El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

“Unitat d’inspecció de la Comunitat Valenciana en matèria d’habitatge. El Consell farà les actuacions necessàries per a la implementació de llocs de treball adscrits a la conselleria competent en matèria d’habitatge, a l’efecte de desenvolupament de la funció d’inspecció prevista en aquest decret llei”. La disposició addicional tercera del Decret llei 3/2023, del 17 de febrer del Consell s’expressa en aquests termes en relació amb la creació d’un cos d’inspectors propi per a controlar i investigar tot el relacionat amb habitatge, principalment públic o protegit.

Aquest és pràcticament l’únic decret relacionat amb habitatge aprovat pel Govern del Botànic que no ha tocat l’actual Consell dirigit per Carlos Mazón primer i per Juan Francisco Pérez Llorca des del final del mes de novembre passat, i que, per tant, continua en vigor.

No obstant això, dos anys després del canvi de govern al capdavant de la Generalitat, la unitat d’inspecció no s’ha creat, segons diverses fonts consultades per elDiario.es, ja que no consten procediments administratius oberts per a l’aprovisionament d’aquestes places. I això malgrat que la disposició final segona del decret estableix que “per al desenvolupament d’aquest decret llei s’incorporaran els recursos de personal necessaris, a mesura que hi haja disponibilitat pressupostària”.

Segons han explicat a elDiario.es excàrrecs de la Conselleria d’Habitatge responsable de la normativa que dirigia el vicepresident d’EU-Podem llavors, Héctor Illueca, “la llei està en vigor i crea el cos d’inspectors d’una manera clara, amb la seua capacitat competencial i procedimental, només fa falta voluntat política i dotació pressupostària per a crear les places”, al mateix temps que afig que “Catalunya crea aquest cos d’inspectors el 2025, van dir que eren pioners, cosa que no era correcta, perquè ací es va aprovar el decret per a la seua creació el 2023”.

Les mateixes fonts han comentat que “la creació d’un cos d’inspecció en matèria d’habitatge hauria sigut i és fonamental per a evitar fraus com els d’Alacant” on càrrecs del PP, funcionaris de l’Ajuntament i persones afins s’han adjudicat diversos habitatges protegits de la promoció Les Naus amb pistes de pàdel i piscina impulsada per una cooperativa a la platja de Sant Joan, unes irregularitats que ja s’investiguen en el jutjat.

Això no significa, tal com han assegurat, que no hi haguera ningú amb capacitat d'inspecció en la conselleria: “Els tècnics funcionaris de cada acte a inspeccionar podien fer-ho, però l'objectiu d'este decret era crear un cos específic perquè no hi ha ningú en la conselleria que tinga unes competències tan àmplies i detallades com les que s'habiliten en la normativa”.

El text legal es va aprovar el febrer del 2023, tres mesos abans de les eleccions autonòmiques que va guanyar el PP, per la qual cosa pràcticament no va haver-hi temps per a la posada en marxa efectiva en la legislatura passada. Es tracta d’un decret pel qual s’adopten mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat i emergència residencial a la Comunitat Valenciana agreujades per la guerra d’Ucraïna, i per a evitar abusos en l’àmbit immobiliari.

Sobre l’objectiu d’aquesta unitat, l’article 18 estableix que “la inspecció en matèria d’habitatge té per objecte la vigilància, el control i la comprovació de l’observança i el compliment de la normativa vigent en matèria d’habitatge, amb la finalitat de garantir el dret de la ciutadania valenciana a gaudir d’un habitatge assequible, digne i adequat. Correspon a la conselleria competent en matèria d’habitatge l’exercici de l’actuació inspectora en el territori de la Comunitat Valenciana”.

A més, afig que “podrà ser, justificadament, objecte d’inspecció qualsevol immoble situat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de determinar-ne el titular, la desocupació efectiva, l’estat de conservació i altres extrems rellevants per a l’acompliment de la funció social de l’habitatge”.

L’article 19 detalla que “el personal funcionari que duga a terme tasques d’inspecció en matèria d’habitatge” tindrà les funcions bàsiques següents: “Vetlar pel respecte del dret a gaudir d’un habitatge assequible, digne i adequat; comprovar el compliment de les lleis i de la resta de les disposicions vigents en matèria d’habitatge, emetent actes d’inspecció i proposant, i quan fora necessari, adoptant, mesures per al restabliment i l’assegurament de la legalitat; investigar situacions de falta d’ús residencial o desocupació d’immobles destinats a habitatge; verificar els fets descrits en les denúncies o les comunicacions d’irregularitats que es perceben; informar l’òrgan competent dels resultats de l’activitat inspectora, proposant mesures correctores davant les possibles deficiències que es puguen detectar; elaborar els informes i els estudis se sol·liciten, en relació amb les matèries objecte d’inspecció; comprovar l’estat de situació de l’habitatge, a l’efecte de determinar si es compleix el deure de conservació i rehabilitació; qualssevol altres que s’atribuïsquen reglamentàriament”.

“Unidad de inspección de la Comunitat Valenciana en materia de vivienda. El Consell realizará las actuaciones necesarias para la implementación de puestos de trabajo adscritos a la Conselleria competente en materia de vivienda, a efectos de desarrollo de la función de inspección prevista en el presente Decreto Ley”. La disposición adicional tercera del Decreto Ley 3/2023, de 17 de febrero del Consell se expresa en estos términos en relación con la creación de un cuerpo de inspectores propio para controlar e investigar todo lo relacionado con vivienda, principalmente pública o protegida.

Este es prácticamente el único decreto relacionado con vivienda aprobado por el Gobierno del Botánico que no ha tocado el actual Consell dirigido por Carlos Mazón primero y por Juan Francisco Pérez Llorca desde finales del pasado mes de noviembre, y que por lo tanto sigue en vigor.

Sin embargo, dos años después del cambio de Gobierno al frente de la Generalitat, la unidad de inspección no ha sido creada según diversas fuentes consultadas por elDiario.es, ya que no constan procedimientos administrativos abiertos para el aprovisionamiento de estas plazas. Y eso pese a que la disposición final segunda del decreto establece que “para el desarrollo del presente Decreto Ley se incorporarán los recursos de personal necesarios, a medida que exista disponibilidad presupuestaria”.

Según han explicado a elDiario.es excargos de la Conselleria de Vivienda responsable de la normativa que dirigía el entonces vicepresidente de EU-Podem, Héctor Illueca, “la ley está en vigor y crea el cuerpo de inspectores una forma clara, con su capacidad competencial y procedimental, solo hace falta voluntad política y dotación presupuestaria para crear las plazas”, al tiempo que añade que “Cataluña creo este cuerpo de inspectores en 2025, dijeron que eran pioneros, la cual cosa no era correcta porque aquí se aprobó el decreto para su creación en 2023”.

Las mismas fuentes han comentado que “la creación de un cuerpo de inspección en materia de vivienda hubiera sido y es fundamental para evitar fraudes como los de Alicante” donde cargos del PP, funcionarios del Ayuntamiento y personas afines se han adjudicado diversas viviendas protegidas de la promoción Les Naus con pistas de pádel y piscina impulsada por una cooperativa en la playa de San Juan, unas irregularidades que ya se investigan en el juzgado.

Esto no significa, tal y como han asegurado, que no hubiera nadie con capacidad de inspección en la conselleria: “Los técnicos funcionarios de cada acto a inspeccionar podían hacerlo, pero el objetivo de este decreto era crear un cuerpo específico porque no hay nadie en la conselleria que tenga unas competencias tan amplias y detalladas como las que se habilitan en la normativa”.

El texto legal se aprobó en febrero de 2023, tres meses antes de las elecciones autonómicas que ganó el PP, por lo que prácticamente no hubo tiempo para su puesta en marcha efectiva en la pasada legislatura. Se trata de un decreto por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana agravadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abusos en el ámbito inmobiliario.

Sobre el objetivo de esta unidad, el artículo 18 establece que “la inspección en materia de vivienda tiene por objeto la vigilancia, el control y la comprobación de la observancia y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda, con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía valenciana a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada. Corresponde a la Conselleria competente en materia de vivienda el ejercicio de la actuación inspectora en el territorio de la Comunitat Valenciana”.

Además, añade que “podrá ser, justificadamente, objeto de inspección cualquier inmueble sito en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de determinar su titular, su efectiva desocupación, su estado de conservación, y demás extremos relevantes para el cumplimiento de la función social de la vivienda”.

El artículo 19 detalla que “el personal funcionario que lleve a cabo tareas de inspección en materia de vivienda” tendrá las siguientes funciones básicas: “Velar por el respeto del derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada; comprobar el cumplimiento de las leyes y del resto de disposiciones vigentes en materia de vivienda, emitiendo actas de inspección y proponiendo, y cuando fuere necesario, adoptando, medidas para el restablecimiento y el aseguramiento de la legalidad; investigar situaciones de falta de uso residencial o desocupación de inmuebles destinados a vivienda; verificar los hechos descritos en las denuncias o comunicaciones de irregularidades que se perciban; informar al órgano competente de los resultados de la actividad inspectora, proponiendo medidas correctoras ante las posibles deficiencias que se puedan detectar; elaborar los informes y estudios que sean solicitados, en relación con las materias objeto de inspección; comprobar el estado de situación de la vivienda, a efectos de determinar si se cumple con el deber de conservación y rehabilitación; cualesquiera otras que se atribuyan reglamentariamente”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha denunciado en un comunicado el mal estado de la flota de vehículos de la Consejería de Sanidad, que tras un largo periodo de abandono y falta de inversión se encuentra obsoleta y necesitada de actualización en materia de seguridad y de adaptación a normativas ambientales, en algunos casos con un deterioro extremo.

Estos vehículos están dedicados a la inspección de la seguridad alimentaria y a sanidad ambiental que se ocupa, entre otras funciones, del control de establecimientos e industrias alimentarias, de la inspección de carnes de caza y lidia, del control de aguas de consumo y recreativas, de la vigilancia y control de residuos, plaguicidas y legionela. En definitiva, son imprescindibles para mantener la labor de los inspectores de salud pública.

Según los datos que ha expuesto CSIF, la provincia de Toledo cuenta con una flota de 68 vehículos: 53 tienen más de 20 años y 16 más de 24 años. En Ciudad Real, de los 59 vehículos existentes 41 de ellos tienen más de 100.000 kilómetros, entre los cuales hay 6 con más de 200.000 y 3 con 300.000 kilómetros, siendo además insuficientes para los 73 inspectores que prestan servicio en los distritos de esta provincia. En Cuenca de 33 coches, 26 tienen más de 20 años y 100.000 kilómetros. En Guadalajara, de 11 vehículos 6 tienen más de 20 años y por último, Albacete, con una flota de 45 vehículos, 25 tienen más de 100.000 kilómetros, 21 con más de 23 años y entre ellos 13 pueden considerarse obsoletos.

En resumen, de 216 vehículos en toda la región asignados a los Distritos de Salud, 165 tienen más de 20 años, esto se traduce en el 78,6 % del todo el parque móvil destinado a la inspección alimentaria sanitaria, aguas de consumo y sanidad ambiental. Tal es la situación que en ocasiones pasan la ITV al tercer intento.

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, subraya que “la Administración tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus empleados y de manera lamentable hay una enorme desidia en esta materia. Estamos hablando de trabajadores que recorren todos los puntos de la región. Es preciso priorizar la actualización de sus vehículos, considerando los riesgos laborales en vehículos con más de dos décadas de antigüedad y de 100.000 kilómetros”.

No en vano, al mal estado de los vehículos se añade la falta de tecnologías actuales de seguridad en los vehículos como ESP, control de tracción o airbags laterales, entre otros reduciendo la protección activa y pasiva del trabajador y aumentando el riesgo de sufrir lesiones en caso de accidentes.

Además, en criterios de eficiencia económica, una flota de vehículos en estas circunstancias implica un enorme gasto en mantenimiento, averías y gasto en combustible, señala el comunicado.

“Hacemos responsable directamente a la Consejería de Sanidad, pues la situación es generalizada no habiendo tenido hasta la fecha ninguna intención de atender las peticiones que se le hacen llegar desde los responsables de cada una de las provincias y sin mostrar la más mínima preocupación por la seguridad de sus funcionarios”, añade Sánchez.

Es más, CSIF señala que mientras otras consejerías han aprovechado fondos de la UE y han invertido en actualizar sus vehículos, la Consejería de Sanidad ha mirado hacia otro lado y ha abandonado su parque móvil.

El pleno del Consell del pasado viernes 23 de enero aprobó el decreto por el que se modifica la normativa que regula la gestión, actuación, funcionamiento y organización de la inspección educativa de la Comunitat Valenciana “para adaptarla a la realidad actual del sistema educativo valenciano, reforzando su capacidad de supervisión y apoyo a los centros”.

Así lo anunció el Gobierno valenciano en un escueto comunicado en el que añadió que además, “se impulsa el sistema de provisión por mejora de empleo, lo que permitirá corregir una anomalía histórica que afectaba a las inspectoras e inspectores accidentales que proceden del cuerpo de Maestros, de manera que todo personal inspector accidental, con independencia de su cuerpo docente de procedencia, percibirá las mismas retribuciones en coherencia con las idénticas funciones que desempeñan”.

Lo que no contó la Generalitat Valenciana que preside Juan Francisco Pérez Llorca en su comunicado es que esta medida supone un incremento salarial de entre un 4% y un 8% en la plantilla de inspectores de Educación, unos 150, precisamente el gremio al que pertenece la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, y seis de sus más directos colaboradores de la cúpula del departamento, en concreto, el secretario autonómico, Daniel Mc Evoy; el director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega; el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo; la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia; el director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez; y el presidente del Consell Escolar, Juan Salvador Oliver.

Fuentes del ámbito educativo han explicado que la medida equipara a todos los inspectores independientemente de que procedan del cuerpo de maestros de colegios, por tanto con una categoría A-2, o del de profesores de instituto, con una categoría A-1. En primer caso pasarán de percibir 3.540 euros brutos al mes a ganar 3.863 euros y en el segundo suben de 3.720 a 3.863 euros.

Al respecto, fuentes sindicales no se han mostrado críticos con la medida, puesto que la venían demandando pero dentro de un conjunto global que englobara también una revisión salarial al profesorado, que actualmente está a la cola de España.

Así lo exigió UGT al recordar que “el profesorado de la Comunitat Valenciana —en Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y el resto de cuerpos docentes— continúa padeciendo una situación de clara desventaja salarial respecto a la media del Estado y a la mayoría de comunidades autónomas”. Según el sindicato, el colectivo acumula una pérdida sostenida de poder adquisitivo y una falta de reconocimiento retributivo de sus funciones. Por ejemplo, los maestros (categoría A-2) que más cobran son los vascos, con 3.063 euros, mientras los valencianos son los segundo que menos ganan, con 2.419 euros, solo por encima de los extremeños, que ganan 2.416 euros. En secundaria (A-1), los que más ganan son los de Ceuta y Melilla con 3.582 euros, y los que menos los valencianos, con 2.734 euros.

El conjunto del profesorado valenciano, explicó UGT, “necesita la misma equiparación, reclasificación y homologación entre cuerpos docentes, así como la convergencia salarial con el resto del Estado”, por lo que piden al menos llegar al sueldo medio de España. Además, recordaron que sigue pendiente “el reconocimiento en la estructura salarial valenciana de complementos vinculados a tutorías, coordinaciones, bilingüismo y especial dedicación al centro, establecidos como obligación legal en el artículo 105 de la LOE y que sí están implantados en todas las comunidades autónomas salvo la nuestra”.

Las mismas fuentes comentaron que “a pesar de los avances puntuales, la Comunitat Valenciana sigue situada en el furgón de cola en materia salarial docente, una situación que repercute negativamente tanto en el profesorado como en el servicio educativo que se presta a la ciudadanía”. Por ello, “UGT insta a la consellera Ortí a abordar de manera integral y sin más demoras una negociación real ya que las mejoras alcanzadas para determinados colectivos deben ser un punto de partida para una solución global, no una excepción”.

Educación estudiará el aumento salarial del profesorado

A preguntas de elDiario.es sobre el aumento salarial aprobado al cuerpo de inspectores y sobre la situación del resto del profesorado, fuentes de la Conselleria de Educación explicaron que “este decreto viene de dos años atrás aproximadamente, es decir, que la consellera no estaba”, desvinculando su aprobación de su condición de inspectora.

Además, comentaron que “el nuevo decreto de inspección que actualiza la clasificación de los puestos adscritos a ese cuerpo, homologa esa clasificación a la de otras inspecciones del Estado y fue aprobado con el acuerdo de todas las organizaciones sindicales”.

En cuanto a la negociación salarial que han solicitado las organizaciones sindicales aseguraron que “en las reuniones que la consellera les concedió a primeros de enero se les anunció que en la próxima junta de portavoces prevista para el 10 de febrero se les entregaría un calendario de reuniones para llevar a cabo esa negociación que demandan, por lo que se está cumpliendo estrictamente con el compromiso que se alcanzó en aquellas reuniones iniciales”.

La maquinaria de la administración, cuando no funciona adecuadamente o abandona su neutralidad, acaba triturando al ciudadano. Al individuo. Eso es lo que le ha ocurrido a un profesor de la Escola Oficial d’Idiomes de Llíria (EOI), que lleva meses —años, si se suma una denuncia previa— enfrentándose a la inacción de la inspección educativa ante varias denuncias por incumplimiento repetido de la normativa vigente, abuso de poder por parte de la directora del centro, ocultación de información e incluso acoso mediante la asignación arbitraria de horarios y cargos de coordinación. La directora del centro, Virginie Pulgas, a preguntas de elDiario.es, niega las acusaciones y asegura haber trasladado al inspector la “problemática” con el docente, pero que le han recomendado que “aguante”.

“¡No le voy a recibir! ¡Usted no puede estar aquí!”. Esa fue la contestación que recibió del inspector I.M.R. el profesor denunciante José Ramón Llopis cuando subió a su despacho, después de que este no lo atendiera en cuatro ocasiones en el PROP de la Conselleria de Educación. El inspector tampoco ha respondido a las preguntas de elDiario.es, que le ha remitido varios correos electrónicos a su dirección de trabajo para preguntarle por el desamparo en el que se encuentra el docente.

Ya en febrero, el profesor, funcionario de carrera con plaza definitiva en el centro, puso en conocimiento del inspector M.R. —también psicólogo, colaborador de la Universidad Católica de València y ponente en cursos sobre la convivencia escolar— los problemas laborales que mantiene con la dirección del centro: Ocultación de información, vulneración sistemática de la normativa de funcionamiento interno y “un verdadero arsenal de mentiras y trapacerías para no rendir cuentas ante el claustro ni el consejo escolar”, según ha explicado el docente a este periódico.

De nuevo, en septiembre, “y no sin dificultades”, Llopis contactó con el inspector de zona, quien solicitó un informe detallado de los hechos por correo electrónico. Tras más de tres meses, no ha recibido respuesta. Con una mezcla de “frustración, incredulidad e impotencia”, se personó hasta en cuatro ocasiones en el PROP y no logró mantener una reunión con el inspector educativo, quien “no había tenido ni siquiera la cortesía” - a pesar de ser su obligación - de contestar a las numerosas solicitudes de cita previa. Finalmente, accedió a las dependencias donde se encuentran los despachos para intentar hablar con él. El inspector se negó a atenderle personalmente. “Sin embargo, empleó más de media hora en recriminar y documentar la presencia del docente en la planta donde se encuentra la Inspección Educativa”, explica el docente.

Un callejón sin salida y una situación de indefensión para el docente, que continúa recopilando documentación- “a pesar de las trabas del equipo directivo” - sobre el déficit de dirección que se vive en la EOI de Llíria. Los últimos “insólitos” episodios: la modificación del Reglamento de Régimen Interior que la directora llevó directamente al Consejo Escolar, “quien la aprobó sin ni siquiera estar redactada”. Consejo Escolar al que su presidenta, la directora, “ignorando la legislación vigente”, ha añadido un miembro más - su segunda jefa de estudios - mientras “fracasa en su tarea de motivar al profesorado y alumnado, que dejan el 66% y el 50% de sus puestos de representación vacantes”, critica el docente. “El inspector, responsable de velar por la legalidad, una vez más, ni está ni se le espera”, arguye.

La directora de la EOI niega las irregularidades denunciadas y afirma que ha puesto en manos de la inspección las discrepancias con el profesor. “Me han dicho de aguantar, cambiamos de inspector el curso pasado, y también me dicen que no me puedo quejar siendo directora”, manifiesta. La responsable del centro, considera que las críticas y las “formas” del docente denunciante la ponen en “una situación complicada”. “Ha generado un ambiente pésimo e influye en el centro”, añade. El inspector, tampoco ha actuado ante las quejas de la directora del centro, que asegura haber puesto en su conocimiento la situación.

La pregunta que queda en el aire: ¿En qué medida contribuye la administración al aumento del 31% del Síndrome de Burn-out entre el profesorado valenciano?

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha convoca oposiciones para 31 plazas del Cuerpo de Inspectores de Educación. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 14 de enero hasta 2 de febrero de 2026. Se convocan un total de 29 plazas quedan reservadas para el sistema general de acceso libre, mientras que 2 plazas estarán destinadas a personas con discapacidad.

Requisitos para la participación

La persona que quiera presentarse a las oposiciones tendrá que tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general para la jubilación. Además, no debe padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo de Inspectores de Educación. Del mismo modo, no deberá haber sido sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas ni ser funcionario/a de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario/a de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Por otro lado, será necesario estar en posesión del título de Doctor, Máster Universitario, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título equivalente. En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá aportarse la credencial que acredite su homologación.

Además, la persona participante tendrá que pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente, así como acreditar una antigüedad mínima de ocho años, como personal funcionario de carrera, en alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente de igual duración. A estos efectos se entiende como experiencia docente la prestación de servicios de docencia directa con el alumnado de un centro y las actividades desarrolladas por personal docente en servicios y programas educativos y en otras unidades de la Administración educativa.

Plazas para personas con discapacidad

En el caso de las personas con discapacidad, los aspirantes deberán tener reconocida por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, por el Ministerio competente en la materia, un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que sea compatible con el desempeño de las tareas y funciones propias de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Esta opción de acceso de personas con discapacidad deberá formularse en la solicitud de participación, con declaración expresa de reunir la condición exigida al respecto (acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%), debiendo consignar el aspirante el grado de discapacidad que tiene.

Tasas, examen y concurso

La tasa general por derechos de examen será de 41,79 euros. Si se realiza mediante medios electrónicos corresponderá a 37,61 euros. Las personas que presenten la solicitud de participación y pertenezcan a familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación del 50%. Al utilizar la solicitud electrónica y al pagar la tasa por vía telemática, se les aplicará la bonificación del 10% sobre la cuantía correspondiente, en cuyo caso el importe será de 16,72 euros.

Estarán exentas de pago las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y aquellas personas que pertenezcan a una familia numerosa de categoría especial.

Con respecto al examen, en primer lugar, consistirá en el desarrollo por escrito de un tema referido a la parte A del temario, elegido por el aspirante entre dos opciones de tema. El tiempo para el desarrollo es de tres horas. Después, el ejercicio será leído por el aspirante en sesión pública ante el tribunal. La segunda parte consistirá en la exposición oral de un tema referido en la parte B , elegido por el aspirante entre dos extraídos por sorteo por el tribunal. Tendrá 30 minutos para la preparación del ejercicio y 60 minutos para la exposición oral ante el tribunal.

Por último, la tercera parte consistirá en el análisis por escrito de un caso práctico sobre las técnicas adecuadas para la actuación de la Inspección de Educación, que será propuesto por el tribunal. El tiempo para el desarrollo de este ejercicio escrito será de tres horas. El ejercicio será leído por el aspirante en sesión pública ante el tribunal. Finalizada la lectura por el aspirante, el tribunal podrá formularle las preguntas o solicitarle las aclaraciones que estime pertinentes, durante un tiempo máximo de quince minutos.

Tras el examen, en la fase de concurso se valorarán los méritos aportados, de acuerdo con el baremo y las especificaciones que figuran en el anexo I del documento publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Una vez publicadas las listas de aspirantes seleccionados se procederá a nombrar funcionarios en prácticas a los integrantes de estas. La duración de la fase de prácticas se fija en 6 meses.

Las bases completas de este proceso de oposición pueden consultarse a través de este enlace.

El cuerpo de inspectores e inspectoras de educación de Zaragoza ha mostrado su “profundo malestar” por lo que consideran una situación laboral “insostenible” que se prolonga desde hace años. Este miércoles se han concentrado frente al Servicio Provincial para exigir soluciones al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Fuentes de este departamento aseguran que han mostrado su apoyo al cuerpo de inspección y que ya se ha iniciado un proceso de diálogo.

Según explican, la plantilla actual —38 personas inspectoras y 4 administrativas para 763 centros educativos— resulta “claramente insuficiente” y repercute directamente en “la calidad del servicio público educativo que recibe la ciudadanía”.

El colectivo denuncia también la “aplicación arbitraria de normativas”, que en algunos casos les considera personal docente y en otros personal de la Administración General, “siempre en perjuicio del colectivo”. Esta dualidad, sostienen, vulnera el principio de seguridad jurídica y les priva de derechos laborales reconocidos por ley.

A ello se suma “el incumplimiento de las medidas recomendadas en la evaluación de riesgos psicosociales realizada el curso 2023-2024 por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.” Explican que el informe señalaba la necesidad de mejorar los recursos humanos y materiales, reducir la presión de los tiempos y reforzar el reconocimiento institucional de la labor inspectora. “Ninguna de estas medidas ha sido implementada hasta la fecha”, critican.

Tanto CCOO Enseñanza Aragón como STEA han apoyado la movilización. CCOO ha exigido al Ejecutivo autonómico “el reconocimiento pleno del Cuerpo de Inspección como cuerpo docente”, así como “la aplicación efectiva de las medidas de prevención de riesgos y el refuerzo urgente del personal inspector y administrativo”.

Por su parte, STEA ha denunciado “la falta total de atención” a las demandas de la Inspección Educativa y el “menosprecio a sus condiciones laborales por parte de la actual Administración”. El sindicato respalda la movilización “para que se abra una línea de negociación con la Administración que permita una mejora en las condiciones de este servicio”, y recuerda que “el servicio de inspección es fundamental para asegurar la calidad de la educación aragonesa”.

Los sindicatos coinciden en que “no es posible mantener un servicio educativo de calidad si quienes deben velar por él trabajan en condiciones precarias y sin los recursos necesarios”.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aseguran que han mostrado su apoyo al cuerpo de inspección y que ya se ha iniciado un proceso de diálogo. Según informan, en una reunión previa a la concentración se ofreció un calendario de negociación que comenzará a mediados de noviembre —por necesidades funcionales del Departamento— y finalizará antes del 19 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad. En estos encuentros se abordará la jornada laboral, la plantilla, la coordinación y convocatoria de oposiciones, las comisiones de servicio, los permisos y licencias y el acuerdo de mejora de las condiciones laborales del profesorado.

Varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado este viernes en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años que este martes se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón, en la que han rendido homenaje a la menor y han denunciado otros posibles casos de acoso escolar en el centro.

A la concentración han acudido los padres, el hermano y el abuelo de la adolescente, además de numerosos vecinos y allegados. La madre, visiblemente emocionada, ha acudido vestida con la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba su hija.

Los asistentes, reunidos en torno a un altar que se ha establecido hace varios días con flores y velas en memoria de la joven, han expresado su indignación por lo sucedido y han pedido responsabilidades al centro educativo. “El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira”, ha afirmado una de las asistentes durante el acto.

Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, han lamentado que “los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables”.

Problema de gestión

En un ambiente de gran emoción y tensión, varios vecinos han insistido en que el colegio “no sabe gestionar” los casos de acoso escolar. “Es un problema lo que tenemos. Es peligroso, porque no es problema de la niña, de que se agobie más o menos, de que sea más guapa o fea. Cuando le ponen el ojo a una, van a por ella. En este colegio se dan muchos casos”, ha asegurado Teresa, una vecina que afirma que su hija y sus dos sobrinas también sufrieron bullying en el mismo centro.

Cabe destacar que el tío de la menor, Isaac Villar, ha expresado en declaraciones en Canal Sur TV recogidas por Europa Press que, a su juicio, “está claro que ha habido algún error en el proceso de protocolo” y ha anunciado que la familia tomará las medidas legales necesarias.

“Mi hermana lleva un año detrás del colegio, comunicando la situación. No se ha hecho absolutamente nada por parte del colegio”, ha concluido con indignación el tío de la menor. Asimismo, los muros del centro educativo han aparecido este viernes cubiertos con pintadas que reclamaban “Justicia” y “No queremos que se olvide”, junto a otras expresiones como “Culpables” o “Asesinos”.

Las matemáticas no mienten y, muchas veces, la economía se reduce en consecuencia a porcentajes que suben y bajan, determinando si las cosas van bien o no. La realidad es un tanto más compleja, e incluso existen grandes volúmenes de capital que escapan a esta lógica. El mejor ejemplo es lo que se conoce como economía sumergida. El comúnmente llamado “dinero negro” es difícil de cuantificar, y la reticencia de quienes lo manejan a hablar de ello lo hace aún más complicado. No obstante, todo el mundo es consciente de que existe y muchos han estado en contacto con él, ya sea en ese bar donde no aceptan pagos con tarjeta o en esa empresa donde las horas extra se pagan en efectivo.

Un estudio de octubre de 2024 de la Universidad de Murcia (UMU) y el Consejo Económico y Social en la Región (CES) trató de medir, a través de un modelo estadístico, la economía sumergida en porcentajes, obteniendo un 15,8% del total del PIB en el caso de España y un 17,4% en el caso de la Región de Murcia.

El catedrático de Economía Aplicada José Colino, al frente del informe, no cree que los números actuales difieran mucho de aquellos del año 2022, la fecha más reciente incluida en el estudio. La principal conclusión que extrae, según cuenta a esta redacción, es que la economía sumergida se ha contraído desde el año 2004. En el caso concreto de la Región de Murcia, la reducción ha sido de cuatro puntos porcentuales y medio, y en el de España, de 6,1.

A pesar de ello, los números no dejan a nadie indiferente. Con un margen de error del 10% en su estimación, el estudio valora el volumen de la economía sumergida murciana entre un mínimo de 5.600 millones de euros y un máximo de 6.900 millones. La primera cifra, según los autores del análisis, corresponde a 8.500 euros anuales defraudados por cada murciano. La segunda, es prácticamente igual al crédito inicial del total de gastos del presupuesto liquidado de la Región de Murcia en 2022, triplicando el gasto en sanidad, el más relevante de todo el conjunto.

“Hay un patrón geográfico nítido en relación con la implantación de la economía sumergida en España. Las regiones meridionales, Canarias incluida y con la salvedad de la Comunidad Valenciana, presentan niveles superiores a los vigentes en las septentrionales”, aseguran los autores del estudio. Así, la Región de Murcia forma parte de un grupo de cinco comunidades, encabezado por Canarias y Andalucía, con registros semejantes y superiores a la media nacional, en el que también se encuentran Extremadura y Castilla-La Mancha.

Murcia, a la cabeza en irregularidades laborales

La Región de Murcia es la comunidad donde el mayor número de investigaciones llevadas a cabo por Hacienda terminan en infracción laboral, y la segunda después de Catalunya donde mayor es su incidencia con respecto al total de la población activa, según concluye el informe. Sin embargo, los autores destacan que, del 28,4% de ocupados en el sector privado del país que decían no estar dados de alta en la Seguridad Social -la infracción más habitual en el histórico- en 1995, se ha pasado al 10,7% en 2023.

Pese a ello, hay sectores productivos en los que la economía sumergida es una realidad difícil de ignorar. Entre los más afectados, la agricultura, los trabajos del hogar o la hostelería. Es el caso de Lucía, que lleva décadas trabajando como empleada del hogar en Murcia sin estar dada de alta en la Seguridad Social. “Lo hago para que no me quiten una pensión que llevo años cobrando”, apunta a este diario, pidiendo conservar el anonimato.

Y es que existe un grupo de actividades terciarias, según explica Colino, en los que la no cotización a la Seguridad Social es todavía más habitual que en la hostelería y la agricultura. “Cada una de ellas parece irrelevante, pero todas ellas, en términos de empleo, sí lo son: gimnasios, peluquería y similares, fisioterapia, todo tipo de clínicas privadas, cuidados de niños y ancianos… Todos los indicios conducen a concluir que en este grupo heterogéneo de actividades el fraude laboral alcanza sus mayores cotas”, afirma.

¿Cuál es el perfil más propenso a incurrir en este tipo de actividades? “La mujer migrante”, señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), en declaraciones a este diario. El estudio, además de a los migrantes, también apunta a los parados de larga duración, los jóvenes que abandonan sus estudios y los trabajadores del hogar.

La solución pasa por la voluntad política

Mollinedo no cree que la economía sumergida se haya reducido drásticamente estos últimos años. Su teoría es que, cuanto más crece la economía, mayor es el fraude, y lo contrario sucede durante las crisis. “Las cifras de economía sumergida, aproximadamente, vienen siendo las mismas de forma habitual. De hecho, cada año se descubre más fraude tributario y eso no quiere decir que cada año se esté reduciendo la economía sumergida”, señala.

Para él, el problema se soluciona “con voluntad política”. Para ello, enumera cuatro medidas que podrían ayudar a combatir el fraude laboral: estudios periódicos independientes para cuantificar el volumen de la economía sumergida, una mayor colaboración con las administraciones territoriales, un aumento de la plantilla de técnicos e inspectores de Hacienda -asegura que están al 40% del total de la media de los países de la zona euro- y, por último, un reparto diferente de las funciones dentro de la propia plantilla.

Y es que, según Mollinedo, el 85% de la plantilla en la Región de Murcia solo tiene permitido por ley investigar fraude en empresas que facturan hasta diez millones de euros, por lo que solo queda el 15% restante para investigar a las grandes empresas. Ese 15% lo conforman lo que se conoce como inspectores de Hacienda: hay 48 en la ciudad de Murcia y ninguno en el resto de la Región, según GESTHA. “Cuanta más plantilla haya, más fraude se descubre y la propensión al fraude disminuye”, explica.

Colino coincide en la necesidad de dotar de más recursos a Hacienda, además de mejorar la coordinación e intercambio de información entre las administraciones públicas. A ello añade campañas de sensibilización ciudadana y una simplificación de los trámites administrativos y burocráticos que faciliten el “comportamiento normativo”.

Un plan regional de lucha contra la economía sumergida

El catedrático de la UMU asegura que todas estas propuestas se pusieron sobre la mesa el año pasado con el objetivo de que el Gobierno murciano desarrollara un plan de lucha contra la economía sumergida. Fuentes de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social confirman a este diario que ese plan se está ultimando, con la participación de representantes de la patronal y organismos e instituciones implicados, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

El plan, según la Consejería, “contemplará medidas destinadas a paliar los efectos adversos de la economía sumergida que permitan reducir la economía irregular, aumentar la formalización del empleo, mejorar la recaudación fiscal, incrementar la competitividad empresarial, mejorar la calidad del empleo y lograr mayor equidad en la carga tributaria”.

“La dimensión del fraude laboral y fiscal sigue siendo muy alta”, señalan por su parte los autores del estudio del CES y la UMU, que fue encargado precisamente por la Consejería de Empleo. Para los expertos, el cumplimiento fiscal y laboral se rige por un contrato que implica derechos y obligaciones por parte de los contribuyentes, pero también por parte de las administraciones públicas. ¿Cómo exigir un estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales a la ciudadanía cuando buena parte de la misma cree que sufre una sobrecarga de impuestos debidos, en parte, a que los poderes públicos son incapaces de reducir el peso en el sistema de aquellos que los evaden?, se preguntan.

Los servicios jurídicos de la Consejería de Desarrollo Educativo están investigando al colegio concertado Sagrado Corazón de Jesús (en Sevilla) por establecer cuotas económicas que podrían infringir la normativa educativa. La investigación parte de diferentes denuncias de padres afectados, que han motivado varios informes de inspección, donde se alerta de que el centro ha incurrido en “un incumplimiento grave del concierto educativo”.

El inspector de referencia documenta en su último informe, al que ha tenido acceso este periódico, el “evidente carácter lucrativo” del colegio sevillano por “vincular la impartición de enseñanzas con el cobro de cuotas por distintos servicios”. Se aprecia así un “trato diferenciador y discriminatorio” hacia las familias que no las abonan, vulnerando los principios de gratuidad, voluntariedad, no discriminación e igualdad en el acceso a la educación, recogidos en la normativa para los centros sostenidos con fondos públicos.

La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) estipula que las actividades escolares complementarias, extraescolares y los servicios escolares en los centros concertados –y, por tanto, financiados con fondos públicos– “no podrán tener carácter lucrativo” y el cobro de cualquier cantidad en esos conceptos deberá ser autorizado por la administración educativa correspondiente.

Esa norma también establece que si se incumple el régimen de concierto, se constituirá una comisión de conciliación, encargada de adoptar las medidas necesarias para corregir la infracción cometida. En el caso del Sagrado Corazón de Jesús, dicha comisión se celebró en enero de 2024, a instancias de la anterior inspectora. Al curso siguiente, el actual inspector ha notificado que las medidas acordadas entonces “se han incumplido de manera evidente y reiterada” por parte del colegio sevillano, lo cual constituye un “incumplimiento grave del concierto educativo” que podría derivar en sanciones económicas.

“Presionar” a las familias para que paguen

Varias familias llevan denunciando precios abusivos desde 2023, cuando se produjo un cambio de titularidad al frente del centro. Desde entonces, han acudido en repetidas ocasiones a inspección educativa y a entidades como el Defensor del Pueblo o FACUA, que interpuso una denuncia ante la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en noviembre de 2024. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo confirman que el asunto está en manos de los servicios jurídicos, pero no aclaran desde cuándo ni en qué punto se encuentra el procedimiento.

El nuevo titular del Sagrado Corazón de Jesús incorporó a su llegada la denominada “pastoral cuota voluntaria” (hoy rebautizada como “tarifa plana”), asociada a descuentos en los servicios complementarios y actividades extraescolares, como el comedor, el acceso a la plataforma digital de comunicación o el uso de dispositivos como ordenadores o tablets. Quienes no pagan esa tarifa plana enfrentan precios significativamente más altos por los diferentes servicios. Por ejemplo, según la denuncia de FACUA, el precio del comedor con la tarifa es de 64 euros mensuales, mientras que asciende a los 120 para quienes no la abonan.

Un informe de inspección de 2023 señala que algunos de estos cobros se introdujeron “sin haberlo comunicado expresamente a la administración educativa”. Ese mismo año, la inspectora convocó una comisión de conciliación ante el “grado de alarma social” generado entre las familias. En su informe, concluyó que el colegio estaba “incumpliendo íntegramente” la normativa vigente al “presionar” a los padres para que efectuaran pagos mensuales, llegando incluso a “jugar con la sensibilidad de las familias”.

La comisión de conciliación, celebrada a principios de 2024, acordó por unanimidad “suprimir el cobro” correspondiente a la cuota pastoral. Sin embargo, al curso siguiente, el colegio la reemplazó por la “tarifa plana”, manteniendo la práctica de aplicar dos precios distintos para un mismo servicio. FACUA ha denunciado ante el centro que la nueva tarifa (que da acceso a la llamada Tarjeta de Fidelidad) hace “inasumible el coste del resto de los servicios” para quienes no la abonan, al imponer incrementos que pueden duplicar las tarifas originales.

Preguntado por este periódico, el director del Sagrado Corazón de Jesús asegura estar cumpliendo la normativa en vigor al aplicar “cuotas voluntarias” por servicios fuera del horario lectivo. El titular reconoce que la actual “tarifa plana” funciona como un descuento para quienes contraten todos los servicios: “Si sumamos uno a uno saldría mucho dinero”. Además, sostiene haber adoptado las medidas acordadas en la comisición de conciliación: “Lo que nos dijeron, en definitiva, era que elimináramos la cuota pastoral, que era un pago habitual en forma de donativo, y que, si queríamos cobrar a las familias, creáramos servicios y eso es lo que hemos hecho”.

Ejemplos de “discriminación”

El último informe del inspector recoge el caso de familias que no se pueden permitir el pago de determinadas cuotas debido a “su precaria situación económica” y eso les ha llevado a plantearse un cambio de centro. Entre esos pagos se encuentra, por ejemplo, el acceso a la plataforma Educamos, que inicialmente se ofrecía de forma gratuita a quienes abonaban la llamada “cuota pastoral”, pero durante el curso 2024/2025 empezó a cobrarse a razón de 34 euros mensuales.

Este sistema se ha convertido en la única vía oficial de comunicación del centro, “creando una discriminación y conculcando el derecho a toda información de las familias que no abonan la cuota”, al quedar excluidas de este canal y ver limitado su acceso a información crucial sobre sus hijos, según señala el inspector.

Otra denuncia que han trasladado las familias afecta al servicio denominado Comunicación TIC, que cuenta con dos versiones de 50 y 64 euros, respectivamente. Los alumnos cuyos padres no pagaban esta cuota se veían obligados a compartir dispositivos como tablets, mientras que los demás disponían de equipos individuales. El inspector considera que, aunque el centro las presente como opcionales, las familias las terminan percibiendo como obligatorias al sentirse forzadas a abonarlas, debido a las implicaciones que tienen para el desarrollo académico de sus hijos.

Carácter lucrativo “evidente”

“La ausencia de voluntariedad y el trato diferenciador y discriminatorio que se aplica al alumnado cuyas familias no abonan las cuotas previstas” deriva en que “en el centro solo se puedan escolarizar alumnado cuyas familias tengan una posición económica que permita el conjunto de pagos a realizar, consecuencia contraria al principio de equidad que rige nuestro sistema educativo del que forma parte este centro, estando obligado a prestar un servicio público que, de esta forma, se ve alterado”, concluye el informe de inspección.

Además, el inspector de referencia afirma que “es evidente el carácter lucrativo para el conjunto de los servicios escolares complementarios, por el valor de los mismos y por el hecho de que las cuantías están sujetas a posibles descuentos vinculados a la denominada tarifa plana”. Y señala que “el acceso a medios y recursos curriculares está condicionado al pago de cuotas”, lo que implica un incumplimiento directo del principio de voluntariedad, “y lo que es más grave, el principio de igualdad en el derecho a la educación y a las enseñanzas”.

“Incumplimiento grave del concierto educativo”

Por todo ello, el inspector señala que el centro ha mostrado una actitud de “desobediencia y desprecio” hacia la normativa, toda vez que el cobro de las tasas se ha seguido produciendo “de forma constante y reiterada”, pese a las medidas adoptadas tras la comisión de conciliación celebrada en enero de 2024. Hechos que, insiste, constituyen un “incumplimiento grave del concierto educativo”.

El responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa en el centro añade que el Sagrado Corazón de Jesús ha incumplido también “el requerimiento realizado por la inspección educativa el 15 de octubre de 2024”. Y apostilla que “no se ha observado ánimo de colaborar por parte del titular del centro ni intención de rectificar; más bien al contrario”, actuando con una “intencionalidad evidente”, que ha podido “perturbar la enseñanza del alumnado cuyas familias no aportan determinadas cantidades”.

Ante tales “irregularidades e incumplimientos”, el inspector recuerda que, tras la resolución del expediente sancionador por parte del órgano competente en materia de conciertos educativos –la propia Consejería– la infracción dará lugar a la imposición de multa. La sanción económica estará comprendida “entre el total y el doble del importe de la partida «otros gastos» del módulo económico de concierto educativo vigente en el periodo en el que se determine la imposición de la multa”.

La reiteración o reincidencia de incumplimientos graves puede dar lugar a la rescisión del concierto, según el artículo 62 de la LODE. Por el momento, la investigación continúa abierta y será la resolución de los servicios jurídicos de la Consejería la que determine posibles sanciones o medidas a adoptar.

Más de 200 viviendas de uso turístico han sido dadas de baja por el Principado por no cumplir los requisitos para este tipo de establecimientos, según ha asegurado este martes la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. En el último año se han multiplicado por siete las inspecciones y el número de sanciones han crecido un 90 por ciento.

Llamedo ha dado estos datos al responder en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno asturiano para favorecer la desestacionalización del turismo.

Combatir la actividad clandestina

La vicepresidenta ha señalado que en próximas fechas, tras analizar cómo ha ido la implantación de la reforma de la Ley de Vivienda aprobada en noviembre del pasado año, van a empezar ya la tramitación del decreto de viviendas turísticas.

La Ley de Turismo se modificó para reforzar los mecanismos de control para combatir la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional en las viviendas de uso turístico.

Actualización de las sanciones económicas

La nueva ley también conlleva una actualización de las sanciones económicas por incumplimientos de la normativa, que aumentan más del doble en todos los tramos, con multas desde 150 hasta 100.000 euros, y prevé la suspensión de las actividades empresariales o profesionales, que será de hasta seis meses en el caso de infracciones graves y hasta dos años en las muy graves.

A falta de ese análisis de los seis primeros meses de implantación de la nueva ley, la vicepresidenta ha señalado que, incluso desde el Ayuntamiento de Gijón, en manos de Foro, se ha reconocido que está siendo “efectiva y que ha cortado el incremento de viviendas de uso turístico”.

Herramientas digitales

A ello ha contribuido, ha añadido, el refuerzo que se hizo con herramientas digitales de todo el seguimiento de viviendas turísticas que ha permitido que se detectaran “numerosos alojamientos y casas ilegales”.

Previamente, Tomé había señalado que, mientras hay miles de asturianos desesperados por el precio del alquiler, hay en la comunidad 7.659 viviendas turísticas, el 1,13 por ciento del total, con 38.300 plazas de alojamiento, sin contar los pisos pirata.

Tasa turística

El Principado sigue trabajando en la implantación de una “tasa turística municipal y voluntaria” y está ultimando ya su propuesta para iniciar el diálogo con los ayuntamientos, el sector y los grupos políticos, ha señalado Llamedo.

El gobierno asturiano ha desechado la implantación de una tasa regional, pero se ha mostrado dispuesto a favorecer la implantación de tasas municipales que permitan mejorar la financiación de los ayuntamientos y ayudar a una distribución de los lujos turísticos por todo el territorio para que todos los asturianos se beneficien.

“Es un impuesto a las vacaciones”, según Otea

La patronal OTEA se ha mostrado contraria a esta medida y ha asegurado que estas tasas municipales van a ser un “impuesto a las vacaciones” que coartará el derecho a disfrutar de ellas en muchos casos.

Llamedo ha afirmado que ésta es una de las medidas dirigidas a la redistribución de flujos y la desestacionalización, al igual que lo son las lanzaderas a espacios naturales, que se van a refozar este año, o la próxima puesta en marcha de los bonos turísticos.

Para la vicepresidenta, la muestra de que se está avanzando en esa desestacionalización se ve en los datos turísticos del primer trimestre del año, “los mejores de la historia”, pese a que no cayó la Semana Santa en esos meses. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja ha aprobado el nuevo Plan de Inspección Ambiental de La Rioja 2025-2030 que busca incrementar la eficiencia y eficacia de la inspección, priorizando las instalaciones con mayor impacto ambiental. Para ello, se utilizará una planificación estratégica y un análisis de riesgos para proteger los recursos naturales de la región, especialmente en lo que se refiere a la emisión de contaminantes, gestión de residuos y preservación de los recursos hídricos y el suelo; además de fortalecer la capacidad de los inspectores a través de la formación continua.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este lunes 17 de marzo, la Resolución por la que se aprueba el Plan de Inspección Ambiental que puede consultarse a través de la página web del Gobierno de La Rioja.

Más de 4.600 instalaciones en La Rioja que hay que vigilar

La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene registradas 4.683 instalaciones sobre las que se establecen tres áreas de intervención ambiental. En primer lugar, se sitúan aquellas que cuentan con Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que están sometidas a controles estrictos por su potencial impacto en el medio. El plan prevé la inspección anual o cada dos años de las 66 instalaciones de este tipo registradas en La Rioja: 41 agroalimentarias y ganaderas, 9 de gestión de residuos, 6 de consumo de disolventes orgánicos, 5 de producción y transformación de metales, 3 de combustión, 2 industrias minerales y 2 industrias químicas.

En el segundo grupo se encuentran instalaciones con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), gestores y productores de residuos, y actividades potencialmente contaminadoras del aire o suelo. Y, por último, el plan contempla la inspección de traslados transfronterizos de residuos para asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de transporte de residuos entre países.

Las inspecciones se llevarán a cabo en función de la evaluación de riesgos asociados a cada instalación. Así, las inspecciones programadas incluyen una revisión exhaustiva del cumplimiento de las normativas y documental con visitas in situ, mientras que otras inspecciones se realizan como consecuencia de incidentes, denuncias o accidentes graves. Con este procedimiento se pueden priorizar aquellas instalaciones con mayor potencial de afección ambiental y optimizar los recursos que se destinan a las labores de inspección.

Cada año se realizará una programación anual de las inspecciones. Así, en las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada se realizará al menos de una inspección con visita in situ al año para las de mayor riesgo y no podrán pasar más de tres años sin esta visita en las de menor riesgo. 

Además, con las más de 4.600 instalaciones que no requieren AAI, se seleccionarán para la inspección en base a la intensidad de la actividad y el nivel de riesgo de cada una: tipo de gestión o producción de residuos, potencial contaminador de la atmósfera o suelo, declaración de impacto ambiental, etc. Asimismo, se tendrá en cuenta el historial de cumplimiento de la instalación, o si está acogida a un sistema de gestión ambiental que muestre garantías de cumplimiento.

Un total de 40 expedientes sancionadores en 2024

La práctica de la inspección, además de la comprobación del cumplimiento ambiental de las instalaciones, crea una proactividad e interés del responsable de la empresa por mantener el respeto al medio ambiente. En este sentido, los 40 expedientes sancionadores iniciados en el 2024 recayeron en instalaciones que no precisan de autorización ambiental integrada y por tanto no prevén una inspección programada.

El año pasado las sanciones impuestas por la gestión incorrecta de residuos, vertidos de residuos o emisiones a la atmósfera sumaron un importe total de 274.725 euros, sin considerar las sanciones por vertidos a cauce o alcantarillado que instruyen la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Consorcio de Aguas y Residuos o el Ayuntamiento de Logroño. 

El Plan de Inspección Ambiental de La Rioja asegura que los informes derivados de las inspecciones sean transparentes y accesibles al público, fomentando la participación y el seguimiento de las actuaciones medioambientales. También incluye medidas para la mejora continua, adaptándose a los cambios en la legislación y a las necesidades del territorio.

Por último, se potenciará la formación continua de los inspectores y la cooperación interadministrativa con otras comunidades autónomas y organismos a nivel europeo.

La Fiscalía Provincial de A Coruña ha reaccionado al informe del Defensor del Pueblo que denunció la violación de derechos a pacientes en el psiquiátrico privado de La Robleda, situado en el municipio coruñés de O Pino, a 15 kilómetros de Santiago de Compostela. El Ministerio Público inspeccionará el centro, perteneciente al grupo Hestia Alliance y concertado con la Xunta, donde los técnicos del Defensor registraron casos de internos que permanecieron atados durante semanas, denuncias de agresión sexual o ingresos que se prolongan durante años sin una justificación médica.

Fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia han confirmado a elDiario.es la apertura de estas diligencias, que incluyen la inspección de las instalaciones, como la que en septiembre realizaron —sin aviso previo y de forma sorpresiva— integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo y centrado en las instalaciones en las que hay privación de libertad, como los psiquiátricos, las cárceles o los centros de menores.

Entre las medidas que los técnicos consideraron entonces como “mala praxis” estaban el uso “habitual” de la llamada contención mecánica. O, lo que es lo mismo, atar al paciente, un recurso que tanto las organizaciones médicas como las de derechos humanos piden que se evite en personas con patologías psiquiátricas. Esta práctica se prolongó, en ocasiones, durante varias semanas y dejó casos como el de la paciente que denunció que un trabajador la agredió sexualmente y la denigró mientras estaba sometida a contención. Otro paciente fue sorprendido mientras le tocaba el pecho.

Hechos como éste hacen que el informe considere “incuestionable” la necesidad de “extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual”. La empresa Hestia Alliance respondió al respecto que realizó “las investigaciones pertinentes”, pero “sin poder dar validez a las afirmaciones de la persona en cuestión”.

El Defensor del Pueblo agrega que hay cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones, lo que puede suponer una violación del derecho a la intimidad; que a los pacientes fumadores se les limita el número diario de cigarrillos, lo que “contraviene la libertad individual”, y que los internos tienen prohibido el empleo de dispositivos tecnológicos: no hay ordenadores y el uso de la televisión está restringido.

Las conclusiones se han remitido ya a la Consellería de Sanidade de la Xunta, a la Fiscalía y al propio psiquiátrico. Hestia Alliance respondió a El País, que fue quien adelantó el informe, que el Gobierno gallego realiza una supervisión “exigente” del centro. En esa misma información, la administración autonómica aseguraba estar vigilando que se diese una atención “correcta” a los pacientes que ella misma le deriva, ahora mismo 26, y que tendrá en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Los docentes de la provincia de Huesca han expresado su descontento con la labor del inspector jefe de Educación de Huesca. En los últimos dos años se han recibido quejas sobre el trabajo de Ignacio Polo Martínez, al que acusan de tener “amedrentados” y “agobiados” a docentes y equipos. Así lo expone Guillermo Herraiz, secretario general de la federación de enseñanza de CCOO en Aragón. Expone que llevan “dos años” recibiendo protestas respecto a este inspector y muestra su sorpresa ante la comunicación del Departamento de Educación, que asegura que “nunca se ha recibido una queja”.

Esta vez el conflicto se ha dado en el IES Ramón y Cajal de Huesca, donde, el pasado 28 de noviembre, Polo Martínez tuvo una tutoría “en calidad de padre con la tutora de su hijo en la que se le comunicó que este iba a suspender la asignatura de matemáticas”, explica Sergio Pichardo, de CGT en Huesca y docente en el instituto donde sucedió el conflicto. Añade que Polo “no aceptó las explicaciones y organizó una reunión en el centro sin contar con la docente”. Pichardo explica que cambió los criterios de evaluación del departamento de Matemáticas “de tal manera que esto ha supuesto el aprobado de su hijo y de otros alumnos”.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón respalda la labor de este inspector jefe. De hecho, el pasado 18 de diciembre envío un comunicado en el que destacaban la “profesionalidad ejemplar” y asegura que no han recibido “ninguna queja, denuncia ni desavenencia de ningún centro educativo de la provincia de Huesca. Todo lo contrario, desde el curso pasado, los directores/as de los centros educativos de la provincia de Huesca han trasladado su rotunda satisfacción con el acompañamiento que realiza esta Inspección con los centros educativos de su responsabilidad”.

Añaden también que la reunión entre el inspector jefe y la directora del centro, tras la cual se cambiaron los criterios de evaluación de la asignatura de Matemáticas, se realizó “a solicitud de la directora del centro” y que en la misma se trataron los “desajustes significativos en el desempeño profesional de algún docente del departamento de matemáticas y habiendo quejas de varias familias el presente curso escolar, ha priorizado su función asesora en lugar de la vía disciplinaria con el fin de ayudar y motivar a los docentes a emprender un plan de mejora para alinearse con el marco normativo vigente, lo cual agradece el equipo directivo”. El Departamento de Educación concluye su nota mostrando “su rotunda defensa de la Inspección educativa y un frontal rechazo a la instrumentalización que algunos pretenden hacer de ella a partir de hechos o casos concretos e interesados”.

Sin embargo, la directora del centro, María Costa Rey, ha mostrado públicamente su disconformidad con algunos de los puntos que se establecen en la nota de prensa, negando que fuese ella la que solicitara la reunión. Explica que se trató la forma en la que se califican los criterios de evaluación consensuados por el departamento de Matemáticas, hecho que “no implica la existencia de desajustes significativos en el desempeño de la labor docente”. Reitera que no tiene constancia de que se hayan presentado de forma oficial “quejas de varias familias sobre el desempeño profesional de algún docente del departamento de matemáticas”, como asegura el Departamento de Educación.

Quejas anteriores

El pasado 17 de diciembre, la Junta de Personal Docente no Universitario de la Provincia de Huesca denunció la excesiva presión a la que está siendo sometido el profesorado de la provincia de Huesca por parte de la Jefatura de Inspección Educativa. Expusieron que, desde el curso pasado, se han recibido testimonios de docentes en los que se relata una situación “insostenible, cada día se pide más documentación: en algunos casos se han tenido que rehacer todas las programaciones didácticas en muy corto espacio de tiempo y el proceso de evaluación cada vez conlleva más burocracia. Se han dado casos en los que el profesorado ha llegado a considerar que la situación roza el abuso de autoridad”.

Exponen que la situación se está dando “única y exclusivamente en la provincia de Huesca, debido a una interpretación personal de la normativa por parte de la Jefatura de Inspección”. La Junta de Personal Docente explica que la labor de inspección consiste en supervisar, evaluar y controlar el trabajo de los docentes desde el punto de vista pedagógico y organizativo, y respecto a este caso consideran que “esta labor dista mucho de la actuación de este departamento de inspección de la provincia, en ocasiones con un seguimiento exhaustivo a compañeros y compañeras docentes que haciendo bien su trabajo, se les está exigiendo una supuesta ”perfección“ en documentos burocráticos, perfección definida por un departamento de inspección provincial (Huesca) y no por la normativa educativa vigente de nuestra Comunidad. El profesorado manifiesta que esta situación está generando malestar en los equipos docentes y directivos, afectando al proceso de enseñanza/aprendizaje, y en ocasiones al bienestar emocional del profesorado”.

Los docentes protestan

Unos 70 docentes jubilados, apoyados por sindicatos, se manifestaron el pasado 17 de diciembre para reclamar la apertura de un expediente informativo a Ignacio Polo Martínez para investigar si ha habido un “presunto abuso de poder y prevaricación”. Durante la protesta se recogieron firmas y se leyó una carta en la que se expresaba la preocupación de estos profesores y profesoras ya jubilados por los comportamientos “autoritarios”.

Pichardo expone que los docentes creen que el inspector jefe de Huesca les “ha pisoteado, tenemos a la compañera que suspendió a su hijo de baja porque entiende que la han despreciado como docente. Entendemos que se ha extralimitado, ha venido a actuar como padre y en beneficio propio”. Explica también que el Departamento de Educación no se ha puesto en contacto con el centro antes de enviar el comunicado en el que respaldan al inspector.

En la misma línea se manifiesta Herraiz, quien se muestra sorprendido porque Educación haya indicado que no existe ninguna queja, ya que el 19 de marzo de 2024 ·se aprobó en el Pleno de la Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Huesca una resolución en la que se pedía unificar criterios de inspección de las tres provincias, sobre documentos y programaciones que se solicitan a los centros.

En la misma línea, en el Pleno del 3 de diciembre de 2024 “se volvieron a aprobar dos resoluciones sobre la carga burocrática y las directrices establecidas por la Inspección Educativa de Huesca. Por otro lado, el 17 de diciembre, como Junta de Personal, se envió nota de prensa denunciando la excesiva presión a la que está siendo sometido el profesorado de la provincia de Huesca por parte de la Jefatura de Inspección”, expone. Por ello exigen que se tengan en cuenta “las quejas de los centros y del profesorado” y que se valoren “las consecuencias del exceso de burocracia de la provincia de Huesca respecto al bienestar emocional del profesorado en detrimento de la calidad educativa y la atención individualizada del alumnado”.

La Guardia Civil en La Rioja, en estrecha coordinación con la Delegación del Gobierno en esta Comunidad Autónoma, está intensificado sus actuaciones dentro del “Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio y Diversión”.

Estos dispositivos adquieren especial relevancia durante la campaña navideña, un período caracterizado por la alta afluencia de ciudadanos en zonas comerciales, grandes superficies y polígonos industriales. En estos espacios, los agentes están incrementando su presencia y reforzando las actuaciones preventivas para garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, se están llevando a cabo controles específicos en locales de ocio nocturno, con especial atención a aquellos que concentran una mayor afluencia de jóvenes. Estos operativos tienen como objetivo prevenir delitos asociados a las grandes aglomeraciones, tales como lesiones, delitos contra el patrimonio, alteraciones del orden público, consumo de drogas en la vía pública y delitos contra la seguridad vial.

Además de las acciones preventivas, los agentes también inspeccionan posibles irregularidades en los locales, “como la falta de permisos para el ejercicio de la actividad, el incumplimiento de los límites de aforo, carencias en medidas de seguridad, exceso en los horarios de cierre y la admisión indebida de menores”.

Este pasado fin de semana un total de 23 agentes de diferentes unidades, apoyados por canes especialistas en la búsqueda y localización de sustancias estupefacientes, operaron en la ciudad de Arnedo para llevar a cabo entradas sorpresivas en locales de ocio nocturno incluyendo bares, cafeterías, pubs y discotecas dando como resultado.

Infracciones detectadas en establecimientos públicos:

Cartelería obligatoria ausente o incorrecta:

Condiciones de seguridad e higiene:

Otras irregularidades:

Máquinas expendedoras de tabaco por:

Infracciones a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana

Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de los diferentes organismos competentes en materia sancionadora.

La Guardia Civil es consciente de las posibles molestias que estas inspecciones y controles puedan causar a ciudadanos y comercios. Sin embargo, este tipo de actuaciones es de vital importancia para garantizar unas festividades seguras y libres de incidentes. Por ello, desde el Instituto Armado hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana para lograr este objetivo común.

Se recuerda que está totalmente prohibido portar cualquier tipo de arma, real o simulada, así como navajas o similares, por parte de cualquier persona que acuda a establecimientos públicos o lugares de ocio, reunión, concentración, recreo o esparcimiento.

Unidades intervinientes

“Per fer diners els és igual la salut i la vida de les persones”, lamenta un veí de Platja de Palma. Aquesta barriada de la capital balear, epicentre del turisme alemany a Mallorca i una de les destinacions pioneres en l'explotació del sol i platja, va viure fa unes setmanes un dels episodis més traumàtics de la seva història recent: la terrassa del Medusa Beach Club, un conegut local d'oci, es va enfonsar pel sobrepès i va provocar la mort de quatre persones. Les flors en commemoració de les víctimes continuen col·locades als peus de l'establiment.

A pocs metres, al local contigu, el propietari ha intentat, sense èxit, reobrir un restaurant. La pizzeria Laguna Playa va aixecar la seva persiana dilluns passat, només set setmanes després del tràgic accident del Medusa Beach Club. Poc temps ha durat aquesta nova aventura del propietari: aquest mateix dijous, l'Ajuntament de Palma decidia clausurar la pizzeria per no corregir les deficiències marcades per una Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) del 2014. De nou, es repetia la història del Medusa Beach Club, encara que afortunadament sense víctimes: el local tenia una ITE els defectes de la qual no havia esmenat, però el propietari decidia obrir-lo al públic.

Els residents de la zona asseguren que no els sorprèn aquest fet, ja que molts locals de Platja de Palma estan en condicions “dubtoses”, i asseguren haver passat “por” des que hi va haver el tràgic accident del Medusa Beach Club. “Des de l'esfondrament, si hem d'anar a un bar, evitem anar a un que hagi estat construït sobre una casa antiga”, expressa un veí a escassos metres del lloc del succés, tot i que assegura que “com a residents, a aquests locals tampoc solien anar abans”, ja que prefereixen els establiments ubicats a “la segona línia” de la platja pels “preus i la gent que va”. “A molts llocs, ni tan sols el cambrer sap parlar espanyol”, conclou.

Tot i que l'Ajuntament de Palma clausurés dijous passat el restaurant Laguna Playa per deficiències sense corregir -que havien estat marcades en una ITE del 2014-, els residents asseguren que no els sembla suficient. “No entenem com no hi ha inspectors ara controlant tots els establiments”, reclama una veïna. “Ho han descobert per casualitat, perquè aquí hi ha molts locals igual i no revisen res”, afegeix. A més, relaciona l'interès en la cloenda del restaurant Laguna Playa amb l'impacte que va tenir el sinistre del Medusa Beach Club: “Ara han tancat el restaurant Laguna Playa perquè hi va haver un accident al local del costat i la gent s'hi va interessar”.

Els residents de la zona defensen que “haurien de fer-se més inspeccions”, ja que “qualsevol local pot haver fet obres il·legals o estar en males condicions”. Així mateix, temen que “algun dia hi hagi una altra ensulsiada o un altre accident”. Lamenten que aquesta zona de la Platja de Palma, més propera a s'Arenal, està “oblidada” per part de l'Administració. “Sembla la ciutat sense llei”, afirma una mare que juga amb la seva filla a la platja. “Està tot descuidat, la sorra plena de vidres, el passeig sense passos de zebra”, afegeix. “És un desastre, ho fan tot per la pasta”, expressa un noi que treballa els estius en aquesta zona. “Venim cada any, treballem a diferents establiments, i gairebé ningú compleix la norma. La majoria de locals aquí tenen irregularitats, ningú demana llicències ni mira infraestructures”, conclou.

És un desastre, ho fan tot per la 'pasta'. Venim cada any, treballem en diferents establiments, i gairebé ningú compleix la norma. La majoria de locals aquí tenen irregularitats, ningú demana llicències ni mira infraestructures

Treballador de temporada en la zona de Platja de Palma

Clausura del restaurant Laguna Playa

El departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma va ordenar aquest dijous el tancament “immediat i preventiu” del restaurant, inaugurat dilluns passat al costat de l'antic Medusa Beach Club, a l'ensorrament del qual van morir quatre persones i van resultar ferides vint més. El propietari del Medusa Beach Club, Christian Arnsteiner, havia tornat a obrir el restaurant contigu a penes un mes i mig després del tràgic accident. El local, que s'ubica al número 35 del carrer Cartago (contigu al Medusa Beach Club), no havia corregit les deficiències marcades per una Inspecció Tècnica d'Edificis de 2014.

El batle de Palma, Jaime Martínez, va assegurar dimecres van tenir coneixement de l'obertura del local, i per això “es van fer inspeccions” i, arran de les mateixes, aquest dijous es va decretar el tancament de l'establiment. El restaurant es mantindrà clausurat fins que quedin solucionades les deficiències detectades, segons el tinent d'alcalde d'Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo. Les deficiències no estaven tipificades com a greus, però calia corregir-les. Deu anys després, el propietari no havia solucionat els defectes detectats i la Disciplina Urbanística li ha advertit que l'incompliment de l'ordre podria comportar mesures d'execució forçosa i subsidiària de les obres, així com la imposició de multes coercitives.

Cal destacar que precisament aquest dimecres a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, la portaveu del Consistori, Mercedes Celeste, va confirmar que els propietaris del negoci sinistrat havien obert un nou negoci i que, en tot cas, sí que tenia la llicència d'activitat, perquè és diferent de la del vell establiment. Celeste va assegurar que, encara que no hi havia “cap sospita” que el local no fos segur per a treballadors i clients, l'Ajuntament de Palma romandria “vigilant”, ja que es tracta d'edificis molt antics.

Mateix propietari que el Medusa Beach Club

El Medusa Beach Club, ubicat al costat del restaurant clausurat, es trobava en un edifici de dues altures (planta baixa i soterrani) ubicat al número 34 de l'avinguda Cartago, però el terrat s'utilitzava com a terrassa oberta al públic. El 23 de maig passat la terrassa va col·lapsar i es va enfonsar i va provocar la mort de quatre persones i va causar 16 ferits. Més tard, les autoritats van informar que la terrassa no tenia llicència d'activitat ni ocupació.

Una vintena de persones es trobaven a la terrassa de la primera planta quan, passades les 20.30 hores, l'estructura es va ensorrar, provocant alhora l'enfonsament de la planta baixa, que es va emportar la volta de marès que la sostenia i que finalment va acabar impactant contra el soterrani, en què s'ubica una altra discoteca que en aquell moment estava buida, el Coco Rico. Les víctimes van caure des d'una alçada de tres o quatre metres.

Van perdre la vida una treballadora del pub, de 23 anys, dos turistes alemanyes de 20 i 30 anys i un client senegalès, Abdoulaye Diop, que a l'instant de la caiguda es trobava prenent un cafè al lloc. Diop, de 44 anys, va rebre el 2018 la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc per salvar la vida d'un banyista. A dia d'avui, al costat de les restes de l'edifici esfondrat, encara es poden trobar flors, espelmes i diferents objectes en memòria de les víctimes mortals després del sinistre.

Obres deficients i sobrepès a la terrassa

L'accident va ser el resultat d'una combinació de circumstàncies. L'antiguitat de l'edifici i la remodelació recent del sostre com a terrassa van provocar el seu col·lapse. L'estructura, ja vella, no estava dissenyada per suportar el pes de totes les persones que s'hi trobaven en el moment de l'esfondrament, ja que se sumava el pes d'una reforma il·legal duta a terme el 2013. Eder García, cap de Bombers de Palma, va explicar que no es pot afirmar que el local superés l'aforament permès, ja que, en no tenir llicència per fer servir la terrassa, no hi havia un aforament establert. “Allà dalt no hi hauria d'haver hagut res”, va indicar.

L'estructura, ja vella, no estava dissenyada per a suportar el pes de totes les persones que es trobaven sobre ella en el moment de l'ensulsiada, ja que se sumava el pes d'una reforma il·legal duta a terme en 2013

Les obres dutes a terme el 2013 van consistir a executar forjats d'uns 40 metres quadrats, a més de dos murs d'obra adossats a les parets dels edificis laterals d'uns 14 metres de longitud i una escala d'accés a la coberta. Els treballs van ser llavors realitzats per un soci del propietari que des del 2021 regenta el Medusa Beach Club, i que aleshores ostentava la gestió d'un restaurant mexicà ubicat al mateix espai de l'esfondrament. Eder García va comentar que el 2013 la propietat va dur a terme una sol·licitud d'obres a la coberta existent que es va denegar, però que els treballs “es van fer igualment”.

El 2023, el Medusa Beach Club va rebre una Inspecció Tècnica d'Edificis en què es van assenyalar deficiències del local que requerien la seva esmena. Tot i això, no es va comprovar per part de l'Ajuntament de Palma si s'havien corregit els defectes assenyalats. El batle, Jaime Martínez, va declarar que “si una ITE és desfavorable, s'han de fer les actuacions pertinents per part de la propietat” i va defensar els “excel·lents professionals” del Consistori que “compleixin les seves funcions i obligacions”. Martínez va posar èmfasi en la impossibilitat per part de l'Ajuntament de revisar tots els locals de la ciutat i va apel·lar a la responsabilitat dels titulars dels locals.

El propietari va quedar en llibertat amb càrrecs

El propietari del Medusa Beach Club i del restaurant Laguna Playa (inaugurat dilluns passat i tancat quatre dies després per no complir amb les ordres d'esmenar les deficiències detectades en una ITE del 2014) va ser detingut a finals de juny per la seva presumpta implicació en comissió per omissió de quatre homicidis per imprudència greu i sis per lesions greus per imprudència després de l'accident en què van morir quatre persones i vint més van resultar ferides. Va quedar en llibertat amb càrrecs i amb retirada de passaport després de passar pels jutjats.

El Grup d'Homicidis es va fer amb les investigacions a partir dels informes tècnics elaborats per l'Ajuntament de Palma, que van determinar que el col·lapse es va produir en una coberta que estava sent utilitzada com a terrassa malgrat no disposar de llicència d'activitat ni autorització per a això. L'estructura no havia estat reforçada per a aquest ús i, com a conseqüència de la sobrecàrrega de pes de la mateixa juntament amb els clients que en aquell moment ocupaven l'espai, van acabar desplomant-se tant la terrassa com la planta baixa del local.

“Por hacer dinero les da igual la salud y la vida de las personas”, lamenta un vecino de Playa de Palma. Esta barriada de la capital balear, epicentro del turismo alemán en Mallorca y uno de los destinos pioneros en la explotación del sol y playa, vivió hace unas semanas uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente: la terraza del Medusa Beach Club, un conocido local de ocio, se hundió por el sobrepeso y provocó la muerte de cuatro personas. Las flores en conmemoración de las víctimas continúan colocadas a los pies del establecimiento.

A pocos metros, en el local contiguo, el dueño ha intentado, sin éxito, reabrir un restaurante. La pizzería Laguna Playa levantó su persiana el pasado lunes, solo siete semanas después del trágico accidente del Medusa Beach Club. Poco tiempo ha durado esta nueva aventura del propietario: este mismo jueves, el Ayuntamiento de Palma decidía clausurar la pizzería por no corregir las deficiencias marcadas por una Inspección Técnica de Edificios (ITE) de 2014. De nuevo, se repetía la historia del Medusa Beach Club, aunque afortunadamente sin víctimas: el local tenía una ITE cuyos defectos no había subsanado, pero el dueño decidía abrirlo al público.

Los residentes de la zona aseguran que no les sorprende este hecho, ya que muchos locales de Playa de Palma están en condiciones “dudosas”, y aseguran haber pasado “miedo” desde que hubo el trágico accidente del Medusa Beach Club. “Desde el derrumbe, si tenemos que ir a un bar, evitamos ir a uno construido sobre una casa antigua”, expresa un vecino a escasos metros del lugar del suceso, aunque asegura que “como residentes, a esos locales tampoco solían ir antes”, ya que prefieren los establecimiento ubicados en “la segunda línea” de la playa por “los precios y la gente que va”. “En muchos sitios, ni siquiera el camarero sabe hablar español”, concluye.

A pesar de que el Ayuntamiento de Palma clausurase el pasado jueves el restaurante Laguna Playa por deficiencias sin corregir - que habían sido marcadas en una ITE de 2014-, los residentes aseguran que no les parece suficiente. “No entendemos cómo no hay inspectores ahora controlando todos los establecimientos”, reclama una vecina. “Lo han descubierto por casualidad, porque aquí hay muchos locales igual y no revisan nada”, añade. Además, relaciona el interés en la clausura del restaurante Laguna Playa con el impacto que tuvo el siniestro del Medusa Beach Club: “Ahora han cerrado el restaurante Laguna Playa porque hubo un accidente en el local de al lado y la gente se interesó”.

Los residentes de la zona defienden que “deberían hacerse más inspecciones”, ya que “cualquier local puede haber hecho obras ilegales o estar en malas condiciones”. Asimismo, temen que “algún día haya otro derrumbe u otro accidente”. Lamentan que esa zona de la Playa de Palma, más cercana a s'Arenal, está “olvidada” por parte de la Administración. “Parece la ciudad sin ley”, afirma una madre que juega con su hija en la playa. “Está todo descuidado, la arena llena de cristales, el paseo sin pasos de cebra”, añade. “Es un desastre, lo hacen todo por la pasta” expresa un joven que trabaja los veranos en esa zona. “Venimos cada año, trabajamos en diferentes establecimientos, y casi nadie cumple la norma. La mayoría de locales aquí tienen irregularidades, nadie pide licencias ni mira infraestructuras”, concluye.

Es un desastre, lo hacen todo por la pasta. Venimos cada año, trabajamos en diferentes establecimientos, y casi nadie cumple la norma. La mayoría de locales aquí tienen irregularidades, nadie pide licencias ni mira infraestructuras

Trabajador de temporada en la zona de Playa de Palma

Clausura del restaurante Laguna Playa

El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ordenó este jueves el cierre “inmediato y preventivo” del restaurante, inaugurado el pasado lunes junto al antiguo Medusa Beach Club, en cuyo derrumbe fallecieron en mayo cuatro personas y resultaron heridas otras veinte. El dueño del Medusa Beach Club, Christian Arnsteiner, había vuelto a abrir el restaurante contiguo a penas un mes y medio después del trágico accidente. El local, que se ubica en el número 35 de la calle Cartago (contiguo al Medusa Beach Club), no había corregido las deficiencias marcadas por una Inspección Técnica de Edificios de 2014.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, aseguró este miércoles tuvieron conocimiento de la apertura del local, por lo que “se hicieron inspecciones” y, a raíz de las mismas, este jueves se decretó el cierre del establecimiento. El restaurante se mantendrá clausurado “hasta que queden solucionadas las deficiencias detectadas”, según el teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo. Las deficiencias no estaban tipificadas como graves, pero era necesario corregirlas. Diez años después, el propietario no había solucionado los defectos detectados y Disciplina Urbanística le ha advertido que el incumplimiento de la orden podría conllevar medidas de ejecución forzosa y subsidiaria de las obras, así como la imposición de multas coercitivas. 

Cabe destacar que precisamente este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, confirmó que los propietarios del negocio siniestrado habían abierto un nuevo negocio y que, en todo caso, sí que tenía la licencia de actividad, porque es diferente a la del viejo establecimiento. Celeste aseguró que, aunque no había “ninguna sospecha” de que el local no fuera seguro para trabajadores y clientes, el Ayuntamiento de Palma iba a permanecer “vigilante”, ya que se trata de edificios muy antiguos.

Mismo propietario que el Medusa Beach Club

El Medusa Beach Club, ubicado al lado del restaurante clausurado, se encontraba en un edificio de dos alturas (planta baja y sótano) ubicado en el número 34 de la avenida Cartago, pero la azotea se utilizaba como terraza abierta al público. El pasado 23 de mayo la terraza colapsó y se hundió y provocó la muerte de cuatro personas y causó 16 heridos. Más tarde, las autoridades informaron que la terraza no disponía de licencia de actividad ni de ocupación.

Unas veinte personas se encontraban en la terraza de la primera planta cuando, pasadas las 20.30 horas, la estructura se vino abajo, provocando a su vez el hundimiento de la planta baja, que se llevó por delante la bóveda de marés que la sostenía y que finalmente acabó impactando contra el sótano, en el que se ubica otra discoteca que en ese momento se encontraba vacía, el Coco Rico. Las víctimas cayeron desde una altura de tres o cuatro metros.

Perdieron la vida una trabajadora del pub, de 23 años, dos turistas alemanas de 20 y 30 años y un cliente senegalés, Abdoulaye Diop, que en el instante del desplome se encontraba tomando un café en el lugar. Diop, de 44 años, recibió en 2018 la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por salvar la vida de un bañista. A día de hoy, junto a los restos del edificio derrumbado, todavía se pueden encontrar flores, velas y diferentes objetos en memoria de los fallecidos tras el siniestro. 

Obras deficientes y sobrepeso en la terraza

El accidente fue el resultado de una combinación de circunstancias. La antigüedad del edificio y la reciente remodelación del techo como terraza provocaron su colapso. La estructura, ya vieja, no estaba diseñada para soportar el peso de todas las personas que se encontraban sobre ella en el momento del derrumbe, ya que se sumaba el peso de una reforma ilegal llevada a cabo en 2013. Eder García, jefe de Bomberos de Palma, explicó que no se puede afirmar que el local superara el aforo permitido, ya que, al no tener licencia para usar la terraza, no había un aforo establecido. “Allí arriba no debería haber habido nada”, indicó.

La estructura, ya vieja, no estaba diseñada para soportar el peso de todas las personas que se encontraban sobre ella en el momento del derrumbe, ya que se sumaba el peso de una reforma ilegal llevada a cabo en 2013.

Las obras llevadas a cabo en 2013 consistieron en la ejecución de forjados de unos 40 metros cuadrados, además de dos muros de obra adosados a las paredes de los edificios laterales de unos 14 metros de longitud y una escalera de acceso a la cubierta. Los trabajos fueron entonces realizados por un socio del propietario que desde 2021 regenta el Medusa Beach Club, y que entonces ostentaba la gestión de un restaurante mexicano ubicado en el mismo espacio del derrumbe. Eder García comentó que en 2013 la propiedad llevó a cabo una solicitud de obras en la cubierta existente que se denegó, pero que los trabajos “se hicieron igualmente”.

En 2023, el Medusa Beach Club recibió una Inspección Técnica de Edificios en la que se señalaron deficiencias del local que requerían su subsanación. Sin embargo, no se comprobó por parte del Ayuntamiento de Palma si se habían corregido los defectos señalados. El alcalde, Jaime Martínez, declaró que “si una ITE es desfavorable, se tienen que hacer las actuaciones pertinentes por parte de la propiedad” y defendió a los “excelentes profesionales” del Consistorio que “cumplen sus funciones y obligaciones”. Martínez hizo hincapié en la imposibilidad por parte del Ayuntamiento de revisar todos los locales de la ciudad y apeló a la responsabilidad de los titulares de los locales.

El propietario quedó en libertad con cargos

El dueño del Medusa Beach Club y del restaurante Laguna Playa (inaugurado el pasado lunes y cerrado cuatro días después por no cumplir con las órdenes de subsanar las deficiencias detectadas en una ITE de 2014) fue detenido a finales de junio por su presunta implicación en comisión por omisión de cuatro homicidios por imprudencia grave y seis por lesiones graves por imprudencia tras el accidente en el que fallecieron cuatro personas y otras veinte resultaron heridas. Quedó en libertad con cargos y con retirada de pasaporte tras pasar por los juzgados.

El Grupo de Homicidios se hizo con las investigaciones a partir de los informes técnicos elaborados por el Ajuntament de Palma, que determinaron que el colapso se produjo en una cubierta que estaba siendo utilizada como terraza pese a no disponer de licencia de actividad ni autorización para ello. La estructura no había sido reforzada para dicho uso y, como consecuencia de la sobrecarga de peso de la misma junto al de los clientes que en ese momento ocupaban el espacio, acabaron desplomándose tanto la terraza como la planta baja del local.

El Gobierno del Principado pondrá en marcha con carácter inmediato un plan de inspección para prevenir el uso fraudulento de la vivienda pública en régimen de alquiler. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Para conseguir este objetivo la Consejería duplicará los efectivos de su cuerpo de inspectores, que pasará de los dos actuales a cuatro.

Las visitas a las viviendas públicas en régimen de alquiler comenzarán el próximo lunes, día 1 de julio. Las previsiones que maneja el Ejecutivo autonómico son las de realizar entre 2.300 y 2.400 visitas durante un mínimo de seis meses.

De forma inicial, las visitas se realizarán a los inmuebles situados en los concejos de la costa asturiana, aunque el objetivo es extenderlas a todo el territorio. “Empezaremos por la costa, precisamente, por la presión de estas zonas en esta época del año”, ha indicado el consejero.

Esta medida pretende asegurar la correcta utilización de inmuebles que fueron adjudicados como primera vivienda, evitando así que los destinatarios de las mismas puedan utilizarlos como segunda residencia, vivienda vacacional o cualquier otro uso indebido.

“Nos llegan indicios, por parte de ayuntamientos, de otros vecinos y de corredores de fincas de que se pudieran dar usos no debidos de ese tipo de viviendas. Nuestra obligación es comprobar estos indicios y actuar con contundencia en caso de que sea así”, ha explicado Zapico, para quien esta medida otorga “seriedad” y “valentía” al Gobierno del Principado.

El consejero también ha avanzado que, dependiendo del balance que hagan los inspectores, este plan de vigilancia podrá extenderse durante el resto de legislatura o bien aumentar la cifra de inspecciones. “Nuestra finalidad última es garantizar que la vivienda pública tenga como objetivo final el destino para el que fue creada, que es asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible”, ha manifestado.

 El total del parque público de viviendas en régimen de alquiler, tanto las que son propiedad del Gobierno asturiano como de Vipasa, supera en la actualidad las 9.500 viviendas. “No vamos a permitir usos indebidos de ningún inmueble de ese parque”, ha puntualizado Zapico.

Las consecuencias para los inquilinos de estas viviendas que hagan un uso fraudulento podrían ir desde la rescisión del contrato hasta sanciones, dependiendo la gravedad de cada caso.

La Guardia Civil investiga a dos hombres, uno de ellos inspector de una ITV privada, por su relación con una supuesta trama que se lucraba a través de inspecciones de vehículos fraudulentas en la provincia de Cáceres.

En concreto, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Cáceres, investigan a estas dos personas como supuestos autores de los delitos de cohecho y falsedad documental.

La trama se remonta a noviembre de 2020 cuando un ciudadano presentó a la inspección técnica periódica su vehículo en una estación de ITV privada de la provincia de Cáceres. El resultado fue desfavorable debido a que el vehículo llevaba instalados unos faldones en la parte inferior que debían estar homologados e inscritos en la ficha técnica.

Posteriormente, acudió a un taller para buscar una solución, donde le ofrecieron el contacto de una persona que podría darle una solución a su problema con el vehículo. De esta forma, obtuvo la posibilidad de pasar la inspección en otra estación de ITV de la provincia de Cáceres sin tener que desmontar los faldones del vehículo, y que dicha gestión le costaría 50 euros. De hecho, el vehículo pasó la ITV con los faldones “sin haber realizado el trámite de reforma de importancia”.

Posteriormente, en diciembre del 2022, el propietario volvió a llevar el vehículo a la misma estación de ITV, esta vez para pasar su inspección técnica periódica, pero sin haberse puesto en contacto previo con la persona que le había gestionado el pase de la ITV anterior, “con la sorpresa de que, esta vez, obtuvo un resultado desfavorable”.

Por ello, retiró los faldones del vehículo y lo llevó a la inspección a una estación de ITV pública de la misma provincia de Cáceres, en la que obtuvo un resultado favorable.

Finalmente, en enero del 2023, el titular del vehículo se presentó ante la Guardia Civil de Cáceres para poner de manifiesto los hechos ocurridos en la estación de ITV por si pudieran ser constitutivos de algún delito.

El titular expuso a los agentes cómo sin pagar a la persona que ejercía de enlace su inspección había obtenido un resultado desfavorable en la segunda visita a la ITV privada. Así, los agentes descubrieron que este hombre que hacía de enlace presentaba ante la misma estación de ITV un total de 31 vehículos y todos obtuvieron un resultado favorable a su inspección. Además, se pudo corroborar su estrecha relación con un inspector de la estación, finalmente investigado, han añadido las mismas fuentes.

La Guardia Civil llegó a desvelar que ambos se lucraban con la presentación de vehículos a inspección en esta estación de ITV privada obteniendo un resultado favorable para vehículos, a pesar de presentar deficiencias, “a cambio de favores, regalos o retribuciones por parte del particular al inspector de la estación”.