sido” y que ahora el partido ha decidio elegir una nueva cara “para esta nueva etapa”. Para la candidata y actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el portavoz del PP solo ha tenido halagos: “Es un gran acierto, es una persona muy trabajadora con una gran experiencia en Madrid”. Incluso ha destacado que durante su gestión como responsable de las Fuezas de Seguridad de Estado, “ha bajado la delincuencia” en la capital.

Hernando también ha opinado que el Comisario Villarejo “tendrá que dar explicaciones de sus bienes”, que a él le resultan “chocantes y sorprendentes”. Pero ha deslizado que durante esa etapa estaba el socialista Rubalcaba al frente de Interior.

El portavoz del PP ha sido también preguntado por la querella que ha anunciado Podemos contra Aznar por asegurar que los financia Venezuela. Hernando se ha alineado con esa tesis y ha afirmado que está claro que la formación de Pablo Iglesias tiene allí “amistades peligrosas”. “Han sido los niños mimados del chavismo” de cuyo régimen “se han puesto morados”, ha sentenciado el conservador.

El ascenso de Alfonso Alonso a ministro deja libre el puesto de portavoz en el Congreso y los diputados del PP hacen quinielas sobre quién será su nuevo jefe de filas. Alonso, que ha acudido a despedirse a la Junta de Portavoces, ha explicado que le queda “hablar con un par de personas” y que espera que el nombre se conozca pronto. Alonso ha sonreído cuando se le ha preguntado si su relevo estaba entre los que le acompañaban a la Junta, en referencia a José Antonio Bermúdez de Castro, su número dos.

Los miembros del grupo popular le sitúan como un probable sustituto de Alonso, aunque barajan más nombres. Los de José Luis Ayllón, actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y el diputado Rafael Hernando. El movimiento ideal, según algunos, sería que Ayllón pasara a portavoz del grupo y que el relevo natural de Alonso, su número dos en el Congreso, heredara el cargo de Ayllón.

A favor de Ayllón no solo está su juventud y su talante moderado, también el hecho de que sea catalán. “Sería una buena jugada porque trabaja bien y un portavoz catalán es lo que necesitamos ahora”, en referencia a las tensas relaciones entre el Gobierno y la Generalitat y la necesidad de contar con personas con capacidad de diálogo. Entre sus bazas más importantes, la de ser miembro del llamado grupo o clan “de los sorayos”, que es como los periodistas se refieren informalmente al círculo de personas más fiel a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Los que defienden a Ayllón como apuesta perfecta destacan de Bermúdez su capacidad de trabajo y de negociación, aunque reconocen que es más partidario de la segunda fila que de tener una proyección pública como la que obliga la portavocía en el Congreso: “Se agobia con eso y no es bueno, aunque no lo haría mal”.

El nombre de Rafael Hernando también sale en las quinielas de los diputados. Hernando, cercano y con buenas relaciones con los medios de comunicación, es uno de los diputados que menos miedo tiene a micrófonos y cámaras y que más se ha prodigado en tertulias y programas de televisión, una exigencia que Mariano Rajoy ha hecho a todos los suyos para que den la cara y se esfuercen en vender los logros del Gobierno y del PP.

En su contra, Hernando tiene un perfil muy bronco, ha protagonizado varias polémicas y ha ejercido de agitador en varios debates parlamentarios. Su elección no se entendería como una apuesta por el entendimiento y el diálogo con el resto de los grupos. Suyas son las declaraciones de que varios familiares de víctimas del franquismo se han puesto a buscar los cuerpos por las subvenciones. Hernando se negó a pedir perdón y el caso llevó a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a querellarse contra él aunque el Tribunal Supremo acabó resolviendo que no hubo delito.

Otro episodio más antiguo, en 2005, hizo que estuviera a punto de dar un puñetazo a Alfredo Pérez Rubalcaba. Una tensa Diputación Permanente sobre el incendio de Guadalajara en el que murieron once personas estuvo a punto de convertirse en un ring cuando el socialista hizo un gesto con la mano al conservador indicando que tenía “mucha cara”. Hernando, diputado por Guadalajara, se enfureció y quiso pegarle. Se encargaron de sujetarlo Eduardo Zaplana y Ángel Acebes.

La pretensión del Gobierno y del PP de cambiar el sistema de elección de alcaldes para que sólo gobierne el del partido más votado se ha quedado en un cajón. Socialistas y conservadores han mantenido este jueves una reunión para abordar el paquete de medidas de regeneración democrática, pero la reforma electoral ha quedado aparte. El plan es separarla completamente de iniciativas como los dos proyectos de ley para controlar la actividad financiera de los partidos y los estatutos de los altos cargos y que puedan ser aprobadas antes de final de año.

De esta forma, los socialistas han logrado que en el PP den, por el momento, su brazo a torcer. Desde el partido del Gobierno ya no se insiste en que estén dispuestos a lograr una reforma electoral gracias a su mayoría absoluta y sin consenso con los socialistas. El hecho de que se hayan avenido a que se estudie en una futura mesa en la que estén presentes los partidos y fuera del Parlamento abona la teoría. Hasta ahora, el PP había defendido que la reforma electoral era una de las medidas que contribuirían a aumentar la calidad de la democracia y una reivindicación exigida por los ciudadanos.

Comida en Moncloa

A la reunión, que ha consistido en una comida en la Moncloa que se alargó casi dos horas y media, asistieron el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; José Enrique Serrano, miembro de la Comisión Constitucional; el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y su homólogo en el PSOE, Antonio Hernando. Según los dos últimos, el clima de negociación fue bueno y se comparte un cierto optimismo sobre llegar a acuerdos en materia de regeneración.

Si los conservadores convocan la mencionada mesa de partidos para hablar de la elección de alcaldes, la intención de los socialistas es acudir para decir que no, según explican. La respuesta ampliada consistirá en explicar que antes de las próximas elecciones municipales no hay nada que negociar. Caso de que el PP se empeñara en seguir adelante, toda la negociación saltaría por los aires.

En el ámbito del Parlamento, ambas formaciones se han mostrado de acuerdo en intentar sacar adelante cuantas más medidas mejor para ahondar en una mejora de la calidad democrática. Para ello, cuando hayan finalizado las rondas con todas los partidos, la idea es que se puedan sumar todas las medidas que hayan quedado fuera de los dos proyectos de ley en marcha y que pasen a formar parte de una proposición de ley que también se presentaría antes de diciembre.

Este ambiente de colaboración queda lejos del que presidió la reunión del pasado 19 de marzo. En aquella ocasión, socialistas y conservadores no llegaron a más acuerdos que el de ampliar el plazo para seguir escuchando las comparecencias de más expertos en la comisión constitucional del Congreso.

La corrupción del caso Bárcenas se convirtió en el escollo principal porque desde el PSOE se ponía como condición que Rajoy diera explicaciones sobre el caso ya que las ofrecidas el verano anterior en el Senado no se consideraron satisfactorias. Pero ahora, la corrupción no parece ser el mayor condicionante para un PSOE que ha renovado su dirección y que aspira a no ser visto sólo como un partido de oposición sino también con posibilidades de volver a gobernar.

Después de dos horas de reunión entre la vicepresidenta y los portavoces de los grupos parlamentarios para hablar de regeneración democrática, el único acuerdo ha sido pactar un método y un plazo. El método consistirá en llamar a diversos expertos para que den su opinión en el seno de la comisión constitucional y formar un grupo de trabajo en su seno. El plazo es de nueve meses. Es decir, que se dan hasta finales de 2014 para decidir qué iniciativas se pueden añadir para luchar contra la corrupción y hasta el final de la legislatura para tramitarlas.

Avenirse a incorporar las sugerencias del resto de partidos y de los expertos que comparezcan pasa por congelar los dos últimos proyectos que el Gobierno aprobó cinco días antes del debate sobre el estado de la nación y que ya han empezado a tramitarse. De esta forma, quedan aparcados los proyectos de ley sobre la actividad financiera de los partidos políticos y el de regulación del ejercicio de los altos cargos. Estos dos, junto a la incorporación en el código penal de los delitos que se derivan de ellos, formaban las llamadas “tres patas” con las que Soraya Sáenz de Santamaría ha acudido a la cita.

Según ha explicado José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, “nos hemos puesto de acuerdo en el qué y en dialogar sobre el cómo”. El primer paso consistirá en determinar qué temas se incluyen para proceder a citar a expertos en campos como el derecho penal y procesal, así como a organizaciones sociales. Esto último era una exigencia de los socialistas, que subrayaban la necesidad de ampliar la discusión a la sociedad civil.

Soraya Rodríguez se ha mostrado satisfecha de que el Gobierno, “seis meses después de que lo propusiera el grupo socialista”, se haya avenido a escuchar las iniciativas del resto de grupos. En su opinión, el Ejecutivo se ha dado cuenta de que “no está en condiciones de liderar un pacto anticorrupción que se tiene que producir en sede parlamentaria”. En la Izquierda Plural son menos entusiastas. José Luis Centella ha calificado el preacuerdo de “operación cosmética” y de “avance insuficiente” y se ha negado a participar en ningún “gran acuerdo de maquillaje” aunque seguirá trabajando en el Congreso por “una democracia avanzada y participativa que implique a la sociedad civil”.

Centella ha añadido “una cuarta pata por aquello de que siempre es mejor una mesa que un trípode” y ha reclamado una reforma “en profundidad” de la ley electoral para clarificar las actuaciones de los partidos. Por parte de UPyD, Rosa Díez ha subrayado que no había otra opción porque los partidos tienen la obligación “de llegar a un acuerdo por la necesidad que demanda la sociedad”. El más entusiasta ha sido Alfonso Alonso. El portavoz del PP ha calificado la reunión de “fructífera y muy positiva”.