Vive en un pueblo de Toledo, es su rincón, su 'casa estudio', como lo llama él, donde entre otras cosas practica astrofotografía, porque le permite mirar al espacio. Quizá porque sueña con ser un viajero en el espacio, Edgar Martín-Blas llamó a su empresa Spatial Voyagers. Su mente no deja de viajar. Y él tampoco. “Así es vivir en la innovación constante”, reconoce.

Desde la piscina de su jardín y bajo las palmeras que adornan su vivienda, comenta: “Nos metemos en cosas muy locas”. No es para menos. En el largo historial de su joven vida tiene hitos como haber diseñado un metaverso para Mark Zuckerberg y fue director creativo del primer gran experimento de red social en España que fue Tuenti. Además, en 2020, fue incluido en el top 20 del ranking 100 Economic Leaders For The Future por el Instituto Choiseu.

Y ahora ha diseñado, con su equipo, su 'core', la primera atracción de realidad mixta del mundo: 'El Diablo Neo', que se puede visitar en el parque de atracciones de Port Aventura, en Salou. Pero que no espere el visitante encontrar una atracción más. La realidad mixta permite crear una capa de realidad alternativa sobre la mítica atracción 'El tren de la mina'. “Esto es”, -explica Edgar- “quieres subir normalmente, pues te montas, quieres una experiencia diferente pagas un extra y la montaña rusa se convierte en algo distinto, con una narrativa completamente alternativa, ambientada en la mitología mexicana”.

Funciona de tal manera que la gafa tiene “una capacidad que se llama computación espacial, que lo que hace es entender todo lo que nos rodea… muros, paredes, personas”. El artefacto 'entiende' lo que el ojo humano ve, y, por eso, “es capaz de integrar un mundo virtual entre la realidad y tu ojo que casa a escala uno/uno con el mundo real”, detalla el creador.

Esta es una tecnología que ya habían trabajado en el ámbito del marketing, “pero nos faltaba trabajar un ámbito en el que llegara de manera masiva a la gente”. Y la oportunidad llegó sola, cuando hace unos dos años aparecieron meta quest 3. “Es la primera gafa que ya tenía una calidad muy buena, pero sabiendo que estás siempre en un entorno creado por ordenador, mezclado con el real”, detalla Edgar. Tras aparecer las appel visión pro, “que mejoraron un poco más la calidad y ahora estamos esperando la llegada de las meta orion” se daba el contexto para desarrollar una atracción con realidad mixta.

Edgar recibió una llamada de Jordi Centelles y Andreu Tobella, del laboratorio de innovación de Port Aventura. “Les mostramos nuestras pruebas y les gustó: nos trataron como parte del equipo”, afirma el emprendedor.

Un experimento previo

'El tren de la mina' no es la primera atracción de realidad mixta del mundo; fue el mismo Edgar quien diseñó otra atracción de realidad mixta, pero sin movimientos, y sin cinética. Lo hizo dentro de un edificio de 220 metros cuadrados, 'Hysteria in Boothill’, en un entorno controlado también dentro del parque catalán y que sirvió de banco de pruebas para la montaña rusa.

Para aumentar la sensación de realidad esta primera atracción incorpora nuevos tipos de sustos y efectos físicos mejorados como vibraciones, aire caliente, vegetación real, aromas y contacto sensorial que elevan la inmersión del visitante a una realidad alternativa.

El profesional explica que hay varios problemas relacionados con el uso de realidad virtual. Por un lado, el del mareo producido por la pérdida de contacto con la realidad, y otro relacionado con la usabilidad; hay que poner las gafas y explicar el mundo en el que entra el usuario. “Con la realidad mixta, te pones las gafas y te metes dentro de la atracción, no necesitas explicación, ni te mareas”, expone el diseñador.

El reto continuó: no es lo mismo estar en un entorno controlado, como es la casa, que en un entorno de miles de metros cuadrados con aceleraciones, como ocurre con los trenes de las atracciones. “Lo que hicimos fue meterle matemática para situar al usuario dentro de la atracción manteniendo la escala uno/uno”, comenta Edgar. Concluye afirmando que “es algo así como hacer un gemelo digital del tamaño de la montaña rusa, y en ese gemelo el usuario está viendo la realidad y a la vez está viendo pirámides, seres gigantes que guardan un mundo oculto, y todo ocurre en tiempo real según el usuario se desplaza por la atracción”.

Para poder desarrollar esta atracción, explica el emprendedor, “tuvimos que trabajar conjuntamente con Pico, la marca de gafas”. Esta labor les ha llevado a crear casi un modelo diferente de ocio en versión extendida. Las gafas y la inteligencia artificial interactuando con la realidad permitirán a los usuarios vivir experiencias únicas en cada parque de atracciones. “Le podrás pedir a Dumbo en Disneyland que sea tu guía”, bromea Edgar, que se arriesga a datar el momento, “calculo que en unos tres, quizá cuatro años”.

“Y esta tecnología lo cambia todo”, porque no te aísla, argumenta Martín Blas. “En la realidad virtual, que tiene sus usos y es muy buena para otras cosas, no ves a tu acompañante. Como mucho ves un monigote. Pero aquí puedes ver a las personas que van contigo”, señala. Esto hace que la experiencia compartida sea más completa y satisfactoria. Viene un futuro muy grande, afirma Edgar, pero hay que asumirlo con humildad porque “en este momento aún lo estamos desarrollando”.

La accesibilidad y la IA

Edgar explica que hay dos variables importantes que sumar al propio proyecto de accesibilidad del parque. Por un lado, las que tienen que ver con movilidad, ya que, gracias a la realidad mixta, muchos de los obstáculos o atracciones y la propia narrativa se hace de manera digital por lo que puede necesitar menos movimiento.

Y el otro motivo, aún en desarrollo, es la incorporación de cámaras que no solo escanean el mundo e interactúan con él, sino que incorporan inteligencia artificial: “Estamos muy cerca de tener gafas que no solo ven el mundo, sino que te lo cuentan”, algo parecido a la audiodescripción.

La historia de Edgar con los parques de atracciones era casi una asignatura pendiente. “Estuve al principio de mi carrera profesional en un proyecto europeo para hacer un parque de atracciones que al final no salió”, recuerda. Ahora, unida su experiencia a su pasado, lo ha conseguido. Apunta que esto puede ser un cambio en la tendencia del ocio, afirma el innovador digital.

“Hasta ahora una atracción requiere muchos millones, robots, animatrónicos y muchas cosas… lo que hace que la innovación sea costosa”, pero gracias a la realidad mixta “será tan fácil como cargar una nueva capa”. Algo que cambiará la experiencia y la narrativa de cada atracción.

“Vivir en la innovación es algo muy fuerte, nos metemos en cosas que no se han hecho nunca antes”, por eso se embarca en proyectos desde cero en compañía de su 'core'. Una palabra que viene de corazón, ya que hay que ponerle mucha pasión para iniciar algunos viajes, pero de la que también viene cordura, algo que le da Toledo. “Y volver a mi rincón desde donde escucho los pájaros es un equilibrio necesario”, confiesa.

Dolors Benítez y su marido tuvieron que abandonar su casa en 2021. Fue derribada como parte del plan contra las inundaciones en el barrio de la Salut, en Salou, históricamente castigado por las riadas. Donde ayer se levantaba su chalé de alquiler, hoy se acaba de estrenar un nuevo paseo que cubre la canalización del temido barranco de Barenys. Pero pocos parecen satisfechos aún: a finales de septiembre un aguacero volvió a provocar la entrada de agua en algunas fincas. 

Desde su nuevo apartamento, una planta baja justo en la calle recién pavimentada de la Rambla de Barenys, Dolors vio como el agua anegaba la entrada de su inmueble. “¿Cómo es posible?”, se lamentaba este miércoles, mientras señalaba la marca del agua aún visible en sus escaleras. El pasado lunes, con el anuncio de la gota fría que descargó con fuerza en la vecina Tarragona –no tanto en Salou–, apenas durmió. “La verdad, estaba aterrada”, dice. 

Existen discrepancias sobre qué causó esas últimas inundaciones. Con las obras de encauzamiento del barranco sin terminar aguas arriba, el Ayuntamiento de Salou considera que fueron las actuaciones en marcha de la Agència Catalana del Agua (ACA) las que provocaron el desborde que anegó el Estadio Municipal de fútbol, que linda con el cauce de la riera. Además, defienden que solo se inundaron puntualmente algunos párkings, nada que ver con lo que ocurría antes. Pero la ACA, que depende de la Generalitat, cree que la capacidad de drenaje del agua de lluvia en la urbanización sigue siendo insuficiente, al margen de si se consigue acabar con las riadas.

En cuanto al nuevo paseo, se inaugura este sábado. El acto estaba previsto para la semana pasada, pero se aplazó por la DANA en València. “Donde antes había edificaciones, ahora hay un espacio público abierto y amplio”, celebran fuentes del consistorio.

La historia de la Salut de Salou, con sus más de 2.000 pisos y apartamentos de veraneo, es la de un barrio que se ha inundado en incontables ocasiones. Levantado sobre unas antiguas marismas en los años 60, está encajonado entre la playa y la desembocadura del barranco de Barenys, que suele estar seco. Cuando llueve, el agua baja por su cauce y choca contra la urbanización, que además está por debajo del nivel del mar, con lo que sus calles se convierten en ríos. 

Solo en las últimas dos décadas se han registrado riadas en 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2015, 2019… “Algunas veces el agua llega al metro y medio de altura, y es habitual ver cómo se lleva los coches y entra en los comercios”, señala Rafael Querol, presidente de la Asociación de Vecinos, que se creó en 1999 con el objetivo de buscar una solución a las inundaciones. 

Un encauzamiento que nunca acaba

La batalla para acabar con las riadas de Barenys es casi tan antigua como el propio barrio de la Salut. Y ha discurrido en paralelo a edificación de nuevas viviendas en zona inundable con el visto bueno de los gobiernos municipales (primero el de Vila-seca y desde 1991, tras su independencia, el de Salou) y de la Generalitat.

El plan urbanístico para encauzar el barranco ha sufrido varias paralizaciones, modificaciones y reveses judiciales a lo largo de décadas, pero finalmente se iniciaron las obras en 2022. Por el camino el Ayuntamiento quiso levantar un complejo hotelero sobre los terrenos aledaños al torrente, el Sector 03, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo tumbó con una sentencia en 2015. 

Lo más llamativo de las obras que comenzaron en 2022 es que requirieron la expropiación y derribo de 29 viviendas. No es la primera vez que se tiene que deconstruir en España para evitar riadas, se ha llegado a trasladar pueblos enteros, en València o en el Pirineo catalán, debido a inundaciones. En el caso de Salou, fue algo más sencillo: eliminar una línea de edificios para ensanchar la calle y colocar por debajo cuatro cajones de hormigón que puedan canalizar hacia el mar todo el agua del barranco. 

En total, la actuación asciende a 17 millones de euros, que ha asumido la Agencia Catalana del Agua (ACA), aunque los trabajos sean cosa de la empresa pública Infraestructures.cat. Tras finalizar el primer tramo de obra, el de la zona urbanizada, ahora falta el que sube aguas arriba hacia la Via Cavet. Una modificación del cauce natural que empalmará con las nuevas canalizaciones y que, según lo previsto ahora, debe ser capaz de tragar 273 m3/s de agua, lo que correspondería a un período de retorno de 500 años, tal como requirió la sentencia del TSJC.

El problema es que cuando comenzaron las obras, el caudal máximo que iba a asumir era inferior. Así que la ACA tuvo que paralizarlas sine die, a la espera de modificar el planeamiento urbanístico municipal y de costear nuevas expropiaciones de terrenos. “A la hora de ejecutar un proyecto, se tienen conocimientos más detallados de las condiciones físicas reales del terreno”, se excusan desde el organismo. 

De este modo, los vecinos no saben cuándo tendrán definitivamente canalizado el torrente. “La sensación es que se han hecho demasiadas chapuzas, ni siquiera cuando esto esté acabado nos quedaremos tranquilos”, admite Márquez, consciente de que la tragedia de València afectó mortalmente a zonas inundables que eran consideradas de riesgo bajo. 

Quejas por más edificaciones en el barrio

Durante un breve paseo por el barrio, se observa como la mayoría de plantas bajas tienen marcas de agua, el fango seco se acumula por los laterales de las calles y el asfalto está degradado por doquier. Joan Miquel Vila, propietario de las fincas Apolo, ha tenido que achicar agua de su local más de una vez y el temporal de septiembre le anegó el coche. “1.400 euros de reparación, suerte que lo cubre el seguro”, afirma. 

Lo que inquieta a algunos vecinos es que el consistorio, al mismo tiempo que espera la pronta canalización del barranco para acabar con las riadas, no ceja en su empeño para seguir edificando en la zona.

La nueva oportunidad llega de la mano de la antigua vía del tren que atravesaba la localidad, y que debe convertirse en los próximos años en el llamado Eje Cívico por el que discurra un tranvía. Pero no solo: el Ayuntamiento quiere aprovechar y construir vivienda de protección oficial en un perímetro que actualmente es de inundación frecuente. El plan está todavía por definir.

Según un informe de Protección Civil, parte de ese sector está afectado como zona de flujo preferente del barranco, es decir, el perímetro donde el agua puede bajar con mayor altura y velocidad. Pero el consistorio y la ACA defiende que el mapa cambiará cuando la canalización del barranco sea una realidad. “Una vez acabadas las obras de correción hidráulica del barranco, el ámbito urbano dejará de estar afectado por sus avenidas; el Eje Cívico también quedará libre de afectaciones por inundabilidad fluvial”, observan fuentes del organismo catalán de gestión del agua.

Sin embargo, no son pocos los que en la Salut siguen sin fiarse. Algunas pancartas ya se oponen al proyecto. “Parece como si no hubiéramos aprendido nada”, sentencia Querol.

Tres asesinatos machistas en menos de 24 horas. La policía investiga tres crímenes cometidos entre el sábado y el domingo, dos en Catalunya y uno en Madrid, en el que ha sido un fin de semana negro en cuanto a la violencia de género. 

Los Mossos d'Esquadra han abierto sendas investigaciones por los asesinatos de dos mujeres en Salou y Sabadell. Según ha informado la policía catalana, el primero tuvo lugar el sábado por la noche, poco después de las 20.15 horas. Los agentes recibieron el aviso de que había una mujer de 84 años muerta con signos de criminalidad en un piso de la calle Tortosa de la localidad tarraconense y detuvieron a un hombre, de 86 años, como presunto autor de un delito de homicidio.

Por otra parte, poco antes de las 5.00 horas, la policía catalana encontró el cuerpo sin vida de una mujer que también presentaba indicios de criminalidad en la entrada de una vivienda de la calle Pajares, en Sabadell. Fuentes policiales han confirmado la detención de un hombre a las 18.00 de este domingo en la misma localidad acusado de haber cometido este crimen.

A su vez, la Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 29 años en la madrugada del sábado en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Su pareja ha sido detenida como presunto responsable del homicidio, que confirmó ayer el Summa 112 sobre las 6.00 horas, después de que el hombre alertase a los servicios de emergencias avisando de que la mujer estaba inconsciente y “no respondía a estímulos”.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha informado que está recabando datos sobre este presunto asesinato y ha confirmado la edad de la víctima.

Según han informado los Mossos, la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Camp de Tarragona se ha hecho cargo de la investigación del crimen de Salou, mientras que los agentes de la División de Investigación Criminal ( DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte se han encargado de la del crimen de Sabadell.

Fuentes del Ayuntamiento de Sabadell han explicado a la agencia ACN que se ha activado el protocolo ante estos casos y que está previsto la celebración de un minuto de silencio en recuerdo a la víctima, aunque todavía se desconoce si será este domingo o lunes.

Este domingo al mediodía, fuentes judiciales han señalado que el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, en funciones de guardia, ha ordenado el levantamiento del cuerpo de la mujer y que el caso se trasladará al juzgado de violencia machista sobre la mujer de Sabadell, donde seguirá las diligencias correspondientes. Del mismo modo, el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, también en funciones de guardia, se inhibirá en el juzgado de violencia sobre la mujer de la capital tarraconense. Tanto el magistrado de Sabadell como el de Tarragona están a la espera de recibir los respectivos atestados policiales.

Detenido por violar a su expareja

Por otro lado, este mismo sábado los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 42 años acusado de un delito de agresión sexual y malos tratos en el ámbito del hogar en Lleida, según ha avanzado 'El Caso'. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes al sábado cuando el hombre habría violado a su expareja en un piso del Centro Histórico. Asimismo, habría amenazado y golpeado a la víctima. Se prevé que durante esta mañana el detenido pase a disposición judicial.

La nueva regulación para los pisos turísticos en Catalunya obligará a un drástico recorte de este tipo de apartamentos en algunas de las localidades turísticas más emblemáticas de la comunidad. Si el decreto ley acaba saliendo adelante en el Parlament y entra en vigor el umbral máximo de 10 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, poblaciones como Salou, Cadaqués, Roses, L’Escala o Castelló d’Empúries se verán obligadas a eliminar miles de licencias.

Las localidades más afectadas, entre las que no está Barcelona ni las demás capitales de provincia, se encuentran sobre todo en la Costa Brava, en la Costa Daurada y el Pirineo. En total, son 47 los municipios que deberán rebajar su volumen de pisos turísticos, en total 28.000 apartamentos que deberán cesar su actividad y que suponen el 26% de los poco más de 100.000 que hay actualmente en Catalunya. El plazo para hacerlo será de cinco años, que es el nuevo período de duración de las licencias. 

Según los datos analizados por elDiario.es, a partir del registro de Viviendas de Uso Turístico del Departamento de Empresa de la Generalitat, hasta 24 de estos pueblos deberán reducir a más de la mitad su oferta de apartamentos turísticos.

El municipio que más licencias deberá retirar Salou (Tarragona), que tendrá que decir adiós a 4.167 licencias, el equivalente al 59% del total. A día de hoy, en esta localidad costera hay más de 24 pisos turísticos por cada 100 habitantes, más del doble del límite que se establecerá por ley, que será de 10 por cada 100. Este pueblo de 29.000 habitantes cuenta actualmente con 7.069 pisos turísticos. Esta masificación se repite a lo largo de toda la Costa Daurada, tal como se ve en pueblos como Cambrils, Mont-Roig del Camp o l’Ametlla de Mar. 

Pero donde más afectará la medida será en la gerundense Costa Brava, una de las zonas más turísticas de España. En ese litoral se encuentran municipios como Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries y Llançà, que deberá recortar 3.266, 2.293, 2.415 y 1.190 apartamentos, respectivamente. En todos los casos, más de la mitad de los que tienen.

Pero hay además casos más extremos en términos relativos, como Pals o el Port de la Selva, que tendrán que prescindir de más del 80% de sus pisos turísticos (1.153 y 520, respectivamente).  

Fuera de las zonas costeras, hay otros municipios que se verán muy afectados por la medida. Es el caso de Naut Aran, que deberá suprimir 1.036 de sus 1.228 pisos turísticos (puesto que suponen un 84% del total del parque de vivienda) o Vall de Boí, que tiene 311 de sus 420 alojamientos turísticos fuera del límite permitido. Los alcaldes de ambas localidades se han mostrado favorables a la medida, según recoge la agencia ACN. 

También destaca el caso de pueblos pequeños, como Gisclareny, el menos poblado de Catalunya. Con solo 28 habitantes, el municipio cuenta hoy con 3 pisos turísticos –ningún hotel ni hostal. De aprobarse la ley, tendrá que renunciar a uno de esos pisos; es decir, el 33% del total. 

Cinco años de licencia y concurrencia pública

El decreto ley del Govern regula por primera vez la concesión de licencias a los apartamentos turísticos, que en la última década ha proliferado sin apenas control. Hasta ahora, bastaba con el que el propietario lo comunicara al Ayuntamiento y que el piso contara con cédula de habitabilidad para que se diera de alta del registro. 

A partir de ahora, la Generalitat dará herramientas a 262 municipios –los que tienen problemas de acceso a la vivienda o de masificación de pisos turísticos– para no solo denegar licencias, sino también para retirarlas. 

Al margen del umbral de 10 alojamientos turísticos por cada 100 viviendas, el decreto establece también que las licencias, las existentes y las que se den en el futuro, serán para cinco años y no a perpetuidad, como hasta ahora. 

De esta forma, cada vez que finalice este período, el consistorio otorgará en un proceso de concurrencia pública las que considere que encajan con su planeamiento urbanístico, y que podrán ser menos si se justifica que existen dificultades de acceso a la vivienda en la localidad.

Con todo, el Govern ha especificado un detalle de la letra pequeña que permitiría a los propietarios alargar sus licencias. Si la próxima revisión de estos títulos será dentro de cinco años, en 2028 podrían conseguir una prórroga de otros cinco años si justifican no poder compensar pérdidas patrimoniales.

Barcelona apunta también a retirar licencias

Barcelona es, por su tamaño, la ciudad catalana con más pisos turísticos, 9.716, un 9,5% de todos los que existen en Catalunya. Aun así, esa cifra queda lejos del umbral máximo marcado por el nuevo decreto, con lo que el Ayuntamiento no estará obligado a retirar licencias. Eso sí, podrá hacerlo igualmente si justifica su excesiva concentración y la falta de vivienda asequible en su nuevo planeamiento urbanístico. 

En este sentido, la teniente de Alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, ya ha dado muestras de su predisposición a revisar la cifra a la baja. “Es evidente que Barcelona no se puede permitir tener 10.000 viviendas que no sirven a este uso”, ha manifestado. El gobierno del PSC ha celebrado la normativa de la Generalitat, que han asegurado que ya conocían, y ha defendido que va “en la buena línea” para “regular y restringir” esta actividad. 

También lo ha celebrado desde la oposición Janet Sanz, la concejal de los Comuns, que durante su etapa en el gobierno al frente de Urbanismo ya exigió al Govern que regulara la actividad para poder retirar licencias. 

Indignación en el sector de los apartamentos

En sentido contrario, el decreto ley no ha caído nada bien entre la patronato de los alojamientos turísticos. La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) la han tildado de “populista” e “irresponsable”.

El presidente de Federatura, David Riba, y de Apartur, Enrique Alcántara, coinciden en que la medida tendrá muchas afectaciones, pero que no solucionará el problema de los precios de la vivienda en Catalunya. Alcántara ha recordado que en Barcelona el número de pisos turísticos no ha crecido desde los últimos 9 años, mientras que el precio del alquiler “no ha dejado de aumentar”. Asimismo, ha coincidido en que hay un problema con la vivienda, pero que “no tiene que ver con el turismo”.  

Por su parte, entidades que trabajan por el derecho a la vivienda como el Sindicat de Llogateres consideran que la ley es una buena noticia, pero que “solo aborda una parte del problema”. Consideran que se debería perseguir a aquellos pisos turísticos que operen sin licencia o regular por ley también aquellas viviendas que “se desvían del mercado”, en referencia al alquiler de temporada, que también ha quedado fuera de la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno español. 

Entre los ayuntamientos ha habido reacciones diversas. Por un lado, se han posicionado los alcaldes de Bellver de la Cerdanya, Laia Serra, y de Vielha, Juan Antonio Serrano (también vicepresidente de la Diputació de Lleida), que han aplaudido la medida. Serrano ha considerado que hacía “mucha falta”, ya que la proliferación de pisos turísticos impedía que la gente se quedara a vivir en el Pirineo por falta de vivienda. Por su lado, Serra se muestra satisfecha por la medida, ya que su Ayuntamiento ya había intentado regular este tipo de vivienda a finales del año pasado mediante una ordenanza.

Por otro lado, entre los ayuntamientos gerundenses la reacción no ha sido unánime. La medida ha llegado con sorpresa y la mayoría de consistorios aseguran que quieren ver la “letra pequeña” antes de posicionarse. Aunque algunos, como Llançà y Palafrugell sí que han reaccionado aplaudiendo la medida, la presidenta de la Asociación Turística de Aapartamentos de las comarcas de Girona se ha mostrado muy crítica con la normativa y advierte a los consistorios que la decisión podría tener “impactos muy negativos”.

Los retrasos de la Justicia pueden suponer que el exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV Víctor Bravo evite la entrada efectiva en la cárcel. Sobre Bravo pesa una condena inicial de siete años de prisión ya rebajada en su momento por “dilaciones indebidas”. Cometió tres delitos de fraude fiscal. Se trata de unos hechos que se remontan a 2001, que se empezaron a investigar en 2007, que se juzgaron en 2019 y que desde 2020 están pendientes de ser revisados por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Hipotéticamente, además, aún quedaría un posible recurso final ante el Tribunal Supremo para lograr la firmeza de la sentencia. Ninguna fuente judicial es capaz de aventurar un plazo para que se despeje el futuro judicial de Bravo y tampoco de ofrecer una explicación a por qué hace casi cuatro años en que no se ha comunicado ningún avance en este asunto.

El de Víctor no es el primero de los casos en su familia, procedente de Extremadura. El primero lo protagonizó su hermano, José María, que fue condenado a diez años de prisión en 2013 por apropiarse durante años de dinero de las deudas fiscales desde su puesto como responsable de la delegación de la Hacienda foral en Irún. En concreto, el 'modus operandi' consistía en que manejaba en primera persona una lista de morosos, a los que ofrecía una rebaja en la deuda a cambio de que le pagasen a él. Y se quedaba con esos fondos públicos.

El sumario en torno a Víctor Bravo giró en torno a una figura fiscal especial llamada “Sociedades de Promoción de Empresas” y que era exclusiva de Gipuzkoa. Procuraba generosas exenciones fiscales, hasta el punto de que el tenista Rafael Nadal, en sus inicios, se domicilió también en el territorio foral a pesar de ser balear. Era la Hacienda foral la que daba el visto bueno a las empresas interesadas. Según la resolución judicial de primera instancia, Bravo y su amigo y socio Fernando Isidoro González Enfedaque, empresario y ex de Air Madrid, “planificaron” que una empresa inmobiliaria con sede real en la localidad catalana de Cambrils y ninguna estructura real en Donostia llamada Glass Costa Este Salou se hiciese pasar por guipuzcoana. Fue el propio Bravo el que concedió el régimen especial a la empresa en la que tenía intereses.

Según se apreció en el juicio, en el que Bravo ejerció como su propio abogado, al modo de las series legales estadounidenses, el fraude pudo alcanzar los 1,8 millones de euros en los años 2003, 2004 y 2006, sin contar otros ejercicios en los que la cuota no llegó a los 120.000 euros requeridos para que sea posible castigar la elusión o los años anteriores, ya prescritos cuando se inició la investigación en 2007. Como en otros casos de corrupción, los acusaron recurrieron al comodín de ETA. Si el empresario no operaba en Euskadi era por una amenaza terrorista. “Por seguridad no podía invertir aquí. Entonces no estábamos tan tranquilos como ahora”, explicó en el juicio González Enfedaque. En el proceso salió a la luz Bravo que tenía una casa “grandísima” en Donostia y que también disponía de vehículos de alta gama y hasta de una avioneta particular.

La primera sentencia del caso se conoció en febrero de 2020. En concreto, fue el mismo día en que cayó el vertedero de Zaldibar, a las pocas semanas de la resolución inicial del 'caso De Miguel', que ya tiene una sentencia firme, a las pocas horas de que Iñigo Urkullu disolviera el Parlamento y convocara las autonómicas de 2020 y en puertas de la llegada del coronavirus. Es cierto que el confinamiento detuvo la Administración de Justicia durante unas semanas en aquella primavera pero en septiembre de ese año este periódico ya dio cuenta de que Bravo había interpuesto un recurso contra la condena ante la Audiencia de Gipuzkoa.

¿Por qué una nueva rebaja por retrasos podría hacer que Bravo no pisara la cárcel a pesar de tener una propuesta inicial para que cumpla siete años? La condena es por tres delitos de fraude fiscal y cada uno de ellos está calculado en dos años y cuatro meses. Es habitual que no se cumplan las penas de menos de dos años e incluso tampoco aquellas más altas pero en las que cada uno de sus componentes no superen esa barrera. Una hipotética y plausible reducción por nuevas dilaciones indebidas -algo que dan por hecho alguna partes conocedoras del proceso- dejarían cada delito en dos o menos años. De hecho, hay un precedente muy reciente. Los socios de Alfredo de Miguel en algunos de los negocios corruptos del caso que lleva el apellido del ex 'número dos' del PNV de Álava, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), pudieron esquivar la entrada efectiva en la cárcel en estas mismas circunstancias.

Las dilaciones indebidas -los retrasos injustificados de la Justicia, en definitiva- han condicionado numerosas causas de relevancia pública en Euskadi. El propio 'caso De Miguel' no tuvo penas más altas por ello, aunque en este caso la responsabilidad fue de una magistrada que gestionó la fase transitoria entre la investigación y el juicio donde se produjeron numerosos errores. El denominado 'caso Margüello', de irregularidades en la externalización de servicios en la Sanidad pública vasca, también concluyó con menos penas por esta razón. E, igualmente, en el caso del saqueo del museo Balenciaga de Getaria, un asunto que se inició en pesetas, las dilaciones indebidas marcaron la resolución final del larguísimo proceso.

Los Mossos han detenido a un hombre de 30 años por la muerte violenta de una mujer en el hotel Magnolia de Salou, en la provincia de Tarragona. Fuentes policiales señalan que los hechos ocurrieron a las 21.30 horas del domingo, cuando se recibió un aviso procedente de este alojamiento que indicaba que existía una mujer herida de gravedad.

A su llegada, los agentes constataron que la víctima estaba tumbada en el suelo y que había un hombre a su lado que presentaba una herida que se habría producido él mismo. Aunque el personal del Servicio de Emergencias Médicas intentó reanimar a la mujer, no pudo salvarle la vida. La víctima y el detenido compartían un vínculo sentimental y son extranjeros de un país europeo, aunque no ha trascendido cuál.

Debido a la herida que presentaba, el hombre fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona. La previsión es que pase a disposición judicial en las próximas horas. La investigación se encuentra bajo el secreto de las actuaciones. Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de Tarragona se han hecho cargo del caso. 

Fuentes judiciales apuntaron que el domingo por la noche hizo el levantamiento del cadáver de la víctima. Añadieron que la causa será investigada por el juzgado de Violencia sobre la Mujer. Asimismo, aseguraron que ni la mujer ni el arrestado tenían residencia en el Estado y que, por tanto, en estos momentos no hay posibilidad de acreditar antecedentes de violencia entre la pareja.

La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos llegaba a España en forma de pinchazo de la burbuja inmobiliaria, por lo que todos los gobiernos estaban necesitados de buenas noticias económicas. A principios de la década pasada, el gigante del juego Las Vegas Sands buscaba un lugar donde emplazar lo que llamaban “Eurovegas” y la Generalitat presidida entonces por Artur Mas, que se describía como 'business-friendly', se agarró a aquella oportunidad como una de sus propuestas estrella. 

Difícilmente podría imaginar entonces que, una década después, ese proyecto, al que luego se le llamó BCN World y, más tarde, Hard Rock, sería el principal escollo que entorpece el acuerdo de presupuestos entre ERC y PSC.

Tanto los socialistas como Junts reclaman ahora al Govern de Pere Aragonès un “compromiso político” explícito para conseguir que el macro complejo de turismo y juego se materialice. Los republicanos, que nunca se han entusiasmado por la idea del Hard Rock, se revuelven y aducen que el proyecto sigue los necesarios trámites administrativos y que, de todas formas, su puesta en marcha no se incluye en las partidas de los presupuestos que se están negociando.

Pero para el PSC el Hard Rock es sobre todo el símbolo de que la Generalitat vuelve a ser aquella administración favorable a los negocios y a la promoción económica, una senda que a su juicio abandonó por el procés. Por eso, junto al complejo turístico en la localidad de Vila-seca (Tarragona), los socialistas también reclaman al Govern compromisos en otras iniciativas ligadas al cemento, como la ampliación del Aeropuerto de El Prat o la autovía conocida como el cuarto cinturón.

A favor de su petición de dinamizar el Hard Rock, los socialistas tienen a la patronal, a los hosteleros y a los dos ayuntamientos directamente afectados por el complejo, Vila-seca y Salou. Sin embargo, el que se propone ser uno de los espacios recreativos más grandes de Europa tiene enfrente a ecologistas y a la plataforma Aturem el Hard Rock y, de forma más matizada, despierta dudas en los sindicatos. Mercè Puig es la secretaria general de CCOO en Tarragona y recuerda que, cuando ella accedió a ese cargo, la idea del complejo turístico ya llevaba tiempo anunciada. Su sindicato siempre ha puesto en duda las grandes cifras de empleo que esgrimen los impulsores, que han llegado a hablar de hasta 20.000 puestos de trabajo.

“Nosotros no podemos posicionarnos a favor ni en contra por la sencilla razón de que no conocemos qué se pretende hacer. Después de todo lo que ha pasado en ocho años, nadie nos ha llamado para explicarnos si el proyecto sigue adelante tal como estaba, si se ha modificado, reducido o adaptado, ni en qué medida”, explica Puig. Por eso desde el sindicato mayoritario reclaman conocer qué inversiones se proyectan, cuántos puestos de trabajo y de qué calidad. “Si hay trabajo, a mí me da igual si es en el sector servicios, industria, limpieza o turismo. Lo que sí me importa es la calidad del trabajo, que la empresa cumpla los convenios, pague a sus trabajadores y que sea seria”, afirma.

Un plan que no acaba de arrancar

La historia del complejo recreativo de Vila-seca es larga y con curvas, como demuestra el hecho de que haya tenido hasta tres sobrenombres. Inicialmente se llamó Eurovegas, aunque el promotor de aquella idea, Las Vegas Sands, pronto se decantó por un emplazamiento en la Comunidad de Madrid donde finalmente tampoco se llevó a cabo. A finales de 2012 la empresa Veremonte tomó el relevo y presentó una idea bajo el nombre de BCN World. La idea seguía siendo la misma que la anterior: un macrocasino de 30.000 metros cuadrados, otros 425.000 destinados a plaza hotelera, 50.000 más de espacio comercial y 120.000 de grandes espacios para eventos. Todo ello comportaría, calculan, unos 5.000 millones de euros de inversión.

En el caso de Veremonte el emplazamiento estaba claro: debía realizarse al lado de Port Aventura, uno de los parques de atracciones más grandes de Europa, en un unos terrenos rústicos que CriteriaCaixa, propiedad de la Fundación La Caixa, había ido adquiriendo décadas atrás y que estaba dispuesta a vender si se recalificaban. Veremonte afirmaba que podía asegurar la inversión y la Generalitat puso facilidades en forma de modificaciones legislativas, como la rebaja de los impuestos del juego del 55% al 10%, medida que entraría en vigor con el inicio del funcionamiento de BCN World.

Pero las cosas se empezaron a torcer cuando la tramitación del plan director urbanístico (PDU) se alargó debido, entre otras cosas, a la complejidad de encajar los cambios de usos del suelo a la legislación nacional y a las normas comunitarias, también en materia medioambiental. En 2015 los rumores de que Veremonte podría abandonar la operación se confirmaron. La Generalitat corrió a buscar inversores y acabó reuniendo a tres candidatos: la china Melco, la tradicional casa catalana de casinos Peralada y la americana Hard Rock. El pánico cundió en 2017 cuando los dos primeros se retiraron y el único que mantuvo la apuesta fue el grupo que tiene como emblema los hoteles con forma de guitarra eléctrica.

“La Generalitat necesitaba retener a Hard Rock, así que hizo un plan urbanístico a la medida de sus intereses, cambiaron la ley para concederles una licencia de casino… En fin, hicieron lo que les dio la gana”, denuncia Eloi Redón, portavoz de la plataforma Aturem Hard Rock. Las facilidades llegaron a tal punto que la Generalitat aceptó hacer de avalista entre la vendedora de los terrenos, CriteriaCaixa, y la compradora, Hard Rock, de forma que la administración tiene la obligación de desembolsar 120 millones según se apruebe el PDU, mientras que la promotora puede bajarse de la operación si se acabase modificando el proyecto tal como ellos lo planean.

De hecho, que el proyecto se acabe teniendo que modificar es algo más que una riesgo remoto. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia catalán anuló parcialmente el plan urbanístico del complejo, lo que obligó a la Generalitat a tratar de reencajar de nuevo los usos del suelo sin afectar el proyecto de edificación. Un sudoku que por el momento el Departamento de Territorio no ha resuelto y que sigue en fase de tramitación.

Oportunidad de futuro o proyecto desfasado

El ayuntamiento de Vila-seca ha presentado 21 alegaciones al borrador del PDU de la Generalitat. Podrían parecer muchas pero, según el alcalde Pere Segura, son las habituales. “El proyecto nos encaja perfectamente, pero queremos que se tenga en cuenta cuestiones de movilidad, medioambiente...”, explica. Con todo, su apoyo a la llegada del complejo es total. “Nos ayudará a transformar el turismo, a desestacionalizarlo y a dirigirlo hacia el mundo cultural y del espectáculo. También obviamente hacia el mundo del juego, que tiene mucho tirón en Asia, pero esta no es la parte central para una empresa como Hard Rock, que vive sobre todo de la música”, aduce Segura, alcalde de Junts y que gobierna en coalición con el PSC.

La mayoría de los defensores del proyecto en el Camp de Tarragona aluden a esta necesidad de desestacionalizar el turismo que recibe la zona, muy centrado en Port Aventura. “Somos un destino muy familiar y por tanto muy vinculado a las vacaciones escolares de verano. Hemos buscado actividades para todo el año, por ejemplo con eventos deportivos, pero necesitamos otros proyectos que generen trabajo más estable y durante los 365 días al año”, explica Berta Cabré, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) de Tarragona.

En un sentido similar, los empresarios consideran que el complejo pondrá Vila-seca y Salou en el mapa mundial del turismo de compras, algo que ahora mismo está muy centrado en Barcelona. “El proyecto se ha transformado como debía transformarse, menos plaza hotelera y menos casino, y más parte de shopping. Creemos que ha encajado desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y social y conforme a las necesidades que teníamos”, argumenta Cabré.

Con nada de lo anterior está de acuerdo Eloi Redón, de Aturem Hard Rock, la plataforma que agrupa el movimiento de vecinos y activistas contrarios al complejo. Según explica Redón, sus objeciones se resumen en cuatro ejes: ser un “modelo económico obsoleto”, los problemas medioambientales que comporta por su emplazamiento, el problema del juego y la ludopatía y, por último, lo que bajo su criterio sería un “pelotazo” para Caixabank gracias a la venta asegurada por la Generalitat.

“Uno de los principales problemas es que perpetúa un modelo de turismo de masas que ya está muy desarrollado en la Costa Dorada y que ha traído consecuencias nefastas”, asegura Redón, que expone que la zona de Salou no ha parado de crecer en visitantes hasta alcanzar los dos millones en 2019 mientras, en paralelo, el poder adquisitivo de la población descendía, hasta llegar a una renta familiar media un 25% por debajo del resto de la comarca.

Desde esta plataforma también ponen el foco en la cuestión medioambiental, debido a que las edificaciones afectarían de lleno dos zonas que forman parte de la europea Red Natura 2000, como son la Sequia Major y el Prat d'Albinyana. “Es un ataque sin precedentes a una de las ultimas zonas protegidas de la comarca”, resume Redón.

La pelota, en el tejado de la Generalitat

Tanto las organizaciones empresariales como los alcaldes de Vila-seca y Salou vienen reclamando con insistencia a la Generalitat que desencalle la tramitación del plan urbanístico para dar luz verde al inicio de las obras. “A lo largo de la década pasada las culpas del retraso pueden estar más repartidas, pero ahora mismo quien lo está parando es la Generalitat”, subraya contundente el alcalde de Vila-seca, que reclama que el Govern trabaje con premura, se marque unos plazos y “corrija lo que haya que corregir”. Su postura se asemeja a la que, a nivel catalán, mantiene tanto Junts, su partido, como el PSC. Ambos han puesto como condición a Aragonès, no que desencalle la tramitación del plan urbanístico, pero sí que se comprometa públicamente con el proyecto.

Por su parte, el Govern guarda silencio sobre el Hard Rock, a la espera de que lleguen los informes preceptivos de varias consellerias. Uno de los más importantes, el de Acción Climática, es por el momento desfavorable, al entender que la última modificación del plan urbanístico no cumple los requisitos ambientales, tal como reveló hace unos meses el diario Ara. Sin embargo, el documento puede modificarse para encajar en las condiciones del supervisor, algo que en su momento el Govern dio a entender que estudiaba.

“El Hard Rock sigue los trámites administrativos que le corresponden, está encarrilado y se hará”, aseguró Oriol Junqueras está semana en una entrevista en 8tv. Aunque no es una voz del Govern, sí es una de las pocas veces que un dirigente de ERC se ha posicionado con más contundencia en público sobre el futuro del macrocomplejo desde que tienen la presidencia. Si con ello los republicanos han convencido a los socialistas es una incógnita que puede despejarse esta misma semana si finalmente hay acuerdo de presupuestos.

Los contagios no dejan de repuntar jornada tras jornada en Navarra, que se encuentra ya a las puertas del 6 de julio, fecha en que Salud ya contemplaba un aumento de los casos pese a la suspensión de los Sanfermines por la celebración de almuerzos y encuentros entre cuadrillas. Distintos brotes de coronavirus entre jóvenes que viajaron a Salou tras el fin de curso han provocado que la comunidad foral vuelva a cifras de contagios que no se registraban desde noviembre del 2020, cuando María Chivite anunció el cierre perimetral de Navarra y el cierre de la hostelería.

En las últimas 24 horas se han detectado 507 nuevos positivos, de los que por el momento no se sabe cuántos corresponden al cribado que se está realizando en Pamplona y Tudela a jóvenes de entre 17 y 25 años que estuvieron en Salou desde el 25 de junio. La última cifra que se tiene del alcance de esos brotes es de más de 170 contagios.

La positividad también se ha disparado al 27,5% a pesar del elevado número de pruebas diagnósticas que se están realizando en el cribado en el que la mitad de los test están siendo positivos. La tasa de positividad supera con creces el indicador del 5% a partir del cual la Organización Mundial de la Salud considera que hay trasmisión comunitaria.

Navarra cierra la semana con un aumento de más del 400% de los contagios y ha pasado de detectar medio centenar diario de casos a superar los 500 en la última jornada. Además, la incidencia se acerca a los 200 casos por 100.000 habitantes cuando a comienzos de semana estaba por debajo de los 90 casos.

De los nuevos positivos el 63% son sintomáticos, lo que no deja de ser llamativo teniendo en cuenta que el 93% corresponden a personas de entre 15 y 29 años. Del 59% de los positivos se conoce el origen del contagio, que en la mayoría de los casos se encuentra en los viajes de fin de curso a Salou.

Ante este crecimiento descontrolado de los casos está previsto que el Gobierno de Navarra endurezca las restricciones este mismo lunes, un día antes del 6 de julio. A las 12:30 la consejera de Salud, Santos Induráin, comparece en rueda de prensa con los dos vicepresidentes del Ejecutivo, Javier Remírez y José María Aierdi, para valorar la situación sanitaria y en su caso anunciar las nuevas medidas.

El Gobierno aprobará en su Consejo de Ministros de este martes una inversión de 57,6 millones de euros para mejorar el servicio ferroviario de Rodalies (cercanías) en el tramo entre L'Hospitalet y el parque de Port Aventura, en el municipio de Salou. El proyecto tiene como objetivo introducir en la línea el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), con el objetivo de mejorar la capacidad de carga, la eficacia y la calidad del servicio, gracias a un salto tecnológico en la red.

El tramo entre L'Hospitalet y Salou no será el primero en las cercanías de Adif dotado con sistema ERTMS, pues ya se está instalando en la línea que une la capital catalana con Mataró por la costa y, en el año 2020, se adjudicaron los contratos correspondiente a los trayectos Manresa-Barcelona y Barcelona-Sant Vicenç de Calders. La línea elegida ahora para las mejoras cumple el doble objetivo de que es utilizada para unir el área metropolitana de Barcelona con la zona de Tarragona y, además, estar vinculada a la zona de ocio de Portaventura, alrededor de la cual hay proyectadas inversiones como el macrocomplejo BCN World.

Esta actuación tendrá un coste total de 57,6 millones de euros, dentro del nuevo Plan de Rodalies 2020-2030 que impulsa el Ministerio de Transportes, y prevé un plazo de ejecución de 21 meses. Entre las obras que deben realizarse destaca la instalación de los nuevos sistemas informáticos de gestión del tráfico en estaciones y trayectos, con el objetivo de adaptarlos al sistema ERTMS de nivel 2.

Las mejoras también implican adaptar los equipamientos de vía y los bloqueos ferroviarios al nuevo sistema y con nuevos circuitos de vía de audiofrecuencia, señales laterales y balizas ERTMS. Además se mejorará el suministro de energía, con un refuerzo de la red de 2.200V y nuevos equipos de alimentación a los sistemas de señalización. Todas las funcionalidades de las futuras instalaciones se integrarán en el Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Barcelona.

El ERTMS es un sistema de gestión del tráfico de estándar europeo que entre otras cosas permite la plena interoperabilidad del tráfico ferroviario. Permite aumentar la capacidad de transporte del sistema con mejores frecuencias, reduciendo los intervalos entre los trenes en circulación y haciendo más baratos los costes de explotación. 

La introducción del nuevo sistema en esta línea permite también aprovechar las posibilidades para segregar el tráfico de altas prestaciones hacia otras infraestructuras, lo que permitirá mejorar la utilización de la red existente para los servicios de Rodalies en la zona entre el sur barcelonés y desde la ciudad de Tarragona y Reus hacia el norte.

La extrema derecha de Vox va consolidando poco a poco sus graneros de votos en Catalunya. Se vio en las generales de 2019 y se ha confirmado en estas autonómicas cómo penetra su discurso desde la Val d'Aran hasta los barrios más ricos de Barcelona, pasando por algunos zonas de renta muy baja en la capital o en Tarragona. A ello hay que añadir varios de los grandes destinos de sol y playa de Catalunya, hoy la ‘zona cero' de la crisis del coronavirus, con toda la actividad económica paralizada a la espera de los turistas y un número creciente de población en riesgo de pobreza.

El mayor ejemplo de ello es Salou, el primer destino turístico de la Costa Dorada, donde Vox ha conseguido con un 18,2% su segundo mejor resultado en Catalunya –si se cuentan los municipios de más de 5.000 habitantes–. En esta localidad de 27.000 vecinos, con una economía entregada al monocultivo turístico, la extrema derecha ha sido segunda fuerza tras el PSC. Y entre la veintena de municipios que más han optado por los de Ignacio Garriga están también Roses (15,6%) y Lloret de Mar (12,3%), dos de los principales destinos turísticos de Girona, e incluso Castelló d'Empúries, del que depende el núcleo urbano de Empuriabrava donde Vox saca más del 17%.

A estos, además, les acompañan un buen puñado de localidades del litoral de Tarragona, de un modelo turístico más residencial y menos dependiente, donde Vox se afianza por encima del 12%: Roda de Berà, Mont-roig del Camp, Cunit, Cambrils, Calafell… La mayoría son localidades históricamente escoradas a la derecha, donde antes del procés CiU y el PP se solían repartir el primer y segundo puesto. En todas ellas arrasó Ciudadanos en 2017. 

“Es el mismo voto, pero como Ciudadanos no lo tenía fidelizado, ahora se ha ido al que piensa que defenderá mejor sus intereses”, opina Xavier Fähndrich. Este vecino de Salou y politólogo empieza por recordar que el principal fundamento sobre el que se levanta Vox en Catalunya es el rechazo al independentismo. Y otro factor, que ha resultado ser fundamental en estos comicios, ha sido la abstención. Allí donde más ha caído la participación mejor resultado ha obtenido Vox, y en muchas de estas localidades costeras ha pasado de ir a votar el 75% en 2017 al 45% esta vez, aproximadamente. 

Pero en los grandes destinos turísticos como Salou o Lloret preocupa que, más allá de los factores habituales, la paralización de la economía turística esté creando un mayor caldo de cultivo para la extrema derecha. Estos municipios ya eran antes de la crisis del coronavirus los que tenían una renta por habitante más baja de toda Catalunya, debido a contratos precarios y temporales, y ahora se ha agravado con la pérdida para muchos vecinos de su sustento de vida. Durante la desescalada, en un día las entidades sociales repartían alimentos a tantas familias como antes en un mes.

“En estas zonas la actividad se ha ido a pique y eso se ve claro en el alud de ayudas alimentarias que hay. Este voto puede ser una reacción del sector, que lo está pasando mal y que se siente alejado de opciones de izquierdas”, valora Ernest Cañada, antropólogo especializado en turismo, que de todos modos se muestra prudente en el análisis.

Muchos de estos municipios han recibido una fuerte llegada de inmigración más reciente que la del cinturón barcelonés. La mayoría tienen elevados porcentajes de población extranjera, por encima del 20%, pero también han visto llegar ciudadanos en los últimos años de distintos puntos de España, para el ‘boom' de la construcción de los 90 y principios de los 2000. Lloret, por ejemplo, duplicó su población entre el 2000 y el 2010, de 20.000 a 40.000 habitantes, una progresión calcada a la de destinos como Salou o Castelló d'Empúries.

Para Fähndrich, las llegadas de nueva población de otros puntos de España explican en parte este apoyo a partidos de carácter 'españolista', y no siempre responden a perfiles de trabajadores asalariados. “Hay mucha gente que ha llegado para intentar abrirse camino en la hostelería o la restauración, trabajando como fijos discontinuos, pero también hay autónomos que han venido a montar negocios vinculados al sector hotelero, o inversores que se han instalado aquí y que no tienen ninguna necesidad de relacionarse con las élites locales”, argumenta. Y resume: “Hay un voto españolista de renta alta y otro de renta baja”. Ciertamente, los análisis de los resultados de Vox en todo el territorio muestran cómo seducen a la par a las clases más adineradas y los sectores más empobrecidos.

Un discurso de apertura de los negocios turísticos

La vida en estos municipios se ha visto trastocada como en pocos lugares por culpa de la pandemia. La mayoría de estas localidades, que suelen multiplicar su población en verano, estuvieron casi tan vacías en julio y agosto como en invierno. Solo uno de cada cinco hoteles abrió sus puertas en Salou. Y el que lo hizo fue para llenar un 30% de las habitaciones. “Son nuestro Detroit”, resume Cañada, haciendo referencia la ciudad americana símbolo de la última gran crisis económica, que se sumió en la miseria tras el bache por el que pasó la omnipresente industria del automóvil. 

El cierre del grifo turístico debido a la COVID-19 ha provocado también que parte de los vecinos se hayan opuesto a las medidas restrictivas. Mohammed El Amrani, comunicador y presidente de la Xarxa de Convivència de Roses, recuerda que cuando Vox acudió a hacer campaña en su municipio lo hizo con un discurso claramente orientado a prometer la apertura total de los negocios en contraposición a la gestión de Salvador Illa en Madrid y el independentismo en el Govern. “Elogiaban las potencialidades de Roses e insistían en que se nos estaba dejando sin alternativas, que no nos daban ayudas para subsistir”, apunta. En esta ciudad Vox ha obtenido 850 votos, los mismos que en las generales de 2019 pese a que la abstención se ha disparado.

El gran feudo de Vox en Roses es el barrio Santa Margarida, donde son primera fuerza. Se trata de la urbanización más turística y deshabitada del municipio, con todas las viviendas y los comercios orientados al visitante. Aun así, también hay bolsas de pobreza. “Es un sitio sin escuela, sin transporte público, con lo que mucha gente que no puede permitirse pagar un alquiler en el centro se va a vivir allí”. Es, en palabras de Ernest Cañada, uno de los no lugares que generan estas localidades, vecindarios vacíos donde es casi imposible no ya generar un mínimo de redes asociativas, sino casi directamente conocerse entre vecinos. 

“Esto genera dinámicas urbanas desagregadas, con poca vertebración”, añade Cañadas, que asegura que también favorecen la penetración del discurso de extrema derecha debido a que suele crecer la “sensación de miedo”. En unos municipios con elevados porcentajes de población inmigrante, estos entornos pueden ser “caldo de cultivo” para el discurso de la inseguridad, añade. Y también esta es una de las principales armas de Vox.

Sin necesidad de implantarse

La ciudad donde Vox ha sacado sus mejores resultados, con un 19,3% de los sufragios, es Vila-seca, vecina de Salou. Con 22.500 habitantes, este municipio está ubicado en el interior pero con un importante núcleo de viviendas y apartamentos en la playa, La Pineda. Su economía está orientada al turismo y al parque de atracciones Port Aventura, aunque a la vez tiene varias industrias. 

“A finales de los 90 y durante los 2000 llegó mucha gente de otras partes de España para trabajar en Port Aventura y en la construcción, sin que se haya cohesionado esta población con la local, que también es muy cerrada”, explica la concejala de Decidim Pineda Vaquer, que está en la oposición. Pese a sus resultados, Vox nunca ha tenido una presencia real entre la población. “Sus apoderados el 14F habían venido de Andalucía”, añade. 

Esto no ha impedido que los mensajes ultra sobre la inseguridad y contra la inmigración hayan proliferado. “Son grupúsculos que no están organizados, que a menudo están en grupos de Facebook, con un fuerte discurso antiindependentista pero que también transmiten malestar por la situación económica y alimentan el odio hacia los inmigrantes, que vinculan a la delincuencia”, resume esta edil. 

El Tribunal Judicial de Lyon ha eximido a un hotel de Tarragona y a una agencia de viajes de indemnizar a un joven turista francés que, tras emborracharse en el bar del establecimiento aprovechando el servicio de barra libre que incluía su viaje, se precipitó desde la quinta planta por el hueco de la escalera. El cliente, que resultó gravemente herido como consecuencia de la caída, reclamaba más de 75.000 euros por perjuicios y daños morales. 

La sentencia no sienta jurisprudencia en España pero arroja luz sobre si los operadores turísticos que ofrecen barra libre deben responder por los infortunios de sus clientes en estado de intoxicación etílica. La resolución echa por tierra todas las pretensiones del demandante y, entre sus fundamentos, asevera tajante que el hecho de que un 'open bar' esté a disposición de los clientes “no les obliga a consumir un máximo de alcohol para rentabilizar el precio del servicio” con el pretexto de su gratuidad, “del mismo modo que el 'open food' no les obliga a comer hasta caer enfermos”. La polémica que circunda el turismo de borrachera, ahora en mínimos por la crisis del coronavirus, suma una nueva controversia.

El pronunciamiento de la justicia francesa se produce a raíz de unos hechos acaecidos hace una década. El demandante, Allan P., quien entonces contaba con 19 años, había contratado a través de la agencia Lycom Voyages un viaje de tipo 'spring break' para finales de abril en un hotel de Salou, el Best Negresco. En él participaban 460 personas. En la mañana del 28 de abril de 2011, el joven permaneció un buen rato bebiendo en el bar del establecimiento. Tras ello, regresó a su habitación, que minutos después abandonó de nuevo para reencontrarse con sus amigos. Tal era la cantidad de alcohol que había ingerido que, tras salir de su cuarto, perdió el equilibrio y cayó por el hueco de la escalera desde una altura de cinco pisos.

A raíz del suceso, y una vez recuperado de las lesiones más graves, el turista no dudó en demandar a Lycom Voyages. Reclamaba que se le declarase culpable de su accidente, al aseverar que este tipo de viajes debe incluir la gestión de toda problemática derivada del consumo de alcohol vía barra libre. No sólo eso. El joven llegó a manifestar que estos paquetes fomentan el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, por lo que consideraba que quien ofrece tal experiencia de viaje, con un acceso continuo al alcohol, no puede alegar que el motivo de un posible percance sea que el cliente se encontrase ebrio.

A pesar de que un informe pericial no pudo establecer si el demandante había consumido alcohol o drogas -por lo que no se podía descartar una caída por descuido-, el demandante reconoció durante el juicio, celebrado el pasado abril, que había ingerido alcohol aprovechando la barra libre. Y en la vista oral hizo valer esta circunstancia como su principal argumento: afirmaba que la responsabilidad de la agencia con la que había contratado su viaje era obvia, ya que no ofrecía a los turistas ninguna garantía.

El joven reclamaba que se le indemnizase con 67.000 euros por los perjuicios sufridos como consecuencia del siniestro, entre los que incluía secuelas temporales de índole sexual y las definitivas que a nivel estético le provocó la caída. Asimismo, reclamaba 10.000 euros por daños morales a familiares, además de 1.500 euros en concepto de gastos. La mutua sanitaria que le atendió no se quedó atrás: solicitó, a su vez, 42.700 euros. Por su parte, la agencia, sin perjuicio de negar su responsabilidad, decidió llamar a juicio a la sociedad Mado, propietaria del hotel. Señalaba que, de ser considerada responsable, la empresa que debía ser condenada a raíz del accidente era esta última entidad.

Los alegatos que se expusieron durante el juicio generaron un acalorado debate sobre hasta qué punto los organizadores de viajes que ofrecen barra libre deben asumir determinadas obligaciones. La defensa de Lycom, desde el principio, dejó clara su postura: sostenía que la organización del viaje no había sido la causa de los daños sufridos por el joven. Y es que, de acuerdo al expediente penal que se abrió en España por estos hechos, la escalera se encontraba en buenas condiciones y cumplía los requisitos legales. Según la agencia, el motivo de la caída obedeció a que Allan intentó deslizarse utilizando la barandilla a modo de tobogán, cayendo así por el hueco central de la escalera.

Comportamiento “razonable”

En su información publicitaria, la agencia de viajes lanzaba, además, un aviso: “El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Consumir con moderación”. Una advertencia con la que la empresa negaba que incitase así al consumo irracional, como sostenía el joven. “Un viaje todo incluido no implica que el cliente deba ponerse a sí mismo en estado de ebriedad. Por lo demás, es imposible controlar el consumo de todos y cada uno de los participantes”, recalcaba la compañía.

También el hotel mantuvo su ausencia de responsabilidad en los hechos. El establecimiento expuso en sus alegatos que los turistas están obligados a mantener un comportamiento “razonable” y, en un achaque mutuo de responsabilidades, manifestó que, en todo caso, era la agencia la encargada de garantizar ese buen comportamiento.

Y, deslizándose hasta el fondo de lo sucedido, la empresa propietaria del establecimiento hotelero aseguró que el camarero que había en el bar la mañana de los hechos se negó a servir más alcohol a Allan, expulsándole más tarde, no sin antes ofrecerle un café. El joven lo rechazó. Un empleado del hotel, además, vio al joven pisar y encaramarse a la barandilla en un proceder no exento de peligro. Y uno de sus amigos, incluso, llegó a afirmar que el demandante había consumido no sólo alcohol sino también cannabis y setas alucinógenas.

La mercantil sostuvo así con firmeza que no había cometido ninguna negligencia y que fue únicamente el comportamiento del turista la causa exclusiva del accidente. 

Con estos mimbres, el tribunal no deja lugar a dudas. En su sentencia, subraya que son los operadores turísticos quienes deben responder de la seguridad de los turistas, pero esto no ocurre si se prueba que la culpa en caso de accidente es exclusiva de la víctima. “No racionalizó su consumo de alcohol ni controló su comportamiento, siendo esta la causa exclusiva del accidente”, recalca la resolución judicial.

Los magistrados lo dejan claro: no cabe reprochar falta de vigilancia por parte del personal del bar o del hotel. “Él mismo declaró a la policía que había contratado el viaje para aprovechar la barra libre”, señalan. La sentencia desestima así la demanda de Allan y de la mutua y, por si fuera poco, condena al joven a pagar 1.500 euros al touroperador y otros mil al hotel por los gastos ocasionados como consecuencia del siniestro.

Siete hombres han sido detenidos por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra por dos presuntos casos de agresión sexual ocurridos en Ibiza y en Salou, respectivamente.

En Ibiza, cuatro ciudadanos británicos han sido detenidos, acusados de drogar y violar a una mujer en un apartamento turístico durante la noche del martes al miércoles, según ha informado El Mundo. La joven tiene 29 años y es de nacionalidad inglesa.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer conoció al grupo de presuntos agresores, dos de los cuales son boxeadores profesionales, en un local de la isla. Tomó varias copas con ellos y acabaron yendo a la playa de s'Arenal. Según confesó la joven en su declaracion ante la Guardia Civil, los hombres le dieron dos pastillas y posteriormente se trasladaron al apartamento donde tuvo lugar la agresión sexual.

Tras su detención, los hombres, dos de los cuales penetraron a la víctima, según Diario de Ibiza, fueron trasladados el viernes a los Juzgados de Ibiza, donde permanecieron durante 14 horas para tomar declaración ante la juez. Esta dictó prisión preventiva y sin fianza para los dos hermanos que presuntamente penetraron a la mujer, y dejó en libertad a los otros dos.

Dos menores de edad

El juzgado de guardia de Tarragona ha decretado libertad provisional para los tres presuntos autores de una agresión sexual a una chica en Salou (Tarragona), ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este domingo en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en la madrugada del sábado a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, por una presunta agresión sexual a una chica en Salou, y los tres detenidos, de nacionalidad francesa, han pasado a disposición judicial.

Los hechos sucedieron cerca de las 04.00 horas cuando los tres jóvenes, de nacionalidad francesa, presuntamente habrían agredido sexualmente a la chica y al resistirse le habrían dado algunas patadas.

Se han hecho seis ruedas de reconocimiento --dos para cada detenido-- y en ninguna de ellas la víctima, que también ha tomado declaración este domingo, ha podido reconocer a los supuestos autores.

Por eso, la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar y han quedado en libertad provisional investigados por un delito de agresión sexual en grado de tentativa.

Son destinos clásicos desde que tenemos uso de razón, casi desde las películas de Alfredo Landa. Pero se han mantenido ahí, en el top 5 de los destinos de verano más buscados por los españoles, según los datos de trivagotrivago, porque han sabido adaptar su oferta a lo que la sociedad española demandaba en cada momento, y años tras año aún siguen sorprendiendo. 

Espléndidos y modernizados hoteles, frente al mar y con piscina, fiesta para los más jóvenes, restaurantes con la gastronomía típica y actividades para toda la familia durante todo el período vacacional: la fórmula funciona. ¿Para qué cambiarla? Te llevamos por estos cinco destinos, del menos al más buscado. 

Torremolinos

Este antiguo barrio de Málaga (se independizó en los 80) ha sido siempre un polo de gente joven que acude las noches de verano y los fines de semana a las discotecas en los chiringuitos de Los Álamos. Pero actualmente está en plena reconversión, atrayendo a distintos tipos de público y se ha convertido en referente del turismo gay en el sur de Europa. 

Conil

Este pueblo blanco que destella en la costa de la Luz gaditana, se ha puesto de moda entre los jóvenes por su movida nocturna en bares musicales como La Luna y La Cochera, y por playas plagadas de chiringuitos como la de El Palmar, que pertenece al término de Vejer de la Frontera, y los Caños de Meca, parte del municipio de Barbate, donde la Jaima copa los atardeceres, mientras la discoteca Ojhú de Zahora acapara las madrugadas más cañeras. 

Salou

Cuando se viene del frío, es el lugar perfecto para el sol y los paseos marítimos. Un buen plan es levantarse pronto, alquilar unas bicis en el Paseo Marítimo y pedalear tan lejos como se quiera por toda la costa Daurada hacia el sur, a destinos como Cambrils, que es su continuación y ha sido declarada Villa Gastronómica; Ametlla del Mar o el Delta del Ebro, un parque natural repleto de aves protegidas. Y para recobrar fuerzas, en pleno centro de Salou son ideales La Taberna (gastronomía catalana) y Mesón Segoviano (cochinillo, cordero), con entidad y sin alardes económicos. 

Peñíscola

Peñíscola destaca en la costa Azahar por su turismo familiar de toda la vida, que sale a comerse un helado por su paseo marítimo hasta llegar a Benicarló (son más de 8 km, así que en bici o patinando ya es un buen ejercicio) o al puerto, para subirse en la Golondrina y tomarse después un pescado en el bar, aunque tiene más fama la Freiduría María. Desde ahí se admira el pueblo y su bonito castillo. Y lo mejor es que las playas son tranquilas y cálidas, perfectas para los niños. 

Benidorm

Para coger sitio en la playa de Levante hay que levantarse temprano o ir directamente sin acostarse tras una noche de fiesta, mientras que la de Poniente es más tranquila, el remanso de paz de los oriundos, dentro de lo que cabe. Por la Costa Blanca, con los niños se pueden hacer excursiones a Terra Mítica, un parque temático centrado en las antiguas civilizaciones del Mediterráneo: Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las Islas; y al Aqualandia más grande de la península, en el Parque Natural de Sierra Helada. Sin coger el coche, los miércoles y los domingos hay dos mercados callejeros de ropa y fruta que son muy entretenidos. 

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L'Audiència de Tarragona ha arxivat el cas sobre la mort de Mor Sylla, el jove senegalès que va perdre la vida el passat 11 d'agost a Salou (Tarragona) durant una batuda dels Mossos d'Esquadra. Els magistrats de la sala segona de l'Audiència de Tarragona fonamenten la seva decisió en que de les declaracions dels testimonis i dels Mossos d'Esquadra no es pot deduir cap indici sobre una presumpta participació d'agents de la policia catalana en la mort de Sylla .

Un jutge de Tarragona ja va arxivar al setembre la investigació oberta després de la mort Sylla davant, segons va resoldre, la falta d'indicis sobre la participació de cap Mosso en la seva mort. La família del jove va recórrer davant l'Audiència de Tarragona, que aquest divendres ha confirmat l'arxiu de la causa i la versió que el jove va fugir pel balcó i va caure sol després de l'entrada dels Mossos al seu pis durant una batuda contra el 'top manta'.

Els magistrats rebutgen les peticions de l'advocat de la família de la víctima, que sol·licitava que alguns dels testimonis tornessin a declarar, així com els enregistraments d'una càmera de vigilància propera al domicili per establir l'hora de l'entrada policial al pis.

Els togats de l'Audiència de Tarragona rebutgen les discrepàncies que va mostrar la família del mort amb la decisió del primer jutge i les “contradiccions” en què va basar el seu recurs. En concret, consideren que els desacords entre les parts sobre l'hora d'entrada dels Mossos d'Esquadra a l'habitatge de Sylla, el nombre d'agents que van estar a l'habitació en la qual es trobava el jove i la funció concreta de dos agents de policia en els fets són “irrellevants”, ja que de les declaracions dels testimonis es desprèn que cap Mosso va tenir relació amb la caiguda mortal de Sylla.

“Ningú va indicar que hi hagués hagut algun tipus de forcejament, empenta o contacte físic entre el Sr. Mor Sylla i agent de policia que guardés relació de causalitat amb la caiguda i posterior mort d'aquest”, conclouen els magistrats

Les “contradiccions” que aprecia el recurs interposat per la família de Sylla són, segons el parer, de l'Audiència, “diferents apreciacions que van tenir els testimonis sobre el que va passar”. En aquest sentit, els magistrats consideren descartada l'existència de qualsevol indici que permeti la incriminació d'agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la batuda del passat 11 d'agost.

La Audiencia de Tarragona ha archivado el caso sobre la muerte de Mor Sylla, el joven senegalés que falleció el pasado 11 de agosto en Salou (Tarragona) durante una redada de los Mossos d'Esquadra. Los magistrados de la sala segunda de la Audiencia de Tarragona fundamentan su decisión en que de las declaraciones de los testigos y de los Mossos d'Esquadra no se puede deducir ningún indicio sobre una presunta participación de agentes de la policía catalana en la muerte de Sylla.

Un juez de Tarragona ya archivó en septiembre la investigación abierta tras la muerte Sylla ante, según resolvió, la falta de indicios sobre la participación de ningún Mosso en su muerte. La familia del fallecido recurrió ante la Audiencia de Tarragona, que este viernes ha confirmado el archivo de la causa y la versión de que el joven huyó por el balcón y cayó solo después la entrada de los Mossos en su piso durante una redada contra el 'top manta'.

Los magistrados rechazan las peticiones del abogado de la familia de la víctima, que solicitaba que algunos de los testigos volvieran a declarar, así como las grabaciones de una cámara de vigilancia cercana al domicilio para establecer la hora de la entrada policial al piso.

Los togados de la Audiencia de Tarragona rechazan las discrepancias que mostró la familia del fallecido con la decisión del primer juez y las “contradicciones” en las que basó su recurso. En concreto, consideran que los desacuerdos entre las partes sobre la hora de entrada de los Mossos d'Esquadra en la vivienda de Sylla, el número de agentes que estuvieron en la habitación en la que se encontraba el fallecido y la función concreta de dos agentes de policía en los hechos son “irrelevantes”, ya que de las declaraciones de los testigos se desprende que ningún Mosso tuvo relación con la caída mortal de Sylla.

“Nadie indicó que hubiese habido algún tipo de forcejeo, empujón o contacto físico entre el Sr. Mor Sylla y agente de policía que guardara relación de causalidad con la caída y posterior fallecimiento de este”, concluyen los magistrados

Las “contradicciones” que aprecia el recurso interpuesto por la familia de Sylla son, a juicio, de la Audiencia, “distintas apreciaciones que tuvieron los testigos sobre lo acontecido”. En este sentido, los magistrados consideran descartada la existencia de cualquier indicio que permita la incriminación de agentes de los Mossos d'Esquadra que participaron en la redada del pasado 11 de agosto.

Lo repiten una decena de veces: “La manta es la única opción con la que podemos cubrir gastos sin tener que robar o traficar con droga”. “No nos gusta correr todos los días delante de la policía cargando con telas que pesan varios kilos, nos sentimos como perros. Pero no tenemos otra opción”, cuenta Famara, senegalés de 28 años que llegó a España en el 2011. “Cada día que salgo con la manta pienso lo mismo: ¿Cuándo lo podré dejar?”, dice a la espera de otro trabajo.

La muerte en Salou de un compatriota en un registro policial ha hecho que aumente su necesidad de encontrar una alternativa laboral. “Me ha afectado ese suceso, Mor -nombre del fallecido- podría haber sido cualquiera de nosotros”, critica la invisibilidad en estos casos de la diplomacia senegalesa, “en este tipo de sucesos o cuando mueren compatriotas en pateras no sentimos el apoyo de nuestro país, están desaparecidos”.

Este joven lleva cuatro años vendiendo bolsos falsificados de lunes a domingo en la Puerta del Sol. “Me puedes encontrar a cualquier hora, como no tengo jefe me organizo según el cansancio que haya acumulado el día anterior o las clases de español a las que asisto”. Por cada artículo que vende gana dos euros, el margen que saca tras comprarlos en un chino de Lavapiés (Madrid).

Remarca que no hay ninguna mafia detrás de las mantas. “Cada vendedor compra sus artículos. De hecho cada uno elige lo que quiere vender”, añade Omar (nombre ficticio), senegalés de 36 años que también ha trabajado en la calle: “Lo más frecuente es desplazarse en grupos ya que si sale uno solo es más factible que la policía le decomise la mercancía”.

Famara suele salir a vender con sus compañeros de piso, en su casa todos se dedican al top manta. Reconoce que aunque se desplacen juntos, las redadas son habituales y las agresiones frecuentes: “En Sol, la Policía Municipal nos pega con la porra. En vez de quitarnos la mercancía, prefieren golpearnos”. Vive con seis compatriotas en Lavapiés. Juntos hacen frente al alquiler -cada uno paga 58 euros- y a la comida que compran de forman conjunta, con un bote de 60 euros al mes por persona.

Por su parte, Omar dejó el top manta en el 2012, en cuanto le salió un trabajo para cuidar ancianos. Gracias a ese contrato ha conseguido el permiso de residencia. El presente de Omar es el futuro al que aspiran, según cuentan estos dos senegaleses, la mayor parte de los manteros. Famara también tiene papeles aunque tuvo que volver a la calle, después de que se muriese el señor con el que estaba trabajando.

La rutina del mantero -acostumbrarse a pasar el día huyendo de la policía, a detenciones y a agresiones- ha pasado factura a Omar. Llegó a solicitar en un centro de salud medicación para conciliar el sueño porque la sensación de persecución le impedía dormir. Recuerda que en su primera detención se pasó el día llorando en la celda. “Me pararon cuando volvía de trabajar, no tenía papeles y me detuvieron. El hecho de verme esposado, el sonido de la sirena mientras me llevaban a la comisaría es una situación que no se me va a olvidar en la vida. Nunca pensé que fuese a sufrir momentos así”, cuenta. En su pais, trabajaba como conductor para una ONG. Al llegar a España ansiaba un empleo parecido, pero al no tener permiso de residencia solo pudo acceder al top manta.

Durante los tres años en los que estuvo vendiendo de forma ambulante el número de detenciones fue aumentando. Recorría los bares de Madrid ofreciendo películas y discos, solía repetir horario y emplazamiento, así consiguió clientes fijos. Nunca se imaginó que tras una de esas detenciones, iba a coincidir en la sala judicial con una de las compradoras más fieles que tenía por la zona de Plaza Castilla (al norte de la capital): “Al entrar la magistrada se me quedó mirando. Sabía perfectamente quién era yo, además de ser clienta me invitó a desayunar en alguna ocasión. Cuando me interpeló lo negué todo, incluso rechacé que me dedicase a la venta ambulante”.

Después de ese interrogatorio, nunca le llegó una multa. Años después, Omar sigue en contacto con esta mujer. Con este testimonio -por el que ha pedido no revelar su nombre real- quiere quejarse por la criminalización que sufren los manteros y no los compradores de productos falsificados.

Tras la entrada en vigor del nuevo código penal la comercialización de estos artículos puede ser castigada, según el artículo 153.3, con una pena de prisión de seis meses a dos años. Esta sanción abre la puerta a una deportación, ya que si un inmigrante -aunque tenga papeles- hace frente a sanciones de más de un año se le puede retirar la residencia y ser expulsado del país, según la Ley de Extranjería.

Hasta ahora podían ser castigados con una multa cuando el beneficio obtenido no superaba los 400 euros. Los dos entrevistados han hecho frente a varias. “Las sanciones por venta ilegal varían, pueden ser de 100 a 500 euros. Nos cuesta mucho hacer frente a esas cantidades. Algunos las fraccionan y van pagando mes a mes”, añade el joven senegalés que continúa vendiendo en la calle, “hay casos en los que también se les impone arresto domiciliario. El sancionado debe pasar entre una semana y diez días sin salir de casa. La policía lo controla porque acude a su domicilio a ciertas horas para que firme”.

Al ser preguntados por las ganancias medias mensuales que pueden obtener no aportan una cifra. “Depende de muchos factores. Pero te aseguro que son más los días que vuelvo a casa sin haber vendido que los días que consigo colocar un bolso”, reconoce Famara. Las cuentas del mes pueden descuadrarse también por otro motivo: que la policía les incaute la mercancía. “Es algo bastante frecuente. En esos casos pierdo entre 100 y 150 euros. Nos solemos echar un cable entre nosotros, si hay un mes que a uno le ha ido bien ayuda económicamente al 'paisano' -así se llaman entre ellos- que ha tenido problemas”, añade.

Estos dos compatriotas se conocieron en Madrid, explican que la comunidad senegalesa es muy integradora con los recién llegados. “Aunque hayan venido sin conocer a nadie, si uno de nosotros tiene hueco en su casa, le acogemos. Lo primero que les enseñamos es a vender en la manta porque es la única forma de subsistir si no tienes papeles”, cuenta Omar que tras seis años en España y con el permiso de residencia concedido continúa sufriendo la persecución policial debido a su color de piel, “me continúan pidiendo la documentación y me apartan para solicitarme los papeles cuando estoy en grupos en los que soy el único africano”.

Eran las seis de la madrugada del martes y tres grupos de Mossos d'Esquadra con sendos secretarios judiciales se disponían a iniciar una operación contra “el top manta”, según ha explicado el conseller catalán de Interior. La operación había arrancado en abril, y se dirigía a un “grupo organizado que había importado casi una tonelada de piezas falsificadas”. Ese material se reparte para su venta en varios domilicios, relata el conseller, y la policía acaba en casa de Mor, un vendedor de Salou de origen senegalés, que muere tras caer por el balcón. Las causas se están investigando.

Con el nuevo código penal en la mano, que entró en vigor el pasado 1 de julio, Mor podía ser detenido, encarcelado o deportado a su país sin necesidad de ser parte de ese “grupo organizado”. El artículo 153.3 dice: “La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores [falsificados] será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años”. A su vez, si un inmigrante -aunque tenga papeles- es condenado a un delito que conlleva penas de más de un año se le puede retirar la residencia y pueden ser expulsado del país, según la Ley de Extranjería.

Es decir, desde el 1 de julio, la policía puede perseguir a los vendedores -no solo a los grupos organizados de falsificación- sin importar el valor de lo que esté vendiendo o la cantidad de mercancía que tenga. La ley no lo especifica y lo deja en manos de cada juez: “Atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener (...), el juez podrá imponer la pena de multa de uno a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días”. El código sí especifica que si en lugar de vendedor ambulante es alguien que distribuye o comercia al por menor -tampoco recoge qué es comercio al por menor en cantidades- la pena puede ascender a 3 años.

El conseller de Interior de Cataluña empezó este miércoles su rueda de prensa insistiendo en que la operación policial se inicia al perseguir a una “organización” criminal que envía 83 paquetes desde Turquía o Reino Unido, remarcando que no tiene que ver con una operación contra subsaharianos que venden. Sin embargo, con la ley en la mano, podrían ir directamente a por los vendedores y entrar en sus casas. “Ha habido una actuación desproporcionada y desmedida en el caso de Salou, y la penalización del top manta se puede utilizar para hacer redadas a los vendedores y hostigarlos para hacer que desaparezcan de algunas zonas de las ciudades”, explica la abogada Isabel Elbal.

Hasta ahora podían ser castigados con una multa -pero no con cárcel- cuando el beneficio obtenido no superaba los 400 euros. Esta reforma para convertir un delito en falta la llevó a cabo el Gobierno de Zapatero en 2010, ya que antes de ese año -desde 2003- también estaba penalizado. Tras las quejas de asociaciones, ONG, la recogida de 20.000 firmas, la plataforma  Ni un Mantero en Prisión y la campaña de algunos grupos políticos -Iniciativa per Catalunya presentó una proposición no de ley- el gobierno socialista introdujo una modificación legal para que no cumplieran penas de prisión.

“El fundamento de la despenalización es que afectaba a las personas más vulnerables y que no tenían relación con ninguna mafia, son personas que viven bajo el umbral de pobreza”, explica Elbal. “Era una forma de descargar los juzgados de lo penal y de aplicar el principio de proporcionalidad, es decir, a conducta grave, castigo grave y viceversa, por eso se transformó en falta”, añade.

Sin embargo, la reforma del código penal que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy recupera el delito desde el 1 de julio, cuando entró en vigor la ley. Esto significa que a partir de esa fecha puede haber vendedores en la cárcel. Es lo que pasó desde 2003 a 2010, un periodo en el que estuvieron entre rejas más de 550 vendedores.

Dos centenares de personas han marchado este martes por la tarde a lo largo de Las Ramblas de Barcelona para denunciar “la persecución racista y clasista que sufren los vendedores ambulantes”, y en rechazo de la muerte de Mor, el senegalés fallecido en Salou durante una redada de los Mossos en su domicilio.

Los manifestantes, muchos de ellos de origen africano, han exhibido pancartas por el centro de la ciudad recordando sus derechos, rechazando el racismo institucional y protestando contra la presión policial que sufre el colectivo de los vendedores ambulantes. Uno de los portavoces de la manifestación, Ibrahima Seydi, ha reivindicado su derecho a “ganarse la vida como trabajadores”.

A la marcha ha asistido la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, quien ha indicado que el fallecimiento del vendedor ambulante de Salou “es un hecho que nos interpela a todos” y ha considerado que “es el momento de dar una respuesta social y laboral” a las reivindicaciones del colectivo. No es la única concejala de Barcelona en Comú que se ha pronunciado sobre este hecho. El teniente de alcalde, Jaume Asens, se ha referido al senegalés fallecido en un mensaje de twitter como una “víctima de la criminalización de la pobreza”. La CUP ha emitido un comunicado en términos similares, señalando que “la represión y la persecución no puede ser la respuesta de las instituciones públicas ante las dificultades económicas que atraviesan las personas que se dedican a la venta ambulante”.

Sus compañeros explican que se llamaba Mor, que tenía 50 años y que llevaba en España cerca de 15. Era un vendedor ambulante de origen senegalés, una de las nacionalidades con mayor implantación en Salou. Según apuntan, tenía permiso de residencia. En la concentración en protesta por su fallecimiento que ha tenido lugar de forma espontánea y ha acabado en disturbios en la mañana del martes, algunos de los manifestantes llevaban su foto. La mayoría culpa a la policía. El relato sobre la muerte de Mor, quien se ha precipitado desde el balcón de su casa después de que los Mossos entraran a registrarla, continúa teniendo más sombras que puntos claros.

Todo comenzó entorno a las 6 de la mañana, cuando varios agentes de los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el piso donde residía el senegalés de 50 años, en el tercer piso del número 3 de la plaza Sant Jordi, en Salou. Se trataba de una operación policial por delitos contra la propiedad industrial, que se efectuaba a la vez en tres viviendas de la localidad tarraconense. El Área de Investigación Criminal de Tarragona tenía una orden judicial para entrar a los domicilios, donde esperaban requisar material falsificado.

A partir de aquí, la única versión con la que seguir el hilo de lo ocurrido es la policial. Según ha asegurado en comparecencia ante los medios el intendente de los Mossos d'Esquadra, Xavier Gámez, los agentes han entrado en una de las viviendas al grito de “policía”, cuando el fallecido ha intentado huir por el balcón, ha sobrepasado la barandilla, ha tratado de asirse a un toldo y se ha precipitado al vacío. Gámez ha sostenido que “no tiene constancia” de que el hombre y los agentes hubieran intercambiado palabras, mucho menos que hubieran tenido contacto físico.

Los servicios sanitarios han actuado minutos después alertados por los Mossos, enviando una ambulancia que solo ha podido certificar la muerte del hombre. Los Mossos han arrestado en total a 12 personas en el operativo, aunque no han informado de cuántos de ellos en el apartamento. Pese al requerimiento de Catalunya Plural, la policía autonómica no aclara si los agentes estaban grabando el dispositivo policial en el piso, ni si las grabaciones forman parte del protocolo habitual de los Mossos. En cualquier caso, es una practica frecuente de este cuerpo que difundan imágenes de las entradas en domicilios.

Presión policial contra los manteros

Los senegaleses forman una gran comunidad en Salou, que según cifras oficiales alcanza cerca de los 1.200 miembros.  Mawa Ndieyd, perteneciente a la Asociación de Senegaleses en Catalunya, explica la información que algunos de sus compatriotas le han facilitado sobre el caso. Según le indican, en el domicilio del fallecido vivían al menos 5 personas, ninguna con relación familiar con Mor. Sospechan que, en el momento de la entrada de los Mossos, él podría encontrarse rezando, por la hora que era, por estar despierto y por tratarse de la zona del balcón.

La policía ha asegurado que el fallecido era una de las personas que los agentes iban a detener, pero no han explicado la razón. “No tengo constancia de si se dedicaba a algo más que a la venta ambulante”, explica Mawa Ndieyd, “pero sí puedo decir que este tipo de vendedores no suelen fabricar cosas en sus casas. A lo más que suelen llegar es a comprar productos en los chinos a los que les cosen etiquetas, o les ponen marcas. Como mucho, podrían tener almacenados artículos, pero sería muy raro que los produjeran”.

Demba Couta, miembro de la Asociación Cultural Senegalesa de Salou, tampoco se explica la muerte del senegalés. Considera inverosimil la posibilidad de que Mor saltara al vacío. “Llegamos luego y no pudimos verlo, pero nadie se cree la versión de que se tirara queriendo. ¿Para qué iba a saltar?”, se pregunta. Couta además señala el repunte de la presión policial contra los vendedores ambulantes que ocurre cada verano como el origen de los disturbios. “Hay persecución de la policía contra los senegaleses durante todo el año, nos esperan en las estaciones para pedirnos los papeles y registrarnos. Y en verano van contra los del 'top manta'. Muchas veces les quitan lo que llevan, a veces dándoles papel conforme se lo han quitado, pero otras muchas no”, explica, tras lo que remacha: “Saben cómo actúa la policía, por eso los culpan y por eso están tan enfadados”

Incredulidad, acusaciones y protestas

“Han tenido que matar a una persona para acabar con el top manta”. Las declaraciones del hermano de Mor, que ha llegado a media tarde al lugar donde las protestan aún continuaban, eran contundentes. Reflejaban el clima de incredulidad y rabia con el que vive el episodio buena parte de la comunidad senegalesa. Para ellos, la muerte de este martes es el último capítulo de una guerra de la policía contra la venta ambulante y contra ellos mismos.

La comunidad senegalesa ha interpuesto una denuncia contra los Mossos, a quienes no dudan en acusar de ser responsables de la muerte de su compatriota. Tal como recoge el Diari de Tarragona en este corte, algunos de los presentes insistían en que la policía había lanzado a Mor por el balcón. Los manifestantes han cortado el trafico ferroviaro desde las 11h de la mañana hasta pasadas las 21h de la noche, y finalmente han abandonado el lugar. Tras casi 10 horas de protestas, que en momentos se han tornado en fuertes disturbios e intensas cargas policiales, los manifestantes vuelven a casa a la espera de que salgan los detenidos y arrojen luz sobre la muerte de su compañero.

Cerca de 200 personas se han concentrado en la plaza Sant Jordi de Salou en protesta por el fallecimiento de un hombre sengalés de 50 años en el marco de una batida de los Mossos d'Esquadra contra el top manta. Según fuentes policiales, la muerte se ha producido cuando el hombre ha saltado por un balcón, tratando de huir de los agentes que han entrado en su casa, en un tercer piso, en la madrugada del martes. La operación se ha saldado con 12 personas detenidas.

Tras conocerse la noticia de la muerte, unas 200 personas se han acercado a las inmediaciones de la vivienda del fallecido, produciéndose momentos de tensión entre los concentrados y los Mossos desplegados. El grupo de personas que protestaba culpa a la policía de la muerte del hombre, y querían evitar que se llevasen su cuerpo.

La retirada del cadáver del senegalés fallecido ha causado malestar entre los concentrados, que han lanzado objetos del mobiliario urbano. Mientras, los efectivos policiales, han efectuado una carga contra ellos y han acabado disparando proyectiles de foam. Finalmente, el coche fúnebre ha logrado pasar y ha retirado los restos mortales.

Tras la carga policial, el grupo ha corrido por la calle Barcelona hasta las inmediaciones de la estación del tren, extendiéndose los disturbios por el centro de la localidad costera. Los concentrados han utilizado contenedores y vallas para cortar el tráfico de las calles y del ferrocarril. Varios coches de policía han sido atacados. Las líneas de tren entre Cambrills y Port Aventura han sido cerradas temporalmente al tener impedido el paso por la localidad. Los cortes afecta a la línea R16 y a los trenes de largo trayecto del Corredor del Mediterráneo.

Según testigos presenciales, durante los altercados varias personas han resultado heridas leves, entre ellas un turista, que presentaba una brecha en la cabeza. Los Mossos d'Esquadra han desplegado a unos cien agentes en cinco furgonetas de la Brigada Móvil (BRIMO) y diez del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), unidades de refuerzo enviadas a un lugar determinado en caso de necesidad.

En estos momentos los altercados se han calmado, aunque la tensión continúa. Los Mossos d'Esquadra han enviado a la zona a diversos mediadores de la comunidad senegalesa. La comunidad senegalesa en Salou es una de las más arraigadas de Catalunya, donde viven cerca de 1.200 personas con origen en el país africano, según cifras del Idescat.